Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la integridad psicológica y a no sufrir violencia; toda vez que, dentro el proceso penal por asesinato, como víctimas (hermana e hijo de la finada), sufren amenazas malogrando su integridad psicológica por parte del autor que pese a su declaratoria de rebeldía, se encuentra paseando por la ciudad impunemente; en tal antecedente, la Fiscal Departamental del Beni: 1) No ejerce de oficio la persecución penal, a pesar de existir mandamiento de aprehensión en contra del autor del delito, soslayando actuar con la debida diligencia en coordinación con la instancia policial a efectos de ejecutar el indicado mandamiento de aprehensión; 2) Pese a que el 23 de septiembre de 2020, mediante memorial se solicitó la exhibición del cuaderno de investigación a fin de emitirse medidas de protección, y por su parte el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del referido departamento, dispuso que la Fiscal ahora demandada suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, lamentablemente no es cumplida por dicha autoridad; y, 3) Al encontrarse en situación de violencia y peligro en su integridad psicológica junto con el menor de edad AA, la parte ahora demandada, omite requerir las medidas de protección conforme al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 3 de octubre de 2020, cursante de fs. 48 a 54 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento del Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
1.1. Que Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni, cumpla su deber de la debida diligencia y haga seguimiento a las actuaciones de la Policía Boliviana en cuanto a la ejecución del mandamiento de aprehensión emitido contra Damián Chulve Flores. 1.2. Ordene que el cuaderno de investigaciones sea exhibido de forma física y sea visible en el sistema “JL1” y otros pertinentes, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional. 1.3. Determine las medidas de protección necesarias y urgentes en favor de la parte accionante de conformidad a las normas pertinentes y especializadas, en resguardo de los derechos de las víctimas considerando su calidad de grupo vulnerable, y apego a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni, exhortándola a que en el presente caso y en otros que sea de su conocimiento en las cuales se diluciden derechos de víctimas en situación de violencia, actúe con la debida diligencia, en coordinación y cooperación con las entidades respectivas, controlando y supervisando el accionar de los Fiscales de Materia que se encuentren bajo su jurisdicción, advirtiéndole que de reincidir en dicho incumplimiento, se remitirán antecedentes ante la instancia disciplinaria y penal correspondiente. 3° Llamar severamente la atención a Javier Colque Gutiérrez, Fiscal de Materia -representante de actuación de la Fiscal Departamental del Beni en la audiencia de garantías-; y, al o a la Fiscal de Materia que se encuentre a cargo del presente caso, exhortándole a que en el caso presente como en otros que sean de su conocimiento en las cuales se diluciden derechos de víctimas en situación de violencia, actúe con la debida diligencia, en coordinación y cooperación con las entidades respectivas, advirtiéndole que en caso de reincidir en dicho incumplimiento, se remitirán antecedentes ante la instancia disciplinaria y penal correspondiente.
4° Notificar con el presente fallo constitucional al o a la Fiscal de Materia a cargo del presente caso, como encargado de la dirección de la investigación, exhortándole a actuar con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. 5° Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni a actuar con la debida diligencia en la tramitación del presente caso y otros similares que sean de su consideración, debiendo notificarse con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a dicho Tribunal de Sentencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0125/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 36409-2020-73-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 3 de octubre de 2020, cursante de fs. 48 a 54 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Ruth Loras Peña por sí y en representación sin mandato de AA contra Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni.
Por memorial presentado el 1 de octubre de 2020, cursante de fs. 3 a 8, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Se hallan en situación de violencia respecto a las amenazas que sufren por parte de Damián Chulve Flores, progenitor del menor AA, quien como autor de la muerte violenta de su madre -hermana de la ahora peticionante de tutela- es acusado por el presunto delito de asesinato; sin embargo, pese a estar declarado rebelde y contumaz ante la ley, “pasea alegremente las calles de Riberalta y viene hasta Guayaramerín” (sic) a malograr a su actual guardadora en su integridad psicológica, sin que las autoridades policiales inicien y continúen con su búsqueda; no obstante, a que el proceso penal luego de iniciarse en el Municipio de Guayaramerín del departamento del Beni, acabó desplazándose hasta llegar a radicar en el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del citado departamento, al cual accedió por vía telemática para pedir conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se cumpla con las medidas de protección inmediatas y las emitidas como efecto de la declaratoria de rebeldía.
Sin embargo, la Fiscalía del departamento del Beni hace oídos sordos a su petitorio de que actúe conforme a lo preceptuado por el art. 225.I de la Constitución Política del Estado (CPE); toda vez que, no ejerce la persecución penal de oficio ni requiere la inmediata medida de protección enumerada en el art. 389 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) incorporado por la Ley 1173, al estar en situación de violencia. Refiere que, antes de plantear la presente acción de defensa: a) Mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2020 dirigida al Ministerio Público del asiento fiscal de Guayaramerín del departamento del Beni, solicitó exhibición del cuaderno de investigación a fin que se emitan medidas de protección; y, b) A través de solicitud presentada al Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del citado departamento se dispuso la notificación a la Fiscal Departamental de mismo departamento -ahora demandada- a fin que se suba los antecedentes al sistema “JL1” y posibilite su visualización; empero, pese a tales solicitudes y a que se entregó el mandamiento de aprehensión al Comandante Policial Amazónico y a la Policía de Guayaramerín del mencionado departamento, el autor del hecho anda libre; toda vez que, éste litiga contradiciendo y entorpeciendo el trámite de guarda del menor, pues con absoluta impunidad se presenta en estrados judiciales de los Municipios de Guayaramerín y Riberalta sin que el Ministerio Público active la persecución penal, permitiendo que el caso quede archivado y en definitiva incumpla con el deber de la debida diligencia. Finalmente señala que, es víctima de denegación de justicia por las acciones y omisiones de las autoridades del Ministerio Público; ya que, al estar en vigencia la Ley 1173, en todo momento el Fiscal debe obrar oficiosamente para velar por sus intereses así como del menor, y no aceptar ningún desplazamiento de competencia, además de asegurar su participación activa con la Policía como protección a la víctima en el marco de las Convenciones de Belén Do Pará y de los Derechos del Niño, la Ley Integral para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la Ley 1173 y la Constitución Política del Estado; vale decir, no sólo seguir las investigaciones penales con la debida diligencia sino buscar la sanción y poner al imputado rebelde a disposición de la autoridad de control jurisdiccional por los graves delitos cometidos.
El impetrante de tutela, denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso, a la integridad psicológica y a no sufrir violencia, citando al efecto los arts. 13.I, 15, 60, 115.I, 178, 180; y, 225.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene: 1) La inmediata exhibición del cuaderno de investigación caso 240/07 radicado en la Fiscalía de Guayaramerín del departamento del Beni y se suba al portal “JL1”; y, 2) Se apliquen medidas de protección inmediatas a ser requeridas por el Ministerio Público.
Celebrada la audiencia pública el 3 de octubre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 48; produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó los extremos planteados en su demanda.
Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni, no presento informe escrito; empero, en audiencia refirió lo siguiente: i) Respecto al fin principal que persigue la acción tutelar, se puede puntualizar que existe en todo caso una errónea interpretación de lo que se debe resolver en una acción de defensa; ii) Lo que se pretende es la ejecución de un mandamiento de aprehensión que se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, que hubiese sido labrado dentro del proceso penal principal de la gestión 2007 en contra de Damián Chulve Flores, tarea reservada única y exclusivamente a la Policía Boliviana tal cual lo establece el art. 295.5 del CPP; iii) Dentro de las funciones específicas del Ministerio Público establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en el marco de lo que establece el art. 225 de la CPE, no se encuentra la ejecución de un mandamiento de aprehensión; iv) Extraña al Ministerio Público que conociendo la ahora accionante, el lugar donde vive el aparente declarado rebelde no pone en conocimiento a efectos de que la policía ejecute el mandamiento de aprehensión; v) Lo que en el fondo persigue, es que se suban los actuados del cuaderno procesal en el sistema “JL1”, pero esa incorporación no es posible hacerla a través de una acción de libertad; puesto que, el no incorporar el determinado acto procesal puede significar un proceso administrativo disciplinario o una denuncia; vi) El Código de Procedimiento Penal establece que a través de la Fiscalía Departamental puede hacerse seguimiento al trabajo que hacen los Fiscales de Materia en determinado asiento fiscal para que cumplan con determinado instructivo u obligación propia de esta autoridad fiscal; vii) Existe un acto jurisdiccional realizado a través del Ministerio Público en el cual el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, señalo audiencia virtual, con la finalidad de resolver las medidas de protección que pidió la parte peticionante de tutela; viii) El art. 90 del CPP imposibilita que se pueda activar un proceso cuando existe una persona que ha sido declarada rebelde; puesto que, dicha disposición legal precisamente suspende el proceso hasta cuando pueda materializarse o ejecutarse el mandamiento de aprehensión; por lo cual, lo que solicita son cuestiones subjetivas, con la única finalidad de que se incurra en error y pueda ordenar algunas disposiciones más allá de los alcances de la acción de libertad; ix) El Ministerio Público dentro del proceso ha terminado la investigación y se encuentra en la fase de juicio donde se va a resolver la situación definitiva del imputado; x) Independientemente de que la autoridad jurisdiccional ya haya señalado audiencia para el 12 de octubre de 2020 en el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, evidentemente el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) inclusive la Policía Boliviana, como lo establece el art. 389 bis del CPP, cuando se necesita medidas de protección urgente y especial pueden activarlas para que posteriormente sean homologadas; y, xi) Se debería haber denunciado esos hechos de violencia más aún si radica en el Municipio de Riberalta o Guayaramerín, para que inmediatamente el Ministerio Público, la DNA o la Policía Boliviana puedan hacer conocer a la autoridad jurisdiccional este proceso y activarse una persecución penal y ahí homologarse las medidas de protección.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 3 de octubre de 2020, cursante de fs. 48 a 54 vta., concedió la tutela solicita asumiendo de que no se ha proporcionado información a la víctima bajo el sistema “JL1”; toda vez que, se priva del derecho a la información que se tiene y se debe en realidad por cumplida esta situación ya que emana de una autoridad jurisdiccional; y, con relación a la omisión de medidas de protección dispuestas por la Fiscalía de Materia deben dar las medidas de protección y que precisamente deben ser de control de la Fiscal de Distrito; y, denegó la tutela impetrada con relación a la falta de ejecución del mandamiento de aprehensión y respecto a la exhibición física del cuaderno de investigaciones tampoco puede ser asumida ninguna decisión en contra de la Fiscal de Distrito; ya que, no tiene legitimación pasiva, en base a los siguientes argumentos: a) No siendo evidente que la acción de libertad solamente protege a las mujeres en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género sino cuando están involucrados niños, solamente la vida o la libertad, sino también la integridad física y la dignidad de las personas, en este caso la integridad psicológica y por ende la salud, siendo posible ingresar al fondo del asunto de la acción tutelar; b) Se identifica la existencia de un proceso penal que se hubiese seguido por la Fiscalía de Guayaramerín del departamento del Beni en contra de Damián Chulve Flores identificado como presunto autor de la muerte de su pareja, y que evidentemente dicho proceso actualmente por situaciones jurisdiccionales se encuentra tramitando en Santa Ana de Yacuma del referido departamento, donde el Tribunal de Sentencia Penal lo declaro rebelde y contumaz y se expidió en su contra un mandamiento de aprehensión para que sea llevado al Tribunal y se continúe con el juicio oral, público y contradictorio; c) Conforme al art. 76.2 del CPP, en el proceso por asesinato seguido en contra de Damián Chulve Flores evidentemente las víctimas vendrían a ser no solamente Ruth Loras Peña -ahora accionante- sino todos sus hermanos y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad, encontrándose la ahora peticionante de tutela dentro del segundo grado de consanguinidad y también dentro del primer grado de consanguinidad en línea descendente el menor AA de trece años, la primera porque es hermana y el segundo hijo de la fallecida; por tanto, tiene legitimación activa para interponer la presente acción de defensa; d) El caso se circunscribe a dos personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad en razón de género y de sexo, por actos de supuesta violencia y por amenazas del presunto autor en contra de ella; por lo cual, no es evidente que para ser protegida con una acción de libertad debe previamente interponer una denuncia ante la Fiscalía por estas amenazas teniendo en cuenta de que son víctimas en el proceso conforme al art. 76.2 del CPP, por haber fallecido una persona mujer de quien se encuentra investigado el presunto autor; e) En situaciones donde se encuentra involucrados menores donde se encuentra una víctima con perspectiva de género interseccional, en situaciones donde existe la supuesta muerte de una mujer que ahora se llama feminicidio y no asesinato se debe imprimir en coordinación con todas las autoridades que corresponda, con la debida diligencia y realizar las actuaciones que sean pertinentes; f) Con relación a la solicitud de que por intermedio del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, se notifique a la Fiscal Departamental de mismo departamento -ahora demandada- para que suba los antecedentes al sistema “JL1” para que sea visualizado por el abogado Noel Vaca López, en este caso se asume de que la ahora impetrante de tutela por intermedio de su abogado tiene derecho al acceso a la información del cuaderno de investigaciones; g) Respecto a las medidas de protección, el Fiscal de Materia asume que para dar esas medidas de protección, se desarrollará una audiencia el 12 de octubre de 2020 y además asume de que previamente debería presentar una denuncia por esas supuestas amenazas, situación que es equivocada; ya que, teniendo en cuenta a las víctimas de acuerdo al art. 76.2 del CPP, todas las autoridades que tengan que ver con la protección del menor especialmente el Ministerio Público en sus primeras actuaciones conforme al art. 389 bis de la Ley 1173 tiene la obligación de realizar medidas de protección especial, no solamente en favor de las mujeres sino en favor de los niños; h) En casos con víctimas vulnerables en situación de violencia, en este caso el niño, merece doble protección y al advertir que no se ha informado por el Ministerio Público que hubiese dispuesto medidas de protección inmediatas con la debida diligencia que corresponde conforme a los estándares internacionales, y solo indicar que el Tribunal dispuso una audiencia para el 12 de octubre de 2020 y que además debía existir una situación de denuncia previa, no interpreto correctamente la Sentencia Constitucional ni la jurisprudencia y norma internacional aplicable y en vigor en el presente caso conforme al último estándar internacional que es proteger a la víctima y realizar las medidas de protección inmediatas no solamente por la Fiscalía en su primera intervención sino por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la DNA, Sistemas Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLUS) y otras entidades que están dispuestas para las medidas de protección; e, i) Se debe tener presente que en cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos con relación a la violencia y a la vida libre de violencia de las mujeres y la aplicación de las Leyes 348 y el Código Niña Niño y Adolescente, se asume que se debe aplicar inclusive el principio de favorabilidad de la mujer y del niño en situación de violencia, en este caso no se debe exigir ni siquiera la subsidiariedad en contra del menor, por ello se asume que en parte se debe tutelar a través de la acción de libertad en favor de los accionantes, con relación a la actuación con la debida diligencia y a la exhibición del cuaderno de investigaciones, debiendo tenerse presente que no fueron demandados los Fiscales de Materia de Guayaramerín del departamento del Beni con relación a esta situación, toda vez que también debían serlo, respecto a no haber subido el cuaderno de investigaciones al sistema “JL1”.
Por Decreto Constitucional de 13 de septiembre de 2021, cursante a fs. 116, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 27 de marzo de 2023 (fs. 120); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal de 18 de noviembre de 2007, contra Damián Chulve Flores, por la presunta comisión del delito de asesinato en la humanidad de Deborah Loras Peña (fs. 10 a 13). II.2. Por Informe de 5 de octubre de 2020, Roger Roca Saavedra, Comandante de Frontera Policial de Guayaramerín del departamento del Beni, refiere como antecedentes, haber sido notificado con exhorto suplicatorio librado por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del referido departamento, que contiene el Auto 01/2015 de 3 de marzo, mandamiento de aprehensión en contra de Damián Chulve Flores y “demás actuados”, los cuales fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Guayaramerín del mismo departamento para dar cumplimiento con los términos del mencionado mandamiento (fs. 62). II.3. Mediante Informe de 5 de octubre de 2020, emitido por Alfredo Chambilla Chui, Investigador de la FELCC de Guayaramerín del departamento del Beni, se tiene que el mismo está designado a dar cumplimiento con el mandamiento de aprehensión emitido contra Damián Chulve Flores emitido por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del mismo departamento, no siendo el buscado en el Municipio de Guayaramerín (fs. 63).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la integridad psicológica y a no sufrir violencia; toda vez que, dentro el proceso penal por asesinato, como víctimas (hermana e hijo de la finada), sufren amenazas malogrando su integridad psicológica por parte del autor que pese a su declaratoria de rebeldía, se encuentra paseando por la ciudad impunemente; en tal antecedente, la Fiscal Departamental del Beni: 1) No ejerce de oficio la persecución penal, a pesar de existir mandamiento de aprehensión en contra del autor del delito, soslayando actuar con la debida diligencia en coordinación con la instancia policial a efectos de ejecutar el indicado mandamiento de aprehensión; 2) Pese a que el 23 de septiembre de 2020, mediante memorial se solicitó la exhibición del cuaderno de investigación a fin de emitirse medidas de protección, y por su parte el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del referido departamento, dispuso que la Fiscal ahora demandada suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, lamentablemente no es cumplida por dicha autoridad; y, 3) Al encontrarse en situación de violencia y peligro en su integridad psicológica junto con el menor de edad AA, la parte ahora demandada, omite requerir las medidas de protección conforme al art. 389 bis del CPP. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad; iv) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; v) El principio de informalismo en el trámite de la acción de libertad y la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección; vi) Sobre las medidas de protección a ser dictadas por la autoridad competente en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, vii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas1. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente, señaló que:
“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”
Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y otras (Campo Algodonero) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la citada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato, la averiguación de la verdad; y, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:
“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (el resaltado corresponde al texto original).
De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que, en el marco del art. 87.4 de igual Ley, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” ; asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la Ley 348 respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la referida Ley al disponer que:
“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas son nuestras).
3 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.
En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:
“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.
Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:
“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).
En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.
Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:
“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (las negrillas pertenecen al texto original). De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2, citado y precisado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la misma contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo que, conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad; sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la Norma Suprema-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Norma Suprema de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.
En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:
“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.”
4 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 5 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, refirió que:
“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente-concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).” En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. (las negrillas son nuestras).
De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello que, ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.
En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:
1) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116.X de la CPE y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre). 2) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo). 3) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero). 4) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio).
5) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 0660/2006-R, 0236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)
La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:
“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “ Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas, bajo el siguiente texto:
“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.” (las negrillas corresponden al texto original).
Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 de la Norma Adjetiva Penal, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación de la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el Juez o Tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.
Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” 9 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el Tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.
De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; puesto que, generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales; empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.
El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos; puesto que, este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones. En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida; es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señalo: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Constitución Política del Estado y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 0687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que, fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana, y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares.
En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que, obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero, esta Sentencia reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:
1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. (las negrillas son nuestras). Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana, consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana. En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señalo que: El derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que:
“Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.” (las negrillas son agregadas). Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan:
cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.
(…)
En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”. Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Carta Magna así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.
Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (las negrillas son añadidas).
En ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. (las negrillas son nuestras).
Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, analizó que:
“…En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y el debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…”. (las negrillas son añadidas). Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto, señaló que:
“…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es “el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar”, asimismo, para Gatica y Chaimovic “debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña”, por otra Zermatten señala que “el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que sus interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia”.
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, también es pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente, establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derecho y garantías, y los derechos de las demás personas.” (las negrillas nos corresponden).
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente refiere que:
A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de sus necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica.
Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todos los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos del Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. (las negrillas son agregadas).
De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencia señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y sus protección reforzada en respeto de interés superior de los mismos; y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.
Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobierno Autónomos Departamentales y Municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrá en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.
La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), éste último señala.
“La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.”
La acción de libertad, posibilita al Juez constitucional a ejercer un control tutelar amplio e integral; y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física o el derecho a la libertad de locomoción; por otra parte, está dotada de características esenciales que la convierten en el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que protege; toda vez que, está exenta de formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, asumiendo un rol fundamental en la búsqueda de la verdad material. Así conceptualizada la acción de libertad, tiene como características esenciales: el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia. Avocándonos al principio de informalismo que rige la acción de libertad, éste fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional, y se manifiesta a través de diferentes tópicos: i) La posibilidad de planteamiento oral de la acción de libertad, optimizando de la mejor manera las buenas prácticas; ii) La flexibilización en los requisitos para presentar la demanda, que alcanza a la revisión de otros hechos por conexitud; iii) La posibilidad de modificar o ampliar los derechos denunciados, siempre que tengan semejanza con el hecho inicialmente demandado; iv) La flexibilización de la prueba y aplicación del principio de veracidad; v) La subsanación de los aspectos de derecho; y, vi) La citación en forma personal, por cédula o vía fax a la autoridad demandada pertenezca a un órgano o entidad nacional que tenga representación departamental, la notificación puede ser realizada ante esa repartición y en el supuesto que no sea posible cumplir con tal diligencia, pueda ser suplida con requerimiento de informe a la autoridad demandada, incluso en etapa de revisión por este Tribunal, en resguardo del acceso a la justicia constitucional y fortalecimiento del principio de informalismo. Así con relación al segundo tópico, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, admitió la posibilidad de revisar otros hechos y verificar la vulneración de otros derechos, siempre que tengan conexitud con el hecho inicialmente denunciado. En sentido similar, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo, reconduciendo lo establecido en la SC 0345/2011-R de 7 de abril, -que sostuvo en su Fundamento Jurídico III.1, que no es posible modificar hechos y derechos luego de presentada la acción de libertad, pues esa posibilidad resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales, porque cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción determinaría que el demandado estaría frente a nuevos hechos, situándolo en indefensión-reiteró la posibilidad de modificar los derechos supuestamente vulnerados y ampliar hechos; así, como la posibilidad que la autoridad judicial que conoce la acción de defensa, pueda subsanar aspectos de derecho inobservados por el accionante, bajo la única condición que tengan conexitud con el hecho inicialmente demandado. Así entonces, la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, en virtud del carácter informal de la acción de libertad y de la interdependencia de los derechos, refirió lo siguiente:
“…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…”. Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionaron otros derechos que se hallan relacionados con él” (el resaltado es nuestro).
En consecuencia, se puede establecer que le carácter informal de la acción de libertad, permite que la justicia constitucional pueda proteger de manera eficaz los derechos de los justiciables, concediendo la tutela frente a actos ilegales denunciados expresamente o, aun no siéndolo, tengan vinculación con el acto que motivó la presentación de la acción de libertad; es decir Bajos los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, despliega toda su fuerza como un instrumento a favor de las personas para la defensa de sus derechos. Así, el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad, que antes se centraba en el derecho a la libertad física o personal, le otorga a esta acción de defensa nuevas dimensiones y posibilita al juez constitucional a ejercer un control tutelar más amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física o personal.
(…)
En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características el informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.
Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa.
Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal.
En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre).
que, es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad respecto a otros hechos y derechos por conexitud, a fin de alcanzar la protección inmediata y eficaz de los derechos que tutela, desde una perspectiva diferente a la concepción ius positivista y a las prácticas formalistas que obstaculizan su vigencia.
Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-El art. 15.II y III de la CPE, establece que:
“II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (las negrillas nos pertenecen). A su vez, el art. 114.I de la Norma Suprema, señala que:
“I. Queda prohibida (…) cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley” (las negrillas fueron añadidas). Siendo el Estado el encargado de asumir y adoptar medidas direccionadas a la prevención, investigación y sanción de la violencia hacia la mujer, obligaciones asumidas internacionalmente al ser el Estado Plurinacional de Bolivia miembro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humos (ONU); y, Organización de Estados Americanos [OEA]), es que en cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que Bolivia es parte, el 9 de marzo de 2013, se promulga la Ley 348; norma legal, destinada a garantizar a todas las personas y en particular a las mujeres a no sufrir violencia en razón de su género, creando y modificando tipos penales, además regulando las ahora conocidas como medidas de protección descritas en los arts. 32 y 35 de la referida Ley, las cuales señalan que: “ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).
hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.” (las negrillas nos pertenecen). Teniendo por objetivo la aplicación de las medidas de protección, de forma primordial el impedir un hecho de violencia; es decir, prevenir que se cometa hechos de violencia en contra de las mujeres, y si en caso de que ya se hubiera consumado dicho acto, las medidas de protección servirán para garantizar la realización de la investigación, el procesamiento y la sanción al autor del hecho de violencia. A su vez, el art. 35 de la mencionada Ley 348, respecto a las clases de medidas de protección que pueden ser aplicadas y dispuestas por las autoridades que coadyuvan en el proceso (Ministerio Público, Juzgados y/o Tribunales), señala las siguientes:
“Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.
4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.
6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidad o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.
7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia.
8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos.
9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima.
10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.
11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.
12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.
13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.
14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.
16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral.
17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.
18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.
19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.” El Estado a través del representante de la Sociedad en delitos de orden público que es el Ministerio Público, cuenta con la obligación además de los que le dicta su norma orgánica, el de adoptar todas le medidas de protección en hechos de violencia, en favor de las mujeres, para su posterior homologación por la autoridad jurisdiccional, conforme lo establece el art. 61.1 de la Ley 348, al ordenar que:
“Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.” De igual manera, y de forma posterior con el afán de brindar un acceso efectivo a la justicia y garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea en el ámbito público como en el privado, es que el Estado promulga la Ley 1173 norma que incluyó modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de bridar una protección efectiva a las personas que se encuentren en situación de violencia; es así que, la mencionada Ley respecto a las medidas de protección especiales en delitos vinculados a hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el art. 389.I del CPP modificado por la Ley 1173, indicó que:
“I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad” (las negrillas nos pertenecen). Medidas de protección que tienen el objetivo de fortalecer los ya mencionados en la Ley 348, y en el Código Niña, Niño y Adolescente, que deberán ser adoptados por todos los Jueces o Tribunales al momento de conocer los delitos de violencia en razón de género, debiendo aplicarlo de oficio o a petición de parte con el objetivo de garantizar su integridad personal, física, psicológica y sexual de la mujer en situación de violencia, es así que el art. 389 bis del CPP respecto a las clases de medidas de protección especial establece que:
“Artículo 389 bis. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. Además de las medidas de protección previstas…, y en la Ley N° 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputados las siguientes medidas de protección especial: (…) Para Mujeres: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Constituirá también medida de protección especial, en favor de niñas, niños, adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad. II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución. III. En los casos de muerte de la víctima, la jueza, el juez o tribunal podrá además prohibir al imputado comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio por sí o mediante terceras personas, a la familia de la víctima.”
Las medidas de protección a ser adoptadas por el Ministerio Público y por las autoridades judiciales -arts. 86.7 de la Ley 348 y 389 bis del CPP- deben estar destinadas a prevenir, investigar y sancionar los hechos y actos de violencia hacia las mujeres por razón de género, medidas de protección positivadas que son fruto de una ardua lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y el reconocimiento a su personalidad jurídica, obligaciones que nacen de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que el Estado es Parte, las que conforme el art. 410.II de la CPE forman parte del Bloque de Constitucionalidad, y que pueden tener un carácter supraconstitucional cuando estos reconozcan derechos más favorables que la Norma Suprema -art. 256.I de la Norma Suprema-. Dentro de ese conglomerado de Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que se obliga al Estado a emitir, aplicar y efectivizar las medidas de protección, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la que en sus arts. 1 y 2 prescriben que: “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (las negrillas nos pertenecen). Determinación internacional que comprometen al Estado a respetar y garantizar el ejercicio y goce de todas las personas en sus derechos, especialmente a las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia, por lo que también están compelidos a adoptar disposiciones de derecho interno, ya sean medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos y libertades. De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém Do Pará- en el art. 3, refiere que: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Determinando que la mujer tiene el derecho intrínseco de vivir libre de cualquier tipo de violencia, sea en el ámbito laboral, social o familiar, por lo que los Estados tienen la obligación internacional de asumir medidas legislativas, específicas e integrales con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de hechos, compromisos descritos en los arts. 7 incs. b) c) d) e) y f); 8 inc. a), c) y f); y, 9 de la referida Convención, las cuales, señalan que:
“Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (las negrillas fueron añadidas). Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; (…) c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; (…) f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; (…). Artículo 9 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. (las negrillas fueron añadidas).
En ese contexto, la Corte IDH, en sus procesos contenciosos, también ha emitido resoluciones en favor de las mujeres víctimas de violencia en razón de género, recordando a los Estados el deber que se tiene de respetar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, y a contar con medidas integrales que prevengan, investiguen y sancionen los hechos de violencia hacia mujeres, en apego a los instrumentos internacionales en la materia especializada, es así que en el Caso González y otras Vs. México indicó que:
“… los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres…, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias…, deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en lo que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia…, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará.” (las negrillas son nuestras).
Así también, en cuanto a las medidas destinadas a la investigación de los hechos de violencia hacia las mujeres, la Corte IDH en el Caso González y otras Vs. México, señaló que:
“…el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal […] tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad… El criterio… es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género.” (las negrillas nos pertenecen).
Por otra parte, la mencionada Corte IDH en el Caso Masacres de El Mazote Vs. El Salvador, indicó que:
“En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana se complementan y refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de Belém do Pará, que obliga de manera específica en su artículo 7.b) a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.” (las negrillas fueron añadidas).
Medidas que los Estados se comprometen a aplicar con el fin de prevenir, y en su caso, investigar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer en razón de género, medidas de protección que no solo están destinados a la prevención de dichos hechos, sino que deban garantizar que se realizará una investigación eficaz, célere e imparcial de los hechos, en la que se deba proteger de forma primordial a la mujer y a sus dependientes, así lo entendió la Corte IDH en el Caso Gudiel Álvarez y otros Vs. Guatemala, en la cual señala que:
“Paralelamente, el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que las disposiciones del artículo 7.b de la Convención Belém do Pará especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana... En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyen violencia contra la mujer… Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección” (las negrillas son nuestras).
Es en ese sentido, teniendo en cuenta los estándares internacionales derivados de la CADH, la Convención Belém do Pará, los fallos emitidos por la Corte IDH y la correspondiente promulgación de la Ley 348 por parte del Estado Boliviano, este Tribunal respecto a las medidas de protección que deben ser aplicados por los administradores de justicia en la SPC 0649/2020-S1 de 23 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1.3 bajo el epígrafe de las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, analizado en su Fundamento Jurídico III.2.2, indicó que:
“… en los supuestos de violencia hacia las mujeres, máxime cuando el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, por mandato de la Ley 348 y los estándares internacionales, el Estado 26 El FJ III.1.3 señala que: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas (…)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia (…). La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón de género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre la Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
(…)
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
(…)
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
tiene la obligación de garantizar que la investigación continué de oficio, independientemente de la actividad dentro del proceso de la parte denunciante y aún desista la víctima o abandone la investigación; aspectos que nos llevan a colegir que el ejercicio de la acción pena pública -ius puniendi estatal- encargada al Ministerio Público como representante de la sociedad, no puede ser perturbada a ningún título; asimismo, tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a su favor, sobre la base de los principios de protección especial y efectividad, que implican la atención positiva y preferencial; y, la adopción de medidas positivas y acciones afirmativas tendentes a lograr la efectividad de sus derechos. En el mismo sentido, tiene que actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, asegurando el procesamiento y sanción del agresor así como la reparación integral a la víctima.” (las negrillas nos corresponden).
De donde se puede concluir, que en apego a los estándares internaciones, e internos, el Estado tiene la obligación indefectible a través de los operadores de justicia, al conocer de un caso de violencia hacia la mujer en razón de género adoptar todas las medidas de protección en favor de la mujer, con el objetivo primordial en primer lugar de prevenir algún acto de violencia, y en segundo lugar el de investigar, procesar y sancionar los hechos de violencia que se constituyan delitos, aplicando la debida diligencia, garantizando el acceso a un proceso justo, ágil e imparcial a la mujer en situación de violencia en procura del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías constitucionales, y más que todo el derecho que tiene toda mujer de vivir libre de todo tipo de violencia sea en el ámbito público como privado.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la integridad psicológica y a no sufrir violencia; toda vez que, dentro el proceso penal por asesinato, como víctimas (hermana e hijo de la finada), sufren amenazas malogrando su integridad psicológica por parte del autor que pese a su declaratoria de rebeldía, se encuentra paseando por la ciudad impunemente; en tal antecedente, la Fiscal Departamental del Beni: a) No ejerce de oficio la persecución penal, a pesar de existir mandamiento de aprehensión en contra del autor del delito, soslayando actuar con la debida diligencia en coordinación con la instancia policial a efectos de ejecutar el indicado mandamiento de aprehensión; b) Pese a que el 23 de septiembre de 2020, mediante memorial se solicitó la exhibición del cuaderno de investigación a fin de emitirse medidas de protección, y por su parte el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del referido departamento, dispuso que la Fiscal ahora demandada suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, lamentablemente no es cumplida por dicha autoridad; y, c) Al encontrarse en situación de violencia y peligro en su integridad psicológica junto con el menor de edad AA, la parte ahora demandada, omite requerir las medidas de protección conforme al art. 389 bis del CPP.
Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del CPCo, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para Jueces, Tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0017/2019-S2 generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de asesinato de una mujer -ahora catalogada como feminicidio-, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el peticionante de tutela, sino también, analizando los derechos de la víctima y sus familiares; y, las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Conforme a los datos del proceso que cursan en el expediente, se tiene que existe una imputación formal de 18 de noviembre de 2007, en contra de Damián Chulve Flores, por la presunta comisión del delito de asesinato en la humanidad de Deborah Loras Peña (Conclusión II.1). Habiéndose emitido un Mandamiento de Aprehensión en contra del prenombrado, por el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, a lo cual, Roger Roca Saavedra, Comandante de Frontera Policial de Guayaramerín del mismo departamento, fue notificado con exhorto suplicatorio, que contiene el Auto 01/2015 de 3 de marzo, mandamiento de aprehensión en contra de Damián Chulve Flores y “demás actuados”, los cuales fueron derivados a la FELCC de referido municipio para dar cumplimiento con los términos del referido mandamiento, no siendo habido el buscado en dicho municipio (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, expuesta la problemática, es necesario comprender que las denuncias efectuadas por la parte impetrante de tutela, emergen de la comisión de un delito, supuestamente perpetrado por el padre del menor AA -ahora accionante-, quien, como resultado, quedó al resguardo de su tía, también ahora peticionante de tutela, siendo ambos parte víctima en el proceso penal, lo cual conlleva a que, si bien, ellos como tal, no estarían siendo ilegalmente perseguidos o procesados, es decir, no se les estarían vulnerando los derechos que la acción de libertad protege, lo que denuncian sí se encuentra en conexitud con estos; puesto que, en su calidad de víctimas como hermana mujer e hijo menor de edad de la victimada en el caso penal, implica que se ven desprotegidos debido a que el imputado se encuentra prófugo, con mandamiento de aprehensión emitido en su contra, sin ser habido por la policía; sufriendo amenazas y amedrentamientos por parte del imputado en la cual pondría en riesgo su integridad psicológica de ambos impetrantes de tutela, lo cual hace entrever que, como parte víctima al tratarse de una mujer y un adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección; ya que, el art. 48 del CPCo, establece como sujetos que tienen la potestad de interponer la acción de libertad, a la víctima o agraviado, sus familiares y cualquier persona a su nombre de manera oral o escrita y sin ninguna formalidad; por lo que, corresponde ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada. Así también, en correspondencia con el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional debe tenerse presente que si bien la naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados por esta acción de defensa, son a la vida, a la libertad física y de locomoción; no obstante, es posible efectuar el análisis de otros derechos cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos, sobre todo en los casos en que se constate que la parte accionante está frente a un daño inminente e irreparable; entonces, habiéndose verificado que la prenombrada en el caso concreto está incluida dentro de los grupos vulnerables y asimismo, que la denuncia efectuada implica la posibilidad de sufrir un daño inminente, es posible ingresar a analizar lo denunciado a fin de la concesión o no de la tutela solicitada. De igual manera conviene precisar, que en el caso presente no concurre la subsidiariedad excepcional que rige a las acciones de libertad, dado que, la parte peticionante de tutela está compuesta por dos personas que corresponden a grupos vulnerables -mujer y menor de edad- que requieren de una protección reforzada por parte del Estado; por lo que, a fin de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, así como de la mujer en situación de violencia, es posible ingresar al análisis de fondo sin necesidad de agotar ninguna instancia priva; toda vez que, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado cuando se traten de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género y minoría de edad. Consecuentemente, bajo lo señalado, en el presente caso, se efectuará los siguientes exámenes: 1) De inicio, se analizará las denuncias realizadas por la impetrante de tutela, respecto a la vulneración de sus derechos al debido proceso, integridad psicológica y a no sufrir violencia, en el entendido de que la autoridad ahora demandada no ejerce la persecución penal, tampoco exhibe el cuaderno de investigación y se rehúsa a subir todos los antecedentes al sistema “JL1”, y al tratarse de actos que van en desmedro de los derechos de un menor de edad y una mujer, la autoridad ahora demandada omite requerir o disponer las medidas de protección en aplicación del art. 389 bis del CPP; 2) Posteriormente, se ingresará a considerar si dentro del presente caso (en el contexto del proceso) se lesionaron o no los derechos de la ahora accionante a través de la aplicación de la perspectiva de género; y, 3) Consecuentemente, se revisará la actuación del Ministerio Público, así como la del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni. Ahora bien, corresponde analizar en primer lugar, si las denuncias realizadas por la ahora peticionante de tutela son evidentes, la cual se estudiará de la siguiente forma: 7.1. Respecto a que la Fiscal Departamental del Beni, no ejerce de oficio la persecución penal, a pesar de existir mandamiento de aprehensión en contra del autor del delito, soslayando actuar con la debida diligencia en coordinación con la instancia policial a efectos de ejecutar el indicado mandamiento de aprehensión En ese contexto, la ahora impetrante de tutela denuncia la inacción de la Fiscal ahora demandada por no ejercer la persecución penal de oficio, pese a que existía un mandamiento de aprehensión contra el autor del delito de feminicidio, vulnerando la debida diligencia con la que debió actuar en franca coordinación con la policía con el fin de ejecutar dicho mandamiento. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de la presente problemática, se debe realizar precisiones puntuales que permitirá a este Tribunal verificar si el reclamo realizado por la ahora accionante es verdadera, a ese efecto, se tiene que:
i. El art. 70 del CPP, establece las funciones del Ministerio Público, previendo que:
Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica. (las negrillas fueron añadidas).
A su vez el art. 69 de la normativa citada, establece las funciones de la Policía Boliviana, señalando que:
La Policía Boliviana, a través de sus instancias competentes, tiene la función de realizar la investigación de los delitos bajo la dirección funcional del Ministerio Público, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en el presente Código (las negrillas son nuestras).
En esa línea el art. 74 del CPP, refiere que la Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, además de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes.
ii. En ese contexto, si bien los Fiscales Departamentales no ejercen de manera directa la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación, siendo esta facultad destinada a los Fiscales de Materia, hay que tener en cuenta que dentro de los principios con que se rige a las funciones y atribuciones del Ministerio Público, insertadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- se encuentra el de la unidad regulada por el art. 5.6 de la mencionada Ley, la cual, señala que:
“Unidad y Jerarquía. Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación. Para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente, cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos.” (las negrillas fueron añadidas). Así también, se tiene que si bien la Fiscal Departamental del Beni -ahora demandada- no tiene esa intervención directa en la investigación y actos concernientes al Fiscal de Materia, no es menos cierto que por el principio de unidad todos los actos que realice la referida autoridad de materia debe ser de conocimiento de su superior en grado, ya que conforme al principio de jerarquía el Fiscal Departamental tiene la obligación de controlar el desempeño de las funciones de los Fiscales de Materia, conforme lo determina el art. 5.6 antedicho, y el art. 34.3 de la Ley 260, la cual establece que una de las atribuciones de los Fiscales Departamentales es: Ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones por los Fiscales de Materia. Aspecto que en el presente caso, hacen que las denuncias realizadas en contra de la autoridad ahora demandada sean compulsados sobre las posibles omisiones por parte del Ministerio Público en el caso penal, resultando justificada la concurrencia de legitimación pasiva permitiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese orden de cosas, de las Conclusiones II.1, II.2 y II.3 de este fallo constitucional, se establece que el Ministerio Público imputó formalmente a Damián Chulve Flores por el presunto delito de asesinato en el 2007, contra quien, el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni, emitió una orden de aprehensión que data el 3 de marzo de 2015 tras haber sido declarado rebelde en la etapa de juicio, orden derivada a la FELCC de Guayaramerín del mismo departamento, que hasta la fecha no fue ejecutada dado que el buscado no pudo ser hallado en la referida ciudad. Ahora bien, conforme se explicó supra, si bien en el presente caso la autoridad ahora demandada no intervino de forma directa en la dirección funcional de la investigación, por lo que de alguna forma no debería ser cuestionada su accionar, sino debiendo compulsarse los actos del Fiscal de Materia a cargo del caso penal; empero, conforme los principios de unidad y jerarquía que fueron estudiados en párrafos precedentes, en el entendido de que todos los actuados que realice el Fiscal de Materia debe ser de su conocimiento, teniendo el deber de controlar y supervisar dichos actos, se hace comprensible y justificable compulsar la actuación de la autoridad ahora demandada en la tramitación del presente proceso. En ese contexto, se tiene que la ahora peticionante de tutela reclama la inacción por parte de la autoridad ahora demandada en el no ejercicio de la persecución penal, pese a existir un mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad jurisdiccional en contra del imputado supuesto autor del presunto delito de asesinato de su pareja -hoy catalogado como feminicidio-denunciando la violación de la debida diligencia que debió seguir en coordinación con la instancia correspondiente para ejecutar dicho mandamiento de aprehensión, en ese orden de ideas, si bien es cierto que la ejecución de los mandamientos de aprehensión librados por autoridad competente es una atribución y facultad a ser cumplida por la Policía Boliviana conforme lo establece el art. 227.2 del CPP; empero, al ser el Ministerio Público el director funcional del proceso, como representante de la sociedad, y conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que al tratarse de víctimas mujeres el Ministerio Público a través de los Fiscales, deben actuar de forma activa en toda la investigación, y pese a que la víctima desista, abandone, o no exista comunicación con la misma, en el marco de sus obligaciones y atribuciones en cumplimiento de los estándares internacionales y aplicando un enfoque de género tiene la obligación de coadyuvar con el cumplimiento efectivo de las órdenes e instrucciones emanadas por la autoridad jurisdiccional competente, en coordinación y cooperación a las instituciones destinadas a cumplir con los mandamientos de aprehensión -Policía Nacional- efectivizando de manera positiva la debida diligencia con la que deben estar revestidos todos los actos de las autoridades competentes -Jueces, Fiscales y Policías- que conozcan de hechos de violencia hacia mujeres en razón de género, ya que de no hacerlo de manera célere y con el compromiso de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres víctima de violencia y sus dependientes, se ingresaría en un escenario de impunidad a delitos de violencia en contra de las mujeres, y dando un mensaje a la sociedad de tolerancia de dichos actos violentos, aspectos que tanto las instancias internacionales como este Tribunal no pueden pasar por alto; puesto que, los principios de coordinación y cooperación entre la Fiscalía y la Policía Boliviana deben ser practicados de forma diligente para cumplir de forma efectiva las instrucciones y ordenes de las autoridades judiciales en delitos públicos hacia las mujeres aún de oficio al ser delitos que afectan a la sociedad entera. Obligaciones de la debida diligencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que no pueden ser desligadas y desentendidas por las autoridades encargadas de garantizar por la vigencia plena de los derechos de la mujer víctima de violencia y de sus dependientes, como ocurre en el presente caso por parte de la Fiscal Departamental del Beni -ahora demandada-, no siendo justificable lo vertido en la intervención del representante de la autoridad ahora demandada -cumpliendo una instructiva de la Fiscal Departamental- en la audiencia de garantías, que conforme a fs. 46 del expediente constitucional, al referir que:
“… existe un mandamiento de aprehensión y cuya ejecución está reservada única y exclusivamente a la policía boliviana tal cual lo establece el art. 295 del CPP numeral 5 y establece como facultades propias de la policía dentro de un proceso penal el de aprehender a los presuntos autores y participes del delito…” Soslayando su obligación de coordinación y cooperación, que si bien como autoridad jerárquica departamental no interviene de forma directa en el proceso, tenía el deber de supervisar y controlar todos los actos del Fiscal de Materia adscrito al caso concreto, y al no hacerlo con su actitud pasiva y negligente, ordenando a que el Fiscal que conoce la causa coadyuve en el marco de la cooperación con la Policía Boliviana para el efectivo cumplimiento de la orden de aprehensión, desatendió al cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como representante de la sociedad en beneficio de los derechos e intereses de las víctimas, vulnerando sus derechos al debido proceso, atentando a sus deberes de actuar con la debida diligencia descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al tratarse de hechos de violencia hacia mujeres, actos que pueden causar al Estado una responsabilidad internacional al no cumplir con los estándares internaciones e internos en los casos de violencia hacia la mujer y sus dependientes; por lo que, es reprochable la actitud de la autoridad ahora demandada, ya que no es posible eximir a la misma de su beber de dar impulso al proceso, independientemente si la víctima -ahora impetrante de tutela- lo haga o no, puesto que el caso está circunscrito a una acción penal pública, que merece especial atención respecto a la protección de los grupos altamente vulnerables, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
7.2. Sobre a que la Fiscal Departamental del Beni -ahora demandada- pese a que el 23 de septiembre de 2020, mediante memorial se solicitó la exhibición del cuaderno de investigación a fin de emitirse medidas de protección; y, por su parte el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del mismo departamento, dispuso que la autoridad ahora demandada suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, la misma no es cumplida por la referida autoridad
Considerando, que la pretensión principal de la ahora accionante descrita en su memorial de acción de libertad, es la exhibición del cuaderno de investigaciones del proceso penal por parte de la ahora demandada, configurándose su acción de defensa en una traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver las solicitudes de toda persona que se encuentra inmerso en un proceso penal, pretensión que se encuentra en estricta relación con el principio de celeridad, el cual fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, refiriendo que el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasen los trámites, para así lograr y obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los Jueces o Tribunales agilicen la resolución de los litigios; aclarando además que, la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los Jueces o Tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia. En ese entendido, si bien la ahora peticionante de tutela no denunció el derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia, sin embargo de la lectura de su memorial de acción de libertad y su intervención en la audiencia de garantías, bajo el principio de informalidad de la acción de libertad y la posibilidad de proteger derechos conexos por el carácter de interdependencia de los derechos descritos en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que:
“… si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción…
… la interdependencia … implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado…” (las negrillas son nuestras). Es por que esta jurisdicción constitucional en base a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y en aplicación del principio del iura novit curia, pasará a analizar si los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia fueron lesionados por la autoridad ahora demandada, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada.
Previamente a ingresar a analizar la presente problemática, se puede establecer que en dicha denuncia se encuentran dos escenarios a ser dilucidados por este Tribunal: a) A que el 23 de septiembre de 2020 la ahora impetrante de tutela solicitó a la autoridad ahora demandada se pueda exhibir el cuaderno de investigaciones con el objetivo de poder emitirse las medidas de protección; y, b) Pese a existir una orden del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del referido departamento, disponiendo que la autoridad ahora demandada suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, dicha instrucción no fue debidamente cumplida por la mencionada autoridad; aspectos que, serán estudiadas en diferentes acápites a fin de conceder o denegar la tutela solicitada por la ahora accionante de la siguiente manera:
1. Respecto a que el 23 de septiembre de 2020 la ahora peticionante de tutela solicitó a la autoridad ahora demandada se pueda exhibir el cuaderno de investigaciones con el objetivo de poder emitirse las medidas de protección De lo vertido por la ahora impetrante de tutela, se tiene que el 23 de septiembre de 2020 solicitó mediante memorial a la autoridad ahora demandada se pueda exhibir el cuaderno de investigaciones para obrar lo que en derecho corresponda -emitirse las medidas de protección-, considerando que hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa no se tiene respuesta alguna sobre dicha petición. Ante dicho reclamo, la autoridad ahora demandada a través de su representante en audiencia de garantías, conforme se puede extraer de su intervención cursante a fs. 47 del presente expediente, indicó que:
“… se trata de un proceso de 2007, en la que además no se especifica con precisión, porque la accionante en su acción tutelar pide que se suba por el sistema proceso identificado con el numero 270 cuando sabe y conoce… que cada proceso se encuentra asignado con determinado código antes existía un código Fis y ahora un código único por el cual se identifica e individualiza cada proceso…” A su vez, a la consulta del Juez de garantías respecto al memorial de 23 de septiembre de 2020, dicho representante de la autoridad ahora demandada a fs. 47 vta., de este expediente; señaló que:
“… evidentemente cursa en el despacho que está asignado al proceso en razón de género un memorial en el que se pide la exhibición del caso número 240/07 cuyo proceso y reitero como lo he manifestado no cursa dentro la base de datos que tiene el Ministerio Público porque el Ministerio Público se maneja con código código Fis sea Guayaramerín, Riberalta y Trinidad o en su defecto a la fecha el código CUD”. En ese entendido, se puede establecer con ciencia cierta que la ahora accionante ingresó el referido memorial el 23 de septiembre de 2020, aspectos que no fue rebatido por la autoridad ahora demandada, es más corrobora que existe el mencionado escrito de la referida fecha. En ese contexto, de lo vertido por el Fiscal de Materia en representación de la autoridad ahora demandada; se establece que, dicho memorial no fue adjuntado al cuaderno de investigaciones, ya que no se consignaba en el mismo el Código FIS o Código CUD con la cual se pudiera realizar la búsqueda en el sistema; puesto que, al sólo contener el número de Caso “240/07” se verían imposibilitados de ubicar el respectivo cuaderno en su forma física, argumentos nada justificables por parte del representante; ya que, va en detrimento flagrante de los derechos al debido proceso en su elemento celeridad con lo que se debe actuar en los procesos penales, máxime si se trata de víctimas en razón de género; ya que, al exigir cuestiones formales y ritualistas para la presentación de un memorial y por consiguiente para que la misma sea adjuntada al respectivo cuaderno -con la consignación del Código FIS o Código CUD y no con el número de caso- la autoridad ahora demandada lesionó dicho derecho desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Es más, otro acto reprochable efectuado por el representante de la autoridad ahora demandada, es respecto a la solicitud de aclaración que pidió el Juez de garantías a la referida autoridad ahora demandada, en el entendido de que aclare sobre que:
“Se tiene conocimiento físico al margen de los sistemas fis y cud que indica de la existencia y la vigencia de ese proceso que se sigue contra Damian Chulve Flores por la presunta muerte a una mujer por favor, si conoce físicamente ese procedo independientemente de los sistemas de la formalidad que indica la ley y si tiene a la mano ese proceso” [sic (fs. 47 vta. a 48)] Es así que, ante dicha solicitud de aclaración el representante de la autoridad ahora demandada en un acto de evasión a brindar información vital sobre el conocimiento y existencia física del cuaderno de investigaciones, refirió textualmente:
“Voy a responder señor juez su autoridad está excediendo de los alcances que usted tiene voy a pedir una copia del audio puesto que la acción tutelar es específica y en el fondo tiene que resolver en base a los puntos que han sido señalados sin embargo es evidente de que su autoridad está pretendiendo dirigir la acción pretendiendo resolver un tema netamente administrativo de la existencia o no de un cuaderno procesal cuando en el fondo lo que exige la acción tutelar es establecer si existe una persecución indebida o existe una privación de libertad con un debido proceso mas no así la existencia o no de un cuaderno procesal en físico…” (sic [fs. 48]). Actitud irresponsable, negligente y evasiva, con el objetivo de deslindar su responsabilidad, escenario que no puede ser justificado por la autoridad ahora demandada, que si bien no tiene la dirección funcional del proceso de forma directa; empero, como autoridad jerárquica departamental a momento de haber conocido del memorial de 23 de septiembre de 2020, tenía el deber de derivar o remitir de forma inmediata al Fiscal de Materia a cargo del referido proceso, y no retener el mencionado escrito por la falta de ciertos requisitos formales -Código FIS o Código CUD- debiendo la misma haber aplicado sus buenos oficios para poder determinar la ubicación del cuaderno de investigaciones con otros medios o datos esenciales que cuenta todo proceso -nombre de la denunciante, querellante, víctima, imputado, querellado, acusado, etc.- y dar la celeridad respectiva en pro del acceso a la justicia a la ahora peticionante de tutela, y no así por meros ritualismos formales entorpecer el desarrollo efectivo del proceso penal seguido en contra del autor del delito, concluyéndose como verdaderos las denuncias realizadas por la ahora peticionante de tutela ante las respuestas evasivas realizadas por la autoridad ahora demandada, se puede entrever que el memorial de 23 de septiembre de 2020, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no fue atendida de forma célere, violentando el derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, habiendo transcurrido diez días en la cual no existe pronunciamiento alguno respecto a la solicitud realizada por la ahora impetrante de tutela en el escrito mencionado, siendo evidente las denuncias realizadas por la prenombrada, por lo que corresponde conceder la tutela al respecto. 2. Sobre a que, pese a existir una orden del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni disponiendo que la Fiscal Departamental de mismo departamento -ahora demandada- suba los antecedentes al sistema “JL1” y exhiba el cuaderno de investigaciones, dicha instrucción no fue debidamente cumplida
De igual manera, la ahora accionante alega que el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni dispuso que la autoridad ahora demandada suba al sistema “JL1” de todos los antecedentes del proceso, así como exhiba el cuaderno de investigaciones, instrucción que no fue cumplida por la prenombrada, aspectos que si bien no fueron demostrados por la ahora peticionante de tutela en la presente acción, se tiene que de la intervención por parte del representante de la autoridad ahora demandada en la audiencia de garantías, la misma tampoco demuestra con documentación idónea y fehaciente la no veracidad de dicha denuncia, es más, en la referida intervención, respecto a que si se subió o no dichos antecedentes al sistema “JL1”, el mismo indicó:
“… se extrae de la acción presentada… que lo que… en el fondo se persigue, lo que extraña es porque el ministerio público no ha subido los actuados del cuaderno procesal en el sistema JL1…, pero acaso esa no incorporación de determinado acto es posible hacerlo a través de una acción de libertad…” (sic [fs. 46 vta]), Alocuciones que hacen entrever a este Tribunal en aplicación del principio de veracidad, al no haber presentado prueba que desestime la denuncia realizada por la ahora impetrante de tutela, como ciertas y evidentes, actitud con la cual vulneró los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia, puesto que al no tener acceso al cuaderno de investigaciones digital se vio cohibida de poder ejercitar y activar las medidas de protección necesarias, vulnerando dichos derechos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que si bien no fueron denunciados de forma expresa por la ahora accionante en aplicación del principio de informalismo y derechos conexos, bajo la interdependencia de los derechos y en base al principio iura novit curia -Fundamento Jurídico III.5, se hace evidente la lesión acusada por parte de la autoridad ahora demandada, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
7.3. Respecto a que la Fiscal Departamental del Beni -ahora demandada-, teniendo conocimiento que se encuentran en situación de violencia y peligro en su integridad psicológica junto con el menor de edad, la referida autoridad omite requerir las medidas de protección conforme al art. 389 bis del CPP La ahora peticionante de tutela, al denunciar la inacción efectuada por la autoridad ahora demandada al tener conocimiento que se encontraban en situación de violencia, estando en peligro su integridad psicológica de su personal y del menor, la prenombrada omitió cumplir con sus obligaciones de requerir las medidas de protección estipuladas en el art. 389 bis del CPP. Ahora bien, en el caso concreto, respecto a que la autoridad ahora demandada no hubiere activado los mecanismos legales para requerir y dictaminar las medidas de protección en favor de los impetrantes de tutela, es necesario que previo al ingreso de análisis de fondo, determinar que por la connotación y realidad del proceso penal, las víctimas que se encontrarían en situación de violencia causadas por el imputado supuesto autor del asesinato de su pareja, son la hermana de la víctima y el hijo de la misma menor de edad, aspectos que hacen denotar que se tratan de medidas de protección distintas, diferenciadas por razón de género -mujer-, y edad -hijo menor de edad-, las cuales deben ser estudiados de forma separada, pero con una finalidad común, el de verificar si la autoridad ahora demandada cumplió o incumplió sus obligaciones emanadas por ley de aplicar y requerir las medidas de protección en favor de los peticionantes de tutela al encontrarse en situación de violencia, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, las mismas que se analizaran de la siguiente manera:
i. Respecto a las medidas de protección en favor de Ruth Loras
Peña
En ese orden de ideas, la prenombrada denuncia que la autoridad ahora demandada soslayó su obligación de aplicar y requerir las medidas de protección en su favor, pese a que la misma tuvo conocimiento de que la ahora accionante se encontraba en situación de violencia y que su integridad psicológica se encontraba en detrimento a causa de las amenazas y amedrentamientos perpetrados por el imputado. Es así que, el Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que las medidas de protección deben ser aplicadas por los operadores de justicia, que al conocer de un caso de violencia hacia la mujer en razón de género deben adoptar todas las medidas de protección en favor de la mujer, con el objetivo primordial en primer lugar de prevenir algún acto de violencia, y en segundo lugar el de investigar, procesar y sancionar los hechos de violencia que se constituyan delitos, aplicando la debida diligencia, garantizando el acceso a un proceso justo, ágil e imparcial a la mujer en situación de violencia en procura del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías constitucionales, y más que todo el derecho que tiene toda mujer de vivir libre de todo tipo de violencia sea en el ámbito público como privado.
En ese entendido, se tiene que los arts. 35 de la Ley 348 y 389 bis del CPP modificado por la Ley 1173 desarrollados en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, el Ministerio Público puede de manera directa disponer la aplicación de las medidas de protección en favor de la mujer ante el conocimiento de hechos de violencia, con el objeto de prevenir, y en su caso garantizar la realización de la investigación, procesamiento y sanción de los autores de dichos hechos de violencia, medidas que se aplican de forma inmediata para de forma posterior recién solicitar la homologación por parte de la autoridad judicial. En ese contexto, como se pudo establecer en el acápite 7.2, el 23 de septiembre de 2020, la ahora peticionante de tutela a tiempo de solicitar a la autoridad ahora demandada que exhiba el cuaderno de investigaciones, también se solicitó por parte de la prenombrada la aplicación de medidas de protección en su favor; puesto que, sufría violencia por parte del imputado, poniendo en peligro su integridad psicológica, solicitud que hasta la fecha como se concluyó no mereció respuesta alguna transcurriendo diez días sin el pronunciamiento y determinación de la autoridad fiscal ya sea sobre la aplicación, o sobre el requerimiento de medidas de protección en favor de la ahora impetrante de tutela, violentando el principio de celeridad con la que deben ser atendidos estas peticiones -Fundamento Jurídico III.2- máxime si se tratan de grupos vulnerables que tienen una protección reforzada por parte del Estado en cumplimiento de los estándares internacionales.
Ahora bien, la autoridad ahora demandada, en su intervención en la audiencia de garantías a través de su representante, indicó que: “… la autoridad jurisdiccional ya ha señalado audiencia para el 12 de octubre de 2020 en el Tribunal de Sentencia de Santa Ana” (sic [fs. 47 y vta.]); aspecto que, no fue demostrado con documentación fehaciente por parte de la ahora demandada, tratando de justificar que la solicitud realizada el 23 de septiembre de 2020 hubiera sido tramitada ante la autoridad jurisdiccional, aspectos que denotan su falta de lealtad procesal y ética profesional; puesto que, no se cuenta con prueba alguna de lo aseverado por la autoridad ahora demandado. De igual forma, se tiene que ante la inacción por parte de la autoridad ahora demandada en la aplicación de forma directa de las medidas de protección, incumplió con los estándares internaciones de la debida diligencia en hechos de violencia hacia mujeres en situación de violencia, descritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.6 de este fallo constitucional, ya que el Ministerio Público en su condición de representante de la sociedad y protector de los derechos y garantías de la mujer, no actuó de manera pronta, ágil y con la celeridad requerida, para disponer en favor de la ahora accionante las medidas de protección dispuestas en las Leyes 348 y 1173, con las que garantizaría la protección de la ahora impetrante de tutela frente a hechos de violencia que estarían siendo perpetradas por el imputado, dejadez y desinterés en la protección de los derechos que ponen en riesgo no solo la integridad psicológica de la ahora accionante, sino también la misma investigación, ya que no debemos olvidar que las medidas de protección no solo están destinados en prevenir hechos de violencia, sino también en garantizar la realización de la investigación, procesamiento y sanción de autor del acto delictivo, que con su ineficiencia pone en riesgo todo el proceso llevado a cabo, vulnerando los derechos de la ahora peticionante de tutela, correspondiendo conceder la tutela respectiva. ii. Sobre las medidas de protección en favor del menor de edad AA
De igual manera, la ahora accionante el 23 de septiembre de 2020, a tiempo de solicitar la exhibición del cuaderno de investigaciones, y la aplicación o requerimiento de las medidas de protección a su favor, también peticionó dichas medidas en favor del menor de edad AA, considerando que la integridad psicológica del menor se encuentra en desmedro por las amenazas y amedrentamientos que realiza el imputado, aspectos que si bien no se trajo a colación prueba alguna al respecto, al tratase de un menor de edad y en resguardo de su interés superior garantizada por el art. 60 de la CPE, y al gozar de una protección reforzada es necesario analizar el tema de fondo para conceder o denegar la tutela impetrada en favor del menor de edad ahora peticionante de tutela.
En ese contexto, de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que:
“…las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera.” Bajo ese contexto, se puede establecer al igual que en el acápite 7.2.2, que la autoridad ahora demandada, tampoco ha demostrado disponer o requerir las medidas de protección en favor del menor de edad AA; puesto que, si bien solo refiere que la autoridad jurisdiccional ha señalado audiencia para el 12 de octubre de 2020, con el objeto de definir las medidas de protección, dicha aseveración no fue demostrada de forma idónea, por lo que de igual manera hacen entrever que la autoridad ahora demandada no obró con la debida diligencia, agilidad y celeridad en favor de las solicitudes realizadas el 23 de septiembre de citado año sobre la aplicación de dichas medidas tipificadas en el art. 389 bis del CPP, y menos en los estipulados en el art. 35 de la Ley 348, acciones descritas en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, pecando con su actuar de negligente, desinterés y dejadez en la protección de los derechos del menor de edad que como se vio en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, los derechos y garantías de los menores de edad se encuentran con una protección reforzada, por lo cual todas las solicitudes presentadas ante el Ministerio Público por parte de sus padres, tutores, guardadores -como es el caso- o por las instituciones destinadas al acompañamiento y resguardo de sus derechos deben ser atendidas con la celeridad y agilidad respectiva -Fundamento Jurídico III.2-, y no dejar en el limbo jurídico a un menor de edad sujeto de derechos y que los mismos son reforzados a través del art. 60 de la Norma Suprema; por lo que, la autoridad ahora demandada ante su actitud pasiva, vulnero los derechos reclamados por la ahora impetrante de tutela al no haber dispuesto la aplicación o el requerimiento de la aplicación de las medidas de protección en favor del menor de edad AA, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 7.4. Sobre la aplicación de la Perspectiva de Género en el presente caso
Ahora bien, como se mencionó precedentemente en el presente caso se analizará el asunto de manera integral dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese orden de ideas, se tiene que la ahora accionante –mujer- juntamente con AA -menor de edad-, son parte víctima en el proceso penal que se sigue en contra de Damián Chulve Flores por el presunto delito de asesinato de su pareja -hoy denominado feminicidio- sufren de violencia en razón de género a causa de las amenazas y amedrentamientos por parte del imputado, por lo cual se solicitó a la ahora demandada la aplicación o requerimiento de las medidas de protección en su favor, aspectos que como se vio en párrafos precedentes la ahora demandada hiso caso omiso a dicha solicitud vulnerando los derechos y garantías de la ahora impetrante de tutela y del menor de edad AA, poniendo en riesgo el desarrollo de la investigación y del proceso respectivo, ya que no activó de manera diligente la persecución penal en contra del imputado al conocer que existe un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente, tratando de deslindar obligaciones, endilgando a que dicha función es un acto exclusivo de la Policía Boliviana; aspectos reprochables en su actuar, por lo que es necesario realizar un examen de sus actuaciones, para determinar si cumplió con los Estándares Internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y Jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo a partir de una perspectiva de género que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos. De los antecedentes expuestos en examen, y al establecer que la autoridad ahora demandada al incumplir con sus obligaciones de cooperación, coordinación, control y supervisión hacia el Fiscal de Materia que tenía a cargo de la investigación del presente caso, poniendo en riesgo los derechos de los ahora accionantes y del proceso mismo, la misma, resulta contraria al deber de la diligencia debida explicada en líneas precedentes, lo que afianza la conclusión de que el Ministerio Público, no cumplió con el deber de la debida diligencia en el presente caso que tiene como víctimas a una mujer y un menor de edad en situación de violencia, incumpliendo de esta manera con los estándares internacionales y nacionales de respeto y protección de los derechos de las mujeres y niños víctimas de violencia, en ese entendido, es el Ministerio Publico la entidad que tiene el deber de la carga de la prueba, liberando a las mujeres en situación de violencia de cumplir la carga de la prueba, extremo que se explica por la garantía otorgada a dichas mujeres de evitarles atravesar una situación de revictimización en el desarrollo del proceso, establecidos en el referido Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Consecuentemente, bajo todo lo advertido, es evidente que la autoridad fiscal no cumplió con los Estándares Internacionales para la protección de los derechos humanos, lo cual hace inefectiva el acceso a la justicia y vulnera los derechos de las víctimas.
7.4.1.Respecto a la actuación del Ministerio Público
En el presente punto, es preciso referir que, a partir de lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante; sino también, analizando los derechos de las víctimas y sus familiares o dependientes, y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género. En la presente acción de defensa es necesario hacer alusión a la actuación del Ministerio Público en el proceso penal, pues tal como se tiene de antecedentes el 23 de septiembre de 2020, la ahora accionante presentó un memorial dirigida a la autoridad ahora demandada, solicitando se exhiba el cuaderno de investigaciones para poder aplicar las medidas de protección en favor de la prenombrada y del menor de edad, situación que no fue rebatida ni desvirtuada por la ahora demandada; es más, se determinó que dicha solicitud no fue respondida por la prenombrada habiendo transcurrido hasta la emisión de la resolución del Juez de garantías diez días sin que exista un pronunciamiento de dicha autoridad, pretendiendo desligarse de sus obligaciones como autoridad jerárquica en el entendido del deber de controlar y supervisar las acciones de los Fiscales de Materia de su jurisdicción y su obligación de coordinación y cooperación con la Policía Boliviana, poniendo en riesgo los derechos de la ahora peticionante de tutela y el desarrollo del proceso al no disponer o requerir la aplicación de las medidas de protección en favor de la misma y del menor edad; lo cual, denota la falta de la debida diligencia del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación para esclarecer todos los hechos y sancionar a todas las personas responsables de la violación de derechos humanos. Además, debió considerarse que la Corte IDH en el Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, señaló que:
La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Consecuentemente, habiéndose advertido el incumplimiento de Estándares Internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, es necesario exhortar al Ministerio Público a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales; toda vez que, incurrió en una absoluta y total ausencia o dejadez en sus actos, extremo que no se encuentra justificado, tampoco condice con los estándares internacionales y nacionales referidos al deber de la debida diligencia, la misma que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que claramente establece:
“En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho de que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima...” (las negrillas fueron añadidas).
En ese entendido y conforme lo desarrollado precedentemente, se afirma que los actos de dejadez, desinterés y negligencia ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio Público en favor de la ahora impetrante de tutela, resulta en todas sus formas contraria al deber de la diligencia debida explicada en líneas precedentes, lo cual afianza la conclusión de que el Ministerio Público, no cumplió el deber de la debida diligencia en el presente caso que tiene como víctimas a una mujer y menor de edad en situación de violencia, incumpliendo de esta manera con los estándares internaciones y nacionales de respeto y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en ese entendido, es el Ministerio Público la entidad que tiene el deber de la carga de la prueba, liberando a las mujeres en situación de violencia el tener que cumplir con dicha carga probatoria, argumento que se explica por la garantía otorgada a las mujeres el de evitarles atravesar una situación de revictimización en el desarrollo del proceso, aspectos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, máxime si en la tramitación de la presente acción de defensa, el representante de la ahora demandada en su intervención realizada en la audiencia de garantías, como se observó párrafos precedentes, tuvo una acción reticente en brindar información al Juez de garantías sobre la existencia de la causa y el cumplimiento de sus obligaciones, y en una actitud temeraria increpó al referido Juez sobre una supuesta extralimitación de potestades y atribuciones cuando se le pedía aclaraciones a sus respuestas evasivas, actos con las cuales se hace entrever que dicha autoridad no tenía la voluntad de cooperar al evitar brindar información vital respecto al proceso, actos vulneratorios de los derechos y garantías de la ahora peticionante de tutela y por consiguiente actos omisivos que denotan el desconocimiento pleno de la obligación de la debida diligencia en todos los estrados y foros con las cuales debe actuar en calidad de representante de la sociedad. Es menester precisar conforme al carácter vinculante de las decisiones de esta jurisdicción constitucional, la misma dispuesta por el art. 203 de la CPE; por lo que, los fundamentos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional siguen la línea jurisprudencial abordados por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que en un caso análogo aplicó la perspectiva de género en la debida. Ahora bien, es evidente que en el presente caso no fueron denunciados los miembros del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni; empero, hay que tener presente que el caso objeto de esta acción de defensa, ya se encuentra en etapa de juicio oral y por lo mismo bajo la jurisdicción y competencia del mencionado Tribunal de Sentencia; es en ese entendido, y conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible bajo un enfoque integral analizar la actuación de autoridades sean estas administrativas o judiciales en casos de violencia en razón de género, es así que en el presente caso al tratarse de uno de feminicidio en la cual los accionantes son la hermana y su hijo de la víctima del caso, y al estar el proceso en etapa de juicio oral, es menester exhortar al antedicho Tribunal de Sentencia que en el afán de otorgar una verdadera tutela judicial efectiva a los impetrantes de tutela, apliquen en todos sus actos y tomas de decisiones lo establecido en los arts. 45 y 86 de la Ley 348, los cuales establecen de forma específica que:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: 1. El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido proceso en el que sea oída con las debidas garantías y dentro un plazo razonable. 2. La adopción de decisiones judiciales ecuánimes e independientes, sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de pruebas y consiguiente sanción al agresor. 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. 4. Orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. 5. Una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperación integral a través de servicios multidisciplinarios y especializados. 6. El acceso a información clara completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen con relación a su caso, así como sobre los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente Ley y otras normas concordantes.
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. 9. Acceso a la atención que requieran para su recuperación física y psicológica; en los servicios públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna. 10. El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativas, indígena originario campesinas, así como del personal de salud. ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hecho de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no e es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hecho que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material o inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia.
Garantías y principios que el Tribunal de Sentencia antedicho debe aplicar de forma diligente conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional con el fin de otorgar a las víctimas ahora accionantes una verdadera tutela judicial efectiva, debiendo considerar no solo los estándares legales descritos supra, sino también los estándares internacionales y nacionales en la protección de los derechos de las víctimas acorde a lo descrito en el referido Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional en todos sus actos y fallos judiciales. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada por no proporcionar información a la víctima bajo el sistema “JL1”, y con relación a la omisión de medidas de protección; y, denegar la tutela impetrada con relación a la falta de ejecución del mandamiento de aprehensión, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 3 de octubre de 2020, cursante de fs. 48 a 54 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento del Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:
1.1. Que Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni, cumpla su deber de la debida diligencia y haga seguimiento a las actuaciones de la Policía Boliviana en cuanto a la ejecución del mandamiento de aprehensión emitido contra Damián Chulve Flores. 1.2. Ordene que el cuaderno de investigaciones sea exhibido de forma física y sea visible en el sistema “JL1” y otros pertinentes, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional. 1.3. Determine las medidas de protección necesarias y urgentes en favor de la parte accionante de conformidad a las normas pertinentes y especializadas, en resguardo de los derechos de las víctimas considerando su calidad de grupo vulnerable, y apego a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Martha Mejía Fayer, Fiscal Departamental del Beni, exhortándola a que en el presente caso y en otros que sea de su conocimiento en las cuales se diluciden derechos de víctimas en situación de violencia, actúe con la debida diligencia, en coordinación y cooperación con las entidades respectivas, controlando y supervisando el accionar de los Fiscales de Materia que se encuentren bajo su jurisdicción, advirtiéndole que de reincidir en dicho incumplimiento, se remitirán antecedentes ante la instancia disciplinaria y penal correspondiente. 3° Llamar severamente la atención a Javier Colque Gutiérrez, Fiscal de Materia -representante de actuación de la Fiscal Departamental del Beni en la audiencia de garantías-; y, al o a la Fiscal de Materia que se encuentre a cargo del presente caso, exhortándole a que en el caso presente como en otros que sean de su conocimiento en las cuales se diluciden derechos de víctimas en situación de violencia, actúe con la debida diligencia, en coordinación y cooperación con las entidades respectivas, advirtiéndole que en caso de reincidir en dicho incumplimiento, se remitirán antecedentes ante la instancia disciplinaria y penal correspondiente.
4° Notificar con el presente fallo constitucional al o a la Fiscal de Materia a cargo del presente caso, como encargado de la dirección de la investigación, exhortándole a actuar con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. 5° Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento del Beni a actuar con la debida diligencia en la tramitación del presente caso y otros similares que sean de su consideración, debiendo notificarse con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a dicho Tribunal de Sentencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].
2 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
6 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”
8 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
10 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
11 La SC 687/2000-R en su Considerando Cuarto señalo que: ”…es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.
12 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”
13 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.
14 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia,
15 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…”
16 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a reguardar y por ente a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible; es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.
17 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
18 SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio
19 El FJ III.1, establece: “Que, en material de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquellas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos…”
20 El FJ III.1, señala que al tiempo de referirse a la posibilidad de ampliar los derechos y los hechos en la audiencia de acción de libertad “…en la sustanciación de la acción, existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción y, por otra parte, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, es posible que, se analicen hechos conexos al acto demandado de ilegal”.
21 El FJ III.3, La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz para la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de circulación de toda personal que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, pera o que considere que su vida o integridad física está en peligro.
22 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 258.
23 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 293.
24 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, parr. 243.
25 Corte IDH Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, parr. 275.
27 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”
28 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”
29 Voto Disidente a la SCP 0868/218-S2 de 20 de diciembre de 2018. Fundamento Jurídico II.1 señala: La legitimación activa en la acción de libertad, se encuentra explicada en el texto constitucional cuando en su art. 125, concordante con el art. 48.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Así también, el art. 48 del CPCo, amplia la legitimación para interponer la acción de libertad a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; asimismo, establece como sujetos que tienen la potestad de interponer la misma, la víctima o agraviado, sus familiares, cualquier persona a su nombre de manera oral o escrita y sin ninguna formalidad.
30 La SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medio de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico (las negrillas son añadidas).
31 la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, indicó que: En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
32 Ibídem.
33 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia”
34 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
35 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 49, párr. 144.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0125_2023-S1.pdf · páginas 1 a 66.
Huella digital del PDF (SHA-256): b3212c86afc51f6ce8383336b9f6d68442e8e45b2ef3f2bedc4a9e68c8f9eda6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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