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SCP 0120/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53041-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación y, encontrándose la causa en etapa de juicio oral, el Vocal demandado -al resolver la apelación contra el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva- no dio cumplimiento a lo establecido en la SCP 0039/2017-S3, la cual determinó que el requisito de procedencia de la medida cautelar previsto en el art. 233.1 del CPP, relativo a la probabilidad de autoría, puede ser analizado en cualquier momento del proceso y no exclusivamente en la etapa preparatoria. Además, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que conoció en primera instancia su solicitud de cesación, resolvió estando de turno por las vacaciones judiciales colectivas; por tanto, no será el órgano que dirimirá en juicio oral su culpabilidad o inocencia.

Ante ello, el Vocal demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la improcedencia de analizar la probabilidad de autoría del art. 233.1 del CPP durante el juicio oral y la etapa de recursos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2026-S2 Sucre, 24 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53041-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 34/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Ríos Filipps en representación sin mandato de Oscar Daniel Arias Alcocer contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 35 a 43 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de María René Cabrera Aguilera, por la presunta comisión del delito de violación; se dispuso la aplicación de detención preventiva, encontrándose más de seis meses cumpliendo dicha medida; por lo que, presentó solicitud de cesación de tal medida cautelar ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, invocando el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, su situación jurídica había mejorado sustancialmente. El mencionado Tribunal, por Auto Interlocutorio 124/2022 de 12 de diciembre, rechazó su solicitud, con el fundamento de que el requisito material previsto en el art. 233.1 del CPP referido a la probabilidad de autoría, ya no podía ser analizado en vísperas del juicio oral sino únicamente en etapa preparatoria, pudiendo dicho Tribunal pronunciarse únicamente sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso.

Frente a esa decisión, formuló apelación incidental que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que rechazó su solicitud con base en los siguientes fundamentos: a) El Tribunal a quo resolvió correctamente aunque en otros términos; b) En las declaraciones de los testigos, no participó el Ministerio Público ni la presunta víctima, existiendo una desventaja en relación a esta última, debiendo tales testigos declarar en juicio oral; y, c) La presunción de veracidad “…donde este principio se debe tomar muy en cuenta cuando se trata de personas en delitos sexuales que debe de creerse a la víctima como cierto” (sic). En la etapa preparatoria, se realizaron varias diligencias investigativas bajo dirección del Ministerio Público, tales como el secuestro de los DVR (Digital Video Recorder -Grabador de Video Digital por sus siglas en inglés-) de las cámaras de seguridad del restaurante-bar “KAOS” y del condominio “BARUC”; asimismo, la declaración de varios testigos presenciales que de manera coherente narraron todo lo acontecido antes, durante y después de los hechos investigados; advirtiéndose que lo denunciado por la supuesta víctima no es cierto, ya que en ningún momento perdió el conocimiento ni se encontraba dopada. De ello se advierte que, el requisito material de la probabilidad de autoría experimentó un cambio sustancial, siendo vinculante lo establecido en la SCP 0039/2017-S3 de 17 de febrero, que concedió tutela en un caso análogo. En dicha decisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional precisó que este requisito puede ser valorado en cualquier momento del proceso y no únicamente en la etapa preparatoria, considerando que la imputación tiene carácter provisional. Dicho entendimiento es aplicable con mayor razón si se toma en cuenta que el señalado Tribunal de Sentencia que conoció la solicitud de cesación de la detención preventiva se encontraba de turno por vacación judicial y, por tanto, no resolverá sobre su culpabilidad o inocencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, no identificó expresamente algún derecho ni citó norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga revocar el Auto de Vista que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, ordenando se emita uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 57 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 45 a 46.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 34/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 58 vta., dispuso “RECHAZAR” la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:: 1) Que, “…para esta audiencia el tribunal 1° de sentencia se encuentra de turno y nos han remitido el cuaderno procesal” (sic); 2) El supuesto procesamiento indebido denunciado por el accionante no guarda relación directa con el derecho a la libertad, aspecto que también se desprende de la SCP 0039/2017-S3 citada por el accionante, la cual resolvió una acción de amparo constitucional y no una acción de libertad; y, 3) Tanto los jueces de instrucción como los tribunales de sentencia en materia penal pueden valorar el art. 233.1 del CPP; no obstante, la vía utilizada por el abogado del accionante no era la idónea, correspondiendo la interposición de una acción de amparo constitucional y no una acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 25 de junio de 2025 (fs. 62), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 3 de febrero de 2026 (fs. 135) y notificado a las partes procesales el 23 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursan acta de audiencia y Auto Interlocutorio 230/22-Bis de 11 de junio de 2022, por el cual, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Oscar Daniel Arias Alcocer -hoy accionante-, por un plazo de ciento ochenta días calendarios en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz (fs. 96 a 108 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva invocando los arts. 233.1 y 239.1 del CPP; y, se señale día y hora de audiencia al efecto (fs. 109 a 111); en respuesta, por decreto de 8 de igual mes y año, el Presidente del referido Tribunal de Sentencia señaló audiencia para el 12 del mes y año citados (fs. 112). II.3. Se tiene acta de audiencia y Auto Interlocutorio 124/2022 de 12 de diciembre, a través del cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolvió declarar infundado el incidente de cesación de la detención preventiva solicitada por accionante, con voto disidente de Moisés Colque Pérez, Presidente del citado Tribunal, quien señaló: “…para ver si se mantiene o no este requisito del 233 inc. 1) respecto a la probabilidad de autoría; este análisis se realiza debido a que este Tribunal recibió el caso en virtud a las vacaciones judiciales colectivas, por lo cual el expediente no nos corresponde, entonces el Tribunal no va llevar adelante el juicio oral, por tanto no va a emitir un criterio anticipado respecto al fondo del caso” (sic). En dicho acto procesal, la defensa técnica del prenombrado interpuso recurso apelación incidental (fs. 113 a 118).

II.4. Mediante Auto de Vista 38 de 20 de diciembre de 2022, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado- confirmó el Auto Interlocutorio 124/2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento (fs. 123 a 126).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación y, encontrándose la causa en etapa de juicio oral, el Vocal demandado -al resolver la apelación contra el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva- no dio cumplimiento a lo establecido en la SCP 0039/2017-S3, la cual determinó que el requisito de procedencia de la medida cautelar previsto en el art. 233.1 del CPP, relativo a la probabilidad de autoría, puede ser analizado en cualquier momento del proceso y no exclusivamente en la etapa preparatoria. Además, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que conoció en primera instancia su solicitud de cesación, resolvió estando de turno por las vacaciones judiciales colectivas; por tanto, no será el órgano que dirimirá en juicio oral su culpabilidad o inocencia.

Ante ello, el Vocal demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la improcedencia de analizar la probabilidad de autoría del art. 233.1 del CPP durante el juicio oral y la etapa de recursos

El proceso penal se estructura en distintas etapas procesales con distintas finalidades, entre ellas tenemos a la etapa preparatoria, destinada a la recolección de los elementos de convicción necesarios para sustentar una acusación o, en su caso, preparar la defensa; luego está la etapa de juicio oral, en la que se valoran las pruebas ofrecidas por las partes y el juez o tribunal resuelve sobre los hechos acreditados para determinar si corresponde dictar sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, se busca determinar la autoría y participación; y, finalmente, la etapa recursiva, que permite a las partes impugnar las decisiones adoptadas en las fases anteriores. Ahora bien, en cuanto a la cesación de las medidas cautelares personales, el art. 239.1 del CPP establece que esta procede cuando “…nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la[s] fundaron o [cuando dichos elementos] tornen conveniente que sea[n] sustituidas por otra medida”; en este sentido, y respecto a la falta de elementos que sustenten la probabilidad de autoría, la misma no puede ser examinada en etapa de juicio, ya que requiere de una sentencia absolutoria en la cual, el juez o tribunal competente analice la autoría y/o participación del detenido preventivo; mientras que, en la etapa recursiva tampoco corresponde que se analice la probabilidad de autoría al existir una sentencia condenatoria o absolutoria que ya no se puede desconocer o cuestionar de manera directa a través de una solicitud de cesación a la detención preventiva. Si los jueces y tribunales de sentencia tuvieran que pronunciarse en medidas cautelares sobre la participación y autoría del art. 233.1. del CPP, previamente a emitir una sentencia de condena o culpabilidad, correrían el riesgo de incurrir en el denominado sesgo de confirmación, entendido como la tendencia a privilegiar información que confirma una hipótesis previa y a desestimar aquella que la contradice; es decir que, la decisión previa de imponer una medida cautelar puede influir en la posterior valoración sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), si bien no usa la palabra “sesgo de confirmación”, describe exactamente ese fenómeno psicológico bajo el concepto jurídico de imparcialidad objetiva y prejuicio. Así, en el párrafo 172 al 175 explica cómo el haber tomado una decisión previa contamina la capacidad cognitiva de los jueces para decidir libremente en la segunda ocasión. En ese entendido, estableció que: “172. Como ha quedado probado, en el proceso penal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en dos oportunidades (…). La Corte observa que (…) la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 el recurso de casación interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski contra la sentencia absolutoria, fueron los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 los recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria por el abogado defensor del señor Mauricio Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico. (…) 174. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, que al resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no solo se pronunciaron sobre la forma. 175. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria, no reunieron la exigencia de imparcialidad.” El núcleo del sesgo de confirmación en la decisión judicial radica en la aversión a reconocer el error propio, de ahí que, radicada la acusación, la manera de desvirtuar el art. 233.1 del CPP es a través de una sentencia absolutoria. En similar sentido se tiene que la SCP 0730/2021-S3 de 12 de octubre, estableció que: “…en etapa de juicio oral y público a diferencia de la etapa preparatoria, la instrumentalidad de la detención preventiva cambia; es decir, muta la finalidad que persigue; por lo que corresponde que al momento de solicitar la cesación de la detención preventiva el acusado desvirtúe los riesgos procesales, porque así dispone el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226, al establecer que: ‘En etapa de juicio oral y recursos, para que proceda la detención preventiva de debería acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo’ siendo el referido numeral dos el que dispone respecto a la existencia de suficientes elementos de convicción de que la o el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, aspecto que la Vocal ahora accionada asumió, al emitir una decisión conforme a una interpretación sistemática de la normativa procesal penal respecto a las medidas cautelares personales…‟.

III.2. Análisis del caso concreto

Oscar Daniel Arias Alcocer -hoy accionante- sostiene, como cargo central en el presente caso, que el requisito de procedencia de la medida cautelar previsto en el art. 233.1 del CPP, relativo a la probabilidad de autoría, puede y debe ser analizado en cualquier estado del proceso y, no de manera exclusiva en la etapa preparatoria; por lo que, a su criterio, el Auto de Vista 38 de 20 de diciembre de 2022, ahora cuestionado, incurre en arbitrariedad al restringir indebidamente dicho examen. En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital, en primera instancia, negó la posibilidad de analizar la concurrencia del citado requisito, bajo el argumento de que el proceso se encontraba en etapa de juicio oral, razón por la cual consideró improcedente efectuar dicho análisis en ese momento procesal (Conclusión II.3). A su vez, en grado de apelación, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado-, mediante el Auto de Vista cuestionado, rechazó la valoración de la prueba ofrecida, en particular la testifical, señalando que las declaraciones informativas presentadas “…están refrendadas con la firma de los testigos y el Policía investigador, es decir ni siquiera el Ministerio Publico ha formado parte de las declaraciones (…) ni la parte acusadora …” (sic [fs. 124 vta.]), concluyendo que tales testigos debían declarar en juicio oral a efectos de desvirtuar o enervar la probabilidad de autoría. Este razonamiento condujo a un resultado coincidente con el desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Sin embargo, luego de exponer lo anterior, la autoridad demandada, al resolver la solicitud de complementación y enmienda promovida por la defensa del hoy accionante, incurrió en una afirmación abiertamente contradictoria, al señalar que: “…no se ha indicado que no se puede considerar el elemento material sobre lo que viene a ser la probabilidad de autoría y lo que viene a ser el art. 239 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal; evidentemente sí se puede, tanto en la etapa preparatoria, como en la acusación, cuando se tienen pruebas de que el imputado no participó en el hecho…” (fs. 125 vta.).

Empero, dicha contradicción carece de relevancia constitucional, conforme al entendimiento de la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, que establece como condiciones de procedencia que: “…esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”. De ahí que, en la medida en la que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la etapa de juicio oral, cuando se solicita la cesación de medidas cautelares, corresponde al acusado únicamente desvirtuar los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del CPP, mientras que la probabilidad de autoría, acreditada durante la etapa preparatoria, ya no constituye objeto de examen en esta fase procesal, toda vez que, su valoración es propia y exclusiva del juicio oral, instancia en la cual, con base en la prueba producida, se determinará la culpabilidad o inocencia del acusado. Este entendimiento fue, en lo sustancial, también asumido por la autoridad demandada, aunque de manera incoherente y contradictoria, conforme se ha expuesto. Por consiguiente, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0120_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3bc9e8afff28ffe3655cbb4d219a981a7bbf952085e5c5cb5a6ea84081b1b3c8

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