Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la alimentación y al trabajo; por cuanto, al encontrarse con detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, el 9 de mayo de 2022 solicitó modificación de las medidas cautelares personales y anunció el retiro de su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 166/2022 de 28 de abril, fijándose audiencia cautelar para el 16 de mayo de 2022, que fue reprogramada para el día siguiente, oportunidad en la que la Jueza ahora demandada mediante simple proveído, rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental aún pendiente de resolución por su remisión ante el Tribunal de alzada, sin que hasta la interposición de la presente acción de libertad, se hubiera definido su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva; iv) Sobre el nuevo señalamiento de audiencia de cesación de medidas cautelares estando pendiente la resolución de apelación de una anterior solicitud; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que la autoridad judicial demandada resuelva en el plazo de veinticuatro (24) horas, la solicitud del accionante de modificación de medidas cautelares a través del memorial de 9 de mayo de 2022, siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0119/2024-S1 Sucre, 16 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48015-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Franklin Mamani Guarachi contra Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 11 a 17 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Frida Beatriz Conde Noguera en su contra y otros, por la supuesta comisión del delito de homicidio en grado de encubrimiento, la Jueza ahora accionada mediante Auto Interlocutorio 021/2022 de 26 de enero, ordenó su detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, entre otras medidas cautelares personales, por la concurrencia de los presupuestos establecidos en los arts. 233.1, 234.1. 2 y 235. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Apelada dicha determinación judicial, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 091/2022 de 4 de febrero, declaró infundado el recurso interpuesto; por ello, agotando el principio de subsidiariedad formuló una acción de libertad contra dicha resolución de alzada, en la que se concedió la tutela, dejando sin efecto el referido Auto de Vista. A tal efecto, la citada Sala Penal pronunció la Resolución 152/2022 de 8 de marzo, que determinó la inconcurrencia de los riesgos procesales de fuga previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, quedando subsistentes los establecidos en el art. 235.1 y 2 de la norma adjetiva penal. Posteriormente, solicitó modificación de medidas cautelares ante la Jueza ahora demandada, quien señaló audiencia para el 22 de abril de 2022, después de un mes y dos días, emitiendo el Auto Interlocutorio 157/2022, por el que rechazó su petición sin considerar la inexistencia del peligro de fuga, y mantuvo su situación jurídica de detención domiciliaria, sin salida laboral de forma totalmente desproporcional. Luego, el 28 de abril de 2022, a solicitud del Ministerio Público y las víctimas, se instaló audiencia de ampliación de su detención domiciliaria, acto procesal que culminó con el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 166/2022, aceptando la indicada ampliación por un lapso de tres meses adicionales, determinación que al ser contraria a sus intereses fue objeto de recurso de apelación incidental. Transcurridos doce días de la emisión del indicado Auto Interlocutorio y ante la falta de remisión de los antecedentes necesarios al Tribunal de alzada para su consideración, el 9 de mayo de 2022, presentó ante la Jueza de la causa, memorial de retiro de apelación y solicitud de nueva audiencia de modificación de medidas cautelares personales impuestas, esto en conocimiento por parte del Secretario Abogado del Juzgado que el expediente no fue remitido al superior en grado. Atendiendo el señalado pedido de modificación de sus medidas cautelares se fijó audiencia para el 16 de mayo de 2022, a horas 11:00; empero, después de dos (2) horas con cincuenta y cinco (55) minutos de espera se suspendió la misma, con el justificativo que la Jueza ahora demandada se encontraba conociendo una acción de libertad, reprogramándose el acto procesal para el 17 del referido mes y año, a horas 14:00, oportunidad en la que dicha Jueza “oscuramente” afirmó que el recurso de apelación ya fue remitido al Tribunal de alzada; por lo tanto, no se podía llevar adelante la audiencia solicitada, afirmación que fue objeto de aclaración por parte del Secretario del Juzgado de referencia, en sentido que el envío del recurso se lo hizo el 13 de ese mes y año; es decir, después que presentó su petición de modificación de medidas cautelares efectuada el 9 del mencionado mes y año; es decir, que la indicada audiencia fue suspendida para el día siguiente con el único argumento que será el Tribunal de alzada el que se manifieste sobre el retiro de la apelación interpuesta, sin que al presente se haya resuelto su situación jurídica.
Identifica como lesionados sus derechos a la libertad personal, a la alimentación y al trabajo; citando al efecto, los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La parte accionante solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandada– atienda su solicitud de modificación de medidas sustitutivas y emita una resolución fundamentada sin basarse en presunciones; asimismo, pidió se disponga su libertad pura y simple.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 24 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25, produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela mediante su defensa técnica en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo, señaló que: a) El 16 de mayo de 2022, cuando se encontraba esperando la celebración de la audiencia de consideración de la última solicitud de modificación de sus medidas cautelares, la Jueza ahora demandada recién remitió ante el Tribunal de alzada el memorial de retiro del recurso de apelación y su proveído desde el 10 de ese mes y año, que fue presentado ante la Oficina Gestora de Procesos el 12 de igual mes y año, siendo notificado el 13 del referido mes y año, con el señalamiento de audiencia a realizarse el 16 de ese mes y año; de lo cual se verifica que dicha autoridad judicial viene actuando con deslealtad procesal; y, b) Reiteró su petición formulada en el memorial de interposición de la acción tutelar, únicamente en el punto que se atienda su solicitud de modificación de medidas sustitutivas.
Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe brindado en audiencia, manifestó que: 1) Como antecedente señala que por Auto Interlocutorio 021/2022 de 26 de enero, dispuso medidas sustitutivas de carácter personal como ser la detención domiciliaria de Franklin Mamani Guarachi, ahora accionante; 2) A solicitud del representante del Ministerio Público y las víctimas, mediante Auto Interlocutorio 166/2022 de 28 de abril, amplió la detención domiciliaria del prenombrado por tres meses, que fue objeto de recurso de apelación en audiencia por parte de todos los procesados; por lo que, una vez que se sacaron las copias necesarias se procedió a remitir el recurso de apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ello, dentro de las veinticuatro horas que establece la norma adjetiva penal; 3) Es de conocimiento general que debido a la carga laboral, las Salas únicamente reciben expedientes hasta el mediodía y antes de su recepción se hace una revisión de los actuados adjuntos para corroborar si corresponden al proceso y si están completos, es por esa razón que lleva el cargo de recepción de 13 de mayo de 2022; 4) Habiendo sido remitidos los antecedentes al Tribunal de alzada, pierde la facultad de pronunciarse con relación a la admisibilidad del recurso de apelación planteado; 5) Si bien inicialmente se programó audiencia de consideración de la modificación de las medidas cautelares para el 16 de igual mes y año; sin embargo, por la carga laboral de esa jornada se tuvo que reprogramar para el día siguiente a primera hora, empero, fue a solicitud de la defensa del ahora accionante que la audiencia se fijó para el 17 del indicado mes y año, a horas 14:00; 6) Si ingresaba a conocer el fondo de la modificación de las medidas cautelares solicitada, circunstancialmente podría generar una suerte de resoluciones contrarias, con lo que podría ordenar el superior en grado; 7) En ese momento no se tenía certeza si la “sala penal” aceptó el retiro del recurso de apelación, y por ello, se vio por conveniente suspender la audiencia, además que conforme la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, en tanto no que se obtenga la resolución final o el desistimiento expreso del recurso de alzada presentado por el agraviado, no cabe la posibilidad de atender una nueva petición de modificación de medidas cautelares de carácter personal; y, 8) De los antecedentes cursantes en el expediente constitucional se puede evidenciar que no existe una solicitud de salida laboral como lo hicieron los demás procesados; por lo que, la parte accionante no puede alegar la vulneración de otros derechos.
El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 01/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre el pedido que se disponga la libertad pura y simple del accionante, de la naturaleza de la acción de libertad de pronto despacho que correspondería al petitorio, se tiene que esta modalidad está destinada únicamente a la agilización de los trámites judiciales o administrativos en los que se encuentre de por medio el derecho a la libertad; ii) El impetrante de tutela, pretende que su situación jurídica sea atendida por la vía constitucional, al encontrarse pendiente de resolución el memorial del retiro de recurso de apelación, es decir, sin haber agotado los mecanismos intraprocesales y sin justificar la flexibilización del principio de subsidiariedad; y, iii) Del informe presentado por la parte demandada no existe la deslealtad procesal como acusa la parte accionante, y lo que sí es evidente es que no puede existir pronunciamiento estando pendiente de resolución un retiro de recurso de apelación. En vía de aclaración y enmienda, la parte accionante pidió que se complemente los siguientes puntos: a) Si la Jueza ahora accionada, el 13 de mayo de 2022, tenía o no la obligación de remitir su memorial de retiro de apelación incidental, planteado el 9 del mismo mes y año, a la Sala Penal de turno; y, b) Se aclare si existe la posibilidad cierta que el Tribunal de alzada deniegue su petición de retiro de la apelación incidental formulada.
Ante lo cual, el Juez de garantías señaló que: 1) Respecto al punto uno, en caso que la Jueza ahora demandada remitiera el oficio haciendo conocer al Tribunal de alzada el retiro de la apelación, estaría sobrepasando su competencia porque la posibilidad y la potestad de ratificar o de retirar esa apelación es estrictamente de la parte interesada; y, 2) Sobre el segundo punto, no resulta posible manifestarse sobre aspectos inciertos, a la luz incluso del tratamiento sumarísimo de la apelación incidental donde el Tribunal de apelación resolverá conforme manda la norma jurídica.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 166/2022 de 28 de abril, que determinó ampliar la detención domiciliaria sin salida laboral de Franklin Mamani Guarachi -ahora impetrante de tutela- por el plazo de tres (3) meses más, resolución que fue apelada en la misma audiencia por la parte imputada, en aplicación del art. 251 del CPP (fs. 6 a 9 vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 9 de mayo de 2022, por el ahora impetrante de tutela ante la autoridad jurisdiccional ahora accionada, por el cual solicitó la modificación de las medidas cautelares personales impuestas, anunciando el retiro de la apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 166/2022, al no haberse remitido aún antecedentes ante el superior en grado (fs. 10 y vta.).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la alimentación y al trabajo; por cuanto, al encontrarse con detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, el 9 de mayo de 2022 solicitó modificación de las medidas cautelares personales y anunció el retiro de su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 166/2022 de 28 de abril, fijándose audiencia cautelar para el 16 de mayo de 2022, que fue reprogramada para el día siguiente, oportunidad en la que la Jueza ahora demandada mediante simple proveído, rechazó su petición bajo el justificativo de la existencia de un anterior recurso de apelación incidental aún pendiente de resolución por su remisión ante el Tribunal de alzada, sin que hasta la interposición de la presente acción de libertad, se hubiera definido su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva; iv) Sobre el nuevo señalamiento de audiencia de cesación de medidas cautelares estando pendiente la resolución de apelación de una anterior solicitud; y, v) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, reiterada por la SCP 0206/2019-S2 de 9 de mayo, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios 1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El art. 239 del CPP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, señala:
“Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente, e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertada acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la juez, el juez, tribunal o fiscal negligente”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0753/2019-S2 de 4 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: Con relación a la posibilidad de efectuar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente de resolución la apelación de una anterior solicitud, la SCP 0631/2014, de 25 de marzo, estableció que una nueva solicitud implica la presentación de nuevos argumentos y elementos, por lo que el fundamento de solicitud es diferente, por lo que no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación pendiente y que en mérito al principio de favorabilidad en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable al imputado.
La problemática traída en revisión denuncia que el solicitante de tutela, al encontrarse con detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, el 9 de mayo de 2022, solicitó modificación de las medidas cautelares personales y anunció el retiro de su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 166/2022 de 28 de abril, fijándose audiencia cautelar para el 16 de mayo de igual año, que luego fue reprogramada para el día siguiente, oportunidad en la que la Jueza ahora demandada, mediante simple proveído rechazó su petición bajo el justificativo de la 5 En el F.J. III.6, se señala ” En ese sentido, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a las características de las medidas cautelares, su finalidad, objetivo y los criterios para su interpretación, no resulta razonable restringir las solicitudes del imputado de modificación de medidas cautelares cuando se funden en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas; por ello, no obstante existir una apelación pendiente respecto a la resolución que impuso una medida cautelar, los jueces y tribunales deben tramitar la solicitud de modificación a dicha medida.
Por los fundamentos expuestos, se concluye que en el presente caso no correspondía denegar la tutela por subsidiariedad excepcional, consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado en esta acción.
De la revisión de los antecedentes procesales que cursan en obrados, se tiene que el 31 de julio de 2013, el accionante presentó un memorial por el cual solicitó modificación de medida cautelar, y por Decreto de 1 de agosto del mismo año, el Juez ahora demandado fijó audiencia para el 15 del mes y año precedentemente señalados; es decir, después de quince días de presentada la solicitud, cuando, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde que las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad física o personal sean tramitadas con celeridad y, en ese ámbito, tratándose de solicitudes de cesación de la detención preventiva la SCP 0110/2012, entendió que la audiencia debía ser fijada en un plazo máximo de tres días.
Dicho razonamiento, conforme se desarrolló en el mismo Fundamento Jurídico, también es aplicable a las solicitudes de modificación de medidas cautelares cuando se hubiere aplicado la detención domiciliaria, pues, en este supuesto se debe definir, sin dilaciones, la situación jurídica del imputado cuya libertad de locomoción se encuentra gravemente afectada; aspecto que no fue considerado en el presente caso por la autoridad judicial demandada.
En mérito a lo anteriormente señalado, se establece que Carlos Guerrero Arraya inobservó el principio de celeridad y los principios ético morales de la sociedad plural, que demandan una actuación diligente del juzgador, más aún en los casos en los que las solicitudes de los imputados se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad física o personal o, como en el presente caso, existe una restricción al derecho a la libertad de locomoción; reiterándose que la existencia de una apelación pendiente de ninguna manera impide la tramitación de una nueva solicitud, ni justifica la demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares.”
existencia de un anterior recurso de apelación incidental, aún pendiente de resolución por su remisión ante el Tribunal de alzada, sin que hasta la interposición de la presente acción tutelar se haya definido su situación jurídica. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional se advierte que Franklin Mamani Guarachi –ahora impetrante de tutela–, el 9 de mayo de 2022, solicitó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada, señale día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares personales, anunciando además el retiro de su apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 166/2022 que ordenó la ampliación por tres (3) meses más su detención domiciliaria sin salida laboral (Conclusión II.2); a tal efecto, la citada autoridad señaló audiencia para el 16 de igual mes y año, que fue suspendida para el día siguiente; así en dicha fecha, la prenombrada autoridad jurisdiccional rechazó la petición mediante providencia dictada en audiencia bajo el justificativo que una vez activada una vía de impugnación ante el Tribunal de alzada, debía continuarse hasta obtener una resolución final; por lo que, no era posible atender una nueva solicitud de modificación de las medidas cautelares. Sobre ese marco, concierne primero mencionar que conforme los alcances del art. 251 del CPP, la apelación incidental cautelar carece de efecto suspensivo; al respecto, la SCP 0753/2019-S2, que se encuentra descrita en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advierte que es posible efectuar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva o en su caso, de modificación de medidas cautelares personales impuestas, estando pendiente de resolución la apelación de una anterior solicitud, porque dicha petición implica la presentación de nuevos argumentos y elementos, por lo que su tratamiento no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación pendiente, y que en virtud al principio de favorabilidad en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable al imputado; máxime, si como sucede en el caso particular ya existió una renuncia a la apelación incidental formulada por el imputado mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2022. Por lo indicado, se tiene que la autoridad jurisdiccional demandada, una vez que tuvo conocimiento del referido memorial, a través del cual el impetrante de tutela solicitó la revisión de su detención domiciliaria sin salida laboral, debió señalar audiencia para su resolución, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; no obstante, la autoridad demandada no fijó dicha audiencia. Por otro lado, del informe que brindó la autoridad demandada en audiencia, se tiene que hizo mención a la posibilidad que se emitan resoluciones contrarias en sus fundamentos, sin considerar que conforme al entendimiento jurisprudencial anotado en el presente fallo constitucional, se comprende que la nueva solicitud de modificación de las medidas cautelares se sustenta en fundamentos diferentes, por tal razón la existencia de una posible modificación de la situación jurídica no puede estar condicionada a que de manera previa el Tribunal ad quem emita pronunciamiento. Sumado a que, de los datos cursantes en obrados, se evidencia de manera general que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en demora, tanto en la tramitación del recurso de apelación como en las solicitudes del retiro de dicho recurso y la petición de nueva audiencia de modificación cautelar; es así que de acuerdo al art. 251 del CPP, interpuesto el mencionado recurso de impugnación, la autoridad judicial demandada contaba con el plazo de veinticuatro (24) horas para remitir las actuaciones pertinentes ante el Tribunal ad quem bajo responsabilidad, lo cual no sucedió en el presente caso, dado que, interpuesto el recurso de apelación en la misma audiencia de 28 de abril de 2022, hasta su remisión ante el Tribunal de alzada el 16 de mayo del mismo año, transcurrieron más de quince días y de la solicitud de modificación de medidas cautelares impetrada el 9 del mismo mes y año, transcurrieron más de diez (10) días hasta el señalamiento del acto procesal que finalmente, no obtuvo ningún pronunciamiento sobre su situación jurídica, de donde se extrae que, evidentemente existió una lesión al principio de celeridad, que debe regir la actuación de las autoridades jurisdiccionales, inobservando la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que propende a la celeridad en los trámites judiciales, más aun tratándose de una medida cautelar donde se debe observar mayor celeridad, puesto que como se demostró, existe una dilación indebida en el tratamiento de la solicitud de modificación de su medida de detención domiciliaria, situación que se extiende al disponerse que la consideración de lo indicado no podía ser atendido en tanto no se resuelva el retiro ya mencionado por parte de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, provocando se active al efecto, la acción de libertad de pronto despacho en procura de acelerar el trámite judicial emergente de la aludida petición de orden cautelar, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 24 de mayo, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que la autoridad judicial demandada resuelva en el plazo de veinticuatro (24) horas, la solicitud del accionante de modificación de medidas cautelares a través del memorial de 9 de mayo de 2022, siempre y cuando no se haya modificado su situación jurídica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).
4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0119_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a0f7f434c1926e6d77e080ab641825447b1aa01dfde05de38a077b59c52990ae
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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