B.IA.LEGAL

SCP 0128/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50289-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al trabajo y debido proceso en sus elementos, fundamentación, motivación y valoración probatoria; y, el principio de presunción de inocencia; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su contra, por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, el accionado mediante Resolución 018/2022 de 31 de agosto rechazó la solicitud de autorización de salida con fines laborales, efectuando observaciones que resultan ser atentatorias y contradictorias; y, sin valorar las pruebas presentadas. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 918/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica, alcances y ámbito de protección de la acción de libertad: Presupuestos de activación
  2. III.2. Con relación a la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento indebido
  3. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2025-S4 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50289-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 918/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Vera Plata contra Juan Alberto Flores Huanca, Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2022, cursante de fs. 30 a 33, el accionante argumentó los siguientes fundamentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 10 de octubre de 2019, fue injustamente procesado, imputado, acusado y sentenciado; durante el proceso a través de la Resolución “107/2020”, el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del a ciudad de La Paz, dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral. Es así que, solicitó salidas de trabajo, petición que fue resuelta en audiencia de 31 de agosto de 2022, mereciendo Resolución 018/2022 de la misma fecha, mediante la cual se negó su solicitud con base a lo siguiente: a) No presentó acuerdo transaccional sobre asistencia familiar, por lo que no se puede verificar la dependencia económica de sus hijos menores de edad, hacia su persona; b) No presentó contrato de alquiler de la oficina, donde desarrolla su actividad laboral, por lo que no se tiene certeza de donde trabaja; y, c) No obstante, se le reconoció la condición de abogado, además de que existía una relación de paternidad y que esos aspectos se comprobaron en la audiencia de medidas cautelares.

Por ello, considera que esas observaciones efectuadas son atentatorias y contradictorias, toda vez que, con relación a la falta de presentación de acuerdo transaccional de asistencia, estos acuerdos pueden ser verbales o escritos, debido a que existe una asistencia familiar voluntaria de su parte; no obstante, el Juez accionado, admite que sí tiene hijos, por lo que, al reconocer implícitamente este elemento, reconoció también una relación de dependencia económica, con sus hijos y su familia. Respecto a la falta de presentación de contrato de alquiler, sí reconoció que es abogado, debiendo considerarse que, para la valoración de este extremo, presentó facturas, Número de Identificación Tributaria (NIT), recibos de alquiler, facturas de servicios, luz, internet, todos estos que se encuentran a su nombre, consignando la dirección donde trabaja como abogado independiente. A más de ello, hace notar que, el proceso penal cuenta con una sentencia de tres años, que no causa pena privativa de libertad y que se encuentra en etapa de apelación, por lo que la autoridad jurisdiccional no fundamentó, cuál es la finalidad de mantener la medida cautelar de detención domiciliaria sin salidas de trabajo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al trabajo y debido proceso en sus elementos, fundamentación, motivación y valoración probatoria; y, el principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23, 46, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se deje sin efecto la Resolución 018/2022 de 31 de agosto, con relación a la negación de las salidas de trabajo, disponiendo se le conceda las mismas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia virtual de la acción tutelar impetrada, se efectuó el 5 de septiembre de 2022, según consta en acta y disco compacto (CD), cursantes de fs. 44 a 45, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela mediante su abogado, se ratificó en el contenido de la acción tutelar planteada y ampliando la misma, manifestó que: 1) Conforme a la SCP 0638/2018-S2 de 8 de octubre, la actividad laboral es un derecho humano que está vinculado al derecho a la vida, aspecto que no fue valorado por el Juez demandado; 2) Se vulneró su derecho al debido proceso, en razón de que no se valoró la prueba presentada por su parte; 3) Considerando que cuenta con sentencia condenatoria que fue apelada, se infringió el principio de inocencia; 4) No se consideró la situación de sus hijos menores de edad, al mantener la detención domiciliaria en su contra; y, 5) La resolución emitida por la autoridad accionada, no cumple con los presupuestos de motivación y fundamentación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Alberto Flores Huanca, Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 41 a 43, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Dentro del proceso seguido contra el accionante; mediante Sentencia 45/2022 de 5 de agosto se le sancionó con tres años de reclusión por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estadio y la riqueza nacional; instancia en la que a través de la Resolución 018/2022 determinó rechazar el pedido de modificación de medida cautelar, por no cumplir con las exigencias de los arts. 250 y 231 bis núm. 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0454/2018-S1 de 31 de agosto; resolución que si el accionante consideraba que ingresaba en alguna omisión, oscuridad o contradicción, bien pudo acudir al art. 125 del CPP; empero, no lo hizo; ii) En la misma audiencia de medida cautelar, el accionante interpuso recurso de apelación incidental, que al presente no se encuentra resuelta; erróneamente se pretende confundir los alcances de una acción de defensa como otra instancia más del proceso ordinario penal, que al respecto la SCP 0013/2017-S3 de 3 de febrero, señala el lineamiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que no se cumplió, por cuanto el accionante activó la apelación conforme al art. 251 del CPP, y tampoco demostró las tres excepciones para ingresar al fondo; otro extremo que se debe tomar en cuenta es la imposibilidad de activar paralelamente dos jurisdicciones, es decir, la pretensión del accionante puede generar disanalogía de resoluciones, por ello se exige que previamente agote la vía ordinaria; iii) En la acción de libertad, de forma clara no se señala qué derecho fundamental se habría vulnerado con relación a su naturaleza y los tres derechos que tutela; con relación a la libertad física y de locomoción, este extremo no es evidente ya que no se determina esta situación, únicamente se emite la Resolución 018/2022 por la cual se rechaza la solicitud de modificación de medida cautelar que fue apelada; es el propio accionante quien resalta que por Auto de Vista 538/2022 de 4 de agosto que emite la Sala Penal Cuarta y la Resolución 177/2021 de 26 de junio que emite el Juzgado de Instrucción Penal Décimo primero de la ciudad de La Paz, se determina que al presente debe cumplir como medida cautelar, la detención domiciliaria sin salidas laborales; para alegar vulneración del derecho a la vida y a la salud debe cumplir las exigencias de las SCP 0229/2020-S3 de 13 de julio, 0273/2018-S1 de 25 de junio y 0666/2021-S4 de 12 de octubre; debe considerarse que el propio accionante señala que la resolución cuestionada vulnera el derecho al trabajo, que no tutela la acción de libertad, por lo que desnaturaliza los alcances de esta acción tutelar; y, iv) Se debe tener presente que en ningún momento se vulneró el valor libertad del accionante, mucho menos el derecho a la vida y la salud; y, que las medidas cautelares tienen carácter provisional conforme dispone el art. 250 del CPP, aspecto que debería ser considerado por el accionante antes de acudir a una acción de defensa.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 918/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Debemos considerar las alocuciones del abogado del accionante que ha hecho referencia a una vulneración del derecho al trabajo tratando de vincularlo con el derecho a la vida, acción que a la sana crítica es errada; b) Una acción de libertad se caracteriza por ser reparadora, restringida, correctiva, preventiva, traslativa o de pronto despacho, instructiva, innovativa, empero ninguna de ellas se adecua a la presente acción tutelar y pretensión que hoy reclama el accionante; y, c) Debemos aplicar el principio de subsidiariedad teniendo en suma los recursos de complementación y enmienda e inclusive el de apelación incidental, que prevé la norma adjetiva penal, por dichos extremos no es oportuno ni tampoco objetivo analizar el fondo de la causa; no encontrando derechos y garantías constitucionales que se hayan conculcado por la autoridad accionada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a instancia de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra Jesús Vera Plata -ahora accionante-, por la comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estadio y la riqueza nacional, encontrándose con detención domiciliaria, solicitó salidas laborales (fs. 28 a 29 vta.). II.2. En audiencia de 31 de agosto de 2022, el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de La Paz -ahora accionado-, mediante Resolución 018/2022 de la misma fecha, rechazó la solicitud efectuada por el accionante, al no cumplir con las exigencias previstas por el art. 231 bis núm. 9 y 250 del CPP, y el lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0454/2018-S1 de 31 de agosto. Asimismo, se advierte que contra la Resolución precitada el imperante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, y que a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, el mencionado recurso, se encontraba sin resolver en Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 41 a 42 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al trabajo y debido proceso en sus elementos, fundamentación, motivación y valoración probatoria; y, el principio de presunción de inocencia; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su contra, por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, el accionado mediante Resolución 018/2022 de 31 de agosto rechazó la solicitud de autorización de salida con fines laborales, efectuando observaciones que resultan ser atentatorias y contradictorias; y, sin valorar las pruebas presentadas. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica, alcances y ámbito de protección de la acción de libertad: Presupuestos de activación

Al respecto, la SCP 0441/2024-S3 de 5 de julio, señala: “La Constitución Política del Estado, instituye dentro de las ‘Acciones de Defensa׳, a la acción de libertad -que encuentra fundamento asimismo, en instrumentos normativos de orden internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad, según prevé el art. 410.II.2 de la CPE-; precisando: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad» (art. 125). En ese marco, el art. 46 del CPCo, prevé que el objeto de la garantía constitucional está destinado a: ‘…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro׳. Destaca en la ingeniería dogmática de esta garantía jurisdiccional, tal como se determinó en la jurisprudencia sentada por este Tribunal, entre otras, en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, que la misma se halla diseñada sobre dos pilares esenciales. El primero, en cuanto a su naturaleza procesal, caracterizada por una tramitación especial y sumarísima reforzada por la inmediatez en la tutela, informalismo, generalidad e inmediación, procediendo contra servidores públicos o personas particulares, sin reconocer fueros ni privilegios. El segundo pilar, referido a los presupuestos de activación que la configuran, resumidos en cuatro de acuerdo al art. 125 de la CPE, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de los derechos a la libertad física o de locomoción; iii) Actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido; y, iv) Actos u omisiones que impliquen persecuciones indebidas. En concordancia a lo desarrollado, el art. 47 del CPCo, prevé que la acción de libertad es factible cuando la persona afectada considere que: ‘1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal׳ (las negrillas fueron añadidas). Infiriéndose de las normas glosadas, su triple carácter tutelar: Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que es viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales”.

III.2. Con relación a la acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento indebido

Al respecto la SCP 0160/2024-S3 de 13 de mayo, citando a la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, sostuvo: “…que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o amenaza de restricción del derecho a la libertad, en ese entendido: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional׳ (las negrillas son nuestras). En forma posterior la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: ‘…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad' (las negrillas fueron agregadas). En ese entendido, de la jurisprudencia desarrollada se deduce que para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión”.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad, al trabajo y debido proceso en sus elementos, fundamentación, motivación y valoración probatoria; y, el principio de presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su contra, por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, el accionado mediante Resolución 018/2022 de 31 de agosto rechazó la solicitud de autorización de salida con fines laborales, efectuando observaciones que resultan ser atentatorias y contradictorias; y, sin valorar las pruebas presentadas. En el caso presente, de antecedentes contenidos en el expediente se tiene que, que dentro del proceso penal referido precedentemente, el impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, solicitó a la autoridad accionada, señalamiento de audiencia a efectos de sustanciar su solicitud de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral a detención domiciliaria con salidas de trabajo (Conclusión II.1). Realizada la audiencia solicitada el 31 de agosto de 2022, el Juez demandado, rechazó la solicitud impetrada por el accionante a través de la Resolución 018/2022 de la misma fecha. En razón de ello, en el mismo actuado procesal, el accionante, interpuso recurso de apelación incidental contra la mencionada resolución, que hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, se encontraba sin resolver en Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2). En ese contexto, toda vez que el accionante de manera muy genérica, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, en la presente acción de defensa se tiene como acto lesivo la Resolución 018/2022 de 31 de agosto, mediante el cual el accionado rechazó la solicitud de salidas de trabajo, como causa de vulneración de los derechos y principios alegados por el accionante. En cuanto a esta denuncia, es imprescindible considerar el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que establece, que para que la acción de libertad proceda por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la denuncia postulada por el accionante, no tiene vinculación directa, en la amenaza, restricción o supresión del derecho a su libertad, debido a que, la Resolución 018/2022 de 31 de agosto, por el cual el accionado rechazó la solicitud de salidas laborales, no es causa directa de su detención domiciliaria sin salida laboral, la cual obedece al Auto Interlocutorio 177/2021 de 26 de julio, pronunciada con prelación por el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz. Del mismo modo, en relación al presupuesto de encontrarse en absoluto estado de indefensión, no es evidente, por cuanto éste cuenta con todos los medios intraprocesales de defensa como el previsto por el art. 251 del CPP al que recurrió, para acudir a la jurisdicción ordinaria, a fin de que se restituya sus derechos, que recién, en caso de persistir los mismos puede acudir a la vía constitucional previo cumplimiento de los prepuestos de procedibilidad; por lo que, se tiene incumplidos los dos presupuestos exigidos para activar la tutela del debido proceso vía esta acción de defensa, establecidos en el Fundamento Jurídico citado anteriormente. Por los fundamentos jurídicos y motivación desarrollados supra, al no concurrir los presupuestos de activación de la acción de libertad, por procesamiento indebido respecto al rechazo de su solicitud de autorización de salida con fines laborales, este Tribunal no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; en tal mérito, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, nótese que, en la audiencia de la presente acción tutelar planteada, también se denuncia de vulneración del derecho al trabajo y el principio de presunción de inocencia; advirtiéndose que esta pretensión, se contrapone radicalmente al marco de la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, respecto a los presupuestos de activación de la acción de libertad; en ese contexto, concierne precisar que los mismos no se encuentran dentro del ámbito de tutela de la acción de libertad determinado por el art. 125 de la CPE, por ello, la protección que demanda el accionante tampoco puede ser analizada en la presente acción de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 918/2022 de 5 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): a599e856d263a223fe466f72aa575c456e7df73b181f4ee6ea3f25a059ea037c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →