B.IA.LEGAL

SCP 0129/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50293-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad, eficacia y acceso a la justicia; puesto que, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, se emitió el Auto Interlocutorio 229/2022 de 16 de agosto, el cual determinó la aplicación de medidas sustitutivas de la detención preventiva, cuando correspondía que se determine su libertad irrestricta; motivo por el que, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 907/2022 de 4 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos de este fallo constitucional: a) Disponiendo, la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo máximo de veinticuatro horas de notificada esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la salvedad de que por el transcurso del tiempo y en cumplimiento a la resolución del Juez de garantías, dicha remisión ya hubiese sido efectuada. 2o Exhortar al Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, ambos de El Alto del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. 3o Exhortar a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto de que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, remitan toda la documentación pertinente, conforme prevé el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50293-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 907/2022 de 4 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richardson y Danny Freddy, ambos de apellidos Nina Cuellar contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto y Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, ambos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 11, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022201530; en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, al concurrir las causales previstas por el art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), desvirtuaron la probabilidad de autoría; por lo que, correspondía que se les otorgue su libertad pura y simple; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 229/2022 de 16 de agosto, sin que exista fundamentación y motivación se dispuso su detención domiciliaria, más la fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), entre otras medidas cautelares sustitutivas de la detención preventiva. Bajo esos antecedentes, en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, conforme con lo previsto por el art. 251 del CPP, interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 229/2022, solicitando que los antecedentes sean remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con la mayor celeridad en el plazo de veinticuatro horas; asimismo, se cubrieron con los recaudos de ley para armar el legajo de apelación; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa ese legajo no fue remitido pese a las insistencias verbales efectuadas, el Juez y la Secretaria ahora accionados dejaron transcurrir más de quince días, sin transcribir el referido Auto Interlocutorio como el Acta de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 16 de agosto de 2022, sobrepasando el plazo razonable de tres días para esa remisión.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad, eficacia y acceso a la justicia; citando al efecto el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la remisión del legajo de apelación incidental de 16 de agosto de 2022 y los elementos de prueba presentados en la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, ante la instancia superior en grado, conforme con lo previsto por el art. 251 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29, y en formato de Disco Compacto (CD), se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 4 de septiembre de 2022, cursante de fs. 22 a 25, manifestó que: a) Se debe tener presente que fue designada en suplencia legal del referido Juzgado desde el 27 de junio del citado año; en esa condición, el 16 de agosto de igual año, emitió el Auto Interlocutorio 229/2022; asimismo, ante la interposición del recurso de apelación incidental por el abogado defensor de los accionantes se ordenó a la Secretaria hoy coaccionada, la remisión de los antecedentes del mismo al Tribunal de alzada a efectos de su resolución, conforme establece el art. 251 del CPP; b) De la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), se tiene que el citado recurso de apelación fue remitido y sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 23 de agosto de 2022, previa notificación al Ministerio Público y a la víctima; ya que, dicho Auto Interlocutorio fue emitido el 16 de igual mes y año, a las 21:17 horas, a pesar de que su autoridad consultó a la Secretaria ahora coaccionada vía WhatsApp si cumplió con la respectiva remisión, no obtuvo respuesta alguna; c) No es cierto que los accionantes insistieron de manera constante la remisión extrañada; ya que, el abogado de los nombrados en ningún momento se apersonó al Juzgado que se encuentra a su cargo para poner en conocimiento que la Secretaria hoy coaccionada no estuviese cumpliendo con sus obligaciones; así tampoco presentó memorial alguno haciendo efectivo ese reclamo; d) Se debe tener presente que las obligaciones específicas del cargo de secretaria se encuentran establecidas por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; en consecuencia, la remisión de antecedentes del respectivo legajo de apelación no es atribuible a su autoridad, al contrario es de responsabilidad de la Secretaria ahora coaccionada; por lo tanto, su persona no cuenta con la legitimación pasiva en esta acción de defensa; y, e) La SCP 0396/2020-S3 de 3 de agosto, dispone una excepción a la sub regla respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, determinando tres supuestos, entre ellos, el incumplimiento de las instrucciones impartidas por el superior en grado; por consiguiente, la Secretaria hoy coaccionada adquiere la legitimación pasiva al adecuar su actuar en dicho supuesto; ya que, no cumplió con sus obligaciones específicas, más aun, cuando desobedeció una orden expresa. Por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 4 de septiembre de 2022, cursante a fs. 26 y vta., manifestó que: 1) Mediante el Auto Interlocutorio 229/2022 se conminó a la parte apelante -accionantes- a cubrir los recaudos correspondientes para la obtención de las fotocopias del legajo de apelación incidental; sin embargo, ni los nombrados como tampoco su abogado se apersonaron al mencionado Juzgado en el plazo respectivo; no obstante, mediante Auxiliatura se tomó contacto con el citado abogado solicitando que se apersone a efectos de procurar las fotocopias de ese legajo de apelación, tomando en cuenta que la prueba presentada era de una cantidad considerable; 2) El miércoles 31 de agosto de 2022, recién se apersonó un familiar de los accionantes para sacar las fotocopias correspondientes al recurso de apelación incidental; empero, lo hizo de manera incompleta y no retornó para completar las mismas; 3) Las boletas de fotocopias recién fueron restituidas al indicado Juzgado el 2 de septiembre de igual año, con una autorización de mil copias. En ese entendido, es que en dicha fecha haciendo uso de esas boletas se completó las fotocopias faltantes y se armó el legajo correspondiente para la remisión del citado recurso de apelación interpuesto ante la Sala Penal correspondiente para su recepción, a pesar de la recargada labor por la que atraviesa ese Juzgado; sin embargo, los funcionarios de la mencionada Sala Penal, previa revisión del indicado legajo de apelación, lo observaron señalando que faltaba el CD de la grabación de la audiencia y que no cursaban las notificaciones al Ministerio Público y la víctima, pidiendo que las citadas observaciones sean subsanadas y que el mismo legajo de apelación sea remitido el “lunes” por la mañana -se entiende el 5 de igual mes y año-; ya que, es el único horario de recepción; y, 4) Se aclara que su persona no puede correr con los gastos para la obtención de las respectivas fotocopias para las remisiones de los recursos de apelación; asimismo, la parte apelante debió cumplir con lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 229/2022. Por todo lo expuesto, solicita que la acción de libertad sea “rechazada”.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 907/2022 de 4 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., concedió la tutela solicitada respecto a la Secretaria ahora coaccionada, disponiendo que remita en el día el legajo de apelación incidental interpuesto por los accionantes, sin mayor trámite o justificativo alguno, bajo responsabilidad; y, denegó la tutela solicitada con relación al Juez hoy accionado; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, clasificó a los tipos de acción de libertad, encontrándose entre ellos, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual es aplicable al presente caso; ii) No se advierte que el Juez ahora accionado con su conducta hubiese vulnerado algún derecho o garantía constitucional, más aún, cuando las funciones y atribuciones de cada funcionario judicial se encuentran establecidas en la Ley del Órgano Judicial; y, iii) Respecto a la Secretaria hoy coaccionada, se evidencia que tiene la responsabilidad y se encuentra a cargo de los cuadernos de control jurisdiccional; en ese contexto, dicha funcionaria inobservó sus funciones y responsabilidad, haciendo caso omiso a la línea jurisprudencial marcada por la SC 0234/2011-R de 16 de marzo, que precisó que todo funcionario judicial al momento de ejercer sus funciones debe acelerar los trámites judiciales o administrativos inherentes a sus responsabilidades, evitando dilaciones indebidas e innecesarias; en consecuencia, la referida Secretaria, con su comportamiento pasivo al no remitir el citado legajo de apelación vulneró el derecho de “prima” ratio, tomándose en cuenta que el mismo debe ser remitido de oficio sin la necesidad de que los sujetos procesales cubran costas o montos económicos al existir la posibilidad de remitir el cuaderno de control jurisdiccional en original.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio 229/2022 de 16 de agosto, emitido por Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de Richardson y Danny Freddy, ambos de apellidos Nina Cuellar -hoy accionantes-, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio, en aplicación del art. 251 del CPP, se concedió el mismo y se dispuso que por Secretaría se remitan los antecedentes al Tribunal de alzada a efectos de su resolución, conminando a la parte apelante -accionantes- a cubrir con los recaudos de ley correspondientes para las fotocopias del legajo del indicado recurso, sea dentro del plazo de remisión, bajo su responsabilidad. Debiendo previamente notificarse al Ministerio Público y a la víctima (fs. 8 a 9 vta.). II.2. Cursa impresión de captura de pantalla del SIREJ de 4 de septiembre de 2022, correspondiente al caso con CUD 201502022201530, referente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes; en la que, se advierte que el 23 de agosto de ese año, se realizó el reparto del recurso de apelación incidental interpuesto por los nombrados ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad, eficacia y acceso a la justicia; puesto que, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, se emitió el Auto Interlocutorio 229/2022 de 16 de agosto, el cual determinó la aplicación de medidas sustitutivas de la detención preventiva, cuando correspondía que se determine su libertad irrestricta; motivo por el que, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de

recaudos La SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte”’(las negrillas nos pertenecen).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, refirió que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; así como, a los principios de celeridad, eficacia y acceso a la justicia; puesto que, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, se emitió el Auto Interlocutorio 229/2022 de 16 de agosto, el cual determinó la aplicación de medidas sustitutivas de la detención preventiva, cuando correspondía que se determine su libertad irrestricta; motivo por el que, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa los respectivos antecedentes no fueron remitidos ante la Sala Penal de turno, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP. Establecido el problema jurídico planteado a resolver y en el contexto de los antecedentes señalados, se tiene que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales; en ese sentido, en cuanto a la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, señala que tiene que ser efectuada de manera obligatoria en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, establecido por el art. 251 del CPP, ante el Tribunal de alzada sin que se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. En ese entendimiento, a efectos de resolver la problemática planteada en esta acción de defensa, se procederá a analizar la actuación del Juez y la Secretaria ahora accionados. Con relación al Juez hoy accionado

De la revisión de antecedentes, se advierte que por Auto Interlocutorio 229/2022, el Juez ahora accionado, en aplicación del art. 251 del CPP, dispuso que por Secretaría de Juzgado se remitan los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conminando a los nombrados a cubrir con los recaudos de ley correspondientes para las fotocopias del legajo de esa apelación en el plazo previsto para dicha remisión, debiendo previamente notificarse al Ministerio Público y a la víctima (Conclusión II.1.); en consecuencia, una vez emitido ese Auto Interlocutorio, la autoridad judicial hoy accionada, tenía el plazo de veinticuatro horas para remitir el indicado recurso de apelación incidental; sin embargo, como se desarrollará más adelante, la citada remisión no fue efectuada por la Secretaria ahora coaccionada. En ese sentido, es necesario precisar que el Juez de la causa es el directo responsable del personal de apoyo jurisdiccional que se encuentra a su cargo; en consecuencia, tiene la obligación de impartir instrucciones a ese personal; además, de realizar el respectivo seguimiento a las órdenes emitidas por su autoridad, caso contrario asume responsabilidad inmediata ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, como se estableció en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente, conforme con lo mencionado el Juez hoy accionado al no realizar el seguimiento de lo ordenado por él mismo mediante Auto Interlocutorio 229/2022 y cerciorarse que la Secretaria del Juzgado del cual ejercía suplencia legal, ahora coaccionada, cumpla con sus funciones y remita el recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de manera física y no conformarse con la revisión del SIREJ; en el cual, figura que el 23 de agosto de 2022, se efectuó el reparto del señalado recurso de apelación a la indicada Sala Penal (Conclusión II.2.), incumplió su deber de control jurisdiccional, asumiendo una actitud pasiva que permitió que se genere una dilación en la tramitación y resolución de la situación jurídica de los accionantes. Por otra parte, de acuerdo al informe presentado por el Juez hoy accionado en esta acción de defensa, el cual no fue refutado por los accionantes, se advierte que mencionó que el sorteo y “remisión” del recurso de apelación incidental interpuesto fue efectuado recién el 23 de agosto de 2022, debido a que previamente se tenía que notificar al Ministerio Público y a la víctima; sin embargo, dicha aseveración no resulta ser un justificativo válido para la demora generada en la remisión del citado recurso de apelación; puesto que, dichas notificaciones debieron ser practicadas de acuerdo con lo previsto por los arts. 160, 161 y 162 del CPP. Por todo lo expuesto, el Juez ahora accionado, adquiere responsabilidad en esta acción de defensa respecto a la demora en la remisión y tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, no siendo un justificativo válido para el incumplimiento de sus funciones de control jurisdiccional, la excesiva carga procesal o la suplencia legal que estaba asumiendo; ya que, dejó transcurrir de manera pasiva aproximadamente diecisiete días desde que emitió el Auto Interlocutorio 229/2022, omitiendo imprimir la celeridad que es preeminente en trámites que se encuentren vinculados con el derecho a la libertad. Respecto a la Secretaria ahora coaccionada Previamente al análisis de las actuaciones de la Secretaria hoy coaccionada, es necesario efectuar una aclaración en cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional. Conforme con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional dichos funcionarios adquieren tal legitimación cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1); asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, si no que incluye también las omisiones de diligencias administrativas, entre éstas, el incumplimiento de plazos procesales para la remisión del legajo de apelación, o la falta o inoportuna elaboración del mismo. Por consiguiente, en el marco del entendimiento mencionado, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 229/2022, se ordenó que por Secretaría de Juzgado se remitan los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes ante el Tribunal de alzada, conforme con lo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, la Secretaria ahora coaccionada hasta la interposición de esta acción tutelar no remitió lo ordenado, alegando que los accionantes no se apersonaron a su Juzgado en el respectivo plazo para la provisión de los recaudos de ley encomendados, y que cuando lo hizo entregó fotocopias incompletas del legajo del recurso de apelación incidental; asimismo, una vez que obtuvo las boletas de fotocopias completó ese legajo e intentó presentarlo ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, los funcionarios de esa Sala Penal observaron la falta del CD de la grabación de la audiencia y las notificaciones al Ministerio Público y a la víctima, indicándole que una vez subsanadas las mismas, el respectivo legajo sea remitido el “lunes” por la mañana -se entiende el 5 de septiembre de 2022-. En ese contexto, se advierte que la Secretaria hoy coaccionada adquirió legitimación pasiva en esta acción de defensa, al incumplir lo ordenado mediante Auto Interlocutorio 229/2022 y omitir la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, siendo ésta una función y obligación del cargo que ejerce, obviando atender con la mayor celeridad los trámites en los que se encuentra vinculado el derecho de libertad, como en el presente caso, tomando en cuenta que la falta de provisión de los recaudos de ley encomendados a la parte accionante, no es un óbice para la remisión de dichos antecedentes; ya que, los mismos pueden ser enviados en original, ello en aplicación de los principios de gratuidad, pro actione y en resguardo de los derechos de impugnación y acceso a la justicia; asimismo, dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional en un intento de remitir esos antecedentes, lo hizo de manera negligente, sin tener el cuidado de verificar que se encuentren completos y así evitar la observación efectuada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y consecuente rechazo de recepción. En conclusión, el Juez y la Secretaria ahora accionados ocasionaron una dilación indebida al omitir la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes en el plazo previsto por el art. 251 del CPP, ocasionando un retraso en la resolución de su situación jurídica, por aproximadamente diecisiete días, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad, tutela judicial efectiva, eficacia y acceso a la justicia con relación al derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el entendido de que la naturaleza de la misma es únicamente acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se advierten dilaciones indebidas o incumplimiento de plazos procesales, como ocurrió en ese caso; aclarando que la determinación de la situación jurídica de los nombrados dependerá de las autoridades judiciales que resuelvan el recurso de apelación incidental planteado.

Otras consideraciones con relación a la remisión de actuados de la acción de libertad El art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que en los procedimientos ante juezas, jueces y tribunales en acciones de defensa, el expediente constará por escrito y estará integrado por: “a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad.

b) El auto de admisión y las providencias que se emitan.

c) Las notificaciones que correspondan.

d) El informe o contestación a la acción.

e) Los documentos que contengan elementos de prueba.

f) El acta de audiencia.

g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa”

(las negrillas nos pertenecen). Del marco normativo antes citado, se concluye que los Jueces y Tribunales de garantías y ahora las Salas Constitucionales, en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento, tienen el deber de remitir en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, las piezas procesales señaladas precedentemente, evitando que la falta de una de ellas provoque dilaciones innecesarias en la resolución de la problemática jurídica y en el presente caso, el Juez de garantías, omitió remitir el acta completa de audiencia de consideración de la acción tutelar de 4 de septiembre de 2022, limitándose al envío de un CD y el acta que consigna únicamente el orden de la intervención de las partes procesales, sin transcribir las intervenciones completas. Finalmente, por lo señalado, corresponde exhortar a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto de que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, remitan toda la documentación pertinente conforme dispone el art. 29.4 del CPCo.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 907/2022 de 4 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos de este fallo constitucional: a) Disponiendo, la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo máximo de veinticuatro horas de notificada esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la salvedad de que por el transcurso del tiempo y en cumplimiento a la resolución del Juez de garantías, dicha remisión ya hubiese sido efectuada. 2o Exhortar al Juez de Instrucción Penal Séptimo, en suplencia legal de su similar Sexto y a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, ambos de El Alto del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada. 3o Exhortar a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto de que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, remitan toda la documentación pertinente, conforme prevé el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional, de acuerdo con lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0129_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9c72eda89474247e401ea31e0911ec4e177c9b8b77453ba44e950c839c7c329a

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