B.IA.LEGAL

SCP 0121/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 3 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46167-2022-93-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición, a la propiedad y al “pago de justiprecio”, aduciendo que, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, José Muñoz Mejia, Subalcalde del Distrito IV - San Antonio, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dieron respuesta formal, oportuna, motivada y con respaldo técnico a las notas presentadas el 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019, 21 de julio; y, 8 y 24 de septiembre y 8 de octubre de 2021, respecto a la restitución de su bien inmueble signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Cuarto Centenario de la referida urbe, o la expropiación y pago de justo precio en su caso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 258/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a las peticiones efectuadas en las notas de 21 de julio, 8 y 24 de septiembre; y, 8 de octubre de 2021, debiendo las autoridades demandadas otorgar respuestas claras, precisas y de forma razonable a cada una de ellas, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR, en relación a las solicitudes de 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018 y 12 de febrero de 2019.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. El derecho de petición: su contenido y alcances de acuerdo a la CPE y la jurisprudencia constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0121/2023-S2 Sucre, 3 de abril de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 46167-2022-93-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 258/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosa Velasco de Guerrero contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, José Francisco Muñoz Mejia, Subalcalde del Distrito IV - San Antonio, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2021, cursante a fs. 1 y 21 a 27, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Escritura Pública 1105 de 5 de octubre de 1994, adquirió el lote de terreno signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Villa Cuarto Centenario de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 265 m, debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Partida 01272398 de 7 de octubre de 1994, Matrícula 2.01.0.99.0183275, Código Catastral 34-107-04, contando con servicios básicos de agua y energía eléctrica, y cancelados los impuestos hasta 2020. La Unidad de Normas y Fiscalización de la Subalcaldía del Distrito IV - San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante Memorándum 385/03 de 24 de octubre de 2003, le instruyó a presentarse en sus oficinas con la documentación inherente a su derecho de propiedad; posteriormente, por Memorándum 279/06 de 2 de agosto de 2006, el Área Técnica Distrito IV de dicho Municipio, le hizo conocer que, sobre la av. Mejillones de esa urbe se desarrollarían trabajos de estabilización, comunicado al cual accedió voluntariamente; por lo que, los empleados del referido Gobierno Autónomo Municipal ingresaron a dichos predios, demoliendo todas las construcciones existentes, procediendo a la remoción y aplanado del lote en cuestión mediante tractores y movilidades que yacen en el lugar, en el cual también levantaron una caseta provisional sin que se pueda acceder a la propiedad. No obstante que el citado ente municipal nominó una comisión de inspección dependiente de la referida Subalcaldía para que efectúen la verificación y medición de los predios in situ y en su mérito eleven un informe, no le hicieron conocer el resultado del mismo. El 28 de junio de 2018, solicitó un informe conclusivo referido a la titularidad absoluta del lugar que dicho Municipio estaría usufructuando sin ningún tipo de compensación; petición que reiteró el 12 de febrero de 2019. El 30 de septiembre de 2020, sin otorgar una respuesta motivada con respaldos técnicos y jurídicos sobre la reposición de su bien inmueble, le hicieron entrega del Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 310/2019 de 5 de junio, el cual calificó erróneamente su propiedad como “aire de rio”, propiamente del río Orkojahuira, y que por ello, se constituía en propiedad municipal, aspecto absolutamente contrario a los documentos que acreditaban su pertenencia. Hasta la fecha de interposición de este mecanismo de defensa, presentó memoriales el 22 de agosto de 2013 (número de registro 86940), 28 de junio de 2018 (número de registro 44057) y 12 de febrero de 2019 (número de registro 9453); así como, tres oficios de 21 de julio (con números de registro 40503, 40524 y 40586, respectivamente), 8 de septiembre (número de registro 54817) y 8 de octubre de 2021 (número de registro 64449), conminándose en el último a la entidad demandada a emitir una respuesta formal y fundamentada; empero, ninguna mereció respuesta. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al no reponer el bien inmueble que ocupa de manera ilegal, estaría afectando su derecho a la propiedad consagrado en el art. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, en el hipotético caso de pretender apropiarse el mismo, debió generarse un proceso de expropiación y correspondiente pago de indemnización justa (justiprecio).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos a la petición, a la propiedad y al “pago de justiprecio”, citando al efecto los arts. 24 y 56.I de la CPE; 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, responda a las notas presentados el 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019, 21 de julio de 2021 -con números de registro 40503, 40524 y 40586, respectivamente-, 8 de septiembre de 2019 y 8 de octubre de 2021; y, b) Informe y fundamente la razón por la que dicho ente edil afirmó que su bien inmueble era de propiedad municipal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 64 a 71, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus abogados, ratificó los argumentos de su demanda tutelar, y ampliándolos manifestó que: 1) Mediante nota de 2 de agosto de 2006, a petición del entonces Director de Cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, autorizó y consintió el ingreso de personeros de dicho ente edil al terreno de su propiedad, con el objeto de realizar la estabilización, no únicamente de su lote, sino de toda la zona, constando un compromiso firmado el 3 de igual mes y año; 2) A partir de esa gestión, no tenía la posesión de dicha propiedad; es por ello que, mediante nota de 10 de agosto de 2007, solicitó la reconstrucción de tres cuartos del predio; asimismo, pidió la reinstalación de los servicios básicos con los que contaba; 3) El 25 de febrero de 2008, hizo conocer a la referida entidad municipal el despojo de su propiedad desde 2006; 4) Ante esa situación, no estuvo pasiva, sino que siguió enviando notas con el objeto que se le restituya el inmueble del cual es dueña; 5) Fue hasta 2020, que el Alcalde demandado, mediante Nota CITE: SASA.DIFT/UDFDPM 292/2020 de 30 de septiembre, le comunicó que la propiedad pertenecía o estaba en aire del río Orkojahuira; por lo que, era propiedad municipal; circunstancia por la cual, en distintas oportunidades presentó notas de 8 y 24 de septiembre y 8 de octubre de 2021, con el objeto que le restituya su terreno o, en su caso se le cancele el justiprecio; 6) Se solicitó el acceso al bien inmueble de manera formal y de la misma manera tenía que ser respondida; 7) Presentó innumerables escritos pidiendo una respuesta fundada, motivada, congruente y amplia; así como, arrimó prueba documental que demuestra que el aludido Gobierno Autónomo Municipal actuó de forma correcta; o en su caso, poder controvertir si correspondía; 8) Enterada la parte demandada de la acción constitucional interpuesta, emitió la Nota CITE: GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM/ 277/2021 de 15 de octubre, firmada por el Jefe de Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Propiedad Municipal de la Subalcaldía del Distrito IV - San Antonio del referido Gobierno Autónomo Municipal, aludiendo haber otorgado respuesta a sus solicitudes, indicando que eran copropietarios -aspecto totalmente falso-; y, si respondieron, debieron adjuntar la documentación que citaba; 9) Como persona jurídica, tenían la obligación de asumir los hechos que acontecieron por más de diecinueve años;

10) La afirmación del referido ente edil fue contradictoria, cuando les otorgó el catastro, permitió el pago de impuestos; empero, le manifestaron que no era su terreno y que los propietarios eran ellos; 11) Su petitorio fue concreto en cuanto a que se dé respuesta a todas las notas presentadas y de forma documentada; 12) Si contestaron, la misma no fue satisfecha; 13) El “día de ayer” le llegó una nota producto de la notificación con la presente acción tutelar, supuestamente atendiendo las restantes cartas que presentó, siendo la misma sin motivación, fundamentación ni congruencia que hubiese reparado su derecho a la petición, siendo una contestación inadecuada a la contenida en la nota de 30 de noviembre -no refirió el año-; 14) Fueron nueve cartas enviadas desde el 2013 hasta la última de 8 de octubre de 2021; y, 15) La nota de 22 de agosto de 2013 fue dirigida al Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; los de data de 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019, 21 de julio, 8 y 24 de septiembre, y 8 de octubre de 2021, al Subalcalde del Distrito IV - San Antonio; otras dos de 21 de julio de igual año, al Alcalde demandado y Director Jurídico de ese ente edil.

I.2.2. Informe del demandado

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, José Francisco Muñoz Mejia, Subalcalde del Distrito IV - San Antonio, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante informe escrito presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 58 a 63, a través de sus representantes manifestaron que: i) De la revisión de antecedentes la impetrante de tutela ingresó por el Sistema de Tramites Municipales (SITRAM) del referido ente edil, los siguientes oficios: “1.- Sitr@m versión anterior N° 86940 de 22 de agosto de 2013 2.- Sitr@m 24/7 N° 44057 de fecha 28 de junio de 2018 3.- Sitr@m 24/7 N° 9453 de fecha 12 de diciembre de 2019 4.- Sitr@m 24/7 N° 40503 de fecha 21 de julio de 2021 5.- Sitr@m 24/7 N° 40524 de fecha 21 de julio de 2021 6.- Sitr@m 24/7 N°40586 de fecha 21 de julio de 2021 7.- Sitr@m 24/7 54817 de fecha 8 de septiembre de 2021 8.- Sitr@m 24/7 N° 64449 de fecha 8 de octubre de 2021” (sic); las que cursaban sobre derechos constituidos por el aludido Gobierno Autónomo Municipal a través de registros vigentes en la oficina de DD.RR. y sobre los cuales, la accionante oponía sus intereses alegando también titularidad; extremos que deberán ser resueltos por autoridad jurisdiccional, si correspondería; ii) Las peticiones estaban fusionadas en dos trámites: el 30916, conteniendo al 86940, 44057 y 9453; y, el 64449, abarcando los trámites 40503, 40524, 40586 y 54817, a su vez agrupados al 59969; iii) En relación al trámite del SITRAM 30916, el memorial presentado el 22 de agosto de 2013 con registro 86940, fue presentado a la Dirección Jurídica del referido Gobierno Autónomo Municipal, fusionada a la Hoja de Ruta 30916, que contaba con respuesta a la accionante con Nota CITE: SASA/DIFT/UDFDPM 292/2020; el escrito de 28 de junio de 2018, exteriorizado al Alcalde demandado, reunida a la Hoja de Ruta referida supra; el memorial de 12 de febrero de 2019, con registro 9453, presentado al Subalcalde del Distrito IV - San Antonio del referido ente edil, también adicionada a la Hoja de Ruta 30916; respecto a la gestión del SITRAM 64449, los memoriales de 21 de julio de 2021 con registros números 40503, 40524 y 40586; los escritos de 8 y 24 de septiembre de ese año, con registros 54817 y 59969 respectivamente, fueron aglutinados a la Hoja de Ruta 59969 y el memorial de 8 de octubre de 2021, con registro 64449 al cual se fusionaron todos los anteriores, al ser el último trámite que ingresó a la citada Subalcaldía, con respuesta a la impetrante de tutela la Nota CITE GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM/ 277/2021, no habiendo sido recogida por la prenombrada; empero, notificada en el domicilio procesal señalado el 30 de noviembre de idéntico año; iv) Mediante la referida Nota, se indicó que: “‘De los antecedentes verificados las notas con registro 86940 de fecha 22/8/2013, la 44057 con fecha 28/6/2018 y la nota 9453 de fecha 12/2/2019, las mismas que fueron fusionadas a la H.R. 30916 de fecha 02 de mayo de 2019, en la cual su persona solicita pronunciamiento urgente, el arquitecto Gustavo Tapia Laime, Jefe de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Unidad Territorial de la sub Alcaldía San Antonio, emite CITE: SASA/DIFT/UFTDPM 292/2020 de fecha 30 de septiembre (…), en la cual se adjunta para su conocimiento el informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM N° 310/2019 de fecha 05 de junio (…) en la cual señala claramente que EL PREDIO A CONSULTA ES DE PROPIEDAD MUNICIPAL’…” (sic); v) La Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal emitió la Nota CITE: GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 277/2021, señalando que a los memoriales de 21 de julio de 2021 con registro 40503, 40524 y 40586; y escritos de 8 y 24 de septiembre de igual año, con números de registro 54817 y 59969, se emitió el Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 593/2021 de 28 de septiembre, comunicando que se realizó inspección el 28 de igual mes y año, en presencia de la accionante y el “Sr. Guerrero”, en el cual se señaló que el predio se encontraba en propiedad municipal, registrado en el folio real con Matrícula 2.01.0.99.0178918 (Área Mayor) y folio real con Matrícula 2.01.0.99.0030725 (Área Mayor-Río Orkojahuira); y, Certificado Catastral 034-0757-0002 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; correspondiendo aplicar la teoría del hecho superado conforme a la SCP 0148/2017-S1 de 9 de marzo; vi) Estando acreditado el derecho propietario del citado ente municipal, la impetrante de tutela tenía la vía ordinaria para hacer valer su pretensión; vii) Considerando que contaban con la acreditación del derecho propietario sobre el predio en cuestión, no correspondía realizar ningún proceso de expropiación; y, viii) La accionante tenia abierta la vía ordinaria para realizar las reclamaciones que considere pertinentes, incurriendo en las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional. En audiencia de garantías a través de sus representantes, señalaron que: a) A los trámites que merecieron contestación, la impetrante de tutela pudo realizar las impugnaciones o solicitud de aclaración y complementación pertinente; b) La prenombrada consintió la recepción y contenido de las respuestas otorgadas; c) El 5 de junio de 2019, en presencia de Oscar Guerrero Castillo y la accionante se realizó la inspección in situ del predio ubicado en la zona de Villa Armonía, sector Cenobio López, calle sin número, evidenciando que el mismo se encontraba al interior de una propiedad municipal signada con el Código Catastral 03407570002, registrado a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; no habiendo constatado alguna construcción concerniente a los informes que se encontraban adjuntos a la Nota CITE: SASA/DIFT/UFTDPM 292/2020; y, d) Todas las peticiones realizadas fueron respondidas y puestas a conocimiento de la impetrante de tutela y si las mismas no hubiesen sido de su conformidad, era libre de activar los mecanismos que la ley le franquea.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 258/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., concedió la tutela solicitada, instruyendo a las autoridades demandadas a responder a las notas identificadas de forma material, en un plazo no mayor a setenta y dos horas de emitida esa Resolución; con base en el siguiente fundamento: el Alcalde y Subalcalde demandados están en la obligación de responder de forma material y motivadamente toda solicitud, contestación que no puede ser delegada a un informe que tiene un valor meramente institucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 22 de agosto de 2013, la impetrante de tutela solicitó al Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz:

“1. El retiro de la Caseta provisional que sirve actualmente al retén de emergencia; 2. La devolución y Restitución del terreno de mi propiedad.

m[á]s las construcción que allí existían a tiempo de su demolición; 3. La habilitación de la vía de acceso al predio de su propiedad, acceso que actualmente ocupa una vivienda provisional de la Familia Valencia. 4. La extensión de una fotocopia legalizada de la aprobación de la planimetría del sector, m[á]s la extensión de un plano aprobado del lote de [su] propiedad. Para el caso de que el predio, por razones físico geológicas no pueda ser restituido como vivienda, se inicien los trámites correspondientes para su indemnización mediante el pago del justo precio y sea de acuerdo al valor comercial” (sic [fs. 8 a 10 vta.]).

II.2. Mediante escrito interpuesto el 12 de febrero de 2019, la accionante pidió al Subalcalde codemandado, emita el informe solicitado en “junio del año pasado” y dé respuesta formal en un plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 11 y vta.). II.3. De acuerdo al memorial presentado el 8 de septiembre de 2021, la impetrante de tutela reiteró a la indicada autoridad municipal la restitución del lote de terreno signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Villa Cuarto IV Centenario de la Capital del departamento de La Paz, o se proceda con la expropiación y el pago de justo precio. En el otrosí, advirtió que los memoriales de 22 de agosto de 2013; 28 de junio de 2018; 12 de febrero de 2019; y, los de 21 de julio de 2021 con registro 40503, 40524 y 40586, respectivamente, no contaban con ningún tipo de respuesta (fs. 12 a 15). II.4. A través del escrito recibido el 24 del citado mes y año, la peticionante de tutela requirió por última vez, contestar y disponer la restitución de su bien inmueble, o en su caso, proceda con la expropiación con el respetivo pago de justiprecio (fs. 16 a 19). II.5. Por nota presentada el 8 de octubre de igual año, la accionante conminó al Subalcalde del Distrito IV - San Antonio del citado Gobierno Autónomo Municipal a dar respuesta al reiterado petitorio (fs. 20 y vta.). II.6. Mediante Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 310/2019 de 5 de junio, Lorenzo Tambo Mamani, Fiscal Territorial de la Subalcaldía del Distrito IV -San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, informó -entre otros aspectos- que, en la fecha señalada en presencia de Oscar Guerrero Castillo, la accionante y Gabriel Justiniano Terrazas se procedió a realizar la inspección in situ del predio ubicado en la zona de Villa Armonía, sector Zenobio López Calle sin número, evidenciando que el lote motivo de reconocimiento se encontraba al interior de la propiedad municipal con Código Catastral 034-0757-0002, registrado a nombre del citado ente municipal. Respecto a la evidencia física, no se constató algún tipo de construcción concerniente a la impetrante de tutela y Oscar Guerrero Castillo; concluyendo que la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal dependiente de la referida Subalcaldía, dio cumplimiento a lo solicitado, recomendado que instancias legales evalúen la documentación adjuntada y se emita criterio legal sobre las acciones a seguir (fs. 43). II.7. Cursa Nota CITE: SASA/DIFT/UDFDPM 292/2020 de 30 de septiembre, emitido por Gustavo Tapia Laime -firma ilegible- funcionario de la aludida Subalcaldía, bajo el epígrafe “INFORME A SU SOLICITUD” (sic), dirigida a la impetrante de tutela, refiriendo: “Nos permitimos adjuntar fotocopia simple del Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM N° 310/2019 de fecha 05 de junio de 2019, emitido por el Arq. Lorenzo Tambo Mamani Fiscal Territorial con referencia al predio con Código Catastral N° 034-0757-0002, cuyo contenido de manera clara establece que [el] predio es de propiedad municipal área de aires de rio Orkojahuira” (sic [fs. 42]). II.8. A través de la Nota CITE: GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 277/2021 de 15 de octubre, Francisco Quiroga Bravo, Jefe de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal de la Subalcaldía del Distrito IV - San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, refirió a la solicitante de tutela que, en atención a su memorial de 8 de igual mes año, verificadas las notas de 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018 y 12 de febrero de 2019, fusionadas a la Hoja de Ruta 30916, se emitió el Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 310/2019, señalando claramente que el predio a consulta es de propiedad municipal, área de aires del Río Orkojahuira.

En lo referido a las notas de 21 de julio de 2021 con registros 40503, 40524, 40586, 54817 y 59969 de 8 y 24 de septiembre de igual año, respectivamente, se emitió Informe GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 593 de 28 de similar mes y año, detallando la inspección realizada en el predio, en el cual se señaló que la propiedad en consulta se encuentra en propiedad municipal con registro bajo el folio real con Matriculas 2.010.99.0178918 (área mayor) y 2.01.0.99.0030725 (área mayor-río Orkojahuira) y Certificado Catastral 034-0757-0002 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 44 y vta.). II.9. Cursa notificación de 30 de noviembre de 2021, efectuada por Josué Roca Mariño, Notificador AL-SASA del referido Gobierno Autónomo Municipal con Nota CITE: GAMLP/SASA/DIFT/UFTDPM 277/2021 (fs. 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición, a la propiedad y al “pago de justiprecio”, aduciendo que, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, José Muñoz Mejia, Subalcalde del Distrito IV - San Antonio, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dieron respuesta formal, oportuna, motivada y con respaldo técnico a las notas presentadas el 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019, 21 de julio; y, 8 y 24 de septiembre y 8 de octubre de 2021, respecto a la restitución de su bien inmueble signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Cuarto Centenario de la referida urbe, o la expropiación y pago de justo precio en su caso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 1482/2022-S2 de 16 de noviembre, estableció que: “La Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional disponen que la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el término de seis meses de conocido el hecho vulnerador o de notificada la última decisión judicial o administrativa lesiva de derechos y garantías constitucionales; en ese orden, el art. 129.II de la CPE, dispone que: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; por su parte, el art. 55.I del CPCo señala que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. La jurisprudencia constitucional establece que la acción de amparo constitucional está sujeta al principio de inmediatez; es decir, existe un plazo máximo de seis meses para activar esta vía tutelar extraordinaria en procura de la restitución y protección de derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados o amenazados de serlo. La SC 1039/2010-R de 23 de agosto, señala que: ‘…es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’. Con el mismo sentido, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, en relación al plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional, dispuso: ‘El principio de inmediatez referido precedentemente, ya se encontraba contenido en la jurisprudencia constitucional sentada por este Tribunal, al establecer que: ‘...el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses…’ (SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, entre otras); habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; principio que conforme expresa la SC 1157/2003-R de 15 de agosto: ‘…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’. Por su parte, la SCP 0751/2012 de 13 de agosto, establece que: ‘Ahora bien, se debe entender que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’ (SC 0770/2003-R de 6 de junio)’. Al respecto, esta vía tutelar extraordinaria no está sujeta a la indeterminación y pasividad de las partes interesadas; debido a que, estas se encuentran obligadas a actuar de manera diligente y oportuna en procura de la tutela de sus derechos y garantías; y en ese orden, deben activar la jurisdicción constitucional en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la supuesta vulneración, de conocido el hecho o de notificada la última resolución judicial o administrativa”.

III.2. El derecho de petición: su contenido y alcances de acuerdo a la CPE y la jurisprudencia constitucional

En cuanto al tema, la SCP 0109/2021-S2 de 10 de mayo, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado, en su art. 24 señala: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’. Sobre el derecho de petición, la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y contenido esencial. Así la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, haciendo una sistematización de la línea jurisprudencial, expresó lo siguiente: ‘Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables. El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0981/2001-R Y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho ‘…es entendido como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho’. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’. Conforme ha establecido la SC 0776/2002-R de 2 de julio, reiterada por su similar SC 1121/2003-R de 12 de agosto, este derecho se estima lesionado ‘…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho’. Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que: ‘…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental’. De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho, se encuentra la obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar que: ‘…la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’. Por otra parte, en cuanto a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho de petición, la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, determinó que el impetrante debía demostrar los siguientes hechos: ‘…a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’. Requisitos modulados a través de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que estableció: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad.

Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable. Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición’. Entendimientos que fueron reiterados en la SCP 1215/2017-S1 de 17 de noviembre. En este entendido la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que forman parte del contenido esencial del derecho a la petición: i) El derecho a formular una petición escrita u oral y obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; ii) El derecho a que la contestación sea resuelta materialmente en el fondo de la petición de manera motivada, sea en sentido positivo o negativo; iii) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, iv) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia si así fuese, señalando ante quien debe dirigirse el impetrante. Además se ha señalado que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencie: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material en tiempo razonable, y; c) La ausencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho” (negrillas agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, a la propiedad y al “pago de justiprecio”; aduciendo que, Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; y, José Francisco Muñoz Mejia, Subalcalde del Distrito IV - San Antonio, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no dieron respuesta formal, oportuna, motivada y con respaldo técnico a las notas presentadas el 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019; y, 21 de julio, 8 y 24 de septiembre y, 8 de octubre de 2021, respecto a la restitución de su bien inmueble signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Cuarto Centenario de referida ciudad, o la expropiación y pago de justo precio en su caso. Desarrollado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, previamente cabe precisar que, conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los presupuestos que rigen para que la justicia constitucional ingrese al examen de fondo de la presunta lesión del derecho a la petición, constituyen la existencia de una petición oral o escrita; la falta de respuesta material en tiempo razonable y la ausencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho.

En ese contexto, conforme se advierte del memorial presentado el 22 de agosto de 2013, la impetrante de tutela solicitó al Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: “1. El retiro de la Caceta provisional que sirve actualmente al retén de emergencia; 2. La devolución y Restitución del terreno de mi propiedad.

m[á]s las construcciones que allí existían a tiempo de su demolición; 3. La habilitación de la vía de acceso al predio de su propiedad. acceso que actualmente ocupa una vivienda provisional de la Familia Valencia; y, 4. La extensión de una fotocopia legalizada de la aprobación de la planimetría del sector m[á]s la extensión de un plano aprobado del lote de terreno de [su] propiedad.

Para el caso de que el predio, por razones físico geológicas no pueda ser restituido como vivienda, se inicie los trámites correspondientes para su indemnización mediante el pago del justo precio y sea de acuerdo al valor comercial (sic [Conclusión II.1]). Asimismo, por escrito presentado el 12 de febrero de 2019, pidió al Subalcalde codemandado, emita el informe solicitado en “junio del año pasado” y emita respuesta formal en un plazo de cuarenta y ocho horas (Conclusión II.2); a través del memorial presentado el 8 de septiembre de 2021, reiteró a la indicada autoridad municipal la restitución del lote de terreno signado con el número 747, manzana 3, ubicado en la urbanización Cuarto IV Centenario de la Capital del departamento de La Paz, o se proceda con la expropiación y el pago de justo precio. En el otrosí, advirtió que los memoriales de 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018, 12 de febrero de 2019; y, 21 de julio de 2021, con registro 40503, 40524 y 40586 respectivamente, no contaban con ningún tipo de respuesta (Conclusión II.3); en el mismo sentido, mediante memorial presentado el 24 del citado mes y año, requirió al nombrado Subalcalde, por última vez, responder y disponer la restitución de su bien inmueble o en su caso proceda con la expropiación con el respetivo pago de justiprecio (Conclusión II.4); finalmente se constata que, por intermedio de la nota presentada el 8 de octubre de igual año, conminó al citado Subalcalde, a contestar al reiterado petitorio (Conclusión II.5); nótese que la solicitud inicial efectuada por la impetrante de tutela data de 22 de agosto de 2013, misma que fue repetida durante 2019 y 2021, bajo el epígrafe de reitera, implora, conmina a la restitución de su propiedad, o en su caso se proceda al justo pago por el valor del mismo; si bien las autoridades demandadas, alegan haber fusionado las solicitudes efectuadas por la prenombrada; y en consecuencia, otorgado respuesta a cada uno de los informes y cites proferidos, no contestaron cabalmente a las pretensiones expuestas en las diferentes notas presentadas por la accionante; en ese contexto, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional: “…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho…” (SCP 0109/2021-S2 [énfasis añadido]); de igual manera, se transgredió el contenido esencial del derecho en estudio, cuando la misma no sea resuelta materialmente en el fondo de la petición de manera motivada (SCP 0109/2021-S2); en tal sentido, si bien las autoridades demandadas refieren haber otorgado respuesta a las peticiones efectuadas por la impetrante de tutela de forma fusionada en dos trámites; no obstante, las mismas no contienen respuestas claras, precisas y razonables en relación a las solicitudes efectuadas el 21 de julio, 8 y 24 de septiembre; y, 8 de octubre de 2021, que cubra las pretensiones de la peticionante de tutela, debiendo las aludidas autoridades otorgar a las mismas contestaciones puntuales, claras y precisas que resuelvan materialmente en el fondo de la petición de manera motivada; lo contrario, transgrede el contenido esencial del derecho a la petición, correspondiendo conceder la tutela solicitada en cuanto a dichas solicitudes. En lo concerniente a las notas de 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018 y 12 de febrero de 2019, de acuerdo con lo establecido en el Fundamente Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la accionante al no actuar de manera oportuna dejó operar el principio de inmediatez; pues: “…los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental” (SCP 1482/2022-S2). Finalmente, en relación a los derechos a la propiedad y el “pago de justiprecio” invocados, corresponde a la impetrante de tutela acudir a vías ordinarias y administrativas llamadas por ley para controvertir los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 258/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 72 a 74 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a las peticiones efectuadas en las notas de 21 de julio, 8 y 24 de septiembre; y, 8 de octubre de 2021, debiendo las autoridades demandadas otorgar respuestas claras, precisas y de forma razonable a cada una de ellas, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR, en relación a las solicitudes de 22 de agosto de 2013, 28 de junio de 2018 y 12 de febrero de 2019.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0121_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 831f114b04fb096a199e456d3ba6704be203266227108263d10abe45bbdaf435

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