Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de marzo de 2025
Concede la tutela
La parte impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Violación a Infante Niña Niño o Adolescente contenido en el art 308Bis del CP, interpuso apelación incidental en relación al rechazo a la cesación de su detención preventiva que solicitó; instancia de alzada que, confirmó esa decisión argumentando falta de fundamentación de agravios en audiencia, ante su inasistencia y de su abogado a dicho acto procesal; sin considerar que, presentó una certificación que acreditaba que su abogado defensor se encontraba en otra audiencia, por lo mismo imposibilitado de asistir a su audiencia, y que debía ser considerada y señalarse nuevo día y hora de audiencia a dicho efecto. En consecuencia corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en referencia únicamente a la realización de la audiencia de apelación incidental, quedando sin efecto el Auto de Vista 343 de 18 de agosto de 2022 emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo se señale nueva audiencia de consideración de apelación incidental presentada ante el rechazo a la cesación de detención preventiva del accionante, por parte de la mencionada Sala Penal, siempre y cuando que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela no hubiera cambiado producto de otras solicitudes o mutado de etapa procesal, lo que pueda generar alguna disfunción procesal que afecte a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la víctima.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0119/2025-S4 Sucre, 21 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50268-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Ríos Phillips en representación sin mandato de Deiby Junior Villalobos Arredondo contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, de 28 a 30, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violación a Infante Niña Niño o Adolescente contenido en el art 308Bis del Código Penal (CP), en el que en el año 2020 determinaron la extrema medida de la detención preventiva y que a la fecha se encuentra privado de su libertad en el penal de Valle Grande del departamento de Santa Cruz; y, tomando en cuenta que, la detención preventiva no causa estado, se procedió a solicitar la cesación a su detención preventiva; misma que, fue rechazada por el Tribunal de Sentencia Primero de Valle Grande, lo que originó que su abogado interponga de manera oral y en audiencia Apelación incidental a dicho rechazo, el cual recayó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presidido por el Vocal ahora demandado; mismo que, dentro del plazo establecido por Ley, señaló audiencia de consideración para el 18 de agosto de 2022 a partir de las 10:30; a la cual no asistió, y tampoco su abogado; ya que, éste habría tenido programada otra audiencia relativa a otro caso para el mismo día a las 8:00; y dicha audiencia habría concluido a las 10:30 de aquél día, lo que le imposibilitó poder estar presente en su audiencia; razón por la cual, dicho abogado habría solicitado que por secretaría del juzgado cautelar donde se llevó a cabo dicha audiencia, certifique dicho extremo, habiendo sido presentado el mismo día a las 13:22 a la Sala Penal indicada, solicitando se señale nuevo día y hora de audiencia para la consideración de su apelación incidental, mereciendo decreto de 19 del mismo mes y año, indicando “EN ATENCION AL MEMORIAL QUE ANTECEDE ESTESÉ A LO RESUELTO EN FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022” (sic). De lo que se infiere que le causa agravios al rechazar sin el mínimo fundamento y sin realizar una valoración al memorial y principalmente a la certificación que adjuntó y que debía ser considerada y señalarse nuevo día y hora de audiencia de consideración a su Apelación incidental ante el rechazo a la cesación de su detención preventiva.
El accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa; así como, la carencia de fundamentación y motivación que toda resolución debe tener, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se señale nuevo día y hora de audiencia de consideración de su apelación incidental ante el rechazo a la cesación de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37; presente la parte impetrante de tutela, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado representante sin mandato, en audiencia, ratificó los términos expuestos en el memorial de la presente acción de libertad y ampliándolos, señaló que: a) Citando a la “SC 037/2002”, señaló que al no informar la autoridad demandada o al no constituirse en estrados judiciales se presume la presunción de verdad; es decir, que todos los argumentos vertidos se consideran como ciertos; b) Ante el rechazo a la solicitud de la detención preventiva, presentó apelación incidental conforme al art. 251 –se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)–, y la autoridad hoy demandada fijó audiencia para el 18 de septiembre de 2022; para la cual, fueron legalmente notificados, y fueron presentes en dicha audiencia los familiares del hoy impetrante de tutela, quienes hicieron conocer que el abogado defensor se encontraba en otra audiencia, en el Juzgado de Instrucción Noveno del departamento de Santa Cruz desde las 8:00; razón por la cual, interponen la presente acción de defensa por el principio de “ubicuidad que no se puede estar en dos lugares…” (sic); c) La autoridad ahora demandada rechazó la solicitud de consideración y dio por válido toda la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Vallegrande del departamento de Santa Cruz; d) La certificación emitida por el Juzgado de Vallegrande, da fe y lo justifica conforme al art 88 –no indica norma–; por lo que, la autoridad debió reprogramar la audiencia; ya que, causa agravio a su libertad, tomando en cuenta el art. 125 –no señala norma– en su vertiente de procesamiento indebido.
Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, habiendo remitido informe y haberse recepcionado el mismo al momento de dictarse resolución, en la presente acción tutelar; refirió que: 1) El Tribunal de alzada señaló audiencia de apelación, interpuesta por el hoy accionante, con la debida anticipación y fueron notificados de igual manera con la misma anticipación a efecto de que se hagan presentes a la audiencia señalada para el 18 de agosto de 2022 a las 10:30; 2) Ya en el acto no se hizo presente la parte apelante a través de su abogado, no obstante su legal notificación, tampoco justificó su inasistencia de manera idónea con documentación fehaciente que pueda acreditar su impedimento; mas al contrario, concluido el acto, en horas de la tarde recién justifica su inasistencia, lo que debió hacerlo antes de que se instale la audiencia; por lo que, este Tribunal estuvo impedido de verificar esa documentación adjuntada; toda vez que, el acto ya había sido instalado en horas de la mañana. Por lo que actuó conforme a procedimiento y se ratifica en el Auto de Vista emitido; y 3) Al no haberse demostrado ninguno de los presupuestos establecidos por el “art. 128 de la CPE”, pidió se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 37 a 39 vta., resolvió denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Citando a la “SC 0433/2021-S4 de 25 de agosto”, indica que los actos dilatorios en el trámite de apelación de medidas cautelares, citando lo establecido por los arts. 406 del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– que se refiere al trámite que debe otorgarse al recurso de apelación, que una vez recibidas las actuaciones la Sala Penal a través de la oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará dentro de las veinticuatro horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponde el recurso presentado por escrito, la audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco días y se desarrollará conforme al art. 113 del mismo código; el cual, dispone que se realizará con la presencia ininterrumpida de las partes salvo las excepciones establecidas en el citado código; y en cuanto al abogado defensor dice, si el defensor de manera injustificada no comparece a la audiencia o se retira de ella se considerara abandono malicioso y se designará un defensor de oficio, la autoridad sancionará al defensor conforme lo prevea el art. 105 del presente código; excepcionalmente en la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificada o ante la necesidad del abogado estatal o abogado de oficio, la autoridad señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles y el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia de caso fortuito la notificación para asistir a otro acto procesal recibida con posterioridad; y, en ningún caso podrá disponerse la suspensión de la audiencia sin su previa instalación; 2) Citando a la “SC 0078/2010-R” de 3 de mayo en referencia a la importancia de resolver con celeridad la situación jurídica de las personas privadas de libertad que solicitan cesación a la detención preventiva “… se considera un acto dilatorio al trámite de la cesación a la detención preventiva cuando (…) se fije en una fecha alejada más allá de lo razonable plazo que puede ser un plazo de 3 a 5 días hábiles dependiendo de la particularidad de cada caso” (sic).; 3) Conforme a la documentación adjuntada en la presente acción tutelar, el accionante fue notificado legalmente, la certificación a que hace referencia el abogado fue presentada el 18 de agosto de 2022 a las 13:22, posterior a la audiencia de apelación incidental; sin embargo, se debería haber hecho llegar de manera oportuna; ya que, dicha audiencia fue como consecuencia de una acción de libertad; 4) Debe evitarse que la interposición se convierta en un medio alternativo que provoque confrontación jurídica contra la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a los alcances, para que no pierda la esencia misma de ser un recurso heroico que se ha establecido que en los casos de materia penal, se impugne actos no judiciales que sean pretendidas a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta de manera excepcional; empero, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad a objeto de guardar un equilibrio y complementariedad de ambas jurisdicciones; y, 5) En cuanto al principio de veracidad, si bien ha llegado de manera tardía el informe emitido por la autoridad demandada, se tiene que el abogado fue debidamente notificado para dicha audiencia, y en otro horario diferente para otra audiencia; de la cual, presenta una certificación y la misma debió haberla dado a conocer a la autoridad demandada con anterioridad si tenía audiencia en otro lugar, tuvo la oportunidad para hacer conocer de manera inmediata dicha justificación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal de Valle Grande del departamento de Santa Cruz; por el cual, rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva interpuesto por el imputado Deybi Junior Villalobos Arredondo, manteniendo su detención preventiva ordenada por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del mismo departamento, mediante Auto de 8 de septiembre de 2020 de medidas cautelares, manteniéndose latentes los riesgos procesales en los arts. 234 numerales 1 y 7; 235.2 del CPP, “revocando el auto interlocutorio de fecha 16 de mayo de 2022 dictado por este tribunal. Enervándose el domicilio, y MANTENIENDOSE LATENTE EL ART. 234.7 Y 235.2 del C.PP.” (sic [fs. 7 a 8 vta.]). II.2. Cursa Acta de Audiencia de apelación a la audiencia de medida cautelar de 18 de agosto de 2022, y Auto de Vista 343 de la misma fecha, llevada a cabo por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a objeto de considerar la audiencia el recurso de apelación de audiencia de medida cautelar dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Deybi Junior Villalobos Arredondo –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de Violación agravada; en la que resuelve confirmar el Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Vallegrande (fs. 23 a 24). II.3. Se tiene certificación firmada por el Secretario del Juzgado de Instrucción Noveno del departamento de Santa Cruz, en el que indica que el abogado José Luis Ríos Phillips –abogado defensor del ahora accionante–, estuvo presente en audiencia de 18 de agosto de 2022, fijada para las 8:00 y terminada a las 10:30 (fs. 25).
La parte impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Violación a Infante Niña Niño o Adolescente contenido en el art 308Bis del CP, interpuso apelación incidental en relación al rechazo a la cesación de su detención preventiva que solicitó; instancia de alzada que, confirmó esa decisión argumentando falta de fundamentación de agravios en audiencia, ante su inasistencia y de su abogado a dicho acto procesal; sin considerar que, presentó una certificación que acreditaba que su abogado defensor se encontraba en otra audiencia, por lo mismo imposibilitado de asistir a su audiencia, y que debía ser considerada y señalarse nuevo día y hora de audiencia a dicho efecto. En consecuencia corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0826/2023-S4 de 4 de septiembre de 2023 señaló: El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0113/2021-S4 de 11 de mayo, al respecto estableció que: “La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II, establece que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; asimismo, en su art. 119.II determinó que: `Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios´; En ese entendido, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero, entre otras, sobre el derecho a la defensa en el proceso penal, estableció que: `Con referencia al derecho a la defensa (…) la Norma Suprema, instituye que toda persona tiene el derecho a la defensa; por su parte la doctrina y la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto señalan que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones: La defensa material y la defensa técnica, la primera es aquella que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal, posibilitándole realizar todos los actos que le permitan excluir o atenuar la reacción penal estatal; en tanto que la segunda dimensión, está referida al derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del proceso hasta su conclusión. En ese contexto la SCP 0743/2018-S4 de 6 de noviembre, sostuvo: «El extinto Tribunal Constitucional sobre el derecho a la defensa en la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, indicó lo siguiente: `En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que «El derecho a la defensa en juicio es inviolable» y en el art. 115.II de la CPE, que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente. Sobre el particular, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio»;
A su vez la SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: ‘El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…» (…) El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo…’.
Por su parte, la SCP 0155/2012 de 14 de mayo; señaló que: ‘…dentro del sistema jurídico diseñado por la Constitución Política del Estado, se ha establecido el reconocimiento del bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la CPE), entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: «A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo».
El derecho a la defensa: «…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…». Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado.
Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado.
En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…’” (…).
En el contexto de la jurisprudencia constitucional glosada; se concluye que, el derecho a la defensa es un elemento constitutivo del debido proceso, que tiene mayor incidencia procesal en su eficacia cuando se trata de materia penal, lo que obliga a la jurisdicción ordinaria a garantizar el ejercicio de ese derecho durante todo el desarrollo de un proceso penal, desde los actos iniciales hasta la emisión de la sentencia que corresponda y que la misma esté ejecutoriada; ello conlleva no una mera enunciación formal; sino, la garantía eficaz de la defensa material, que implica el derecho del procesado a defenderse, haciendo uso de la palabra cuando así lo requiera para exponer determinadas situaciones, y la defensa técnica, que importa a su vez la elección de un profesional causídico de confianza y el patrocinio de éste durante el proceso; o en su defecto, ante la imposibilidad de ejercicio de un abogado de confianza ya sea de forma temporal o permanente, la obligación que tiene el Estado de proporcionar un defensor de oficio; nótese en consecuencia, la connotación constitucional de este derecho que impide se lleven adelante actos procesales en ausencia de defensa técnica y/o impidiendo la defensa material, así como la suspensión de los mismos, sin proporcionar un defensor de oficio, evitando la prosecución del proceso (las negrillas son nuestras).
La SCP 0004/2022-S2 de 8 de marzo, se pronunció respecto a una fijación de audiencia por la inasistencia justificada del abogado defensor; empero, también contempla cuando ésta es injustificada, los efectos que produce y el procedimiento a seguirse en dicho actuado procesal al estar establecido por la normativa que se alude en dicho entendimiento jurisprudencial que señala: “El art. 113.II del CPP, modificado por el art. 7 de la Ley 1173, refiere: ‘Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.
Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.
Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal” (las negrillas son agregadas).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Violación a Infante Niña Niño o Adolescente contenido en el art 308Bis del CP, interpuso apelación incidental en relación al rechazo a la cesación de su detención preventiva que solicitó; instancia de alzada que, confirmó esa decisión argumentando falta de fundamentación de agravios en audiencia, ante su inasistencia y de su abogado a dicho acto procesal; sin considerar que, se presentó una certificación que acreditaba que su abogado defensor se encontraba en otra audiencia, por lo mismo imposibilitado de asistir a su audiencia, y que debía ser considerada y señalarse nuevo día y hora de audiencia a dicho efecto.
Al efecto, corresponde en primer término, referirse al Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal de Valle Grande del departamento de Santa Cruz; por el cual, se rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva interpuesto por Deybi Junior Villalobos Arredondo –hoy impetrante de tutela–, manteniendo su detención preventiva que había sido ordenada por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri del mismo departamento, mediante Auto de 8 de septiembre de 2020, “revocando el auto interlocutorio de fecha 16 de mayo de 2022 dictado por este tribunal. Enervándose el domicilio, y MANTENIENDOSE LATENTE EL ART. 234.7 Y 235.2 del C.PP.” (Conclusión II.1).
Según el acta de audiencia de apelación incidental a la audiencia de medida cautelar y Auto de Vista 343 de 18 de agosto de 2022, esta audiencia fue llevada a cabo a las 10:30 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a objeto de considerar la audiencia el recurso de apelación de audiencia de medida cautelar, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Deybi Junior Villalobos Arredondo –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de Violación agravada, la referida Sala Penal, resolvió confirmar el Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Vallegrande del departamento de Santa Cruz; argumentando que, la defensa técnica de la parte hoy impetrante de tutela “no se encuentra presente en audiencia para fundamentar su recurso de apelación” (sic); por lo que dicho Tribunal de alzada confirmó la resolución remitida en grado de apelación (Conclusión II.2).
La certificación otorgada al abogado del solicitante de tutela el mismo día de la audiencia de apelación incidental, de 18 de agosto de 2022, firmada por el Secretario del Juzgado de Instrucción Noveno del departamento de Santa Cruz, acredita que el abogado José Luis Ríos Phillips –abogado del impetrante de tutela– estuvo presente en audiencia de la misma fecha, fijada para las 8:00 y terminada a las 10:30 (Conclusión II.3). Respecto a la falta de defensa técnica alegado por el solicitante de tutela, de los antecedentes procesales, de la lectura del acta de audiencia de apelación incidental y del Auto de Vista 343, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se advierte que dicha audiencia se llevó a cabo dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Deybi Junior Villalobos Arredondo –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de Violación agravada; en la que resolvió confirmar el Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Vallegrande del departamento de Santa Cruz; argumentando que, la defensa técnica de la parte hoy impetrante de tutela “no se encuentra presente en audiencia para fundamentar su recurso de apelación” (sic); decisión que vulneró el derecho al debido proceso vinculado a la defensa; toda vez que, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 en referencia al derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; ya que, “la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: ‘La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio’”; y a su vez la “SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: ‘El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…»’”. Ya que, es el solicitante de tutela quien se vio afectado en sus derechos, al encontrarse sin su defensa técnica en la audiencia de consideración de apelación incidental, y posterior emisión de Auto de Vista que confirmó su detención preventiva.
En cuanto a la incomparecencia de abogado defensor a audiencia, éste había remitido una certificación emitida por otro Juzgado, en el que acreditaba haber estado presente en otra audiencia fijada a las 8:00, misma que había culminado a las 10:30; empero, esta certificación había sido presentada en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a las 13:22; es decir, luego de que había concluido dicha audiencia; sin embargo de ello, la hermana del hoy impetrante de tutela había informado en audiencia que el abogado se encontraba en otra audiencia, evidenciándose que el abogado no tomó los recaudos necesarios para informar de manera oportuna de tal situación al Tribunal de alzada; por lo que, no justificó su inasistencia, afectando de esa manera la situación jurídica del solicitante de tutela, y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se considerará abandono malicioso y corresponderá a la Jueza, Juez o Tribunal, la designación de un defensor estatal o de oficio; puesto que, en ningún caso podrá suspenderse el indicado acto procesal, bajo responsabilidad de la autoridad judicial que conoce la causa, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes; entendimiento jurisprudencial que se remite a lo que dispone el art. 7.II de la Ley 1173; y que, en el caso de autos se incumplió por parte de la autoridad jurisdiccional demandada; pues, en su caso debió designar un defensor de oficio.
Es así que, como se encuentra acreditado por el Auto de Vista 343, como lo informado por las partes, en el caso en examen, instalada la audiencia en la fecha indicada, el Secretario de Cámara en la audiencia, informó que las partes fueron debidamente notificadas; sin embargo, no se encontraban presentes el representante del Ministerio Público, como tampoco la parte civil ni la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; indica asimismo, que la hermana del hoy accionante indicó que el abogado de éste no estaba presente porque tenía otra audiencia señalada; y sin embargo, el Tribunal de alzada emitió su decisión resolviendo confirmar el Auto Interlocutorio de 1 de agosto de 2022, por no estar presente en audiencia la defensa Técnica del ahora solicitante de tutela, para fundamentar su recurso de apelación; lesionando de esta manera, su derecho a la defensa como elemento del debido proceso, al haberse resuelto su situación jurídica sin tener la asistencia de una defensa técnica; la cual, es irrenunciable desde el inicio hasta el final de la causa penal seguida en su contra, recayendo en afectación de su derecho a la libertad, lo que resulta contrario al principio del debido proceso previsto en el art. 115 de la CPE; en consecuencia, por lo expuesto, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela impetrada, únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de un debido proceso a través de la presente acción de defensa; ya que, toda persona tiene el derecho a la defensa, por cuanto deberá señalarse una nueva audiencia de consideración en la apelación incidental presentada, debiendo quedar sin efecto el Auto de Vista 343 de 18 de agosto de 2022. Todo ello, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del mismo referente a su libertad, decisión que corresponde ser asumida por la autoridad ordinaria que conoce de la causa, quien en el caso presente debe asumir siempre una determinación que garantice una protección efectiva y reforzada de la víctima de los hechos motivo de procesamiento. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, no actuó correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en referencia únicamente a la realización de la audiencia de apelación incidental, quedando sin efecto el Auto de Vista 343 de 18 de agosto de 2022 emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo se señale nueva audiencia de consideración de apelación incidental presentada ante el rechazo a la cesación de detención preventiva del accionante, por parte de la mencionada Sala Penal, siempre y cuando que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela no hubiera cambiado producto de otras solicitudes o mutado de etapa procesal, lo que pueda generar alguna disfunción procesal que afecte a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la víctima. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0119_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f8d88efbc71840f2174d410d0861e5b27ffb7a7a25869b22af6383b0690092d8
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