Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio celeridad; toda vez que, desde el 30 de mayo de 2022, viene solicitando la modificación de sus medidas cautelares, en distintas oportunidades que fueron suspendidas de manera reiterada, transcurriendo más de catorce meses sin que se resuelva su situación jurídica, sin considerar sus solicitudes y lo dispuesto por el art. 239 del CPP, continuando con detención domiciliaria, pese a que el proceso concluyó con la emisión de la Resolución de Criterio de Oportunidad Reglada F.E.P.D.C. COR. 11/2018 y la Resolución de Rechazo RES.RECH./FEPDC 132/2019. Ante ello, los demandados no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a pesar de haber sido notificados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en los mismos términos expuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; así como, respecto a la solicitud de reparación de los derechos del accionante por los supuestos daños causados, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2026-S2 Sucre, 25 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57410-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 078/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Mena Márquez en representación sin mandato de Rolando Morales Cadena contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez; Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 51 a 56, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, así como por conducción peligrosa, en la audiencia de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 612/2017 de 26 de noviembre, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, ordenó su detención domiciliaria sin permiso de salida laboral, dicha medida se mantuvo hasta la interposición de la acción de libertad, permaneciendo privado de su libertad personal por aproximadamente cinco años y ocho meses; en consecuencia, la etapa preparatoria concluyó con la emisión de la Resolución de Criterio de Oportunidad Reglada F.E.P.D.C. COR. 11/2018 de 17 de septiembre y con la Resolución de Rechazo RES.RECH./FEPDC 132/2019 de 22 de marzo. Asimismo, el 30 de mayo de 2022 solicitó la cesación de su detención domiciliaria, petición que fue proveída el 31 del mismo mes y año, señalándose audiencia para el 10 de junio de igual año a horas 16:00; sin embargo, dicha audiencia no se celebró debido a que el Juez demandado se encontraba en comisión de estudio; en consecuencia, se reprogramó mediante providencia de 10 de ese mes y año -y no de marzo, como erróneamente se consignó- para el 22 de junio del mismo año, posteriormente dicha audiencia se suspendió por falta de remisión de la notificación dentro del plazo ante la Gestora de Procesos, reprogramándose nuevamente para el 30 del citado mes y año a horas 11:00, la cual también fue suspendida sin que se señale nueva fecha, transcurriendo desde entonces más de un año y dieciocho días, sin que la autoridad demandada actuara de oficio para resolver su situación jurídica procesal. Además, el 18 de julio de 2023 pidió la cesación de su detención domiciliaria conforme a los arts. 239.1 y 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En atención a dicha solicitud, la autoridad judicial emitió la providencia de 20 del mismo mes y año, fijando audiencia para el 28 de igual mes y año a horas 12:00 y ordenando que las notificaciones se realicen de forma personal en los domicilios reales de las víctimas; sin embargo, luego de siete días hábiles, la audiencia fue suspendida por falta de notificación a las cuatro víctimas, debido a que las copias fueron remitidas fuera de plazo a la Gestora de Procesos, a tal efecto, interpuso recurso de reposición conforme al art. 401 del CPP, señalando que ya existían memoriales de 27 de julio y 10 de noviembre de 2022, en los que constaban los domicilios procesales de las víctimas y los desistimientos, pese a ello, la autoridad judicial demandada rechazó el recurso sin fundamentación y mantuvo la orden de notificar en domicilios reales, generando nuevas dilaciones, desconociendo la información proporcionada por el Ministerio Público e incumpliendo el plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239 del CPP.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio celeridad; citando al efecto los arts. 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención América sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la audiencia señalada para el 8 de agosto de 2023 y se cumpla con el plazo procesal establecido en el art. 239 del CPP, fijando nueva audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas; b) El personal de apoyo judicial cumpla con sus funciones y remita las notificaciones a la Gestora de Procesos; y, c) Reparación de daños en fase de ejecución de sentencia.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 62 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando señaló que: 1) En el proceso radicado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, su persona cumple desde 2017 medidas cautelares personales, incluida la detención domiciliaria sin salidas laborales. Pese a que el Ministerio Público concluyó la etapa preparatoria, presentó la Resolución de Criterio de Oportunidad Reglada F.E.P.D.C. COR. 11/2018 y emitió la Resolución de Rechazo RES.RECH./FEPDC 132/2019; 2) El 30 de mayo de 2022 solicitó la modificación y cesación de su detención domiciliaria; sin embargo, el Juez demandado, el Secretario y la Auxiliar del citado Juzgado -hoy codemandados- incurrieron en dilaciones reiteradas, incumpliendo el plazo de cuarenta y ocho horas establecido por el art. 239 del CPP, toda vez que, las audiencias fijadas fueron suspendidas o reprogramadas por errores de notificación, falta de uso de domicilios procesales ya informados, y negligencia en la remisión oportuna de actuaciones a la gestora de procesos; y, 3) Transcurrió más de un año sin que se resuelva su solicitud, vulnerando sus derechos fundamentales vinculados a la libertad, la celeridad procesal y el debido proceso.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez; Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a su notificación, cursante de fs. 59 a 61.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 078/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 65 a 67 vta., concedió la tutela impetrada, en relación al Juez demandado y denegó en cuanto al Secretario y Auxiliar codemandados, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas se señale audiencia para considerar la solicitud de modificación de medidas cautelares, ello con base en los siguientes fundamentos: i) Al haberse efectivizado la notificación a los demandados y, pese a ello, no haberse presentado a la audiencia ni haber presentado informe que niegue o desvirtúe las denuncias formuladas por la parte accionante, su silencio será considerado como confesión respecto del hecho ilegal o indebido denunciado en la acción tutelar; ii) Desde la solicitud inicial de 30 de mayo de 2022, efectivamente transcurrieron más de catorce meses sin que se resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela; iii) En cuanto al Secretario y la Auxiliar codemandados, se cuestiona que el Secretario señaló audiencia para el 28 de julio de 2023 en respuesta a una solicitud presentada el 18 de igual mes y año, excediendo el plazo legal previsto para dicho señalamiento, y en relación a la Auxiliar, la misma no habría cumplido con sus labores de diligenciamiento a efectos de viabilizar las solicitudes de modificación de medidas cautelares; iv) El personal jurisdiccional subalterno puede ser considerado parte pasiva, su responsabilidad depende de un análisis circunstancial según el caso, debiendo evaluarse su actuación únicamente, en caso de que la autoridad jurisdiccional haya advertido la omisión y haya tenido oportunidad de corregirla, ya que si el juez convalida o no corrige dicha actuación, la responsabilidad recae directamente en él; en este caso, aunque se menciona que el Secretario codemandado fijó audiencia el 18 de julio de 2023, diez días después de la solicitud, y la Auxiliar codemandada no diligenció correctamente las solicitudes del accionante, se debe tener presente que la autoridad jurisdiccional, es quien dirige el proceso, por ello, no procede activar la acción tutelar contra estos servidores públicos; y, v) El Juez demandado como director del proceso, goza de facultades jurisdiccionales para adoptar determinaciones; sin embargo, desde el 30 de mayo de 2022 no consideró la solicitud de modificación de la detención preventiva, no se presentó a la audiencia ni emitió informe que niegue o desvirtúe las denuncias formuladas; en consecuencia, su silencio se considera como confesión de la comisión del hecho ilegal.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 74), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 12 de febrero de 2026 (fs. 78) y notificado a las partes procesales el 24 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2022 ante Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, Rolando Morales Cadena -hoy accionante-solicitó la modificación de las medidas cautelares impuestas dentro del proceso seguido en su contra por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito (fs. 22 a 23 vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 18 de noviembre de 2022 ante el Juez demandado, mediante el cual el impetrante de tutela refiere que solicitó la emisión de oficio dirigido al Ministerio Público para que certifique los domicilios procesales consignados en el cuaderno de investigación por Luis Choque Mendoza, Eleuterio Lima Tarqui y Natalio Cantuta Tapia (fs. 39 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 18 de julio de 2023 ante el Juez demandado, el peticionante de tutela solicitó la modificación de medidas cautelares de carácter personal (fs. 40 a 43 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio celeridad; toda vez que, desde el 30 de mayo de 2022, viene solicitando la modificación de sus medidas cautelares, en distintas oportunidades que fueron suspendidas de manera reiterada, transcurriendo más de catorce meses sin que se resuelva su situación jurídica, sin considerar sus solicitudes y lo dispuesto por el art. 239 del CPP, continuando con detención domiciliaria, pese a que el proceso concluyó con la emisión de la Resolución de Criterio de Oportunidad Reglada F.E.P.D.C. COR. 11/2018 y la Resolución de Rechazo RES.RECH./FEPDC 132/2019. Ante ello, los demandados no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a pesar de haber sido notificados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115. II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa ya una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilataciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual, exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera adecuada; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas fueron añadidas).
Del contenido de la presente acción tutelar se advierte que el accionante pretende la modificación de sus medidas cautelares de carácter personal, a tal efecto, el 30 de mayo de 2022 solicitó dicha modificación, petición que fue proveída el 31 del mismo mes y año, señalándose audiencia para el 10 de junio a horas 16:00; es decir, ocho días después (Conclusión III.1); no obstante, dicha audiencia fue suspendida, al igual que las programadas para los días 22 y 30 de junio, y 28 de julio de 2023 y posteriormente se fijó una nueva audiencia para el 8 de agosto del mismo año.
En ese contexto, resulta necesario considerar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, se encuentra estrechamente vinculada al principio de celeridad, en tal sentido, su objeto de protección radica en el cumplimiento de los plazos procesales por parte de las autoridades judiciales, así como en la tramitación oportuna de las causas, especialmente cuando estas se encuentran relacionadas con la libertad de las partes o de alguna de ellas, ello se debe a que el incumplimiento, la demora o la dilación indebida en la tramitación procesal pueden poner en riesgo la efectiva protección del derecho fundamental referido.
En relación al Juez demandado, corresponde señalar lo siguiente:
Al haberse suspendido las audiencias señaladas para el 10, 22 y 30 de junio de 2023, así como la programada para el 28 de julio de igual año, y habiéndose fijado posteriormente una nueva audiencia para el 8 de agosto del citado año a horas 10:00, se evidencia que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, transcurrió un periodo superior a catorce meses sin que se haya resuelto la situación jurídica del accionante, encontrándose con detención domiciliaria, tal circunstancia configura una vulneración evidente de su derecho fundamental a la libertad personal, en estrecha vinculación con el principio de celeridad procesal, este principio impone a las autoridades jurisdiccionales el deber de impulsar los actos procesales de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones indebidas, garantizando una administración de justicia pronta, efectiva y libre de formalismos innecesarios que obstaculicen su desarrollo, la inobservancia de estos deberes, materializa la reiterada suspensión de audiencias y en la prolongación injustificada del trámite, generando una afectación directa a los derechos del justiciable; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a fin de restituir el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado.
Respecto al Secretario y la Auxiliar codemandados Se advierte que el impetrante de tutela no precisó de qué manera los nombrados habrían vulnerado sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de principio de celeridad; puesto que, la competencia para señalar audiencia de modificación de medidas cautelares de carácter personal recae exclusivamente en el Juez de la causa, quien debe disponerla dentro del plazo legal correspondiente; en consecuencia, al no evidenciarse actuación atribuible al Secretario y a la Auxiliar codemandados que implique vulneración de derechos fundamentales, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a ellos. Finalmente, en relación con la solicitud de reparación por la presunta vulneración de los derechos del accionante, corresponde precisar que el mismo no identificó ni fundamentó de manera concreta cuáles serían los daños ocasionados como consecuencia de la actuación cuestionada; en razón a que el impetrante de tutela no especificó los supuestos perjuicios alegados que revisten carácter material o inmaterial, ni aportó elemento probatorio alguno que permita acreditar de forma objetiva la existencia y alcance de tales daños. En ausencia de una exposición clara, precisa y debidamente sustentada sobre el perjuicio sufrido, este Tribunal se encuentra impedido de efectuar un análisis de fondo respecto a la procedencia de una eventual reparación; en consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de un daño cierto y atribuible a la autoridad demandada, corresponde denegar la tutela solicitada en este extremo.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en los mismos términos expuestos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; así como, respecto a la solicitud de reparación de los derechos del accionante por los supuestos daños causados, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0127_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6a214946d2fd280bc270290f0d45fc824baab2baa895f285e2cfa53552fdda6f
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