B.IA.LEGAL

SCP 0124/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48041-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia como la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, cumplió una condena de privación de libertad de tres años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, siendo que su privación de libertad fue excedida por seis días: i) El 23 de mayo de 2022, solicitó al Juez accionado emita el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, sin embargo, dicha autoridad judicial hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no expidió dicho mandamiento; y, ii) El Director y el Verificador ahora demandados, incurrieron en dilaciones indebidas, ya que, el primero, no quiso comunicarse con su abogada para constatar la falta de verificación; y, el segundo no efectuó la verificación del mandamiento. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) En cuanto a la emisión y ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena; c) Sobre la acción de libertad innovativa; d) El principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; e) Análisis del caso concreto; y, f) Otras consideraciones.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y acceso a la justicia pronta y oportuna vinculados a la dilación en la emisión y ejecución del mandamiento de libertad. 2° EXHORTAR a Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, para que en un futuro en el conocimiento de causa análogas evitar incurrir en omisiones dilaciones indebidas que vulneren derechos de las partes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  2. III.2. En cuanto a la emisión y ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena
  3. III.3. Sobre la acción de libertad innovativa
  4. III.4. El principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2024-S1 Sucre, 16 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48041-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Defensora Auxiliar del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Víctor Hugo Bernal Gutiérrez contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz; y, funcionario policial. Ticona”, “Verificador del Régimen Penitenciario” del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 8, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En mérito a la Sentencia 150/2019 de 10 de mayo, emitida dentro del proceso penal que se le siguió por la comisión del delito de robo agravado, cumplió una condena de privación de libertad de tres años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, siendo que su privación de libertad fue excedida por seis días, solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-emita el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, sin embargo, dicha autoridad judicial “hasta la fecha” -de presentación de la acción de libertad, el 27 de mayo de 2022- no expidió dicho mandamiento, omitiendo considerar que conforme establece el art. 213 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) el juez de oficio o a petición de parte declara el cumplimiento de condena. Además, el Director y el Verificador, ambos de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario -ahora accionados- no dieron cumplimiento ni verificaron el mandamiento correspondiente, prescindiendo del mandato previsto en el art. 39 del indicado cuerpo normativo, que señala que cumplida la condena el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno, y el funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan; por lo que, el aparato administrativo debió hacer cumplir el mandato sin dilaciones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y “…ORDENE QUE SE EXPIDA EN EL DIA EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE LIBERTAD DEFINITIVA POR CUMPLIMIENTO DE CONDENA…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 14 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de la Defensora Auxiliar de la Dirección Departamental de La Paz del SEPDEP ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliando el mismo señaló que: a) El 21 de mayo de 2022 cumplió su condena; y, el 23 de igual mes y año, se solicitó al Juez ahora demandado expida el correspondiente mandamiento de libertad; y, b) “…lamentablemente el señor Verificador me habría indicado de que hasta ahora no se habría cumplido con la verificación del mandamiento de libertad que habría sido cumplido ante el juzgado de ejecución, refiriendo de que en fecha 26 de mayo hasta el día de ayer al verificar en el juzgado de ejecución penal no se habría podido comunicar con el juez a objeto de verificar este mandamiento (…) el señor verificador no habría cumplido, con la verificación del mandamiento de libertad, y no tendría los pasajes suficientes como para llegar otra vez a El Alto para hacer el verificativo de dicho mandamiento de libertad, por ello estamos presentado esta acción de libertad en contra del señor Juez de Ejecución Penal siendo que no habría querido contactarse con el verificador, el señor Director no habría querido contactase conmigo para verificar dichos aspectos, y el verificador a medio día refiere que no habría verificado tampoco, por tal objeto el señor Hugo ha estado recluido por 6 días extras demás por la pena que estaría cumpliendo…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades y servidor público policial demandados

Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 27 de mayo de 2022, cursante a fs. 13 y vta., manifestó que, el 23 de mayo de 2022, el accionante presentó memorial ante la Oficina Gestora de Procesos, solicitando se expida mandamiento de libertad por cumplimiento del tiempo de condena; en tal sentido, el 24 de igual mes y año, el indicado memorial recién ingresó a su despacho, emitiéndose al efecto la Resolución 098/2022 de 24 de mayo, disponiendo la libertad del impetrante de tutela por cumplimiento de la totalidad de su condena de tres años, y se expida el mandamiento de libertad correspondiente; consecuentemente, la petición del impetrante de tutela se encuentra plenamente atendida. Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, no presentó informe ni concurrió a la audiencia programada, pese a su legal citación cursante a fs. 10. “El Sgto. Ticona”, “Verificador del Régimen Penitenciario”, en audiencia, manifestó que “…se verifico ese mismo día y se ha tenido dos observaciones uno es por el tipo del delito que indica por Robo Agravado y no así en el mandamiento de condena que establece por Robo y la segunda observación es el NUREJ, esos han sido las observaciones y han sido explicados a los familiares como a la doctora patrocinante, hoy por la tarde hace una hora se subsano las observaciones juntamente con el accionado Marco Antonio Laurenty y vuelve a reiterar otra verificación en el cual establece con el Nurej 20280319 el cual ya está siendo procesado en su mandamiento de libertad…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela impetrada, sin embargo, exhortó al Juez ahora demandado que deba tener mayor cuidado al momento de emitir resoluciones de cumplimiento de pena como mandamientos de libertad, debiendo verificar los datos que se consignan en las mismas, las cuales deben coincidir a fin de evitar dilaciones innecesarias; manifestando al efecto: 1) Se advierte que el 23 de mayo de 2022, el accionante presentó memorial solicitando expida mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena, el cual mereció Resolución 098/2022 de 24 mayo, que concedió su libertad y dispuso se expida mandamiento de libertad “…en este proceso refiere el Ministerio Publico contra Víctor Hugo Bernal Gutierrez por el delito de Robo Agravado siempre y acusado no se encuentre detenido por otra causa, así también se evidencia que se emitió el mandamiento de libertad definitiva a nombre de Víctor Hugo Bernal Gutiérrez estableciendo que el mismo ya ha cumplido la pena impuesta por Resolución No. 150/2019 de 10 de mayo emitido por el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, mandamiento de libertad que fue remitido a la oficina gestora de procesos en fecha 25 de mayo de 2022 conforme se evidencia del sello de recepción del Mandamiento de Libertad Definitiva, siendo ese el estado actual del proceso…” (sic); en ese sentido, se tiene que, el Juez ahora demandado atendió la solicitud del accionante dentro del plazo establecido en la ley, no existiendo vulneración de derechos; 2) En cuanto al Director Departamental ahora demandado, el impetrante de tutela únicamente denunció que dicha autoridad administrativa “…no habría tomado contacto con la abogada, ese ha sido el único argumento que se ha señalado, sin embargo no ha señalado de qué manera se le estaría vulnerando el derecho a la libertad u otro aspecto por este funcionario (…) por lo que no corresponde conceder la tutela en relación al mismo” (sic); y, 3) En lo concerniente al Verificador de Régimen Penitenciario, se tiene que, el mismo verificó el mandamiento de libertad el día que tuvo conocimiento de su emisión, observando que en el indicado mandamiento se establece el delito de robo agravado, sin embargo, en la Sentencia 150/2019 señala delito de robo; además, el Número de Registro Judicial (NUREJ) también sería diferente; y, al existir observaciones no podía concluir con el trámite de libertad; no obstante, las observaciones ya hubiesen sido subsanadas, realizándose dicho trámite; consecuentemente, no corresponde conceder la tutela, debido a que el indicado servidor público policial en ningún momento se rehusó a la verificación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia 150/2019 de 10 de mayo, emitida dentro del proceso penal seguido contra “Víctor Hugo Bernal Gutiérrez” -accionante- y otro, por la comisión del delito de robo; a través de la cual, José Fredy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, condena al prenombrado a la pena privativa de libertad de tres años (fs. 3 a 4). II.2. Mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2022 ante la Oficina Gestora de Procesos, Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Defensora Auxiliar de la Dirección Departamental de La Paz del SEPDEP en representación de Victor Hugo Bernal Gutiérrez -impetrante de tutela-solicita al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz expida mandamiento de libertad por cumplimiento de pena (fs. 2 y vta.). II.3. Del informe de 27 de mayo de 2022 presentado por Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, el mismo refiere:

“1. En fecha 23 de mayo de 2022 la parte ahora accionante presentó memorial ante la Oficina Gestora de Procesos, señalando que el mismo habría cumplido el tiempo de su condena solicitando se expida el mandamiento de libertad. 2. El referido memorial de solicitud de mandamiento de libertad ingreso a despacho en fecha 24 de mayo de 2022, por lo que en mérito a la solicitud de libertad definitiva por cumplimiento de condena de la ahora recurrente, LA SUSCRITA AUTORIDAD REALIZÓ el COMPUTO de OFICIO EN LA MISMA RESOLUCIÓN sin necesidad de derivarlo a secretaría de juzgado, y en mérito a dicho cómputo y verificación de los antecedentes pertinentes del control de condena se emitió la Resolución N° 098/2022 de fecha 24 de mayo de 2022, por el cual se dispone la libertad definitiva en favor del interno VICTOR HUGO BERNAL GUTIERREZ, por haber cumplido la totalidad de su condena de 3 (tres) años, disponiéndose además la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, Resolución y mandamiento de libertad los cuales ya fueron remitidos a la Oficina Gestora de Procesos para su correspondiente diligenciamiento…” (sic [fs. 13]). II.4. Del acta de audiencia de consideración de la acción de libertad de 27 de mayo de 2022, se tiene que el “funcionario policial” refiere:

“…informar que se verifico ese mismo día y se ha tenido dos observaciones uno es por el tipo del delito que indica por Robo Agravado y no así en el mandamiento de condena que establece por Robo y la segunda observación es el NUREJ, eso han sido las observaciones han sido explicados a los familiares como a la doctora patrocinante, hoy por la tarde hace una hora se subsano las observaciones juntamente con el doctor Marco Antonio Laurenty y vuelve a reiterar otra verificación en el cual establece con el Nurej 20280319 el cual ya está siendo procesado en su mandamiento de libertad..” (sic [fs. 14 y vta.]). II.5. Del contenido de la Resolución 13/2022 de 27 de mayo, emitida la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías (emergente de la presente acción de libertad), de manera textual se establece:

“…Que, por la prueba aportada por la parte accionante, lo manifestado por la parte accionante y la documentación remitida por la autoridad accionada, se evidencia que (…) en fecha 23 de mayo de 2022 presentado por Víctor Hugo Bernal Gutiérrez por el cual se solicita que se expida mandamiento de libertad por cumplimiento de pena, se evidencia por el sello de cargo que este memorial fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal en fecha 23 de mayo de 2022, también se evidencia que se ha emitido la Resolución No. 098/2022 de 24 de mayo de 2022, en la cual en la parte dispositiva se dispone conceder la libertad definitiva a favor del interno Víctor Hugo Bernal Gutierrez por haber cumplido la totalidad de condena de 3 años, consecuentemente se dispone que se libre el correspondiente mandamiento de libertad definitiva (…) mandamiento de libertad que fue remitido a la oficina gestora de procesos en fecha 25 de mayo de 2022 conforme se evidencia del sello de recepción del Mandamiento de Libertad Definitiva, siendo ese el estado actual del proceso” (sic [fs. 15 a 17]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia como la lesión de sus derechos a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, cumplió una condena de privación de libertad de tres años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, siendo que su privación de libertad fue excedida por seis días: i) El 23 de mayo de 2022, solicitó al Juez accionado emita el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, sin embargo, dicha autoridad judicial hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no expidió dicho mandamiento; y, ii) El Director y el Verificador ahora demandados, incurrieron en dilaciones indebidas, ya que, el primero, no quiso comunicarse con su abogada para constatar la falta de verificación; y, el segundo no efectuó la verificación del mandamiento. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) En cuanto a la emisión y ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena; c) Sobre la acción de libertad innovativa; d) El principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; e) Análisis del caso concreto; y, f) Otras consideraciones.

III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así: III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .

III.1.2. Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa o

de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida 1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”

(…)

…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios 2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: 1) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; 2) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal de materia; 3) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; 4) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; 5) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad. Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:

“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del 5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.1.3. Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los

derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.

En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas .

III.2. En cuanto a la emisión y ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena

Inicialmente, es necesario considerar que la Constitución Política del Estado, en su art. 23.III consagró que “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley…”; en ese sentido, para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, debe cumplir con determinados requisitos materiales y formales; así, el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad como efecto del desarrollo de un proceso penal oral público y contradictorio que concluyó en una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese entendido, si bien una persona puede ser privada de libertad como efecto del cumplimiento de una sentencia condenatoria; no obstante, debe comprenderse que dicha privación no puede exceder de los límites previstos en la ley; por lo que, en estos casos, el juez de ejecución penaldebe efectuar un permanente control jurisdiccional, garantizando los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, siendo por ello que, a través de la SC 0082/2010-R de 3 de mayo, se sostiene:

…el Juez de Ejecución Penal es el encargado de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas y, por lo mismo, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; consiguientemente, es ante dicha autoridad jurisdiccional donde se debe acudir en reclamo de los derechos supuestamente lesionados durante la privación de libertad, que es lo que sucedió en el caso analizado, pues el representado del accionante acudió ante el Juez ahora demandado para restituir su derecho a la libertad física o personal. Ahora bien, debe entenderse que ante una solicitud de libertad por cumplimiento de condena, el Juez de Ejecución Penal debe actuar de manera inmediata, pues de conformidad al art. 39 de la LEPS: “Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”. Añadiendo la norma en el segundo párrafo que: “El 8El Código de Procedimiento Penal establece: “Artículo 365.- (Sentencia Condenatoria). Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado.

La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado.

Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial.

Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas.

La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley.

La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan.

Emitida la sentencia condenatoria y declarada la confiscación de los bienes, una vez ejecutoriada la misma, se apertura la competencia administrativa del CONALTID para determinar el destino de los bienes.” (negrillas agregadas). 9El Código de Procedimiento Penal prevé: “Artículo 55.- (Jueces de Ejecución Penal). Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo:

1) El control de la ejecución de las sentencias…” (negrillas añadidas).

funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan”. De acuerdo a la disposición legal citada, en virtud del principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180 de la CPE, el Juez de Ejecución Penal debe despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más aún en aquéllos casos en los que se encuentra vinculado el derecho a la libertad física o personal; sin embargo, esto no significa que la autoridad jurisdiccional falte al deber jurídico de constatar el efectivo cumplimiento de la condena, y, actuando responsablemente, tome las previsiones necesarias para evitar equivocaciones o errores en la expedición del mandamiento de libertad. (negrillas agregadas). Por otra parte, la SCP 1328/2016-S1 de 2 de diciembre, sostuvo:

…la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, modulando el entendimiento desarrollado en las SSCC 0323/2003 de 17 de marzo y 0676/2005-R de 16 de junio, precisó que: “Cabe aclarar, que la jurisprudencia citada en el párrafo anterior, hace referencia a la conducta que deben observar los directores de establecimientos penitenciarios, respecto al cumplimiento de los mandamientos de libertad, en los términos del art. 39 de la LEPS; por lo que siguiendo dicho entendimiento, podría asumirse que el precepto contenido en el señalado artículo, en cuanto a que el interno será liberado en el día, sería aplicable únicamente a los casos en que ya se ha expedido el mandamiento de libertad, interpretación que en todo caso pecaría de restrictiva. Pues bien, en una interpretación desde y conforme a la Constitución del mismo artículo, desde la perspectiva de los deberes que asisten al juez de ejecución penal, se tiene que esta disposición legal debe ser asumida en su estricto sentido literal, en cuanto a que el interno que ha cumplido su condena debe ser liberado en el día, no pudiendo transcurrir ni un solo instante más, luego de cumplida la pena impuesta, sin perjuicio de la correspondiente constatación y certeza en cuanto al cumplimiento efectivo de la condena, para lo cual dicha autoridad, deberá tomar de manera anticipada todas las previsiones y recaudos correspondientes, puesto que como responsable del control de la ejecución de las sentencias, a tenor de lo establecido por los arts. 19.1 de la LEPS y 55.1 del CPP, le corresponde hacer un minucioso y permanente seguimiento de la situación de cada uno de los condenados que se encuentren bajo su control, y estar al tanto con precisión, de la fecha en que los indicados cumplan sus respectivas condenas, por lo que no deberá necesariamente esperar que el condenado que cumpla su condena le solicite expresamente mandamiento de libertad por esta circunstancia, sino que inclusive podrá disponerla de oficio, expidiendo el correspondiente mandamiento, previa constatación del efectivo cumplimiento de la condena y de que el condenado no se encuentre detenido por otra circunstancia, verificación que como se dijo, deberá ser realizada anticipadamente, de modo tal que cuando se cumpla el término de la condena, el interno pueda ser liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, como imperativamente establece el art. 39 de la LEPS, debiéndose prescindir de toda formalidad o trámite burocrático, bajo responsabilidad penal del juez e inclusive del secretario en su caso, puesto que de persistir la privación de libertad luego de cumplida la condena, ésta se convierte automáticamente en ilegal e indebida, conforme a las previsiones del art. 23.III de la CPE. En definitiva, cuando el precepto contenido en el art. 39 de la LEPS, manda que el interno que cumpla su condena, será liberado en el día, dicha disposición no sólo es aplicable para los directores de los establecimientos penitenciarios en cuanto a efectivizar el mandamiento de libertad, sino que vincula también a todos los operadores jurídicos, quienes deberán efectivizar la libertad del interno en el día, correspondiendo aclarar que el entendimiento plasmado anteriormente, constituye una modulación de la línea jurisprudencial antes citada.” Asimismo, la SCP 1362/2022-S4 de 3 de octubre, reiterando el entendimiento contenido en la SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril, sostuvo que La SCP 0381/2015-S3 de 8 de abril, efectuó una recopilación de la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal respecto a las dilaciones indebidas en ejecución de mandamientos de libertad, bajo cuyos entendimientos, sobre el tema de exordio; señaló que: “…la jurisprudencia constitucional refrendó la obligatoria observancia a la prescripción contenida en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que establece: ‘Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno…’, aclarando que si bien la autoridad encargada de recintos penitenciarios debe verificar como medida de seguridad el cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del mandamiento de libertad, ello no debe implicar una dilación injustificada en dicha ejecución (SC 0323/2003-R de 17 de marzo); c) La verificación de las medidas de seguridad necesarias antes de dar curso a la ejecución de un mandamiento de libertad, debe responder a una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió dicha orden y el centro penitenciario a cargo de su ejecución; d) La mayoría de los casos resueltos por esta jurisdicción, (SSCC 1749/2004-R, 0504/2011-R y SCP 0193/2014-S3) determinaron la concesión de la tutela constitucional a partir de la verificación de dilaciones indebidas, evidenciando que la mismas se debieron a la ausencia de esa efectiva y eficaz labor de coordinación entre las autoridades jurisdiccionales que ordenan la libertad de un interno y las autoridades penitenciarias encargadas de la ejecución de la orden judicial. Así puede evidenciarse en la SCP 0193/2014-S3, que en base a la resolución del caso concreto, exhortó en su parte resolutiva ‘…a Régimen Penitenciario y a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que en coordinación adopten los procedimientos o mecanismos necesarios para la ejecución de los mandamientos de libertad emitidos los días viernes, en observancia al principio de celeridad, ya que de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y la jurisprudencia constitucional…’; e) Los casos resueltos también evidenciaron una falta de coordinación entre las mismas autoridades penitenciarias, así entre Directores de los centros penitenciarios y las Direcciones de Régimen Penitenciario departamentales y nacionales, tal como se evidenció en el caso resuelto a través de la SCP 1129/2014, en la cual esta Sala exhortó al Director Nacional de Régimen Penitenciario y a la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Tarija, adoptar en el marco del art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘las medidas administrativas necesarias para que las órdenes de libertad que sean de su conocimiento puedan verificarse en su autenticidad y cumplirse en tiempo oportuno’;

f) Las dilaciones indebidas en la ejecución de los mandamientos de libertad, también fueron acrecentadas por el deficiente registro e identificación de los internos en los diferentes centros penitenciarios, el cual pretendió ser resuelto con trasladar indebidamente la responsabilidad de la identificación de los mismos, desde la administración penitenciaria a los propios internos; g) Este aspecto significó, entre otros efectos perniciosos, que los centros penitenciarios al delegar indebidamente dicha función obviando el mandato constitucional contenido en el art. 23.VI de la Norma Suprema, que refiere: ‘Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad…’, delegan también el control sobre cuestiones de seguridad mínimas al interior del penal, tal como lo evidenció el caso resuelto en la SCP 0131/2015-S3; h) Otro de los efectos negativos referidos a esa ausencia de un debido registro, es el relativo a la pérdida de control sobre lo que acontece con los internos privados de libertad y que arriesga seriamente la seguridad e integridad de éstos, pues en la medida en que no se tiene una cabal y apropiada certidumbre de quienes son las personas que integran dicha población, no es posible garantizar la efectividad del tratamiento institucional, ya que este déficit repercute en el adecuado registro de antecedentes, la clasificación de la población penitenciaria y, en definitiva, el ejercicio de los demás derechos y garantías que no fueron suspendidos como efecto de la privación de libertad; (…) j) En ese sentido, la oportuna ejecución del mandamiento de libertad no puede ser considerado como una cuestión únicamente de interés del beneficiado, pues las autoridades penitenciarias estatales deben tomar en cuenta que la indebida permanencia de una persona en los diferentes centros de reclusión, por uno o hasta más de treinta y cinco días conforme los casos resueltos por este Tribunal, repercute no solo en la lesión de un derecho fundamental de carácter primario de la persona que permanece indebidamente privada de libertad, sino también en una indebida erogación de gastos públicos como la indebida asignación de presupuesto para la permanencia de una persona privada de libertad que no debería estar allí, además de alimentar la ya desmedida sobrepoblación carcelaria” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Por lo expresado precedentemente, es evidente que, tratándose de la emisión y ejecución de un mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, el juez de ejecución penal y los encargados o administrativos deben despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, en observancia del principio de celeridad; sin embargo, ello no significa que se falte al deber jurídico de constatar el efectivo cumplimiento de la condena y de que el condenado no se encuentre detenido por otra circunstancia, actuando responsablemente.

III.3. Sobre la acción de libertad innovativa

La Ley del Tribunal Constitucional promulgada el 1 de abril de 1998, en su Capítulo IX estableció el marco jurídico del recurso de habeas corpus, señalando más propiamente en su art. 91.VI que “No obstante haber cesado la persecución o la detención ilegal, la audiencia se realizará necesariamente y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será condenada a la reparación de daños y perjuicios…” (las negrillas nos pertenecen); redacción a partir de la cual, se fue gestando la institución del habeas corpus innovativo, pues el habeas corpus no solo podía ser interpuesto cuando se encuentre vigente y latente la lesión o amenaza de lesión a los derechos a la libertad sino también cuando los mismos hubieren cesado. En ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional a través del Auto Constitucional 361/99-R de 26 de noviembre de 1999, en revisión de la Sentencia pronunciada el 13 de octubre de ese mismo año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, determinó revocar dicha Sentencia y declarar procedente el recurso, debiendo el Tribunal de Habeas Corpus aplicar el artículo 91.VI de la Ley del Tribunal Constitucional –Ley 1836 de 1 de abril de 1998– , alegando que “…el hecho de haberse puesto en libertad al recurrente el mismo día a horas 19 no destruye la ilegalidad de su detención y más bien confirma que la detención fue arbitraria, basada en una simple sindicación…”, determinación que no solo puso en evidencia la procedencia del habeas corpus en su modalidad innovativa sino también generó el cumplimiento del objetivo que es encomendado a las autoridades judiciales que no quede impune el comportamiento de los responsables de la lesión o amenaza de lesión de una persona. En igual sentido, el entonces Tribunal Constitucional pronunció la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, aprobó la Resolución de 5 de noviembre de 2001 –que declaró procedente el recurso de habeas corpus– emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, argumentando que “…si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, determinación que expresamente asumió lo dispuesto por el art. 91.VI de la Ley 1836. Así también, entre otras, las SSCC 0387/2002-R de 9 de abril, 1135/2002-R de 19 de septiembre; 0352/2003-R de 25 de marzo; y, 1476/2003-R de 14 de octubre.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1489/2003-R de 20 de octubre, resolviendo un recurso de habeas corpus en el que se denunció la lesión del derecho a la libertad debido a una detención indebida que si bien habría cesado antes de la interposición del recurso; determinó revocar la Resolución 4/2003 de 6 de septiembre, declarando improcedente el aludido recurso, toda vez que, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación del recurso. Sentencia Constitucional en la que, si bien señaló que dicha determinación no implicaba un cambio de línea jurisprudencial, originó una modificación al entendimiento jurisprudencial que se fue aplicando, pues a partir de dicho razonamiento, si la lesión hubiere cesado previo a la presentación del recurso debía ser declarado improcedente, y en caso que el recurso fuere presentado y luego cesaran los actos lesivos se determinaría su procedencia. Razonamiento reiterado por las SSCC 1589/2003-R de 10 de noviembre, 1728/2003-R de 28 de noviembre, 1757/2003-R de 2 de diciembre, 0193/2004-R de 9 de febrero y otras. Luego, a través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió el entendimiento que fue asumido en las Sentencias Constitucionales citadas en el párrafo precedente, al señalar que:

Del análisis de los debates parlamentarios desarrollados en el proceso de sanción de la ley aludida, se extrae que la ratio legis del precepto aludido está en la necesidad de que el instituto jurídico en examen brinde protección en aquellos supuestos en los que “…una autoridad legal arbitrariamente detiene a una persona sin que haya existido causa que lo justifique y tenemos centenares de casos, finalmente la ponen en libertad se acabó el tema, no hay protección, no hay tutela de los derechos humanos, les digo verdaderamente, no avanzar en el 14 El FJ III.1 señaló que: “…siendo la razón esencial del recurso hacer efectiva la protección de la libertad individual, el mismo debe ser planteado en el momento en que están sucediendo tales casos, no siendo pertinente acudir a esta acción tutelar simplemente para identificar a la autoridad que ordenó o ejecutó la medida restrictiva de la libertad” 15 En el FJ III.1 se sostuvo que: “…resulta imprescindible plantear el recurso en el momento en el que los derechos a la libertad física o a la locomoción están siendo suprimidos indebida o ilegalmente, a fin de que este Tribunal compulse el acto de la autoridad recurrida y se pronuncie en el fondo ya sea concediendo o negando la tutela, lo que significa, que el recurso planteado luego de que el supuesto agraviado hubiera sido puesto en libertad, debe ser directamente declarado improcedente sin necesidad de ingresarse al fondo de la problemática planteada.” 16El FJ III.4 preciso que: “Por otra parte, es necesario referirse a que si bien los recurrentes a tiempo de la realización de la audiencia de hábeas corpus se encontraban en libertad, ello -en este caso- no puede ser causal de improcedencia del recurso, pues consta en obrados que a tiempo de la interposición del mismo estaban privados de su libertad, la que obtuvieron en la audiencia de medidas cautelares realizada con anterioridad a la notificación de los recurridos, diligencia que no se cumplió por la situación de conflicto que se presentó en el país, de manera que la circunstancia señalada no desvirtúa la ilegal actuación ni excluye la responsabilidad de los Fiscales demandados” 17 El FJ III.2 sostuvo: “Si bien, la SC 1489/2003-R, de 20 de octubre establece que no se puede determinar la ilegalidad de una detención cuando el recurso de hábeas corpus fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes, en el caso que se examina no es aplicable lo determinado por este fallo porque el representado de la recurrente fue puesto en libertad después de media hora de haberse planteado el hábeas corpus, en virtud de lo que se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada.”

texto en la forma como está propuesta supone volver al viejo judicialismo para eso no cambiamos nada […] yo puedo demandar a una autoridad que me ha detenido ocho días y después me ha puesto en libertad […] ya estoy en libertad y quiero plantear el recurso de hábeas corpus para que la autoridad que ha cometido semejante abuso, que me ha privado de derechos de alimentar a mi familia, de ver a mis hijos, de cumplir con mi trabajo de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional debe ser sancionada y el recurso de hábeas corpus declarado procedente […]’” (Cfr. Redactor, Tomo IV, noviembre de 1997, H. Cámara de Diputados). Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso… (las negrillas son agregadas). Más adelante, con la SC 0451/2010-R de 28 de junio se recondujo el entendimiento citado precedentemente al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado. A través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumiéndose parámetros interpretativos más favorables respecto a la protección de los derechos humanos 18 El FJ III.1 señaló que: “…Nuestro ordenamiento jurídico también sugiere la existencia de esta figura, cuando en el art. 68.6 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional y el propio Código Procesal Constitucional, que en su art. 49.6, determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos se recondujo la línea jurisprudencial a lo expresado en la referida SCP 0327/2004-R, determinándose que la acción de libertad procede aún hubiera cesado la privación de libertad, reconociendo a partir de ello la acción de libertad innovativa, que tiene un carácter preventivo, con la finalidad de que ya no sucedan los mismos actos ilegales en futuras actuaciones.

La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, sin realizar una modulación a la acción de libertad innovativa, estableció la aplicación de la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, señalándose que:

La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria. Bajo los lineamientos jurisprudenciales desarrollados precedentemente, considerando la aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, a través de la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio se recondujo la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0744/2015-S3 al entendimiento asumido fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades”.

19El F.J.III.3 sobre la necesaria reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materi a de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.

En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad”.

en la SCP 2491/2012, en consecuencia la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia solamente puede aplicarse en la acción de amparo constitucional. Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, respecto a la acción de libertad innovativa, es preciso señalar que, conforme se sostuvo en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la SCP 2491/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de dicha acción de defensa, evitando que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. Consecuentemente, la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos.

III.4. El principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El principio de presunción de veracidad si bien es propio del procedimiento administrativo, puesto que la administración pública -a-priori-, presume iuris tantum; es decir que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran; empero, en sentido más amplio, resulta aplicable 20 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 49°.- (Normas especiales en el procedimiento) La Acción de Libertad se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 6. Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan. 21 La SC0038/2011-R de 7 de febrero, en su F.J. III.3 señala: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público “…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.” (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”(negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.”

cuando los servidores públicos son demandados, teniendo por ello la obligación de presentar en su defensa, informes o pruebas a efectos de desvirtuar los hechos alegados en su contra; así, en las acciones tutelares, entre ellas la acción de libertad, en atención a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

Este concepto ha sido acogido por la jurisprudencia constitucional desde sus inicios, ya que fue determinando y asumiendo la aplicación de este principio de presunción de veracidad, cuando las autoridades demandadas no desvirtuaron los hechos denunciados, ni a través de la presentación de un informe, menos con su concurrencia a las audiencias tutelares; en este sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto señaló:

“Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso”; asimismo, la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: “…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso”. Entendimientos que fueron reiterados, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R, entre otras. En esta misma línea, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”. De lo referido precedentemente, se tiene que es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, y cuidando que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Dichos razonamientos fueron reiterándose y aplicándose de manera uniforme por este Tribunal Constitucional, con el fin de proteger de manera eficiente los derechos comprometidos en la acción tutelar, en concordancia con la naturaleza subsidiaria y sumaria de la tutela, y sancionar la negligencia de las autoridades demandadas quienes a pesar de que por su propio interés, tienen la obligación de desvirtuar o desestimar las denuncias en su contra a través de la interposición de las acciones tutelares, no lo hacen; en tal sentido, la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, efectuando una breve sistematización de esta línea jurisprudencial sobre la presunción de veracidad en las acciones tutelares concluyó:

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. En conclusión, la presunción de veracidad es un principio, cuya aplicación en las acciones de defensa, se fue estableciendo por la jurisprudencia constitucional, pues dicha figura implica presumir como ciertos los hechos, cuando el juez o tribunal de garantías, requiera informes al sujeto o a los sujetos demandados y estos omitan responder o lo hacen pero de manera extemporánea o meramente formal; bajo esa comprensión, se puede entender que la presunción de veracidad de los hechos de los hechos o actos denunciados por el accionante, constituye un instrumento con dos finalidades principales: Primero, sancionar el desinterés o la negligencia de las autoridades demandadas ante la presentación de una acción de defensa, en la que se alega la vulneración de los derechos fundamentales de una persona; y, Segundo, dado el carácter oportuno e inmediato de las acciones tutelares, obtener la eficacia de los derechos fundamentales comprometidos, en observancia de los principios de inmediatez, celeridad y buena fe; debiendo también considerar que la aplicación de la presunción de veracidad es más rigurosa cuando el demandante es una persona de especial protección constitucional o se encuentra en condición de vulnerabilidad, tomado en cuenta que en muchas oportunidades, se dificulta la carga probatoria para el actor y, en contraste, el sujeto accionado tiene o podría tener la facilidad de aportar el material correspondiente.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia como la lesión de sus derechos a la libertad y 22 En su F.J. III. 3 desarrollo: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.”

a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por cuanto, cumplió una condena de privación de libertad de tres años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, siendo que su privación de libertad fue excedida por seis días: i) El 23 de mayo de 2022, solicitó al Juez ahora demandado emita el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, sin embargo, dicha autoridad judicial hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no expidió dicho mandamiento; y, ii) El Director y el Verificador ahora demandados, incurrieron en dilaciones indebidas, ya que, el primero, no quiso contactarse con su abogada para constatar la falta de verificación; y, el segundo no efectuó la verificación del mandamiento. Al respecto, siendo necesario que se tenga claro el contexto del cual emergen los reclamos, cabe referir que, de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela y otro, se emitió Sentencia 150/2019 de 10 de mayo, condenando al mismo a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión por la comisión del delito de robo (Conclusión II.1). Posteriormente, el 23 de mayo de 2022, el accionante solicitó al Juez ahora demandado expida mandamiento de libertad por cumplimiento de pena (Conclusión II.2). Bajo ese contexto, tomando en cuenta que la problemática versa sobre la existencia de dilaciones indebidas en la emisión y ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, es preponderante para este Tribunal establecer si es o no evidente lo alegado por el impetrante de tutela, ello considerando que, resulta irrazonable que se someta a una persona -especialmente si se trata de un privado de libertad- a un trámites burocráticos en el que se incumplan las normas constitucionales-principios que orientan el orden público, que para el caso, específicamente va referido al principio de celeridad que tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial o administrativo se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios (Fundamento Jurídico III.1). En esa consideración, tomando en cuenta que para la concreción del principio de celeridad y el respeto de los derechos se fue consolidando la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a través de la cual se permite a esta jurisdicción operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad, y además prolongan indebidamente el estado de incertidumbre de los mismos; en el caso concreto, es posible ingresar al análisis de fondo de la presente problemática traída en revisión, toda vez que, el accionante activó esta acción de defensa denunciando dilación en la emisión y ejecución del mandamiento de libertad; acto que aparentemente se enmarcaría a algunos supuestos de procedencia de la acción libertad traslativa o de pronto despacho mencionados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, en virtud a lo señalado, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el peticionante de tutela son evidentes y si en efecto se incurrió en dilaciones indebidas en la emisión y ejecución de un mandamiento de libertad; en tal sentido, se tiene:

III.5.1. Con relación al Juez ahora demandado

El accionante denuncia que el 23 de mayo de 2022, solicitó al Juez ahora demandado emita el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, sin embargo, dicha autoridad judicial hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no expidió dicho mandamiento Precisado lo anterior, si bien el accionante es enfático al denunciar una dilación en la emisión del mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, debe considerar que, el Juez ahora demandado -conforme lo refirió en el informe presentado para la consideración de la acción de libertad- manifestó que no se hubiese expresado con veracidad el actual estado del proceso, debido a que la solicitud se encontraría plenamente atendida; en ese sentido, a fin de resolver la presente problemática, resulta necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se establece la competencia del juez de ejecución penal para la emisión de mandamientos de libertad y se determina los deberes del mismo para garantizar los derechos de los privados de libertad; así, en el indicado Fundamento Jurídico se sostuvo que, nadie puede ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo los casos y según las formas establecidas, por lo que, cuando una persona –que fue privada de su libertad como efecto de una sentencia condenatoria– cumple su pena, dicha privación de libertad no puede exceder los límites previstos en la ley; es decir, no puede seguir privado de su libertad, siendo por ello que cuando solicita su libertad por cumplimiento de la pena, el juez de ejecución penal que ejerce el control jurisdiccional debe actuar de manera inmediata y liberar al interno en el día, no pudiendo transcurrir ni un solo instante más luego de cumplida la pena impuesta; siendo inclusive que el juez de sentencia penal no necesariamente debe esperar la solicitud de la emisión del mandamiento de libertad por cumplimiento de la condena, ya que inclusive podrá disponerla de oficio, previa constatación del efectivo cumplimiento de la condena y que no exista otra circunstancia de detención, verificación que deberá ser realizada anticipadamente, de modo tal que cuando se cumpla el término de la condena, el interno pueda ser liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, debiéndose prescindir de toda formalidad, bajo responsabilidad puesto que de persistir la privación de libertad luego de cumplida la condena, ésta se convierte automáticamente en ilegal e indebida. Bajo ese marco, en el caso concreto, de los antecedentes allegados al expediente constitucional, se tiene que, cursa Sentencia 150/2019 de 10 de mayo, a través de la cual se condena al accionante a una pena privativa de libertad de tres años por la comisión del delito de robo, condena que al ser cumplida dio lugar a que el peticionante de tutela solicite al Juez ahora demandado expida el mandamiento de libertad correspondiente -conforme señaló el impetrante de tutela en el memorial de 23 de mayo de 2022, descrito en la Conclusión II.2-. Cabe precisar que, hasta este punto se advierte que, en el caso concreto, el accionante ciertamente solicitó se emita mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; asimismo, se constata que, posterior a dicha solicitud no cursa documental alguna que haga entrever que la autoridad judicial ahora demandada hubiese efectuado un pronunciamiento al respecto, lo que prima facie posibilitaría la aplicación de la presunción de veracidad por la negligencia de la autoridad judicial demandada de presentar un informe con prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción tutelar interpuesta en su contra; no obstante, tal como se describió en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, del contenido de la Resolución 13/2022 de 27 de mayo, emitida por la Jueza de garantías, se constató que el Juez acciondado si remitió documentación ante la Jueza de garantías (documental que no fue enviada a este Tribunal) de la cual pudo advertirse que dicho operador de justicia emitió la Resolución 098/2022 de 24 de mayo, disponiendo la libertad definitiva del accionante y la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, este último que fue remitido a la Oficina Gestora de Procesos el 25 del citado mes y año; ahora bien, con lo advertido precedentemente, es posible concluir que, la autoridad judicial ahora demandada si emitió el mandamiento de libertad ante la solicitud del impetrante de tutela, lo que si bien de manera inicial permitiría denegar la tutela; no obstante, debe comprenderse que, el impetrante de tutela denunció la dilación en la emisión del mandamiento; por lo que, en el caso concreto resulta aplicable la acción de la acción de libertad innovativa (Fundamento Jurídico III.3), pues pese a que se emitió el mandamiento de libertad, es necesario determinar si efectivamente existió una dilación indebida; así, respecto a ello se considera que si bien el memorial de solicitud de mandamiento de libertad fue presentado el 23 de mayo de 2022 ante la Oficina Gestora de Procesos; no obstante, de la documental que fue de conocimiento de la Jueza de garantías, se advirtió que, consta sello de cargo de recepción del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz con igual fecha -23 de mayo de 2022-; sin embargo, la petición fue atendida el 24 de ese mes y año, a través de Resolución 098/2022; es decir, el operador de justicia ahora demandado dilató la emisión del mandamiento de libertad por un día, lo que desde ningún punto de vista puede ser aceptado por esta jurisdicción, ya que la privación de libertad no puede exceder los límites previstos en la ley, y de hacerlo se convierte automáticamente en una detención ilegal e indebida, siendo precisamente por ello que, la autoridad judicial debe actuar con celeridad, más aun cuando nuestra normativa establece que el juez de ejecución penal tiene a su cargo el control de la ejecución de la pena, por lo que, no necesariamente debe esperar que el privado de libertad cumpla su condena y solicite expresamente mandamiento de libertad, pudiendo actuar de oficio, expidiendo el correspondiente mandamiento, de modo que cumplida la condena en el día se proceda a la liberación del interno. Aunado a lo anterior, cabe señalar que, de la documentación que fue presentada ante la Jueza de garantías, se tiene que, el Juez ahora demandado, el 25 de mayo de 2022, recién remitió el mandamiento de libertad a la Oficina Gestora de Procesos para su diligenciamiento, lo que también denota una dilación indebida por parte de dicho operador de justicia, quien omitió considerar que el interno no puede ser privado de su libertad más allá de los límites establecidos por la ley, y al ser el encargado del control jurisdiccional debe asumir garantizar los derechos del mismo. Asimismo, en relación a este punto, es necesario considerar que, en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se sostuvo que, el juez de sentencia penal debe tomar todas las previsiones necesarias para evitar equivocaciones o errores en la expedición del mandamiento de libertad; no obstante, conforme lo alegado por el Verificador de la Dirección Departamental (Conclusión II.5), el mandamiento de libertad no contendría datos coincidentes con la Sentencia 150/2019, lo que generó que el trámite sea observado. Consecuentemente, por todo lo referido precedentemente, es evidente que, la autoridad judicial ahora demandada lesionó los derechos a la libertad y acceso a la justicia pronta y oportuna del accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

III.5.2. Con relación al Director y el Verificador ahora demandados

El impetrante de tutela alega que el Director y el Verificador ahora demandados, incurrieron en dilaciones indebidas, ya que, el primero, no quiso comunicarse con su abogada para constatar la falta de verificación del mandamiento de libertad; y, el segundo no efectuó la indicada verificación. Al respecto, considerando que la presente problemática se encuentra vinculada a una dilación en la ejecución del mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, es necesario precisar -sin pretender ser reiterativos- que por mandato constitucional nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley; así, en los casos de personas que se encuentran privadas de libertad como efecto de una sentencia condenatoria ejecutoriada, que hayan cumplido su pena, nuestra jurisprudencia constitucional (descrita en el Fundamento Jurídico III.2) sostuvo que las mismas no pueden ser privadas de su libertad más allá de los límites establecidos en la ley; por lo que, cumplida la pena el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno, ello sin perjuicio de la correspondiente verificación del cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del mandamiento de libertad, que no implica una dilación injustificada, la cual debe responder a una eficaz y eficiente labor de coordinación entre el órgano jurisdiccional que emitió la orden, los directores de centros penitenciarios y la dirección departamental o nacional del régimen penitenciario, debiendo comprenderse que una detención ilegal o indebida no solo afecta el derecho a la libertad del interno sino también genera una indebida erogación de gastos públicos para la permanencia de una persona, así como incrementa la desmedida sobrepoblación carcelaria. Bajo ese comprendido, las autoridades y servidores públicos administrativos (del régimen penitenciario) tratándose del derecho a la libertad de personas detenidas en centros penitenciarios, deben actuar con celeridad evitando generar una dilación injustificada que lesione sus derechos; así, a fin de establecer si el Director y el Verificador incurrieron en una dilación indebida en la ejecución del mandamiento de libertad, el análisis se efectuará individualizando el accionar de cada uno de los demandados; así: a) En cuanto al Director Departamental ahora demandado, la parte impetrante de tutela alega que dicha autoridad administrativa no quiso comunicarse con su abogada para constatar la falta de verificación. Al respecto, siendo que en este punto se denuncia una falta de supervisión que contribuyó con la dilación en la ejecución del mandamiento de libertad, resulta necesario señalar que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su art. 54 inc. 1) establece que el director departamental del régimen penitenciario tiene como función inspeccionar periódicamente los establecimientos penitenciarios del departamento, a fin de verificar su correcto funcionamiento; control administrativo que debe buscar en primer lugar garantizar los derechos de los privados de libertad, de ahí que, si bien se establece una supervisión periódica ello no impide que la vigilancia sea correctiva en los casos de negligencia funcionaria (expresada en dilación indebida) que genera una ilegal e indebida privación de libertad, siendo precisamente por ello que no solo debe coordinar con la autoridad judicial que ordenó la libertad del impetrante de tutela y la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (establecimiento en el que el accionante se encuentra privado de su libertad) sino debe asumir las medidas administrativas correspondiente con el fin de garantizar los derechos de los privados de libertad. En el caso concreto debe considerarse que el accionante fue expreso al denunciar que posterior al cumplimiento de su condena continuó privado de su libertad, y el Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz ahora demandado no quiso comunicarse con su abogada para constatar la falta de verificación del mandamiento de libertad; al respecto, si bien en antecedentes no se advierte elementos objetivos que permitan corroborar una negativa en la atención por parte de la autoridad administrativa ahora demandada, es necesario considerar que, en virtud al principio de presunción de veracidad que rige en accionantes de libertad (descrito en el Fundamento Jurídico III.3) y ante la falta de presentación de informe correspondiente y la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, se presume que dicha autoridad ahora demandada ciertamente no coordinó ni asumió ninguna medida administrativa que denote conforme a sus atribuciones superviso si efectivamente existía dilación en la verificación del mandamiento de libertad que impediría la salida del accionante del centro penitenciario; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al Director ahora demandado. b) En lo concerniente al Verificador del Régimen Penitenciario, el impetrante de tutela denuncia que el mismo no efectuó la verificación del mandamiento de libertad. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se precisa señalar que cumplida la condena, el interno debe ser liberado en el día sin necesidad de trámites burocráticos ni de formalidades, lo que no implica que no deba verificarse los requisitos necesarios para la ejecución del mandamiento de libertad. Bajo ese comprendido, en el caso concreto, si bien el accionante denuncia una dilación en la verificación del mandamiento de libertad; no obstante, sobre ello el Verificador ahora demandado en el informe oral presentado para la consideración de la acción de libertad, de manera expresa indicó que “…se verificó ese mismo día y se ha tenido dos observaciones (…) hoy por la tarde hace una hora se subsano las observaciones juntamente con el accionado Marco Antonio Laurenty Titiricu y vuelve a reiterar otra verificación (…) el cual ya está siendo procesado en su mandamiento de libertad…” (sic), lo que hace entrever que, el indicado Verificador en conocimiento del mandamiento de libertad si bien efectuó la verificación correspondiente, advirtió una falta de correspondencia entre los datos contenidos en el citada mandamiento y la Sentencia 150/2019; por lo que, observó el trámite con el objeto que se subsanen las observaciones, actuación que desde ningún punto de vista puede ser considerada dilatoria, ya que es la propia jurisprudencia constitucional establece la necesidad de verificación de la autenticidad del mandamiento y de los contenidos en el mismo; sin embargo, lo referido, resulta preciso señalar que, en el trámite se exige la observancia del principio de celeridad, lo que en el caso concreto no fue advertido, ya que, conforme lo expresado por el Verificador si bien hubiese efectuado la verificación del mandamiento de libertad en el mismo día de su remisión o comunicación; sin embargo, no se advierte que, la subsanación de las observaciones se haya coordinado en el mismo día, pues recién se procedió con dicha subsanación una hora antes de desarrollarse la audiencia de consideración de la acción de libertad; por lo que, al no imprimirse la celeridad correspondiente es evidente que el Verificador ahora demandado omitió considerar que cumplida la condena, la privación de libertad no puede mantenerse, pues ello implicaría una detención ilegal e indebida.

Sumado a lo anterior, es necesario considerar que, si bien el Verificador ahora demandado alegó que ya se procedió con el trámite de verificación del mandamiento de libertad, hasta la audiencia de consideración de la acción tutelar, el impetrante de tutela no tuvo conocimiento o se le comunicó la conclusión de la ejecución del citado mandamiento; razón por la que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a este servidor público.

III.6. Otras consideraciones

En el caso concreto, es necesario destacar que conforme establece el art. 29.3 inc. e) del Código Procesal Constitucional (CPCo), la jueza, juez o tribunal de garantías formará un expediente que constará por escrito y estará integrado por “Los documentos que contengan elementos de prueba”; y, conforme prevé el art. 38 de igual cuerpo normativo “La resolución y antecedentes de la acción de defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional…”, preceptos legales que imponen el deber a la jueza, juez o tribunal de garantías de remitir ante este Tribunal, todos los antecedentes o documentación presentada por las partes; pues debe comprenderse que si bien bajo el mandato normativo previsto en el art. 5 del citado cuerpo legal, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede solicitar la remisión de cualquier documento necesario para la resolución del proceso constitucional, es necesario considerar que por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda la acción de libertad su trámite es sumario; siendo precisamente por ello que, la jueza, juez o tribunal de garantías debe cumplir con el mandato previsto en el Código Procesal Constitucional remitiendo toda la documentación necesaria y pertinente que permitan resolver las acciones de defensa sin necesidad de dilaciones. En ese sentido, en el caso concreto, de antecedentes se advierte que, la Jueza de garantías omitió remitir todos los antecedentes que fueron presentados y revisados ante dicha instancia, corresponde exhortar a dicha autoridad para que en actuaciones futuras en las que funja como Jueza de garantías actué conforme la normativa. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 27 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y acceso a la justicia pronta y oportuna vinculados a la dilación en la emisión y ejecución del mandamiento de libertad. 2° EXHORTAR a Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, para que en un futuro en el conocimiento de causa análogas evitar incurrir en omisiones dilaciones indebidas que vulneren derechos de las partes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elisabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”

10 En el tercer Considerando se sostuvo: “…si bien el recurrente fue puesto en libertad después de veinticuatro horas, ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a la recurrida, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley Nº 1836…”

11 En el FJ III.2 se estableció que: “…el hecho de que el recurrente hubiese sido puesto a disposición del Fiscal dentro del plazo de las 8 horas previstas por el art. 227 CPP, no destruye la detención indebida denunciada, pues por prescripción del art. 91-VI de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), aún el acto de persecución o la detención ilegales hubiera cesado, de igual forma se debe realizar la audiencia del Recurso y para el caso de que los presupuestos del art. 18 y 89-I fuesen evidentes se deberá otorgar la protección”.

12 En el FJ III.2 se señaló que: “…El hecho de que el recurrente, posteriormente hubiera sido puesto en libertad, no desvirtúa la ilegalidad del acto restrictivo de su libertad en que incurrió la autoridad demandada, por lo que no puede ser eximida de la responsabilidad emergente del mismo”.

13 En el FJ III.2 se sostuvo que: “Es importante dejar establecido, que, si bien el Fiscal recurrido posteriormente dejó sin efecto los mandamientos de aprehensión, ello no hace desaparecer la ilegalidad de su acto, por lo que debe declararse procedente el hábeas corpus con el objeto de establecer la responsabilidad civil de la autoridad demandada.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0124_2024-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6105c3a64ed6df66f7bfd5ebed6c7157bcf9fb205e4d9c69c4113c5ed4416384

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