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SCP 0127/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50447-2022-101-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la lesión del derecho a la libertad, al debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto fue recluido en el Penal “La Merced” por un mandamiento de apremio emitido en un proceso de asistencia familiar en el que no fue citado legalmente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0127/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50447-2022-101-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 05/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Basilia Apaza Catorceno en representación sin mandato de su hijo Jhon Davis Torrez Apaza contra Serafín Flores Barreta, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2022, cursante de fs. 35 a 36 vta.; el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de asistencia familiar seguido por Carla Roxana Paco Villarroel en contra de Jhon Davis Torrez Apaza -hijo de la accionante-, se ejecutó un mandamiento de apremio producto de un proceso de asistencia familiar desarrollado con vicios procesales, refirió error de cálculo en la liquidación, pues se notificó al obligado con el Auto de Admisión de la demanda el 15 de marzo de 2016, el cual fue corregido y notificado nuevamente en Secretaría el 17 del mismo mes y año; sin embargo, se realizó el cálculo de la liquidación desde el 15 de marzo de 2016, lo cual se mantuvo en las subsiguientes liquidaciones que fueron sumadas a petición de la demandante, no se tomó en cuenta depósitos realizados por el obligado, la demandante prestó juramento de desconocimiento de domicilio, a pesar de que conocía el domicilio y el lugar de comercio del obligado, librándose edicto judicial el cual no consignó que en caso de incomparecencia se nombrará defensor de oficio, no tuvo defensor de oficio hasta la fecha de su apremio, el juez de la causa en varios actuados procesales realizó correcciones de oficio, pero no desarrolló la misma actividad en los vicios descritos en la acción de libertad, todos estos actuados procesales irregulares dieron lugar a un apremio indebido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 24, 109, 115 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga de forma inmediata la libertad de Jhon Davis Torrez Apaza.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48 vta., se realizaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Serafín Flores Barreta, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 14 de septiembre de 2022, cursante de fs. 45 a 46, solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) En la contestación de la demanda de asistencia familiar no planteó ninguna nulidad ni excepción, interpuso recurso de apelación y en alzada se redujo el monto de asistencia fijado en primera instancia; b) Las planillas de liquidación se notificaron al obligado y no realizó observación alguna por lo que fueron aprobadas y sumadas a petición de la demandante; y, c) Los presuntos pagos realizados por el obligado, tampoco fueron observados al aprobar las planillas para deducir del monto adeudado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público, no presento escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese de su legal notificación cursante a fs. 40.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, denegó la tutela solicitada, argumentando que: 1) Notificada la demanda de asistencia familiar el 15 de marzo de 2016, el obligado contestó la misma teniendo conocimiento de los actuados realizados, sin interponer reclamo alguno hasta la emisión de la Sentencia de Primera instancia; 2) Interpuso recurso de apelación respecto de los actuados de audiencia, recepción anticipada de prueba, declaración de testigos y se emitió Auto de Vista 250/2016 de 1 de septiembre que modifica el monto de asistencia familiar; y, 3) Las planillas de liquidación se notificaron al demandado quien no realizó observación alguna en el plazo de tres días otorgado, no hizo uso de los recursos oportunos que la ley le faculta para reclamar las irregularidades advertidas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mandamiento de apremio 24/2021 de 19 de febrero, emitido por el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Carla Roxana Paco Villarroel contra Jhon Davis Torrez Apaza (fs. 2). II.2. Certificación Junta Vecinal Urbanización “La Aurora” de 6 de septiembre de 2022 (fs. 3). II.3. Facturas de pago de energía eléctrica y agua potable registrados a nombre de Basilia Apaza Catorceno (fs. 4 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la lesión del derecho a la libertad, al debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto fue recluido en el Penal “La Merced” por un mandamiento de apremio emitido en un proceso de asistencia familiar en el que no fue citado legalmente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que:

“El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’.

Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado.

El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite.

Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art.366 del mismo cuerpo legal indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 del Código referido menciona: ‘…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’.

En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar”

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante denuncia la lesión del derecho a la libertad, al debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto fue recluido en el Penal “La Merced” por un mandamiento de apremio emitido en un proceso de asistencia familiar en el que no fue citado legalmente.

Ahora bien, conforme se tiene expuesto, es evidente que dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Carla Roxana Paco Villarroel contra Jhon Davis Torrez Apaza, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del Departamento de Oruro, emitió el Mandamiento de Apremio 24/2021 de 19 de febrero (Conclusión II.1)

Las vulneraciones alegadas en esta acción de libertad se hallan vinculadas a supuestos defectos y/o anomalías procesales en la sustanciación del proceso de asistencia familiar, mismas que debieron ser planteadas ante el mismo juez que conoció la causa, aspectos que no pueden ser soslayados por el accionante como mecanismos de defensa idóneos previstos por la norma procesal ordinaria, los cuales no fueron activados de forma oportuna tal cual se establece en los alcances dispuestos por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo esta taxativa al señalar que al existir mecanismos procesales específicos, idóneos, eficientes y oportunos deben ser utilizados previamente por el procesado, operando la acción de libertad solo en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de agotar estas vías específicas, presupuestos que no fueron aplicados por el representado de la accionante en la tramitación del proceso de asistencia familiar, razón por la cual dicha omisión no puede ser sustituida por la interposición de una acción de libertad mediante la cual se pretende retrotraer actuados por circunstancias que no fueron reclamadas oportunamente, no habiendo tomado en cuenta la accionante el principio de subsidiaridad que se aplica de forma excepcional en la acción de libertad, conforme la jurisprudencia glosada, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo.

Finalmente, en cuanto a la citación del Ministerio Público dispuesta por el Juez de garantías en el auto de admisión de la presente acción tutelar, resulta ser oficiosa.

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 14 de septiembre, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0127_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f8bc425005fa937fda3bc3bdc09c25a15dc4f3b0b1ee1832f81624797f5ad28

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