B.IA.LEGAL

SCP 0120/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 29 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
34112-2020-69-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delitos relativos a la Ley 1008, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) El Fiscal demandado, apoyado en la SCP 0696/2017, erradamente fundamentó el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en cuanto al peligro para la sociedad; por su parte, ii) La Jueza a quo, sin fundamentación y apoyado en los argumentos del Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva; y, finalmente iii) El Vocal demandado, sin fundamentación y motivación confirmo la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre la referida SCP 0696/2017, cerrándole la posibilidad de poder desvirtuar los riesgos procesales impuestos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) Atribuciones del Ministerio Público; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 22/2020 de 17 de junio, cursante a fs. 161 a 163, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONDEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente: Dejar sin efecto la Resolución 204/2020 de 10 de junio, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz; debiendo emitirse una nueva Resolución en audiencia pública, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con esta Sentencia Constitucional, conforme a los fundamentos descritos precedentemente.

3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los codemandados -Fiscal de Materia y Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz-.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Atribuciones del Ministerio Público
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0120/2023-S1 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 34112-2020-69-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2020 de 17 de junio, cursante de fs. 161 a 163, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Edgar Quispe Surco contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Noveno de la Capital del citado departamento; y, Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de junio de 2020, cursante de fs. 5 a 6., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito relativo a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 22 de julio de 1988-, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva; considerando que es un peligro para la sociedad, basado en la petición del Fiscal de Materia conforme a la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, “…alegando que es aplicable solo para casos de 1008 en medidas cautelares…” (sic); motivo por el cual, planteó recurso de apelación y el Tribunal de Alzada no se pronunció al respecto, y en mérito a estos actos fue privado de libertad, generando un candado que no le permitió desvirtuar los riesgos procesales que fueron impuestos en su contra.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga que “las autoridades accionadas emita sus pronunciamientos conforme a Ley y la Jurisprudencia constitucional, y sea en respeto al derecho a mi libertad y demás formalidades de Ley” (sic); y en audiencia de garantías, solicitó la nulidad del Auto de Vista a efectos de emitir una nueva, conforme a la jurisprudencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia (virtual) se realizó el 17 de junio de 2020, según consta en acta cursante de fs. 177 a 180 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: a) El Fiscal de Materia fundamentó los riegos procesales previstos en los arts. 234.1.2 y 7 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto al numeral 7 del art. 234 relativo al peligro efectivo para la sociedad se apoyó en la SCP 0969/2017, la cual establece que el riesgo procesal está vinculado a la naturaleza del delito y no a los antecedentes; razonamiento que vulnera no solo el derecho a la libertad, sino a la posibilidad de poder desvirtuar este riesgo, al principio del debido proceso en su elemento de legalidad; toda vez que, se presume su culpabilidad, sin considerar que sólo era el chofer del camión; cerrándole la posibilidad de desvirtuar ese riesgo, actuando en franca contradicción con la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, la cual refiere que “…el riesgo para la sociedad y víctima y el denunciante es necesario demostrar que mi cliente habría cometido un hecho delictivo anterior…” (sic); es decir, que esta sentencia ha modulado esas decisiones arbitrarias; en el sentido, que para considerar latente el peligro efectivo para la sociedad se requiere sentencia condenatoria anterior; y, la fiscalía consideró que para los casos de la Ley 1008 se debe considerar la naturaleza del delito para establecer el riesgo para la sociedad; y, b) De igual forma, señalaron que con relación al peligro de obstaculización -235.1- el investigador a través de su informe señaló que existen denuncias de los vecinos del distrito 7, zona San Anselmo donde ocurrió el hecho que vehículos y personas que se estarían dedicando al narcotráfico y que el imputado podría influir negativamente en los vecinos, sin que exista una fundamentación por el fiscal y el único testigo que podría influir es el investigador asignado al caso; por lo que, se considere que no existe este riesgo; toda vez que, no se probó material y objetivamente; haciendo referencia a la SCP 276/2018-S2, la misma que señaló que para demostrar este riesgo se debe ser objetiva y materialmente cómo y quienes son los testigos que intervengan con relación al numeral 2; por lo que, solicitó la emisión de una nueva resolución del recurso de apelación y no “se soslaye errores como de la fiscalía que se ha cometido en el art 235 numerales 1 y 2”.

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas.

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; a través de informe escrito cursante a fs. 152 a 156, señaló que: 1) El accionante señaló que en audiencia de medidas cautelares fue considerado como un peligro para la sociedad, conforme a la petición del Fiscal de Materia, quién se apoyó en la SCP 0969/2017, la cual no sería jurisprudencia constitucional alegando “que es aplicable solo para casos de 1008” y que el Vocal no se pronunció, privándole de su libertad y generando un candado que no le permitiría desvirtuar dicho riesgo; 2) La autoridad demandada confirmó la Resolución 236/2020 de 2 de junio, mediante Auto de Vista 204/2020 de 10 de junio; el cual es objeto de observación por el ahora impetrante de tutela; toda vez que, “en la audiencia de apelación cautelar el ahora accionante a través de su abogada defensora hacer conocer que la Sentencia Constitucional Nº 0969/2017 que ha sido aplicada en la audiencia cautelar solicitada por el Ministerio Público en relación al riesgo procesal del art. 234 núm. 7) del CPP, misma sentencia constitucional que no debería ser aplicada conforme lo menciona las sentencias constitucional 056, 070 de 2014 y la 0185/2019-S3” (sic); 3) Respecto a este agravio, el Vocal demandado en el Auto de Vista fundamentó lo siguiente: “…Que, con relación al Art. 234 núm.7 del CPP, de la misma forma la parte imputada ha alegado que la autoridad jurisdiccional no ha aplicado las diferentes sentencias constitucionales. Sin embargo, no basta señalar las sentencias constituciones para que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta, sino que ese lineamiento jurisprudencial se quiere que se tome en cuenta, debe ser necesariamente presentado en físico conforme establece el Art. 29 del Reglamento N° 12/2019, a efectos de que el Tribunal o la Autoridad jurisdiccional tenga conocimiento objetivo de ese lineamiento jurisprudencial, a efectos de ver si existe analogía o no para la aplicación en este caso. Si bien estamos en audiencias virtuales pero ese aspecto se puede cumplir enviando la documentación mediante el sistema informático que admite esta clase de actos procesales; consecuentemente, ese riesgo procesal no estaría desvirtuado.” (sic); en tal sentido, el Tribunal de alzada se pronunció sobre los extremos denunciados; ya que no solo se debe mencionar sino se tiene que demostrar objetivamente las sentencias que fueron mal aplicadas; esto conforme emerge de la Disposición Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que dispone la creación del Reglamento 12/2019 de Conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, el cual en su art. 29 refiere: “Los abogados intervinientes en audiencia, a momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional, deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con fines de generar en la autoridad judicial convicción al emitir la respectiva resolución…”, normativa que obliga a los abogados a presentar físicamente las sentencias invocadas en sus alegatos; y, en la apelación no se presentó de forma física las sentencias referidas por la defensa técnica, solo se limitó hacer referencia a diferentes sentencias constitucionales; por lo que, el accionante no cumplió lo dispuesto por esa normativa legal y al no contar objetivamente las líneas jurisprudenciales que ofreció como prueba, no se pudo desvirtuar los riesgos procesales y en ningún momento se le obstaculizó para que el imputado desvirtúe ese riesgo procesal; solo se limitó a establecer que ese riesgo no fue desvirtuado; toda vez que, no presentaron pruebas físicas; 4) Si el impetrante de tutela consideró que existió una mala valoración sobre las sentencias constitucionales, debió solicitar una explicación, enmienda y complementación del Auto de Vista, conforme al art. 125 del CPP, lo cual no sucedió y dando por bien hecho dicha resolución y sin agotar esa instancia rápida pretende a través de la instancia constitucional subsanar su negligencia vulnerando la subsidiariedad; y, 5) El Auto de Vista impugnado, fue emitido conforme establece el art. 124 del CPP; por lo que, fue debidamente fundamentada conforme a los antecedentes del cuaderno de apelación y los elementos proporcionados por las partes; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada por el imputado. Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del citado departamento, mediante informe escrito cursante a fs. 157 a 158, señalo que: i) El 2 de junio se realizó la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva del ahora peticionante de tutela y otros por el presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación establecidos en los art. 48 y 23 de la Ley 1008, por Resolución 236/2020, la cual fue objeto de apelación; ii) Se aplicó la medida de extrema ratio por el lapso de treinta días conforme lo previsto por el art. 393 bis y ter del CPP y en un hecho de flagrancia no es necesaria la consideración de riesgos procesales; empero, por respeto de los derechos de los imputados; y, por informe de la secretaria, no fue devuelto el testimonio de apelación por el Tribunal de alzada, desconociéndose si fue concedida o rechazada dicha apelación; iii) Con relación a la acción de libertad, el solicitante de tutela refirió que está siendo procesado por un delito relativo a la Ley 1008 y que se dispuso su detención preventiva considerado como un peligro para la sociedad, basado en la SCP 0969/2017, petición realizada por el fiscal demandado, que “no es jurisprudencia constitucional alegando que es aplicable solo para casos de 1008” (sic); en tal sentido, la autoridad demandada señalo que se dispuso la medida de la detención preventiva, conforme a la solicitud efectuada por la autoridad fiscal, considerando la flagrancia, la solicitud de procedimiento inmediato y los riesgos procesales, entre ellos el peligro efectivo para la sociedad; decisión que fue impugnada; y, iv) Las medidas cautelares no causan estado, conforme lo previsto en el art. 250 del CPP o al art. 239 del mismo procedimiento penal y las modificaciones por la Ley 1173, en ese entendido, dicho procedimiento no consigna el término “candado” como señaló el accionante. Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia; quién refirió mediante informe escrito cursante a fs. 124 a 126 vta., que: a) El impetrante de tutela refirió que se le consideró peligro para la sociedad, conforme a la SCP 0969/2017 que fue sustento del fiscal, la cual fue aceptada por la Jueza y el Vocal demandado no emitió pronunciamiento; generando un “candado” que no le permitió desvirtuar los riegos procesales; b) El peticionante de tutela pretende enervar el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP apoyándose en la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril la cual no es análoga al delito y hecho del caso de autos; ya que se trata de robo agravado, lo cual rompe la vinculatoriedad que pretende el solicitante de tutela; por lo que, el supuesto de enervar este riesgo con un certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), podrá utilizarse en hechos similares; empero, no a un hecho de narcotráfico; c) La Resolución de Imputación Formal contra el accionante y otros, el Ministerio Público para demostrar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP se apoya en la SCP 0969/2017-S3 donde el hecho fáctico es de un delito de narcotráfico; por lo que, es análogo al presente caso, estableciendo que cuando se trata de delitos de narcotráfico no se enerva el riesgo de peligro para la sociedad con un certificado del REJAP, por tratarse de delitos que afectan gravemente a la sociedad por ser atentatoria con la salud pública; d) Asimismo hizo referencia a la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, la cual refiere sobre las reglas básicas sobre el supuesto análogo, señalando que: “…Lo que No se debe hacer a tiempo de aplicar o invocar un precedente constitucional, lo que la doctrina llama citas antitécnicas o de mala aplicación o uso de los precedentes Cita de un precedente constitucional sin que exista analogía en los supuestos fácticos” (sic); e) El impetrante de tutela se limitó a referirse que se puso un candado para enervar riesgos procesales; sin embargo, la SCP 0969/2017 no fue emitida por el Vocal demandado, ni la Jueza demandada, menos el fiscal; toda vez que, se trata de una línea jurisprudencial de cumplimiento obligatorio; ya que, lo contrario significaría inaplicación de la jurisprudencia constitucional; y, f) Con un vago argumento, se pretende la tutela, si bien no se exige formalidades en la acción de libertad; empero, debió referirse de forma clara las vulneraciones sufridas y como fue perjudicado y tampoco describe sobre el procesamiento ilegal o indebido; por lo que, solicitó se deniegue la tutela y sea con costas procesales.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 22/2020 de 17 de junio, cursante de fs. 161 a 163, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El peticionante de tutela denunció como acto vulneratorio el hecho que la Jueza demandada emitió Resolución de medidas cautelares, ordenando la detención preventiva generándole un candado e impidiéndole desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz confirmó esta resolución; 2) En el art. 125 de la CPE se establece que la acción de libertad tiene por finalidad resguardar la vida y la libertad personal, siempre y cuando estas se encuentren ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de libertad; 3) La jurisprudencia constitucional sentó línea en atención a la procedencia de la acción de libertad por procesamiento indebido cuando las resoluciones no se encuentran debidamente fundamentadas, cuando se encuentren vinculadas al derecho a la libertad o que se encuentren detenidos preventivamente, en cuyo mérito se tiene las SSCC 1523/2004 y 0387/2012 las cuales refieren que cuando exista una vinculación con el derecho a la libertad puede ser revisada la Resolución en su elemento a la debida fundamentación; y en el caso de análisis el accionante se encuentra privado de libertad, al respecto la Jueza demandada en su resolución refirió que: “…se trata de un delito flagrante y que no sería necesario fundamentar los riesgos procesales pero la juez accionada va a respetar el trabajo del Ministerio Público, pero tiene a bien fundamentar los riesgo procesales previstos en el artículo 234 en su numeral 1 y 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal…” (sic), asimismo se tiene latente el art. 235.1 y 2; advirtiendo que no sólo estaba latente el art. 235.7, sino otros riesgos procesales que fundaron la detención preventiva del imputado; además que el mismo estaba asistido por su defensa técnica; por lo que, no advirtió un procesamiento indebido en la emisión de la resolución; la cual fue apelada y resuelta por el Vocal demandado mediante Auto de Vista 204/2020; la cual, en su punto sexto contiene los fundamentos fácticos y jurídicos concerniente al coimputado ahora impetrante de tutela, conteniendo la debida fundamentación conforme al art. 124 del CPP y respecto a la autoridad fiscal se tiene que cumplió con el marco normativo al emitir la imputación formal el cual fue considerado por la autoridad jurisdiccional y no se advierte vulneración; 4) La acción de libertad es una demanda extraordinaria que no puede subsanar negligencias de los abogados por errores que incurrieron en la justicia ordinaria, precisando además que si bien el peticionante de tutela no consideró absuelta con claridad respecto a sus fundamentaciones o pretensiones tiene la vía expedita de acudir ante la acción de amparo constitucional conforme estable la SSCC 0871/2010 de 10 de agosto y 1474/2013 de 22 de agosto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 8 de junio de 2021, cursante a fs. 186, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 24 de marzo de 2023 cursante a fs. 302.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1.Inicio de Investigación y Aplicación de Procedimiento Inmediato para delitos flagrantes, de 1 de junio de 2020, emitido por Marco Antonio Aranibar Paniagua, Fiscal de Materia -ahora demandado-, del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edgar Quispe Surco -ahora accionante-, y otros por la presunta comisión de los delitos de tráfico y Asociación delictuosa y confabulación, previstos en los arts. 48 y 53 de la Ley 1008; por lo que, se presentó imputación formal, solicitando aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes y la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva. (fs. 140 a 146) II.2.Resolución 236/2020 de 2 de junio, emitido por Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-; en la cual señala:

“En relación al num.7) de Art. 234 del C.P.P. peligro efectivo para la sociedad debe considerarse ya que se ha sostenido en esta audiencia por los 3 imputados a través de su defensa, que este riesgo no está debidamente fundamentado que sería una simple valoración que hace el Ministerio Público y se basa en simples presunciones y que no correspondería establecerlo como riesgo procesal, debemos establecer que el hecho que se investiga en esta causa son delitos de Narcotráfico al respecto es necesario considerar el lineamiento que ha sido establecido por el Tribunal Supremo de Justicia a través de los A.S. 417/2003, 559/2007, 128/2009, la C.C 969/2017-S3 de 25 de septiembre de 2017 este lineamiento Constitucional y Jurisprudencial establece que la simple portación de Sustancias controladas ya constituye a la persona un peligro efectivo para la sociedad ya que atenta contra el bien jurídico protegido como es la salud pública teniendo en cuenta que las sustancia controladas van en contra dela población vulnerable de nuestra sociedad como ser niños y adolescentes en ese efecto se va a establecer si bien por parte de una de las imputadas Primitiva Cusi Sonco se ha presentado Certificado de Antecedentes Penales y Certificado de No violencia para establecer que esta ciudadana no tiene antecedentes esto es correcto pero esa documentación no viene a desvirtuar el peligro efectivo para la sociedad en virtud a que el delito que se investiga está relacionado con sustancias controladas, por lo cual este peligro si se va mantener para los 3 ciudadanos.

En relación a Edgar Quispe Surco, se tiene que el Ministerio Público refiere que no tiene domicilio, ni actividad es decir no ha cuestionado la familia, a través de la defensa de Edgar Quispe Surco se ha señalado que este ciudadano tiene un arraigo natural y social toda vez que el es chofer, trabaja, tiene una familia, tiene 3 menores de edad bajo su cuidado y que de acuerdo al informe del SEGIP este riesgo no ha sido el más adecuado en la fundamentación del Ministerio público, sin embargo a través de la documentación que se nos ha presentado el día de hoy se nos presenta 3 cédulas de identidad de 3 menores de edad la que evidentemente Edgar Quispe Surco aparece como progenitor los 3 son menores de edad conforme las fotocopias, también se ha presentado Certificados de nacimiento de los 3 menores 1 en original y 2 en fotocopias simples en los cuales Edgar Quispe Surco es progenitor de estos menores estableciendo de esta manera que el imputado tiene una familia esto también en respeto del Art. 62 de la C.P.E.

En cuanto al tema del domicilio no ha sido cuestionado por el Ministerio Público razón por la cual la suscrita ve innecesario hacer la consideración respectiva.

En cuanto al tema de la actividad que si ha sido cuestionado a través de su defensa se ha presentado una autorización de orden de viaje en la cual refiere las Autoridades sindicales, Central Agrario, Sectores sociales de la población de Santiago de Machaca Sallacucho le autoriza la Orden de viaje a Edgar Quispe Surco con licencia de conducir para abastecimiento de insumos, traslados, abarrotes, verduras, frutas y por ende autorizan viajes hacia la ciudad de La Paz hacia el cantón de Santiago de Machaca Sallacucho y traslado de productos tubérculos y cereales, identificando el camión color rojo Tipo Cóndor Nissan placa 1481-KHI industria japonés modelo 1992, esta documentación ha sido presentada el día de hoy y ha sido expedita en fecha 28 de abril de 2020, de acurdo al informe de SEGIP que también se ha hecho mención por la Autoridad Fiscal se ha hecho mención que el tendría la ocupación de estudiante y con la documentación que se ha presentado el día de hoy, no se adjunta la licencia de conducir pues los actos que se han realizado no demuestran esta actividad razón por el cual el tema de la actividad lícita para este ciudadano no va concurrir como el único riesgo que se va a mantener de acuerdo al num1 del art.234 y por ende el num.2 del mismo artículo (sic [fs. 196 a 200]). II.3.Auto de Vista 204/2020 de 10 de junio, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; cuya disposición contiene antecedentes; descripción de la resolución apelada; fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales, y en el punto 6.1., se establece que:

“III. FUNDAMENTOS DE HECHO, DERECHO Y JURISPRUDENCIALES:

(…)

4to. – Qué se debe tomar en cuenta que tanto la imputada Primitiva Cusi Sonco y Edgar Quispe Surco como primer agravio manifiestan que la autoridad jurisdiccional no habría establecido fehacientemente lo previsto por el Art. 233 num. 1) del CPP, en cuanto a su supuesta participación en el hecho que se investiga no existiendo fundamento sobre el mismo.

4.1.- Al respecto este Juez de Alzada ha revisado minuciosamente la resolución y evidencia específicamente en la fundamentación sobre la posible autoría y la autoridad A quo manifiesta fundamentalmente que (…)

4.2. – Con relación a Edgar Quispe Surco, incluso conforme también ha manifestado la defensa se establecería que el evidentemente era el que conducía el vehículo, pero el conducía ese vehículo para abastecer insumos, abarrotes, verduras, futas que lógicamente habría sido contratado por las autoridades sindicales Central Agraria, Sectores Sociales de la población de Santiago de Machaca. Entonces el solamente podría como su actividad transportar esta mercadería o estos abastecimientos alimenticios, no pudiendo el llevar otros extremos, consecuentemente, el en su vehículo conforme establece la imputación y lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional, estaban dos bolsas de yute forrados con varios paquetes con cinta masquin donde estaba la sustancia controlada, entonces el lógico que él también tenía conocimiento del traslado de esa sustancia controlada, porque él para empezar, tenía autorización para transportar alimentos, entonces existe un grado de participación.

4.3. -Ambas partes manifiestan que no está correctamente establecido la participación por el hecho de tráfico de sustancias controladas. Al respecto, es importante aclarar que en la etapa investigativa lo que se investiga son hechos y no tipos penales y es este caso son hechos de sustancias controladas, consecuentemente, existe un grado de participación, uno el conductor que estaba trasladando las sustancias controladas porque el solo podía trasladar alimentos (…) Consecuentemente, en el presente caso la autoridad jurisdiccional habría cumplido a cabalidad lo previsto por el Art. 233 num.1) del CPP.

(…)

4.5. -Con relación al Art. 234 num. 7) del CPP, que es peligro para la sociedad en este caso la parte apelante manifiesta que la autoridad jurisdiccional no ha cumplido con los lineamientos jurisprudenciales que han señalado en varias sentencias constitucionales, en sentido que el peligro para la sociedad inclusive, solamente se tiene que mostrar la no existencia de antecedentes, es decir, que la parte apelante en este caso se está basando en lineamientos jurisprudenciales para poder establecer que la autoridad A quo no ha hecho una correcta valoración sobre este peligro procesal. Al respecto es importante tomar en cuenta la Ley Nº 1173 en sus Disposiciones Transitorias Décimo Tercera que ha dado lugar a la vigencia del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario e audiencia virtual, en materia penal; esto significa que esta normativa se debe aplicar porqué es por mandato de la Ley Nº 1173 (…) En el presente caso, la parte apelante solamente se ha limitado a señalar lineamientos jurisprudenciales y no ha presentado a este Tribunal de alada en físico, si bien estamos en una audiencia virtual pero tranquilamente podría haberse presentado por el sistema informático, consecuentemente, aquí no se habría demostrado el agravio, toda vez que esta norma legal es lógica a efectos de que el Juez pueda establecer si esta jurisprudencia constitucional es análoga para poder aplicar o no, por lo que no existe reitero agravio.

(…)

6.1. - Que, con relación al art. 234 num.7) del CPP, de la misma forma la parte imputada ha alegado que la autoridad jurisdiccional no ha aplicado las diferentes sentencias constitucionales. Sin embargo, no basta señalar las sentencias constitucionales para que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta sino que ese lineamiento jurisprudencial si se quiere que se tome en cuenta, debe ser necesariamente presentado en físico conforme establece el art. 29 del Reglamento N° 12/2019, a efectos de que el Tribunal o la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento objetivo de ese lineamiento jurisprudencial, a efectos de ver si existe analogía o no para la aplicación en este caso. Si bien estamos en audiencias virtuales pero ese aspecto se puede cumplir enviando la documentación mediante el sistema informático que admite esta clase de actos procesales, consecuentemente, ese riesgo procesal no estaría desvirtuado. 7mo. -Que, los tres imputados (…) y Edgar Quispe Surco manifiestan que no está debidamente fundamentado el Art. 235 num. 2) del CPP. Al respecto dicha normativa legal establece específicamente que este riesgo procesal es persistente por la influencia que se podría realizar a los testigos, víctimas, peritos; en el presente caso la autoridad jurisdiccional de manera clara indica: ‘…en libertad podrían influir también sobre el Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui oficial encargado de las investigaciones…’. Al respecto se establece que es evidente y razonable este riesgo procesal porque no nos debemos olvidar que en los casos de Ley 1008, incluso es admisible las denuncias confidenciales y peor aún que cuando una denuncia confidencial que el fondo ha sido verdad, es lógico que el Ministerio Público así como la autoridad jurisdiccional deba proteger el no influenciamiento negativo a los que denunciaron y también al que esta investigando; entonces lo único que corresponde en este caso ya que la autoridad jurisdiccional ya ha dado el lineamiento, es que el Ministerio Público establezca las correspondientes declaraciones de los vecinos, que ellos tienen conocimiento que se habrían denunciado y lógicamente del investigador (Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui), siendo ese el riesgo procesal por el que fundan este elemento previsto en el Art. 235 num.2) del CPP, lógicamente realizado el mismo quedaría desvirtuado este riego, porque es en el que se ha fundado tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional. ([sic] fs. 147 a 151)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delitos relativos a la Ley 1008, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) El Fiscal demandado, apoyado en la SCP 0696/2017, erradamente fundamentó el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en cuanto al peligro para la sociedad; por su parte, ii) La Jueza a quo, sin fundamentación y apoyado en los argumentos del Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva; y, finalmente iii) El Vocal demandado, sin fundamentación y motivación confirmo la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre la referida SCP 0696/2017, cerrándole la posibilidad de poder desvirtuar los riesgos procesales impuestos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) Atribuciones del Ministerio Público; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada” , estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R-de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP , la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. Atribuciones del Ministerio Público

Con relación al Ministerio Público nuestra Constitución Política del Estado establece lo siguiente:

“Artículo 225.-

I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”.

A su vez el Código de Procedimiento Penal también establece funciones específicas para el Ministerio Público:

“Artículo 70.- (Funciones del Ministerio Público).

Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica.

Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena”. Postulado estrechamente vinculado al art. 277 del citado código, que refiere:

“La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado.

La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses”. A su vez el art. 279 de la mencionada norma, precisa que dichas actuaciones están bajo control jurisdiccional, al prescribir:

“La Fiscalía y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional. Los Fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad”.

En un sentido específico acerca de las funciones y atribuciones del Fiscal de Materia, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece:

“Artículo 38.- (Funciones) Las y los Fiscales de Materia ejercerán la acción penal pública, con todas las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes el otorgan al Ministerio Público, asegurando su intervención en las diferentes etapas del proceso penal.

Artículo 40.- (Atribuciones)

Las y Los Fiscales de Materia tienen las siguientes atribuciones:

1. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, en los casos que los sean asignados en la investigación.

2. Intervenir en todas las diligencias de la etapa preliminar, preparatoria e intermedia, determinadas por Ley, velando por que dentro el término legal, se cumpla la finalidad de estas etapas del proceso y emitir los requerimientos correspondientes dentro del plazo previsto por Ley, bajo responsabilidad.

3. Intervenir en la etapa del juicio, sustentar la acusación y aportar todos los medios de prueba para fundar una condena.

4. Interponer y defender las acciones o recursos que franquea la Ley.”

De lo desarrollado anteriormente se entiende que, desde un mandato constitucional y legal, el Ministerio Público a través de los Fiscales de Materia tienen la atribución de ser la autoridad idónea para intervenir en todos los actuados procesales correspondientes a la investigación de los delitos de acción pública, dejando claramente establecido que dicha labor no implica el ejercicio de actos jurisdiccionales, lo cual es privativo de la instancia jurisdiccional, conforme lo describió la SCP 0699/2013-L de 19 de julio.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de delitos relativos a la Ley 1008, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) El Fiscal demandado, apoyado en la SCP 0696/2017, erradamente fundamentó el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en cuanto al peligro para la sociedad; por su parte, b) La Jueza a quo, sin fundamentación y apoyado en los argumentos del Fiscal de Materia, dispuso su detención preventiva; y, finalmente c) El Vocal demandado, sin fundamentación y motivación confirmo la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre la referida SCP 0696/2017, cerrándole la posibilidad de poder desvirtuar los riesgos procesales impuestos.

En el marco de lo aseverado por la representante sin mandato del impetrante de tutela, así como de la compulsa realizada a los antecedentes traídos en el presente caso, se tiene que conforme lo precisado en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad fiscal imputó formalmente en contra del ahora peticionante de tutela y otros por la presunta comisión de los delitos de tráfico y asociación delictuosa y confabulación, previstos en los arts. 48 y 53 de la Ley 1008; solicitando aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes y la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva, por concurrir los riesgos procesales insertos en los arts. 234.1.2 y 7; y, 235.1; fundamentando el peligro para la sociedad conforme la SCP 0969/2017-S3; en tal sentido, la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz en audiencia de medidas cautelares realizada el 2 de junio de 2020 dispuso la detención preventiva de los imputados por el lapso de treinta días, mediante la Resolución 236/2020; toda vez que, la parte imputada no desvirtuó los riegos procesales. (Conclusión II.2).

Ante esa determinación, el imputado -ahora accionante-, en la misma audiencia de medidas cautelares interpuso el recurso de apelación incidental contra la Resolución 236/2020, el cual previo a su sorteo fue remitida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolviendo la autoridad demandada mediante Auto de Vista 204/2020 de 10 de junio, disposición que confirmó la resolución de la autoridad a quo. (Conclusión II.3)

Bajo esos antecedentes, se tiene que el solicitante de tutela al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales, interpone la presente acción de libertad, señalando que las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) El Fiscal demandado, apoyado en la SCP 0696/2017, erradamente fundamentó el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en cuanto al peligro para la sociedad; por su parte, 2) La Jueza a quo, sin fundamentación y apoyado en los argumentos del fiscal, dispuso su detención preventiva; y, finalmente 3) El Vocal demandado, sin fundamentación y motivación confirmó la resolución apelada, omitiendo pronunciarse sobre la referida SCP 0696/2017, cerrándole la posibilidad de poder desvirtuar los riesgos procesales impuestos; en tal sentido, ingresaremos a analizar respecto a cada autoridad demandada.

III.3.1.Con relación al Fiscal de Materia, quién apoyado en la SCP 0696/2017, erradamente fundamentó el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en cuanto al peligro para la sociedad. Conforme denuncia el accionante la referida autoridad hubiera lesionado sus derechos al fundamentar el riesgo procesal respecto al peligro para la sociedad -234.7 CPP- apoyándose en la SCP 0696/2017; en tal sentido, es preciso remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, el cual señala que desde el mandato constitucional y legal, el Ministerio Público a través de los Fiscales de Materia tienen la atribución de ser la autoridad idónea para intervenir en todos los actuados procesales correspondientes a la investigación de los delitos de acción pública, dejando claramente establecido que dicha labor no implica el ejercicio de actos jurisdiccionales, lo cual es privativo de la instancia jurisdiccional; es decir, las funciones del Ministerio Público, se enmarca en la labor de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, pudiendo dicha autoridad fundamentar la solicitud a la detención preventiva conforme a los riesgos procesales que concurrieren en cada caso específico, ante la autoridad jurisdiccional; dicha autoridad es quién decide y resuelve sobre las medidas cautelares a ser impuestas a los imputados a través de una resolución fundamentada y motivada; por lo que, estos actos jurisdiccionales, son privativas de la instancia jurisdiccional y no así del Fiscal de Materia; en tal sentido, en el presente caso de análisis, se tiene que la autoridad fiscal al emitir la imputación formal hubiera fundamentado la concurrencia del peligro de fuga -234.7 CPP- apoyándose en la SCP 0696/2017 y solicitar la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva por concurrir este riesgo, no ocasionaría vulneración alguna al imputado; toda vez que, es la autoridad jurisdiccional -Jueza de Instrucción Penal- quién analizará si concurre o no este riesgo denunciado por el fiscal de materia y disponer la detención preventiva si el caso amerita; en tal sentido, el fiscal demandado solo cumplió con las atribuciones que la ley le otorga como la de ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial, en los casos que le sean asignados; en consecuencia, al no advertirse vulneración alguna con relación a la referida autoridad fiscal, se deniega la tutela impetrada.

III.3.2.Respecto a la Jueza de Instrucción Penal Noveno de la

Capital del departamento de La Paz, quién hubiera emitido la Resolución sin fundamentación y apoyándose en los argumentos del fiscal, disponiendo su detención preventiva; estos presuntos actos ilegales no serán motivo de análisis de fondo; en razón a que, en el presente caso, el impetrante de tutela solicitó la “nulidad del Auto de Vista” conforme se tiene del petitorio del presente fallo constitucional; en tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciará su fallos enmarcado en la última resolución dictada en sede ordinaria -Tribunal de Alzada-, que en el caso en examen resulta ser el Auto de Vista 204/2020 de 10 de junio, que precisamente conoció y resolvió la apelación planteada por el peticionante de tutela contra la referida Resolución de la Jueza a quo, ahora también cuestionada; en sentido, corresponde denegar la tutela con relación a esta autoridad, sin ingresar al fondo de la problemática traída a esta instancia constitucional.

III.3.3.Referente al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal

Departamental de Justicia de La Paz, quién emitió el Auto de Vista 204/2020 sin la debida fundamentación y motivación, confirmando la resolución apelada y omitiendo pronunciarse sobre la SCP 0696/2017.

Ahora bien, conforme al petitorio del solicitante de tutela que refiere que se deje sin efecto el Auto de Vista 204/2020 emitida por el Vocal demandado y se dicte una nueva, esta instancia constitucional ingresará al análisis del referido Auto de Vista, la cual confirmó la Resolución de la Jueza a quo, donde se impugnó el grado de participación -233.1 CPP-; además de los peligros de fuga y de obstaculización 234.7 y 235.2 del CPP; es decir, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; a tal efecto, corresponde conocer los argumentos del Auto de Vista ahora cuestionado; así se tiene que, la referida Sala Penal Tercera confirmó la resolución de la Juez a quo, manteniendo subsistente su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales inmersos en los arts. 234.7 y 235.2 ambos del CPP; en base a los siguientes argumentos:

1. Con relación al art. 233.1 del CPP, señaló que:

“4.2. -Con relación a Edgar Quispe Surco, incluso conforme también ha manifestado la defensa se establecería que el evidentemente era el que conducía el vehículo, pero el conducía ese vehículo para abastecer insumos, abarrotes, verduras, frutas que lógicamente habría sido contratado por las autoridades sindicales Central Agraria, Sectores Sociales de la población de Santiago de Machaca. Entonces el solamente podría como su actividad transportar esta mercadería o estos abastecimientos alimenticios, no pudiendo el llevar otros extremos, consecuentemente, el en su vehículo conforme establece la imputación y lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional, estaban dos bolsas de yute forrados con varios paquetes con cinta masquin donde estaba la sustancia controlada, entonces el lógico que el también tenía conocimiento del traslado de esa sustancia controlada, porque él para empezar, tenía autorización para transportar alimentos, entonces existe un grado de participación.

4.3. -Ambas partes manifiestan que no está correctamente establecido la participación por el hecho de tráfico de sustancias controladas. Al respecto, es importante aclarar que en la etapa investigativa lo que se investiga son hechos y no tipos penales y es este caso son hechos de sustancias controladas, consecuentemente, existe un grado de participación, uno el conductor que estaba trasladando las sustancias controladas porque el solo podía trasladar alimentos (…) Consecuentemente, en el presente caso la autoridad jurisdiccional habría cumplido a cabalidad lo previsto por el Art. 233 num.1) del CPP.” (sic).

Antes de ingresar a la contrastación y análisis de los argumentos vertidos por la autoridad demandada, es preciso remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el cual establece que las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impulsados de sustentar sus resoluciones; en tal sentido, en el caso de los Tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP.

Bajo esos antecedentes jurisprudenciales, concierne ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por el accionante; en tal sentido, conforme a lo descrito precedentemente se advierte que la autoridad demandada, referente a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, refirió que durante la etapa preparatoria lo que se investiga son los hechos y no tipos penales y en el presente caso son hechos relacionados con sustancias controladas; toda vez que, el coimputado -ahora impetrante de tutela- era el que conducía el vehículo donde estaban dos bolsas de yute forrados con varios paquetes con cinta masquin donde estaba la sustancia controlada, entonces es lógico que el imputado tenía conocimiento del traslado de esa sustancia controlada; además que él tenía autorización solo para transportar alimentos, entonces existe un grado de participación; asimismo, hizo referencia a la SCP 1079/2019 la cual señala que:

“…en el análisis de procedencia de medidas cautelares de carácter personal no es posible cuestionar y menos resolver sobre la adecuada o inadecuada atribución de tipos penales a los coimputados pues ello constituye un análisis propio de la imputación forma…” (sic). De esta contrastación se advierte que el Tribunal de Alzada, al realizar el análisis respecto a la participación del imputado -ahora peticionante de tutela- efectúo una adecuada fundamentación y motivación; toda vez que, el imputado tenía autorización para el traslado de alimentos en su vehículo donde fue encontrado las sustancias controladas; por lo que, se estableció el grado de participación; añadiendo además que durante la etapa preparatoria se investiga los hechos y no los delitos; en tal sentido, al advertirse que este punto contiene una fundamentación y motivación, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.1; se deniega la tutela solicitada respecto a este punto.

2. Respecto al peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP

-“Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”-; el Auto de Vista refiere:

“Con relación al Art. 234 num. 7) del CPP, que es peligro para la sociedad en este caso la parte apelante manifiesta que la autoridad jurisdiccional no ha cumplido con los lineamientos jurisprudenciales que han señalado en varias sentencias constitucionales, en sentido que el peligro para la sociedad inclusive, solamente se tiene que mostrar la no existencia de antecedentes, es decir, que la parte apelante en este caso se está basando en lineamientos jurisprudenciales para poder establecer que la autoridad A quo no ha hecho una correcta valoración sobre este peligro procesal. Al respecto es importante tomar en cuenta la Ley Nº 1173 en sus Disposiciones Transitorias Décimo Tercera que ha dado lugar a la vigencia del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario e audiencia virtual, en materia penal; esto significa que esta normativa se debe aplicar porqué es por mandato de la Ley Nº 1173 y cuando la parte apelante invoca lineamientos jurisprudenciales (…) En el presente caso, la parte apelante solamente se ha limitado a señalar lineamientos jurisprudenciales y no ha presentado a este Tribunal de alada en físico, si bien estamos en una audiencia virtual pero tranquilamente podría haberse presentado por el sistema informático, consecuentemente, aquí no se habría demostrado el agravio, toda vez que esta norma legal es lógica a efectos de que el Juez pueda establecer si esta jurisprudencia constitucional es análoga para poder aplicar o no, por lo que no existe reitero agravio” (sic). De dicha descripción se advierte que la resolución observada, no efectúa análisis respecto del por qué el imputado sería un peligro efectivo para la sociedad persistiendo el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP; en tal sentido, se establece que el Tribunal de Alzada no cumplió con su obligación constitucional y legal de hacer un análisis racional, ponderado y adecuado de los motivos que determinaron la detención preventiva dispuesta por la autoridad judicial a quo, y determinar si se cumplió los criterios de validez para la restricción del derecho a la libertad; asimismo, tampoco se pronunció respecto a la aplicación de la SCP 0969/2017-S3, conforme fundamentó la autoridad fiscal al momento de emitir la Resolución de imputación formal, para demostrar que concurría este riesgo procesal y solicitar a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva; siendo este fundamento en base a la referida sentencia constitucional que la Jueza a quo dispuso la medida de extrema ratio; por lo que, el accionante presentó el recurso de apelación; toda vez que, consideró que era un óbice para desvirtuar dicho riesgo; argumentando como un agravio expresado en su recurso de apelación incidental, conforme también se corrobora del informe escrito del Vocal demandado (fs. 152 a 156); empero, el Tribunal de apelación al momento de conocer y resolver el recurso de apelación, no precisó las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de mantener subsistente el referido riesgo de fuga y por lo tanto la detención preventiva dispuesta en su contra; debiendo expresar de manera fundamentada y motivada la concurrencia de los presupuesto jurídicos exigidos para su procedencia, limitándose a señalar que al no haber adjuntado el apelante de forma física las sentencias que hizo referencia para desvirtuar el fundamento del fiscal y de la Jueza a quo; motivo por el cual, no pudo ser considerado por la autoridad demandada, apoyándose en lo que establece Reglamento 12/2019, en su art. 29 el cual señala que a efectos de que el Tribunal o la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento objetivo de ese lineamiento jurisprudencial, a efectos de ver si existe analogía o no para la aplicación en este caso.

En tal sentido, la autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 204/2020 vulneró el debido proceso, respecto a este peligro de fuga -234.7 CPP-; toda vez que, la misma carece de una debida fundamentación y motivación; motivo por el cual, corresponde otorgar la tutela invocada a efecto de que se dicte una nueva resolución salvando las observaciones advertidas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3. Con relación al art. 235.2 del CPP, el Auto de Vista cuestionado mantuvo subsistente su detención preventiva respecto al peligro de obstaculización, en base a los siguientes argumentos:

“Que, los tres imputados (…) y Edgar Quispe Surco manifiestan que no está debidamente fundamentado el Art. 235 num. 2) del CPP. Al respecto dicha normativa legal establece específicamente que este riesgo procesal es persistente por la influencia que se podría realizar a los testigos, víctimas, peritos; en el presente caso la autoridad jurisdiccional de manera clara indica: ‘…en libertad podrían influir también sobre el Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui oficial encargado de las investigaciones…’. Al respecto se establece que es evidente y razonable este riesgo procesal porque no nos debemos olvidar que en los casos de Ley 1008, incluso es admisible las denuncias confidenciales y peor aún que cuando una denuncia confidencial que el fondo ha sido verdad, es lógico que el Ministerio Público así como la autoridad jurisdiccional deba proteger el no influenciamiento negativo a los que denunciaron y también al que está investigando; entonces lo único que corresponde en este caso ya que la autoridad jurisdiccional ya ha dado el lineamiento, es que el Ministerio Público establezca las correspondientes declaraciones de los vecinos, que ellos tienen conocimiento que se habrían denunciado y lógicamente del investigador (Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui), siendo ese el riesgo procesal por el que fundan este elemento previsto en el Art. 235 num.2) del CPP, lógicamente realizado el mismo quedaría desvirtuado este riego, porque es en el que se ha fundado tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional” (sic).

De esta contrastación, se advierte que efectivamente el Tribunal de Alzada, reiteró los argumentos de la Jueza a quo y con un argumento subjetivo refirió que “incluso es admisible las denuncias confidenciales y peor aún que cuando una denuncia confidencial que en el fondo ha sido verdad” (sic), señalando además que “el Ministerio Público establezca las correspondientes declaraciones de los vecinos” (sic), de estos argumentos se puede establecer que la autoridad codemandada incurre en aseveraciones subjetivas, no cursa argumento que refiera de qué forma o manera el acusado podría influir negativamente en vecinos, los cuales no se encuentran identificados y en qué medida; toda vez que, sólo identifica al investigador -Tte. Alan Jhonny Zapana Tarqui-, extremo que debe ser debidamente fundamentado y motivado por las autoridades jurisdiccionales a tiempo de emitir una resolución, argumentación que además, debe ser objetiva y generar convicción en la parte apelante o recurrente, conforme también estableció la SCP 0205/2019-S2 de 9 de mayo al señalar que el Juez debe establecer hechos objetivos que demuestren la obstaculización en la investigación; labor que, en el caso de Autos no fue cumplida pese a que en apelación se denunció justamente la falta de fundamentación de la Jueza a quo, respecto a este riesgo procesal; empero, el Vocal demandado lejos de corregir este aspecto, incurrió en el mismo error, con lo que la autoridad demandada incumplió con su deber de motivación que incluye los elementos previstos el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; asimismo, con esos argumentos emitidos por el vocal demandado al aseverar que la denuncia “fue verdad”, incurre en una vulneración de la presunción de inocencia; dado que, la verdad histórica de los hechos, será establecido a través de una Sentencia Ejecutoriada; por lo que, en esta instancia de la etapa preparatoria del proceso penal, se realiza actos investigativos los cuales pueden ser modificados de acuerdo a las investigaciones y pruebas aportadas por los sujetos procesales, así como en el juicio oral. En ese orden, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación constitucional de hacer un análisis racional, ponderado y adecuado de los motivos que dieron lugar a la imposición de la detención preventiva con relación a este peligro de obstaculización; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada, al verificar la vulneración del derecho al debido proceso, en su vertiente de motivación; así como, al principio de presunción de inocencia.

En ese marco, la autoridad demandada deberá emitir una nueva Resolución, siguiendo lo desarrollado precedentemente, debiendo al efecto señalar audiencia conforme a procedimiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 22/2020 de 17 de junio, cursante a fs. 161 a 163, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONDEDER la tutela solicitada, respecto al Vocal demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente: Dejar sin efecto la Resolución 204/2020 de 10 de junio, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz; debiendo emitirse una nueva Resolución en audiencia pública, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con esta Sentencia Constitucional, conforme a los fundamentos descritos precedentemente.

3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a los codemandados -Fiscal de Materia y Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz-. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

4 “Fundamento Jurídico III.2 …el actual sistema procesal penal, se rige por el principio acusatorio, en el que claramente se encuentran diferenciadas, las funciones del Juez y del Ministerio Público, teniendo el primero la tarea de juzgar, y el segundo, la de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar; no pudiendo, por ende, la autoridad judicial, realizar actos investigativos y el Fiscal juzgar los ilícitos penales”.

5 “…la imposición de la medida cautelar no está vinculada a una etapa procesal, sino que tiene una finalidad procesal que es la que debe ser considerada; por otra parte, la afirmación que el imputado podría influir en los testigos -familiares del imputado y funcionarios policiales-, constituyen presunciones, pues es obligación del juez o tribunal, al realizar esta afirmación, establecer hechos objetivos que demuestren la obstaculización de la investigación.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0120_2023-S1.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): bf27dabf967b46112cdafc43eba73be60d5bbf87f18a1a4129b504d785aa7b45

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