B.IA.LEGAL

SCP 0120/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49869-2022-100-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, inviolabilidad del domicilio, vivienda digna, debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; puesto que, encontrándose en posesión de un bien inmueble, a raíz de la suscripción de “COMPROMISO DE VENTA DE INMUEBLE CON ARRAS Y RESOLUCION DE CONTRATO” con los dueños –ahora demandados‒; el 10 de junio de 2022, estos últimos, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a desalojarlos de dicho inmueble, ingresando de manera violenta y forcejeando las chapas de las puertas principales y cambiándolas, sacando sus muebles y enseres personales al patio de dicho domicilio, en el cual además habitan dos menores de edad, actos que repitieron por segunda vez el 29 de julio de igual año, lesionando de esta forma sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 071/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 157 a 161 y Auto complementario de la misma fecha (fs. 162), pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de forma provisional, respecto a los derechos a la vivienda y hábitat, a la inviolabilidad del domicilio y demás derechos conexos; sin pago de daños y costas por ser excusable. 2° Disponer el cese inmediato de cualquier medida de hecho ejercida contra el ahora impetrante de tutela y el restablecimiento del acceso y derecho a la vivienda de sus sobrinos menores de edad y su madre, hasta que una autoridad competente ordene lo que en derecho corresponda; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al derecho a la propiedad conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Medidas de hecho y presupuestos de activación
  2. III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad con respecto al derecho a la propiedad privada cuando se afecta con medidas de hecho
  3. III.3. La acción de amparo constitucional no constituye un medio para dilucidar derechos y hechos controvertidos
  4. III.4. Sobre el derecho a la vivienda y su protección a través de la “tutela provisional” frente a medidas de hecho. Jurisprudencia reiterada
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2024-S4 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49869-2022-100-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 071/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 157 a 161 y Auto complementario de la misma fecha (fs. 162), pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimmy Tito Bozo Bolívar contra Julio Rafael Daza Gonzales y Sandra Karina Claros Fernández.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 73 a 81; y de subsanación el 9 de igual mes y año (fs. 94 a 95); el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la gestión 2018, manifestó su interés de adquirir un inmueble de propiedad de los ahora demandados; por lo que, dio un monto parcial de dinero como inicio de pago, dando posteriormente otros montos y firmando así un contrato de compra y venta e ingresando a tomar posesión del bien, haciendo de éste su hogar. A raíz de los problemas sociales, la convulsión política en el país y el drama que se vivió con la pandemia que paralizó prácticamente el mundo entero, no pudo terminar de pagar el costo de dicho inmueble como estaba previsto, solicitando a sus eventuales vendedores, se revierta la venta y se le devuelva el dinero anticipado; sin embargo, los demandados fueron ejerciendo en su contra una serie de presiones, suscribiendo un contrato de compromiso de venta el 16 de enero de 2019. Añadió que al tener discusiones acaloradas el 10 de junio de 2022 los demandados tomaron medidas de hecho en compañía de familiares cercanos a ellos, ingresando a su domicilio y procediendo al cambio de chapas de las puertas sin tener ninguna orden judicial, permaneciendo ahí hasta la fecha con el pretexto de ser aun propietarios; actitud que se repitió en una nueva oportunidad el 29 de julio de 2022, ocasión en la que los demandados, procedieron a sacar sus pertenencias al exterior del inmueble, hecho que fue evidenciado por personal policial que levantó el acta respectiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, a la inviolabilidad de su domicilio, a la vivienda y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 19 y 21 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la restitución de la posesión del bien inmueble afectado mediante medidas de hecho y que los demandados abandonen de manera inmediata dicho inmueble hasta que dicha situación sea dilucidada por la autoridad llamada por ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 154 a 156 vta., presentes el accionante y los demandados asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Conforme a la Cláusula 3.3 del Contrato de compra y venta, suscrito entre el impetrante de tutela y los ahora demandados, entró en posesión del bien inmueble al haber dado una parte del dinero acordado; por lo que, hicieron de dicho inmueble su domicilio; b) El ordenamiento jurídico dispone acudir a las vías llamadas por ley; empero, los demandados, prescindiendo de la labor judicial del Estado, cometieron medidas de hecho, ingresando arbitrariamente en el inmueble y ejerciendo violencia al efecto, pensando que por ser propietarios tendrían el derecho de ingresar a la vivienda y sacar a las personas que en ese momento ocupaban la misma y sus pertenencias personales, como si aún fueran los legítimos propietarios; c) Los hechos realizados por los demandados, contravienen el art. 179 de la CPE, en el sentido que nadie puede ser suprimido en sus derechos sin intervención de una autoridad judicial competente; por ende, los demandados debieron acudir a la vía civil en caso de incumplimiento del contrato, solicitando a dicha instancia pedir el desalojo; d)

Añadió que ante la coyuntura vivida a raíz del COVID-19 y la coyuntura política del país tuvo brindó socorro y vivienda a su cuñada y sus dos hijos –sobrinos–, en tal circunstancia dichas personas vivían ya unos meses atrás en la vivienda en cuestión; y, e) Ante tales hechos el solicitante de tutela tuvo que buscar socorro y estadía en el domicilio de sus familiares, generando incomodidades y carga para ellos.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Rafael Daza Gonzales y Sandra Karina Claros Fernández, mediante informe presentado el 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 152 a 153 vta., y en audiencia, manifestaron que: 1) El impetrante de tutela nunca estuvo presente en la vivienda los días de los hechos denunciados; puesto que, la que se encontraba viviendo y habitando con su familia era Magaly Celia Zurita Pozo –cuñada del solicitante de tutela– quedando como constancia las fotografías presentadas, siendo que en ninguna de ellas se puede divisar al accionante; 2) El compromiso de venta suscrito el 16 de enero de 2019, no les otorgó ningún derecho de disposición del bien inmueble; sin embargo, se alarmaron al percatarse que una nueva propietaria habitaba su inmueble; por lo que, el 10 de junio de 2022, aproximadamente a las 17:00, fueron a confrontarla, habiendo ésta referido inicialmente, tener una minuta de los anteriores propietarios; empero, ante su negativa de exponerlo, solicitaron la intervención de la policía, cambiando su versión señalando tener un contrato de alquiler con su hermana Olivia Zurita Pozo –esposa del impetrante de tutela–; es así que, ante la presentación de los títulos y documentos de propiedad de su inmueble, el oficial de policía les refirió que si bien tiene el derecho de cambiar los candados; empero, al tener la mencionada hijos menores, tenían la obligación de otorgarle una llave y un plazo de doce días para que proceda a desocupar el bien inmueble; 3) En el contrato de compromiso de venta suscrito el 16 de enero de 2019, los recibos parciales presentados por el ahora accionante y sobre todo en su cláusula 3.3 en la que se estipuló que el incumplimiento de los compradores se considera arrepentimiento, mora y plazo vencido, debiendo en todo caso desocupar el inmueble en un plazo no máximo a los doce días por su incumplimiento, mismos que acreditan la existencia de un hecho controversial entre los esposos Jimmy Tito Bozo Bolívar y Olivia Zurita Pozo y los esposos Julio Rafael Daza Gonzales y Sandra Karina Claros Fernández, asunto que debe ser dilucidado ante las autoridades ordinarias y no así en la vía de acción de amparo constitucional; y, 4) Conforme al Código Procesal Constitucional, la carga de la prueba le corresponde a la parte solicitante de tutela, sin embargo, de los antecedentes del legajo procesal, no existe alguna prueba aportada por el accionante que lo ubique en el lugar de los hechos denunciados como medidas de hecho, ni mucho menos una relación de causalidad entre ambas partes y los hechos acusados supuestamente perpetrados en contra del ahora impetrante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 071/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 157 a 161 y Auto complementario de la misma fecha (fs. 162), denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Establecida la problemática puesta en consideración y contrastada con el informe presentado por los demandados quienes básicamente alegaron, no haber cumplido con el nexo de causalidad respecto al hecho alegado mediante vías de hecho, cuestionando la legitimación activa del ahora accionante que no hubiere estado en posesión del inmueble, sino al contrario una tercera persona y la existencia de un contrato de compromiso de venta suscrito el 16 de enero de 2019, en el cual se estipulaba que ante el incumplimiento del mismo correspondía desocupar dicho inmueble; ii) Con relación a las medidas de hecho denunciadas por el solicitante de tutela, se verificó por una parte de manera clara y evidente, que como resultado de un compromiso de venta del inmueble en cuestión, en el que se hubiere consignado con arras la resolución de contrato suscrito entre el accionante y los ahora demandados, y que al contener tal documento una Cláusula de incumplimiento, el mismo devendría en la desocupación del inmueble, circunstancia que hubiese acontecido evidentemente mediante vías de hecho el 10 de junio de 2022, conforme se tiene afirmado y acreditado por ambas partes, sin acudir previamente a la autoridad jurisdiccional competente a efectos de dilucidar tales hechos denunciados; iii) De lo referido por ambas partes, en el inmueble en cuestión, a tiempo de la realización de las medidas de hecho alegadas, se tiene que el inmueble se encontraba habitado por otra persona de nombre “Magaly” que, acorde a la explicación vertida por la misma, ésta refirió ser la cuñada de Jimmy Tito Bozo Bolívar –hoy impetrante de tutela–, no verificándose en consecuencia –de acuerdo a los elementos probatorios–, que el solicitante de tutela, a momento de los hechos denunciados, se encontraba o no en posesión del mismo; iv) De los elementos precisados, se extrae que el accionante, luego de los hechos suscitados el 10 de junio de 2022, la persona que se encontraba viviendo en el mismo, por voluntad propia, el 30 de julio de 2022, procedió al abandono del inmueble, llevándose consigo sus bienes y enseres conforme se observa del muestrario fotográfico donde se verifica un camión cargado de muebles, ante la presencia de un funcionario policial; acudiendo luego de todos estos hechos a la vía constitucional a efectos básicamente de la restitución del inmueble a su favor; v) De tales eventos y elementos de juicio, de manera razonada se concluye en el presente caso en particular, que al no haberse interpuesto la acción de amparo constitucional con la debida prontitud, por cuanto previo a su admisión por proveído de 3 de agosto de 2022, la Sala Constitucional dispuso entre otros aspectos se acompañe por el accionante prueba idónea que acredite las medidas o vías de hecho alegadas del día 10 de junio de 2022, deviniendo que si bien existe un documento previo de compromiso de compra y venta del citado inmueble entre las partes, existe también actos consentidos como causal de improcedencia, conforme el entendimiento cursante en el lineamiento jurisprudencial establecido en la SC 1667/2004-R de 14 de octubre; y, vi) Por todo lo expuesto, se concluye a efectos de no generar incertidumbre en los actos jurídicos, habiendo devenido una manifestación de consentimiento voluntario respecto de los hechos que motivan la presente acción tutelar por parte del solicitante de tutela, conforme la línea jurisprudencial citada, corresponde determinar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, conforme lo previsto en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por la existencia de actos consentidos libres y expresamente, más cuando no se hubiere verificado la existencia clara y precisa de las vías de hecho en afectación del hoy impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Folio Real de 2 de mayo de 2018, correspondiente un inmueble ubicado en la calle Higuerani s/n zona Sumunpaya del departamento de Cochabamba, con una superficie de 541,68 m, registrado bajo la matrícula computarizada 3.09.5.04.0001188, registrada a nombre de Julio Rafael Daza Gonzales –ahora demandado– (fs. 22 vta.). II.2. Consta contrato de “COMPROMISO DE VENTA DE INMUEBLE CON ARRAS Y RESOLUCION DE CONTRATO” suscrito ante el Notario de Fe Pública 58 de Cochabamba, entre Julio Rafael Daza Gonzales y Sandra Karina Claros Fernández –ahora demandados– y Jimmy Tito Bozo Bolívar –hoy impetrante de tutela– el 16 de enero de 2019 de un inmueble ubicado en la calle Higuerani s/n zona Sumunpaya del departamento de Cochabamba con matrícula computarizada 3.09.5.04.0001188 con una superficie de 541,68 m(fs. 20 a 21 vta.). II.3. Cursa muestrario fotográfico presentado por la parte solicitante de tutela, aparentemente del inmueble en cuestión, en el que se puede advertir muebles y enseres personales en el exterior del mismo además del correspondiente cambio de chapas principales del domicilio, asimismo de dos CDs con la referencia de “fotografías del desalojo” y “video de desalojo”, mismo que hubiera sido llevado adelante por los hoy demandados (fs. 26 a 69). II.4. Mediante muestrario fotográfico presentado por la parte demandada a través de memorial presentado el 15 de agosto de 2022, se puede advertir el desalojo de la vivienda citada supra por parte de los propietarios –ahora demandados– (fs. 112 a 153 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, inviolabilidad del domicilio, vivienda digna, debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; puesto que, encontrándose en posesión de un bien inmueble, a raíz de la suscripción de “COMPROMISO DE VENTA DE INMUEBLE CON ARRAS Y RESOLUCION DE CONTRATO” con los dueños –ahora demandados‒; el 10 de junio de 2022, estos últimos, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a desalojarlos de dicho inmueble, ingresando de manera violenta y forcejeando las chapas de las puertas principales y cambiándolas, sacando sus muebles y enseres personales al patio de dicho domicilio, en el cual además habitan dos menores de edad, actos que repitieron por segunda vez el 29 de julio de igual año, lesionando de esta forma sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Medidas de hecho y presupuestos de activación

Al respecto, la SCP 1075/2019-S4 de 18 de diciembre, citando a la SC 0832/2005-R de 25 de julio, refiriéndose a las medidas de hecho, indicó que son: “ʽ…los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales…ʼ; estableciendo además que ante su concurrencia, es viable prescindir de la subsidiariedad, toda vez que: ʽLa idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias…ʼ. En este sentido, se entiende por vías o medidas de hecho a los actos o acciones en que pudieran incurrir funcionarios públicos o particulares que, en omisión y desobediencia absoluta de los postulados constitucionales y legales, ocasionen lesión a derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y respaldados en los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410 superior. Estas actuaciones ilegales, se contraponen a los axiomas del Estado Constitucional de Derecho descritos en el art. 8.II de la CPE y atentan contra el principio ético moral de vivir bien, que se constituye en el principal objetivo del nuevo Estado Plurinacional investido con una pluralidad jurídica y étnica que, a partir del criterio de inclusión y complementariedad, tiene como objetivo alcanzar la vida armoniosa de todos sus miembros.

(…) En el marco de lo señalado, la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, estableció ciertos requisitos que se hacen imprescindibles para la justicia constitucional al momento de valorar y considerar una situación en la que se alega la existencia de vías de hecho, a efectos de hacer abstracción de las exigencias procesales; así, estableció que quien impetra tutela constitucional, denunciando la existencia de actos que se configuran como medidas o vías de hechos, se halla en la obligación de cumplir con los siguientes presupuestos: ʽ1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusiveʼ. (…)

En el marco de la anterior definición, la indicada SCP 0998/2012, delimitó los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, precisando tres aspectos esenciales: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte impetrante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas. En cuanto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte solicitante de tutela, la aludida SCP 0998/2012, determinó que: ʽ…para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material (…) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinariaʼ. No obstante, si bien por previsión jurisprudencial, tratándose de casos en los que se presenten medidas o vías de hecho, se ha llegado a establecer la flexibilización respecto a la legitimación pasiva, no menos evidente es que los hechos denunciados deben estar debidamente acreditados, correspondiendo al accionante, proporcionar la suficiente carga probatoria que evidencie sus alegaciones; esto, con la única intención de que el juez o tribunal de garantías, bajo los postulados del principio de verdad material, asuma convicción y certeza sobre los hechos llevados a su conocimiento; pues sólo así será posible garantizar un fallo imparcial en función al valor de la justicia, en el entendido de que la administración de justicia no puede operar en base a simples presunciones” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad con respecto al derecho a la propiedad privada cuando se afecta con medidas de hecho

Al respecto, la SCP 0476/2021-S4 de 31 de agosto, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2208/2012 de 8 de noviembre, señaló que: ʽ…ha establecido las excepciones a los principios de subsidiariedad e inmediatez, previendo entre ellas la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional con respecto al derecho a la propiedad privada, cuando la acción «…es demandada por propietarios de inmuebles que sufran una lesión a su derecho a la propiedad por un despojo o avasallamiento de su posesión por actos o medidas de hecho protagonizados por terceros, sean éstos particulares o autoridades públicas…» (SC 0208/2010-R de 24 de mayo). En la misma Sentencia Constitucional, citando a la SC 0374/2007-R de 10 de mayo, se ha definido que: ʽEl fundamento constitucional sobre la protección excepcional que otorga esta jurisdicción al derecho a la propiedad privada a través del recurso de amparo constitucional ahora acción de amparo constitucional, prescindiendo de su carácter subsidiario cuando se evidencian medidas de hecho adoptadas por particulares o autoridades públicas, se sustenta en el hecho de que en un Estado de Derecho no es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio «legítimo» de sus derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros, desconociendo que existen los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto. Con dicho fundamento el Tribunal Constitucional estableció que: cuando «…se denuncian acciones que implican una reivindicación de las prerrogativas de las personas por sí mismas, vale decir, al margen de las acciones y mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, de forma parecida a una justicia por mano propia; …tales actos son acciones o vías de hecho, porque no encuentran respaldo legal en norma alguna, vale decir no tienen apoyo legal; pues el sólo hecho de pertenecer a un colectivo humano organizado en un Estado, supone la proscripción de toda forma de venganza o justicia por mano propia, ya que la institucionalidad estatal se basa en la pacífica convivencia de las personas, quienes, para lograr ese objetivo, desisten de materializar sus derechos por sí mismos, para encargar la dilucidación de sus controversias a las autoridades instituidas por el Estado'. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido las subreglas para la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional, sin cumplir el principio de subsidiariedad, de manera que ha determinado que deberán cumplirse con los siguientes supuestos: ʽ…1) El derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado; y, 2) La evidencia, tampoco controvertida, de que los demandados no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad privada de los accionantes, esto es, que el accionante debe acreditar plenamente su derecho de propiedad sobre el inmueble, cuya titularidad no esté cuestionada ni se encuentre en litigio; y que las personas a quienes se acusa de haber lesionado el derecho a la propiedad privada no tengan constituido legalmente el derecho posesorio, sino que a través de actos de hecho tomen posesión de la propiedad, despojando a sus verdaderos dueñosʼ; así lo han previsto las SSCC 0152/2001-R, 0489/2001-R, 1372/2001-R, 0944/2002-R, 0217/2003-R, 0723/2005-R, 1672/2005-R, 0049/2007-R y 0342/2007-R, 0044/2012, 0156/2012 y 0238/2012, entre otras. De lo que se infiere que, si no concurrieran los dos supuestos referidos, no procederá la acción de amparo constitucional para tutelar el derecho a la propiedad privada, supuestamente afectado por acciones de terceros, entre tanto no se agoten las vías legales ordinarias. Finalmente, a partir de la modulación de la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, se ha definido los presupuestos que deben ser cumplidos para la activación de la acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho; así, se ha previsto que estos presupuestos son: ʽ…i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a tercerosʼ” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La acción de amparo constitucional no constituye un medio para dilucidar derechos y hechos controvertidos

Con relación a las auto restricciones regladas por la jurisprudencia constitucional, que impiden a la justicia constitucional pronunciarse en el fondo de una problemática puesta a su consideración, es pertinente referirnos a lo establecido en la SCP 0042/2019-S4 de 1 de abril, que haciendo referencia a la SCP 0890/2013 de 20 de junio, indicó que en su Fundamento Jurídico III.5 sostiene lo siguiente: “‘Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria’.

Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’; b) La SC 0278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: ‘…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…’; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante’; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: ‘…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…’.

En ese mismo orden, la jurisprudencia constitucional estableció lo siguiente: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional’; 2) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’; y, 3) Asimismo, el fallo precitado, más adelante estima que si bien es posible activar directamente la acción de amparo constitucional ante la existencia de medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, empero, dicha regla no es absoluta, puesto que restringe y limita el uso de la presente acción tutelar, cuando concurren hechos controvertidos; en ese sentido, refiere que: ‘…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho, una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria’” (las negrillas son añadidas). En ese entendido, se concluye que la acción de amparo constitucional de acuerdo a su naturaleza jurídica, tutela derechos fundamentales sobre los cuales se tenga la titularidad y que los mismos hubieren sido lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares; en consecuencia, si el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo solo la protección de derechos consolidados a favor de la parte accionante; por lo que, no resulta posible ingresar a dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos que no se encuentran consolidados, correspondiendo en todo caso a la justicia ordinaria efectuar dicha labor.

III.4. Sobre el derecho a la vivienda y su protección a través de la “tutela provisional” frente a medidas de hecho. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0486/2022-S2 de 8 de junio, señaló que: “El precitado derecho, se encuentra expresamente previsto en el art. 19.I de la CPE, y sobre el mismo, la jurisprudencia constitucional, progresivamente, ha desarrollado el entendimiento sobre el alcance de la protección provisional que debe otorgarse en casos donde exista una necesidad de desapoderamiento así, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, razonó que entretanto se resuelva el conflicto respecto a la propiedad, se debía tutelar provisionalmente el derecho a la vivienda, conclusión a la que llegó tras realizar una pertinente labor de ponderación.

Siguiendo similares antecedentes, la SCP 0892/2013 de 20 de junio, ha señalado que: ʽDentro del grupo de derechos fundamentales-fundamentales, se encuentra, conforme se tiene señalado, el derecho a una vivienda adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria (art. 19.I de la CPE) y los derechos a los servicios básicos de agua potable y electricidad (art. 20.I).

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0348/2012 de 22 de junio, ha establecido que el derecho a la vivienda digna ‘…persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: «Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección…»’.

En razón a esto, la jurisprudencia constitucional a través de varios fallos como los referidos, ha establecido que es posible otorgar una tutela del derecho a la vivienda con carácter «provisional», siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de medidas de desalojo e incluso frente a desapoderamientos judiciales. En tal sentido, es imprescindible comprender que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la existencia de un trámite en la vía ordinaria que podría determinar si corresponde o no el desalojo, únicamente deberá tutelar provisionalmente el derecho a la vivienda con el fin de evitar cualquier transgresión a otro derecho, que pudiera resultar de la restricción del primero; pues como hemos visto, se constituye en una condición esencial y presupuesto básico para la vida que es a su vez un derecho básico para la concreción de otros.

Finalmente; y, en razón de delimitar los alcances de esta tutela provisional a la que nos referimos en éste acápite, resulta prudente referirnos una vez más al contenido de la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, que argumentó sobre las razones para proteger provisionalmente el derecho a la vivienda; empero, igualmente en razón de no generar desequilibrio o conculcar el derecho del ejecutor, o quien demanda el desalojo, o pretende la posesión, estableció la necesidad de acreditar que efectivamente la parte solicitante de tutela, habita el inmueble objeto de discusión; conclusión a la que llego en base al siguiente razonamiento: ʽSe debe aclarar que, si bien es cierto que en este caso se está concediendo una tutela provisional al derecho a la vivienda de los accionantes, mientras concluya el proceso de usucapión iniciado por ellos sobre el inmueble que pretende ser desapoderado; empero, la protección otorgada tiene su base en la existencia de prueba contundente e idónea que acredita que ellos habitaron la propiedad…ʼ.

Finalmente respecto al derecho a la vivienda y su protección ante medidas de hecho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0348/2012 de 22 de junio, sostiene que: ʽ…la vivienda digna es un derecho fundamental de tercera generación emergente de los derechos económicos, sociales y culturales, persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas (…) es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’; en consecuencia, las vías o medidas de hecho asumidas al margen de la ley, destinadas a perturbar la vivienda de las personas, constituyen actos arbitrarios que merecen tutela inmediata a efectos de restablecer en forma eficaz los derechos conculcados, la misma que tendrá carácter de provisionalidad, hasta que el problema se dilucide en la vía competenteʼ” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la propiedad privada, inviolabilidad del domicilio, vivienda digna, debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; puesto que, encontrándose en posesión de un bien inmueble, a raíz de la suscripción de “COMPROMISO DE VENTA DE INMUEBLE CON ARRAS Y RESOLUCION DE CONTRATO” con los dueños; el 10 de junio de 2022 los ahora demandados, ejerciendo medidas de hecho procedieron a desalojarlos de dicho inmueble, ingresando de manera violenta forcejeando las chapas de las puertas principales y cambiándolas, sacando sus muebles y enseres personales al patio de dicho domicilio en el cual además habitan menores de edad, actos que continuaron ejerciendo por segunda vez el 29 de julio de igual año, lesionando de esta forma sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.5.1. Respecto al derecho a la propiedad privada

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada; por cuanto, encontrándose en posesión de un inmueble, ubicado en la calle Higuerani s/n zona Sumunpaya del departamento de Cochabamba con matrícula computarizada 3.09.5.04.0001188 con una superficie de 541,68 m, a raíz de haber suscrito el 16 de enero de 2019 un “CONTRATO DE COMPROMISO DE VENTA DE INMUEBLE CON ARRAS Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO” con los ahora demandados (Conclusión II.1. y II.2.); los precitados ejercieron medidas de hecho, procediendo a desalojar sus muebles y enseres personales al patio del domicilio en dos oportunidades –10 de junio y 29 de julio ambos de 2022–. Remitiendo al efecto, muestrario fotográfico por ambas partes de donde se observa varios objetos personales en el patio del domicilio, como: bolsas, tachos, cajas, ropa, colchón entre otros y a varias personas realizando dichos actos (Conclusión II.3. y II.4.). Por otra parte, se tiene copia del Folio Real, correspondiente al inmueble objeto de la presente acción tutelar, el cual se encuentra ubicado en la calle Higuerani s/n zona Sumunpaya del departamento de Cochabamba, matrícula computarizada 3.09.5.04.0001188 con una superficie de 541,68 m, registrada a nombre de Julio Rafael Daza Gonzales (Conclusión II.1.). En ese entendido, de conformidad con los antecedentes descritos precedentemente; se tiene que, el bien inmueble objeto de la presente acción de defensa, se encuentra en una posible controversia tanto por la parte accionante como por la parte demandada, pues si bien existe un contrato de compromiso de venta entre ambas partes, así como recibos de pago parciales sobre la venta pactada, la titularidad del inmueble, se halla registrada en Derechos Reales (DD.RR.) a nombre del ahora demandado; de ahí que, surge una controversia sobre la situación jurídica del inmueble respecto a los contratantes que debe ser dilucidad en la jurisdicción ordinaria; máxime si, el impetrante de tutela no tiene acreditada la titularidad del derecho propietario que reclama, así como tampoco –aparente-, hubiera estado ejerciendo la posesión del inmueble en el momento en que se produjeron las denunciadas vías de hecho; aspectos que permiten a este Tribunal establecer la existencia de hechos controvertidos en la titularidad y la posesión del bien inmueble. Al respecto, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, debido a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos a través de esta acción de defensa; sino, protegerlos cuando éstos se encuentren debidamente consolidados a favor de la parte accionante; porque de analizar hechos controvertidos, implicaría el reconocimiento de derechos mediante esta demanda tutelar, lo que no concierne; toda vez que, se encuentra fuera de los alcances de la jurisdicción constitucional; pues ello, de acuerdo al caso, le corresponde dilucidar a la justicia judicial ordinaria o administrativa, instancia diseñada por el legislador para el conocimiento de los derechos controvertidos a través de un proceso amplio y contradictorio, en el cual, se analice la documentación presentada y se produzcan las pruebas que se estimen pertinentes y necesarias. Por otra parte, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, las vías o medidas de hecho, fueron definidas por la jurisprudencia constitucional, como los actos ilegales y arbitrarios, cometidos por autoridades públicas o personas particulares, al margen de las instancias y de los procedimientos legales, que derivan en lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, sea por el abuso de poder que detentan frente al agraviado o mediante el ejercicio de una justicia directa o por mano propia. Asimismo quedó establecido que ante una denuncia de este tipo, operará la excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuando la demanda constitucional por medidas de hechos, sean interpuestas por propietarios de inmuebles que sufran una lesión a su derecho a la propiedad por un despojo o avasallamiento de su posesión por actos o medidas de hecho protagonizados por terceros, sean éstos particulares o autoridades públicas; empero, para que esta jurisdicción considere y resuelva una denuncia de vías de hecho, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, deben concurrir dos supuestos, sin necesidad de cumplir el principio de subsidiariedad: “1) El derecho a la propiedad debidamente demostrado y no cuestionado; y, 2) La evidencia, tampoco controvertida, de que los demandados no estaban en posesión del bien inmueble sino que con acciones violentas (de hecho) ocuparon la propiedad privada de los accionantes…” (las negrillas son nuestras); por lo que, es preciso que quien activa este mecanismo de defensa, aduciendo la comisión de medidas o vías de hecho, cumpla con la mínima carga probatoria exigida que acredite no solamente la titularidad del bien jurídico que se alude como lesionado; sino que además, demuestre objetivamente que las acciones ejecutadas al margen de la ley, fueron asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales determinados para la definición de hechos o derechos (Fundamentos Jurídicos III.2.); empero, en el presente caso, se tiene que el accionante no cumplió con el primer supuesto de las subreglas para la procedencia de la acción de amparo constitucional, para tutelar el derecho a la propiedad privada denunciada de afectada por presuntas vías de hecho cometidas por la parte demandada; pues dicho derecho de acuerdo a lo expuesto precedentemente se encuentra en controversia. Consiguientemente, evidenciándose en el caso concreto la existencia de hechos controvertidos referentes al derecho propietario del inmueble objeto de la presente acción tutelar y el derecho posesorio que pudiera asistir al accionante, se incumplió de esta manera el señalado presupuesto para la procedencia de esta acción tutelar, controversia que necesariamente deberá ser resuelta en la vía ordinaria correspondiente; al no ser atribución de esta jurisdicción constitucional determinar la titularidad del derecho propietario de las partes; ya que, como se dijo un actuar diferente por parte de este Tribunal, implicaría el reconocimiento de derechos vía acción de amparo constitucional, lo que no corresponde a su ámbito de protección; en razón a que, la tutela que brinda alcanza a la maximización del ejercicio de derechos consolidados; por lo que, este Tribunal se encuentra impedido de poder ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada respecto al indicado derecho.

III.5.2. En cuanto al derecho a la vivienda

Al respecto, el accionante denunció la lesión a la vivienda y hábitat y a la inviolabilidad del domicilio; debido a que, los ahora demandados junto a otras personas, ejerciendo medidas de hecho, procedieron a desalojar muebles y enseres personales al patio del domicilio en dos oportunidades –10 de junio y 29 de julio, ambos de 2022– del lugar donde, debido a la necesidad generada por la pandemia de COVID-19-habitaban sus sobrinos menores de edad junto a su madre – cuñada del impetrante de tutela‒; así como, forcejear las chapas ingresando ilegalmente a la vivienda y cambiando las mismas a efectos de tomar posesión física del inmueble. Sobre el tema, del análisis de la presente problemática y según los antecedentes arrimados al expediente, conforme se tiene descrito en el apartado de Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene muestrario fotográfico, por el cual se observa varios objetos en el patio del bien inmueble en cuestión, como: bolsas, tachos, cajas, ropa, colchón entre otros y personas ajenas en dicho inmueble (Conclusión II.3.), siendo además que, conforme afirmaron los propios demandados en su informe de la presente acción tutelar (acápite I.2.2. de este fallo constitucional), procedieron al cambio de las chapas del inmueble así como al desalojo de enseres personales de Magaly Celia Zurita Pozo –cuñada del accionante– y sus hijos menores de edad, en virtud al incumplimiento del contrato de compromiso de venta suscrito entre el accionante y los ahora demandados. Dichas acciones ejecutadas por los hoy demandados, devienen innegablemente en medidas de hecho, pues se evidencia que estos, en abuso del poder que les asiste como titulares del derecho propietario del inmueble objeto de compromiso de venta, sin que medie intervención de autoridad jurisdiccional alguna ni orden de desalojo, restringieron el uso de los ambientes que habitaba la antes mencionada dentro de la vivienda con sus hijos menores de edad, aduciendo que dicho desalojo se debió al incumplimiento de compromiso de pago del costo total de dicho inmueble; perturbando de esta manera el derecho a la vivienda y hábitat y a la inviolabilidad del domicilio de la cuñada del impetrante de tutela y sus hijos, quienes habitaban el inmueble en ese momento y que, pese a constituirse en terceros ajenos a la relación contractual de compromiso del venta del bien, se encontraban en absoluta desventaja frente a los demandados como propietarios del mismo; empero, dicha titularidad, no otorgaba a estos facultad alguna de desalojarlos arbitrariamente y solo en ejercicio abusivo de su derecho propietario, siendo que, por el contrario, de tenerse por incumplido el compromiso de pago asumido por el accionante, correspondía en todo caso que los demandados, inicialmente acudieran a este a efectos de que cumpla con los términos pactados y/o en su defecto, se apersonen ante la autoridad judicial pertinente demandando el incumplimiento o resolución del contrato del compromiso de compraventa y consecuente orden de desalojo de quienes ‒aún en calidad de terceros ajenos a la transacción‒, se encontraban en posesión del inmueble, habitándolo, con mayor razón aun, cuando, estos últimos conformaban una unidad familiar comprendida por una mujer y por menores de edad; situación que exige y demanda de las autoridades del Estado y también de los particulares, en el marco de las disposiciones normativas contenidas en la Constitución Política del Estado y los tratados y convenios internacionales sobre la protección especial y preferente, bajo un enfoque de género, de estos grupos que se constituyen en vulnerables. En ese entendido, es necesario recalcar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, en el presente caso se hace posible conciliar el principio de subsidiariedad a través de su flexibilización frente a las medidas de hecho, la tutela del derecho a la vivienda y especialmente por tratarse de derechos que involucran a menores de edad, siendo importante recordar que este mecanismo de defensa tiene por naturaleza jurídica el resguardo y restablecimiento de derechos fundamentales y garantías constitucionales que mediante actos u omisiones fueren restringidos o amenazados de serlo. Así la jurisprudencia citada en el mencionado Fundamento Jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que ante la denuncia de la comisión de medidas de hecho, entendidas como actos cometidos por particulares o funcionarios públicos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, es posible la prescindencia del principio de subsidiariedad ante la necesidad de evitar el ejercicio de justicia por mano propia y abusos contrarios al orden constitucional vigente. Así, para la protección excepcional y temporal que, además ha sido establecida para los casos de lesión al derecho a la vivienda, por su relevancia y conexitud con otros derechos, con el fin de evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental en cuestión y los demás derechos conexos; se debe manifestar que, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que este tribunal por medio de esta acción de defensa pueda otorgar una tutela efectiva, la parte accionante tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente habita el bien sobre el cual se ejercieron las vías de hecho. Al respecto, de acuerdo a la documentación remitida a este Tribunal y de la propia aseveración de la parte demandada (acápite I.2.2. del presente fallo constitucional), se tiene que, la cuñada del impetrante de tutela, se encuentra en posesión del inmueble objeto de las medidas de hecho ahora acusadas; así como también se evidencia, la perturbación a la vivienda al restringir y dificultar el acceso a la misma por parte de los demandados, constituyéndose dichos actos en arbitrarios por haber sido ejercidos en total prescindencia de los mecanismos legales por parte de los demandados. A ello se añade que, el derecho a la vivienda se constituye un derecho fundamental de la persona que encuentra su protección en la Norma Suprema en su art. 19, que establece la garantía normativa que el Estado, en todos sus niveles de gobierno; más aún en el caso en particular, contiene una connotación especial, dado que su protección tiene carácter reforzado, por cuanto quien habita la vivienda objeto de discusión, lo hace acompañada de sus hijos menores de edad –cuñada y sobrinos del accionante‒, frente a los cuales, surge el deber de garantizar el desarrollo integral de los menores, procurando las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos; condiciones que, de ninguna forma están dadas privándolos de su vivienda. En tal contexto, al haberse generado una lesión a dicho derecho, por restringir y dificultar el acceso a la misma, por mano propia, como se tiene descrito precedentemente, corresponde proteger el indicado derecho frente a tal medida y equilibrar el ejercicio de ese derecho y los conexos de los menores. En armonía con dichos razonamientos, si bien, se tiene que Magaly Celia Zurita Pozo –cuñada del impetrante de tutela– y sus hijos menores de edad, hubieran abandonado el inmueble de forma después de producidas las medidas de hecho ejercidas por los hoy demandados, debiendo refugiarse en el domicilio de otros familiares, este Tribunal, habrá de disponer que, de considerarlo pertinente y necesario, retornen al inmueble objeto de controversia entre tanto se dirime el conflicto entre los sujetos contractuales ante la autoridad judicial competente. Por consiguiente, de acuerdo a los elementos descritos, se acredita de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho, asumidas sin causa jurídica por los demandados, prescindiendo de los medios legales y sin contar con autorización de autoridad jurisdiccional competente imponiendo justicia por mano propia; por lo que, corresponde conceder su tutela de forma provisional mientras se dirime la resolución del contrato de compromiso de compra venta en cuestión, en la vía ordinaria. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 071/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 157 a 161 y Auto complementario de la misma fecha (fs. 162), pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de forma provisional, respecto a los derechos a la vivienda y hábitat, a la inviolabilidad del domicilio y demás derechos conexos; sin pago de daños y costas por ser excusable. 2° Disponer el cese inmediato de cualquier medida de hecho ejercida contra el ahora impetrante de tutela y el restablecimiento del acceso y derecho a la vivienda de sus sobrinos menores de edad y su madre, hasta que una autoridad competente ordene lo que en derecho corresponda; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación al derecho a la propiedad conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0120_2024-S4.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): c360e33a9a4107d2e024f4fdabd16c770b3d8fb1997e7ba0fabdb4bd598dd11d

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