B.IA.LEGAL

SCP 0126/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50265-2022-101-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 21/2022 de 28 de agosto, el Juez de primera instancia dispuso la detención preventiva, fijando la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y ante ello, planteó recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 367/2022 de 6 de septiembre, emitido por el Vocal hoy accionado, quien declaró improcedente el referido recurso de apelación al amparo del art. 235 ter del CPP, de oficio, resolvió la modificación referente al plazo de la detención preventiva por el lapso de cuatro meses, hasta la realización de la actuación concreta consistente en la obtención de prueba pericial de genética de sangre que determine la paternidad o no. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 239 a 245, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0126/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50265-2022-101-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 04/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 239 a 245, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Genaro Ugarte Araca contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 208 a 218, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Orlando Olañeta Burgoa contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP), con relación al art. 310 inc. k) del mismo Código, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra. Posteriormente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Poroma del departamento de Chuquisaca, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 28 de agosto de 2022, mediante Auto Interlocutorio -21/2022- dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de la ciudad de Sucre, basándose únicamente en el Informe Social de 9 de mayo de dicho año, en el que se estableció que la supuesta víctima lo acusó ante “los médicos” como su agresor, valorando hechos “NO EXISTENTES”.

Frente a ello, formuló recurso de apelación incidental de manera oral, fijándose audiencia para el 6 de septiembre de 2022, el Vocal ahora accionado por Auto de Vista 367/2022 de la misma fecha, declaró improcedente el referido recurso de apelación, señalando que el Juez de primera instancia no efectuó una errónea fundamentación; ya que, en su declaración la menor de edad en ninguna parte señaló que su persona es su agresor, sino que al contrario indicó que sus agresores fueron “unos muchachos”; sin embargo, sin considerar ese extremo, el Vocal hoy accionado mantuvo el Auto Interlocutorio 21/2022, que fue en apelación incidental; por lo que, continúa con detención preventiva. Posteriormente, el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 367/2022, con errónea fundamentación y motivación, por un lado le dio la razón, y por otro, ingresando a revalorar la prueba, indicó que: “Es cierto y evidente, que no hay en la declaración ante la Psicológica de parte de la víctima donde de manera expresa señala al agresor, al ahora imputado -Genaro Ugarte Araca-, eso tiene del memorial de denuncia, del acta de entrevista de la declaración ante el Psicólogo, donde la menor ha referido que sus agresores, fueron dos jóvenes “…ha aparecido dos chicos que yo no les conozco, no les había visto nunca, pero ahí me han agarrado de la manera y me ha arrastrado el rio, el otro se ha corrido y el otro me dejaba yo quería hacerme soltar de la mano, pero me ha votado al piso me ha tapado mi boca y ahí me ha abusado…” (sic), y además, sostuvo que: “…cuando me estaba haciendo eso ahí apareció borracho mi padrastro, ahí al verle a mi padrastro el chico se ha bajado de mi encima y se ha corrido…” (sic). Posteriormente, el Vocal hoy accionado concluyó que se dio valor legal al Informe Social de 9 de mayo de 2022, por tener la facultad de valorar nuevamente una prueba; ya que, la labor de alzada es realizar el control de logicidad, y bajo ese argumento, consideró que de manera “oficiosa” la Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, indicó que entrevistó a Médicos y Enfermeras, quienes refirieron que su persona sería el agresor, cuando esos hechos no son ciertos, estableciendo así presunción de culpabilidad.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 21, 22, 23, 116.I Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se ordene el restablecimiento de las formalidades legales establecidas por el art. 116 de la CPE; b) Se deje sin efecto el Auto Vista 367/2022 de 6 de septiembre; y, c) Se emita una nueva resolución, disponiendo su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 236 a 237, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad, y respondiendo a las preguntas del Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, manifestó que: 1) El recurso de apelación incidental que formuló fue de manera oral, cuando se encontraba detenido, cuestionando su autoría, haciendo énfasis en que el Vocal ahora accionado en el Considerando III del Auto de Vista 367/2022, reconoció el incumplimiento del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo ese el primer motivo recursivo y acusó con errónea fundamentación y motivación respecto a la concurrencia de los presupuestos de la detención preventiva, vulnerando el art. “124”; por lo que, su recurso de apelación incidental fue por los “dos motivos”, tomando en cuenta que en el Considerando I de dicho recurso de apelación incidental, el Vocal hoy accionado le dio la razón; y, 2) El nombrado Vocal no explicó del por qué puede ser peligro para la víctima, si en realidad el accionante no fue el agresor, es más le salvó la vida en el “parto” y, respecto al art. 235.2 del CPP, no se indicó si el Ministerio Público presentó prueba con relación a que amenazó a la “Policía”, sino por el contrario brindó cooperación y se “…ha hecho sacar sangre” fs. 237.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 227 a 228, manifestó lo siguiente: i) El 6 de septiembre del citado año, se emitió una resolución dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Orlando Olañeta Burgoa contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, previsto por el art. 308 Bis en relación con el art. 310 inc. k) del CP; ii) En la audiencia del recurso de apelación incidental, no se definió la inocencia o culpabilidad del imputado, lo que se hizo fue revisar la resolución recurrida en apelación, escuchar los agravios de las partes involucradas y verificar si la resolución judicial se ajustaba a la ley, tras la revisión, se determinó la improcedencia del recurso de apelación incidental, ratificando la probabilidad de autoría del imputado y los riesgos procesales; iii) Ello se fundamenta que la víctima es una adolescente en situación de alta vulnerabilidad; por lo que, quedó embarazada, dio a luz y está esperando los resultados de una prueba de paternidad y ese riesgo procesal se comprende a partir de una protección reforzada para la víctima; ya que, su estado de vulnerabilidad y su dependencia directa del agresor; puesto que, la misma pertenece al área rural; iv) El accionante alegó que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, limitando su derecho a la libertad basándose en presunciones de culpabilidad, y sobre ese punto, la SCP “836/2019-S3” estableció que la detención preventiva es una medida excepcional y provisional que debe estar fundamentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado y garantizar el desarrollo del proceso, sin vulnerar la presunción de inocencia; además, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional indica que los administradores de justicia deben resolver los casos con una perspectiva de género para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, evitando la revictimización; v) El art. 60 de la CPE, sostiene que es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la Niña, Niño y adolescente, brindándoles protección, atención preferencial en servicios públicos y privados, y acceso a una justicia pronta y oportuna; vi) A nivel internacional, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentra respaldada por el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece el derecho a recibir medidas de protección; asimismo, el art. 16 del Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y el art. “VII” de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconocen la obligación del Estado de adoptar medidas especiales de protección para garantizar el pleno desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y morales de los menores de edad; vii) En delitos sexuales, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano, que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 410 CPE), incorporan principios de protección integral y especial para la niñez, lo que implica una atención preferencial para aquellos en situaciones de alta vulnerabilidad, como es el caso de la víctima en ese proceso; viii) En consecuencia, con la finalidad de lograr una protección más efectiva de los derechos de la menor de edad víctima de violencia sexual, quien además se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a su relación con el presunto agresor, se aplicó una perspectiva de género; ix) Asimismo, se debe considerar que el art. 15 de la CPE, garantiza el derecho de todas las personas, especialmente de las mujeres, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, y obliga al Estado a adoptar medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género; x) Debido a las pruebas y la fundamentación del Informe Social de 9 de mayo de 2022, en el que se basó la Resolución del Juez de primera instancia, no se considera que la detención preventiva se hubiese fundamentado en meras presunciones abstractas; por lo que, se ratificó la probabilidad de autoría y los riesgos procesales del imputado; y, xi) Por lo mencionado, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 239 a 245, concedió “parcialmente” la tutela solicitada, debiendo el Vocal hoy accionado “…renovar la audiencia de apelación de medidas cautelares…” (sic) y emitir una nueva resolución, con los argumentos expuestos en la referida Resolución, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante identificó como “primer agravio” de defensa la alusión a la probable “autoría” establecido por el art. 233.1 del CPP, que a decir de la defensa no fue correctamente sustentada; puesto que, el Informe Social de 9 de mayo de 2022, en el que el Vocal hoy accionado, basó la decisión ahora cuestionada, y no se hizo referencia directa a la víctima; ya que, lo mencionado por el Médico y la Enfermera del Hospital Virgen del Rosario del municipio de Poroma, con relación al supuesto agresor emerge de dichos profesionales y no de la víctima; b) Al respecto, se puede verificar que el Vocal hoy accionado, en el Considerando V del Auto de Vista 367/2022, respecto al segundo motivo recursivo, presunción de inocencia vinculado con la probabilidad de autoría, señaló que: “Es cierto y evidente que no hay en la declaración de la psicóloga de parte de la víctima donde de manera expresa señale al agresor, ahora imputado Genaro Ugarte, eso tiene del memorial de denuncia del acta de entrevista de la declaración ante el psicólogo, donde la menor ha referido que sus agresores fueron dos jóvenes, ha aparecido dos chicos que yo no los conozco, no los he visto nunca pero ahí me han agarrado de la mano y me han arrastrado al rio el otro se ha corrido y el otro no me dejaba, yo quería hacerme soltar de la mano pero me ha votado al piso me ha tapado la boca y ahí me ha abusado (...) Cuando me estaba haciendo eso, ha aparecido borracho mi padrastro ahí al verle a mi padrastro el chico se ha bajado de mi encima y ha corrido” (sic); c) Por otra parte, en el punto 6 del citado Considerando V, el Vocal hoy accionado refirió que en el Informe Social, de 9 de mayo de 2022, firmado y sellado por María Mariela Mariscal Filips, Trabajadora Social de la DNA Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, dirigido a Roberto Maidana Echalar, Fiscal de Materia en la parte conclusiva señaló que: “Por otro lado, se realizó entrevistas con el personal de salud que atendió a la adolescente (C.V.M.), médico y enfermeras las mismas mencionaron que el supuesto agresor de la adolescente seria el padrastro de nombre Genaro Ugarte Araca y que la madre ocultaría el hecho, del mismo modo se realizó averiguaciones con las vecinas, de las adolescentes las cuales refieren que el padrastro seria el padre de la adolescente y que la madre estaría ocultando el hecho para proteger a su concubino” (sic); d) En ese mismo acápite, se indicó que en el punto 7 del referido Informe Social, la Trabajadora Social de la DNA del referido Gobierno Autónomo Municipal manifestó que la supuestamente violación fue por su padrastro con el que convivía, recomendando efectuar acciones concernientes al caso, en el ámbito legal y el ámbito psicológico; documento que fue considerado por el Juez de primera instancia, a través del cual, estableció que el imputado es con probabilidad autor del hecho de agresión sexual que se le imputa, señalando en el Auto Interlocutorio 21/2022, Considerando II, que fruto de este hecho de agresión la víctima quedó embarazada y que a tiempo de dar a luz fue llevada al hospital del municipio de Poroma, “...y que cuando se le realizó las entrevistas por el personal de salud, quien la atendió, la VÍCTIMA HUBIESE MENCIONADO que el supuesto agresor seria su padrastro de nombre Genaro Ugarte Araca, y que su madre estaría ocultando este hecho para que no se realicen las averiguaciones correspondientes y que también indagando a sus vecinas de la adolescente ella les hubiese referido lo mismo, que sería el padrastro el padre de su bebe y que su madre está ocultando el hecho para proteger a su concubino. Entonces, este elemento indiciario lo vamos a considerar bajo el amparo del principio de buena fe del funcionario público y el principio de verdad material, POR CUANTO HA SIDO SENALADO POR LA PROPIA VÍCTIMA" (sic); e) En el punto 7 del Considerando V del Auto de Vista 367/2022, en análisis, el Vocal ahora accionado indicó que no es la víctima la que identificó al accionante, sino que es una referencia redactada por la Trabajadora Social de la DNA del citado Gobierno Autónomo Municipal, emergente de las entrevistas efectuadas al Médico y Enfermera, del Hospital Virgen del Rosario del municipio de Poroma, el Vocal hoy accionado afirmó que la nombrada Trabajadora Social, deberá explicar en su momento quiénes son esos profesionales de salud: “...ahí entonces la señora de trabajo social asumirá alguna responsabilidad, porque se dice que, en un informe social, en una certificación, uno es responsable, no es que yo creí haber escuchado, quien ha firmado no la víctima, sino la trabajadora social que el supuesto agresor seria el padrastro” (sic); f) En el punto 9 del Considerando V del Auto de Vista 367/2022, precisó que hay ocasiones en la que se presenta la primera declaración, la cual posteriormente es desvirtuada en cámara gesell o en otra declaración ampliatoria, circunstancia por la que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo (AS) 825/2017-RRC de 30 de octubre, establece que: “se evidencia que la sentencia parte de la identificación de dos versiones otorgando credibilidad a lo planteado por la acusadora en el acto de juicio con base a la labor valorativa de los informes y declaraciones de la psicóloga y las versiones cambiantes de la menor destacando la declaración de la víctima el mismo día que se inició la investigación, oportunidad en la cual refirió haber sido víctima de abuso sexual de parte de su padre, siendo corroborada esta declaración con la testifical de la psicóloga Cinthia Salazar Barrios y que, si bien la primera versión de los hechos intento ser cambiada por la propia víctima en audiencia de juicio, el Tribunal de Sentencia asumió que ello obedecía a los sentimientos de culpabilidad y autoincriminación como emergencia de las consecuencias derivadas del proceso en el ámbito familiar” (sic); g) Bajo esas consideraciones, el Vocal hoy accionado, en el punto 10, citó a las “resoluciones” emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece la presunción de veracidad de las declaraciones de la víctima, la misma que a decir del Vocal ahora accionado, solo puede ser desvirtuada a través de las investigaciones y la valoración de la prueba; por lo que, exhorta que en los resultados de la prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), se hubiese tomado en cuenta el principio de la debida diligencia; h) En ese orden de ideas, el Vocal hoy accionado concluyó indicando que el Juez de primera instancia, señaló que no se basó en meras presunciones o suposiciones, sino en información precisa que la misma víctima otorgó, por lo cual, no puede ser considerado como una mera referencia y una presunción de culpabilidad; i) Finalmente, en el Considerando V, de la cuestionada Resolución, el Vocal ahora accionado indicó que ya se tomaron las muestras de sangre para realizar la prueba de ADN, transcurriendo “hasta la fecha”, tres meses desde la presentación del Informe Social de 9 de mayo de 2022, formulándose las siguientes interrogantes ¿Dónde estaba el Ministerio Publico? ¿Dónde están los oficiales asignados al caso?; ya que, esas actuaciones resultan importantes para esclarecer el hecho, más aún si el accionante se encontraba detenido por lo del referido Informe Social, donde el personal de salud refirió que la víctima les comentó, de igual manera en el Informe Psicológico que son otros “dos jóvenes”; sin embargo, esos antecedentes no deben restar valor a las declaraciones de la víctima y a los informes; puesto que, no se puede hacer una elección selectiva de las pruebas, debiendo valorarse la totalidad del acervo probatorio; j) El Vocal hoy accionado no acogió los agravios del accionante; sin embargo, modificó el plazo de duración de la detención preventiva por un lapso de cuatro meses, al plazo de la realización de una actuación concreta como es la obtención del resultado de genética que en audiencia se indicó que llegará en el transcurso del mes, debiendo el Ministerio Público, cumplir con la jurisprudencia referente a la debida diligencia para una correcta valoración de prueba; k) De los antecedentes remitidos, se tiene Informe de Entrevista Psicológica de 18 de abril de 2022, efectuado por Epifanía Picha Vela, Psicóloga de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, constando en dicho Informe, la entrevista efectuada a la víctima, en cuyo relato sostuvo que: “...a mí me han abusado el año pasado en las fiestas de agosto, yo había ido a lo casa de mi amiga que es en Cachi Mayu y de ahí me estaba viniendo y del medio camino ahí han aparecido dos chicos que yo no conozco no los había visto nunca pero ahí me han agarrado de la mano y me ha arrastrado al rio ahí el otro se ha corrido y el otro no me dejaba, yo quería hacerme soltar de la mano, pero me ha votado al piso, me ha tapado mí boca y ahí me abusado se ha subido en mi encima y me bajado mi calzón, cuando me estaba haciendo eso ahí ha aparecido borracho mi padrastro y ahí al verle a mi padrastro, el chico se ha bajado de mi encima y se ha corrido y después yo me ido a mi casa cuando he llegado no le dicho nada a mi mama y solo me he llorado, eso me ha pasado (…) y después, a mi mama le han avisado los doctores que estaba embarazadla y mi mamá me ha preguntado para quien era y ella igual me ha preguntado si lo conocía al chico, y yo le dicho que no lo conocía, era un moreno solo eso pero yo nunca lo había visto, no lo conocía o el (llora la menor) pero yo no sé ni cómo se llama ese chico se muestra triste la menor” (sic); l) En esa entrevista, conforme mencionó la referida Psicóloga, la víctima menor de edad expresó mucha predisposición en participar del proceso de entrevista, cooperó para relatar lo sucedido, sus respuestas fueron inmediatas; empero, que a momentos mostró tristeza y llanto; empero, en las conclusiones del citado Informe Psicológico, expresó que la víctima -menor de edad- mostró en la entrevista buena orientación en tiempo y espacio, lenguaje claro, de manera que expresó sus pensamientos de acuerdo a la lógica formal, indicándose además, que en el relato no cooperó, y sus respuestas no fueron inmediatas, demorando en dar las respuestas, quedándose callada y no dando respuestas en algunas, mencionando que no recordaba nada, en el mencionado Informe Psicológico se identificó en la víctima la presencia de pensamientos invasivos, imágenes, recuerdos negativos y dolorosos; por lo cual, le causó ansiedad, frustración, preocupación ante situaciones vividas, sugiriéndose que la menor de edad reciba apoyo psicológico para que pueda superar la situación traumática; m) En esa misma valoración de antecedentes, se observa el Informe Social de 9 de mayo de 2022, emitido por María Daniela Mariscal Philips, Trabajadora Social de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, constando en el punto “5”, las entrevistas que efectuó la nombrada Trabajadora Social, cursando el reporte de la entrevista con la madre de la víctima, quién refirió que su hija, era una muchacha tranquila y para el aniversario del municipio de Poroma, su concubino -hoy accionante- fue a su puesto de venta de comida para comentarle que encontró a su hija con un muchacho el cual la agredió sexualmente, siendo el agresor una persona desconocida que no pertenecía al municipio de Poroma y que no recordaba el rostro del muchacho debido a que se encontraba en estado de ebriedad; n) Asimismo, la víctima menor de edad le manifestó a su madre que no conocía al muchacho agresor, y que no efectuaron la denuncia respectiva ante la citada DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma debido a que la hija no quiso, por temor a las “habladurías” de los vecinos; o) A finales de “marzo”, la madre de la víctima, vio que su hija tenía el vientre "inflado"; empero, que no sospechaba de un embarazo, hasta que el personal de salud del Hospital Virgen del Rosario del mismo municipio, la visitó y examinó a la adolescente para informarle que su hija se encontraba con ocho meses de gestación, siendo ese el momento en el que la madre tuvo conocimiento del embarazo de su hija; motivo por el cual, su madre y el personal de salud trataron de que la víctima mencione quien la embarazo; sin embargo, la adolescente proporcionó información, según indicó la madre; p) Constando, en el Informe Social de 9 de mayo de 2022, que el personal de salud informó del caso al Responsable de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, para que se realice las averiguaciones necesarias y se proceda a efectuar la denuncia correspondiente, de acuerdo a las leyes vigentes; q) Respecto al parto, se mencionó en el referido Informe Social, que fue complicado debido a que no fue atendida por el personal de salud, y su bebé nació el 9 de abril de 2022, con la ayuda del padrastro -accionante-, dando a conocer el nacimiento al personal de salud de la comunidad de Poroma, siendo remitida por el servicio de salud de esa comunidad de manera inmediata al Hospital "San Pedro Claver" de la ciudad de Sucre, esto debido a que la adolescente se encontraba delicada de salud, quedando internada durante dos días en dicho Hospital; r) Posteriormente, la adolescente comenzó a cuidar a su bebé, protegiéndolo de manera instintiva, incluso dejó sus estudios por cuidar a su pequeño hijo; s) Resulta relevante la parte final de este punto 5, objeto de análisis, en el cual, la Trabajadora Social de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, refirió que se realizaron entrevistas con el personal de salud, Médico y Enfermera que atendieron a la víctima, quienes mencionaron que el supuesto agresor de la adolescente sería el padrastro - accionante- y que la madre ocultaría el hecho, añadiendo la aludida profesional que además realizó averiguaciones con las vecinas de la adolescente las cuales refieren que el padrastro sería el padre del bebé y que la madre estaría ocultando el hecho por proteger a su concubino; t) Por lo manifestado precedentemente, consta el relato de la víctima indicando quienes fueron las personas que la agredieron sexualmente quedando ese relato transcrito en el Informe de Entrevista Psicológica de 18 de abril de 2022; u) igualmente, se tiene las referencias que invoca la Trabajadora Social de la DNA citado Gobierno Autónomo Municipal, de realizar entrevistas al personal de salud Médico y Enfermera, que atendieron a la adolescente víctima, donde mencionaron que el supuesto agresor de la adolecente sería el padrastro Genaro Ugarte Araca -accionante-, y que la madre ocultaría el hecho; v) Asimismo, se llega a establecer que, en el caso presente, existen dos antecedentes contradictorios que, según la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, debe primar el relato de la víctima inicialmente ofrecido; w) Asimismo, debe quedar sentado que el dato proporcionado por el personal de salud "médico y enfermera", con relación al agresor, no proviene de una expresión o el relato de la víctima (Informe Social de 09 de mayo de 2022), la cual describe el Vocal ahora accionado, en el Auto de Vista 367/2022, siendo la información obtenida por la Trabajadora Social de la DNA del citado Gobierno Autónomo Municipal, de fuentes indirectas que no son individualizadas, Médico, Enfermera y vecinos, y no de la víctima, lo cual impone y exige se efectúe una valoración contextualizada; x) En consecuencia, al constar el relato de la víctima en el Informe de Entrevista Psicológico de 18 de abril de 2022 y no contar con ninguna otra referencia de la víctima con relación a su agresor, se estableció que los fundamentos expuestos por el Vocal hoy accionado, en el citado Auto de Vista, no cumplen con los presupuestos exigidos por el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, con referencia a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, concretamente con relación a la probabilidad de autoría del art. 233.I del CPP, que en su contenido normativo exige la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor, o partícipe de un hecho punible, observándose que la fundamentación del Vocal ahora accionado no responde a una evidencia que genere un mínimo de credibilidad y que permita inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva; puesto que, de acuerdo al relato de la víctima, prestada ante la Psicóloga fueron otros los agresores, dos personas desconocidas, ingresando en contradicciones en su análisis respecto al Informe Social de 9 de mayo de 2022; puesto que, por un lado, el Vocal hoy accionado observó que la manifestación del Médico y la Enfermera del Hospital Virgen del Rosario del municipio de Poroma del departamento de Chuquisaca, no provienen del relato de la víctima, y por otro lado se dio por bien hecho la decisión del Juez de primera instancia, que de acuerdo a los antecedentes esgrimidos, se basa en el relato de la víctima que hubiese efectuado al personal del servicio de salud; contradicción que rompe los esquemas de una correcta fundamentación, que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de una debida fundamentación y motivación, lo cual implícitamente transgrede los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad, dada la determinación de la detención preventiva contra del accionante; puesto que, debe regir el principio de legalidad, más aun tratándose de medidas cautelares de carácter personal, como es la detención preventiva; ya que, la misma no puede estar sujeta a simples presunciones y peor aún, a cuestiones que no se hallan registradas en los antecedentes de una investigación; y) Debe constar que esa determinación no es contraria y no desvirtúa desde ningún punto de vista, el relato de la víctima, peor aún la desvalorización de lo manifestado por la misma, siendo consciente que ésta goza del principio de presunción de verdad; por lo que, debe considerarse el único relato de la víctima efectuado ante la Psicóloga del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma; y, z) Por último, el presente análisis se sustenta en los fundamentos jurídicos establecidos en la SCP “0276/2018-S2”, que en lo pertinente a la detención preventiva, señala la prohibición de fundar la misma en meras presunciones, ya que esa determinación, que constituye una excepción debe ser el resultado de una correcta valoración de los indicios y pruebas ofrecidas para el efecto, siendo de inexcusable labor la debida fundamentación y motivación que debe fundarse sobre todo en un acontecimiento que debe ser reconocido como cierto o probable, aspecto que en el caso de autos no acontece.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia virtual de consideración de medidas cautelares personales de 28 de agosto de 2022, en la que el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Poroma del departamento de Chuquisaca, mediante Auto Interlocutorio 21/2022 de igual mes y año, dispuso la detención preventiva de Genaro Ugarte Araca -hoy accionante- en el Centro Penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre, por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y frente a ello, en ese mismo acto procesal, la defensa del antes mencionado, formuló recurso de apelación incidental (fs. 80 a 94). II.2. Por Auto de Vista 367/2022 de 6 de septiembre, emitido por Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionado- declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental planteado por el accionante “…sin embargo, al amparo del art. 235 ter del CPP, de oficio se resuelve la modificación referente al plazo de la detención preventiva de cuatro meses, hasta la realización de la actuación concreta consistente en la obtención de prueba pericial de genética de sangre que determine la paternidad o no, hasta el resultado negativo; si es negativo la Autoridad Fiscal ha anunciado que se emitirá la resolución de sobreseimiento” (sic [fs. 201 a 207 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 21/2022 de 28 de agosto, el Juez de primera instancia dispuso la detención preventiva, fijando la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y ante ello, planteó recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 367/2022 de 6 de septiembre, emitido por el Vocal hoy accionado, quien declaró improcedente el referido recurso de apelación al amparo del art. 235 ter del CPP, de oficio, resolvió la modificación referente al plazo de la detención preventiva por el lapso de cuatro meses, hasta la realización de la actuación concreta consistente en la obtención de prueba pericial de genética de sangre que determine la paternidad o no. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, establece que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”». En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, mediante Auto Interlocutorio 21/2022 de 28 de agosto, el Juez de primera instancia dispuso la detención preventiva, fijando la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y ante ello, planteó recurso de apelación incidental, el cual, fue resuelto por Auto de Vista 367/2022 de 6 de septiembre, emitido por el Vocal hoy accionado, quien declaró improcedente el referido recurso de apelación al amparo del art. 235 ter del CPP, de oficio, resolvió la modificación referente al plazo de la detención preventiva por el lapso de cuatro meses, hasta la realización de la actuación concreta consistente en la obtención de prueba pericial de genética de sangre que determine la paternidad o no. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa acta de audiencia virtual de consideración de medidas cautelares personales de 28 de agosto de 2022, en la que el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Poroma del departamento de Chuquisaca, mediante Auto Interlocutorio 21/2022 dispuso la detención preventiva de Genaro Ugarte Araca -hoy accionante- en el Centro Penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre, por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los peligros procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, y frente a ello, en ese mismo acto procesal, la defensa del antes mencionado, planteo recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.). En mérito a ello, por Auto de Vista 367/2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionado- declaró improcedente del recurso de apelación incidental planteado por el accionante “…sin embargo, al amparo del art. 235 ter del CPP, de oficio se resuelve la modificación referente al plazo de la detención preventiva de cuatro meses, hasta la realización de la actuación concreta consistente en la obtención de prueba pericial de genética de sangre que determine la paternidad o no, hasta el resultado negativo; si es negativo la Autoridad Fiscal ha anunciado que se emitirá la resolución de sobreseimiento”(sic [Conclusión II.2.]).

Precisada la relación de actuados cursantes en el cuaderno procesal y delimitada la problemática planteada por el accionante, que radica en la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 367/2022, corresponde pronunciarse de forma individual en la esfera de esos elementos y verificar su concurrencia o no en el sustento argumentativo del referido fallo. En ese entendido, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el accionante en su recurso apelación incidental y que fueron consignados en el Auto de Vista 367/2022 -hoy impugnado- (fs. 201 vta. a 202), convergiendo los mismos en: Primer motivo del recurso: El accionante acusó una fundamentación y motivación errónea en relación con la concurrencia de los presupuestos para la detención preventiva, lo que vulneró el art. 124 del CPP.

Toda fundamentación debe basarse en una valoración objetiva de las pruebas que respaldarán los argumentos, especialmente en lo referente al primer requisito de la detención preventiva. “… EL Juez A-quo de forma falaz y errónea hubiera valorado el Informe Social de fecha 09 de mayo de 2022, manifestando que la victima de propia voz hubiera señalado a la médico y enfermera que su agresor seria su padrastro -Genaro Ugarte Araca- señala que esta expresión hubiera sido valedero si estos hechos hubieran sido ciertos, objetivos pero que el Informe Social de 09 de mayo de 2022, al contrario que la víctima hubiese señalado que como sus agresores a dos personas que no los conoce, por ello jamás la victima habría señalado que su agresor seria el Sr. Genaro Ugarte Araca, que la víctima ha manifestado; ‘cuando se han subido en uno a mi encima, cuando me ha sacado mi calzón, apareció por suerte mi padrastro, que él me salvó’, en el Informe Psicológico…” (sic) El Juez de primera instancia intentó acomodar la norma a su criterio para justificar la autoría, lo que implicaba en una resolución incongruente e irracional, vulnerando los arts. 6 del CPP y 116 de la CPE; y, cometió un error al afirmar que la víctima identificó al imputado como su agresor, cuando el Informe Social de 9 de mayo de 2022, no respaldaba esa afirmación, lo cual llevó a una fundamentación y motivación incorrecta para la resolución del caso. Segundo motivo del recurso: El accionante acusó una vulneración al derecho a la presunción de inocencia, protegido por el art. 116 de la CPE. Argumentó que, en todo momento, el Juez de primera instancia presumió su culpabilidad, inventando hechos que no existieron para sustentar la supuesta culpabilidad, sin permitir que se respete la inocencia del imputado. Según lo establecido por el art. 193 del “Código de la Niñez y Adolescencia” (sic), se presume la veracidad de lo dicho por cualquier menor hasta que se demuestre lo contrario con pruebas objetivas. En este caso, la menor de edad, en su declaración, nunca lo señaló como su agresor, sino que mencionó a dos personas desconocidas. El Juez de primera instancia cometió un error en la consideración de las pruebas, lo que resultó en una fundamentación incorrecta en el Auto Interlocutorio 21/2022 de 28 de agosto, vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia del imputado -accionante-. Se sostuvo que no existían elementos suficientes para justificar la detención preventiva, ya que no se presentó pruebas objetivas que acreditaran la culpabilidad del imputado. El recurso de apelación incidental, fue resuelto por el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 367/2022 -hoy impugnado- (fs. 204 vta. a 207), con los siguientes fundamentos: Evidentemente, no existe declaración ante la Psicóloga en la que la menor de edad señale que el accionante es su agresor. El Informe Social de 9 de mayo de 2022, emitida por María Daniela Mariscal Filipps, Trabajadora Social de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, recoge la información obtenida de las entrevistas con el personal de salud, los cuales indican que el supuesto agresor es el padrastro de la víctima. Además, se señaló que la madre de la víctima estaría ocultando el hecho para proteger a su pareja. Se debe considerar el principio de buena fe del funcionario público y a la veracidad de la declaración de la víctima, y se argumenta que esta no debe ser vista simplemente como una presunción, sino como una declaración precisa que debe ser investigada. Es importante considerar el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “J. vs. Perú” en relación con la presunción de veracidad de las declaraciones de víctimas de violencia sexual, en el cual se menciona que las investigaciones deben avanzar de acuerdo con estándares que protejan adecuadamente a la víctima, incluyendo la realización de pruebas de ADN. Asimismo, se debe considerar la responsabilidad en la declaración de la Trabajadora Social de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma del departamento de Chuquisaca, al afirmar en el informe que el agresor es el padrastro, destacando que no se trata de una certeza, sino de una presunción basada en las entrevistas realizadas. Se debe considerar que el imputado -accionante- tiene la condición de presunto agresor; ya que, no se le puede atribuir la autoría porque en la etapa preliminar se recogen sus presunciones e indicios. Abordando los derechos de la víctima y el imputado en el contexto de un caso de abuso sexual, el Juez de primera instancia, al efectuar una ponderación entre los derechos de ambos, decide que prevalece el derecho de la víctima, una adolescente en situación de vulnerabilidad, basándose en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltando la importancia de aplicar principios como la presunción de veracidad, el interés superior de la Niña, Niño y Adolescente y la verdad material. El Informe Social de 9 de mayo de 2002, de la Trabajadora Social de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Poroma, es considerado como prueba clave en el proceso, aunque se cuestiona la selección de pruebas por parte del abogado defensor y dicho documento indica que la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a su edad y a la dependencia del agresor, quien es su padrastro -accionante-. Si bien en muchos casos se considera el Informe de Entrevista Psicológica de 18 de abril, antes que el Informe Social de 9 de mayo de igual año, ese extremo debe ser valorado con enfoque interseccional, considerando la alta vulnerabilidad de la víctima tanto que quedó embarazada y está a la espera de resultados de prueba de paternidad. Si bien en la declaración ante la Psicóloga, la víctima indicó que sus agresores eran “dos chicos”; empero, no se puede pasar por alto el referido Informe Social. El Juez de primera instancia también señaló la posibilidad de que el imputado -accionante- intentó influir negativamente en la víctima para cambiar su versión de los hechos.

Se debe considerar la SCP “386/2019-S3” que estableció que los administradores de justicia están obligados a resolver casos con criterios diferenciadores de género con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

Por ello, el Juez de primera instancia consideró fundado el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, en el entendido de ser peligro para la víctima.

A partir de lo mencionado, al amparo del art. 235 ter del CPP, no se acogen los agravios del apelante; empero, tampoco corresponde confirmar el Auto Interlocutorio 21/2022 en su totalidad, modificando en plazo de la detención preventiva por el lapso de cuatro meses, al plazo de duración de la realización de la prueba de paternidad.

A partir de esa necesaria contextualización de los puntos expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 367/2022, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no solo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino que impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que esta sea concisa, clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que el Vocal hoy accionado, al pronunciar el Auto de Vista de 367/2022, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. precedente, debido a que desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente con un enfoque interseccional, explicando la concurrencia de los requisitos establecidos por la norma procesal penal para la procedencia de la detención preventiva, explicando en lo esencial que si bien no existe una declaración de la víctima, en la que señale que el accionante es su agresor; empero, no se puede pasar por alto que existe un Informe Social de 9 de mayo de 2022, que demuestra datos sobre su posible responsabilidad, y por ello, con base al principio de buena fe del funcionario público y la responsabilidad que esa funcionaria tiene, más aún, tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad de la adolescente quien incluso quedó embarazada y se encuentra a la espera del resultado de una prueba de paternidad, se debe aplicar ante todo un enfoque interseccional, sin desconocer los derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso del accionante; por lo que, se reguló el plazo de su detención preventiva por el lapso de cuatro meses al tiempo que dure la realización de la prueba de paternidad pendiente. De lo expuesto, se advierte que el Vocal hoy accionado, al emitir el Auto de Vista confutado, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de forma suficiente, explicó al accionante, las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma adjetiva, en lo esencial es inherente a los riesgos procesales concurrentes -arts. 234.7 y 235.2 del CPP-, para decantar en la fundamentación requerida que evidencie la existencia de requisitos para imponer la detención preventiva, considerando la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta. Respecto a ese último elemento en particular, dada su relevancia se resalta que el contexto fáctico del caso que se analiza, el Vocal ahora accionado cumplió con su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional, herramienta que conforme se desarrolló la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría,…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Así, conforme a lo ampliamente expuesto, se evidencia que el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 367/2022, con la suficiente y razonada fundamentación y motivación requerida; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, con relación a la denuncia del accionante respecto a la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, por la denegatoria de la tutela por los motivos señalados precedentemente y por lo expuesto en el memorial de formulación de la presente acción de libertad, no se advierte evidencia de la vulneración al mismo, más aún, cuando el plazo de su detención preventiva fijado inicialmente por el lapso de cuatro meses, fue reducido al tiempo que dure la realización de la prueba de paternidad pendiente, lo cual determinará su probabilidad de autoría; por lo que, al respecto también corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder “parcialmente” la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 239 a 245, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0126_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 91b17fa998b00355542ae1deb029bc93b505f80b1a3ffedb7f714ff8060f358b

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