B.IA.LEGAL

SCP 0126/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50437-2022-101-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad de su hija adolescente AA; puesto que, se encuentra privada de libertad con la excusa de la existencia de un proceso de autorización de acogimiento circunstancial ante autoridad judicial, sin tomar en cuenta que el mismo fue declarado por no presentado; toda vez que, la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, no subsanó la observación formulada, en tal razón no existe causa justificada para que continúe bajo dependencia de la citada entidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 96 a 100 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que de forma inmediata la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba del departamento de Tarija, ponga a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, la situación jurídica de la adolescente AA, en atención a los razonamientos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar severamente la atención a la Jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido Municipio y departamento, por no haber actuado en el marco de la debida diligencia y protección integral de los intereses de la adolescente AA; de igual manera a Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, quien en conocimiento de las irregularidades cometidas por el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no tomó las acciones pertinentes para corregir el procedimiento y actuación del personal a su cargo; advirtiéndoles que, en próximas oportunidades actúen en el marco de la legalidad, bajo apercibimiento de remitir antecedentes a las instituciones correspondientes. 3º Exhortar a Sandra Janet Méndez Jurado, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Yacuiba del departamento de Tarija, que en aquellos casos en los que se encuentren involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes, actúe dentro el marco de la debida diligencia, aplicando la perspectiva de género y niñez, en cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y convencionales que rigen a nuestro ordenamiento jurídico. 4° Llamar la atención a Miguel Ángel Gallardo Salgado, Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, quien, en su condición de Juez de garantías, inobservó la previsión contenida en el art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional, en el marco de lo expuesto en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes
  2. III.2. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes para determinar la guarda, custodia y acogimiento circunstancial
  3. III.3. Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos en el marco de la autonomía progresiva de la voluntad
  4. III.4. El acogimiento circunstancial como medida de protección
  5. III.5. El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño
  6. III.6. Análisis del caso concreto
  7. III.7. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0126/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Magistrado Correlator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50437-2022-101-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 002/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 96 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexandro Trujillo Ramírez y Marco Antonio Cruz Rodríguez en representación legal de Rosalía Llanque Gerónimo contra Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal; Sandra Janet Méndez Jurado, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera; y, Verónica Angélica Farell Soruco, Jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), todos de Yacuiba del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 26 a 29; la accionante a través de sus representantes, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Al fallecimiento de su esposo se quedó con la guarda natural de su hija AA, de 14 años, con quien a principios de marzo de la gestión 2022, ante el reclamo de haber prestado sin su consentimiento una garrafa a su vecina tuvo una discusión, situación que fue informada por la adolecente a su profesora de colegio; esta última, denunció el hecho ante la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, ante lo cual los funcionarios de dicha institución, sin autorización determinaron el acogimiento circunstancial de AA a favor Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores, desde el 21 del mes y año citados, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad.

Iniciado el trámite de acogimiento, éste fue observado por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Yacuiba del departamento de Tarija, el cual al no haber sido subsanado, fue declarado por no presentado mediante Auto de 5 de abril de 2022; por otra parte, desde el 23 de marzo del mismo año, acudió a la DNA de Yacuiba en reiteradas ocasiones para saber la situación de su hija, cuyo personal le dijo que no podía verla por disposición de la Jueza prenombrada; es así que se dirigió a dicha autoridad; empero, su solicitud no fue sustentada en razón que la causa estaba archivada por no haber sido admitida; no obstante, de manera autoritaria la DNA de Yacuiba entregó a la adolescente a una familia sustituta de dudosa reputación. Por comentarios de la maestra de su hija supo que se encontraba trabajando cama adentro con un supuesto salario de Bs800.- (ochocientos bolivianos), incumpliendo las normas de protección laboral y social para la adolescente previstos en el Código Niña, Niño y Adolescente, poniendo en peligro la integridad física y psicológica de la adolescente, a quien no le permiten ver y no sabe absolutamente nada del estado de salud en la que se encuentra; por lo que, considera que corre peligro en su integridad física, emocional y psicológica por la atentatoria y unilateral decisión de la DNA de Yacuiba, que sin tener jurisdicción ni competencia, por corresponder ésta al Órgano Judicial, determinó el acogimiento circunstancial.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión del derecho a la libertad de su hija adolescente de 14 años, sin citar específicamente artículo alguno de la Constitución Política del Estado.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga la inmediata restitución de la libertad de su hija adolescente, estableciendo la responsabilidad de los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública virtual se realizó el 8 de septiembre de 2022, sin embargo, debido a que el Juez de garantías no remitió el acta de audiencia, no es posible establecer si las partes concurrieron a la audiencia, salvo, inferir este aspecto de la lectura de la resolución de la acción de libertad.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

De la lectura de la resolución de la acción de libertad -ante la ausencia del acta de audiencia-, no se advierte que la accionante haya realizado alguna complementación, infiriéndose que se limitó en ratificar el contenido de su acción de defensa en su integridad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sandra Janet Méndez Jurado, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Yacuiba del departamento de Tarija, presentó informe escrito el 8 de septiembre de 2022, cursante a fs. 36 y vta., en los siguientes términos: a) Por memorial de 23 de marzo de similar año, el abogado de la DNA de Yacuiba del indicado departamento, puso a su conocimiento el acogimiento circunstancial de la adolescente de AA de “13” años, en favor de los esposos Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores, como medida de emergencia, la misma que, por Auto de 5 de abril de 2022, se declaró por no presentada, al no haberse aclarado si el acogimiento se estaba realizando en razón de trabajo; y, b) Ante la solicitud de la accionante de que la DNA de Yacuiba restituya a su hija adolescente al seno materno, el 25 de julio de igual año, se emitió providencia indicando que no se había admitido la demanda; por lo que, no existía proceso para resolver lo peticionado; en tal sentido, al no haber emitido resolución alguna, no existía forma que en su condición de juzgadora pueda afectar los derechos o libertad de la adolescente; solicitando se deniegue la tutela, por carecer de legitimación pasiva. Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, presentó informe escrito el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 93 a 95, en los siguientes términos: 1) La accionante a través de la justicia constitucional pretende la restitución de la adolescente a su hogar, que le fue negada por las autoridades; puesto que, AA no deseaba continuar con las agresiones físicas y maltrato psicológico que sufría; 2) En el marco de las políticas públicas de protección a los niños, la DNA de Yacuiba realizó el examen de la relación niña y familia, analizándose las distintas entrevistas realizadas a la adolescente AA, estableciéndose que esa relación no es sana, ni saludable para ella; razón por la cual se decidió el inicio del proceso judicial contra la madre; 3) El Estado a través de la DNA de Yacuiba, ante las insuficiencias de la familia respecto a la hija AA, intervino precautelando su efectiva protección, su integridad física y salud emocional, e inició el proceso penal por violencia familiar contra la madre, haciendo homologar la medida de protección en favor de la menor por autoridad jurisdiccional; aspectos que, no fueron referidos de manera maliciosa por la accionante; y, 4) El Juez de garantías, debe tomar en cuenta la prueba documental presentada por la DNA de Yacuiba, en la que se incluyen las declaraciones de la adolescente en la que consta que no desea volver con su madre y que se encuentra satisfecha en la situación actual, alejada de su progenitora, e informes; por lo que, se debe reconocer a la adolescente como sujeto de derechos y garantías y no como objetos dependientes de sus padres, sometidos a las arbitrariedades de la autoridad paterna-materna; razón por la que, la autoridad judicial debe decidir en interés superior del niño, en plena satisfacción de sus derechos, alejado de cualquier interpretación paternalista/autoritaria; por todo ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Verónica Angélica Farell Soruco, Jefa de la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, presentó informe escrito cursante de fs. 89 a 90 vta., en los siguientes términos: i) El 4 de marzo de 2022, se hizo presente la menor AA junto a su profesora de colegio, haciendo conocer que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su madre Rosalía Llanque Gerónimo -hoy accionante-; por lo que, se la derivó al área de psicología y social para la entrevista y elaboración de un primer informe de abordaje preliminar con el que se formalizó la denuncia contra la progenitora; ii) El referido informe, con el que se presentó denuncia, así como el Informe Médico Forense en el que se establece dos días de incapacidad médico legal por las lesiones e Informe Psicológico de la menor corroboran lo sucedido respecto a la violencia psicológica y física ejercida por su madre en reiteradas ocasiones y la voluntad de la menor de permanecer con la familia que la acogió de Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores, quienes ya la conocían de anteriores oportunidades y tenían una relación de amistad; extremos que eran de conocimiento de sus padres, concluyendo el Informe con la recomendación de continuar la convivencia con la familia de acogida, aspectos que reforzaron la resolución de medidas de protección asumidas por el Fiscal de Materia; y, iii) Respecto a la denuncia presentada por la DNA de Yacuiba por el delito de violencia familiar o doméstica contra la solicitante de tutela; se tiene que, a la fecha la resolución fiscal de medidas de protección en favor de la víctima fue puesto a conocimiento de la autoridad judicial; por lo que, solicitó se deniegue la tutela, debido a que la DNA de Yacuiba actuó dentro del marco de la normativa legal vigente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 002/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 96 a 100 vta., denegó la tutela y dispuso llamar la atención a la Jefa de la DNA de Yacuiba, por no haber realizado oportunamente el trámite legal para el acogimiento circunstancial de la menor; bajo los siguientes fundamentos: a) En el fondo, la accionante demandó la restitución de la adolescente al hogar con la madre, puesto que estaba privada de libertad al encontrarse con una familia de acogida; b) De las pruebas ofrecidas por la Jefa de la DNA permiten establecer que se presentó denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica contra Rosalía Llanque Gerónimo -ahora impetrante de tutela- y por los Informes Psicológico, Social y Médico, la hija de 14 años de iniciales AA fue víctima de violencia estableciéndose dos días de incapacidad, en cuyo mérito el Fiscal de Materia emitió la Resolución de medidas de protección, entre ellas, que la madre no se acerque a la víctima, a efectos de garantizar la seguridad de la adolescente y evitar nuevos hechos violencia ejercidos por la nombrada; y, c) Por los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2022, se emitió imputación formal contra la accionante por violencia familiar ejercida contra su hija adolescente, quien se encuentra en el domicilio de la familia que es su empleadora, quienes le abrieron las puertas de su casa porque no tenía dónde vivir.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado Médico Legal Forense de 4 de marzo de 2022, que otorga dos días de incapacidad a la adolescente AA, por equimosis violácea en resolución de 0.5 cm en mucosa vestibular de labio inferior lado izquierdo a nivel de pieza treinta y tres (fs. 87). II.2. El 4 de marzo de 2022, dentro de las investigaciones seguidas por el Ministerio Público a denuncia de Diego Barriga Vallejos abogado de la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, por la probable comisión del delito de violencia familiar o doméstica de la accionante contra su hija AA, el Ministerio Público emitió medidas de protección a favor de la víctima, entre ellas, la prohibición a la agresora de comunicarse o intimidarla; asimismo, solicitó la homologación a la Jueza de control jurisdiccional (fs. 55 a 56). II.3. El 7 de marzo de 2022, la psicóloga de la DNA de Yacuiba, elaboró informe psicológico, dirigido al Fiscal de Materia de la misma localidad, en el que se plasmó que, en la entrevista de 4 del mismo mes y año, la adolescente describió que, el “día martes de challa” cuando su madre regresó a su domicilio de vender empandas, le pidió permiso para ir al internet, pero su progenitora reaccionó de forma agresiva y al darse cuenta que le prestó la garrafa a la vecina se enojó más y le pegó con su mano un puñete en el labio, entró a su cuarto y ahí la siguió golpeando, le pisó el cuello y le botó de la casa, razón por la que se fue donde su vecina hasta las tres de la tarde esperando que su madre se calme; luego ya no quiso regresar a su casa, por lo que se quedó en la casa de sus vecinos donde empezó a trabajar medio tiempo desde el “viernes”; su madre la fue a buscar pero solo se enojó y no quiso arreglar nada. En cuanto a los antecedentes familiares se estableció que la madre debido a que trabaja haciendo limpieza en el hospital y en su descanso vende empanadas, pasa poco tiempo en su domicilio, concluyendo que, de cierta manera descuida a sus hijos. Se concluyó que, la adolescente manifestó rechazo a su madre, porque considera que tiene más apego con sus hermanos varones, recomendando se continúe con las acciones legales contra la progenitora, se realice seguimiento en el colegio y el domicilio ya que los demás hijos podrían estar en situación de riesgo y que la adolescente reciba apoyo psicológico (fs. 67 a 74).

II.4. El 7 de marzo de 2022, se elaboró Informe Social Referencial, por la Trabajadora Social de la DNA de Yacuiba, dirigida al Fiscal de Materia de la misma localidad, en el que se señala que la adolescente AA proviene de una familia disfuncional donde se sintió desprotegida desde su niñez, refiriendo que más que los golpes le dolía la indiferencia de sus padres; en cuanto a su situación económica la madre es la que se encarga de la manutención de todos sus hijos, trabaja haciendo limpieza en el hospital y como no le alcanza en su tiempo libre hace empanadas para vender, su vivienda es alquilada y tiene servicios de agua y luz; razón por la que se recomendó seguir las acciones legales contra la madre, terapias psicológicas para la adolescente e investigar el ambiente familiar, entorno social y familia ampliada (fs. 71 a 74). II.5. El 21 de marzo de 2022, se elaboró Informe Psicosocial, por María Estela Fernández Orosco, Trabajadora Social de la DNA, dirigido a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera, ambas de Yacuiba del departamento de Tarija, en el cual señaló que la adolescente vivió en un ambiente de violencia porque su padre consumía bebidas alcohólicas y era agresivo con su madre; de igual forma AA sufrió violencia física y sexual por su padre. Refirió que no se tomó contacto con la madre hasta que el Ministerio Público asuma las medidas correspondientes; pese a que la tía paterna de la adolescente manifestó su compromiso de hacerse cargo de la misma, ella se negó aduciendo que su tía tenía contacto con la madre, tampoco quiso asistir a un albergue porque nadie le ayudaría a salir, solicitando irse con sus empleadores; anunció que no se encontró familia materna en Yacuiba (fs. 3 a 10). II.6. Cursa formulario de derivación a Centro de Acogida de 22 de marzo de 2022, por el que AA es derivada a su empleadora Magaly Ruiz Flores, por haber sido víctima de agresión física por parte de su progenitora (fs. 77). II.7. El 23 de marzo de 2022, Diego Barriga Vallejos, abogado de DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, dio a conocer a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia de Turno del distrito judicial señalado, el acogimiento circunstancial de la menor AA a los esposos Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores; trámite que fue observado mediante Auto de 24 de similar mes y año, solicitando que la entidad demandante aclare si el acogimiento era por motivo de trabajo, ante cuyo incumplimiento fue declarada por no presentada por Auto de 5 de abril del mismo año (fs. 13 a 17 vta.). II.8. Cursa imputación formal de 9 de mayo de 2022, presentada por Sonia Gisele Alcoba, Fiscal de Materia, contra la accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica hacia su hija adolescente AA (fs. 39 a 46).

II.9. Cursan informes “psico-social de seguimiento” de 29 de julio y 6 de septiembre; e, Informe Psicosocial de 7 de septiembre todos de la gestión 2022, emitidos por la Trabajadora Social y la Psicóloga del DNA de Yacuiba, que recomiendan tomar en cuenta lo vertido por la menor respecto a su deseo de permanecer al lado de la familia empleadora y la negativa de volver a convivir con su madre (fs. 75 a 86).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad de su hija adolescente AA; puesto que, se encuentra privada de libertad con la excusa de la existencia de un proceso de autorización de acogimiento circunstancial ante autoridad judicial, sin tomar en cuenta que el mismo fue declarado por no presentado; toda vez que, la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, no subsanó la observación formulada, en tal razón no existe causa justificada para que continúe bajo dependencia de la citada entidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes

La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala: “Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos…”. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, en el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: “La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…”. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales. Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Al respecto, cabe destacar que conforme a lo establecido en la SCP 0565/2015-S1 de 1 de junio, citando jurisprudencia constitucional anterior: “Con relación a la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional, en los casos en los que se trate de niños, niñas y adolescentes la SCP 0546/2012 de 9 de julio, manifestó que: ‘El extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, precisó que no es aplicable la subsidiaridad excepcional del habeas corpus -ahora acción de libertad- en aquellos casos en los que estén involucrados menores de edad… (…) Consiguientemente, en actual correspondencia con el nuevo régimen especial de protección y atención establecido en el Código Niña, Niño y 1 El FJ III.1.2. señala que: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

Adolescente, es inaplicable la subsidiariedad excepcional, para casos en los que se trate de niñas, niños y adolescentes, conforme los parámetros descritos” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En ese orden, resulta claro que este Tribunal ha establecido en ciertos casos que es viable obviar el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, en pro de analizar una problemática en la que se hallen involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales protegidos por esta acción de defensa, respecto a grupos prioritarios o sectores de vulnerabilidad de la sociedad, tomando en cuenta que por las particularidades de éstos, merecen una atención especial y oportuna en la defensa de sus derechos, como es en el caso de tratarse de menores de edad protegidos ampliamente por la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente, y el bloque de constitucionalidad.

III.2. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes para determinar la guarda, custodia y acogimiento circunstancial

El interés superior del niño es un principio básico en los derechos del niño, reconocido tanto en la norma constitucional como en los instrumentos internacionales. Así, el art. 60 de la CPE, sostiene que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado (el resaltado y subrayado son añadidos). Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 3.1 señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (las negrillas y subrayado son nuestros). Por lo que, la consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones que estén presentes en el problema jurídico o fáctico.

Esto se justifica por la situación especial de los niños -dependencia, condición jurídica y otros elementos-, que hacen que sus posibilidades de defender sus propios intereses sean menores; por lo que, quien interviene en las decisiones que les afectan deben tener en cuenta explícitamente sus intereses. En el mismo sentido, el interés superior del niño trasunta en la toma de decisión relacionada con la guarda y custodia y en su caso medidas de protección como el acogimiento circunstancial. Sin embargo, puesto que el interés superior del niño, abarca una amplia variedad de situaciones, reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado. Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño. Y, como señala la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño, tiene como objetivo: “…garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”. Indica además que es un concepto triple pues es un derecho sustantivo, un principio interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo fundamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) retoma el interés superior del niño como principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Así en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indicó: “(…) La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, en el Caso Vera Rojas y otros vs. Chile, se señala: “Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado, en su observación número 14, que el concepto del interés superior del niño ‘es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención [de los Derechos del Niño]’. En ese sentido, ha establecido que el interés superior del niño es un concepto triple: a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos”. En su dimensión jurídico interpretativo fundamental, compele a que toda cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor, debe interpretarse a la luz de su interés superior, lo que nos conduce a que el órgano encargado de la aplicación de una norma deba considerar, de entre todas las interpretaciones posibles, aquella que satisfaga en mayor medida el interés de este último. Consiguientemente, el interés superior del niño será el criterio ordenador que guía cualquier decisión, incluido el tema sobre guarda y acogimiento, puesto que constituye el límite y punto de referencia último de esta institución jurídica, así como de su propia operatividad y eficacia. Entendimiento desarrollado en la SCP 0297/2020-S1 de 11 de agosto.

III.3. Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos en el marco de la autonomía progresiva de la voluntad

Sobre el particular el Tribunal Constitucional a través de la SC 2568/2010-R de 19 de noviembre, expresó el siguiente razonamiento: «…en el marco del principio de autonomía progresiva, los menores de edad tienen derecho a manifestar su opinión cuando a favor de ellos se imponen medidas que tienden a proteger sus derechos y fundamentalmente, su integridad física y psicológica, cuando se evidencia que su hogar ha dejado de ser para él la garantía que necesita para cumplir eficazmente su desarrollo físico y psicológico, armonía e integración social. En ese entendido, debe precisarse que la SC 0223/2007-R de 3 de abril, respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en noviembre de 1989, por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por Bolivia el 14 de mayo de 1990 por Ley 1152, señaló que “es considerada como el instrumento jurídico internacional más importante sobre el tema, que se adscribe a la doctrina de la protección integral de la niñez que se sustenta en cuatro pilares: el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. El primero implica un reconocimiento de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; el segundo, que los niños deben desarrollarse de manera armoniosa, con respeto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; el derecho a la protección, comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia, y, por último, el derecho a la participación, implica la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia)". Los principios de la indicada Convención, conforme anotan las SSCC 0203/2007-R y 0165/2010-R, pueden resumirse en los siguientes: “1.El principio de la no discriminación, por el cual los derechos contenidos en la Convención se aplican a todos los niños, con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento u otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2 de la Convención). 2. El principio de interés superior, por el cual las decisiones de los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben atender el interés superior del niño, teniendo en cuenta los ‘derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley’ (art. 3 de la Convención). 3. El principio de unidad familiar, que reconoce a la familia como el medio ideal para el desarrollo del niño, de donde surge la obligación del Estado de respetar las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, de los tutores y otras personas encargadas de impartir la dirección y protección apropiada para que el niño ejerce los derechos de la Convención (art. 5).

4. El principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores sólo tienen la función de orientar y dirigir en forma apropiada a los niños para que estos ejerzan sus derechos, como anota el art. 5 de la Convención. En este contexto, dentro de la autonomía progresiva, resalta el principio de participación o de respeto a las opiniones del niño, previsto en el art. 12 de la Convención, que determina: ‘1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional’. (…) De acuerdo a la normas constitucionales, internacionales y legales antes glosadas, así como a la jurisprudencia constitucional, se concluye que, cuando se adopten medidas de protección social al niño, niña o adolescente (art. 207 del CNNA), por acción u omisión de los padres o responsables, y dichas medidas sean denunciadas como ilegales o restrictivas de derechos por estos, se debe dar la oportunidad al menor de expresar su opinión libremente, la misma que debe ser tomada en cuenta en función a su edad, madurez y todas las circunstancias que rodean el acto denunciado de ilegal» (las negrillas son añadidas).

III.4. El acogimiento circunstancial como medida de protección

Con relación al acogimiento circunstancial de menores de edad, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, estableció que: “…el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal…”.

Por su parte, la SC 2368/2010-R de 19 noviembre, refriéndose al control jurisdiccional al que debe estar sometida, señala: “Por su naturaleza y en atención a que los sujetos de la medida de protección social del acogimiento son niños, niñas o adolescentes, a fin de garantizar la efectiva y real prevalencia del interés superior de éstos y que no se adopte de manera arbitraria, siempre debe estar sujeta a control jurisdiccional; así, la regla es que siempre se adopte por determinación judicial y solamente de manera excepcional, bajo ciertos supuestos y condiciones, sin ella”. Asimismo, la SCP 0313/2015-S1 de 30 de marzo, refiriéndose al art. 53 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), vigente desde el 6 de agosto de 2014, señala que dicha disposición: “…desarrolla lo referente al acogimiento circunstancial, determinando que es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados, señala además que es una obligación el comunicar sobre el mismo…”. Ley de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019, modificó el art. 54 del CNNA, cuyo tenor vigente es el siguiente: “ARTÍCULO 54. (OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL). I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia.

III. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. IV. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. V. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño. Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. VI. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad. VII. Transcurrido el plazo establecido en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá solicitar dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, el cese del acogimiento circunstancial y la integración de la niña, niño o adolescente a una familia sustituta o su derivación a un centro de acogida; recibida la solicitud la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes emitirá la resolución de acogimiento institucional”. Por su parte, el art. 56 del Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015, Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente, modificado por el DS 3960 de 26 de junio de 2019, con el siguiente texto: “ARTÍCULO 56.- (BÚSQUEDA Y REINTEGRACIÓN A FAMILIA DE ORIGEN O SUSTITUTA).

I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, conocido el acogimiento circunstancial, previa valoración de la solicitud y los informes psicosociales preliminares de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mediante resolución, ordenará que en un plazo no mayor a los treinta (30) días se realicen las acciones necesarias para la identificación de la niña, niño o adolescente y búsqueda de la familia de origen o familia sustituta, conforme lo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes. II. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia conocida la solicitud debidamente fundamentada con informes psicosociales del cese del acogimiento circunstancial por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en los plazos previstos en el Parágrafo VII del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168, según orden de prioridad, determinará lo siguiente: 1. La reintegración a la familia de origen; 2. La reintegración a una familia sustituta; 3. El acogimiento institucional. III. Si durante el acogimiento circunstancial se identifica a la familia de origen, la autoridad judicial con los informes y solicitud fundamentada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dispondrá la reintegración familiar de la niña, niño o adolescente, conminando a la familia que formalice, prosiga y concluya el proceso de guarda o tutela, a la brevedad posible, según corresponda, conforme establece el inciso a) del Artículo 207 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo XI del Artículo 2 de la Ley 1168”. Asimismo, el art. 55 bis del DS 2377, incorporado por el DS 3960, establece: “ARTÍCULO 55 bis.- (ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL EN CENTROS DE ACOGIDA). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en el plazo de veinticuatro (24) horas de conocido el acogimiento circunstancial en el Centro de acogida, ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se inicien todas las acciones necesarias para la búsqueda de la familia de origen o familia sustituta para la reintegración de la niña, niño o adolescente, conforme lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 174 de la Ley 548. II. La solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la derivación de la niña, niño o adolescente a un Centro de acogida deberá estar debidamente fundamentada respecto a la inexistencia de un entorno familiar o un espacio institucional público o privado para el acogimiento circunstancial. al efecto, el Juzgado Público Mixto mediante resolución dispondrá el acogimiento circunstancial, debiendo la Instancia Técnica Departamental de Política Social integrar a la niña, niño o adolescente a un Centro de acogida, conforme lo dispuesto en el Parágrafo V del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168”. Consiguientemente, a) El acogimiento circunstancial, dada las repercusiones y afectaciones en los derechos del menor de edad que puede generar, es una medida de protección temporal y excepcional, de ahí que tiene un trámite sumario que no se agota con la colocación provisional del menor a cargo de un centro de acogida o una persona individual sino que debe concluir o cesar, por orden de prioridad, con la reintegración a su familia de origen, o la integración a una familia sustituta; o el acogimiento institucional; b) El acogimiento circunstancial se halla sometido a control judicial; puesto que, la DNA está en el deber de comunicarlo a la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia o autoridad judicial de turno, dentro de las setenta y dos horas de conocido el hecho; c) Teniendo en cuenta la finalidad del acogimiento circunstancial, la DNA tienen el deber de efectuar la búsqueda de la familia de origen del menor, con celeridad excepcional y estricta diligencia; puesto que, -como advierte la jurisprudencia interamericana- el paso del tiempo se constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña. Esa situación importa un riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico del mismo que no sólo resulta inminente, sino que ya podría estar materializándose; y, d) En resguardo del derecho del niño a vivir con sus padres biológicos y su familia de origen y en consideración a su interés superior, si el padre, la madre, guardador o guardadora, tutor o tutora solicita la reintegración familiar del menor de edad, ya sea a la DNA dentro de las setenta y dos horas de producido el hecho; o, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia que ha tomado conocimiento del acogimiento circunstancial, previo informe psicosocial, de forma inmediata, actuando con la celeridad especial y estricta diligencia, el ente administrativo de protección del menor o la autoridad judicial, según corresponda, deberán disponer la reintegración familiar, en el primer caso, con la suscripción del acta de compromiso de protección, a menos que, en el interés superior del niño, existan razones determinantes que justifiquen la separación de sus progenitores. En ese marco, debe tomarse en cuenta que, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana en casos de cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña o el niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, y en el bienestar de la niña o niño no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. La sistematización precedente fue desarrollada en la SCP 0766/2022-S1 de 8 de agosto.

III.5. El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño

Al respecto, la SCP 0469/2019-S2 de 9 de julio, desarrolló lo siguiente: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido lineamientos jurisprudenciales mínimos respecto al derecho a una resolución judicial o administrativa fundamentada y motiva, contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero. A ellos, se suma, dada su especificidad, lo entendido en la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño -Punto 97-, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, señala: A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial.

(…) A ese efecto, debe realizarse un juicio de proporcionalidad de los elementos que configuran el interés superior del niño. Al respecto, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero en el Fundamento Jurídico III.1, citando la SCP 2299/2012 ha señalado que la autoridad al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, traducida en un acto, resolución o comportamiento, debería efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en estudiar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Ahora bien, la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, señala que la importancia de cada elemento configurador del interés superior del niño se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en las distintas situaciones. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas. En esas situaciones, se tendrán que ponderar los elementos entre sí para determinar la solución que atienda mejor al interés superior del niño o los niños. Al ponderar los diferentes elementos, corresponde tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos facultativos, y el desarrollo holístico del niño. La Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, a partir de la interpretación y aplicación del art. 3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar si se respetó el interés superior del niño, en la situación de que se trate, son: i) La opinión del niño (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), que implica que toda decisión debe tener en cuenta el punto de vista del niño y conceder a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y madurez, conocido como el principio de autonomía progresiva de la voluntad del niño; ii) La identidad del niño, teniendo en cuenta la diversidad que los caracteriza en razón a su orientación sexual, la religión y creencias, la identidad cultural y la personalidad, etc. (art. 8 de la referida Convención); iii) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, que son dos derechos concretos que tiene el niño y no solo elementos para determinar el interés superior del niño, en cuyo caso, el término ‘familia’ debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art. 5 de la Convención); así como prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar (art. 9.1 de la citada Convención); iv) Cuidado, protección y seguridad del niño, cuyos términos ‘protección y ‘cuidado’, deben interpretarse en un sentido amplio, que abarca no solo ‘la protección al niño de daños’ contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, el acoso sexual, el acoso escolar, la explotación sexual, económica, laboral y otras formas de explotación, sino, garantizar su ‘bienestar’ velando por sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad (art. 3 párrafo 2 de dicha Convención)” (las negrillas corresponden al texto original).

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la vulneración del derecho a la libertad de su hija AA de 14 años de edad, en razón a que, se encontraba privada de libertad con la excusa de la existencia de un proceso de autorización de acogimiento circunstancial ante autoridad judicial, sin tomar en cuenta que el mismo fue declarado por no presentado; puesto que, la DNA no subsanó la observación formulada, siendo que no existe causa justificada para que continúe bajo dependencia de la DNA. Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde señalar que, al tratarse de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios; por cuanto, es posible ingresar al análisis de fondo de la presente acción de tutela, a través de la interposición directa de la acción de libertad. De acuerdo a lo desarrollado en la Conclusión II.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el 23 de marzo de 2022, Diego Barriga Vallejos abogado de DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, dio a conocer a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia de Turno del distrito judicial señalado, el acogimiento circunstancial de AA a los esposos Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores; trámite que fue observado mediante Auto de 24 de similar mes y año, solicitando que la entidad demandante aclare si el acogimiento era por motivo de trabajo, ante cuyo incumplimiento fue declarada por no presentada por Auto de 5 de abril del mismo año. De manera paralela la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija inició un proceso penal contra la accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica por lesiones infringidas contra su hija adolescente AA, proceso en el cual se emitió la Resolución Fiscal de Medidas de Protección en favor de la víctima, el 4 de marzo del citado año; homologación que se solicitó al Juez de Instrucción Penal Segundo de Yacuiba del indicado departamento, en la misma fecha. Entre las medidas de protección dispuestas a la accionante se encuentran: 1) Se someta a terapia psicológica, requiriéndose al Director del Servicio Regional de Gestión Social (SEREGES) para la mencionada terapia e informe mensualmente; 2) La prohibición de comunicarse, intimidar, amenazar, coaccionar, molestar por cualquier otro medio o a través de terceras personas a la víctima o cualquier testigo; 3) El investigador asignado al caso asuma las previsiones legales para evitar que la víctima sea sometida nuevamente a cualquier medio de violencia que le cause la agresora, debiendo realizar una visita al domicilio de la víctima cada quince días; y, 4) El mencionado investigador informe sobre el cumplimiento de las medidas de protección (Conclusión II.2). De los antecedentes descritos supra, se puede advertir que la determinación de separar del seno familiar y acogimiento circunstancial de la adolescente AA con los esposos Carlos Aguilar Choque y Magaly Ruiz Flores realizado por la DNA de Yacuiba del departamento de Tarija, de acuerdo a lo descrito en el Informe Psicosocial Referencial de 21 de marzo de 2022 (Conclusión II.5), se dio sin existir una corroboración del entorno familiar de la adolescente, sin ningún tipo de visita o indagación en el domicilio donde vivía con su madre; toda vez que, el equipo interdisciplinario de la DNA de Yacuiba, decidió no tomar contacto con la prenombrada hasta la emisión de las medidas de protección por el Ministerio Público (Conclusión II.5); tampoco se estudió la posibilidad del cuidado de la adolescente por el entorno familiar ampliado, pues conforme lo extraído del Informe Psicosocial referido, pese a la predisposición de la tía paterna, no existió un estudio adecuado que determine que aquella no era la mejor opción de cuidado para la adolescente, ya que a sola solicitud de la misma, por motivos totalmente subjetivos, tales como el que esta familiar tenía contacto con su madre o que de una casa de acogida nadie la rescataría, decidieron instalarla en la casa de un familia donde sería recibida como empleada de medio tiempo (Conclusión II.5), desnaturalizando el instituto del acogimiento circunstancial que conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, tiene como fin legítimo el cuidado de la niña, niño o adolescente, siendo una medida de protección social emergente de necesidad de los cuidados especiales que necesitan aquellos; por cuanto, si bien de inicio se actuó buscando una medida protectiva para la adolescente, la DNA de Yacuiba no previó su eficacia en la finalidad buscada, ello partiendo a su vez de que la determinación de llevarla a un lugar donde su función era la de trabajadora no condice con el interés superior de la adolescente, pues el mismo está orientado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes y su desarrollo holístico. En esa misma sintonía, se advierte que la DNA de Yacuiba en todo el procedimiento de separación de la menor AA de su madre y determinación de instalarla en la casa de sus empleadores a título de acogimiento circunstancial, no emitió un informe debidamente fundamentado que determine de forma objetiva que aquella era la forma más acorde al interés superior de la adolescente, pues conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, todas las decisiones administrativas y judiciales deben realizarse en base al referido interés superior del niño o adolescente realizando un juicio de proporcionalidad de los elementos que lo configuran, analizando que la medida es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En este contexto, si bien acorde a la jurisprudencia referida un elemento para evaluar el mejor interés de las niñas, niños y adolescentes es tomar en cuenta la opinión de los mismos, en el marco de la autonomía progresiva de la voluntad, no debe perderse de vista que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la misma debe ser tomada en cuenta en función a su edad, madurez y todas las circunstancias que rodean el acto denunciado de ilegal, como condiciones esenciales que deben tenerse debidamente en cuenta a la hora de apreciar su opinión en vigencia de su interés superior; en el caso presente, si bien era imprescindible la participación de la menor AA para la determinación de sus derechos, el equipo interdisciplinario de la DNA de Yacuiba no realizó un estudio adecuado de las condiciones específicas de la adolescente, en cuanto a la evaluación de su grado de madurez, desarrollo cognitivo, emocional y social, así como la capacidad de entender situaciones complejas, pues no bastaba con escuchar la opinión de la adolescente sino que la misma debió considerarse a partir de la capacidad de la misma de formar un juicio propio con la suficiencia de identificar y manejar sus emociones, ya que de la comprensión profunda del contexto de la reciente situación, era predecible que la adolescente se rehúse a regresar al lado de su madre; sin embargo, resultaba necesario que los personeros de la DNA de Yacuiba realicen una ponderación de la situación en concreto, que considere fundamentalmente su interés superior, siendo escuchada acorde a su autonomía progresiva de la voluntad, identificando si el pedido de la misma de ser derivada a una familia sustitutiva, donde tendría calidad de trabajadora, era en su mejor interés, pues tomando en cuenta que la adolecente era víctima de violencia y existía la predisposición de su familia ampliada -tía paterna- de brindarle los cuidados necesarios hasta que pueda reintegrarse a su seno materno, debió evaluarse si el instalarla en la casa de una familia donde fungiría como trabajadora a título de acogimiento circunstancial -por sola petición de la adolescente-, era el reflejo de una decisión madura, firme, autónoma y razonada que no respondía a meros caprichos o influencia negativa de terceras personas; por lo que, debió considerarse la proporcionalidad de la medida en cuanto a la separación abrupta de su entorno familiar más cercano. Por otra parte, se puede advertir que la DNA de Yacuiba, una vez asumida la determinación de acoger a la adolescente AA en la casa de una familia sustituta, al no haber proseguido con el trámite de acogimiento circunstancial ante la autoridad jurisdiccional competente, vulneró los principios de especialidad, jurisdiccionalidad, interés superior del niño y autonomía progresiva de la voluntad; toda vez que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el acogimiento circunstancial se halla sometido a control jurisdiccional, siendo únicamente la autoridad judicial la que puede determinar la situación jurídica de una niña, niño o adolescente, de ahí porqué el procedimiento especializado, establece que las DNA pueden establecer medidas de protección que luego deben ser validadas por la autoridad judicial competente; en el caso presente, la determinación de acogimiento circunstancial no se encuentra validada por la Juez de la materia especializada; por lo que, la decisión de la DNA de Yacuiba resulta absolutamente arbitraria, más tomando en cuenta que la adolescente se encuentra viviendo con sus empleadores bajo un presunto acogimiento circunstancial desde marzo de 2022, hasta la interposición de la acción de la libertad; es decir, por más de seis meses, sin control jurisdiccional, en total contravención a la naturaleza del referido instituto jurídico que es temporal, siendo deber de la DNA actuar con celeridad y estricta diligencia, a fin de definir la situación de los niños y adolescentes, y no afectar el balance psicológico y emocional de los mismos; debido a que ninguna medida de esta entidad puede mantenerse de manera indefinida bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, el que se hubiere determinado el inicio de una acción penal contra la madre por violencia familiar o doméstica, no justificaba que la DNA de Yacuiba no haya seguido el trámite de acogimiento circunstancial, acorde al procedimiento previsto en el art. 54 del CNNA; asimismo, de acuerdo a los datos que informan el proceso se puede advertir que se actuó con cierto sesgo de género en cuanto a la madre de la adolescente; toda vez que, si bien es cierto y evidente que ningún acto de violencia es permisible bajo ninguna circunstancia y éste debe ser investigado y sancionado con la debida diligencia; empero, se advierte que los representantes estatales, cargaron roles estereotipados sobre la prenombrada, cuestionando no solo el acto de violencia per sé, sino también el que la madre ocupe mucho tiempo trabajando lo cual significaría cierto abandono a sus hijos (Conclusión II.3), sin tomar en cuenta la función que cumple la misma en su entorno familiar, al ser el único sostén económico de sus seis hijos, ante la muerte de su esposo, por su contexto socioeconómico necesita realizar más de un trabajo para poder dar una vida digna a su familia, actividad que desarrolla dentro del marco de responsabilidad que le corresponde como progenitora; aspectos que deben ser tomados en cuenta por la DNA al momento del correcto manejo de las denuncias y trámites que realiza; ya que, si bien los mismos por mandato constitucional son tendientes a la protección de las niñas, niños y adolescentes, también deben enfocarse dentro de una perspectiva de género y niñez, buscando en lo posible la reintegración de las familias, adoptando la separación de las mismas solo en caso de ser irrefutablemente necesario. Así, en el caso presente, no se observa que se hayan realizado terapias psicológicas, que busquen la reintegración de la adolescente AA con su madre, al contrario la dejaron en una familia en la que funge como trabajadora, sin existir informes respecto si la adolescente está siendo protegida en sus derechos laborales; asimismo, no existen informes del contexto familiar anterior de la menor AA con su madre, que lleve a la inequívoca inferencia que la reintegración familiar no es una opción que atienda el interés superior de la adolescente, en observancia al principio de la preservación de la unidad familiar por todos los beneficios integrales que este aporta en el desarrollo holístico de las niñas, niños y adolescentes.

En conclusión, conforme a lo desarrollado, se tiene que no existió una debida motivación y fundamentación que acredite que la determinación inicial de la DNA de Yacuiba de llevar a la adolescente AA a vivir con una familia sustituta como trabajadora por cuenta ajena, bajo la figura de acogimiento circunstancial fue asumida atendiendo el interés superior de la adolescente, en el marco de una compresión profunda del contexto del delito; así como no haber sometido la situación jurídica de la niña a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, evidenciándose una intervención arbitraria de la DNA, pues si bien la adolescente AA no se encuentra retenida contra su voluntad, en el marco del informalismo y tutela de derechos conexos de la acción de libertad establecida en la SCP 0019/2018- S2 de 18 de febrero, corresponde la concesión de tutela en cuanto al actuar de la referida institución, ya que al no haber sido determinada la situación jurídica de la adolescente por autoridad competente, la misma se torna en ilegal y arbitraria, correspondiendo el sometimiento de la causa a control jurisdiccional, para que sea esta autoridad la que determine la situación de la adolescente de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

III.7. Otras consideraciones

De la revisión de antecedentes, se puede advertir la desidia de Sandra Janet Méndez Jurado, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Yacuiba del departamento de Tarija, en cuanto a la tramitación del acogimiento circunstancial de la menor AA puesto a su conocimiento por la DNA del referido Municipio el 23 de marzo de 2022; toda vez que, si bien la observación realizada resultaba correcta, en el marco de la debida diligencia y en atención a la protección reforzada de las niñas, niños y adolescentes, en conocimiento que la adolescente AA se encontraba probablemente en situación de riesgo, no debió limitarse a tener por no presentada la demanda, debiendo en todo caso emitir conminatorias a los miembros de la DNA en busca de definir los derechos de la referida adolescente asumiendo un rol proactivo dentro de la tramitación del caso en atención al interés superior de la adolescente y por su condición de directora del proceso. Finalmente, concierne llamar la atención a Miguel Ángel Gallardo Salgado, Juez de garantías, quien no remitió el acta de audiencia de la presente acción de libertad -el cual se constituye en un actuado esencial-, inobservando la previsión contenida en el art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevé: “REGLAS GENERALES. En los procedimientos ante juezas, jueces y tribunales en acciones de defensa serán aplicables las siguientes disposiciones: (…) 4. El expediente constará por escrito y estará integrado por: (…) f) El acta de audiencia…” (negrillas y subrayado son agregados);

impidiendo con su actuar, que este Tribunal asuma conocimiento de lo suscitado en dicho acto procesal. Por consiguiente, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 96 a 100 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que de forma inmediata la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba del departamento de Tarija, ponga a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, la situación jurídica de la adolescente AA, en atención a los razonamientos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar severamente la atención a la Jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del referido Municipio y departamento, por no haber actuado en el marco de la debida diligencia y protección integral de los intereses de la adolescente AA; de igual manera a Carlos Eduardo Bru Cavero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, quien en conocimiento de las irregularidades cometidas por el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no tomó las acciones pertinentes para corregir el procedimiento y actuación del personal a su cargo; advirtiéndoles que, en próximas oportunidades actúen en el marco de la legalidad, bajo apercibimiento de remitir antecedentes a las instituciones correspondientes. 3º Exhortar a Sandra Janet Méndez Jurado, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de Yacuiba del departamento de Tarija, que en aquellos casos en los que se encuentren involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes, actúe dentro el marco de la debida diligencia, aplicando la perspectiva de género y niñez, en cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y convencionales que rigen a nuestro ordenamiento jurídico. 4° Llamar la atención a Miguel Ángel Gallardo Salgado, Juez de Sentencia Penal Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, quien, en su condición de Juez de garantías, inobservó la previsión contenida en el art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional, en el marco de lo expuesto en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

2 Corte IDH, Caso Vera Rojas y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 2021. Serie C No. 439.

3 Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351.

4 La SCP 0129/2012 de 2 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, señaló que uno de los contenidos del principio de interés superior, a partir de la interpretación del art. 3 de la Convención, es el de autonomía progresiva en el ejercicio de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre sus hijos al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores solo tienen la función de orientarlos y dirigirlos en forma apropiada para que ejerzan sus derechos, según indica el art. 5 de la referida Convención (en ese sentido, la SC 0735/2010-R de 26 de julio).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0126_2025-S3.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7042b162d79185e6d3ca570c4c72db4b2a1bd8d32d7779aa7580b2aaa508bf00

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