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SCP 0129/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47777-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho al acceso a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no evacuó la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo dispuesta por la autoridad jurisdiccional, incumpliendo lo establecido por la norma legal, perjudicando el trámite de libertad condicional solicitado y autorizado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2.Trámite de la libertad condicional. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2024-S4 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47777-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Gustavo Arias Pizarro en representación sin mandato de Diego Mauricio Mayta Arias contra David Machicado, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2022, cursante a fs. 6 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la comisión del delito de homicidio, el 25 de marzo de 2022, planteó incidente de libertad condicional, argumentando que en atención al Cómputo de Pena Cumplida e Informe para Incidentes de Libertad Condicional, las dos terceras partes de su condena son tres años y cuatro meses; por lo que, se podía evidenciar que ha sobrepasado por mucho el tiempo para beneficiarse de la libertad condicional; pues, habría cumplido su pena durante cuatro años, un mes y trece días; en atención a ello, el 5 de abril de 2022 a las 11:17, según consta en el sello de recepción, mediante oficio del Juez de Ejecución Penal Tercero en suplencia legal de su similar Cuarto ambos del departamento de La Paz, notificó a David Machicado, Director del Centro Penitenciario San Pedro de igual departamento, con la finalidad que evacue la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo; sin embargo, pese a lo establecido en el art. 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–; por el que, se otorga diez días de plazo para remitir los informes correspondientes, no hubo respuesta alguna hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho al acceso a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, vinculado con su derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 115, 119.II, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, instruya a David Machicado, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a que evacue la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo y de manera inmediata remita los informes correspondientes.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual, el 12 de mayo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., presentes el accionante a través de su representante sin mandato; así como la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

David Machicado, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar señaló lo siguiente: En fecha 5 de abril de 2022, llegó la orden judicial del Juez de Ejecución Penal Tercero en suplencia legal de su similar Cuarto del departamento de La Paz, para realizar la clasificación del cuarto periodo progresivo; por lo que, la referida orden pasó al área legal para su consideración y acumulación de la documentación que se requiera para aplicar a la clasificación; sin embargo, por informes que recibió el día de la celebración de la audiencia, pudo recién evidenciar que el interesado no se apersonó para que le realicen los informes psicológicos, social, médico, de estudios, y otros; razón por la cual, no se realizó la clasificación; ya que, los precitados informes son necesarios para la consideración de la misma. Carlos Suárez, Abogado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia mencionó que efectivamente el 5 de abril de 2022, recepcionaron en oficinas del mencionado Centro la orden judicial; por la cual, dispone que se proceda a la clasificación al cuarto periodo del sistema progresivo; y, que tras la verificación de la documentación requerida, el solicitante de tutela solo cuenta con el certificado de permanencia y conducta 14779/2021 de 12 de julio; entonces, en aplicación del sistema progresivo establecidos en los arts. 155 y 157 de la Ley 2298; se tiene que, el privado de libertado debe ser evaluado cada cierto tiempo por el equipo multidisciplinario del referido Centro Penitenciario; es decir que, el ahora impetrante de tutela debe solicitar un certificado de permanencia y conducta actual para que el Consejo Penitenciario analice cuáles fueron sus avances, si hubiese sido sancionado o fue objeto de observación por su comportamiento.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 11/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, concedió la tutela impetrada, disponiendo y ordenando a la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas remita los informes que establece la LEPS en su art. 175, con la advertencia que en caso de incumplimiento se hará conocer la misma a la instancia disciplinaria de la autoridad para que se lo procese por el incumplimiento de resoluciones. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: La justificación presentada por el demandado no se ajusta a derecho; toda vez que, el impetrante de tutela aún se encuentra privado de libertad; y que pese a que cuenta con el beneficio extra muro, no significa que goce completa libertad; por lo que, era obligación del Director del señalado Centro Penitenciario, una vez ingresada la solicitud a su despacho, notificar de manera inmediata al solicitante de tutela para que éste realice los correspondientes informes; empero, pese a que ya transcurrieron treinta y siete días, no elaboró ningún informe; pues como señala el ahora demandado, recién el día de la celebración en audiencia se hubiera enterado de dicha solicitud y de la falta de informes requeridos; por lo que, ese actuar pasivo y negligente de la citada autoridad lesiona el derecho a la locomoción del accionante en razón a una solicitud administrativa incumplida, a efectos de que éste pueda obtener su libertad condicional; así como, su derecho a la libertad y a la celeridad que debe existir en los procesos penales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial dirigido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, presentado el 25 de marzo de 2022, Diego Mauricio Mayta Arias –ahora accionante representado sin mandato–, plantea incidente de libertad condicional, donde señala que en atención al Cómputo de Pena Cumplida e Informe para Incidentes de Libertad Condicional, las dos terceras partes de su condena son tres años y cuatro meses; por lo que, se podía evidenciar que ha sobrepasado por mucho el tiempo para beneficiarse de la libertad condicional; ya que, habría cumplido su pena durante cuatro años, un mes y trece días (fs. 2 y vta.). II.2. A través de Nota 266/2022 de 5 de abril, el Juzgado de Ejecución Penal Tercero en suplencia legal de su similar Cuarto ambos del departamento de La Paz, ordenó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz evacue la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo de Diego Mauricio Mayta Arias (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho al acceso a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no evacuó la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo dispuesta por la autoridad jurisdiccional, incumpliendo lo establecido por la norma legal, perjudicando el trámite de libertad condicional solicitado y autorizado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada La acción de libertad establecida en el art. 125 de la CPE, es una acción jurisdiccional de defensa a favor de: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal…” ; a efectos de que: “…se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; habiéndose ampliado en la Ley Fundamental su ámbito de protección al derecho a la vida y a actos provenientes de particulares; tutelando por ende, los derechos a la vida, a la libertad física o personal; asimismo, a la libertad de locomoción y al debido proceso, cuando estos últimos estén vinculados imprescindiblemente al derecho a la libertad física. Esta acción puede ser reparadora, si se ataca una lesión ya consumada; preventiva, si procura impedir una lesión a producirse o, correctiva, si pretende evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. En ese sentido, la SC 0337/2010-R de 15 de junio, observando el contexto de la Constitución Política del Estado y las normas procesales constitucionales, señaló dentro de un recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, SC 0044/2010-R de 20 de abril. Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) …el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. …para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…” (las negrillas son añadidas). Dentro de ese contexto, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables. Siguiendo el razonamiento desarrollado, en la jurisprudencia constitucional citada, la SCP 1861/2012 de 12 de octubre, ha reiterado lo siguiente: “Constituyendo el ‘ama qhilla’ en consecuencia, un principio ético-moral ancestral, cuya aplicación resulta ineludible en tiempos en los que, lo que se pretende, es descolonizar la justicia, propendiendo a eliminar toda práctica jurídica tardía, formalista y por ende, colonial, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, un proceder diligente, acucioso, responsable, sin desgano alguno y con la máxima finalidad de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales de las personas que la integran, recuperando de esa manera, su credibilidad, que perdió precisamente por actitudes negligentes y dilatorias atribuibles a sus jueces; y que debe respetarse aún más en situaciones en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad; por cuanto, la persona procesada está protegida constitucionalmente y por Convenios y Tratados Internacionales, en su derecho de ser juzgado a través de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones de ningún tipo” (las negrillas son nuestras).

III.2.Trámite de la libertad condicional. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, el art. 174 de la LEPS, modificada por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–; establece que: “La libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. La jueza o el juez de ejecución penal, mediante Resolución motivada, previo informe de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez a las personas privadas de libertad, conforme a los siguientes requisitos: 1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o haber cumplido la mitad, más un (1) día de la pena impuesta tratándose de mujeres que tengan a su cargo: niñas, niños o adolescentes, personas mayores de sesenta y cinco (65) años, personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado terminal, o aquella que derive del nuevo cómputo. 2. Haber demostrado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 3. Haber demostrado vocación para el trabajo, en ningún caso la sanción disciplinaria pendiente de cumplimiento podrá impedir la liberación de la persona condenada si ésta ya hubiera cumplido la mitad más un día o las dos terceras partes de su condena, según corresponda. La resolución que disponga la libertad condicional, indicará el domicilio señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. El juez de Ejecución Penal, vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o del condenado”. Asimismo, el art. 175 de la Ley antes señalada, establece “(Procedimiento).- El incidente de Libertad Condicional, deberá ser formulado ante el Juez de Ejecución Penal. Podrá ser promovido a petición de parte o de oficio.

El Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. El juez podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho al acceso a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no evacuó la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo dispuesta por la autoridad jurisdiccional, incumpliendo lo establecido por la norma legal y perjudicando el trámite de libertad condicional solicitado y autorizado.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes adjuntos al expediente, de los cuáles se evidencia que mediante memorial dirigido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz presentado el 25 de marzo de 2022, el ahora accionante plantea incidente de libertad condicional, en el que señala que en atención al Cómputo de Pena Cumplida e Informe para Incidentes de Libertad Condicional, las dos terceras partes de la condena son tres años y cuatro meses; por lo que, ya habría sobrepasado por mucho el tiempo para beneficiarse de la libertad condicional; pues el tiempo de pena cumplida es de cuatro años, un mes y trece días (Conclusión II.1). En atención a ello por Nota 266/2022 de 5 de abril, el Juzgado de Ejecución Penal Tercero en suplencia legal de su similar Cuarto, ambos del departamento de La Paz, ordenó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz que evacue la clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo de Diego Mauricio Mayta Arias (Conclusión II.2); para que, pueda proseguir con su trámite de libertad condicional; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad (11 de abril de 2022), no se realizó el trámite requerido, al no haberse remitido los informes correspondientes para que se dicte la resolución, hecho que se considera admitido por la autoridad demandada.

De lo detallado precedentemente, es posible evidenciar que el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz –ahora demandado–, incumplió con el trámite previsto en el art. 175 de la LEPS, conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1; pues, la autoridad debió haber remitido el informe solicitado por la autoridad jurisdiccional en el plazo de diez días; puesto que, desde el 5 de abril de 2022, hasta la interposición de la acción de libertad 11 de mayo del referido año, transcurrió más de un mes, sin resolverse el incidente de libertad condicional impetrado, producto del incumplimiento en la remisión de los informes solicitados; resultando evidente que, encontrándose tal petición vinculada directamente con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, ésta debió ser respondida sin dilaciones indebidas que causen dicha afectación, en procura de la efectivización del principio de celeridad; de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, de cuyo razonamiento se extrae que toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables, por cuanto es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos, observar los plazos procesales y cumplirlos de manera responsable, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; correspondiendo conceder la tutela en la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Cabe aclarar que el efecto de la concesión de tutela, abarca únicamente al cumplimiento de plazos procesales en los que debe resolverse la situación jurídica del accionante y de ninguna manera sobre el fondo de esta, es decir si corresponde o no dar curso a su pretensión en cuanto a su libertad impetrada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, efectuó un análisis correcto de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0129_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3a0d118e46fd980a06c8701d1e472836b0c7f202461456abc9fa4a608e642966

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