B.IA.LEGAL

SCP 0133/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de abril de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46064-2022-93-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que la parte accionada vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, verdad material, legalidad, tipicidad, proporcionalidad, defensa, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, gratuidad y “transparencia”; y, al trabajo; debido a que: 1) La “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic), determinó la responsabilidad administrativa y en consecuencia declaró probada la denuncia incoada en su contra: i) Sin realizar ningún análisis y compulsa de las pruebas; ya que: ii) No se identificó ningún medio probatorio para llegar a la conclusión señalada en el “Considerando VI” de dicha Resolución Administrativa; iii) Se insertó una conducta tipológica que no correspondía; iv) El registro de imágenes con cámara no tenían valor suficiente para ser señaladas dentro de la citada Resolución Administrativa; y, v) El Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL, que le fue aplicado, no especifica la forma y gravedad de las sanciones para ser sancionado con el retiro definitivo; 2) La RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020, pretendió justificar y complementar el análisis de las pruebas que no contenía la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic); y, 3) La RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ 001/2020, fue emitida por una autoridad que no tenía competencia para ello.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 015/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 302 a 305 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2023-S3 Sucre, 3 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 46064-2022-93-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 015/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 302 a 305 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Hugo Paiva Villca contra Pánfilo Aguilar Impa, Gerente General y Oscar Reynaldo Subirana Cortez, Sumariante, ambos de la Empresa Minera Huanuni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 11, ambos de febrero de 2022, cursantes de fs. 160 a 168; y, 171, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso administrativo interno incoado contra su persona por la presunta transgresión de los arts. 24; 25 incs. f) y l); y, 64 incs. a) y e), todos del Reglamento Interno Tipo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y otras normativas, el Sumariante -ahora coaccionado-, emitió la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMH-SM-AI-N0 04/2020…” (sic) de 2 de marzo, declarando probada la denuncia por incumplimiento de contrato individual de trabajo, y en consecuencia dispuso su retiro definitivo; no obstante, dicha determinación resultó vulneradora de sus derechos; por cuanto: a) No realizó ningún análisis y compulsa de las pruebas para determinar la responsabilidad administrativa; ya que, en el “Considerando VI” de la referida Resolución Administrativa no se identificó ningún medio probatorio para llegar a la conclusión mencionada en dicho Considerando, como tampoco indicó quien emitió el Dictamen Legal EMH-SM-AI 04/2020 de 2 de marzo, o cual fue su contenido y pertinencia de ese documento, lesionando de esa manera el principio de verdad material dispuesta subsidiariamente el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, con relación al art. 21 incs. d) y e) del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 -Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública- y DS modificatorio 26237 de 29 de junio de 2001; b) En el análisis de las pruebas y compulsa, el Sumariante coaccionado insertó una conducta tipológica que no correspondía a su persona; es decir que, confundieron las funciones que realiza como técnico ingeniero de la Empresa Minera Huanuni; c) Las pruebas referidas a las cámaras no tenían valor suficiente para ser señaladas dentro de la citada Resolución Administrativa; y, d) Si bien el Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL, en su capítulo XIV, art. 53, establece las causales de sanciones; empero, no señala las formas y tipos de determinar la gravedad de las mismas para ser sancionado con el retiro definitivo; de ahí que, la mencionada autoridad le sancionó por el incumplimiento de faltas gravísimas, cuando la misma no estaba señalada ni tipificada dentro de las causales de sanciones, aspecto que vulneró el principio de legalidad y taxatividad. En ese marco habiendo impugnado dicha determinación, se dictó la Resolución Administrativa (RA) de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020 de 24 de junio, la misma que también lesionó sus derechos fundamentales; toda vez que, pretendió justificar y complementar el análisis de las pruebas que no contenía la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic); en otras palabras se realizó un análisis de la prueba después de haberse emitido la Resolución Administrativa que dispuso su sanción, hecho que resulta atentatorio, incongruente y carente de fundamentación y valoración probatoria. Por último, una vez cuestionada la RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020, mediante recurso jerárquico, el entonces Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, emitió la RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ-NO 001/2020 de 27 de agosto, -que le fue notificada el “5” de septiembre de 2020-, sin tener competencia para ello; por cuanto, el Recurso Jerárquico debió ser resuelto por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) siendo éste la Presidenta o Presidente Ejecutivo de la COMIBOL, tal como lo señala el art. 64.I inc. b) de la Ley de Minería y Metalurgia (LMM) -Ley 535 de 28 de mayo de 2014- y no así por el Gerente General de la citada empresa; de ahí que, dicho acto procesal adolece de vicios de nulidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, verdad material, legalidad, tipicidad, proporcionalidad, defensa, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, gratuidad y “transparencia”; y, al trabajo; citando al efecto los arts. 14.I; 48.I, II y III; 49.II; 115.II; 119.I; 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga que la Empresa Minera Huanuni deje sin efecto las “Resoluciones”, y se ordene su inmediata restitución a su fuente laboral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 24 de febrero de 2022, según consta el acta cursante de fs. 295 a 301 vta., la misma se realizó en presencia del accionante asistido por su abogado; así como la parte accionada acompañado de su abogado; y el representante legal del tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra las denuncias contenidas en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando sus fundamentos en audiencia manifestó que: 1) Fue injustamente suspendido y posteriormente retirado de su fuente laboral, sin haber cometido ningún delito de hurto u omisión de trabajo por el cual fue acusado, más al contrario siempre trabajó de forma diaria, ordenada y correcta, y que si bien acaeció un supuesto hurto de mineral efectuado durante su jornada, inmediatamente -como “…seccionero de Bodega Valdivia…” (sic)- tomó acciones dirigiéndose ante el encargado de cámaras y de sistema con la finalidad de monitorear si existió la salida de un tractor -pala mecánica- con mineral o lama; asimismo, los únicos responsables de la averiguación de ese hecho debieron ser el Jefe de Vigilancia y el Jefe Superior, este último por ser responsable de la Empresa al encontrarse como Jefe de turno; 2) Dentro del proceso disciplinario no se tuvo la declaración de Basilio Arenas Mendoza, tampoco se presentó otra prueba que demuestre la salida de mineral de la Empresa Minera Huanani, así por ejemplo un análisis de laboratorio como el genealógico; y, 3) No se venció el plazo de la interposición de la acción de amparo constitucional; toda vez que, antes de acudir a la jurisdicción constitucional agotó las instancias intraprocesales a través del proceso contencioso administrativo incoado ante la jurisdicción ordinaria, agotando de esa manera la subsidiariedad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Pánfilo Aguilar Impa, Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, a través de su representante legal y mediante informe escrito, cursante de fs. 291 a 294, así como en audiencia, manifestó que: i) La falta de competencia del Gerente General fue cuestionada previamente en la etapa del Recurso Jerárquico por el Sumariado, Melquiades Martínez Choque, mediante memorial de 30 de julio de 2020, cuestionamiento que fue resuelto por el Presidente Ejecutivo de la COMIBOL -como MAE- a través del Auto Administrativo de 31 de ese mes y año, rechazando la declinatoria de competencia; de ahí que, no existe ninguna vulneración de sus derechos; ii) El accionante equivoco la vía procesal; toda vez que, correspondía interponer el Recurso Directo de Nulidad y no así esta acción de defensa para cuestionar la competencia de la autoridad jerárquica, es decir la competencia del juez natural; y, iii) La presente acción tutelar se interpuso después de los seis meses; ya que, el peticionante de tutela fue debidamente notificado con la RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ-NO 001/2020 el 1 de septiembre de ese año; por lo que debería denegarse la tutela impetrada. Oscar Reynaldo Subirana Cortez, Sumariante de la Empresa Minera Huanuni, en audiencia de esta acción tutelar, manifestó que: a) Debe denegarse la presente acción de amparo constitucional por no cumplir con el requisito de procedencia consistente en el principio de inmediatez; toda vez que, el objeto de la interposición de la referida acción, radica en el cuestionamiento de la RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ-NO 001/2020, la misma que fue puesta a conocimiento del accionante el 1 de septiembre de 2020, a horas “23:00”, tal como se evidencia del formulario de notificaciones -donde consta su firma y aclaración-; por lo que, desde la supuesta vulneración de sus derechos por parte de la referida Resolución Administrativa hasta la interposición de esta acción de defensa, transcurrieron más de seis meses; b) Si bien el accionante señaló que no habría cometido ningún delito; no obstante, la presente acción tutelar no tiene como finalidad delimitar o probar hechos; c) El nombrado no estableció de forma clara y precisa que elementos del derecho al debido proceso se hubieran vulnerado; y, d) La activación del proceso coactivo o contencioso administrativo señalado por el accionante no es objeto de esta acción tutelar.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Eugenio Mendoza Tapia, Presidente Ejecutivo de la COMIBOL, a través de su abogado, en audiencia mencionó que el accionante no cumplió con el requisito establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por cuanto no cumplió con el plazo de los seis meses para interponer la acción de amparo constitucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 015/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 302 a 305 vta., denegó la tutela solicitada por no cumplir con el principio de inmediatez; toda vez que, desde la emisión de la RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ-NO 001/2020 -que agota la vía administrativa- que fue notificada al accionante, el 1 de septiembre de 2020, hasta la interposición de esta acción tutelar, transcurrieron más de seis meses; asimismo, el proceso contencioso administrativo activado por el nombrado obedece a un carácter judicial; de ahí que, no tiene la naturaleza de un proceso administrativo disciplinario; motivo por el cual, debió presentarse la acción de defensa una vez conocida la indicada Resolución Administrativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa RA EMH-SM-RF-02/2020 de 23 de marzo, emitido por Oscar Reynaldo Subirana Cortez, Sumariante de la Empresa Minera Huanuni -ahora accionado-, por el cual estableció en contra de Víctor Hugo Paiva Villca -hoy accionante- y otros, responsabilidad administrativa grave, por haber contravenido los preceptos normativos insertos en los arts. 24, 25 inc. d) y 64 inc. a) del Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL; y en consecuencia dispuso el retiro definitivo del peticionante de tutela y otros (fs. 87 y vta., y 94 a 97 vta.); II.2. Consta RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020 de 24 de junio, por el cual el Sumariante accionado ratificó la RA EMH-SM-RF-02/2020, en todas sus partes manteniéndolo firme e incólume (fs. 110 a 115 vta.). II.3. A través de memorial presentado el 1 de julio de 2020, el accionante interpuso recurso jerárquico ante el Sumariante accionado (fs. 116 a 118 vta.). II.4. Mediante RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ 001/2020 de 27 de agosto, dictada por el entonces Gerente General a.i. de la Empresa Minera Huanuni, se ratificó íntegramente la RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020 -que a su vez esta última ratifico la RA EMH-SM-RF-02/2020- (fs. 131 a 144 vta.). Resolución Jerárquica que fue notificada al accionante el 1 de septiembre de 2020, a horas 11:00, según el formulario de notificación en el cual consta la firma y aclaración del accionante (fs. 146).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que la parte accionada vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, verdad material, legalidad, tipicidad, proporcionalidad, defensa, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, gratuidad y “transparencia”; y, al trabajo; debido a que: 1) La “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic), determinó la responsabilidad administrativa y en consecuencia declaró probada la denuncia incoada en su contra: i) Sin realizar ningún análisis y compulsa de las pruebas; ya que: ii) No se identificó ningún medio probatorio para llegar a la conclusión señalada en el “Considerando VI” de dicha Resolución Administrativa; iii) Se insertó una conducta tipológica que no correspondía; iv) El registro de imágenes con cámara no tenían valor suficiente para ser señaladas dentro de la citada Resolución Administrativa; y, v) El Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL, que le fue aplicado, no especifica la forma y gravedad de las sanciones para ser sancionado con el retiro definitivo; 2) La RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020, pretendió justificar y complementar el análisis de las pruebas que no contenía la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic); y, 3) La RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ 001/2020, fue emitida por una autoridad que no tenía competencia para ello.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez como causal de denegatoria de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0052/2022-S3 de 9 de marzo, señaló que: «“El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II de la CPE, que dispone: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’”.

Por su parte el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

En ese marco, el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde la comisión de los actos denunciados; y, ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que ese es el último actuado idóneo, que supuestamente vulnera los derechos alegados).

La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, reiterada en la SCP 1265/2013-L de 9 de diciembre, estableció que: “…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, verdad material, legalidad, tipicidad, proporcionalidad, defensa, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, gratuidad y “transparencia”; y, al trabajo; en razón a que: a) El Sumariante coaccionado emitió la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…” (sic) de 2 de marzo, sin realizar ningún análisis y compulsa de las pruebas que se presentaron dentro del proceso administrativo disciplinario; b) La RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020 de 24 de junio, justificó y complementó el análisis de las pruebas que no contenía la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…”; y, c) La RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ 001/2020 de 27 de agosto, fue emitida por una autoridad que no tenía competencia. En ese orden, corresponde determinar previamente, si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada, esgrimida por la Sala Constitucional como un argumento de denegatoria, referida al principio de inmediatez, así en cuanto a lo que hace a la actuación, ahora cuestionada, corresponde referir que de acuerdo al entendimiento desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional únicamente es procedente cuando su activación es realizada dentro del plazo de seis meses determinado por la norma, el cual de acuerdo a lo previsto en el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55.I del CPCo, es computable a partir de la comisión del acto que supuestamente vulneró derechos fundamentales y garantías constitucionales o de notificada la última decisión administrativa o judicial que desconoció derechos invocados por la parte accionante, término luego del cual la facultad de presentar dicha acción tutelar precluye; impidiendo poder realizar algún análisis de lo cuestionado y revisar el fondo de la problemática planteada. Con esa finalidad y a objeto de lograr una comprensión efectiva de este fallo, resulta menester referirnos a los antecedentes del caso, de cuya revisión se tiene que, dentro del proceso administrativo interno incoado en contra del peticionante de tutela y otros, el Sumariante coaccionado emitió la “…Resolución Administrativa EMH-SM-AI-N0 .-04/2020…”, declarando probada la denuncia por incumplimiento de contrato individual de trabajo; y en consecuencia dispuso su retiro definitivo (Conclusión II.1); la cual al haber sido impugnada, motivó a que se emita la RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020, que ratificó la RA EMH-SM-RF-02/2020 de 23 de marzo, en todas sus partes (Conclusión II.2); posteriormente el peticionante de tutela interpuso un recurso jerárquico el 1 de julio de 2020 (Conclusión II.3), pronunciando en consecuencia el ex Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, la RA de Recurso Jerárquico EMH-RJ 001/2020, ratificando íntegramente la RA de Recurso de Revocatoria EMH-SM-RR-001/2020. Resolución Jerárquica que fue puesta a conocimiento del accionante el 1 de septiembre de igual año, a horas 11:00 (Conclusión II.4). De lo referido se puede establecer que la notificación con la última Resolución emitida en sede administrativa y que ahora es cuestionada -por falta de competencia- fue realizada el 1 de septiembre de 2020, a horas 11:00, según el formulario de notificación en el cual consta la firma y aclaración del accionante, por lo cual es a partir de esa fecha que debe computarse los seis meses establecidos en la norma constitucional y procesal. En ese sentido al haberse interpuesto la presente acción tutelar, recién el 7 de febrero de 2022; transcurrió más de los seis meses establecidos como plazo de caducidad para interponer la acción de amparo constitucional. Consecuentemente, subsumiendo este supuesto fáctico al precedente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el impetrante de tutela incurrió en una causal de improcedencia reglada de la acción de amparo constitucional, como es el incumplimiento del principio de inmediatez o la interposición de esta acción de defensa dentro de plazo; puesto que no acudió de manera diligente, rápida y oportuna ante la jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción tutelar que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de la denuncia planteada, y luego de establecer la vulneración o no de derechos disponer lo que corresponda en derecho; razón por la que corresponde denegar la tutela invocada por el accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 015/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 302 a 305 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0133_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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