Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 17 de abril de 2023
Deniega la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a las asignaciones familiares, a la maternidad, a la protección primaria del niño, niña y adolescente, al interés superior de la niña, niño y adolescente y a la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor; toda vez que, la autoridad demandada procedió a su desvinculación laboral pese haber comunicado su estado de embarazo en plena vigencia de su contrato; tampoco tomó en cuenta que al haber continuado prestando sus servicios desde el 3 de enero de 2022, sin contrato, porque este recién fue suscrito el 28 del mismo mes y año, y solo por ese mes, operó la tácita reconducción laboral, lo que conlleva su inamovilidad laboral; además, que su contratación fue para prestar servicios propios y permanentes de la institución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 138 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2023-S4 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 46264-2022-93-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 020/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 138 a 144, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Rosario Chávez Lacoa contra José Francisco Vargas Llanos, Director General de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (DIPREVCON).
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 47 a 54 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Desde el 16 de marzo de 2021, prestó sus servicios de manera ininterrumpida y mediante reiterados contratos administrativos en la DIPREVCON de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni; es así que, en vigencia del penúltimo contrato cuya vigencia comprendía del 3 de mayo al 31 de diciembre del año prenombrado, dio a conocer al Director General de la entidad, mediante nota MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021 de 17 de diciembre, su estado de gestación de seis semanas; razón por la que, solicitó su inamovilidad laboral, porque ante la falta de respuesta continuó prestando sus servicios desde el 3 de enero de 2022, operando de esa forma su tácita recontratación, no obstante que se suscribió su nuevo contrato el 28 de ese mismo mes y año, aunque el mismo tenía fecha de 3 de igual mes y año. El 24 de enero de 2022, se le comunicó vía telefónica que por orden del Ministro de Gobierno se debía proceder con su desvinculación laboral; por lo que, mediante nota MG-DIPREVCON-RTDD 28/2022 de 28 de enero, exigió el pronunciamiento a su nota MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021, mereciendo como respuesta el cite MG-DIPREVCON-UJ 014/2022 de 3 de febrero; por el cual, se le comunicó que la inamovilidad laboral solo comprendía durante el término de duración del último contrato. Pese a que la entidad demandada tenía conocimiento de su estado de gestación, solo procedieron a contratarla por el término de un mes en la gestión 2022, pretendiendo de esa manera evadir el derecho a la inamovilidad laboral, sin tomar en cuenta que su contratación fue para prestar servicios propios y recurrentes de la institución; asimismo, de acuerdo a tres de los contratos suscritos, hasta la presentación de esta acción de amparo constitucional, cuenta con afiliación al seguro a corto plazo, el que abarca al 16 de agosto de 2023, lo que también implica que tiene derechos a las asignaciones familiares y la baja médica pre y post natal respectivamente; por consiguiente, a la inamovilidad laboral reclamada, aclarando que, dicha previsión sobre el derecho a contar con seguro a corto y largo plazo, no se encuentra contemplado en el último contrato suscrito, que apartándose incluso de los formatos proporcionados por la Contraloría General del Estado (CGE) para este tipo de contrataciones, excluyó dichas previsiones, lo que demuestra la mala fe de la entidad contratante solo con la intención de evadir sus obligaciones.
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a las asignaciones familiares, a la maternidad, a la protección primaria del niño, niña y adolescente, al interés superior de la niña, niño y adolescente y a la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I y III, 48.III y VI, 60 y 109.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata reincorporación a su fuente laboral como Administradora Regional de DIPREVCON de Trinidad Beni, dependiente del Ministerio de Gobierno, sea hasta la conclusión de su inamovilidad laboral; más el reconocimiento de salarios devengados, costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 131 a 137, presentes la parte accionante y la autoridad demanda, todos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos manifestó que: a) Corresponde aplicar la excepción a la subsidiariedad en el caso concreto, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, existe un inminente daño a los derechos a la salud, a la vida, a la maternidad y a la estabilidad laboral; b) Debe aplicarse por analogía al caso en examen, la SCP 0358/2017 de 17 de abril y SCP 0102/2012; así como, la jurisprudencia acompañada al legajo constitucional y que refiere la tutela de la inamovilidad laboral cuando los contratos a plazo fijo suscritos demuestren que el empleador contratante, a través de esa modalidad de contratación, intentó eludir los derechos laborales; y, c) Tomando en cuenta los antecedentes ya descritos en la demanda de la acción tutelar, en su caso existió una tácita reconducción del contrato de trabajo suscrito con la entidad demandada, al haber continuado prestando sus servicios desde el 3 de enero de 2022, aun sin existir contrato administrativo a esa fecha, hasta el 24 del mismo mes y año; sumado a ello la respuesta tardía otorgada por DIPREVCON a su solicitud de inamovilidad laboral, cuando el último contrato ya feneció; así como, el trato discriminatorio cuando el personal de la entidad mencionó que no tenía la capacidad para desempeñar dicho cargo.
José Francisco Vargas Llanos, Director General de DIPREVCON, a través de sus representación legal, en audiencia informaron que: 1) DIPREVCON es una institución pública desconcentrada, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno, y en ese sentido suscribió contratos eventuales con María del Rosario Chávez Lacoa, los mismos que estaban sujetos a las normas del derecho administrativo y no así al ámbito de la Ley General del Trabajo; 2) La alegada tácita reconducción que sostiene la parte accionante no tiene asidero legal en materia administrativa, tomando en cuenta que los contratos eventuales del personal no se encuentran sujetos a la Ley precitada, de manera que no puede establecerse que los mismos son indefinidos, considerando que están sujetos a un periodo determinado de tiempo; en ese sentido, el contrato 001/2022 de 3 de enero, suscrito por DIPREVCON y la ahora impetrante de tutela, establece como fecha de inicio el 3 de enero y fecha de conclusión el 31 del mismo mes y año; 3) Si bien María del Rosario Chávez Lacoa, dio a conocer su embarazo durante la vigencia del contrato 096/2021, este tenía como plazo de vigencia solo hasta el 31 de diciembre de la misma gestión, documento de partes que además establecía puntualmente que no se aplicaba la reconducción al vencimiento del mismo, de modo que la inamovilidad laboral impetrada se respetó durante la vigencia de dicho contrato, siendo por ello aplicable el razonamiento expuesto en la SCP 0625/2016-S3 de 1 de junio; en cuanto al contrato 001/2022, se recalca que tiene como plazo de vigencia desde el 3 al 31 de enero de 2022, documento que además preveía la otorgación de un seguro de salud para la indicada solicitante de tutela; 4) Si bien la demandante sostiene que no se habrían respetado los modelos de contrato que otorga la CGE en cuanto al último contrato suscrito, ello tampoco resulta evidente, pues dicha repartición pública no otorga modelos de contrato a las entidades públicas; 5) Corresponde aplicar al caso lo razonado en las SSCCPP 0776/2017-S3 de 17 de agosto, 0093/2021-S4 de 29 de noviembre, 0893/2021-S3 de 8 de noviembre, 0238/2018-S3 de 1 de junio y 358/2017-S2 de 17 de abril, en las cuales se denegó la tutela solicitada invocando la lesión al derecho a la inamovilidad laboral con base en la prestación de servicios eventuales; 6) Ante la respuesta negativa otorgada por DIPREVCON a la solicitud de inamovilidad laboral, la impetrante de tutela no hizo uso de los recursos de impugnación previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo; por lo cual, corresponde declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, en aplicación al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa; y, 7) Si bien la accionante afirma que el carnet de asegurado otorgado por la Caja de Salud Corporación Regional de Desarrollo (CORDES) tiene una validez de dos gestiones, ello simplemente es un tema interno del seguro a efectos de su renovación, pero de ninguna manera establece el término de duración del contrato. Argumentos bajo los cuales solicitaron se declare improcedente o se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a través de la Resolución 020/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 138 a 144, denegó la tutela impetrada, bajo el siguiente fundamento: Al tratarse de contratos administrativos en el caso, los mismos no dan lugar a que opere la conversión de uno a plazo fijo por uno de tiempo indefinido, menos a que opere la tácita reconducción laboral; toda vez que, estas figuras únicamente rigen en las relaciones de carácter privado; de manera que su inamovilidad laboral únicamente abarca al término del contrato suscrito, el cual fenecía el 31 de enero de 2022, a cuyo término se cumplió el contrato, sin obligaciones ulteriores para la entidad contratante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Contratos Administrativos: MG-DIPREVCON-UJ-GES-RRHH 079/2021 de 1 de abril; MG-DIPREVCON-UJ-GES-RRHH 096/2021 de 3 de mayo; y, MG-DIPREVCON-UJ-RRHH 001/2022 de 3 de enero, se acredita la contratación realizada por DIPREVCON a María del Rosario Chávez Lacoa para la prestación de servicios como personal eventual de la entidad (fs. 10 a 15, 16 a 21 y 25 a 29). II.2. Mediante Nota de Remisión MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021 de 17 de diciembre, con fecha de recepción del mismo día, mes y año, María del Rosario Chávez Lacoa, informó a la Dirección General de DIPREVCON, su estado de gestación, adjuntando a dicho efecto copia simple de la ecografía (fs. 30 a 32). II.3. A través de Nota Interna MG-DIPREVCON-RTDD 28/2022 de 28 de enero, María del Rosario Chávez Lacoa, solicitó a la Dirección General de DIPREVCON, nota de respuesta a la Nota de Remisión MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021 (fs. 33). II.4. Por nota MG-DIPREVCON-UJ 014/2022 de 3 de febrero, la Dirección General de DIPREVCON, en respuesta a la Nota de Remisión MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021 y Nota Interna MG-DIPREVCON-RTDD 28/2022, comunicó a María del Rosario Chávez Lacoa, que ante el vencimiento del plazo previsto en el Contrato MG-DIPREVCON-UJ-RRHH 001/2022, se daba por extinguida la relación contractual, no siendo aplicable la inamovilidad laboral impetrada, al ser un contrato eventual (fs. 34 a 35).
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a las asignaciones familiares, a la maternidad, a la protección primaria del niño, niña y adolescente, al interés superior de la niña, niño y adolescente y a la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor; toda vez que, la autoridad demandada procedió a su desvinculación laboral pese haber comunicado su estado de embarazo en plena vigencia de su contrato; tampoco tomó en cuenta que al haber continuado prestando sus servicios desde el 3 de enero de 2022, sin contrato, porque este recién fue suscrito el 28 del mismo mes y año, y solo por ese mes, operó la tácita reconducción laboral, lo que conlleva su inamovilidad laboral; además, que su contratación fue para prestar servicios propios y permanentes de la institución. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, su regulación se encuentra contemplada en el art. 128 de la CPE, disposición que señala que esta acción procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
El art. 129.I de la Norma Suprema, enfatiza que esta acción de defensa puede presentarse por la persona: “…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado, y de manera constante, que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley; sin embargo, también es cierto que la exigencia del agotamiento previo de los mecanismos procesales previstos, ya sea en la vía ordinaria o administrativa, pueden no resultar idóneos u oportunos para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales alegados, ocasionando más bien un daño irreparable e irremediable de no otorgarse la tutela solicitada; por lo que, la justicia constitucional estableció subreglas como excepción al indicado principio que rige esta acción tutelar, encontrándose entre ellas, los derechos fundamentales que asisten a la mujer en estado de gestación, dado que la protección de los derechos de las mismas, conforme a lo señalado en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, debe ser “…de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…”; razonamiento que también fue asumido en las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. El entendimiento anotado precedentemente no resulta aplicable únicamente a la mujer embarazada, pues tomando en cuenta el orden constitucional vigente, el mismo resulta extensivo también a los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, de manera que, ante la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la mujer embarazada o padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional; puesto que un razonamiento contrario, además de ser restrictivo al ejercicio de los derechos constitucionales, no sería congruente con el deber de protección y tutela reforzada que establecen los arts. 45.V y 48.VI de la CPE. En ese sentido, cuando la mujer embarazada o la madre o padre progenitor de una hija o hijo menor de un año de edad, activa la jurisdicción constitucional en búsqueda de tutela de su derechos a la inamovilidad laboral, no será exigible el agotamiento previo de los mecanismos procesales que prevé el ordenamiento jurídico; toda vez que, la protección del derecho, más que al trabajador, está dirigida a la tutela de los derechos del nasciturus o de la niña o niño menor de un año, conforme se razonó también en la SCP 0198/2013 de 27 de febrero.
En cuanto a este derecho fundamental, el art. 48.VI de la CPE, dispone que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. Lo resaltado en el texto normativo transcrito denota que la inamovilidad laboral descrita no solamente se aplica a la mujer trabajadora; sino que también se hace extensiva a los padres progenitores, con lo cual se denota la importancia de precautelar el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social, no solo de la madre, sino también del recién nacido, que desde el momento de su concepción es sujeto de derechos en todo aquello que pueda favorecerle. Cabe resaltar que la protección reforzada de la que goza la mujer embarazada hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, no deviene simplemente de la actual Norma Suprema, pues la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, prevé que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”; norma que como se advertirá más adelante, resulta aplicable tanto en el sector privado como en el ámbito público, por cuanto la protección dispuesta no tiene únicamente como objeto, los derechos fundamentales de la mujer en estado de gestación, sino fundamentalmente de la persona en el vientre y hasta que alcance a cumplir un año de edad. En ese sentido, ya bajo el influjo de la Constitución Política del Estado en vigencia, mediante Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, se regula la inamovilidad de la madre y el padre progenitores que prestan funciones en el sector público o privado, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, prohibiendo su despido y la afectación de su nivel salarial o su ubicación en el puesto de trabajo que ocupa; dejando en claro nuevamente, que el objeto es, garantizar a la madre una maternidad segura y en la que, el Estado está en la obligación de brindar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal, conforme a lo previsto en el art 45.V de la CPE. En ese marco, es evidente que la regla general es que las mujeres en estado de embarazo, y los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, gozan de protección reforzada; por lo que, no pueden ser desvinculados, afectados en su nivel salarial o su ubicación en el puesto de trabajo que ocupan. La indicada regla resulta aplicable a todos aquellos supuestos en los que el servidor público o trabajador presta sus servicios en una relación indefinida, es decir, sin plazo preestablecido o acordado entre el empleador y el empleado, pues cuando esto último acontece, la señalada regla ya no es suficiente para resolver el problema jurídico planteado, pues es evidente que la jurisprudencia constitucional ha referido, en reiterados casos, que cuando el empleador intentan eludir la aplicación de la normativa laboral a través de la suscripción de contratos a plazo fijo o eventuales, se deben verificar las subreglas previstas en el ámbito laboral para la eficacia de los contratos a plazo fijo, entre ellas, la prohibición de suscripción de contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes, la prohibición de suscripción de más de dos contratos a plazo fijo, y la tácita reconducción laboral, aunque claro, dichas subreglas resultan aplicables a las relaciones laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias. En ese sentido, el DS 0012 9 reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado, cuyo art. 5, refiriéndose a la vigencia del beneficio, establece: “I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral.
de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija” (las negrillas son añadidas). Sobre la base de la normativa citada, la SCP 0432/2022-S4 de 2 de junio, concluyó lo siguiente: “…no es aplicable la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación o de los padres progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en los casos en que las entidades públicas no sujetas a la Ley General del Trabajo suscriban contratos de trabajo a plazo fijo o temporales en los que el término del contrato se encuentra preestablecido, y en los que, el empleador está en la obligación de cumplir con los derechos del trabajador, hasta el límite del mismo contrato” (las negrillas son nuestras).
Este razonamiento también fue expuesto en la SCP 0244/2017-S2 de 20 de marzo, que citando a la SCP 1174/2015-S1, señaló que: “…el accionante (trabajador de EMAS) en virtud a la inamovilidad que le asiste por mandato constitucional, no debió ser destituido de su fuente laboral, sino más bien debió permanecer en el mismo hasta la conclusión del período de trabajo que restaba a su contrato a plazo fijo; lo que quiere decir que cuando se trate de padres progenitores del sector público o privado que estén bajo este tipo de modalidad de trabajo, gozarán de inamovilidad laboral, empero únicamente hasta la fecha de culminación de su contrato de trabajo, puesto que en estos casos no debe entenderse a la inamovilidad laboral, en los parámetros establecidos en el art. 5.II del DS 0012; es decir, como el derecho de permanecer en el cargo hasta que el hijo del trabajador cumpla un año de edad, sino más bien debe entenderse como el derecho de seguir trabajando sólo hasta el momento de la conclusión del contrato suscrito” (las negrillas nos corresponden). En el marco de la normativa constitucional y legal citada; así como, la jurisprudencia respecto a los contratos a plazo fijo, se debe concluir señalando que la inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o del padre progenitor hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en el caso de entidades no sujetas a la Ley General del Trabajo, se encuentra reatada al término previsto en el contrato a plazo fijo suscrito; dado que, el indicado derecho no podría entenderse como la obligación del contratante de suscribir más contratos eventuales.
La accionante denunció que la autoridad demandada lesionó sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a las asignaciones familiares, a la maternidad, a la protección primaria del niño, niña y adolescente, al interés superior de la niña, niño y adolescente y a la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor; dado que, procedió a su desvinculación laboral pese haber comunicado su estado de embarazo en plena vigencia de su contrato; tampoco tomó en cuenta que al haber continuado prestando sus servicios desde el 3 de enero de 2022, sin contrato, porque este recién fue suscrito el 28 del mismo mes y año, y solo por ese mes, operó la tácita reconducción laboral, lo que conllevaría su inamovilidad laboral; además que su contratación fue para prestar servicios propios y permanentes de la institución. Con carácter previo al análisis de la problemática expuesta, corresponde pronunciarnos respecto a la alegada improcedencia sostenida por la parte demandada, que en su informe brindado en audiencia señaló entre otras cosas que, “ante la respuesta negativa otorgada por DIPREVCON a la solicitud de inamovilidad laboral, la impetrante de tutela constitucional no hizo uso de los recursos de impugnación previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo cual corresponde declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, en aplicación al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa” (sic). Al respecto, en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se ha establecido que si bien la acción de amparo constitucional se rige, entre otros, por el principio de subsidiariedad, que implica la apertura de la justicia constitucional mediante la presente acción tutelar, previo agotamiento de los mecanismos procesales previstos; no es menos evidente que dicha regla tiene también su excepción, que se aplica cuando la vía ordinaria o administrativa pueden no resultar idóneos u oportunos para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales alegados; razón por la cual, la jurisprudencia estableció subreglas como excepción al indicado principio que rige esta acción de defensa, encontrándose entre ellas, cuando se denuncia la lesión a los derechos fundamentales que asisten a la mujer en estado de gestación; dado que, la protección de los derechos de este grupo vulnerable debe ser de manera inmediata y en consecuencia no es exigible el agotamiento previo de los mecanismos procesales que prevé el ordenamiento jurídico. En ese marco y advirtiéndose que la solicitante de tutela sustenta su demanda de acción de amparo constitucional en el hecho de que no se habría respetado su derecho a la inamovilidad laboral por situación de embarazo, corresponde, bajo el razonamiento previamente expuesto, hacer excepción al principio de subsidiariedad, sabiendo que la protección del derecho reclamado está dirigida por sobre todo al gestante, conforme se razonó en la SCP 0198/2013 de 27 de febrero. Superado dicho aspecto, corresponde analizar y resolver la problemática de fondo alegada por la accionante, a cuyo efecto cabe señalar que, de la revisión y compulsa de todos los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme a la Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, María del Rosario Chávez Lacoa suscribió varios contratos administrativos (MG-DIPREVCON-UJ-GES-RRHH 079/2021 de 1 de abril; MG-DIPREVCON-UJ-GES-RRHH 096/2021 de 3 de mayo; y, MG-DIPREVCON-UJ-RRHH 001/2022 de 3 de enero) con la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria, dependiente del Ministerio de Gobierno, cuyo objeto fue la prestación de servicios por términos preestablecidos (plazo fijo) en las dependencia de dicha entidad, ubicadas en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni; en ese sentido, en vigencia de su penúltimo contrato (MG-DIPREVCON-UJ-GES-RRHH 096/2021), mediante Nota de Remisión MG-DIPREVCON-RTDD 326/2021 de 17 de diciembre, con fecha de recepción del mismo día, mes y año, la hoy impetrante de tutela informó a la Dirección General de DIPREVCON, su estado de gestación, adjuntando a dicho efecto una copia simple de la ecografía, reiterada mediante nota interna MG-DIPREVCON-RTDD 28/2022 de 28 de enero; mereciendo como respuesta la nota MG-DIPREVCON-UJ 014/2022 de 3 de febrero, por la cual, la Dirección General de DIPREVCON comunicó a la hoy solicitante de tutela que, ante el vencimiento del plazo previsto en el Contrato MG-DIPREVCON-UJ-RRHH 001/2022, se daba por extinguida la relación contractual, no siendo aplicable la inamovilidad laboral impetrada, al ser un contrato eventual. De lo anotado previamente se establece que, la ahora accionante fue contratada por DIPREVCON bajo contratos administrativos por tiempo definido o a plazo fijo, siendo el último de ellos el Contrato MG-DIPREVCON-UJ-RRHH 001/2022 de 3 de enero, cuyo plazo de vigencia comprendía del 3 al 31 de enero de 2022 (un mes), a cuyo término dejó de prestar sus servicios por haber cumplido el plazo convenido, de manera que no se advierte en la conducta de la autoridad demandada un acto ilegal o lesivo de los derechos alegados como vulnerados en la presente causa; pues conforme fue señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o del padre progenitor hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en el caso de entidades no sujetas a la Ley General del Trabajo, se encuentra reatada al término previsto en el contrato a plazo fijo suscrito, dado que, el indicado derecho no puede ser entendido como la obligación del contratante de suscribir nuevos contratos, sea eventuales o a tiempo indefinido. Si bien es cierto que la amplia jurisprudencia constitucional es uniforme en sostener que la inamovilidad laboral debe ser protegida cuando se advierta que, mediante la contratación a plazo fijo la parte contratante pretende eludir las normas sociales; debe tomarse en cuenta que tal entendimiento se aplica a contrataciones realizadas en el marco de la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias vigentes; no así, a entidades públicas sujetas a un régimen laboral distinto, como es el caso de los servidores públicos, cuya norma aplicable es, de manera general, la Constitución Política del Estado en cuanto se refiere a los servidores públicos y la Ley del Estatuto del Funcionario Público, de manera que, las subreglas de prohibición de suscripción de contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa (art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979), la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo (art. 2 del DL 16187); y, la tácita reconducción laboral (art. 21 de la Ley General de Trabajo [LGT]), no resultan aplicables en este último ámbito; tal como pretende la accionante al sostener que operó la tácita reconducción laboral al seguir trabajando sin contrato desde el 3 de enero de 2022 hasta el 28 del mismo mes y año, cuando suscribió contrato recién en esta fecha, aunque con fecha retrasada; o, que suscribió contratos para prestar servicios que son propios y recurrentes de DIPREVCON. En cuanto a la acusada mala fe en la que habría incurrido la entidad demandada al suscribir el último contrato a plazo fijo, solo por un mes y restringiendo varias cláusulas relativas al seguro a corto y largo plazo, o que la misma se apartó de los modelos de contrato preestablecidos por la Contraloría General del Estado; dichos actos de ninguna manera configuran una lesión a los derechos alegados como vulnerados en la causa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, efectuó un correcto análisis de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 138 a 144, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): d9edc80d9e46cf286ed11bfdf99bfa5db019f2551d9950ab830d57cf528cf269
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →