B.IA.LEGAL

SCP 0131/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50323-2022-101-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin valorar los nuevos elementos de convicción que presentó, conforme al art. 239.1 del CPP, que a su criterio desvirtúan el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del indicado departamento y a otras autoridades que posteriormente y eventualmente conozcan el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, al cumplimiento de la obligación del Estado y de todas las instituciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer con la debida diligencia e incorporar un enfoque interseccional al momento del examen de la probabilidad de autoría del imputado, y además, a considerar la complejidad de la situación de vulnerabilidad de la víctima, atendiendo a su condición de mujer en situación de violencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal
  2. III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0131/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50323-2022-101-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamente en representación sin mandato de Wilson Elias Colque Castro contra Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del indicado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 70 a 72 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Geraldine Claudia Monroy Murillo -víctima- contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los arts. 8 y 252 bis del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 138/2022 de 11 de marzo, se dispuso su detención preventiva, fundamentando la concurrencia de los presupuestos establecidos por los arts. “233.1, 233.2 y 233.3” del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, en “varias” oportunidades pidió la cesación de su detención preventiva, y en la última oportunidad, mediante Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, la Jueza ahora coaccionada, declaró infundada y sin lugar su solicitud, argumentando lo siguiente: “‘El Art. 279 del Código de Procedimiento Penal, en su última parte, establece una clara prohibición, vinculada a la estructura del proceso penal acusatorio y esto es, que la autoridad jurisdiccional no puede inmiscuirse en actuados que son exclusiva atribución del Ministerio Público y entre ellos lógicamente la Imputación Formal, Imputación que se vincula con el razonamiento de la autoridad Fiscal, sobre los elementos de convicción que los Organos encargados de la persecución penal, han puesto en su conocimiento bajo su dirección funcional, entonces, la existencia de nuevos elementos de convicción vinculados a la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, deben indudablemente venir una Resolución, vinculada con la existencia de elementos suficientes para fundar una acusación o en su defecto la insuficiencia probatoria a los fines de fundar un Sobreseimiento, lo contrario importaría anticipar primero un juzgamiento, en cuanto a cuál sería el requerimiento conclusivo que debiera o pudiera emitirse y segundo anticipar inclusive un juicio en contra del imputado, dado que en el caso la suscrita autoridad jurisdiccional en esta audiencia se pronunciare sobre la existencia de nuevos elementos de convicción, que pudieran o no desvirtuar la responsabilidad penal de imputado, esto conllevaría una suerte de como he señalado anticipo de criterio, y no puede darse en esta etapa procesal cuando las mismas resoluciones del Juez de instrucción Penal por su naturaleza y por sus características, no pueden causar estado”’ (sic). De esa manera, la Jueza hoy coaccionada se negó a valorar los nuevos elementos de convicción que presentó, conforme al art. 239.“I” -1- del CPP, que a su criterio desvirtuaba el art. 233.1 del mismo Código; puesto que, la supuesta víctima en su segunda declaración de 28 de marzo de 2022, que además sirvió de base para la imputación formal, manifestó que se cayó, y no indicó que fue empujada por su persona, tampoco se valoraron informes de los Médicos de la Clínica San Agustín que van en el mismo sentido. Asimismo, presentó un dictamen pericial en Criminalística y Fotografía Forense de “mayo” de 2022, suscrito por Enrique Marcelino Galarza y Juan Gabriel Arce Coronado, en el que indicaron que existió una “caída libre” desde el primer piso a la planta baja y que la misma se produjo por la pérdida de equilibrio y que solo intervino la aceleración de la gravedad, sin que se trate de una caída propulsiva, lo cual tiene relación con las lesiones establecidas por el Médico Forense; empero, dicho elemento destinado a desvirtuar el art. 234.7 del CPP, no fue abordado por la Jueza ahora coaccionada, quien se escudó en el art. 279 del mismo Código, aclarando que no pidió que se realicen actos investigativos, sino que se valoren los nuevos elementos de convicción que ponían en duda la concurrencia del art. 233.1 del referido Código. En mérito a lo anterior, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 443/2022, que después de la interposición de “una acción de libertad”, fue resuelto por la Vocal hoy accionada, mediante Auto de Vista 219/2022-SP1 de 1 de septiembre; por el cual, reiterando el criterio de la Jueza ahora coaccionada, con relación a las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y que no puede pronunciarse sobre una probabilidad o no de participación del imputado -accionante-, declaró improcedente su recurso y confirmó en su totalidad el impugnado Auto Interlocutorio 443/2022; a pesar que, en audiencia expuso todos sus puntos de agravios y solicitó la ponderación de nuevos elementos de convicción presentados en audiencia cautelar.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, emitido por la Jueza hoy coaccionada y el Auto de Vista 219/2022-SP1 de 1 de septiembre, dictado por la Vocal ahora accionada; y, b) Que la referida autoridad judicial de alzada emita un nuevo auto de vista, valorando los nuevos elementos de convicción presentados en audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de julio de 2022, disponiendo su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 90 a 93, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) No solamente se omitió considerar los Informes médicos, sino también las entrevistas a médicos, que fueron solicitadas por requerimiento fiscal, cumpliendo con los requisitos señalados por el art. 204 del CPP; 2) A partir de todo ello, se podría concluir que no existió ningún empujón de su parte a la presunta víctima; extremos que se constituyen en nuevos elementos de convicción según el “art. 239” -se entiende del CPP-; 3) Lo que solicita no es que se efectúen actos investigativos; sino que, se valoren los nuevos elementos de convicción presentados; y, 4) La Vocal hoy accionada en el impugnado Auto de Vista 219/2022-SP1, se limitó a realizar una copia del art. 279 del CPP y de las atribuciones del Ministerio Público sin responder a los agravios con relación a la emisión del Auto Interlocutorio “442” -443-/2022.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe de 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 86 a 89, manifestó que: i) En cumplimiento de la Resolución “01/2022”, emitida por la “Jueza de garantías”, se realizó un “acto judicial” para considerar el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, quien hubiese solicitado la cesación de su detención preventiva, habiéndose emitido el Auto de Vista 219/2022-SP1, por el que declaró la improcedencia dicho recurso y confirmó el Auto Interlocutorio 443/2022, que dispuso su detención preventiva; ii) El accionante alegó que la decisión contenida en el Auto de Vista 219/2022-SP1, carece de fundamentación y motivación adecuada, lo que dio lugar a una indebida privación de libertad, y que no se valoraron los nuevos elementos probatorios que afectaron la determinación del peligro procesal conforme al art. 233.1 del CPP; iii) En virtud del art. 125 de la CPE, cualquier persona que considere que su libertad está siendo restringida de manera ilegal puede interponer una acción de libertad; sin embargo, en este caso, se argumentó que no correspondía formular una acción de libertad por qué la detención preventiva se encuentra debidamente fundamentada y motivada por resolución judicial, lo que hace que se cumplan con las formalidades legales; iv) Se debe distinguir la diferencia entre fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales: la primera es la base legal, mientras que la segunda es el razonamiento de la autoridad judicial, y en ese entendido, el citado Auto de Vista fue fundamentado de acuerdo con los arts. 279 y 302 del CPP; 12.2 y 40.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); además, se explicó que la valoración de los nuevos elementos probatorios que el accionante alegaba no correspondía a la etapa procesal de revisión de la detención preventiva, sino a una resolución del Ministerio Público, que es independiente del control judicial de la detención; v) La acción interpuesta por el accionante desnaturaliza la acción de libertad; ya que, esa no está destinada a resolver problemas procedimentales ni cuestiones de fondo del caso, debiendo considerarse que la SCP “0318/2017-S2”, señala que dicha acción debe centrarse en la restricción ilegal o indebida de los derechos fundamentales, como la libertad física, y no en errores procedimentales; vi) La interposición de la acción de libertad carecía de razones constitucionales válidas; puesto que, el petitorio del accionante no argumentó de manera coherente por qué debía dejarse sin efecto la detención preventiva; además, la acción no señala ninguna infracción a los derechos fundamentales del imputado que justificara su liberación; y, vii) Por lo mencionado, considerando que el accionante no presentó fundamentos constitucionales sólidos y su solicitud carecía de coherencia, pidió que se deniegue la tutela solicitada. Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentando el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 80 a 85, manifestó que: a) Primero, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, se celebró una audiencia de cesación de la detención preventiva el 12 de julio de 2022 y la defensa del nombrado solicitó la cesación de dicha medida, amparándose en el art. 239.1 del CPP, argumentando que presentarían nuevos elementos de convicción que desvirtuarían las acusaciones, específicamente la de una presunta tentativa de feminicidio ocurrida el 28 de enero de ese año, por su parte, la víctima, en su declaración, señaló que el accionante la empujó desde un primer piso, lo que causó su caída; sin embargo, la defensa presentó informes médicos que indicaban que la víctima sufrió una caída accidental mientras se encontraba en estado etílico; asimismo, se tiene que varios informes médicos de la Clínica San Agustín fueron presentados como nuevos elementos, donde se detallaba que la víctima sufrió una caída desde las gradas y no un empujón y, los médicos que atendieron a la víctima confirmaron que la misma indicó que se hubiese caído de su propia altura, sin intervención de otra persona, en conjunto, esos nuevos elementos de convicción pusieron en duda la participación del accionante en el presunto intento de feminicidio y por lo mismo el nombrado pretende desvirtuar el art. 233.1 del CPP; b) Segundo, la defensa del accionante destacó que el asunto planteado, relacionado con la probabilidad de participación en el hecho, debe ser debatido en juicio oral, público y contradictorio; ya que, la “Jueza de Instrucción” no tiene competencia para tomar decisiones sobre el fondo de la causa y se aclaró que los elementos de convicción presentados forman parte de la investigación dirigida por el Ministerio Público, y que cualquier decisión sobre su validez o relevancia debe ser tomada en el marco del juicio oral, público y contradictorio; c) Tercero, el accionante solicitó que el Tribunal de garantías deje sin efecto el Auto Interlocutorio 443/2022 y el Auto de Vista 219/2022-SP1, y que la Vocal ahora accionada emita un nuevo auto de vista considerando los nuevos elementos de convicción presentados en la audiencia de cesación de detención preventiva y que se disponga la libertad del accionante; d) Cuarto, la defensa del nombrado citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que el Tribunal de garantías no puede actuar como Tribunal de alzada ni intervenir en la valoración de resoluciones emitidas por un tribunal ordinario, y asimismo, el Tribunal de garantías no puede disponer directamente sobre la libertad del imputado ni afectar las resoluciones de la jurisdicción ordinaria; puesto que, existen mecanismos propios de impugnación; aspectos de los cuales se tiene que el accionante contraviene los preceptos legales del derecho al debido proceso; e) Quinto, se debe considerar que dejar sin efecto dos resoluciones podría generar un caos procesal; ya que, la resolución de primera instancia depende directamente de la resolución de alzada, lo que generaría contradicciones y confusión en el proceso, afectando negativamente los derechos de la víctima; f) Sexto, en cuanto a los derechos de la víctima, se debe tener presente que la misma es una mujer con capacidades diferentes, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad, debiéndose tomar en cuenta el art. 47 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que establece la preferencia por los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto; y, g) Séptimo, no existe base legal para conceder la tutela solicitada; puesto que, el petitorio era contradictorio y carecía de justificación legal, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Ronald Martin Armando Vargas Montaño, representante del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que: 1) Las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales hoy accionadas tienen logicidad y se debe considerar la protección reforzada de la víctima y si bien el accionante solicitó que las nombradas autoridades judiciales valoren la prueba presentada; empero, también el Ministerio Público tiene que compulsarla para emitir resolución conclusiva; 2) Se debe considerar lo señalado por la SCP “0353/2018 S2” que hace mención a la declaración de la víctima, la cual constituye una prueba fundamental, a partir de los razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Vs. México y el caso de informes de víctimas de tortura sexual en Ateneco Vs. México que están vinculados expresamente en el bloque de constitucional, lo cual también fue razonado en la SC “110/2010”; 3) Por lo mencionado, considera que las autoridades judiciales ahora accionadas respetaron la estructura de división de roles asumidos por el Estado; por lo que, la dirección funcional de la investigación, en su momento valorará de manera positiva -si corresponde- la prueba presentada en la solicitud de cesación de la detención preventiva; y, 4) Por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) En los antecedentes del caso, se presentan los argumentos tanto del accionante como de la Vocal y Jueza hoy accionadas y que el imputado -accionante-, se encuentra con detención preventiva por la presunta comisión del delito feminicidio en grado de tentativa; y, durante una audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva; empero, el mismo, solicitó la cesación de esa medida cautelar conforme al art. 239.1 del CPP, basándose en nuevos elementos de prueba; sin embargo, por Auto Interlocutorio 443/2022, la Jueza ahora coaccionada declaró infundada dicha solicitud, fundamentando que el art. 279 del citado Código, prohíbe a la autoridad judicial interferir en actuaciones que son competencia exclusiva del Ministerio Público, como la imputación formal vinculada a la evaluación de los elementos de prueba; ii) El accionante argumentó que el incidente no fue un empujón, sino una caída de la víctima, y presentó nuevos elementos probatorios en la audiencia cautelar, incluyendo entrevistas de testigos e informes médicos; sin embargo, la Jueza hoy coaccionada no valoró esas pruebas, sin considerar que ello no implicaría un juicio anticipado, y en vez de considerar tal extremo, se fundamentó que no se podía anticipar un juicio; ya que, las resoluciones de un juez de instrucción penal no son definitivas en esa etapa; iii) Posteriormente, la Vocal ahora accionada, por Auto de Vista 219/2022-SP1, declaró improcedente el recurso de apelación presentado, reafirmando que no se debía interferir en la investigación en curso según lo dispuesto por el art. 279 del CPP, que establece claramente que la autoridad jurisdiccional no debe intervenir en actos que son competencia exclusiva del Ministerio Público, como la investigación; iv) Además, el Ministerio Público no puede realizar actos jurisdiccionales y los elementos probatorios presentados por el accionante deben ser evaluados por el Ministerio Público, instancia que tras su análisis, podrá decidir si hay pruebas suficientes para fundamentar una acusación fiscal o si, por el contrario, procede el sobreseimiento y, el proceso penal debe seguir el procedimiento adecuado, sin que se convierta en un juicio anticipado; v) En ese contexto, el “tribunal” de garantías no tiene la facultad de realizar actos procesales propios de la jurisdicción ordinaria ni intervenir en el fondo del caso y, la acción de libertad no es el mecanismo adecuado con la problemática que se analiza; existiendo otros mecanismos legales, como la acción de amparo constitucional, para resolver posibles transgresiones de derechos, no pudiendo reemplazar las funciones del Ministerio Público, y correspondiendo a una autoridad superior emitir una resolución sobre el asunto; y, vi) Por lo mencionado, las autoridades judiciales hoy accionadas aplicaron correctamente la normativa legal y no se detecta una vulneración al debido proceso.

En vía de complementación, aclaración y enmienda, el accionante a través de su abogada, solicitó que explique por qué desde su perspectiva, la acción de libertad no sería la vía correcta para solicitar la nulidad de dos resoluciones que están vinculadas con la libertad, como la cesación de la detención preventiva y la apelación a la medida cautelar personal si ambas están relacionadas con la libertad personal.

Asimismo, solicitó una aclaración adicional, respecto a que no se mencionó que en la resolución de primera instancia, en qué parte del art. 239.1 del CPP, se establece que no se pueden valorar nuevos elementos de convicción.

En merito a esas solicitudes, la Jueza de garantías, por Auto de 9 de septiembre de 2022, cursante a fs. 97, señaló que en ese caso, si se alega que hubieron omisiones en la valoración, la acción de amparo constitucional sería la vía adecuada para revisar esas actuaciones; además, existen otros mecanismos y recursos disponibles para la defensa técnica del accionante, como la solicitud de cesación de la detención preventiva, con nuevos elementos probatorios que demuestren que el acusado no cometió el hecho imputado, sino otro diferente; por lo tanto, los recursos siguen siendo válidos para su planteamiento; empero, no corresponde recurrir ante la autoridad de garantías para suplir las funciones del Ministerio Público u otras autoridades; ya que, cada una tiene funciones específicas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, emitido por Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy coaccionada-, por el cual, declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva de Wilson Elias Colque Castro -ahora accionante- (fs. 63 a 64 vta.). II.2. Cursa Síntesis del Registro de Audiencia Presencial de Apelación de Medidas Cautelares de 1 de septiembre de 2022 (fs. 66.), en la cual, Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionada-, mediante Auto de Vista 219/2022-SP1 de la misma fecha, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante; y en consecuencia, mantuvo firme e incólume el Auto Interlocutorio 443/2022 (fs. 67 a 69 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin valorar los nuevos elementos de convicción que presentó, conforme al art. 239.1 del CPP, que a su criterio desvirtúan el art. 233.1 del mismo Código; y, b) Ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual después de haber interpuesto una anterior acción de libertad, fue resuelto por Auto de Vista 219/2022-SP1 de 1 de septiembre, emitido por la Vocal hoy accionada, quien reiterando el criterio de la Jueza de primera instancia, con relación a las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y que no puede pronunciarse sobre una probabilidad o no de participación del imputado, declaró la improcedencia del referido recurso y confirmó el citado Auto Interlocutorio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; 2) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, establece que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.

Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”» (las negrillas son nuestras).

En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a su vez a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

Con relación a la valoración de la prueba en acciones de libertad, la SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, establece que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que: i) La Jueza ahora coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 443/2022 de 12 de julio, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin valorar los nuevos elementos de convicción que presentó, conforme al art. 239.1 del CPP, que a su criterio desvirtúan el art. 233.1 del mismo Código; y, ii) Ante ello, formuló recurso de apelación incidental, el cual después de haber interpuesto una anterior acción de libertad, fue resuelto por Auto de Vista 219/2022-SP1 de 1 de septiembre, emitido por la Vocal hoy accionada, quien reiterando el criterio de la Jueza de primera instancia, con relación a las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y que no puede pronunciarse sobre una probabilidad o no de participación del imputado, declaró la improcedencia del referido recurso y confirmó el citado Auto Interlocutorio. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa Auto Interlocutorio 442/2022 de 12 de julio, emitido por la Jueza ahora coaccionada, por el cual, declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante (Conclusión II.1.).

Asimismo, consta Síntesis del Registro de Audiencia Presencial de Apelación de Medidas Cautelares de 1 de septiembre de 2022, en la cual, la Vocal hoy accionada mediante Auto de Vista 219/2022-SP1 declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante; y en consecuencia, mantuvo firme e incólume el Auto Interlocutorio 443/2022 (Conclusión II.2.).

Precisada la relación de actuados cursantes en los antecedentes y delimitada la problemática planteada por el accionante, que radica en la supuesta falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba del Auto de Vista 219/2022-SP1 -ahora impugnado-, inicialmente, corresponde precisar, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra la Vocal hoy accionada; y, la Jueza ahora coaccionada, en razón a que a su turno, dichas autoridades emitieron dos resoluciones -Auto de Vista 219/2022-SP1 y Auto Interlocutorio 443/2022- que el accionante considera vulneratorias a sus derechos; sin embargo, se aclara, que en virtud al principio de subsidiariedad, el análisis a efectuarse se realizará con base a la actuación desplegada por la Vocal hoy accionada, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación y que en aplicación de dicho principio, era la autoridad competente para en su caso subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza ahora coaccionada; por lo que, respecto a esta última autoridad se debe denegar la tutela solicitada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Efectuada esa precisión, tomando en cuenta que el accionante invoca su reclamo en la ausencia de fundamentación y motivación; así como, de valoración probatoria, corresponde pronunciarse de forma individual en la esfera de esos elementos constitutivos principales del derecho al debido proceso y verificar su concurrencia o no en el sustento argumentativo del Auto de Vista 219/2022-SP1, ahora confutado.

Respecto a la fundamentación y motivación, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el accionante en su recurso apelación incidental y que fueron consignados en el Auto de Vista 219/2022-SP1 hoy impugnado, convergiendo los mismos en:

La Jueza hoy coaccionada, al momento de negar su solicitud de cesación a la detención preventiva, habría fundamentado su decisión en el art. 279 del CPP, que establece la prohibición de que la autoridad judicial se inmiscuya en actos de investigación; sin embargo, no se tomó en cuenta que en ese actuado judicial se presentaron nuevos elementos de juicio, conforme al art. 239.1 del mismo Código y, esos elementos de juicio ponen en duda la concurrencia del presupuesto sustancial establecido por el art. 233.1 del CPP, que hace referencia a los requisitos para justificar la detención preventiva.

Los nuevos elementos presentados incluyen informes médicos y entrevistas de profesionales que establecen que las lesiones de la víctima fueron causadas por una caída, sin la intervención de una tercera persona, también se mencionan estudios de pericia obtenidos durante la fase de investigación, que respaldan la hipótesis de que la caída fue accidental y no producto de un acto intencional por parte del imputado -accionante-.

Asimismo, se debe tener presente en la primera declaración, la víctima refirió que las lesiones fueron consecuencia de una caída; empero, en una segunda entrevista cambió su versión, atribuyéndole la caída y ese cambio en la versión de la víctima es un elemento clave que la defensa considera que debería haber sido valorado adecuadamente por la autoridad judicial.

La Jueza ahora coaccionada no valoró esos nuevos elementos de juicio, ni consideró la primera declaración de la víctima, lo cual debió efectuarse para desvirtuar la concurrencia del peligro sustancial.

En cuanto a los peligros procesales, con los nuevos elementos presentados, el peligro procesal determinado por el art. 234.7 del CPP, relacionado con la fuga del imputado, queda desvirtuado, ya que no hay elementos suficientes que justifiquen ese peligro.

Además, los peligros procesales establecidos por el art. 234.4 y 6 del CPP, ya no tendrían sentido de concurrir; ya que, el peligro sustancial fue desvirtuado.

En cuanto al peligro de obstaculización, previsto por el art. 235.2 del CPP, la defensa sostiene que no existe este peligro procesal; puesto que, está detenido y no puede interferir en el proceso; por lo que, los elementos de convicción ofrecidos en la audiencia, que forman parte del cuaderno de investigación, demuestran que no existe riesgo de obstaculización por su parte.

Dicho recurso, fue resuelto por la Vocal hoy accionada, mediante Auto de Vista 219/2022-SP1 -hoy impugnado-, con los siguientes fundamentos:

El primer agravio del accionante se refiere a que la Jueza ahora coaccionada fundamentó su decisión de negar la cesación de la detención preventiva en lo dispuesto por el art. 279 del CPP; y, el segundo agravio está relacionado con la alegación de que la indicada autoridad judicial no valoró adecuadamente los elementos de convicción presentados en la audiencia, los cuales sugieren que las lesiones sufridas por la víctima fueron consecuencia de una caída libre, sin intervención de un tercero.

A partir de ello, corresponde efectuar un análisis respecto a lo que la Jueza hoy coaccionada razonó con relación al primer agravio, vinculado a su competencia como contralora de garantías, en función de lo que establece el art. 279 del CPP; y en ese entendido, la nombrada Jueza razonó que dicho artículo establece las atribuciones del Ministerio Público para emitir una imputación formal y las del juez para ejercer un control jurisdiccional sobre dicha imputación.

Además, el art. 279 del CPP, prohíbe que los jueces se inmiscuyan en actos investigativos, y en ese sentido, el razonamiento de la autoridad judicial está respaldado no solo por ese artículo, sino también por el art. 12.2 de la LOMP, el cual, establece que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de ejercer la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación; así como, de la actuación policial.

De acuerdo con el art. 40 de la LOMP, las atribuciones de los fiscales incluyen su actividad investigativa, la dirección de la actuación policial, la facultad exclusiva de emitir la imputación formal y solicitar otros requerimientos basados en un principio de objetividad, como el sobreseimiento o el rechazo de la investigación, de acuerdo con lo establecido por el art. 302 del CPP, debiendo considerarse que el art. 279 del mismo Código, indica que: “ (…) Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad”.

Por lo tanto, la Jueza hoy coaccionada consideró que, al pronunciarse sobre la probabilidad de participación del imputado -accionante-, estaría incurriendo en una intervención en actividades que son propias y exclusivas del Ministerio Público, que es la entidad que tiene la obligación de analizar los antecedentes relativos a la probable participación del imputado, siendo esa la instancia que tras examinar esos antecedentes, debe emitir un requerimiento concluyente, que puede ser una acusación fiscal o un sobreseimiento.

A partir de ello, la “autoridad judicial”, en su función de control jurisdiccional, no debe influir en estas decisiones; ya que, eso iría contra la división de facultades y atribuciones entre la función investigativa del Ministerio Público y el control jurisdiccional de la autoridad judicial.

La Jueza ahora coaccionada también consideró que los elementos probatorios presentados, que podrían sugerir la no participación del imputado -accionante-, deben ser valorados en primer lugar por el Ministerio Público; puesto que, tiene la dirección funcional de la investigación y, cualquier intervención prematura de la autoridad judicial en este análisis implicaría un adelantamiento de criterio, lo que podría afectar el proceso y la imparcialidad del tribunal en una eventual acusación o sentencia; ya que, en un recurso de apelación restringida podría ya haberse formado una opinión sobre la participación del imputado.

De esa manera, la resolución de la Jueza hoy coaccionada se basa en lo dispuesto por el art. 279 del CPP, lo que constituye una fundamentación legal sólida; además, la motivación está bien razonada; puesto que, no se puede anticipar el análisis de los elementos probatorios antes de que el Ministerio Público haya realizado su evaluación; y por lo tanto, se considera que el razonamiento de la nombrada Jueza es adecuado.

A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por la Vocal ahora accionada, al emitir el hoy cuestionado el Auto de Vista 219/2022-SP1, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión; así como, las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa; empero, clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados.

En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que la Vocal hoy accionada, al pronunciar el Auto de Vista 219/2022-SP1, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. precedente; debido a que, desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado en lo esencial que el apelado Auto Interlocutorio 443/2022 emitido por la Jueza ahora coaccionada está debidamente fundamentado en lo establecido por los arts. 279 del CPP y el 12.2 de la LOMP, y dicha autoridad judicial respetó la división de competencias entre el control jurisdiccional y la actividad investigativa del Ministerio Público, basando su decisión en la de no valorar prematuramente los elementos probatorios ni anticipar una resolución sobre la participación del imputado -accionante-conforme al derecho del debido proceso, ello en consideración a que como lo sostuvo el propio accionante y por la particularidad del caso concreto pretendía desvirtuar principalmente el art. 233.1 del CPP -la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible-(fs. 70 vta.); por lo tanto, el razonamiento de la Jueza hoy coaccionada es adecuado y está debidamente justificado en el marco legal vigente, asegurando la imparcialidad y el respeto a las competencias de las autoridades -fiscales y judiciales- y en el proceso penal.

A partir de lo expuesto, se advierte que la Vocal hoy accionada, al emitir el ahora confutado Auto de Vista 219/2022-SP1, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de forma suficiente, explicó al apelante -accionante-, las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto.

Con relación a la valoración de la prueba, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se tiene que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: i) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; ya que, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; empero, en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida legalmente ni constitucionalmente.

En ese entendido, y ratificando los razonamientos y análisis ya efectuados precedentemente sobre la fundamentación y motivación del Auto de Vista 219/2022-SP1, en directa vinculación consecuencial de la valoración probatoria, se advierte que en el caso concreto, el accionante denuncia en su memorial de interposición de esta acción tutelar, que la Vocal hoy accionada no consideró los nuevos elementos de convicción que presentó consistentes en informes de los médicos de la Clínica San Agustín refieren que la víctima no fue empujada por su persona; y, un dictamen pericial en Criminalística y Fotografía Forense de “mayo” de 2022, suscrito por Enrique Marcelino Galarza y Juan Gabriel Arce Coronado, en el que indicaron que existió una “caída libre” desde el primer piso a la planta baja y que la misma se produjo por la pérdida de equilibrio y que solo intervino la aceleración de la gravedad, sin que se trate de una caída propulsiva, lo cual tiene relación con las lesiones establecidas por el Médico Forense; y al respecto, se tiene que en el impugnado Auto de Vista 219/2022-SP1, la Vocal ahora accionada reconoció la presentación de nuevos elementos de convicción; sin embargo, como se indicó precedentemente explicó que “…a partir de ello y los elementos probatorios que fueron provistos a la autoridad judicial en esa audiencia, la autoridad judicial a quo entiende que al pronunciarse sobre una probabilidad o no de participación del imputado se estaría inmiscuyendo en actividades netamente investigativas y propias del Ministerio Público a quien le corresponde hacer un análisis de éstos antecedentes vinculado a la probable participación del imputado…” (sic [fs. 68 vta.]); de lo cual, se advierte que sí se otorgó un valor a la prueba extrañada; empero, fue en contraposición al argumento mencionado, lo que responde a una valoración integral de la situación fáctica y sus elementos, configurando la motivación del referido Auto de vista, conforme se analizó precedentemente.

Por lo expuesto, al haberse evidenciado que el hoy cuestionado Auto de Vista 219/2022-SP1, cuenta con la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional al asumir conocimiento de la presente causa que tiene como una de las partes procesales a una mujer posible víctima del delito de feminicidio en grado de tentativa, no puede dejar de exhortar a la Vocal y a la Jueza ahora accionadas y a otras que posteriormente y eventualmente conozcan la misma, al cumplimiento de la obligación del Estado y de todas las instituciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer con la debida diligencia e incorporar un enfoque interseccional al momento del examen de la probabilidad de autoría del imputado, y además, de considerar la complejidad de la situación de vulnerabilidad de la víctima, atendiendo a su condición de mujer en situación de violencia. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 94 a 97 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del indicado departamento y a otras autoridades que posteriormente y eventualmente conozcan el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, al cumplimiento de la obligación del Estado y de todas las instituciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer con la debida diligencia e incorporar un enfoque interseccional al momento del examen de la probabilidad de autoría del imputado, y además, a considerar la complejidad de la situación de vulnerabilidad de la víctima, atendiendo a su condición de mujer en situación de violencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0131_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3d5f1a068a7436bde7864144e6e2abcc7339d8d6e25a7efa072847699bd9993b

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