B.IA.LEGAL

SCP 0129/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
79009-2025-159-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud seguridad social, y de los niños a percibir las asignaciones familiares; puesto que, trabajó en ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, desde la gestión 2021 al 2025, y que su hijo AA nació el 15 de diciembre de 2021; por lo que, ante las dificultades económicas que venía atravesando, mediante Notas presentadas el 21 de diciembre de ese año, 10 de febrero de 2022 y “15” de octubre de 2025, dirigidas al Director General Ejecutivo de dicha entidad -hoy accionado-, solicitó el pago de los subsidios prenatal, natalidad y lactancia en efectivo; ya que, la otorgación en especie sería a destiempo; empero, dichas Notas no fueron tomadas en cuenta por su empleador -ahora accionado- sin considerar que su hijo de dos años de edad tiene discapacidad; en consecuencia, se atentó directamente a los derechos de su hijo menor de edad AA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores; 2) Derecho a la seguridad social; 3) Respecto al pago de los subsidios devengados; 4) Principio del interés superior de los niños y niñas; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2025 de 13 de noviembre, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponer que el Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija del departamento de Pando, si no lo hubiese hecho en virtud a la concesión inicial de la tutela, pague los subsidios prenatal de cinco meses, natalidad un mes y de lactancia doce meses, devengados en favor de la accionante y del menor de edad AA, sea en el plazo de treinta días computables a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo ser cancelados excepcionalmente en dinero; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores
  2. III.2. Derecho a la seguridad social
  3. III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados
  4. III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas
  5. II.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 79009-2025-159-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 118/2025 de 13 de noviembre, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Vanessa Ramallo Endara contra José Luis Méndez Chaurara, Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 5 de noviembre de 2025, cursante de fs. 36 a 41, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Trabajó en ZOFRA de Cobija del departamento de Pando desde el 19 de enero de 2021 hasta la gestión 2025, lo cual comprobó con los aportes realizados a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) ahora -Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo-, cumpliendo sus funciones siempre en el marco del respeto, la eficiencia y eficacia. En ese contexto, el 15 de diciembre de 2021, nació su hijo AA; por lo que, ante las dificultades económicas que viene atravesando, solicitó al Director ahora accionado realice el pago en efectivo de los subsidios de asignaciones familiares mediante las siguientes Notas presentadas: a) El 21 de diciembre de 2021, de subsidio prenatal; b) El 10 de febrero de 2022, el beneficio de lactancia y natalidad; y, c) “La Nota de fecha 15/10/2025 Reiterando la solicitud de asignaciones familiares”(sic); refiriendo que dicho pago sea en efectivo -dinero-; puesto que, la otorgación en especie se haría a destiempo. En consecuencia, su empleador tenía conocimiento del nacimiento de su hijo AA; empero, las .

referidas Notas no fueron tomadas en cuenta, por la autoridad hoy accionada el accionado atentando directamente contra los derechos de su hijo de dos años de edad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y de los niños a percibir las asignaciones familiares; citando al efecto los arts. 45.I.III, 48.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que se realice el pago retroactivo en dinero de las asignaciones familiares correspondientes: 1) Al subsidios prenatal de cinco meses -junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2021 siendo Bs10 000.- (diez mil bolivianos); 2) A la natalidad de diciembre de 2021 siendo Bs2 000.- (dos mil bolivianos); y, 3) Lactancia de doce meses, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 siendo Bs24 000.- (veinticuatro mil bolivianos), haciendo un total de Bs36 000.- (treinta y seis mil bolivianos), sea en el plazo de diez días; puesto que, se trata de atención y protección especial de un menor de edad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 53, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) Trabajó en la entidad ahora accionada en las gestiones 2021 y 2022, lo cual se comprueba con los aportes realizados a la Administradora de AFP o a la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, dentro de esa relación laboral -el 15 de diciembre de 2021-, nació su hijo AA acreditando con Certificado de Nacimiento, Certificado de Nacido Vivo, cédula de identidad y fotocopia de carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes; ii) Mediante varias notas solicitó a la referida entidad el pago de subsidios de lactancia, sin recibir respuesta alguna; siendo una omisión indebida -en la entrega oportuna de los subsidios- en favor de su hijo menor de edad, lo cual vulneró sus derechos a la salud y a las asignaciones familiares, en cuanto a los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, dichas asignaciones familiares no fueron “pagadas” en su oportunidad; es decir, durante la gestación, el nacimiento y lactancia, de igual forma, se vulneró los derechos vinculados con la vida y a la salud; motivo por el cual, interpuso la presente acción de amparo constitucional; iii) El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de .

mayo del 2018, establece como obligación del empleador la prestación de asignaciones familiares, correspondientes a los subsidios prenatal, natalidad y lactancia tanto en el sector público como privado, beneficios que no fueron cancelados pese a que solicitó en reiteradas oportunidades a la indicada entidad, conforme a la Resolución Ministerial (RM) 1676 del 22 de noviembre de 2011, con relación a los pagos retroactivos y la compensación de los mismos; vi) Si bien el Director hoy accionado, presentó su informe mediante memorial, el mismo sólo refiere a “meras maneras” de cumplimiento de formalidad; es decir, respecto al tema de subsidiariedad e inmediatez que la accionante debía cumplir; empero, la amplia jurisprudencia, determinó que esa situación debe gestionarse de manera flexible; ya que, se necesita proteger a ese grupo vulnerable, con relación a los derechos de los niños, en razón al principio del interés superior de los niños y más aún, cuando se tiene conocimiento de que el menor de edad, de referencia sufre de una discapacidad, lo que se comprueba con la fotocopia simple del carnet de discapacidad; y, v) Al respecto existe una flexibilidad en cuanto a los principios de subsidiariedad e inmediatez; asimismo, nos habla de congruencia; empero, no se entiende realmente cuál es el objeto de su petición; toda vez que, los hechos están claros, no existió el pago de las asignaciones familiares tampoco, se demostró a través de un documentado el pago de las mismas o alguna certificación que avale de que esos derechos hubiesen sido precautelados por la citada entidad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Méndez Chaurara, Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija del departamento de Pando, mediante informe presentado el 13 de noviembre de 2025, cursante de fs. 46 a 49 vta., manifestó que: a) A decir de la accionante los supuestos actos u omisiones que restringen o suprimen derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, ocurrieron hasta el 15 de octubre de 2025 -Reiteración- por no cancelarse lo reclamado de pagos de subsidios de natalidad y lactancia de su hijo, nacido el 15 de diciembre de 2021, sin embargo las pretensiones de la nombrada no son admisibles por lo siguiente: 1) La accionante presentó la acción de amparo constitucional fuera del plazo de seis meses de los hechos, que supuestamente hubiesen vulnerado sus derechos y garantías constitucionales; 2) Asimismo, no agotó la “acción judicial que corresponde” constituyéndose como causal de improcedencia- ante la inobservancia del principio de subsidiariedad desarrollado en la SCP 0432/2018-S2 de 27 de agosto; y, 3) No existe congruencia entre “… los hechos expuestos, el petitorio y sujeto pasivo que supuestamente vulnero un derecho constitucional” (sic), conforme estableció la SCP 1234/2017-S3 de 28 de diciembre; y, b) El DS 25933 de 10 de octubre de 2000, modificado por el DS 4017 de 21 de agosto de 2019, indica que: ‘“Setenta y cinco por ciento (75%) para ZAFROCOBIJA, distribuido: i. el treinta por ciento (30%) para Programas y proyectos de pre inversión e inversión. ii. cuarenta y cinco por ciento (45%), destinado a gastos operativos y de funcionamiento de ZOFRACOBIJA.’” (sic), en ese orden la entidad ahora accionada no puede exceder el gasto para las operaciones y funcionamiento .

del 45%, tal como lo requiere la acción de amparo constitucional, generando así responsabilidad para la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -con la intervención del Vocal de la Sala Civil, Social, Familia, de Niñez y Adolescencia Contencioso y Contencioso Administrativo del referido Tribunal-, mediante Resolución 118/2025 de 13 de noviembre, cursante de fs. 54 a 57 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad ahora accionada, en el plazo máximo de treinta días otorgue de manera retroactiva y en efectivo los subsidios devengados consistentes en subsidios prenatal correspondiente a cinco meses, natalidad concerniente a un mes y lactancia correspondiente a doce meses, haciendo total de Bs36 000.- todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Del análisis de los extractos emitidos por la AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se evidencia que la accionante mantenía una relación laboral con ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, -ahora accionada- durante las gestiones en las que se produjo el embarazo y posterior nacimiento de su hijo AA, acreditado con la cédula de identidad, el Certificado de Nacimiento y el Certificado de Nacido Vivo; 2) Tal situación, conforme lo establecido en el DS 21637 de 25 de junio de 1987, genera la obligación al empleador de cumplir con el pago de las asignaciones familiares, reconocidas y reglamentadas por el DS 3546 y el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares; disposiciones que establecen expresamente que el costo de los subsidios prenatal, natalidad y lactancia corren a cargo exclusivo del empleador, sin distinción entre entidades del sector público o privado; 3) De igual forma, de los antecedentes que cursan en obrados particularmente el Certificado de Atención Prenatal -se extiende Libreta de Salud y Desarrollo Integral Infantil- y la “Libreta de Familia”, se evidencia que la accionante cumplió con los controles médicos prenatales y postnatales en la Caja Nacional de Salud (CNS), institución que emitió el Formulario AVC-06, por el cual, se evidencia que corresponde el subsidio de lactancia para el menor AA hasta el 15 de diciembre de 2022; de esos elementos analizados se constata que la accionante reunió todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a las prestaciones de las asignaciones familiares, así demostró: a) La existencia de la relación laboral con la citada entidad; b) El nacimiento del hijo dentro de la referida relación laboral; y, c) La omisión del pago de las asignaciones familiares por parte de la indicada entidad; ya que, lejos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, se limitó a formular observaciones formales sobre la procedencia de la acción de amparo constitucional, alegando los principios de subsidiariedad e inmediatez, sin aportar prueba alguna que demuestre haber realizado el pago de los subsidios correspondientes; 4) En ese marco, corresponde establecer que la mencionada entidad tenía la obligación legal e ineludible de asumir los gastos relativos a la otorgación de las asignaciones familiares, en cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social y protección a la maternidad e infancia; sin embargo, a pesar de las reiteradas .

solicitudes y al cumplimiento de todos los requisitos legales y médicos por parte de la beneficiaria -accionante-, la nombrada entidad incumplió su deber de otorgar los subsidios, prenatal, natalidad y lactancia constituyéndose así una vulneración a los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y a la protección de la maternidad y la niñez, reconocidos por los arts. 45, 48, 59 y 60 de la CPE; y, 5) La finalidad de los subsidios prenatal, natalidad y lactancia es precisamente garantizar una nutrición adecuada y oportuna del binomio madre-hijo, asegurando el bienestar integral de ambos en una etapa de especial vulnerabilidad, conforme lo disponen las normas de seguridad social y los principios de protección a la maternidad y la niñez reconocidos por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Salud de la Madre emitido por la CNS del municipio de Cobija del departamento de Pando, perteneciente a María Vanessa Ramallo Endara -ahora accionante-, en el que se consignó controles prenatales (fs. 2 y vta.). II.2. Consta Libreta de Salud y Desarrollo Integral Infantil correspondiente al hijo de la accionante (fs. 3 a 20). II.3. A través del Certificado de Atención Prenatal de 15 de septiembre de 2021, la CNS habilitó a la accionante para el subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de gestación (fs. 22). II.4. Consta Certificado de Nacido Vivo del menor de edad AA, de 15 de diciembre de 2021, registrando como su progenitora a la accionante (fs. 23).

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II.5. Cursa Certificado de Nacimiento 1842769 perteneciente al menor de edad AA, nacido el 15 de diciembre de 2021; registrando como sus padres Toshio Yamamoto de Melo y la accionante (fs. 24). II.6. Consta Carnet de Discapacidad 09-202112115 NYB perteneciente al menor de edad AA, en el que se consigna una discapacidad mental, grado de discapacidad moderada, con vigencia desde el 10 de abril mayo de 2025 hasta el 10 de ese mes de 2031, expedido por el Ministerio de Salud y Deportes (fs. 27). II.7. A través de la Nota presentada el 21 de diciembre de 2021, ante José Luis Méndez Chaurara, Director General Ejecutivo de ZOFRA de Cobija del departamento de Pando -hoy accionado-; la accionante solicitó subsidio prenatal (fs. 30). II.8. Mediante Nota presentada el 10 de febrero de 2022, ante el Director hoy accionada; la accionante solicitó el beneficio de lactancia (fs. 29). II.9. Cursa Memorando ZFC/UAF/RRHH/009/2022 de 15 de febrero, emitido por el Director ahora accionado, designando a la accionante como Operador Sidunea (fs. 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud seguridad social, y de los niños a percibir las asignaciones familiares; puesto que, trabajó en ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, desde la gestión 2021 al 2025, y que su hijo AA nació el 15 de diciembre de 2021; por lo que, ante las dificultades económicas que venía atravesando, mediante Notas presentadas el 21 de diciembre de ese año, 10 de febrero de 2022 y “15” de octubre de 2025, dirigidas al Director General Ejecutivo de dicha entidad -hoy accionado-, solicitó el pago de los subsidios prenatal, natalidad y lactancia en efectivo; ya que, la otorgación en especie sería a destiempo; empero, dichas Notas no fueron tomadas en cuenta por su empleador -ahora accionado- sin considerar que su hijo de dos años de edad tiene discapacidad; en consecuencia, se atentó directamente a los derechos de su hijo menor de edad AA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores; 2) Derecho a la seguridad social; 3) Respecto al pago de los subsidios devengados; 4) Principio del interés superior de los niños y niñas; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores

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La SCP 0404/2025-S1 de 5 de mayo citó a la SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre, y señala que: “La jurisprudencia constitucional con relación a la excepción del principio de subsidiariedad tratándose de mujeres embarazadas, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: ‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ (…); en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…’. En ese estado de cosas, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: ‘Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa’. De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que la niña o niño cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Derecho a la seguridad social

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El art. 45 de la CPE, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo lo siguiente:

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas son nuestras). De igual forma, el art. 48.I de la Norma Suprema, instituye que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y en su parágrafo IV el referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal, natalidad y lactancia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con relación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales (DESCA) en el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, en la Sentencia de 1 de octubre de 2021, señaló que: “…existen dos tipos de obligaciones que derivan del reconocimiento de los DESCA, conforme al artículo 26 de la Convención: aquellas de exigibilidad inmediata, y aquellas de carácter progresivo. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con las primeras (obligaciones de exigibilidad inmediata), los Estados deberán adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud, garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en general avanzar hacia la plena efectividad de los DESCA. Respecto a las segundas (obligaciones de carácter progresivo), la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización .

de los derechos alcanzados. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno…” (las negrillas nos corresponden), de igual manera, respecto al derecho a la seguridad social como parte de los DESCA refirió que: “…el derecho a la seguridad social es de fundamental importancia para garantizar la dignidad de las personas y para hacer frente a circunstancias que privan del ejercicio de otros derechos…” ; por lo tanto, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas de orden interno que permitan proteger y materializar el derecho a la seguridad social del capital humano con la finalidad de garantizarles una vida digna, con calidad y calidez; medidas que deberán ser progresivas frente a los derechos alcanzados, para evitar situaciones que generen discriminación.

III.3. Respecto al pago de los subsidios devengados

La SCP 0363/2025-S1 de 30 de abril, señala que: «“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable. Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, (...) tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’”. Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido- en consonancia con el .

principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio. Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña. Asimismo, en cuanto al monto por concepto de asignaciones familiares, la SCP 0074/2022-S1 de 18 de abril, reiterada por Sentencias Constitucionales Plurinacionales posteriores, señaló lo siguiente: Posteriormente, mediante DS 3546 de 1 de mayo de 2018 se efectuó una segunda modificación del art. 25 del DS 21637, esta vez, estableciendo un monto fijo para el pago de los subsidios, señalando textualmente que: “ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:

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a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones”. En efecto, del texto normativo citado precedentemente, el equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. La aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, también hace referencia a la emisión de Reglamentos emitidos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares, señalando que se encuentra vigente la siguiente norma: El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, se constituye en único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, ya que conforme fue establecido en su Disposición Derogatoria Única: “De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

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III.4. Principio del interés superior de los niños y niñas

El interés superior de los niños y niñas es un principio reconocido por la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales y normas infraconstitucionales. El art. 60 de la CPE, determina que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Asimismo, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- respecto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en su art. 220 inc. k), establece que: “…las autoridades judiciales al adoptar toda decisión, disposición o acción jurisdiccional en la que se involucre una niña, niño o adolescente, se guiarán en interés de éstos, precautelando sus derechos, con preeminencia, primacía y prioridad con relación a los demás sujetos”. En el Caso Vera Rojas y Otros Vs. Chile, la Corte IDH advirtió que el interés superior de los niños y niñas constituye un principio regulador de toda normativa relativa a los derechos de la niñez, por lo cual el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, prevé que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a la niñez por la referida Convención. En ese sentido, en el citado Caso la Corte IDH, estableció que el interés superior del niño tiene un triple concepto, al ser: “…a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos”. Por consiguiente, dicha Corte consideró que el principio del interés superior del niño se constituye en un mandato de priorización de los derechos de las niñas y niños frente a cualquier decisión que pueda afectarlos, ya sea de manera positiva o negativa, tanto en el ámbito judicial, administrativo y legislativo. De esta forma, el Estado debe garantizar que las normas y actos estatales no afecten .

el derecho de los niños y niñas con la finalidad de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos a los mismos, haciendo especial énfasis en que es deber de los Estados situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo. La SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló que: “Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado…

(…)

…deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados- (…)” La SCP 0719/2020-S4 de 12 de noviembre, señala que: “…El principio de interés superior del niño o niña, también conocido como el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores; así se trata de superar dos posiciones extremas, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a menores, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro, puesto que todo niño, niña o adolescente es titular de los derechos que le son inherentes. Las obligaciones del Estado con respecto a las niñas, niños y adolescentes, implican, además de facilitar una mediación adulta que siempre los considere sujetos de derechos, que tales derechos puedan ser ejercidos y protegidos por medios prácticos y efectivos a través del actuar de todas las instancias del Estado, las cuales deberán tomar en cuenta el carácter integral de los derechos humanos. Siguiendo a la misma autora, dicha obligación reforzada se expresa a través del efecto útil de los derechos de los niñas, niños y adolescentes; es decir, que los mismos tengan sentido en la vida y práctica del sujeto titular de ellos, puesto que deben ser expresados en medios efectivos y prácticos para su protección y ejercicio, tales como la actuación oficiosa del Estado para la protección de niños, niñas y adolescentes; la obligación de exhaustividad para atender la causa de pedir; la obligación de aplicar el principio superior del niño en temas que afectan a la infancia; y, adicionalmente, garantizar un Estado útil para la infancia, mediante la asistencia y .

representación suficientes y adecuadas para el ejercicio de sus derechos; y, la integralidad en la atención y protección de sus derechos” (las negrillas nos pertenecen).

II.5. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud a la seguridad social, y de los niños a percibir las asignaciones familiares; puesto que, trabajó en ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, desde la gestión 2021 al 2025, y que su hijo AA nació el 15 de diciembre de 2021; por lo que, ante las dificultades económicas que venía atravesando, mediante Notas presentadas el 21 de diciembre de ese año, 10 de febrero de 2022 y “15” de octubre de 2025, dirigidas al Director General Ejecutivo de dicha entidad -hoy accionado-, solicitó el pago de los subsidios prenatal, natalidad y lactancia en efectivo; ya que, la otorgación en especie sería a destiempo; empero, dichas Notas no fueron tomadas en cuenta por su empleador -ahora accionado- sin considerar que su hijo tiene más de dos años de edad, tiene discapacidad; en consecuencia se atentó directamente a los derechos de su hijo menor de edad AA . De la revisión de los antecedentes, se tiene que cursar Carnet de salud de la madre emitido por la CNS del municipio de Cobija del departamento de Pando, perteneciente a la accionante, en el que se consignó controles prenatales (Conclusión II.1.); asimismo, consta Libreta de Salud y Desarrollo Integral Infantil correspondiente al del hijo de la accionante (Conclusión II.2.); de igual forma a través del Certificado de Atención Prenatal de 15 de septiembre de 2021, la CNS habilitó a la accionante para el subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de gestación (Conclusión II.3.); también, consta Certificado de Nacido Vivo del menor de edad AA, nacido el 15 de diciembre de 2021, registrando como su progenitora a la accionante (Conclusión II.4.); de igual forma cursa Certificado de Nacimiento 1842769 perteneciente al menor de edad AA, nacido el 15 de diciembre de 2021; registrando como sus padres Toshio Yamamoto de Melo y la accionante (Conclusión II.5.); asimismo, consta Carnet de Discapacidad 09-202112115 NYB perteneciente al menor de edad AA, en el que se consigna una discapacidad mental, grado de discapacidad moderada, con -vigencia desde el 10 de abril mayo de 2025 hasta el 10 de ese mes de 2031, expedido por el Ministerio de Salud y Deportes (Conclusión II.6.). En ese orden, la accionante a través de la Nota presentada el 21 de diciembre de 2021, al Director General Ejecutivo de ZOFRA de Cobija del departamento de Pando -ahora accionado-; solicitó subsidio prenatal (Conclusión II.7.), mediante Nota presentada el 10 de febrero de 2022, ante el Director -hoy accionado- solicitó el beneficio de lactancia (Conclusión II.8.), de igual forma, cursa Memorando ZFC/UAF/RRHH/009/2022 de 15 de febrero, emitido por el Director ahora accionado, designando a la accionante como Operador Sidunea (Conclusión II.9.).

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Con carácter previo, es preciso aclarar que en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares dentro de las cuales están contempladas los subsidios prenatal, natalidad, lactancia y sepelio, al encontrarse directamente vinculados al derecho a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser, se debe realizar abstracción del principio de subsidiariedad; ya que, por la prioridad en su atención no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, conforme a lo citado por el Fundamento Jurídico III.1., del presente fallo constitucional.

Con relación a la seguridad social y las asignaciones familiares En ese contexto, el Director hoy accionado, en su informe se limitó a realizar observaciones formales con relación a la procedencia de la acción de amparo constitucional, basándose en los principios de subisdieariedad e inmediatez; además, no acreditó con prueba la cancelación del pago de los subsidios solicitados por la accionante; sin embargo, en el presente caso se tiene el Certificado de Atención Prenatal expedido por la Caja Nacional de Salud otorgando a partir del 15 de septiembre de 2021 la habilitación de la accionante para el subsidio prenatal, quien mediante Notas presentadas el 21 de diciembre de 2021, 10 de febrero de 2022, y “15” de octubre de 2025, dirigidas al Director ahora accionado, solicitó los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, sin recibir respuesta de parte del citado Director; más aun, no se consideró que el menor AA tiene discapacidad. Con relación al subsidio prenatal Este subsidio se instituye en una asignación familiar destinada a proteger la salud de la madre gestante, garantizando una alimentación adecuada durante el embarazo. En ese sentido, el empleador no puede justificar su omisión con base en trámites internos o limitaciones administrativas; ya que, la norma constitucional y el Código de Seguridad Social imponen su cumplimiento obligatorio, oportuno y directo. De acuerdo a lo establecido por el art. 4 inc. d) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado mediante RA 0101/2021, el subsidio prenatal debe ser entregado en especie y de manera mensual, a partir del primer día del quinto mes de gestación. No obstante, el art. 28 del citado Reglamento permite, excepcionalmente, su compensación retroactiva en dinero; empero, únicamente cuando se hubiese incumplido la entrega en especie y hubiese transcurrido más de un año, desde el nacimiento del menor de edad, previo análisis y autorización expresa de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS). En el presente caso, de acuerdo a los datos del cuaderno procesal y a lo alegado en audiencia de la consideración de la acción de amparo constitucional, la accionante no recibió cinco meses del subsidio prenatal, .

cuyo objetivo es precisamente apoyar nutricionalmente a la mujer embarazada; por lo que, debe concederse la tutela al respecto. Respecto al subsidio de natalidad El marco normativo vigente -particularmente el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado mediante RA 0101/2021- determina que el subsidio de natalidad debe ser entregado mensualmente y en especie debiendo ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, proceder a la cancelación del beneficio. Ahora bien, conforme a los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que la accionante mantuvo una relación laboral desde las gestiones de 2021 al 2025, en ese transcurso nació el 15 de diciembre de 2021, su hijo AA; así mismo, por los documentos arrimados al cuaderno procesal se puede evidenciar que realizó sus respectivos controles médicos se tiene que corresponde el pago de los subsidios de natalidad correspondiente a Bs2 000.- en efectivo por única vez. Finalmente, se tiene que mediante Nota de 10 de febrero de 2022, la accionante solicitó al Director -ahora accionado-que le otorgue el beneficio de lactancia y “nacido vivo” de su hijo AA, sin merecer respuesta del nombrado; por lo que, debe concederse la tutela al respecto. Respecto al subsidio de lactancia El marco normativo vigente -particularmente el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado mediante RA 0101/2021- establece que el subsidio de lactancia debe ser entregado mensualmente y en especie; sin embargo, esta regla responde a la finalidad inmediata de garantizar una alimentación directa, balanceada y oportuna para el recién nacido durante su primera etapa de vida. En este sentido, la entrega en especie es la forma ordinaria y preferente; puesto que, permite un control de calidad de los productos y busca asegurar el acceso efectivo a nutrientes esenciales para el lactante; empero, esta forma de entrega pierde sentido y eficacia cuando el empleador incurrió en una mora prolongada que impide al beneficiario acceder al subsidio dentro del plazo que resulta funcional a su propósito. En este caso, el menor de edad cuenta con más de tres años de vida, y ZOFRA de Cobija del departamento de Pando, omitió la entrega de doce subsidios de lactancia desde enero de 2022. Ante esa omisión, la accionante madre del menor de edad AA fue quien asumió con sus propios recursos los gastos de alimentación, sustituyendo de hecho al empleador en el cumplimiento de una obligación ineludible derivada del régimen de seguridad social. En ese marco, si el subsidio de lactancia fuera entregado en especie; posteriormente, y de forma acumulada; ello ya no cumpliría su finalidad protectora; ya que, los productos alimenticios que debían ser proporcionados cada mes ya fueron consumidos o reemplazados por otros .

financiados por la propia accionante como madre del menor de más tres años de edad, lo cual implica que la entrega tardía solo generaría variación e incumplimiento del objeto material de ese subsidio. Por consiguiente, con base en los principios constitucionales de oportunidad, favorabilidad, interés superior del niño y progresividad de los derechos sociales, resulta jurídicamente admisible y exigible que la entidad hoy accionada compense retroactivamente en -dinero- los subsidios de lactancia no entregados, en tanto su otorgamiento en especie se torna materialmente inútil. Esta medida no solo se ajusta a una interpretación finalista del derecho a la seguridad social -art. 45 de la CPE- sino que también se orienta a restablecer la eficacia de un derecho cuya protección ya fue desvirtuada por la mora institucional, reafirmando el carácter efectivo y no meramente formal de las prestaciones sociales, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada. Conforme a todo lo expuesto, se advierte que se vulneraron los derechos a la seguridad social de la accionante, que se encuentran estrictamente vinculados a los derechos a la vida y a la salud de su hijo menor de edad AA, al no otorgarle oportunamente los subsidios reclamados en esta acción de amparo constitucional; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada y disponer el pago retroactivo de subsidio prenatal correspondiente a cinco meses, de un mes de natalidad y de lactancia doce meses. Con relación al interés superior de los niños y niñas; y, el pago retroactivo en dinero de las asignaciones familiares Respecto a la solicitud de la accionante con referencia a que las asignaciones familiares deban ser compensadas en dinero, resulta importante desarrollar lo señalo en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, que refiere a que las autoridades y los responsables de la toma de decisiones en cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor, deberán aplicar el principio del interés superior de los niños y niñas en todas sus interpretaciones, garantizando el goce efectivo de sus derechos, como es el caso de los niños y niñas no nacidos y los menores de un año de edad, reglamentando políticas de protección de la vida y salud, dentro del cual se encuentran las asignaciones familiares y sus disposiciones especiales que forman parte de las normas de seguridad social que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social a efecto de proteger la salud del recurso humano, la continuidad de sus medios de subsistencia y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; en consecuencia, materializar el pago de las asignaciones familiares es resguardar los derechos a la seguridad social del binomio madre-hijo, debiendo el empleador otorgar los mismos de manera .

oportuna, con la finalidad de cubrir las necesidades reales y acorde a la etapa de desarrollo de los nombrados; por lo que, la entidad ahora accionada al no otorgar cinco subsidios prenatal, uno de natalidad y doce de lactancia de forma oportuna y continua, no permitió que el mismo cumpla su finalidad, que es el de otorgar a la madre y al nuevo ser de productos alimenticios inocuos y con alto valor nutricional que coadyuven al desarrollo y nutrición acorde a la etapa evolutiva de los mismos; consiguientemente, determinar su pago en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad; por lo tanto, en resguardo del interés superior del menor de edad AA resulta viable determinar su pago en dinero. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2025 de 13 de noviembre, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponer que el Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija del departamento de Pando, si no lo hubiese hecho en virtud a la concesión inicial de la tutela, pague los subsidios prenatal de cinco meses, natalidad un mes y de lactancia doce meses, devengados en favor de la accionante y del menor de edad AA, sea en el plazo de treinta días computables a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo ser cancelados excepcionalmente en dinero; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0129_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4f1bcbc5c1d1f0b8c74abc12f607a0d7b86734c2630c3193406376eca2806856

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