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SCP 0126/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47774-2022-96-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, en audiencia de medidas cautelares fue dispuesta su detención preventiva, la cual fue revocada en alzada por la autoridad ahora demandada, ante la improcedencia de la aplicación de dicha medida de acuerdo al art. 232.5 del CPP modificada por la Ley 1173; no obstante, soslayó disponer su inmediata libertad y tampoco otorgó un plazo para que pueda cumplir con lo dispuesto, pues condicionó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, al cumplimiento de requisitos formales, como acreditar la vivienda donde guardara dicha detención. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 12 a 19, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Nejib Randall Silva Dueñas, Raúl Tito Choclo Rubín de Celis y Gonzalo Pérez Hassenteufel, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, por no remitir los actuados que fueron considerados a momento de emitir resolución, exhortándoles que en lo posterior observen el cabal cumplimiento de las funciones que les asisten como Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la emisión de mandamiento de libertad por el Tribunal ad quem, cuando se revoque la detención preventiva del a quo.
  2. III.2. Respecto a la detención ilegal o indebida
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0126/2024-S4 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47774-2022-96-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 12 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Enin Lera Fernández en representación sin mandato de Perci Guarena Callau contra Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2022, cursante a fs. 2 y vta., el representante del accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando, efecto de la determinación asumida por el Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento, la cual en instancia de apelación en previsión del art. 232.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fue revocada por el Vocal ahora demandado, quién si bien de manera fundamentada dispuso la aplicación de medidas cautelares personales entre ellas su detención domiciliaria con vigilancia policial; no obstante, soslayó disponer su inmediata libertad “y someterse a las nuevas medidas impuestas para el hoy accionante tal como lo establece la SCP 1426/2016-S3 de 06 de diciembre del 2016, y no pone en práctica lo establecido por premisas constitucionales” (sic).

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante a través de su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho a la libertad, sin norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga “mandamiento de mi libertad inmediata y cese de toda la vulneración de derecho que se cometieron en mi contra y cumplir con las demás medidas impuestas en la Resolución de Revocatoria” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 10, presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato ratificó los términos de la demanda, y ampliándola señalo: a) Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, fue ordenada su detención preventiva sin considerar que de acuerdo al art. 232.5 del CPP, no procedía la detención preventiva, ello a raíz de que la pena por ambos delitos no supera los cuatro años, lo que motivo la formulación del recurso de apelación, que fue resuelto a través del Auto de Vista de 4 de mayo de 2022, por el Tribunal de alzada, instancia que dispuso revocar la resolución del Juez a quo, al no ser viable la detención preventiva, aplicando en lugar de la medida extrema de última ratio, medidas cautelares personales, consistentes en detención domiciliaria con vigilancia policial, a cuyo efecto debía acreditar un domicilio así como los horarios de trabajo, a fin de que se ordene la salida respectiva a los fines del control; prohibición de salir del país y del departamento; presentación los días lunes y viernes ante el Ministerio Público, fianza económica de Bs1 500.- (Mil quinientos bolivianos 00/100) y prohibición temporal de conducir vehículos mientras dure la investigación; no obstante ello, no dispuso la emisión de mandamiento de detención domiciliaria, tampoco otorgó un plazo para que pueda cumplir con lo dispuesto, lo cual vulnera su derecho al debido proceso con relación al principio de legalidad y seguridad jurídica, y restricción a su derecho a la locomoción; b) Continúa guardando detención preventiva, pese a que se reconoció que no aplica en su caso la detención preventiva; y, c) Finalizó manifestando que interpone esta acción de libertad en la modalidad correctiva, solicitando que el Juez a cargo del control jurisdiccional expida el respectivo mandamiento de detención domiciliaria, en razón a que los actuados de la apelación fueron devueltos al juzgado de origen y el bien inmueble donde cumplirá la detención domiciliaria sea verificada por el custodio policial dependiente del Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no presentó informe ni se apersonó a audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 12 a 19, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez de Instrucción Penal expida en el día el respectivo mandamiento de detención domiciliaria a favor del hoy accionante, y fije plazo para el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas mediante Auto de Vista de 4 de mayo de 2022; con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 78/2022 de 4 de mayo, estableció de manera expresa: "Que la decisión asumida por el Juez Cautelar Penal Nro. 3 es arbitraría y imponerse fuera de todo contexto legal, afectando el derecho a la libertad de forma indebida, ya que la pena a por los delitos imputados, no supera los cuatro años, y no se encuentra en la excepción de la improcedencia de la detención preventiva, como mal interpreta el juez, aspectos que ya han sido tratados en la SCP 038/2019-S2 de 26 de marzo, que si bien es anterior a las modificaciones de la Ley 1226, sin embargo el razonamiento es aplicable aún, ya que solo se tiene que se hubo aumentado a 4 la causal de improcedencia de la detención, de modo que se tiene establecido este entendimiento desde el mismo interprete de la constitución y las leyes....Por ello, es que resulta evidente que la detención preventiva en el presente caso, no es procedente, siendo en concurrencía necesario revocar dicha resolución y aplicar las medidas cautelares establecidos en el Art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173, al ser concurrente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales establecidos en la resolución del juez de instrucción penal" (sic), obrando correctamente al enmarcar su decisión conforme a procedimiento y de acuerdo a la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1426/2016-S3 de 6 de diciembre; sin embargo, omitió dar estricto cumplimiento a la disposición contenida en el art. 231 bis parágrafo III del CPP, la cual es taxativa al referir que si el imputado se encuentra en libertad y en audiencia de medida cautelar se dispone aplicar una medida cautelar distinta a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional deberá mantener su situación procesal y otorgar un plazo prudencial para cumplir con las medidas cautelares impuestas, norma que no fue considerada por la autoridad demandada, ya que condicionando su libertad hasta que demuestre contar con un domicilio real donde cumplirá la detención domiciliaria, contraviniendo la norma antes descrita, vulnerando su derecho de locomoción; 2) Resultando el fundamento contenido incongruente, pues primero se refirió que no resultaba viable la detención preventiva “empero, dispone mantener privado de libertad al accionante Perci Guarena Callau, condicionando su libertad a la acreditación previa de un domicilio real, donde cumpliría la detención domiciliaria, sin tomar en cuenta lo determinado en el Art. 231 bis, parágrafo III) del CPP, es decir, el la autoridad jurisdiccional accionada en el Auto de Vista Nro. 78/2022, de 04 de mayo, no considero la norma hecha referencia en las líneas precedentes” (sic); y, 3) La autoridad demandada no presentó informe ni participó de la audiencia de esta acción tutelar, por lo que de acuerdo a la presunción de veracidad, los hechos denunciados como lesivos se presumen veraces, razonamiento asumido en la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de 12 de mayo de 2022, desarrollada dentro de esta acción tutelar, Raúl Tito Choclo Rubín de Celis, Juez del Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, en la fundamentación de su voto, manifestó: “… no contamos con un informe de la autoridad demandada tampoco se hizo presente a la presente audiencia pero si contamos con los antecedentes de la remisión del proceso…” (sic [fs. 9 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, en audiencia de medidas cautelares fue dispuesta su detención preventiva, la cual fue revocada en alzada por la autoridad ahora demandada, ante la improcedencia de la aplicación de dicha medida de acuerdo al art. 232.5 del CPP modificada por la Ley 1173; no obstante, soslayó disponer su inmediata libertad y tampoco otorgó un plazo para que pueda cumplir con lo dispuesto, pues condicionó la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, al cumplimiento de requisitos formales, como acreditar la vivienda donde guardara dicha detención. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la emisión de mandamiento de libertad por el Tribunal ad quem, cuando se revoque la detención preventiva del a quo.

La SCP 1001/2021-S4 de 6 de diciembre, al respecto precisó: “La Ley citada al exordio, nació a la vida jurídica con el objeto de …procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas (art. 1); en cuyo marco, mediante lo dispuesto por su art. 11, modificó el Título II del Libro Quinto de la Primera Parte del adjetivo penal, incorporándole el Artículo 231 bis; precepto que atañe al caso en estudio, específicamente su párrafo tercero, que a su letra señala: Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar. Así, de una interpretación exegética de la disposición precitada, se entiende que si el procesado se encontraba en libertad y la autoridad a quo determina su detención preventiva; empero, el ad quem revoca dicha medida aplicando las otras medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis I del CPP; entonces, la situación procesal del sindicado vuelve a su condición anterior; es decir, que en los supuestos en los que la resolución que impuso la detención preventiva sea revocada en virtud a un recurso de apelación, disponiéndose en consecuencia la aplicación de las otras medidas referidas, entonces la autoridad ad quem, no puede condicionar el goce de la libertad del procesado al previo cumplimiento de las mismas; sino que, deberá emitir el correspondiente mandamiento de libertad inmediatamente; entendimiento análogo al establecido por este Tribunal con relación a la efectividad de la libertad ante la imposición de medidas sustitutivas, plasmado en la SCP 0285/2013 de 13 de marzo, como precedente jurisprudencial relevante, reiterado entre otras, por la SCP 0401/2020-S4 de 26 de agosto” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Respecto a la detención ilegal o indebida

La SCP 1550/2013 de 13 de septiembre, en cuanto a la detención ilegal o indebida, desarrolló lo siguiente: ‘“Según José Antonio Rivera Santiváñez, la detención ilegal es: «aquel acto por el cual se priva a una persona de su libertad sin que exista una causa o motivo previsto por ley, o sin existir una orden expresa y motivada expedida por una autoridad competente cumpliendo las condiciones de validez legal de la restricción del derecho a la libertad física». De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la detención es ilegal o indebida, cuando existe una privación de libertad física por haber sido dispuesta al margen de los casos previsto por la ley y/o incumpliendo los requisitos y formalidades de la ley (SSCC 1579/2004-R y 0044/2010-R, entre otras). En ese ámbito, debe señalarse que el art. 23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal, estableciendo que ésta sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Conforme a ello, el parágrafo III de la misma norma, dispone que: «Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito». Por su parte, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), determina que: «Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta»; y el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice: «Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas» Las normas antes citadas establecen que el derecho a la libertad física o personal sólo puede ser restringido cuando se cumplan con determinados requisitos formales y materiales de validez; pues caso contrario, se entenderá que la privación de libertad resulta ilegal y, por tanto, que existe una detención ilegal o indebida’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad, la cual se encontraría restringida de manera ilegal. En ese contexto, resulta pertinente aclarar que si bien esta jurisdicción constitucional no cuenta con prueba alguna; no obstante, de acuerdo a la Conclusión II.1. de este fallo constitucional, consta que el Tribunal de garantías que sustanció y resolvió la presente causa, tuvo la oportunidad de contar con los antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, por cuanto el análisis que será abordado, tomará como parámetros el contenido de la Resolución constitucional. Bajo esa necesaria puntualización, es posible colegir que dentro de la causa penal precitada, en audiencia de medida cautelar fue dispuesta la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, la cual al ser objeto de apelación mereció la emisión del Auto de Vista 78/2022 de 4 de mayo, por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando compuesto por el Vocal ahora demandada, fallo que de manera textual habría establecido lo siguiente: "Que la decisión asumida por el Juez Cautelar Penal Nro. 3 es arbitraría y imponerse fuera de todo contexto legal, afectando el derecho a la libertad de forma indebida, ya que la pena a por los delitos imputados, no supera los cuatro años, y no se encuentra en la excepción de la improcedencia de la detención preventiva, como mal interpreta el juez, aspectos que ya han sido tratados en la SCP 038/2019-S2 de 26 de marzo, que si bien es anterior a las modificaciones de la Ley 1226, sin embargo el razonamiento es aplicable aún, ya que solo se tiene que se hubo aumentado a 4 la causal de improcedencia de la detención, de modo que se tiene establecido este entendimiento desde el mismo interprete de la constitución y las leyes....Por ello, es que resulta evidente que la detención preventiva en el presente caso, no es procedente, siendo en concurrencía necesario revocar dicha resolución y aplicar las medidas cautelares establecidos en el Art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley 1173, al ser concurrente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales establecidos en la resolución del juez de instrucción penal“(sic). Situación fáctica que evidencia que la medida cautelar impuesta en primera instancia; es decir, la detención preventiva, fue revocada en apelación ante su improcedencia, habiéndose dispuesto en su lugar medidas sustitutivas entre ellas la detención domiciliaria; efecto por el cual, no es posible soslayar que, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos en los que la situación jurídica del imputado, es la libertad antes de la primera audiencia de consideración de medidas cautelares y sea que en dicho verificativo realizado en primera instancia o en apelación, se le haya impuesto medidas cautelares personales; no está permitido privarle de libertad o extender la duración de su detención preventiva impuesta -revocada en apelación- hasta que se ejecuten las condiciones aplicadas en sustitución a la detención preventiva. Marco bajo el cual, resulta razonable considerar que al revertirse la detención preventiva del impetrante de tutela, correspondía se emita a su favor el mandamiento de libertad correspondiente, otorgándose un plazo prudencial para el cumplimiento de las medidas dispuestas, conforme la previsión contenida en el art. 231 bis parágrafo III del CPP modificado por la Ley 1173; no obstante, conforme sostiene la parte accionante y fue corroborado por el Tribunal de garantías, la autoridad demandada condicionó su libertad hasta que demuestre contar con un domicilio real donde cumplirá la detención domiciliaria, lo cual evidencia que la restricción denunciada de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, fue al margen de las causas y formas previstas por Ley; pues no debe confundirse que dicha exigencia procedería en caso de tratarse de una cesación a la detención preventiva, lo cual no acontece en el caso; correspondiendo por ello, conceder la tutela impetrada, en los términos dispuestos por el Juez de garantías. No obstante la concesión precedente, el impetrante de tutela no debe soslayar que, el propósito previsor del art. 231 bis IV del CPP, busca asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso -entre otras finalidades-, por cuanto el mismo se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente, respecto a las medidas impuestas y el plazo para su acatamiento.

III.4. Otras consideraciones

Es necesario puntualizar que el Tribunal o Juez de garantías tiene la obligación de remitir todos los actuados procesales, así como la prueba presentada durante la sustanciación de una acción tutelar, porque dicha documental concierne también ser analizada en esta instancia de revisión; razón por la cual ante la inobservancia de dicha obligación, corresponde llamar la atención a Nejib Randall Silva Dueñas, Raúl Tito Choclo Rubín de Celis y Gonzalo Pérez Hassenteufel, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de departamento de Pando, por no remitir los actuados que fueron considerados a momento de emitir resolución, exhortándoles que en lo posterior observen el cabal cumplimiento de las funciones que les asisten como Tribunal de garantías. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 12 a 19, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Nejib Randall Silva Dueñas, Raúl Tito Choclo Rubín de Celis y Gonzalo Pérez Hassenteufel, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, por no remitir los actuados que fueron considerados a momento de emitir resolución, exhortándoles que en lo posterior observen el cabal cumplimiento de las funciones que les asisten como Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0126_2024-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): e83a0ca9127cfd7b6ba78cf922ea24254fb5d001e767a69eb99847d32d53bf22

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