B.IA.LEGAL

SCP 0124/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
35630-2020-72-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, a pesar de que se encontraba siendo conducido al aeropuerto de El Alto, a efectos de trasladarse -junto a sus custodios-, a la ciudad de Trinidad, en virtud del Mandamiento de libertad y Mandamiento de Detención Domiciliaria, emitido en su favor por una autoridad judicial competente, el Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, a través de una llamada telefónica, ordenó a sus custodios que fuera reconducido al referido centro penitenciario, vulnerando su derecho a la libertad, e incumpliendo con la disposición judicial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre la ejecución inmediata del mandamiento de libertad; c) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5 de 3 de septiembre de 2020, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada por La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la remisión de antecedentes al Ministerio de Gobierno, para que el mismo mediante la instancia correspondiente, realice la investigación de las irregularidades detalladas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la ejecución inmediata del mandamiento de libertad
  3. III.3. Legitimación pasiva en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 35630-2020-72-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 5 de 3 de septiembre de 2020, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yarline Mendieta Zelada en representación sin mandato de Alex Ferrier Abidar contra Alejandro Terán Zurita Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2020, cursante de fs. 34 a 36 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delitos establecidos en la Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, se le impuso de manera “incorrecta” detención preventiva en el Centro Penitenciario Mocoví; sin embargo, realizada la apelación, obtuvo el beneficio de medidas sustitutivas; entre las cuales, se encontraba la detención domiciliaria; empero, en el transcurso entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, fue trasladado al Centro Penitenciario Chonchocoro; por lo que, mediante Auto de 28 de agosto de 2020, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ordenó al gobernador del referido Centro Penitenciario, su traslado por vía aérea o terrestre con los respectivos custodios a la ciudad de Trinidad.

Emitido el mandamiento de libertad el 1 de septiembre de 2020, suscrito por Alejandro Terán Zurita Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, se programó su viaje y el de sus custodios, por vía aérea el 2 del citado mes y año; por lo que, en la fecha señalada abordaron una movilidad a las 05:30, con dirección al aeropuerto internacional de El Alto; sin embargo, en inmediaciones del ingreso a dicho aeropuerto, el funcionario policial que conducía el motorizado recibió una llamada del Gobernador del referido Centro Penitenciario; el cual, indicó “que lo vuelvan a la cárcel” (sic); lugar en el que se encuentra actualmente -incomunicado-, prolongando su detención preventiva sin fundamento alguno y de manera totalmente ilegal, incumpliendo las órdenes jurisdiccionales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna al efecto.

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene “su inmediata libertad, pidiendo costas al accionado” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia (virtual), se realizó el 3 de septiembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 85 a 89, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado sin mandato, ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: a) “…el articulo 23 numeral 4 de la Constitución Política del Estado establece claramente que los responsables de los Centros de Régimen Penitenciario deberán llevar registro de personas privadas de libertad no recibirán a ninguna persona sin registrar el mandamiento correspondiente…” (sic); b) Cuestionó en virtud de que con que mandamiento es que se lo reingresó al Centro Penitenciario Chonchocoro, si existía un mandamiento de libertad a su favor, emanado de una autoridad competente; c) El Auto de Vista 075/2020 de 24 de agosto, ordenó que el Gobernador del Centro Penitenciario Chonchocoro, dispusiera el traslado de Alex Ferrier Abidar con dos escoltas policiales, orden que no puede ser discutida por un funcionario policial; d) Indican que mediante Oficio CITE MGDGRP-ALC-2097/2020, emitido por el Director General del Régimen Penitenciario, se instruyó dejar en suspenso la ejecución del referido Auto de Vista; empero, el “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre, “salió a las 10:45” (sic); es decir, horas después del traslado de su persona al aeropuerto -06:00-; e) La “Sentencia Constitucional 0287/2017-S2” estableció que los funcionarios policiales y administrativos deben dar cumplimiento inmediato a las órdenes de libertad emanadas de una autoridad competente de las que tengan conocimiento; y, f) En solitud de enmienda y complementación, solicitó se investigue la hora en la que fue notificado con el “Auto Interlocutorio” mencionado, considerando que la interrupción del traslado fue llevado a cabo a horas 06:00 del mismo día en el que fue emitido el señalado “Auto Interlocutorio”.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alejandro Terán Zurita, Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, mediante informe enviado vía WhatsApp, el 3 de septiembre de 2020, cursante de fs. 81 a 83, señaló que: 1) El 20 de agosto de 2020, se recepcionó el ingreso de Alex Ferrier Abidar, en el Centro Penitenciario Chonchocoro, con el fin de ser puesto en detención preventiva, en mérito a la Resolución Administrativa 082/2020, proveniente de la Dirección General del Régimen Penitenciario, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros; 2) Willy Arias Aguilar, Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de exhorto suplicatorio, remitió mandamiento de libertad y mandamiento de detención domiciliaria, el 26 del señalado mes y año; por lo que, Ramiro Quispe Chura, encargado de verificación de mandamientos y correspondencia, se dirigió al juzgado remitente para verificar la autenticidad de dichos documentos; empero, se le informó que tal situación era imposible; puesto que, dicho mandamiento fue librado en el Tribunal Departamental de Justicia de Beni; por lo que, en mérito a dicha situación se remitió el oficio 0577/2020 a la “Dirección Legal y clasificación de Régimen Penitenciario Ministerio de Gobierno”; de modo que, por intermedio de esta, se constate la autenticidad requerida; 3) De este modo se recepcionaron copias legalizadas y exhorto suplicatorio, el 31 de agosto y 1 de septiembre respectivamente, ambos de 2020; los cuales, constatan la autenticidad tanto del mandamiento de libertad, como del mandamiento de detención domiciliaria, indicando además que el ahora accionante debía correr con todos los gastos para su traslado, tanto suyos como los de sus escoltas; 4) El 1 de septiembre del indicado año en estricto cumplimiento del Mandamiento de Libertad se designó a Oliver Miranda Rada, Jefe de Seguridad del Recinto Penitenciario Chonchocorol, para que el 2 del citado mes y año, junto a los escoltas procedieran a trasladar al ahora impetrante de tutela al Centro Penitenciario Mocoví, y posteriormente fuera puesto en detención domiciliaria; 5) Grover Coa Apaza, mediante informe, refiere las razones por las cuales no se concretó el traslado al referido Centro Penitenciario -adjuntó dicho informe-; entre las cuales, está la recepción de una instrucción superior mediante Oficio CITE MGDGRP-ALC 2097/2020, emitido por la Dirección General de Régimen Penitenciario; mismo que, determina “SE DEJA EN SUSPENSO LA EJECUCIÓN DEL AUTO DE VISTA DE 24 DE AGOSTO DE 2020”; situación que, se puede corroborar en el “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre; y, 6) Por todo lo expuesto, la presente acción de libertad es improcedente contra su persona; toda vez que, en ningún momento vulneró derecho alguno con su actuar, más al contrario dio la celeridad pertinente a los mandamientos de libertad y de detención domiciliaria; asimismo, hace notar que su persona en ningún momento dio la orden para el retorno.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 5 de 3 de septiembre de 2020, cursante de fs. 89 a 93, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se evidenció que el demandado cumplió con las actuaciones administrativas pertinentes para dar viabilidad al cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por los Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; por lo que, no se advirtió accionar alguno que demostrara incumplimiento en la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria hasta el 2 de septiembre de 2020; ii) El 2 del referido mes y año, se emitió el “Auto Interlocutorio” 075/2020, en virtud del cual, la Dirección General del Régimen Penitenciario, llamó al conductor del motorizado que trasladaba al ahora peticionante de tutela al aeropuerto; puesto que, mediante Oficio CITE MG-DGRP-ALC 2097/2020, emitido por el director de dicha entidad; se instruyó dejar en suspenso la ejecución del Auto de Vista de 24 de agosto del citado año; iii) El solicitante de tutela, no demostró que Alejandro Terán Zurita -ahora demandado- fue quien dio la orden de regresarlo al Centro Penitenciario Chonchocoro; tampoco se advirtió omisión o negligencia por parte del mismo; por lo que, carecería de legitimidad pasiva en la presente acción tutelar conforme a los antecedentes de hecho a los que hace referencia en su informe y la propia prueba presentada por el accionante; y, iv) El “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre, fue emitido por un Tribunal de Garantías, dentro de una acción de amparo constitucional, como medida cautelar en virtud del art. 34 de la Constitución Política del Eestado (CPE); sin embargo, aun en conocimiento de la referida acción tutelar, el impetrante de tutela presentó esta acción de libertad en comportamiento contrario al establecido en el art. 203 de la norma suprema, que determina: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; asimismo, la jurisprudencia constitucional vigente refirió que resulta improcedente que a través de una acción de defensa, se pretenda cuestionar o impugnar total o parcialmente las decisiones o resoluciones provenientes de autoridades o personas emergentes del cumplimiento de las resoluciones constitucionales, impidiendo de este modo abrir una cadena interminable de acciones de defensa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 26 de agosto de 2021, cursante a fs. 100, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 24 de marzo de 2023 cursante a fs. 148.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1.Cursan, Mandamiento de Libertad y Mandamiento de Detención Domiciliaria, suscritos por Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ambos de 25 de agosto de 2020, en cumplimiento del Auto de Vista 075/2020 de 24 de mismo mes y año (fs. 51 y 52). II.2.Mediante oficio 0577/2020 de 26 de agosto de 2020, dirigido a Vanessa Quispe Copacondo, “Directora Legal y Clasificación de Régimen Penitenciario Ministerio de Gobierno”, se solicitó de manera urgente la certificación del mandamiento de libertad de Alex Ferrier Abidar -ahora accionante-, con el fin de dar cumplimiento al mismo con la mayor celeridad posible; solicitud que, fue reiterada a través de oficio 0580/2020 de 28 del citado mes y año (fs. 54 y 55). II.3.El 1 de septiembre de 2020, Alejandro Terán Zurita -ahora demandado-; a través de Memorándum, designó a Oliver Miranda de Rada, Oficial de Seguridad Interna del Centro Penitenciario Chonchocoro, como custodio de seguridad del ahora peticionante de tutela; el cual, “DEBERÁ SER TRASLADADO A LA CIUDAD DE TRINIDAD-BENI VÍA AEREA, en fecha 2 de septiembre del año en curso a horas 05:30 am en el vehículo del Ministerio de Gobierno hasta el aeropuerto de la ciudad del Alto” (sic); asimismo, consta Orden de Mandamiento de Libertad, suscrito por el demandado en favor de Alex Ferrier Abidar, de la misma fecha. (fs. 70 y 73).

II.4.Por Acta de Entrega de Detenido, el 2 de septiembre de 2020, a horas 06:25, Grover Coa Apaza y Juan Daniel Cutili Manzaneda, funcionarios policiales dependientes del Centro Penitenciario Mocoví, reciben en custodia a Alex Ferrier Abidar, con el fin de dar cumplimiento al Mandamiento de Detención Domiciliaria emitido a su favor (fs. 72). II.5.Por Informe de 2 de septiembre de 2020, Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda, manifestaron que encontrándose junto al ahora solicitante de tutela en inmediaciones del aeropuerto de El Alto, con el fin de abordar el vuelo de la línea aérea Boliviana de Aviación (BOA) con destino a la ciudad de Trinidad, a efectos de dar cumplimiento al Mandamiento de Detención Domiciliaria del mismo; uno de ellos recibió una llamada y posteriormente mensajes de WhatsApp del Coronel Marco Raúl Pérez Aramayo, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, el cual le ordenó regresar al penal de Chonchocoro; enviándole también el Oficio CITE MG-DGRP-ALC 2097/2020, emitido por el Director General de Régimen Penitenciario; “DONDE EN SU PARTE PERTINENTE INSTRUYE QUE SE DEJA EN SUSPENSO LA EJECUCION DEL AUTO DE VISTA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020”

(sic); asimismo, hace notar que el “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre, fue recepcionado en su celular vía WhatsApp a las 10:45 (fs. 78 y 79). II.6.Consta Oficio CITE MG-DGRP-ALC 2097/2020 de septiembre; el cual, refiere que: “se tiene conocimiento que la Sala Constitucional Segunda mediante Auto Interlocutorio N° 075/2020 dispuso: ‘…en aplicación de lo dispuesto por el Art. 34 del Código Procesal Constitucional, como medida cautelar y entre tanto no se resuelva la presente acción en esta Sala Constitucional Segunda, se deja en suspenso la ejecución del Auto de Vista de fecha 24 de agosto de 2020…’, en tal sentido se instruye a usted dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, salvo exista otra disposición judicial” (sic), suscrito por Clemente Silva Ruiz, Director General del Régimen Penitenciario. (fs. 77). II.7.Cursa “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre, emitido en la Sala Constitucional Segunda del departamento de Beni; el cual, señaló la realización de audiencia virtual de acción de amparo constitucional, interpuesta por Guido Melgar Ballerstaedt, Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en contra de Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, el viernes 4 de septiembre de 2020 a horas 11:00; es así que, en aplicación de lo dispuesto por el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), como medida cautelar, se deja en suspenso la ejecución del Auto de Vista de 24 de agosto de 2020 (fs. 80 y vta.) II.8.Consta Acta de entrega del accionante a horas 11:00 del 2 de septiembre de 2020; por el cual, Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda, se hicieron presentes al Centro Penitenciario Chonchocoro y entregaron “sof. 2do Simón Valdez M.” (sic), la custodia del impetrante de tutela, en virtud de Oficio CITE MG-DGRP-ALC- 2097/2020 y del “Auto Interlocutorio” 075/2020. (fs. 76).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, a pesar de que se encontraba siendo conducido al aeropuerto de El Alto, a efectos de trasladarse -junto a sus custodios-, a la ciudad de Trinidad, en virtud del Mandamiento de libertad y Mandamiento de Detención Domiciliaria, emitido en su favor por una autoridad judicial competente, el Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, a través de una llamada telefónica, ordenó a sus custodios que fuera reconducido al referido centro penitenciario, vulnerando su derecho a la libertad, e incumpliendo con la disposición judicial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) Sobre la ejecución inmediata del mandamiento de libertad; c) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad; misma que, en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE por parte del Tribunal Constitucional, como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de los privados de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como eran el habeas corpus preventivo y correctivo, señalando que la jurisprudencia 1 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 2 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.

constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retarden o eviten resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.”

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad; mismas que, son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

III.1.1.Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando subreglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

1) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre)

2) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo)

3) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero)

4) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio)

5) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

“ d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “

Asimismo, la 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:

“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.” Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva. Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o 4 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” 5 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”

De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.2. Sobre la ejecución inmediata del mandamiento de libertad

El art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, prevé que: “Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan”

Sin embargo, la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.3, dejó establecido que:

“Cabe aclarar igualmente que el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento (…)”.

Al respecto, la SCP 0775/2016-S1 de 10 de agosto, invocando la SC 0365/2011-R de 7 de abril, mencionó que:

“…por lo tanto los encargados de las prisiones a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo.”

Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad…” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Conforme a lo desarrollado ut supra se hace evidente que si bien el art. 39 de la Ley 2298, refiere que el mandamiento de libertad debe ser efectivizado en el día y sin trámite alguno; empero, conforme a la ampulosa jurisprudencia constitucional desarrollada por este Magno Tribunal, se hace evidente la interposición de dos condicionantes a cumplirse previo a la efectivización del mandamiento de libertad; las cuales deberán ser realizadas con la mayor celeridad posible, y se encontraran bajo directa responsabilidad del Director del establecimiento Penitenciario; quien, a través de los medios y personal correspondiente, deberá verificar: i) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, ii) Si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo; ello, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0187/2018-S2; la cual, entendió que:

“… los arts. 58 y 59.9 de la LEPS, establecen que el Director del establecimiento penitenciario es el responsable del manejo y funcionamiento del mismo, por encontrarse a su cargo; constituyéndose en una de sus atribuciones mantener actualizado el registro penitenciario; lo cual concuerda con lo previsto en el art. 2.8 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, aprobado por Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, que señala como una atribución de los funcionarios de la administración penitenciaria y de los administradores de justicia, la de: “Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, y el día y hora de su admisión y puesta en libertad”; por consiguiente, recibido un mandamiento de libertad, emanado de autoridad competente, los encargados de las prisiones, están obligados a su cumplimiento inmediato, con la finalidad de evitar lesionar derechos y garantías del detenido; debiendo verificar si existen o no, otros mandamientos contra el imputado; y si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, se tiene que solicitar sin demora, toda la información que sea pertinente y revisar los registros existentes antes de dar curso al mismo”.

Actuaciones que son exigibles y no representaran vulneración a los derechos del privado de libertad.

III.3. Legitimación pasiva en la acción de libertad

Respecto a la Legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la Acción de Libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados. Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, que razono en sentido que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Entendimiento que ha sido reiterado en la amplia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional como ser en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales. Como se puede advertir, la jurisprudencia señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegado, se mantuvo a lo largo de la historia de la jurisprudencia constitucional. El mismo razonamiento fue seguido por la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

“Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.I de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar”.

Por último, en atención al principio de informalismo de la acción de libertad, ante actos vulneratorios que afectan el derecho a la libertad personal cometidos por funcionarios públicos, en los que solo es posible identificar la institución y el cargo jerárquico, sin que se tenga la posibilidad de individualizar a los funcionarios ni al titular del cargo jerárquico de la entidad, es posible demandar al cargo jerárquico, para que tenga la posibilidad de asumir defensa, informar y en su caso desvirtuar los hechos denunciados.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, a pesar de que se encontraba siendo conducido al aeropuerto de El Alto, a efectos de trasladarse -junto a sus custodios-, a la ciudad de Trinidad, en virtud del Mandamiento de libertad y Mandamiento de Detención Domiciliaria, emitido en su favor por una autoridad judicial competente, el Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, a través de una llamada telefónica, ordenó a sus custodios que fuera reconducido al referido centro penitenciario, vulnerando su derecho a la libertad, e incumpliendo con la disposición judicial. En ese orden, conocidos los antecedentes del proceso, los Fundamentos Jurídicos y de los datos anotados en las Conclusiones que forman parte de la estructura de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, Alex Ferrier Abidar, fue beneficiado con la sustitución de su detención preventiva por la detención domiciliaria, emitiéndose al efecto Mandamientos de Libertad y de Detención Domiciliaria, ambos de 25 de agosto de 2020, suscritos por Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, (Conclusión II.1.); ante lo cual, el Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, a través de Oficio 0577/2020 de 26 del citado mes y año, solicitó la certificación del Mandamiento de Libertad -con carácter urgente-, a la Directora legal y Clasificación de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno; solicitud que, fue reiterada por oficio 0580/2020 de 28 de idéntico mes y año (Conclusión II.2.); es así que, el 1 de septiembre de 2020, con la certificación correspondiente, el ahora demandado emitió la orden de Mandamiento de Libertad en favor del peticionante de tutela; así como, el Memorándum de igual fecha; por el cual, se designó a Oliver Miranda de Rada como custodio de seguridad del ahora solicitante de tutela; quien a su vez, realizó la entrega por acta del ahora accionante el 2 de similar mes y año, a Grover Coa Apaza y Juan Daniel Cutili Manzaneda, ambos dependientes del Centro Penitenciario Mocoví (Conclusiones II.3. y II.4). Se tiene que por Informe de 2 de septiembre de 2020, Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda, manifestaron que encontrándose junto al ahora impetrante de tutela en inmediaciones del aeropuerto de El Alto, con el fin de abordar el vuelo de la línea aérea BOA con destino en la ciudad de Trinidad, a efectos de dar cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria del mismo; uno de ellos recibió una llamada y posteriormente mensajes de WhatsApp de Marco Raúl Pérez Aramayo, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, el cual le ordenó regresar al Centro Penitenciario Chonchocoro; enviándole también el Oficio CITE MG-DGRP-ALC 2097/2020 de septiembre, emitido por el Director General de Régimen Penitenciario; “DONDE EN SU PARTE PERTINENTE INSTRUYE QUE SE DEJA EN SUSPENSO LA EJECUCION DEL AUTO DE VISTA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020” (sic); asimismo, hicieron notar que el “Auto Interlocutorio” 075/2020, suscrito por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Beni, fue recepcionado en su celular vía WhatsApp a las 10:45, corroborando el señalado oficio (Conclusiones II.5, II.6 y II.7.); así, conforme al acta de entrega del accionante de las 11:00 del 2 de septiembre de 2020, Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda, se hicieron presentes al Centro Penitenciario Chonchocoro y entregaron la custodia del impetrante de tutela al “sof. 2do Simón Valdez M.” (sic), en virtud del Oficio 207/2020 y del “Auto Interlocutorio” 075/2020 (Conclusión II.8).

Ahora bien, la presente acción de libertad fue interpuesta en su modalidad traslativa o de pronto despacho; la cual, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, tiene como finalidad que las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; puesto que, generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales; empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones. Conforme a esta interpretación y de lo esgrimido por el peticionante de tutela, la denuncia contra Alejandro Terán Zurita, Director a.i. del Centro Penitenciario Chonchocoro, es alegada bajo el supuesto de que cuando Alex Ferrier Abidar y sus custodios Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda se encontraban por inmediaciones del aeropuerto de El Alto, con el fin de dar cumplimiento a los Mandamientos de Libertad y de Detención Domiciliaria emitidos en favor del solicitante de tutela;

el demandado -a través de una llamada telefónica- ordenó a los referidos custodios que se reingresara -al ahora accionante-, al mencionado penitenciario, incumpliendo de este modo con lo dispuesto por una autoridad judicial competente; consecuentemente, se procederá al análisis de lo vertido por el impetrante de tutela. De tal modo que, identificada la problemática planteada y en conocimiento de los informes y pruebas adjuntadas, es preciso señalar que el demandado al ser notificado con los Mandamientos de Libertad y de Detención Domiciliaria, solicitó de manera urgente la certificación de veracidad de las mismas; a efectos de, con la mayor celeridad posible, dar cumplimiento a lo determinado por la autoridad judicial -conforme se puede evidenciar de los oficios 0577/2020 y 0580/2020-; asimismo, una vez recibido lo solicitado, procedió a la emisión de la orden de libertad en favor del peticionante de tutela; así como, del memorándum de designación de custodio, ambos de 1 de septiembre de 2020; todo ello, en cumplimiento de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; a través del cual, se hace evidente la interposición de dos condicionantes a cumplirse previo a la efectivización del mandamiento de libertad; las cuales deberán ser realizadas con la mayor celeridad posible, y se encontraran bajo directa responsabilidad del Director del establecimiento Penitenciario, quien a través de los medios y personal correspondiente, deberá verificar: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Si el mandamiento de libertad presentado es auténtico; para lo cual, deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo, actuaciones que son exigibles y no representaran vulneración a los derechos del privado de libertad; por lo que, es evidente que durante todas estas actuaciones el ahora demandado no cometió vulneración alguna de derechos o garantías constitucionales. Ahora bien, a través del informe de Grover Coa Apaza y Daniel Cutili Manzaneda, custodios del solicitante de tutela al momento de concretarse la supuesta vulneración; se evidencia que, estos refieren que recibieron la llamada de WhatsApp por parte del “Cnl. Marco Raúl Pérez Aramayo, Director Nacional de Seguridad Penitenciaria” (sic); el cual, dio la orden de reconducir al accionante al Centro Penitenciario Chonchocoro, enviando a su vez el Oficio CITE MGDGRP-ALC-2097/2020, suscrito por Clemente Silva Ruiz, Director General de Régimen Penitenciario -Conclusión II.6 -.

Al respecto, nótese que el “Auto Interlocutorio” 075/2020, determino: “se deja en suspenso la ejecución del auto de vista de fecha 24 de agosto de 2020…” (sic); el cual, fue notificado a los custodios del impetrante de tutela a horas 10:45 del 2 de septiembre de 2020; por lo que, se reingreso a Alex Ferrier Abidar a las 11:00 horas del mismo día -conforme el acta de entrega (Conclusión II.8.)-; es así que, por lo desarrollado supra, resulta evidente que la decisión asumida por los custodios fue en virtud de un oficio emitido por el Director General del Régimen Penitenciario; mas no así, debido a intervención del ahora demandado; consecuentemente, dentro del marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional, corresponde precisar que los actos denunciados no son atribuibles al ahora demandado; por lo que, el mismo carece de legitimación pasiva al no haber sido quien incurrió en acto ilegal u omisión indebida; es así que, corresponde denegar la tutela impetrada en virtud de la falta de legitimación pasiva del demandado respecto a los hechos denunciados. Asimismo, es menester de esta instancia constitucional aclarar que las actuaciones referentes a los custodios, o cualquier otro que no fue demandando en la presente acción de libertad, resultan de imposible análisis por parte de este Magno Tribunal al estar impedido de ingresar al fondo de tales actuaciones, en respeto del derecho a la defensa de los citados, puesto que estos no fueron demandados en la presente acción tutelar.

III.4. Otras consideraciones

Conforme a lo evidenciado del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, es menester de este Magno Tribunal, no quedar indiferente ante los hechos fuera de norma identificados durante la resolución del presente caso; es así que, esta Sala en procura de cumplir fehacientemente el deber de velar por la justicia, proteger el Estado de Derecho, y procurar el cumplimiento de la Ley en beneficio de la población Boliviana, en virtud del informe emitido por Grover Coa Apaza y Juan Daniel Cutili Manzaneda, evidencia que el traslado para el reingreso del ahora peticionante de tutela al Centro Penitenciario Chonchocoro, fue realizado en mérito a una llamada telefónica -WhatsApp-; situación que, resulta totalmente contraria al ordenamiento jurídico; por cuanto, el mandamiento de libertad y el de detención domiciliaria dictados a favor de Alex Ferrier Abidar fueron suscritos por una autoridad judicial competente -cumpliendo todas las formalidades de rigor-; es así que, dichos mandamientos no podían ser incumplidos por el simple hecho de recibir una llamada telefónica -en este caso del Director Nacional de Seguridad Penitenciaria-. Ahora bien, cursa a fs. 77 Oficio CITE MG-DGRP-ALC-2097/2020, de “septiembre de 2020” (sic); mediante la cual, Clemente Silva Ruiz, Director General del Régimen Penitenciario, ordenó a Grover Coa Apaza y Juan Daniel Cutili Manzaneda dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Auto Interlocutorio” 075/2020 de 2 de septiembre; empero, el referido Auto fue notificado entre las 11:00 y 12:30 de igual fecha -conforme a las notificaciones cursantes de fs. 138 a 143-; por lo que, no podía haberse emitido disposición alguna por parte de ninguna autoridad, antes de que el accionante abordara el vuelo previsto para las 08:00 horas en la referida fecha; consecuentemente, corresponde disponer la investigación de estas irregularidades mediante la instancia correspondiente. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5 de 3 de septiembre de 2020, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada por La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la remisión de antecedentes al Ministerio de Gobierno, para que el mismo mediante la instancia correspondiente, realice la investigación de las irregularidades detalladas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

3 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”

6 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

7 Ley 2298 -Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001-

8 “En consecuencia, los encargados de los centros penitenciarios, tienen la obligación de verificar la autenticidad del mandamiento de libertad e inexistencia de otros mandamientos pendientes, más, no llevar adelante acciones dilatorias, que no están establecidas dentro de las atribuciones conferidas, las que vulnerarían el derecho a la libertad del imputado y mantendrían su detención preventiva de forma indebida.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0124_2023-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 73ca06abeb08d32e8c577815800ae3cc6e33d6ca1f2301d490915595ba1e243c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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