B.IA.LEGAL

SCP 0124/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 9 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52744-2023-106-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, impugnación y tutela judicial efectiva; derecho al trabajo y al ejercicio libre de la profesión; debido a que, dentro del proceso disciplinario realizado en su contra, los miembros del Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, al emitir la Resolución de 18 de mayo de 2022 y confirmar totalmente la Resolución TDCH 02/2021 de 26 de marzo dictada por el Tribunal de Honor del ICACH, no consideraron los cuatro agravios expresados de su parte dentro de la apelación interpuesta, sustrayéndose del análisis respecto a la apelación presentada y dictando una resolución con una simple trascripción defectuosa; lo que vulneró su derecho al trabajo, al estar suspendido del ejercicio de la profesión por seis meses a raíz de la injusta determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 307 a 309 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2026-S3 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 52744-2023-106-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 05/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 307 a 309 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Eduardo Tapia Cortez contra Marco Antonio Goitia Brún, Presidente; Napoleón Reynoso Estrada, Felicidad Betty Torres Córdova, Oscar Crispín Ferrel Baldivieso, Eduardo Arteaga Ribera y Marisol España Barrios, Vocales, todos del Tribunal Nacional de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, cursantes a fs. 1, 126 a 136 vta.; y, 148 a 149, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A denuncia de Gustavo Villegas Yáñez, se abrió una causa procesal debido a la supuesta comisión de faltas en el ejercicio de la profesión, por incumplimiento de la iguala que firmó con el denunciante; empero, al haber transcurrido dos años desde su suscripción, éste aseguró que no habría recibido información alguna del caso; sin embargo, refirió que hubiese entregado como pago la suma de $us1 000.- (mil dólares estadounidenses) y que no se hubieran cumplido los compromisos ni se dio información sobre las actuaciones realizadas de su parte. Por efecto de dicha denuncia, el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), emitió la Resolución Sumaria de Primera Instancia TDCH 02/2021 de 26 de marzo, declarando probada la misma, por demostrarse la conculcación de los arts. 40 núm. 4, 5 y 6 y 41 núm. 7, ambos de la Ley 387 -Ley del Ejercicio de la Abogacía de 9 de julio de 2013-, sancionándole con la multa de un salario mínimo nacional por infracción leve y la suspensión temporal del ejercicio profesional por seis meses por infracción grave. Ante dicha resolución, presentó recurso de apelación expresando como agravios la defectuosa y errónea aplicación del art. 40 núm. 4, 5 y 6 de la precitada normativa, al dictarla sin elementos respaldatorios o que pueda subsumirse a la supuesta falta, remitiéndose simplemente a la denuncia, presumiendo su culpabilidad, sin directrices argumentativas, sin evidencias, sin prueba; no obstante que, en esa instancia recursiva se explicó que, quien tiene la obligación de probar es quien denuncia, aspecto que no se pronunció en la resolución, probándose únicamente la relación de contratación con la iguala, usando también como elemento probatorio a la denuncia con una falsa petición que solo sirve como acto procesal. En la apelación solicitó finalmente, que el Tribunal verifique de qué manera se incurrió en las infracciones endilgadas. Otro motivo apelado, fue la falta de fundamentación en la resolución sumarial al vulnerarse la garantía del debido proceso, solicitando la verificación de las conclusiones de dicha resolución para ver si estaba probada y jurídicamente fundamentada, al no tener suficiente asidero para comprenderla debido a su falta de fundamentación y motivación al hacer mención genérica de los actuados del proceso, sin otorgar valor alguno a los mismos. Por otra parte, en un tercer motivo de apelación, refirió sobre la defectuosa aplicación del art. 41.5 de la misma ley, por ausencia probatoria vinculada al caso, al no existir elementos constitutivos de cada numeral dentro de la mencionada Resolución Sumarial; asimismo, se habría omitido la fundamentación y motivación del por qué incurriría en la conducta prevista en el art. 41.7 de ésta norma, relativo al supuesto hecho de retener o no hacer entrega de bienes o documentos que recibió en virtud de la gestión encomendada, cuando no establece un solo elemento básico ni probatorio en relación a las infracciones. Como último motivo de apelación, arguyó la falta de valoración probatoria e ilegal presunción de culpabilidad, pues la nota de igual profesional, testimonio de poder, nota de conciliación y denuncia presentada, son pruebas impertinentes para poder fallar en el fondo y establecer la concurrencia de los elementos configuradores de los numerales del art. 41 de la Ley 387, extremos que vulneraron las reglas de la sana crítica, colocando al denunciado como el que debe probar su inocencia en los cargos, presumiendo así su culpabilidad en discordancia con la Constitución Política del Estado (CPE), cuando las supuestas infracciones debieron ser acreditadas debidamente, pues quien denuncia debe probar la veracidad de su pretensión. De ello es que, el Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, emitió la Resolución de 18 de mayo de 2022, que es objeto de la presente acción tutelar, en la que se confirmó totalmente la Resolución de 26 de marzo de 2021 emitida por el ICACH, sin tomar en cuenta los cuatro agravios presentados de su parte en la apelación, al no responder ninguno de ellos, ni haciendo mención al recurso presentado y menos abordar lo reclamado de la resolución apelada, siendo ese mecanismo de defensa el que abrió competencia a dicho Tribunal de Honor de conformidad al art. 35 in fine de la Ley 387. Lo previamente detallado comprueba que la señalada Resolución vulneró su derecho al debido proceso en su componente de legalidad; ya que, al haberse apelado con cuatro agravios plenamente identificados, dicho tribunal no dio respuesta a ninguno de éstos, sustrayéndose del análisis respecto a la apelación presentada y dictando una resolución con una simple trascripción defectuosa sin el análisis del recurso presentado. La violación al debido proceso en su vertiente de fundamentación también es reclamada; toda vez que, la resolución de alzada omitió dar respuesta específica y fundamentada de los agravios expresados en la apelación planteada, limitándose a confirmar la decisión inferior que, no obstante, de haberse presentado el señalado recurso, éste fue desconocido, vulnerando de esa manera su derecho a impugnar, puesto que no se la mencionó ni consideró en la Resolución de 18 de mayo de 2022. Refirió que está ahora suspendido del ejercicio de la profesión y de esta manera se vulneró su derecho al trabajo, aspecto que solo se daría bajo el régimen de inhabilitación del ejercicio conforme el art. 7.I.3 de la Ley 387; en el presente caso, se aplicó la suspensión por seis meses por la emisión de la ilegal resolución; por lo que, negando el derecho intra procesal, se otorgó firmeza falsa a la sanción impuesta en primera instancia, dejándolo en la imposibilidad de poder trabajar. El nexo de causalidad entre el acto ilegal y los derechos vulnerados, se tiene al momento de emitirse dicha resolución, y que no se pronunció sobre el recurso de apelación presentado contra ésta, y ante esa grosera violación al debido proceso, solo el contraste del recurso de apelación promovido y la resolución que es objeto de la presente acción, no cabe duda de que se soslayó por completo la impugnación interpuesta de su parte y sencillamente se buscó la confirmación pura y simple de la sanción en grado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, impugnación y tutela judicial efectiva; derecho al trabajo y al ejercicio libre de la profesión, citando al efecto el art. 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la Resolución de 18 de mayo de 2022, disponiéndose se emita una nueva y sea válida en el marco del debido proceso, respondiendo al recurso de apelación de 12 de mayo de 2021 sobre los agravios, de manera motivada y fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 301 a 306, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Marco Antonio Goitia Brun, Presidente; Napoleón Reynoso Estrada, Felicidad Betty Torres Córdova, Oscar Crispín Ferrel Baldivieso, Eduardo Arteaga Ribera y Marisol España Barrios, Vocales, todos del CONALAB -ahora demandados- no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 156 y 160.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Gustavo Villegas Yáñez, no asistió a la audiencia ni presentó informe, pese a su legal notificación cursante a fs. 163.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 05/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 307 a 309 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto la Resolución de 18 de mayo de 2022, emitida por el Tribunal Nacional de Honor del CONALAB así como la sanción dispuesta, y se emita una nueva resolución en observancia de los estándares mínimos del debido proceso; decisión que fue asumida con base a los siguientes fundamentos: a) Existe una incongruencia externa en la resolución cuestionada, al no identificar ni describir los agravios expuestos en el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia presentada por el impetrante de tutela, por lo que carece de análisis sobre los mismos; b) Es evidente la ausencia de fundamentación y motivación en la resolución confutada, al no tener un análisis de lo resuelto por el tribunal de primera instancia; pues en su contenido, se limitó a solamente describir la denuncia interpuesta, acreditando con ello la contratación y que no se defendió los intereses de su patrocinado, conforme se habría comprometido en la iguala suscrita, aspectos que carecen de sustento, análisis y motivación; y, c) El Tribunal Nacional de Honor del CONALAB demandado, no cumplió con la labor intelectiva, asumiendo como conclusión confirmar la resolución sancionatoria de primera instancia, sin observar los presupuestos mínimos del debido proceso referidos a la fundamentación, motivación y congruencia denunciados en la presente acción tutelar, con lo que lógicamente deviene la vulneración al derecho al trabajo, pues con la resolución cuestionada, se sancionó al accionante con la suspensión de seis meses alejado del ejercicio de la profesión.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, mediante el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de la denuncia presentada el 21 de mayo de 2018 por Gustavo Villegas Yáñez ante el presidente del ICACH en contra de Jaime Eduardo Tapia Cortez por irregularidades en el ejercicio de su profesión como abogado (fs. 5). II.2. Mediante Resolución Sumarial de Primera Instancia TDCH 02/2021 de 26 de marzo, el Tribunal de Honor del ICACH, declaró probada la denuncia interpuesta por Gustavo Villegas Yáñez, con la sanción de pago equivalente a un salario mínimo nacional por infracción leve y la suspensión temporal del ejercicio profesional de seis meses a contar desde la ejecutoria del fallo por infracción grave (fs. 63 a 64). II.3. A través de memorial de 12 de mayo de 2021, Jaime Eduardo Tapia Cortez interpuso recurso de apelación contra la Resolución Sumarial de Primera Instancia TDCH 02/2021, solicitando se remita antecedentes al Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, para que éste, revoque dicha resolución y declare improbada la denuncia y/o anule la misma hasta el estado de dictarse nueva resolución en base a pruebas existentes y con fundamento probatorio (fs. 84 a 90 vta.). II.4. Mediante Resolución de 18 de mayo de 2022, emitido por el Presidente y Vocales del Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, se resolvió confirmar totalmente la Resolución Sumarial de Primera Instancia TDCH 02/2021 (107 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, impugnación y tutela judicial efectiva; derecho al trabajo y al ejercicio libre de la profesión; debido a que, dentro del proceso disciplinario realizado en su contra, los miembros del Tribunal Nacional de Honor del CONALAB, al emitir la Resolución de 18 de mayo de 2022 y confirmar totalmente la Resolución TDCH 02/2021 de 26 de marzo dictada por el Tribunal de Honor del ICACH, no consideraron los cuatro agravios expresados de su parte dentro de la apelación interpuesta, sustrayéndose del análisis respecto a la apelación presentada y dictando una resolución con una simple trascripción defectuosa; lo que vulneró su derecho al trabajo, al estar suspendido del ejercicio de la profesión por seis meses a raíz de la injusta determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1 La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, sobre este derecho, estableció lo siguiente: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalada.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar 7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Análisis del caso concreto

Traídos a conocimiento de este Tribunal, los antecedentes de la presente acción tutelar; se tiene que, el 22 de mayo de 2018, Gustavo Villegas Yáñez presenta una denuncia ante el ICACH contra Jaime Eduardo Tapia Cortez por irregularidades en el ejercicio de su profesión como abogado (Conclusión II.1.), luego tramitada la causa, el Tribunal de Honor del ICACH, declaró probada dicha denuncia, con la emisión de la Resolución Sumarial de Primera Instancia TDCH 02/2021 de 26 de marzo (Conclusión II.2.); por lo que, dentro del plazo previsto en el art. 50 de la Ley 387, presentó apelación contra ésta resolución (Conclusión II.3.); por último, el Tribunal superior, mediante Resolución de 18 de mayo de 2022, resolvió confirmar totalmente la Resolución Sumarial de Primera instancia TDCH 02/2021 (Conclusión II.4.).

Ahora bien, previo al análisis a realizarse, es importante remitirnos a los alcances de la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual asume que la fundamentación y motivación son imprescindibles en la emisión de las resoluciones, al constituirse en elementos del debido proceso; por ello, las autoridades judiciales o administrativas en su labor argumentativa deben sujetar sus actos a estos parámetros en resguardo del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y externa.

Dicho esto, corresponde examinar los agravios señalados en la presente acción tutelar en contrastación a la resolución de última instancia emitida el 18 de mayo de 2021 por las autoridades demandadas; que, a criterio del accionante, vulneran los derechos fundamentales invocados en la presente; en este contexto, se tiene lo siguiente:

La primera problemática planteada por el peticionante de tutela, en referencia a que las autoridades demandadas no consideraron los cuatro agravios de la apelación, sustrayéndose del análisis a ese recurso presentado y dictaron una resolución con una simple transcripción defectuosa, corresponde hacer una descripción tanto de la apelación presentada, como de la Resolución cuestionada en la presente acción:

En el recurso de apelación, el accionante expresó como agravios los siguientes: 1) Denunció la defectuosa y errónea aplicación del art. 40 núm. 4, 5 y 6 de la Ley 387, al dictarla sin elementos que respalden la denuncia o que pueda subsumirse a la supuesta falta, remitiéndose simplemente a la denuncia; 2) La absoluta falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria y violación flagrante al debido proceso, al haberse hecho afirmaciones en la misma, sin ningún enlace fáctico ni probatorio, sindicando de hechos sin presunción de inocencia, ya que tenía la obligación de demostrar la denuncia con la carga probatoria; 3) Defectuosa y errónea aplicación del art. 4 núm. 5 de la Ley 387, porque fue sancionado únicamente con la prueba consistente en la iguala profesional, la denuncia y el poder entregado, elementos que no llegan a acreditar en relación a la supuesta infracción; y, 4) Defectuosa valoración probatoria y deonus probando, carga de la prueba y la ilegal presunción de culpabilidad, señalando que no hay una prueba trascendental que acredite la denuncia y que explique el ilógico fallo, buscándose argumentos forzados en la cual no existe elementos probatorios que corroboren la denuncia.

Luego del primer acápite que refiere a la parte introductoria del fallo, se describe los antecedentes, en los cuales se menciona a la denuncia y los motivos de su interposición; en el primer considerando, indica el origen y motivos de la denuncia, cita la Ley de la Abogacía, los deberes de los abogados, los principios éticos morales que rigen en el ordenamiento jurídico y menciona la prueba presentada en la denuncia; asimismo, refirió que el abogado denunciado -ahora accionante- no dio respuesta a la demanda ni presentó medios de prueba, acreditándose la contratación con lo presentado en la denuncia; luego, en un segundo considerando, finaliza la resolución aseverando que el prenombrado denunciado no defendió los intereses y mandato de su cliente con quien tenía un compromiso firmado en la iguala profesional suscrita, ocasionándole un perjuicio al no devolverle la documentación, a fin de que pueda acudir a otro profesional y en la parte resolutiva, confirman totalmente la Resolución TDCH 02/2021.

Conforme lo señalado, se evidencia que la apelación presentada por el accionante dentro del proceso sancionatorio, no fue considerada en la resolución cuestionada, no obstante haberse remitido el recurso ante el Tribunal Nacional de Honor del CONALAB; en ese sentido, las autoridades demandadas, al limitarse y no referirse a la apelación presentada, incurrieron en una omisión indebida que permite la apertura de la protección constitucional a través de la presente acción de defensa, por evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de una debida motivación y fundamentación en la resolución impugnada; además que, el contenido del fallo ahora cuestionado, por sí, acredita una incongruencia manifiesta, por no haberse pronunciado sobre los agravios expuestos en la apelación; asimismo, respecto del derecho a la impugnación, se advierte que, si bien el accionante activó el recurso de apelación conforme a derecho, este no repercutió en la Resolución objeto de la presente acción tutelar, ya que no se tomó en cuenta los agravios aquejados, significando aquello, que los demandados emitieron una resolución arbitraria carente de motivación y fundamentación; por consiguiente, se vulneró este derecho correspondiendo también su tutela.

Finalmente, en relación a la segunda problemática, respecto a la denuncia de vulneración del derecho al trabajo, por estar el accionante indebidamente suspendido del ejercicio de la profesión por seis meses a raíz de la injusta Resolución de 18 de mayo de 2022, cabe manifestar que al respecto, resulta claro que tales derechos se vieron también afectados, ya que la disposición determinó sin fundamento alguno confirmar la resolución sumarial, reafirmando la sanción impuesta en su contra; motivo por el cual, corresponde dejar sin efecto de manera provisional tales determinaciones, hasta que el caso sea correctamente analizado y se tenga una resolución debidamente fundamentada que determine lo que en derecho corresponda. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 307 a 309 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe

apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0124_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 57eccda95d6cbe3fe9dd9a3922101a79474551c8381b80faca34ca8c3a7490ac

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