B.IA.LEGAL

SCP 0133/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de abril de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de abril de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44653-2022-90-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, del principio de celeridad; alegando que, se le otorgó fianza económica como medida cautelar personal, y el 3 de diciembre de 2021, intentó presentar memorial de modificación a dicha medida ante el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, mismo que no fue recibido por los demandados, porque estaban en vacaciones judiciales; por lo que, se trasladó al Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del citado departamento -despecho de turno-, en el que tampoco le aceptaron su escrito; debido a que, la causa no fue remitida; hecho que lesionó sus derechos; ya que, con tal solicitud pretendía obtener su libertad, al estar con detención preventiva y el actuar de los demandados ocasionó una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a Juan Carlos Campero Zurita y Ramiro Balderrama Ponce, Juez y Secretario, ambos del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del mencionado departamento, a objeto que en lo futuro no se reiteren ese tipo de conductas, sin perjuicio que el accionante pueda acudir al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada
  3. III.3. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2023-S2 Sucre, 3 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44653-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Rubén Erwin Vargas Balcázar contra Juan Carlos Campero Zurita y Ramiro Balderrama Ponce, Juez y Secretario, ambos del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2021, cursante de fs. 11 a 12 vta., el accionante a través de sus representantes, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encontraba con detención preventiva, siendo beneficiado con medidas cautelares personales, entre ellas, la fianza económica; razón por la que, el 3 de diciembre de 2021, intentó presentar su solicitud de modificación de la referida fianza ante el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, donde el Juez y Secretario de ese despacho -ahora demandados- se negaron a recibir su memorial, indicándole que estaban en vacaciones judiciales; por ello, el 7 de igual mes y año, se apersonó con el mismo fin supra descrito al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del aludido departamento, el cual se encontraba de turno; empero, su escrito tampoco fue recepcionado porque el proceso no había sido remitido. La actitud de los demandados retrasó el trámite por el que pretendía obtener su libertad, demostrando su situación económica; quienes pudieron recibir su memorial y en caso de salir de vacaciones, derivarlo ante la autoridad correspondiente para el señalamiento de audiencia; sin embargo, dicho acto lesionó su derecho fundamental a la libertad y motivó la activación de este mecanismo de defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados admitan en el día su memorial en cuestión y lo remitan con sus antecedentes a la autoridad de turno correspondiente; sea con reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 26 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) El 3 de diciembre de 2021, los demandados tenían la obligación de recibirle su memorial, porque esa fecha aún no se encontraban en vacación judicial, conforme lo estableció la Circular 09/2021 de 20 de octubre; y, hasta el 7 del referido mes y año, el expediente ya debía encontrarse en el juzgado de turno -Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del departamento de Cochabamba-; b) La solicitud que hizo era para modificar su situación jurídica; c) El informe presentado por el Secretario codemandado demostró que la causa fue remitida el 8 del mencionado mes y año, ocasionándole gastos innecesarios por trasladarse hasta la localidad de Tiraque; y, d) La actitud de los demandados constituiría una falta grave establecida en el art. 187.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo que, pidió se conceda la tutela y se proceda a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; sea con reparación de daños y perjuicios en la suma de Bs7 000.- (siete mil bolivianos).

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17. Ramiro Balderrama Ponce, Secretario del referido Juzgado, por informe escrito de 9 de diciembre de 2021, cursante a fs. 23, señaló que: 1) El proceso fue remitido al “…juzgado de turno de Tiraque…” (sic) como se puede evidenciar del descargo adjuntó; y, 2) Desconocería que el accionante haya acudido a presentar algún memorial y que al estar en vacación judicial podía hacerlo ante el Juzgado de turno, el cual no podía rechazar el mismo con el pretexto que el caso no fue remitido; o, interponer su solicitud mediante plataforma virtual; al no haber realizado ninguna de ellas, corresponde se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La autoridad fiscal en audiencia de garantías, manifestó que: i) No constó el rechazo del memorial por parte del Juez demandado, y respecto a que el impetrante de tutela argumentó que la causa fue remitida al Juzgado de turno recientemente, la misma fue enviada “ayer a horas 14:30”; y, ii) La solicitud del prenombrado de remisión al Consejo de la Magistratura no es la vía de reparación de daños y perjuicios; ya que, no existió vulneración al debido proceso ni al derecho de petición; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 34, concedió la tutela solicitada, bajo la modalidad innovativa de la acción de libertad, exhortando a los demandados que: a) Ante el conocimiento de similares circunstancias, se dé estricto cumplimiento a las obligaciones y plazos previstos en las disposiciones y circulares relativas a la remisión oportuna de las causas con motivo de vacación judicial, para evitar futuras vulneraciones a derechos y garantías constitucionales; b) Respecto a los daños y perjuicios que pidió el accionante, declaró no ha lugar al no haberse demostrado objetivamente la cuantificación del daño; y, c) En relación a la remisión de antecedentes, no corresponde ser atendida dicha solicitud por esa instancia, sin perjuicio que el peticionante de tutela pueda acudir a la jurisdicción respectiva; determinación emitida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a lo indicado en la Circular 09/2021, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, por la que se dio a conocer a los vocales y jueces de ese Tribunal, que la vacación judicial se cumpliría del 7 al 31 de diciembre de igual año, misma que en su determinación Séptima ordenó que las causas con detenidos preventivos sean remitidas a los tribunales y juzgados de turno para su atención, siendo obligación de los secretarios enviarlas hasta el 3 del citado mes y año; 2) La aseveración que señaló el Secretario codemandado en su informe escrito, en relación a que el impetrante de tutela podía presentar su escrito al Juzgado de turno o plataforma virtual no fue acertada; ya que, la recepción de memoriales mediante la Unidad de Plataforma de Atención al Público e Información, solo presta sus servicios en la Capital, Cercado, Sacaba y Quillacollo de dicho departamento, y no así en sus provincias; y, que hasta el 6 de idéntico mes y año, resultaba ser día hábil para el cumplimiento de las labores judiciales; 3) El Juez demandado debió tomar en cuenta que el aludido se encontraba con detención preventiva, y ordenar al mencionado Secretario envíe la causa hasta la fecha dispuesta en la indicada Circular; sin embargo, este remitió el proceso el 8 de ese mes y año, a horas 14:30; es decir, tres días después al vencimiento del plazo dispuesto, encontrándose ya en el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del nombrado departamento; y, 4) El actuar de ambos demandados fue negligente y provocaron una dilación indebida que repercutió en la vulneración del derecho a la libertad del solicitante de tutela; puesto que, cualquier requerimiento que esté relacionado con el referido derecho debe ser atendido de manera prioritaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Circular 09/2021 de 20 de octubre, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, determinó la vacación judicial del 7 al 31 de diciembre de ese año; fijándose el rol de turnos para salas, tribunales y juzgados que se quedaban de turno (fs. 5 a 8 vta.). II.2. Cursa nota de remisión de expediente al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del departamento de Cochabamba, con cargo de recepción de 8 de diciembre de 2021 a horas 14:30, emitida por Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza Primero de Cliza del mismo departamento -ahora demandado- (fs. 22). II.3. Mediante informe de “9 de diciembre de 2021”, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital de departamento de Cochabamba -Tribunal de garantías-, señaló que: “A horas 16:29 se comunic[ó] (…) el secretario de (...) Tiraque quien [le] indicó que en ese momento le estaban remitiendo las causas de la localidad de Cliza” (sic [fs. 25]). II.4. Corre acta de audiencia pública virtual de 9 de diciembre de 2021, en la que mediante secretaría del Tribunal de garantías se informó la conexión de los sujetos procesales estando conectados el accionantes y el Ministerio Público y no así los demandados (fs. 26 a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, del principio de celeridad; alegando que, se le otorgó fianza económica como medida cautelar personal, y el 3 de diciembre de 2021, intentó presentar memorial de modificación a dicha medida ante el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, mismo que no fue recibido por los demandados, porque estaban en vacaciones judiciales; por lo que, se trasladó al Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del citado departamento -despecho de turno-, en el que tampoco le aceptaron su escrito; debido a que, la causa no fue remitida; hecho que lesionó sus derechos; ya que, con tal solicitud pretendía obtener su libertad, al estar con detención preventiva y el actuar de los demandados ocasionó una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, estableció que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, precisó que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis agregado).

Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada

La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: «En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: “…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”.

Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: “…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos‴. Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos» (el resaltado corresponde al texto original).

III.3. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la LOJ establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones se hallan previstas en la precitada norma. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, sostuvo que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (el énfasis y subrayado son añadidos).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; y, del principio de celeridad; alegando que, se le otorgó fianza económica como medida cautelar personal, y el 3 de diciembre de 2021, intentó presentar memorial de modificación a dicha medida ante el Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, que no quiso ser recibido por los demandados, indicándole que estaban en vacación judicial; por lo que, se trasladó al Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del mismo departamento -despacho de turno-, en el que tampoco le recepcionaron su escrito; debido a que, la referida causa no fue remitida; hecho que lesionó sus derechos; ya que, con tal solicitud pretendía obtener su libertad, al estar con detención preventiva y, el actuar de los prenombrados ocasionó una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica. De la revisión de los antecedentes, se tiene la nota de envío de la causa en cuestión, en la que consta su remisión el 8 de diciembre de 2021 a horas 14:30 (Conclusión II.2); corroborado por el Secretario del referido Juzgado de turno, quien indicó que esa misma fecha a horas 16:30, le despacharon los antecedentes del proceso (Conclusión II.3); siendo que, conforme a la Circular 09/2021 de 20 de octubre, el plazo de la remisión de las causas con detenidos preventivos que estaban a cargo de los juzgados que ingresaban en vacación judicial, a los juzgados de turno correspondientes, era hasta el 3 de diciembre de igual año (Conclusión II.1); y, una vez instalada la audiencia de garantías, por secretaría se informó que los demandados no se conectaron a la misma; presentando el Secretario codemandado informe escrito de 9 del señalado mes y año; por otra parte, en ese acto procesal el peticionante de tutela manifestó que: “…las autoridades accionadas tenían toda la obligación de recibir el memorial el día 3 de diciembre, porque ese día aun no se encontraban en vacaciones judiciales, así lo establece la circular No. 09/2021 que determina el rol (…) se pretendía (…) modificar la situación jurídica del imputado, a fin de que este pueda demostrar su escases económica a fin de que llegue a obtener su libertad…” (sic); asimismo, que: “El informe presentado por el propio secretario accionado (…) dice que recién se llev[ó] el caso el 8 de diciembre de 2021, esto ocasiona gastos innecesarios, por trasladarse desde Cbba hacia Tiraque…” (sic [Conclusión II.4]). Bajo ese entendido, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el fin de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Es así que, del análisis del presente caso y la revisión de antecedentes se advierte que la denuncia que realiza el impetrante de tutela a través de sus representantes respecto a la vulneración de sus derechos invocados, con relación a que los demandados el 3 de diciembre de 2021, no quisieron recibirle su memorial de modificación de fianza económica; se puede advertir que según la Circular 09/2021, los mismos tenían la obligación de remitir la causa al Juzgado de turno correspondiente hasta la citada fecha, situación que no fue cumplida; ya que, como se evidencia de la nota de remisión del expediente al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Tiraque del departamento de Cochabamba, fue enviado el 8 del indicado mes y año. Respecto, al actuar del Juez demandado, quien no remitió informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación con la presente acción de defensa; en consecuencia, no contravino ni desvirtuó las alegaciones del accionante, presumiéndose la veracidad de los mismos, bajo el entendimiento de la SCP 0027/2018-S4, que sostuvo: “…una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos”; en ese sentido, el peticionante de tutela reclamó en este mecanismo constitucional que: “…ante la insistencia que se recepcione dicho memorial, fue a consultar al señor Juez de dicho Juzgado, quien indicó que ya están de vacaciones y que estaba ordenando que no se reciba dicho memorial, que en todo caso fuéramos a quejarnos a donde veamos conveniente, pero que este memorial no debía recibirse” (sic); por lo que, en aplicación del citado entendimiento jurisprudencial corresponde dar por certeras tales aseveraciones vertidas; más aún cuando la citada Circular ordenó que hasta el 3 de diciembre de 2021, los procesos con detenidos debían ser remitidos a los juzgados de turno; sin embargo, el expediente correspondiente fue enviado el 8 de igual mes y año; por lo que, el Juez demandado vulneró los derechos invocados por el impetrante de tutela en esta acción tutelar; ya que, al ser un operador de la justicia y a cargo del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, tenía el deber que todas las causas que estén bajo su conocimiento sean despachadas cuando correspondan sin dilaciones indebidas; y, al no haber supervisado la remisión de los antecedentes al juzgado de turno, debido a la vacación judicial y ordenado que no se reciba dicho memorial, dentro del proceso en el cual, el accionante se encuentra con detención preventiva, imposibilitó que la solicitud del mismo se considere de manera oportuna, ocasionando una dilación indebida; siendo su labor, evitar que cualquier actuar tanto propio como del personal que desempeña sus funciones en ese despacho, conlleve a la demora en el tratamiento de solicitudes que estén vinculadas al derecho a la libertad. Con relación al Secretario codemandado, como personal de apoyo jurisdiccional, es necesario establecer que el mismo tiene legitimación pasiva en la presente acción de defensa, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, haciendo referencia a la SCP 0331/2021-S2, que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde…”; por ello, el acto vulneratorio en el que incurrió el citado demandado, se constituye en el hecho de que no realizó la remisión del proceso en el plazo oportuno al juzgado de turno correspondiente, enviando recién el 8 de diciembre de 2021; incumpliendo de esa manera, la orden impartida en la Circular 09/2021, emitida por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien señaló: “Las Secretarias y los Secretarios de los Tribunales y Juzgados tienen la obligación de remitir los casos con detenidos a los Juzgados y Tribunales de Turno indicados precedentemente, hasta el día viernes 03 de diciembre de 2021, indefectiblemente…” (sic); y, al no haber recibido el memorial de modificación de fianza, en la fecha mencionada por el impetrante de tutela, máxime si el proceso aún no había sido remitido al Juzgado de turno, dicho servidor público debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones; así como, las órdenes dictadas mediante circulares, realizando un buen desempeño en sus labores. Con ese actuar, los demandados causaron la vulneración de los derechos reclamados; debido a que, tal lesión tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad, causando una dilación indebida en relación a la situación jurídica del peticionante de tutela, quien se encuentra privado de libertad; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas, como en el presente caso. Respecto a la solicitud de daños y perjuicios, no concierne a la jurisdicción constitucional determinar responsabilidad; por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 34, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a Juan Carlos Campero Zurita y Ramiro Balderrama Ponce, Juez y Secretario, ambos del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del mencionado departamento, a objeto que en lo futuro no se reiteren ese tipo de conductas, sin perjuicio que el accionante pueda acudir al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0133_2023-S2_id62087.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): a5de6ad6a5216a41e5181fe615ab88e1c942e3074c7d138c91d4cdd838c45bc4

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