B.IA.LEGAL

SCP 0128/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
44367-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante por intermedio de su representante sin mandato denuncia que se infringe su derecho a su libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto, mediante Resolución fundamentada 280/2021 de 18 de octubre, señaló audiencia para la consideración de su situación jurídica procesal para el 18 de noviembre del indicado año, a horas 10:00 a.m.; sin embargo, habiendo tomado conocimiento que el hecho fue cometido en la localidad de San Andrés de Machaca y al contar con un Juzgado en dicha localidad, dispuso remitir el caso ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca, quien habría desconocido el señalamiento de audiencia referido y no convocó a dicho acto procesal, cuando únicamente correspondía disponer que la secretaria remita el Link a los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs., 21 a 22 vta., pronunciada por el Juez Segundo de Ejecución Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0128/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44367-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Berthy Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Edgar Benjamín Mamani Ramírez contra Edwin Apaza Churata, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Andrés de Machaca del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante por medio de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el 17 de octubre de 2021, fue imputado por el Fiscal de Materia Diego Boris Farrachol Pinto por la presunta comisión del ilícito mencionado. Iniciado el proceso en fin de semana, el Juez de Instrucción Penal Sexto El Alto, asumió conocimiento y en audiencia de aplicación de medidas cautelares mediante Resolución fundamentada 280/2021 de 18 de octubre dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por tratarse de un delito flagrante, ordenó el trámite en procedimiento inmediato y señaló audiencia para el 18 de noviembre del citado año a horas 10:00 a.m., para consideración de su situación jurídica. Sin embargo, tomado conocimiento que el hecho fue cometido en la localidad de San Andrés de Machaca y al contar dicha localidad con un Juzgado, dispuso remitir el caso ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca – demandado-. Pese a lo expuesto, el Juez demandado desconoció el señalamiento de audiencia referido y no convocó a dicho acto procesal, contrariando lo previsto por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que pretende evitar el retardo de justicia, y el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Cuando únicamente correspondía disponer que la secretaria remita el Link a los sujetos procesales, vulnerando su derecho a la libertad, el debido proceso sin respetar el principio de celeridad con dicha omisión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como vulnerados su derecho a la libertad, el debido proceso y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II, 117, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga: que la Autoridad demandada en el día señale audiencia para considerar su situación jurídica dentro de las 24 horas por tratarse de un caso con detenido preventivo y de estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad el 19 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela en audiencia por intermedio de su abogado ratificó el memorial de acción de libertad y ampliando sus fundamentos señaló: a) El Juez de Instrucción Penal de Turno de El Alto dispuso su detención preventiva tratándose de un procedimiento en flagrancia conforme el art. 230 del CPP, que se habría sustentado el procedimiento inmediato y que señaló audiencia para el 18 de noviembre de 2021 a horas 10:00 a.m., sin embargo la audiencia fue suspendida por el Juez demandado y dispuesto cuarto intermedio para las cuatro de la tarde del mismo día; b) Audiencia en la cual se habría resuelto la situación jurídica del imputado a las 20 horas; y, c) Por lo cual se estará a lo resuelto en la presente audiencia, pidió que en lo sucesivo la autoridad demandada lleve a cabo la audiencia en la fecha señalada sin determinar cuarto intermedio.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edwin Apaza Churata, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca presente en la audiencia, presentó tanto informe oral como escrito que corre a fs. 18 y 19 vta., en el que informa lo siguiente: 1) El Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal del Alto, el miércoles 17 de noviembre de 2021 a horas 14:07, remitió a este despacho judicial el expediente caratulado Ministerio Público c/ Moisés Faustin Mamani Alanoca, Pablo Juan Mamani Choque, Iván Percy Sarmiento Sarmiento, Elmer Alcides Enríquez Galindo y Edgar Benjamín Mamani Ramírez por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y otros, en efecto se tiene dicha remisión por declinatoria de jurisdicción; 2) Al haberse constatado que dicho expediente tenía señalamiento de audiencia de reconsideración de la situación jurídica de los cinco imputados para el día siguiente, es decir para el jueves 18 de noviembre de 2021 a horas 10:00 la suscrita autoridad ordenó de inmediato a secretaría gestione las notificaciones al Ministerio Público, imputados y abogados de los imputados, así como al Consulado de la República del Perú, en efecto, también se notificó a la Gobernación del Penal de San Pedro a fin que se habilite una sala para los cinco imputados, se coordinó también con la oficina Gestora para que se habilite la Sala virtual habiendo cumplido con todo ello en un tiempo reducido y con éxito así como emitido los link a todas las partes y sus abogados; 4) El jueves 18 de noviembre de 2021 se instaló la audiencia llevándose a cabo la misma, conforme a lo previsto por el art. 113 del CPP y el art. 32.III del Reglamento de la Ley 1173; 5) Evidenciándose que dos de los coimputados no contaban con su defensa técnica legal, previa intervención de las partes dispuso un cuarto intermedio para horas 16:00 del mismo día con la finalidad de no violentar los derechos de los imputados, habiéndose oficiado inclusive a Defensa Pública; y, 6) A horas 16:00 del mismo día se reinstaló la audiencia y se llevó a cabo la audiencia con la participación de todas las partes y sus abogados, emitiéndose la Resolución 120/2021 que resolvió la situación jurídica de los 5 imputados.

I.2.3. Resolución

La Juez Segundo de Ejecución Penal de la Paz constituido el Juez de garantías, mediante Resolución 23/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: i) Si bien es evidente que la acción de libertad no requiere de la observación de requisitos formales, empero, el accionante tiene la obligación de acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que se formulan, siendo su responsabilidad demostrar la existencia de los actos que hubieran amenazado o restringido su derecho a la libertad, y que pongan en peligro su vida; y, ii) En el presente caso se tiene que el actor no adjunto documento alguno a efectos que la Autoridad pueda realizar el análisis y la compulsa correspondiente para determinar si efectivamente sus derechos fueron vulnerados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de medida cautelar de 18 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto, dispuso la detención preventiva de Edgar Benjamín Mamani Ramírez y otros en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, concedió el plazo de 30 días al Ministerio Público para que presente su requerimiento conclusivo, disponiendo el trámite bajo el procedimiento inmediato tratándose de un delito flagrante; el Ministerio Público solicitó el plazo de 90 días de detención preventiva para todos los coimputados, se concedió el mismo, y señaló audiencia para el 18 de noviembre de 2021 a horas 10:00 a.m. para determinar la situación jurídica procesal; tuvo por presentados los recursos de apelación, dispuso su tramitación conforme el art. 251 del CPP ( fs. 8 a 10). II.2. Citación y notificación al consulado del Perú en la persona del Asesor Jurídico Alejandro León, con el Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2021 (fs.11). II.3. Citación y notificación con el Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2021 a los imputados Moisés Faustin Mamani Alanoca y Pablo Juan Mamani Choque (fs. 12). II.4. Citación y notificación al imputado Edgar Benjamín Mamani Ramírez con el Auto Interlocutorio de 18 de octubre de 2021 (vía celular) (fs. 13). II.5. Acta de consideración de situación jurídica procesal virtual vía cisco Webex Meetings de 18 de noviembre de 2021, por la que se evidencia que en la fecha indicada se llevó a cabo la audiencia de consideración jurídica entre otros imputados con la presencia del imputado Edgar Benjamín Mamani Ramírez, cuyo abogado Raúl Ferreira (entre otros) solicitó un cuarto intermedio hasta que se notifique a los abogados defensores de los co-imputados que no cuentan con abogados y que la audiencia se lleve a cabo por la tarde para no causar indefensión, previa intervención de las partes, Edwin Apaza Churata Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca dispuso cuarto intermedio hasta horas 16:00 quedando notificadas las partes (fs.14 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante por intermedio de su representante sin mandato denuncia que se infringe su derecho a su libertad, al debido proceso y al principio de celeridad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto, mediante Resolución fundamentada 280/2021 de 18 de octubre, señaló audiencia para la consideración de su situación jurídica procesal para el 18 de noviembre del indicado año, a horas 10:00 a.m.; sin embargo, habiendo tomado conocimiento que el hecho fue cometido en la localidad de San Andrés de Machaca y al contar con un Juzgado en dicha localidad, dispuso remitir el caso ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca, quien habría desconocido el señalamiento de audiencia referido y no convocó a dicho acto procesal, cuando únicamente correspondía disponer que la secretaria remita el Link a los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante por intermedio de su representante sin mandato denuncia que el Juez demandado, no llevó a cabo la audiencia señalada para el 18 de noviembre de 2021 para la consideración de su situación jurídica procesal, dado que se encuentra sometido a procedimiento inmediato debido a que fue imputado por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas en flagrancia, infringiendo de esa manera su derecho a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad.

De los antecedentes cursantes en obrados, y lo descrito en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edgar Benjamín Mamani Ramírez y otros, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en Flagrancia, el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto, luego de disponer su detención preventiva en el Penal de San Pedro, señaló audiencia para consideración de su situación jurídica, al estar sometidos a procedimiento inmediato (art. 393 Bis). Sin embargo, al percatarse que el hecho habría sido cometido en la localidad de San Andrés de Machaca donde existía un Juzgado, el 17 de noviembre de 2021 declino jurisdicción y remitió el caso a dicho Juzgado a horas 14:07, previos los trámites de rigor y notificaciones a las partes, Edwin Apaza Churata Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción de la localidad de San Andrés de Machaca demandado, llevó a cabo la audiencia el 18 de noviembre de 2021, empero, al evidenciar que dos de los imputados no contaban con abogado y con la finalidad de oficiar a defensa pública, dispuso cuarto intermedio hasta horas 16:00 quedando notificadas las partes. En la hora indicada se reinstaló la audiencia con la presencia de las partes y sus abogados, por lo que el Juez dispuso la prosecución de la audiencia hasta su conclusión emitiendo la Resolución 120/2021 que resolvió la situación jurídica de los cinco imputados entre los que se encuentra el hoy accionante. Asimismo, se evidencia que la defensa del accionante en la audiencia de acción de libertad señaló que la referida audiencia se había llevado a cabo el 18 de noviembre de 2021 y que se dispuso cuarto intermedio debido a que algunos imputados carecían de abogados defensores y que estaría a lo que el Juez de garantías resuelva. De estos antecedentes se infiere que lo alegado en la demanda de acción de libertad no es evidente, dado que el Juez demandado llevó a cabo la audiencia de 18 de noviembre de 2021 y si bien se dispuso cuarto intermedio lo hizo para evitar nulidades posteriores y con la finalidad que los imputados cuenten con defensa técnica, lo que no implica que se hubiera vulnerado el debido proceso y el derecho a la libertad del accionante. Por el contrario, el Juez ahora demandado buscó acelerar los trámites judiciales, para resolver la situación jurídica de los privados de libertad y llevó a cabo la audiencia hasta su conclusión, sujetándose a lo previsto por la jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa y de pronto despacho referida en el Fundamento Jurídico III. 1 de este Fallo Constitucional; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs., 21 a 22 vta., pronunciada por el Juez Segundo de Ejecución Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0128_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 37233e13b0618e6d7f0851e09634529f60c15fecb7ded3c2bcb49e6eea9dede5

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