B.IA.LEGAL

SCP 0123/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50353-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal referida, ahora demandados, hasta la fecha de presentación de su acción no devuelven su expediente al Juzgado de origen, después de la consideración en dicha Sala de su recurso de apelación incidental planteado contra la resolución de aplicación de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, sobre la base de los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y dilación indebida; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iv) El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que los funcionarios demandados en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, devuelvan el cuaderno de apelación al Juzgado de origen, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se hubiera cumplido con dicha actuación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0123/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50353-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Quevedo Torrez en representación sin mandato de Roberto Vargas Yujra contra José Andrés Escobar Lecoña, Secretario; Jorge Alejandro Luna Mena, Auxiliar; y, Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias, todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 4 a 5 y vta., el accionante a través de su representante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 28 de julio de 2022 se efectuó audiencia de consideración de medidas cautelares en la que fue beneficiado con la medida sustitutiva a la detención preventiva consistente en detención domiciliaria, la cual apeló incidentalmente solicitando que sea con salida laboral; en consecuencia, su proceso fue remitido a la “Sala Penal Segunda”. Celebrada la audiencia de apelación el 3 de agosto del mismo año, su expediente no fue devuelto al Juzgado de origen, transcurriendo nueve días desde que se realizó la audiencia de apelación, en los que al encontrarse con detención domiciliaria, es su padre Ruperto Vargas Caballero quien se encarga de realizar las gestiones de su proceso en conjunto a sus abogados, viéndose limitado de solicitar audiencia de modificación de medidas cautelares porque no se devolvió el expediente de referencia, obteniendo respuestas negativas y dilatorias por parte de los funcionarios de la Sala mencionada percibiendo inclusive parcialización en su contra.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponer se remita el expediente al juzgado de origen, sea con todas las formalidades.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 12 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta.; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los términos de su demanda tutelar; y, en audiencia agregó que: a) Su proceso se encuentra radicado en el “juzgado primero de instrucción anticorrupción de la ciudad de El Alto” (sic) en el cual, el 8 de agosto de 2022 presentó memorial solicitando señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares que fue respondido mediante decreto de 9 de igual mes y año, donde le indicaron que previamente debe llegar el cuaderno remitido en apelación; b) Se está vulnerando sus derechos al debido proceso, a la defensa y el principio de celeridad, por cuanto en varias oportunidades se apersonó mediante sus abogados ante el Tribunal de apelación, dejando recaudos inclusive en la suma de Bs20.- (veinte 00/100 bolivianos); a fin de que se pueda remitir dichos actuados al Juzgado de origen, sin embargo le indican que su expediente estuviera con el dactilógrafo para transcripción; c) Conforme a la SC “248/2012” toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables; de esta manera se lesiona su derecho a la libertad porque solicitó la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra en busca de una salida laboral, debido a que tiene deudas bancarias e hijos que mantener; y, d) Asimismo considera que existe vulneración de su derecho al trabajo toda vez que cumplía funciones en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); y está a punto de perder su trabajo porque “…se ha culminado la fecha específica hasta este viernes (…) para que él pueda apersonarse a su fuente laboral” (sic) causándole un enorme perjuicio.

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados

José Andrés Escobar Lecoña, Secretario; Jorge Alejandro Luna Mena, Auxiliar; y, Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias, todos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitieron informe escrito ni se hicieron presentes en la audiencia, pese a sus legales citaciones cursantes de fs. 7 a 9.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 y vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: 1) Si bien de acuerdo, el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que todos los plazos son perentorios e improrrogables y que deben ser cumplidos por todas las autoridades jurisdiccionales a objeto de no vulnerar derechos y garantías constitucionales; en el caso concreto el accionante manifiesta haber presentado recurso de apelación incidental que fue considerado el 3 de agosto de 2022, en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, a objeto de demostrar la existencia de esa audiencia adjunta una impresión a color de una comunicación de WhatsApp que dice “13:46 minutos” no estableciendo de qué fecha es, simplemente hay un saludo a una persona indicando que es el padre del ahora accionante y pide saber si ya se remitieron los antecedentes al Juzgado de origen; y la segunda impresión señala “…oficial de diligencia sala penal y con el número de celular 8 de febrero de 2021…” (sic); 2) Si bien la jurisprudencia constitucional estableció que la acción de libertad está caracterizada por el principio de informalismo también instituyó a través de la SC 0102/2003-R de 27 de enero, que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga para demostrar la existencia del acto lesivo que hubiera vulnerado sus derechos y en caso de no poder presentar la prueba idónea, la parte debe señalar el porqué del impedimento; y, 3) Bajo el principio de la sana crítica en audiencia se escuchó mencionar a la parte accionante que hubiera presentado un memorial al Juez de la causa solicitando audiencia de modificación de medidas cautelares; formulado recurso de apelación incidental y que su audiencia de consideración se habría efectuado el 3 de agosto de 2022; sin embargo no adjunta documentos que puedan llevar a una valoración correcta de lo expresado, desconociendo por qué no tiene esa documentación, extrañando inclusive el memorial de apelación, el señalamiento de audiencia, solicitud de modificación de medidas cautelares que se hubiera presentado ante el Juzgado del control jurisdiccional, entre otros, esto a objeto de realizar una valoración correcta; por lo expuesto al no contar con ningún elemento objetivo que pueda valorar para comprobar si realmente existe incumplimiento del plazo corresponde su denegatoria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Vargas Yujra -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante su recurso de apelación que fue considerado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, éste denuncia que, hasta la fecha de presentación de su acción, su expediente no fue devuelto al Juzgado de origen (fs. 4 a 5 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal referida, ahora demandados, hasta la fecha de presentación de su acción no devuelven su expediente al Juzgado de origen, después de la consideración en dicha Sala de su recurso de apelación incidental planteado contra la resolución de aplicación de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, sobre la base de los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y dilación indebida; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iv) El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, desarrolló el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 20013 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

3El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre6, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril7, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos 6El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

7El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (… [las negrillas son añadidas]).

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las SSCCPP 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia 8El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparece a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.4. El plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0227/2019-S2 de 1 de mayo, sobre el intitulado estableció que: Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 establece que:

…el art. 251, (…) , señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas.

III.5. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandados, hasta la fecha de presentación de su demanda tutelar no devuelven su expediente al Juzgado de origen después de la consideración de su recurso de apelación incidental en dicha Sala contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares. Ahora bien, inicialmente resulta importante señalar que la vulneración o amenaza a derechos fundamentales, como la vida, la libertad física y la locomoción, no necesariamente proviene de actos estrictamente jurisdiccionales sino también las acciones u omisiones de carácter administrativo también pueden generar afectaciones a estos derechos. En este contexto, la Ley del Órgano Judicial establece que los servidores de apoyo judicial que comprenden al conciliador, secretario, auxiliar y oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones se regulan en los arts. 83 al 106 de dicha norma orgánica. Para determinar la legitimación pasiva en una acción de libertad contra estos servidores, debe analizarse si la vulneración denunciada proviene del incumplimiento de sus funciones legales o de la desatención de órdenes superiores. En tal caso, estos funcionarios pueden ser considerados responsables, ya que las afectaciones a los derechos fundamentales no derivan exclusivamente de decisiones jurisdiccionales, sino también de omisiones administrativas, tales como la falta o tardanza en la elaboración del cuaderno de apelación, el incumplimiento de plazos para remitir antecedentes a la instancia superior, la demora en devolver el cuaderno de apelación incidental al juzgado de origen tras la Resolución del recurso, la inadecuada o extemporánea elaboración de actas, la omisión o retraso en la notificación a las partes, especialmente en audiencias de medidas cautelares entre otras; irregularidades pueden repercutir negativamente en el ejercicio de derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables. No obstante, ello no exime al juez o tribunal de su deber de supervisar el desempeño del despacho judicial. Como autoridad con facultad jurisdiccional, le corresponde impartir instrucciones y hacer seguimiento a su cumplimiento. Si tales directrices no se acatan, también recae sobre la autoridad judicial una cuota de responsabilidad, ya que tiene el deber último de velar por el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo. Por lo tanto, el correcto ejercicio de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo como a las autoridades judiciales. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de funciones no pueden atribuirse a una sola persona o jerarquía, pues cada servidor público debe actuar conforme a las normas que rigen su desempeño, especialmente cuando de ello depende la protección de los derechos fundamentales garantizados en el presente proceso jurisdiccional. Así de acuerdo con el art. 94.I.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los secretarios de sala, tribunales y juzgados tienen la obligación de supervisar y controlar las labores del personal de apoyo judicial. En este sentido, el secretario de cámara no solo participa en la tramitación de los expedientes, sino que también debe velar por el cumplimiento de las funciones asignadas a los auxiliares y oficiales de diligencias. Por otro lado, los arts. 101 y 104 de la LOJ establecen que los auxiliares judiciales colaboran con los secretarios en la recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, copia de resoluciones y atención a abogados y litigantes, en cuanto a los oficiales de diligencias, se les asigna funciones como notificar y emplazar a las partes, ejecutar mandamientos y custodiar actuaciones judiciales, lo que implica la obligación de garantizar que los documentos sean debidamente anexados a los expedientes y remitidos en los plazos establecidos.

Al respecto, también resulta necesario remitirnos al principio de presunción de veracidad, descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional al efecto, se tomará como ciertos los extremos relatados por el solicitante de tutela en el memorial de acción de libertad, como de la ampliación efectuada en audiencia; toda vez que, el secretario de cámara, la auxiliar y el oficial de diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-; pese a su notificación no presentaron informe desvirtuando los hechos lesivos del derecho a la libertad del accionante ni concurrieron a la audiencia de la presente acción tutelar. Ahora bien, siendo que en lo principal el accionante denuncia dilación en la devolución del cuaderno de apelación por parte de los funcionarios demandados, es preciso mencionar que a pesar de que la norma procesal penal no señala un plazo para la devolución del mismo por parte del Tribunal ad quem al juzgado de origen; la doctrina constitucional, a fin de otorgar seguridad jurídica a los encausados estableció que el Tribunal superior una vez resuelta la apelación debe remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.4), no obstante lo anotado, en el caso en revisión, conforme indica el ahora accionante, desde la fecha de celebración de la audiencia de apelación incidental -3 de agosto de 2022- hasta la interposición de esta acción de libertad -12 de igual mes y año-, el legajo de apelación no fue devuelto al Juzgado de origen, habiendo transcurrido siete días hábiles, de lo cual se tiene que inobservaron la jurisprudencia establecida por este Órgano constitucional, así como los arts. 115.I y 180.I de la Norma Suprema, que establece actuar con la mayor celeridad posible en todas aquellas solicitudes efectuadas por una persona privada de libertad; desidia y demora que repercute en el principio de celeridad como elemento del debido proceso, así como en el derecho a la libertad del demandante de tutela. Bajo esa lógica, dicho principio informador del ordenamiento jurídico -celeridad- debió ser observado en virtud al principio de la función pública estipulado en el art. 235.2 de la CPE, que consagra que es obligación de todo servidor público: “Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública” es decir que estaban compelidas de agilizar la devolución del legajo al Juzgado de origen; sin embargo, al no haber obrado de esa forma -se reitera- lesionaron el derecho a la libertad del demandante de tutela, quien con el fin de mejorar su situación jurídica formuló solicitud de modificación de medidas cautelares -requiriendo una salida laboral en su detención domiciliaria-, que fue rechazada condicionándose su consideración hasta en tanto no retorne el expediente al juzgado, situación que repercutió negativamente en la situación jurídica del accionante.

Así, conforme a los fundamentos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, en los casos vinculados con el derecho a la libertad, las solicitudes deben sustanciarse dentro de los plazos legales o, excepcionalmente, en términos temporales razonables. La inobservancia de este principio constituye una indebida restricción del derecho a la libertad y habilita la activación de la acción de pronto despacho como mecanismo constitucional para garantizar el derecho afectado por la dilación en la resolución de estas solicitudes; consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada. Consecuentemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que los funcionarios demandados en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con el presente fallo constitucional, devuelvan el cuaderno de apelación al Juzgado de origen, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se hubiera cumplido con dicha actuación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0123_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 39f172e64b1fbb3e637a142f24504abe1495c42c47c6929cb32eaa554bbe9899

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