B.IA.LEGAL

SCP 0120/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50319-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente demanda tutelar; toda vez que, el Director de Régimen Penitenciario y la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, ahora demandados omitieron otorgar certificación de su permanencia y conducta de forma oportuna, a los fines de acceder a los beneficios penitenciarios que le corresponderían tras más de dieciséis años de reclusión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El principio de celeridad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-235/2022 de “1” -siendo el correcto 2- de septiembre, cursante de fs. 38 a 39 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 3° Exhortar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que dentro el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional emita la certificación extrañada y observe la jurisprudencia constitucional expuesta en sus fundamentos jurídicos; y, 4° Exhortar a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, para que en futuros casos observe la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 16 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50319-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-235/2022 de “1” -siendo lo correcto 2- de septiembre, cursante de fs. 38 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Donato Andrés Chino Condori contra Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario; y, Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de asesinato, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por Sentencia Condenatoria S-07/2014 de 5 de junio; antes de la referida resolución, ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario, desde el 20 de julio de 2006; por lo que, hasta octubre de 2018, su tiempo de reclusión ascendía aproximadamente a dieciséis años y un mes.

Por el tiempo que ha permanecido privado de libertad, argumentó que reúne con los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley; en ese contexto, el 25 de mayo de 2022 presentó una solicitud ante el Centro Penitenciario de San Pedro para obtener el certificado de permanencia y conducta. No obstante, hasta a la fecha de la interposición de la presente acción tutelar no ha recibido respuesta favorable por parte del Director de Régimen Penitenciario, lo que constituye una omisión indebida que vulnera su derecho a la tramitación oportuna de su clasificación; y, en consecuencia, afecta la posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios a los que tendría derecho.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 5, 6, 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 9, 14.3, 115.II, 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se entregue el certificado de permanencia y conducta en el plazo de veinticuatro horas, debiendo ponerse en conocimiento del Ministerio de Gobierno para su respectiva sanción.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela, a través de su representante sin mandato se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y en audiencia ampliando los fundamentos señaló que: a) Invocó la vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido proceso, por la demora en la entrega del certificado de permanencia y conducta, por parte de las autoridades de Régimen Penitenciario, el retraso de más de tres meses en la emisión de este documento ha impedido la clasificación y su acceso a beneficios penitenciarios, lo que afecta su derecho a la libertad; y, b) En su condición de adulto mayor refiere que tiene derecho a solicitar clasificación y acogerse a los beneficios penitenciarios; pero que, debido a un error en su nombre dentro del sistema penitenciario se le ha negado este derecho, pese a haberse corregido el problema en sede judicial de forma antelada. En audiencia, ante las consultas realizadas por el Tribunal de garantías señaló lo siguiente: 1) La solicitud de certificado de permanencia y conducta fue presentada el 25 de mayo de 2022; sin embargo, a pesar de múltiples reclamos para su emisión, no se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades competentes; 2) Señaló que Paola Andrea Aguilar Arancibia -ahora demandado-, en su calidad de Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, no gestionó la emisión del documento solicitado; asimismo, el Director Departamental del Régimen Penitenciario, Franz Rodolfo Laura Berrios, ahora demandado no respondió a las peticiones formuladas, ni le permitió una entrevista, existiendo un total de doce acciones de libertad en casos similares, interpuestas por su abogada, de las cuales diez “…por lo menos ya las ha ganado…” (sic), lo que evidencia una reiterada omisión en el cumplimiento de plazos por parte de las autoridades penitenciarias; y, 3) Finalmente, indicó que el Director Departamental del Régimen Penitenciario previamente debía autorizar la emisión del certificado antes de su firma por las autoridades correspondientes; sin embargo, no se emitió ninguna respuesta formal sobre el trámite, y pese a los reiterados intentos, no pudo obtener el documento requerido.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria demandadas

Franz Rodolfo Laura Berrios, Director Departamental de Régimen Penitenciario del departamento de La Paz y Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia informativa de la presente acción tutelar, a pesar de su legal citación cursantes a fs. 27.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución AL-235/2022 de “1” -siendo lo correcto 2- de septiembre, cursante de fs. 38 a 39 vta., concedió -lo correcto es en parte- la tutela solicitada respecto a la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz y denegó en relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario ahora de demandado, disponiendo que: i) Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del citado Recinto Penitenciario; dentro del plazo de veinticuatro horas emita el certificado de permanencia y conducta del ahora accionante; ii) Se remitan antecedentes ante el Régimen Disciplinario o la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno; a efecto que se tomen las acciones disciplinarias que correspondan, al haber incurrido en dilación injustificada, al no emitir el Certificado de permanencia y conducta, solicitado por el ahora demandante de tutela;

considerando que este documento es fundamental para su clasificación y acceso a beneficios penitenciarios, habiendo transcurrido más de tres meses sin su emisión, lo que afecta directamente a su derecho a la libertad y al debido proceso; y, iii) Respecto al Director Departamental de Régimen Penitenciario ahora demandado, se resolvió denegar la tutela, ya que la responsabilidad por la demora en la emisión del certificado recae exclusivamente en la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del indicado Recinto Penitenciario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Certificado de permanencia y conducta 28416/2018 de 10 de octubre; por el cual, el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz certificó que: Donato Andrés Chino Condori -ahora impetrante de tutela-, se encuentra con mandamiento de detención preventiva desde el 20 de julio de 2006, además de un mandamiento de condena de treinta años de presidio, encontrándose recluido hasta la emisión del mencionado certificado, doce años, dos meses y veinte días (fs. 7). II.2. Cursa memorial presentado el 25 de mayo de 2022, por el impetrante de tutela, recibido en la fecha, en misma Secretaría de la Dirección de Régimen Penitenciario San Pedro de La Paz, dirigido al titular, por el que solicitó se extienda certificado de permanencia y conducta (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente demanda tutelar; toda vez que, el Director de Régimen Penitenciario y la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, ahora demandados omitieron otorgar certificación de su permanencia y conducta de forma oportuna, a los fines de acceder a los beneficios penitenciarios que le corresponderían tras más de dieciséis años de reclusión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El principio de celeridad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de celeridad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, reiterada por la SCP 1213/2022-S1 de 12 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. Sobre la base de este entendimiento, debemos concluir que si existe un plazo legal, otorgado al Ministerio Público y al juez de instrucción penal, respecto a la tramitación de una aprehensión, se debe actuar sin dilaciones y definir la situación jurídica de la persona aprehendida con la mayor celeridad, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar el último instante; lo que no significa, que el actuar con prontitud deja en indefensión al aprehendido.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas

cautelares El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0105/2018-

S2 de 11 de abril -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el 5El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.4. Análisis del caso concreto

La problemática constitucional, radica en el hecho de que el demandante de tutela, reclama que se encuentra más de dieciséis años recluido; por lo que solicitó el certificado de permanencia y conducta al Director del Régimen Penitenciario y a la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro, ambos del departamento de La Paz ahora demandados, a fin que se le certifique el cómputo de la pena y se informe sobre su conducta en el citado Recinto Penitenciario, para poder tramitar los beneficios que le permite la ley, sin obtener hasta la fecha una respuesta favorable por parte de los precitados. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que efectivamente el peticionante de tutela, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), el 25 de mayo de 2022, solicitó al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, la extensión de un certificado de permanencia y conducta, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -29 de agosto de 2022- se hubiese dado curso a dicha solicitud. Al respecto, corresponde efectuar ciertas precisiones normativas, así se tiene que el art. 23.VI de la CPE, señala que: “Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad…”, de igual manera art. 58 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo y funcionamiento del establecimiento que está a su cargo, el cual tiene entre sus atribuciones, de acuerdo al art. 59.3) de la mencionada ley: “Elevar cada dos meses al Director Departamental, al Director General, al Juez de Ejecución Penal y al Defensor del Pueblo, informes estadísticos sobre la población penitenciaria a su cargo detallando el número de internos, su situación jurídica, período de condena y tiempo de cumplimiento”; consiguientemente, de acuerdo a la citada normativa, son los directores de los centros penitenciarios que de acuerdo a sus atribuciones, tienen el deber de emitir no sólo el aludido informe de oficio, sino también las certificaciones de permanencia y conducta cuando le son solicitadas; toda vez que, son los responsables del manejo y de los registros que existen en el establecimiento penitenciario, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda; es decir que, es la autoridad penitenciaria quien debe procurar por todos los medios cumplir con la obligación que le impone la ley, máxime si con la extensión de dicha certificación, los privados de libertad pueden acceder a ciertos beneficios penitenciarios. Ahora bien, en la presente acción de libertad, el impetrante de tutela dirige su demanda contra el Director Departamental del Régimen Penitenciario y la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro ambos del departamento de La Paz; sin embargo, conforme al art. 58 de la LEPS como ya se precisó, la emisión de certificaciones de permanencia y conducta es competencia del Director del Centro Penitenciario y no del Director Departamental del Régimen Penitenciario. En ese sentido, el Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz carece de atribuciones para expedir el certificado solicitado por el impetrante de tutela, ya que su función está limitada a la supervisión general del régimen penitenciario y no al manejo específico de los registros internos de cada establecimiento penitenciario, por lo que al carecer de legitimación pasiva en la presente demanda tutelar se debe denegar la tutela respecto a la omisión alegada. Por otro lado, en el marco de la presunción de veracidad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, habiéndose verificado la inasistencia de la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandada-, a la audiencia de consideración esta acción de defensa, así como la falta de presentación de un informe que justifique la demora en la emisión del certificado solicitado; en aplicación del principio de presunción de veracidad, debe asumirse como cierto que la referida funcionaria alegó una elevada carga procesal como motivo de la omisión en la elaboración del informe que consignaría los datos necesarios para la certificación, conforme se precisó por la parte solicitante de tutela en audiencia, tal justificación resulta insuficiente y no exime su obligación de cumplir con su deber en un plazo razonable. La carga procesal, por sí sola, no constituye un argumento válido para explicar la falta de respuesta a una solicitud que incide directamente en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de un trámite que, por su naturaleza, debe resolverse con celeridad, dado que su dilación afecta el acceso del demandante a beneficios penitenciarios. Además, la propia estructura organizativa del centro penitenciario contempla la posibilidad de redistribuir funciones o requerir apoyo para evitar retrasos indebidos en trámites esenciales como la certificación de permanencia y conducta extrañada. En este entendido, si bien la emisión del certificado de permanencia y conducta es competencia del Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, la demora atribuible a la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, en la elaboración del informe necesario para la certificación vulneró el derecho del impetrante de tutela a obtener el documento en un plazo razonable, afectando su acceso a los beneficios penitenciarios; dicho de otro modo, la falta de diligencia por parte de la referida funcionaria constituye una vulneración del principio de eficiencia que rige la función pública, pues la actividad administrativa debe garantizar la satisfacción oportuna de los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente cuando los actos administrativos dependen de informes internos cuya elaboración no reviste complejidad técnica ni requiere una extensa tramitación. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela respecto a la mencionada funcionaria, disponiendo que, en el menor tiempo posible, remita el informe con los datos requeridos para la emisión de la certificación solicitada. Asimismo, se exhorta al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz a que, una vez recibido dicho informe, proceda sin dilación a la extensión del certificado, considerando que la falta de respuesta a la solicitud presentada por el solicitante el 25 de mayo de 2022 ha generado una dilación indebida, vulnerando el principio de celeridad vinculado a la libertad del peticionante de tutela.

Dicha certificación incide directamente en la tramitación de beneficios carcelarios, como la posibilidad de acceder a salidas alternativas a su reclusión. Bajo ese razonamiento, se debe tener presente que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en aplicación de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, tiene por objeto acelerar los trámites administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de una persona privada de libertad, alcance que no se limita únicamente a medidas cautelares, sino también a gestiones administrativas o jurisdiccionales vinculadas al derecho a la libertad, como en el presente caso, en el que se requiere la extensión del Certificado de permanencia y conducta para viabilizar el trámite de beneficios carcelarios conforme a la política criminal vigente.

III.5. Otras consideraciones

Finalmente, de la revisión de antecedentes, se advierte que este mecanismo de defensa fue interpuesto ante la Oficina Gestora de Procesos de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. Una vez sorteada la causa, pasó a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de dicho departamento. Sin embargo, mediante la Resolución 233/2022 de 29 de agosto, el juez de ese tribunal, David Kasa Quispe, declinó su competencia territorial, argumentando que los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y que tanto la parte impetrante de tutela como la demandada tienen domicilio en esa misma ciudad. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a la plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efecto de un nuevo sorteo. Al respecto, la SCP 0100/2019-S2 de 5 de abril estableció criterios sobre la competencia de jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales para conocer acciones de libertad, precisando que:

La Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, que en su artículo 3, respecto a la competencia territorial de las Salas Constitucionales, señala:

Artículo 3. (Ámbito Territorial)

I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas.

II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento.

III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante. Además, si la vulneración del derecho ocurrió fuera del lugar de residencia del afectado, este podrá presentar la acción ante la sala o juzgado competente por razón de domicilio." De acuerdo con lo anterior, las reglas de competencia y sus excepciones deben ser observadas por jueces, juezas y tribunales de garantías, quienes deben actuar conforme a los principios de favorabilidad y pro actione, garantizando el acceso a la justicia constitucional. Ello es fundamental para preservar los principios de inmediatez y celeridad en la tramitación de las acciones de defensa, asegurando una protección efectiva de los derechos fundamentales denunciados como vulnerados, especialmente en el caso de acciones de libertad, dada la naturaleza de los derechos que resguardan. En este marco normativo y jurisprudencial, se reconoce que la acción de libertad puede ser interpuesta no solo en el lugar donde se produjo la afectación a los derechos y garantías constitucionales, sino también en el sitio más accesible para el demandante de tutela, ya sea por cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Asimismo, cuando la vulneración ocurrió fuera del lugar de residencia del impetrante de tutela, éste puede presentar la acción en su domicilio. Por lo tanto, si bien los hechos alegados como vulneratorios del cual deriva la presente acción de libertad se tramitan en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, conforme al criterio jurisprudencial expuesto, el solicitante de tutela tenía la posibilidad de interponerla en el lugar más accesible, sin que ello desvirtúe su pretensión. En ese sentido, en aplicación de los principios de favorabilidad y pro actione, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La paz debió admitir y resolver la acción conforme al art. 49 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en lugar de declinar su competencia al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, generando dilaciones indebidas en la tramitación de la presente acción tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-235/2022 de “1” -siendo el correcto 2- de septiembre, cursante de fs. 38 a 39 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Encargada de Archivo y Kardex a.i. de la Dirección del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 3° Exhortar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que dentro el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional emita la certificación extrañada y observe la jurisprudencia constitucional expuesta en sus fundamentos jurídicos; y, 4° Exhortar a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, para que en futuros casos observe la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el FJ III.4, precisa:”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.

3 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 4El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0120_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3cf870c3d71da3cde10fb536017804f655b61409aacf6deedc9bd61b051e3796

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →