Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante alega que se ha vulnerado el derecho a la libertad, por cuanto, la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 617/2022, no libró el respectivo mandamiento de detención domiciliaria.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 15 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50530-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2022 de 16 de septiembre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada dentro de la Acción de libertad interpuesta por Fátima Rosmery Tejerina Condori y Luis Guillermo Chura Flores en representación sin mandato de Mery Balboa Chura en contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 6 a 7 vta., la accionante a través de sus representantes, expresó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Domitila Hilari Villcacuti contra Mery Balboa Chura -ahora accionante-, por el delito de violencia familiar o doméstica, tramitado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; el 16 de septiembre de 2022, se realizó una primera audiencia de consideración de medidas cautelares, ordenando su detención preventiva; en la audiencia de apelación incidental en grado de apelación se emitió el Auto de Vista 617/2022, que revocó el Auto Interlocutorio 442/2022, disponiendo la detención domiciliaria y otras medidas; sin embargo, no se emitió mandamiento de detención domiciliaria, por lo que, la defensa solicitó la complementación y enmienda a efecto se libre el respectivo mandamiento, lo cual fue rechazado por la Vocal ahora demandada, señalando que no se habría realizado tal pedido en la exposición principal; la parte accionante mencionó que “dicha aseveración es contradictoria ya que es obligación de los jueces y vocales dar cumplimiento a las resoluciones que estos emiten…” (sic); la Sentencia Constitucional Plurinacional 0572/2018-S4 de 28 de septiembre determinó que, otorgado dicho beneficio la autoridad judicial debe expedir el mandamiento de manera inmediata; en el presente caso ya transcurrió un tiempo razonable y no se emitió el respectivo mandamiento de detención domiciliaria, restringiendo la libertad de la imputada que se encuentra detenida en el Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz.
Denunció la restricción del derecho a la libertad de la accionante, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó conceda la acción de libertad, ordenando se emita el mandamiento de detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó todos los extremos mencionados en el memorial de acción de libertad.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de fs. 11 y vta., señaló: a) La parte accionante no señaló las causales del por qué su vida estaría en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, no teniendo un correcto planteamiento de su pretensión, ni un petitorio congruente con relación a los fundamentos de hecho y de derecho; b) Dentro el proceso penal contra la accionante, el 16 de septiembre de 2022 a horas 9:00 se realizó la audiencia de apelación de medida cautelar dictando la Resolución 617/2022 -Auto de Vista- disponiendo la detención domiciliaria entre otras medidas en favor de la ahora accionante, concluyéndose la audiencia y habiéndose emitido el Auto de Vista la parte recurrente amparándose en el art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria por ese Tribunal de alzada, sin tomar en cuenta que en la resolución -Auto de Vista- emitida se estableció que la ejecución de las medidas dispuestas estaban a cargo del Juez a quo; y, c) En la instancia de la fundamentación de agravios y petitorio, la parte recurrente no solicitó ni fundamentó ningún argumento al respecto, por lo que a través de la solicitud de complementación y enmienda no podría disponerse ninguna determinación en cuestiones no solicitadas, vulnerándose el principio de congruencia. Cabe mencionar que adjuntó un (CD) disco compacto correspondiente a la Audiencia de apelación incidental de medida cautelar. Con relación al adjunto, se puede extraer los siguientes fundamentos que conlleva la parte resolutiva y dispositiva del Auto de Vista motivo de la presente acción tutelar, determinando declarar admisible el recurso de apelación en parte en relación a las cuestiones planteadas, revocando en parte el Auto Interlocutorio 442/2022 de 6 de septiembre, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada contenidas en el art. 231 bis del CPP consistente en: 1. Detención domiciliaria previa verificación de la autoridad competente; 2. Fianza económica de Bs40 000.- (cuarenta mil bolivianos), previo cumplimiento de formalidades establecidas; 3. Prohibición de salir del país, oficiándose ante la Dirección Nacional de Migración: 4. Prohibición de comunicación con la víctima y demás involucrados en la causa penal; 5. Prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas; 6. Prohibición de que la imputada al haberse dispuesto la detención domiciliaria, establezca como domicilio el mismo donde habita la víctima; al momento de la conclusión de la audiencia, la parte ahora accionante en aplicación del art. 125 del CPP solicitó la complementación indicando que siendo la primera audiencia cautelar apelada se disponga la emisión del mandamiento de detención domiciliaria y se le conceda el plazo de setenta y dos horas a la imputada a objeto de cumplir con las medidas sustitutivas, ante lo cual la Vocal respondió …“que este aspecto en ningún momento ha sido solicitado por la parte apelante a momento de desarrollar su intervención y fundamentación… por lo que no ha lugar a lo solicitado”… (sic), dando por concluida la audiencia.
El Juez de Sentencia Penal Décimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 15 y vta., denegó la tutela impetrada con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante denunció como acto ilegal que la Vocal demandada no extendió el mandamiento de detención domiciliaria cuando se dispuso revocar la Resolución -Auto Interlocutorio- de detención preventiva, por lo que, el abogado en el momento de la complementación solicitó que la autoridad se pronuncie al respecto, lo que fue rechazado debido a que dicha petición debería haberse planteado oportunamente, toda vez que, no era el momento procesal correspondiente; 2) La parte accionada remitió su informe adjuntando un CD con la grabación de la audiencia, haciendo alusión que la acción de libertad sea rechazada, toda vez que no señala expresamente que la vida de la accionante estuviera en peligro, se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o indebidamente privada de su libertad; no negó los hechos acontecidos en audiencia, mencionó también que debe tomarse en cuenta el argumento -resolución- con respecto a la solicitud planteada de complementación y enmienda, misma que debe tener base en la fundamentación y congruencia en las resoluciones judiciales; 3) En el orden legal, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) -acción de libertad- precautela dos bienes jurídicamente protegidos de las personas -la vida y la libertad-, para que el Tribunal de garantías guarde la tutela a la vida, haga cesar la persecución indebida, restablezca las formalidades legales y restituya la libertad del accionante; y, 4) La jurisprudencia en relación a las acciones de libertad determinó que dentro de esta potestad jurídica debe estar implicada el derecho a la libertad de las personas debiendo ser tratados con celeridad; el caso en análisis trata de una persona con detención domiciliaria en el que se debe tener presente la sana critica, la lógica, la experiencia y el sentido común de las autoridades en la fundamentación y motivación de sus resoluciones, no pudiendo ser observadas en acción de libertad, más aun cuando se recibió respuesta en el momento procesal correspondiente; no se demostró la vulneración de algún derecho del accionante, más al contrario se cumplió con lo dispuesto en relación al debido proceso y la igualdad de las partes determinado en el art. 180 de la CPE.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 442/2022 de 6 de septiembre de 2022, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Mery Balboa Chura -ahora accionante- y homologó las medidas de protección otorgadas a favor de la víctima, por lo que la parte accionante interpuso recurso de apelación incidental (fs. 2 a 5).
II.2. Cursa CD correspondiente a la audiencia de apelación de las medidas cautelares, efectuada el 16 de septiembre de 2022, en la que se emitió el Auto de Vista 617/2022 de 16 de septiembre, que revocó el Auto Interlocutorio 442/2022, aplicando la detención domiciliaria y otras medidas. Al concluir la audiencia la parte recurrente al amparo del art. 125 del CPP solicitó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria aspecto que fue rechazado (fs. 10).
La parte accionante alega que se ha vulnerado el derecho a la libertad, por cuanto, la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 617/2022, no libró el respectivo mandamiento de detención domiciliaria.
La SCP 0401/2013-L de 27 de mayo, estableció que: “El art. 125 de la CPE prevé que: “El art. 125 de la CPE prevé que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’.
En resguardo del derecho a la libertad, previsto por el art. 23.I de nuestra Ley Fundamental, el Código Procesal Constitucional en su art. 46 estableció: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’.
Al respecto, el reconocido profesor constitucionalista boliviano José Antonio Rivera Santivañez señala: ‘…la Acción de Libertad, al igual que la Acción de Amparo Constitucional, se constituye en un medio eficaz para limitar el poder del Estado, pues es un freno al exceso, el abuso y la arbitrariedad de la autoridad pública. Sin temor a equivocaciones, se puede afirmar que se constituye en un efectivo instrumento de freno y contrapeso para el ejercicio del poder político’.
Siguiendo las enseñanzas del citado autor, ésta acción de defensa se caracteriza por ser: ‘…una acción tutelar extraordinaria, porque es única en su género y no forma parte de los recursos ordinarios previstos en la legislación procesal del Estado. Es un proceso constitucional porque, de un lado tiene su origen en las normas de la Constitución, y de otro, porque es una acción jurisdiccional creada para resolver un conflicto o controversia constitucional que se genera con la violación de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física.
Finalmente, es de tramitación especial, porque dada su naturaleza tutelar está exenta de los ritualismos y formalismos procedimentales; tiene un trámite sumarísimo, no admite incidentes dilatorios, ni plazos probatorios, toda vez que no es un medio para dirimir ni dilucidar controversias sobre un derecho, sino una vía de reparación o de restablecimiento de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física ante una acción ilegal o indebida de restricción o supresión. Se tramita en única instancia, pues contra el fallo pronunciado por el juez o tribunal competente no procede ningún recurso ulterior’’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0572/2018-S4 de 28 de septiembre, estableció que: «En relación a la aplicación de medidas sustitutivas y la efectivización de la libertad cuando dicho beneficio no deviene de una resolución de cesación a la detención preventiva, la SC 1194/00-R de 18 de diciembre de 2000, estableció que: “…la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presente Recurso, por cuanto el encausado no estuvo privado de su libertad...”. En el mismo sentido, la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, señaló que: “‘… lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP’.
Cuando no se reúnen estos supuestos, se ha determinado que lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas…”. Por su parte la SCP 0140/2015-S3 de 19 de febrero, con el mismo entendimiento, respecto al cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas como emergencia de la revocatoria de detención preventiva, sostuvo que: “Cuando una autoridad judicial determina la aplicación de medidas sustitutivas a una persona imputada, existen dos circunstancias en las que se puede hallar la persona obligada a su observancia; la primera, es cuando el beneficiado con las medidas sustitutivas se encuentra ya con detención preventiva y consecuentemente, la autoridad judicial a cargo no puede librar mandamiento de libertad sin que anteriormente el beneficiado haya demostrado el cabal cumplimiento de las mismas, por lo que éste se mantendrá detenido en tanto no cumpla con lo dispuesto por el juez de la causa, en ese sentido están dirigidas varias sentencias constitucionales como la SC 1194/2011-R de 6 de septiembre; y por otro lado, está el supuesto cuando la persona a momento de que se le impone medidas sustitutivas se halla gozando de libertad; es decir, no tiene una detención preventiva previa, por lo que la autoridad judicial no puede disponer su detención como una medida de presión para que el procesado acate su determinación, por el contrario otorgará al imputado un plazo prudente para que haga efectivas las medidas impuestas y si es que vencido el mismo, se constata su incumplimiento, recién podrá revocarlas y ordenar su detención preventiva a fin de garantizar su presencia en el proceso que se le sigue…”. Conforme la jurisprudencia precedentemente expuesta, en casos en que se hubiere dispuesto la medida de detención preventiva a través de una resolución emitida por autoridad competente, y luego en la audiencia de apelación de medidas cautelares se apliquen medidas sustitutivas a la medida extrema, el Tribunal de alzada, previo a la otorgación de la libertad de la persona procesada, deberá disponer el efectivo cumplimiento de las medidas concedidas a fin de garantizar el proceso» (las negrillas corresponden al texto original).
La parte accionante alega que se ha vulnerado el derecho a la libertad, por cuanto, la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 617/2022 de 16 de septiembre, no libró el respectivo mandamiento de detención domiciliaria -entre otras-, pese a la petición realizada por la entonces apelante. Habiéndose identificado la problemática planteada, corresponde analizar los antecedentes adjuntos al expediente, en ese orden; queda establecido la existencia de un proceso penal instaurado contra Mery Balboa Chura -ahora accionante-, por el delito de violencia familiar o doméstica radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en el que se dictó Auto Interlocutorio 442/2022 el 6 de septiembre, disponiendo la medida extrema de detención preventiva, la misma fue apelada, llevando a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares el 16 de septiembre de 2022, en la que se emitió el Auto de Vista 617/2022, revocando el Auto Interlocutorio apelado, disponiendo la detención domiciliaria entre otras, la parte accionante al amparo del art. 125 del CPP solicitó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, lo cual fue denegado por que no se habría solicitado en la fase de fundamentación de la audiencia.
Es necesario puntualizar que la parte accionante -imputada-, a la fecha de la audiencia de apelación de medidas cautelares ya se encontraba recluida en el Centro Penitenciario C.O.F Obrajes de La Paz.
Con relación a la competencia de los Tribunales de alzada, el art. 398 del CPP menciona que los mismos circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; consiguientemente, el art. 125 de la misma normativa establece que el Juez o Tribunal de oficio podrá aclarar, suplir o corregir cualquier error material o de hecho, contenidos en sus actuaciones y resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas.
Con respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que, de lo citado por el profesor constitucionalista José Antonio Rivera Santivañez, la acción de libertad constituye una acción tutelar extraordinaria, única en su género, tiene su origen en las normas constitucionales, creada para resolver controversias en esa jurisdicción y procede ante la vulneración de los derechos fundamentales como la vida y la libertad física; en ese entendido, relacionando lo expresado con la normativa constitucional vigente, el accionante deberá cumplir ciertos requisitos que viabilizaran la procedencia de dicha acción de libertad, aplicándolo al presente caso, previo análisis y consideración de los antecedentes no se evidenció dicha transgresión del derecho a la libertad de la accionante. En el caso en análisis y conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, es innegable el hecho que en grado de apelación la medida extrema de detención preventiva fue revocada, determinando que la imputada se encuentre en detención domiciliaria -entre otras medidas-misma que debe ser cumplida previa verificación domiciliaria y empoce de la fianza económica, de lo que se concluye que el libramiento del mandamiento de detención domiciliaria no opera de hecho, sino previo cumplimiento de predeterminadas condiciones, “…previo a la otorgación de la libertad de la persona procesada, deberá disponer el efectivo cumplimiento de las medidas concedidas a fin de garantizar el proceso”(SCP 0572/2018-S4), por lo que, solo en caso que se acredite el cumplimiento de dichas condiciones y ante la eventual negativa de librarse el mandamiento se activaría la acción de libertad contra el Juez de Instrucción en lo Penal; en ningún caso contra el Tribunal de alzada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 16 de septiembre, cursante de fs. 15 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0132_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9c673da7f2aba1a5913204dc01123a40618df3d0cdb882a1dd7fea488f57a0b3
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