B.IA.LEGAL

SCP 0128/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar
Expediente
48086-2022-97-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; debido a que, dentro el proceso penal que el Ministerio Público les sigue por el supuesto delito de tentativa de infanticidio, en la tramitación de su Recurso de Apelación Incidental de medida cautelar de detención preventiva, la parte demandada incurrió en una dilación indebida al incumplir lo establecido por la última parte del art. 251 del CPP, siendo que su solicitud de cesación a la detención preventiva, fue rechazada mediante Auto de 12 de mayo de 2022, misma que, habiendo sido apelada, fue remitida a su conocimiento, el 23 del mismo mes y año, fecha desde la cual, transcurrieron más de seis días hasta la presentación de la acción de libertad, sin haberse señalado audiencia de resolución del recurso, y menos aún, haberlo resuelto conforme lo solicitaron en el petitorio de su demanda.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; 2) En relación al retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad. Jurisprudencia Reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 58 a 63, emitido por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, conforme lo dispuesto por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  2. III.2. En relación al retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad. Jurisprudencia Reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2024-S1 Sucre, 16 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48086-2022-97-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 58 a 63. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julia Villca Flores y Sandra Villca Flores contra Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Presidenta y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respectivamente.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 30 de mayo de 2022, cursantes de fs. 1 a 5, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Las ahora requirentes de tutela, son procesadas por el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de tentativa de infanticidio, el cual, se encuentra en su etapa de Juicio Oral. Empero, durante la tramitación del proceso, acudieron ante la instancia constitucional mediante la presente demanda de acción de libertad, a consecuencia de la dilación indebida en la que incurrió la parte demandada en la resolución del recurso de apelación de medida cautelar de la detención preventiva; toda vez que, el 12 de mayo de 2022, se celebró una audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva, resultado de la cual, la Jueza de instancia rechazó su solicitud.

Frente a ello, interpusieron un recurso de apelación incidental contra la determinación de la Jueza de instancia, recurso que recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, contra quienes dirigen su demanda de acción de libertad, por cuanto, el referido Tribunal de Apelación no señaló audiencia para resolver su recurso, a pesar de haber transcurrido más de seis días desde su remisión, infringiendo así lo instituido por la parte última del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), e incurriendo en una dilación indebida que vulnera el Derecho al Debido Proceso en su garantía mínima de celeridad.

Su derecho a la libertad física también se ve afectado, ya que la normativa procesal penal establece que el Tribunal de Apelación debía resolver el recurso dentro de los tres días siguientes de su remisión, más aún, cuando las autoridades demandadas, no valoraron su situación de vulnerabilidad al tratarse de mujeres indefensas, madres solteras con hijos menores a su cargo, y sin considerar que la jurisprudencia constitucional ha establecido que en toda petición donde de por medio se encuentre el derecho a la libertad, las autoridades deben resolverla con la mayor celeridad posible.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto los Arts. 23.I y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que resuelva inmediatamente su recurso de apelación incidental de medida cautelar; b) Se ordene la remisión de los antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; y, c) Se recomiende a la parte demandada, que en lo sucesivo observen las normas y la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 31 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 57, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de libertad y ampliando la misma, manifestó que se han vulnerado los derechos a la libertad personal y al debido proceso de las ahora accionantes, como consecuencia de la dilación indebida en la resolución de la apelación de la medida cautelar de detención preventiva, por cuanto, la parte demandada incurrió en los siguientes agravios: 1) Transgredieron el art. 22 de la CPE, además de no haberse tomado en cuenta la situación particular de las procesadas; 2) Violaron lo dispuesto por el art. 251 del CPP, toda vez que, aunque el expediente no fue remitido ante el Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia de detención preventiva, éste no ha resuelto la apelación dentro de los 3 días siguientes a su remisión; 3) El art. 23 de la CPE, también fue perdido de vista por la parte demandada, por cuanto, se ha vulnerado el derecho a impugnar la medida cautelar de detención preventiva de las procesadas; 4) No consideraron lo glosado por la SC N° 1157/2017-S1 de 19 de junio, sobrepasando el plazo razonable ampliado de 5 días para resolver la apelación; 5) Vulneraron el derecho al debido proceso de las accionantes, quienes se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica al no haberse resuelto su situación procesal; 6) Igualmente, la SC N° 0044/2010 no fue tomada en cuenta por las autoridades demandadas, que no tramitaron la acción de libertad con el carácter sumarísimo que corresponde; y, 7) También vulneraron su derecho a la libertad, siendo que las ahora accionantes no tienen conocimiento de su situación jurídica y no se ha señalado una fecha de audiencia para resolver la apelación dentro de un plazo razonable. Aclaró, que el retiro de la acción de libertad efectuado mediante memorial, se debe al reciente señalamiento de audiencia para la resolución de la apelación incidental, con el cual les fue notificado a horas 13:05 de 30 de mayo de 2022; empero, que dicho señalamiento no responde al plazo razonable exigido por la jurisprudencia constitucional, y que por el contrario vulnera la celeridad y su derecho a la libertad. Por lo que, ratificándose en su demanda, solicitó se conceda la tutela por la dilación incurrida.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Patricia Torrico Ortega y Oscar Florero Florero, Presidenta y Vocal de las Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 31 de mayo de 2022 cursante de fs. 54 a 55, manifestaron que cumplieron con el plazo legal, toda vez que, habiendo ingresado la causa el 23 de mayo de 2022, la misma fue radicada el 24 de igual mes y año, programando el desarrollo de la audiencia para la vista y resolución del recurso de apelación, para el 2 de junio del referido año; respecto a la demora en la resolución de la apelación incidental de medidas cautelares, argumentaron que: i) La Sala Penal Segunda ha tenido que asumir funciones de las Salas Penales Primera, Tercera y Cuarta, en suplencia legal, debido a las acefalías de éstas, lo que ha generado excesiva carga de trabajo con un desproporcionado ingreso de causas y dificultades para cumplir con los plazos procesales; ii) Las audiencias se programan por orden de ingreso de los casos, en observancia al principio de igualdad y evitando privilegiar a algunas personas sobre otras; iii) A pesar del trámite sumarísimo y prioritario de las medidas cautelares, el excesivo ingreso de apelaciones con detenidos los obliga a programar las audiencias por orden de ingreso; iv) La Jurisprudencia constitucional, a través de la Sentencia Constitucional 1739/2011-R, ha establecido que no se considera acto dilatorio el retraso en la resolución de apelaciones cuando existe una justificación razonable; v) La acción de libertad no debe utilizarse como un medio alternativo o paralelo a la jurisdicción ordinaria, lo contrario significaría su desnaturalización; y, vi) El decreto de 24 de mayo de 2021 observado, es susceptible de reposición, por lo que, la parte accionante no debió activar directamente la vía constitucional. Con estos argumentos, solicitaron que se deniegue la tutela y que se les excuse de asistir a la audiencia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, por Resolución 05/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 58 a 63, constituido en Juez de garantías concedió la tutela solicitada, y en consecuencia dispuso, “…que los Vocales de inmediato emita una nueva resolución y señale de inmediato nueva audiencia para considerar la apelación planteada por las ahora accionantes, dando cumplimiento cabal al plazo estipulado por el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal y en su caso el plazo adicional señalado por la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta a tal fin la fecha de remisión de la causa a dicha Sala Penal, sin costas por ser excusable de acuerdo a los datos del proceso” (sic); ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al escrito de 30 de mayo de 2022, por el cual, las accionantes retiran la acción de libertad, señaló que conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad, la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; b) El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que el plazo para resolver una apelación incidental de medidas cautelares no puede exceder de seis días, incluyendo un plazo adicional de tres días en caso de recarga laboral o suplencias; y, c) Si bien las autoridades demandadas han acreditado la existencia de una recarga laboral y acefalias existentes en las Salas Penales Primera, Tercera y Cuarta; empero, no han justificado suficientemente la dilación de ocho días en la resolución de la apelación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Acta de Audiencia de Modificación de la Medida Cautelar de

Detención Preventiva de 12 de mayo de 2022, por la cual, se registraron todas las actuaciones del referido acto procesal, y en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo, rechazó la cesación a la detención preventiva de las ahora accionantes de tutela, ante la:

“…concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el Art. 233 núm. 1) y 2), respecto al peligro de fuga previsto en el Art. 234 núm. 1), 2) y 7) y obstaculización Art. 235 Núm. 2) del CPP. Advirtiéndose a las partes presente en esta audiencia virtual que la presente determinación es apelable mediante el recurso de apelación incidental conforme las previsiones del Art. 251 del CPP, en el plazo de 72 horas de su pronunciamiento. La presente resolución es emitida en audiencia pública, Quedando legalmente notificadas las partes presentes, al haberse dictado la presente resolución en audiencia pública VIRTUAL conforme lo establece el Art. 160 del Código de Procedimiento Penal. REGÍSTRESE” (sic [fs. 24 a 32 vta.]).

II.2. Consta Memorial de 12 de mayo de 2022, mediante el cual, las ahora accionantes interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto de la misma fecha, solicitando además su remisión ante las Salas correspondientes (fs. 33 y vta.). II.3. Se tiene Decreto de 17 de mayo de 2022, suscrita por la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo, mediante la cual, y en atención al memorial de 12 de mayo de 2022, se instruye la remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de Turno (fs. 34).

II.4. Mediante Oficio de 20 de mayo de 2022, recibido el 23 del mismo

mes y año, la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo, remite ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a fs. 201, el cuadernillo procesal original de apelación incidental, haciendo constar que las imputadas se encuentran con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres y San Pedro de la Localidad de Sacaba ambos del departamento de Cochabamba (fs. 35 y vta.). II.5. El 23 de mayo de 2022, una de las accionantes -Sandra Villca Flores-, presentó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, un memorial solicitando el señalamiento de audiencia de resolución de apelación incidental (fs. 38 y vta.).

II.6. A través del Auto de Radicatoria de 24 de mayo de 2022, del Proceso Penal Seguido por el Ministerio Público contra Julia Villca Flores y Sandra Villca Flores, por la presunta comisión del delito de tentativa de infanticidio, la Presidenta de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, radica la causa y fija día y hora de audiencia para el jueves 2 de junio de 2022 (fs. 36). II.7. Se tiene proveído de 25 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria de Cámara de la sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante el cual, se da por apersonada a Sandra Villca Flores y por señalado su domicilio procesal (fs. 39). II.8. Mediante escrito de 30 de mayo de 2022, las ahora accionantes se dirigieron ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Cochabamba, para retirar la acción de libertad, por cuanto, a horas 13:05 del mismo día fueron notificadas con el señalamiento de audiencia para la resolución de la apelación incidental (fs. 18).

II.9. Cursan cuadros de programación de audiencias de apelación

incidental, de las Salas Penales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, correspondientes al 18, 20, 24, 25, 26, 30 y 31, todos de mayo de 2022, en las cuales, no figura la causa de las ahora requirentes de tutela (fs. 42 a 53 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; debido a que, dentro el proceso penal que el Ministerio Público les sigue por el supuesto delito de tentativa de infanticidio, en la tramitación de su Recurso de Apelación Incidental de medida cautelar de detención preventiva, la parte demandada incurrió en una dilación indebida al incumplir lo establecido por la última parte del art. 251 del CPP, siendo que su solicitud de cesación a la detención preventiva, fue rechazada mediante Auto de 12 de mayo de 2022, misma que, habiendo sido apelada, fue remitida a su conocimiento, el 23 del mismo mes y año, fecha desde la cual, transcurrieron más de seis días hasta la presentación de la acción de libertad, sin haberse señalado audiencia de resolución del recurso, y menos aún, haberlo resuelto conforme lo solicitaron en el petitorio de su demanda.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; 2) En relación al retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad. Jurisprudencia Reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Los Fundamentos Jurídicos relativos al principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, fueron citados en las SCP 0291/2021-S1 de 2 de agosto, 0791/2022-S1 de 17 de agosto, 1294/2023-S1 de 18 de diciembre, 0507/2021-S1 de 7 de octubre, 0848/2022-S1 de 25 de agosto, 1215/2023-S1 de 15 de noviembre, 0030/2020-S1 de 1 de junio, 0656/2021-S1 de 16 de noviembre, 1071/2023-S1 de 11 de septiembre, respectivamente, entre otras; las cuales instituyeron el siguiente entendimiento:

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:

III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .

III.1.2. Por su parte, en cuanto a la acción de libertad

traslativa o de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: i) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; ii) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; iii) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; iv) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; v) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad.

2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” 3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo).

Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/2020-S1, refirió:

“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia).

Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional.

Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma 5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.

Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.1.3. Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los

derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.

En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas .

III.2. En relación al retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad. Jurisprudencia Reiterada

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0400/2020-S1 de 27 de agosto, 0284/2022-S1 de 26 de mayo, 0742/2023-S1 de 6 de julio, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional no establecen una regla procesal explícita respecto al retiro o desistimiento de la acción de libertad, sin embargo, la Jurisprudencia del antiguo Tribunal Constitucional ha construido una regla, misma que se encuentra plasmada en la SC 0188/2004-R de 9 de febrero, misma que a su vez citó la SC 0929/2003-R de 3 de julio, asumiendo la línea jurisprudencial de otras sentencias, y señaló:

“…Conviene recordar por una parte que, por SSCC 0101/1999-R, 0517/2000-R, 0307/2001-R, 0813/2001-R, 1140/2001-R y otras, han establecido que, (…) “...en materia de hábeas corpus se precautela uno de los bienes jurídicos más preciados del ser humano, cual es: la libertad, en razón de que no puede admitirse el desistimiento, sino que, necesariamente debe ingresarse al análisis de la demanda, el informe de la autoridad recurrida y los actuados producidos en el proceso...', criterio que también debe ser aplicado en caso de retiro de la demanda”. Posteriormente el mismo Tribunal Constitucional, admitió el retiro y desistimiento del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-empero delimitó la oportunidad procesal para retirar o desistir, señalando que ello no procedía después de “admitido” el recurso; así lo expresa la SC 0031/2005-R de 10 de enero, que señala:

7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”

“… respecto al memorial de desistimiento y retiro del recurso (…) es preciso recordar que por previsión expresa del art. 18.III de la CPE, en ningún caso podrá suspenderse la audiencia de hábeas corpus; en cuyo mérito, una vez admitido el recurso y señalada la audiencia, ésta no puede ser suspendida, en atención a la naturaleza de los derechos que se encuentran bajo protección del recurso, y por lo mismo, no es posible dar curso al desistimiento o retiro del recurso de hábeas corpus, una vez admitido el mismo, conforme ha establecido la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 188/2004-R, 1597/2004-R, entre otras, en las que se determinó, que el juez o tribunal que conozca el recurso, aún en el caso de presentarse desistimiento o retiro de la demanda, antes o después de citarse a la parte recurrida, debe conocer el recurso, analizarlo y resolverlo en una de las formas establecidas en la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional”. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Transitorio efectúa una modulación respecto al retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad, y las plasma en las SSCC 1425/2011-R y 1229/2010-R que establecieron que si la lesión de los derechos del accionante -dentro del ámbito de la acción de libertad- habían cesado, o lo que es lo mismo, la lesión había sido reparada, se aceptaba el desistimiento o retiro de la acción, en el entendido que el accionante ya no estaba privado de libertad, es decir, estas Sentencias Constitucionales, ampliaron restrictivamente la oportunidad procesal condicionada a la cesación del acto lesivo objeto de protección en la acción de libertad.

Por último y toda vez que el entendimiento señalado ut supra es un entendimiento absolutamente restrictivo, el actual Tribunal Constitucional a través de la SC 103/2012 de 23 de abril hace un cambio de razonamiento y se determina que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad es hasta antes de señalado el día y hora de audiencia; esto en merito a que, conforme la configuración del proceso constitucional de la acción de libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, sobre todo por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a examinar 8 En su Fundamento Jurídico III.2.2 señala “Es más las únicas razones para poder efectuar el retiro o desistimiento según la jurisprudencia constitucional sentada en la SC 103/2012 de 23 de abril mismas que las detalla y clasifica de la siguiente manera:

“a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada”.

requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE); asimismo la misma sentencia constitucional afirma que el desistimiento o retiro de ésta acción de defensa es inadmisible por dos razones, una de orden procesal que señala que después de cumplidas las formalidades procesales no puede suspenderse en ningún caso y de orden sustantivo toda vez que ésta acción de libertad pretende evitar conductas reñidas con el orden constitucional.

Ahora bien, éste entendimiento respecto a la oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad, es el mismo que siguió la SCP 0082/2017-S1 de 23 de febrero, reiterada por la SCP 0657/2018-S1 de 22 de octubre entre otras; mismas que conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), reafirman que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; debido a que, dentro el proceso penal que el Ministerio Público les sigue por el supuesto delito de tentativa de infanticidio, en la tramitación de su Recurso de Apelación Incidental de medida cautelar de detención preventiva, la parte demandada incurrió en una dilación indebida al incumplir lo establecido por la última parte del art. 251 del CPP, siendo que su solicitud de cesación a la detención preventiva, fue rechazada mediante Auto de 12 de mayo de 2022, misma que, habiendo sido apelada, fue remitida a su conocimiento, el 23 del mismo mes y año, fecha desde la cual, transcurrieron más de seis días hasta la presentación de la acción de libertad, sin haberse señalado audiencia de resolución del recurso, y menos aún, haberlo resuelto conforme lo solicitaron en el petitorio de su demanda.

De la compulsa de antecedentes cursante en obrados; se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de las ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de tentativa de infanticidio, en el cual por disposición del Auto de 12 de mayo de 2022, se encuentran en calidad de detenidas preventivas, se tiene que, mediante memorial de la misma fecha del referido Auto, interpusieron Recurso de Apelación Incidental solicitando además la remisión de la causa ante la Sala Penal de Turno para proseguir con la tramitación de la causa, memorial que mereció el Decreto de 17 de igual mes y año, que instruye la remisión de los antecedentes conforme se solicitó, hecho constatado con el oficio de 20 de mayo del mismo año, por el cual, la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, remitió la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4).

Posteriormente, mediante memorial de 23 de mayo de 2022, las ahora accionantes solicitaron a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se señale día y hora de audiencia de resolución de apelación incidental (Conclusión II.5); el 24 del mismo mes y año, la Presidenta de predicha Sala Penal, radicó la causa, fijando además día y hora de audiencia para el 2 de junio de similar año (Conclusión II.6); acto seguido, mediante proveído de 25 de mayo de citado año se dio por apersonada a Sandra Villca Flores, en respuesta a su memorial de 23 de mayo de 2022 (Conclusión II.7).

Finalmente, por memorial de 30 de mayo de 2022, las requirentes de tutela se dirigen ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Cochabamba -Juez de garantías-, retirando su acción de libertad, argumentando que a horas 13:05 del mismo día, fueron notificados con el señalamiento de audiencia para la resolución de la apelación incidental (Conclusión II.8); teniéndose además cuadros de programación de audiencias de apelación incidental de las Salas Penales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en las cuales no se encuentra programada la causa de las ahora impetrantes de tutela(Conclusión II.9).

Ahora bien, previo a ingresar al análisis del caso, incumbe señalar que, conforme a la jurisprudencia constitucional plasmada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la oportunidad procesal para desistir y/o retirar la acción de libertad, es hasta antes del señalamiento del día y hora de audiencia pública; es así que, en el presente caso, si bien, se advierte que las peticionantes de tutela anunciaron mediante memorial presentado a horas 13:52 del 30 de mayo de 2022, el retiro de su demanda de acción de libertad aduciendo haber sido notificadas a horas 13:05 del mismo día, con el señalamiento de audiencia para la resolución de la apelación incidental, es decir, un día antes de celebrarse la audiencia de garantías (Conclusión II.8); también, se advierte que el Auto de señalamiento de audiencia de esta acción de defensa fue emitido el 30 de mayo de 2022; es decir, que en oportunidad de la presentación del referido memorial de retiro de demanda de acción de libertad, ya se había emitido el también mencionado Auto de Señalamiento de Audiencia, y el mismo ya se había subido al sistema, ordenándose su notificación a las partes, resultando ser consecuentemente, anterior a la presentación de retiro de la acción; razón por la que, esta acción tutelar debe ser considerada y desarrollada conforme correctamente lo hizo el Juez de garantías; máxime, que en audiencia de garantías de 31 de mayo de 2022, respecto al memorial de retiro de la demanda, la parte accionante expresó que:

“…efectivamente sí existe el señalamiento de audiencia para la consideración de la media cautelar empero dicho señalamiento no responde al plazo razonable, también reclamado; que debió tomar en cuenta el Tribunal de Alzada a tiempo de programar esa audiencia, en ese sentido pide se declare probada la acción de libertad considerando que en el caso no se cumple con el plazo razonable para el este señalamiento dispuesto, lo que vulnera la celeridad y su derecho a la libertad” (sic [el resaltado es nuestro]).

Manifestando así, su aquiescencia para continuar con la tramitación de la demanda de acción de libertad y ratificando los extremos de su demanda.

Asimismo, la presente causa objeto de revisión en esta instancia constitucional, debiera corresponder en su análisis y compulsa, mediante la acción de libertad en su modalidad innovativa, a objeto de que las autoridades judiciales ahora demandadas, en lo futuro adecuen sus actuaciones procesales conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados dentro la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda vez que, al haber evidenciado que las referidas autoridades ahora demandadas, de forma posterior al señalamiento de audiencia de garantías -30 de mayo de 2022-, recién procedieron a notificar a la parte accionante con el señalamiento de la audiencia de resolución del recurso de apelación incidental, para el 2 de junio de 2022; empero, el Juez de garantías, dispuso en la Resolución 05/2022 de 31 de mayo, “…que los Vocales de inmediato emita una nueva resolución y señale de inmediato nueva audiencia para considerar la apelación planteada por las ahora accionantes” (sic.); aspecto que, impide la compulsa de la presente acción de libertad, mediante la modalidad innovativa; máxime, que las accionantes reclaman también, que se resuelva su recurso de apelación incidental.

Con dicha precisión, y habiendo identificado el problema jurídico en el cual las peticionantes de tutela, denuncian una dilación de más de seis días en la que incurrieron tanto la Presidenta y el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados-, por no haber señalado audiencia y no resolver su recurso de apelación incidental incoada contra la determinación del Tribunal de Sentencia, habida cuenta que, remitida como se tuvo la causa a partir del 23 de mayo de 2022, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ésta no señaló audiencia hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, incumpliendo de esta manera con los plazos previstos en el art. 251 del CPP; consecuentemente, y bajo esa comprensión, esta instancia constitucional, ingresará a compulsar la denuncia centrando su análisis en lo que respecta a la dilación denunciada en contra de las aludidas autoridades jurisdiccionales, tras no haber señalado audiencia y resuelto la apelación incidental.

En ese sentido, de los antecedentes arrimados y las conclusiones que informan la presente acción de libertad, se tiene que, la parte accionante denuncia que las autoridades jurisdiccionales demandadas vulneraron su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, toda vez que, en la tramitación de su recurso de apelación incidental incurrieron en una dilación indebida de más de seis días al no haber señalado audiencia para resolver su recurso de apelación incidental y menos aún, haber resuelto dicho recurso; al respecto, debemos reseñar previamente lo establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que, en relación al principio de celeridad, dijo:

“…la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncian dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad…”.

En ese fin y de acuerdo a lo establecido en el mismo Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

En cuanto a este punto cabe precisar que las impetrantes de tutela, el 12 de mayo de 2022 presentaron de manera escrita recurso de apelación incidental en contra de la resolución de la misma fecha (Conclusión II.2), mismo que según oficio de 20 de mayo de 2022 con sello de recepción de 23 del mismo mes y año, fue remitido ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde fue radicado mediante Auto de 24 de mayo de 2022, fijándose audiencia para el jueves 2 de junio de igual año; es decir, nueve días después de su remisión, y ocho días desde su radicatoria (Conclusiones II.4 y II.5), en evidente incumplimiento de los plazos previstos por los arts. 130 y 251 del CPP modificado por la Ley 1173 de 03 de mayo de 2019, en el cual, se ha establecido la forma y los plazos para la tramitación de la apelación a las resoluciones cautelares:

“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.” (Las negrillas son añadidas).

De lo citado precedentemente, se tiene que, el recurso de apelación incidental radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentado por la parte accionante, debió ser resuelto sin más trámite dentro de los tres (3) días siguientes de su radicación; sin embargo, el desarrollo de la audiencia de fundamentación para su vista y resolución, fue fijada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, recién para el 2 de junio de 2022, es decir, nueve días después de su remisión, y ocho días desde su radicatoria, conforme se expuso previamente. Aunado a lo anterior, es menester expresar que esta instancia constitucional ha identificado una manifiesta incongruencia en cuanto a la emisión del Decreto de 24 de mayo de 2022 y la notificación a la ahora parte accionante con el referido decreto, ocurrido a horas 13:05 del 30 del mismo mes y año, con relación al memorial de 23 de mayo de 2022 de las accionantes y su Decreto de 25 de igual mes y año, en el cual, la parte demandada expresó que:

“Téngase por apersonada a la imputada SANDRA VILLCA FLORES, para fines consiguientes de ley. Por lo demás, estese a la resolución de 24 de mayo de 2022. AL OTROSI PRIMERO. Por señalado el domicilio procesal y los datos proporcionados por esta parte, deberán considerarse por el Sr. Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda para ulteriores notificaciones” (sic [el resaltado es nuestro]). Siendo que la parte accionante fue notificada el 30 de mayo de 2022 con el decreto de 24 del mismo mes y año, el 25 de ese mismo mes y año (fecha del Decreto que responde al memorial de 23 de mayo de 2022), aspecto, que pone en duda que se hubiere obrado conforme a derecho y en el marco de lo establecido por el art. 251 del CPP.

Mereciendo por todo ello, la actuación de las autoridades judiciales accionadas, el reproche constitucional; al incurrir en una dilación indebida retardando la resolución de la situación jurídica de las privadas de libertad, más aun, cuando debió actuar en estricto cumplimiento de los plazos establecidos y, con la mayor diligencia y celeridad posible, comprendiendo, que una persona privada de libertad no solo se encuentra limitada en su libertad personal, sino también se halla en estado de vulnerabilidad, y en situación de desventaja y desigualdad, es el Estado el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos -excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece- ya que lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad; de ahí que, toda instancia judicial y administrativa como parte del Estado que tiene el deber de llevar adelante el trámite de los derechos de las personas privadas de libertad con diligencia y celeridad, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo (Fundamento Jurídico III.1). Ahora bien, corresponde también señalar, que, si bien las autoridades demandadas alegaron que no les fue posible atender el recurso de apelación incidental en los plazos establecidos por Ley, debido a una sobrecargada agenda de audiencias que debieron resolver a consecuencia de las acefalías que se presentaron en sus similares, Salas Penales Primera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de las cuales fueron suplentes legales; adjuntando copias simples de los libros de programación de audiencias de apelación incidental de las Salas Penales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con sellos de dichas Salas (Conclusión II.9); sin embargo, tal situación no exime de la responsabilidad a la Presidenta y Vocal demandados; toda vez que, se encontraban bajo la obligación normativa del art. 251 del CPP y su accionar estuvo fuera de plazo prudencial, en franca contravención del principio de celeridad que debe primar en todo proceso, conforme se ha expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, agravio vulneratorio que incidió negativamente en la situación jurídica de las accionantes, por lo que, respecto a este punto corresponde conceder la tutela solicitada en contra de las autoridades accionadas.

Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 31 de mayo, cursante de fs. 58 a 63, emitido por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, conforme lo dispuesto por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2024-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 066af9e504ce069fb769c0b316c452aae56fd0fe1d930df4bbc067a25e7bbc6b

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