Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 6 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denunciaron que el Registrador de DD.RR. del departamento de Tarija, bajo el argumento de existir prohibiciones de innovar, rechazó la solicitud de inscripción de su declaratoria de herederos, decisión con la que vulneró sus derechos a la sucesión, a la propiedad y al principio de igualdad; toda vez que, sus familiares -Weimar y Firmo Gutiérrez Díaz; y, Rudy Díaz y Hever Osman Noguera Díaz- obtuvieron el registro de su declaratoria de herederos sobre la misma matrícula sin que sus trámites fueran rechazados, a pesar de encontrarse en la misma situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 92/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 443 a 449, pronunciada por La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2026-S3 Sucre, 6 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 50592-2022-102-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 92/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 443 a 449, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Magali Jaquelin, Griselda Ruth, Elvio Jimmy y Enrique, todos Aldana Díaz contra Edgar Eyber Retamozo Gareca, Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de Tarija.
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 392 a 399, los accionantes manifestaron que:
Los accionantes manifestaron que su abuela, Felipa Salgado Flores, fue propietaria de un lote de terreno con una superficie de 129 643,07 m2, registrado en DD.RR. del departamento de Tarija, bajo matrícula computarizada 6.01.1.25.0001160, tras el fallecimiento de su madre y su abuela, se declararon herederos junto a sus tíos, en aplicación del art. 1000 del Código Civil (CC); así también, sus hermanos Firmo y Weimar Gutiérrez Díaz y su tío Bernabé Lucio Mercado Salgado se declararon herederos en cumplimiento del art. 1089 de la misma disposición legal.
A pesar de ello, señalaron que hasta la fecha no pudieron registrar su derecho propietario debido a la existencia de órdenes judiciales de "prohibición de innovar"; No obstante, aclararon que sus hermanos -Filmo y Weimar Gutiérrez Díaz- y sus tíos, quienes afrontaron las mismas restricciones, lograron inscribir sus declaratorias sin impedimento alguno.
Finalmente, argumentaron que, si bien en la columna B del folio real figuran diversos gravámenes, estos no debían limitar su derecho sucesorio, sostuvieron que, al estar el Registrador y los funcionarios de DD.RR. sometidos a la Constitución Política del Estado, Norma Suprema que goza de primacía sobre cualquier otra, dichos servidores no debieron obstaculizar el registro de su derecho sucesorio.
Denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad y al principio de igualdad, citando al efecto los arts. 56.I y III, 235.1 y 2; y, 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se señale día y hora de audiencia pública; b) Se cite a las autoridades demandadas y a los terceros interesados; y, c) Ingresen al análisis de fondo de la problemática planteada.
Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 441 a 443, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogada, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando manifestaron que demostraron mediante prueba la existencia de un daño irremediable e inminente, debido a que sus hermanos iniciaron un proceso por avasallamiento en su contra; por este motivo, se vieron impedidos de acercarse a sus terrenos, ya que los demandados emplearon medidas de hecho e incluso atentaron contra la vida de una de las coaccionantes.
Edgar Eyber Retamozo Gareca, Registrador de DD.RR. del departamento de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 406 a 408, manifestó que: 1) Los técnicos solo hicieron conocer las observaciones previas, las cuales no fueron subsanadas por los interesados; asimismo, aclaró que los formularios llevaban impreso el rótulo de "trámite rechazado" debido a que la institución no contaba con un formato específico para las observaciones; 2) Para que se configurara un rechazo formal, debía emitirse una resolución conforme a los artículos 40 y 42 del Decreto Supremo (DS) Reglamentario 27957, añadió que, contra dicha resolución, la parte afectada podía recurrir ante el Juez de Partido en lo Civil del departamento de Tarija, dentro de los treinta días siguientes a su notificación para solicitar la inscripción; y, 3) Al no haber cumplido con los procedimientos establecidos; es decir, al no subsanar las observaciones previas ni exigir la resolución de rechazo, los accionantes incumplieron el principio de subsidiariedad.
Edmundo Gonzalo Ruiz Díaz, por memorial cursante de fs. 428 a 432, manifestó que: i) De la revisión de los antecedentes procesales y de la prueba aportada, constató que, ante el rechazo de la solicitud de inscripción de la declaratoria de herederos, los accionantes no hicieron uso del derecho otorgado por el art. 42 del Reglamento de Modificación y Actualización de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, en concordancia con el art. 1555 del CC, el cual establecía que: “En caso de negativa o rechazo del Registrador mediante decreto fundamentado, el interesado podía demandar ante el Juez de Partido en lo Civil hoy en día Juez Público, dentro de los treinta días siguientes a su notificación para pedir la inscripción”(sic); en tal sentido, afirmó que los accionantes no agotaron el medio idóneo en la vía ordinaria y recurrieron de mala fe a la acción de amparo constitucional como un mecanismo alternativo; ii) Aseguró que, de toda la documentación adjunta presentada en calidad de prueba, se advertía que los accionantes no cumplieron con los presupuestos exigidos para acreditar la existencia de vías de hecho; y, iii) Concluyó que no procedía la tutela impetrada al existir hechos controvertidos.
Weimar Gutiérrez Díaz, por memorial cursante a fs. 440 y vta., manifestó que el plazo para interponer la acción de amparo constitucional era de seis meses computables desde la vulneración de los derechos, al respecto, precisó que en obrados constaba que el rechazo se produjo el 29 de mayo de 2018, por lo que, hasta el 19 de septiembre de 2022, el plazo para accionar habría vencido superabundantemente.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 92/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 443 a 449, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Explicó que los accionantes refirieron que, una vez cumplidos los trámites legales para registrar su declaratoria de herederos en la oficina de DD.RR. del departamento de Tarija, la solicitud fue rechazada por existir varias prohibiciones de innovar sobre el bien inmueble; empero, argumentaron que otros coherederos en similares condiciones inscribieron sus declaratorias sin inconvenientes, por lo que consideraron vulnerados sus derechos a la sucesión, a la propiedad y al principio de igualdad; b) Ponderó que el informe presentado por la autoridad demandada indicó de manera clara y precisa que no se rechazó el trámite de inscripción, sino que solo fue observado por el incumplimiento de algunos requisitos previos que no fueron subsanados, añadió que, si los accionantes consideraban que su trámite fue rechazado, debieron agotar las vías legales previstas en el art. 1555.II del CC, el cual dispone que el interesado podía reclamar contra la denegación en la forma prevista en dicha norma legal, demandando la inscripción o anotación, disposición concordante con el art. 42 del Reglamento de Modificación y Actualización de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, aprobado por el DS 27957; c) Señaló que los accionantes, en audiencia reconocieron que no recurrieron ante dicha instancia legal e interpusieron directamente la acción de amparo constitucional, por lo que incumplieron el principio de subsidiariedad; y, d) Concluyó que, si bien existían excepciones a dicho principio, estas debían referirse a situaciones donde la protección resultara tardía y existiera un inminente daño irremediable e irreparable de no otorgarse la tutela; extremos que debían ser probados y advertidos de manera objetiva, y no así meramente enunciativa como lo hicieron los accionantes.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Formulario Electrónico de 12 de noviembre de 2021, signado con el Trámite 798573; Edgar Eyber Retamozo Gareca, Registrador y Ximena Marisol Farfán Reyes, Inscriptora, ambos de DD.RR. del departamento de Tarija, realizaron una serie de observaciones a la solicitud de inscripción realizada por los accionantes (fs. 72) II.2. Cursa copia de formulario de -Trámite de Rechazo 559758, Trámite 798573 de 9 de mayo de 2022, emitido por Edgar Eyber Retamozo Gareca, Registrador Distrital y Mateo Saul Aramayo Mamani Inscriptor, ambos de DD.RR. del departamento de Tarija, con el que realizan varias observaciones a la solicitud de inscripción efectuada por los accionantes (fs. 74 y vta.).
II.3. Mediante memorial de 3 de febrero de 2022, los accionantes ratificaron su solicitud de registro de declaratoria de herederos en DD.RR. (fs. 76 a 84 vlta.).
Los accionantes denunciaron que el Registrador de DD.RR. del departamento de Tarija, bajo el argumento de existir prohibiciones de innovar, rechazó la solicitud de inscripción de su declaratoria de herederos, decisión con la que vulneró sus derechos a la sucesión, a la propiedad y al principio de igualdad; toda vez que, sus familiares -Weimar y Firmo Gutiérrez Díaz; y, Rudy Díaz y Hever Osman Noguera Díaz- obtuvieron el registro de su declaratoria de herederos sobre la misma matrícula sin que sus trámites fueran rechazados, a pesar de encontrarse en la misma situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 2580/2012 de 21 de diciembre, señaló que:
“Para que proceda la consideración de fondo de una acción de amparo constitucional, es indispensable que sea presentada sin supuestos de improcedencia que impidan este examen; al constituirse éstos en óbices legales previstos por la norma tomando en cuenta su naturaleza jurídica, por lo que deben ser analizados previamente por los jueces o tribunales de garantías en etapa de admisión, a fin que no se inicie un procedimiento que concluirá ineludiblemente en una resolución denegatoria al no cumplirse las condiciones para su interposición. (…) El mencionado art. 53 del CPCo, consigna los supuestos de improcedencia de esta garantía constitucional, derivando de éstos que la misma no es viable: '1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’. Los numerales 1 y 3 de la disposición legal transcrita, responden a la naturaleza subsidiaria de esta acción de defensa, derivada de la norma constitucional contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que señala que ésta podrá ser interpuesta: «…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados»; previsión que se encuentra regulada de igual manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicho artículo, que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se demuestre que: '1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Resultando claro en consecuencia que, la acción de tutela examinada, es viable sólo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido entonces a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior. Este Tribunal, en cuanto a la naturaleza subsidiaria de esta garantía jurisdiccional, expresó mediante la SCP 0641/2012 de 23 de julio, que para su activación el agraviado está obligado necesariamente a: '…acudir previamente a los mecanismos establecidos en la ley, por cuanto las vulneraciones a los derechos fundamentales deben ser reparadas ante las instancias donde se produjo el acto lesivo; es decir, ante la autoridad donde se originó el hecho conculcador; agotadas las mismas y de persistir la lesión, el afectado se encuentra habilitado para activar la justicia constitucional a través de esta acción tutelar(…)» En ese sentido, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo alusión esta vez a la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, consignó las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, aplicables dentro del contexto constitucional vigente, al responder a su naturaleza jurídica; resumidas en que no es factible cuando: '…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (las negrillas nos pertenecen).
En el caso concreto, los accionantes sostienen que el Registrador de DD.RR. del departamento de Tarija, rechazó su solicitud de inscripción de declaratoria de herederos, invocando la existencia de prohibición de innovar y de contratar, vulnerando sus derechos a la sucesión y propiedad consagrado en el art. 56 de la CPE; toda vez que, sus familiares no tuvieron observación alguna.
De la compulsa de los antecedentes, los informes técnicos y la naturaleza del trámite observado, se establecen las siguientes consideraciones: El Registrador de DD.RR. del departamento de Tarija aclaró que la solicitud de los accionantes no fue objeto de un rechazo formal o definitivo, sino de observaciones previas debido al incumplimiento de requisitos técnicos y legales; sin embargo, en lugar de subsanar los extremos observados o impugnar la decisión en la vía ordinaria, los accionantes abandonaron el trámite y acudieron directamente a la justicia constitucional.
Al respecto, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico, idóneo y expedito para los casos en que un usuario considera que el Registrador deniega u obstaculiza indebidamente una inscripción. En ese sentido, el art. 1555.II del CC dispone que: “El interesado podrá reclamar contra la denegación en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, demandando se efectúe la inscripción o anotación” (sic), esta disposición es concordante con los arts. 40 y 42 del DS 27957, los cuales establecen con claridad que, ante la negativa del Registrador, el afectado podrá demandar la realización de la inscripción ante el Juez de Partido en lo Civil dentro de los treinta días siguientes a su notificación; asimismo, en consonancia con la normativa civil citada, el procedimiento regulado en los arts. 450.10 y siguientes del Código Procesal Civil (CPC), faculta la activación de un proceso voluntario para solicitar la inscripción o anotación en el registro público ante el Juez Público en lo Civil y Comercial; una vía legal idónea que fue omitida por los accionantes.
En atención a lo precedentemente señalado corresponde enfatizar que si bien, el DS 5143 de 10 de abril de 2024, en su disposición abrogatoria expulsó del ordenamiento jurídico al DS 27957; sin embargo, a raíz de una serie de observaciones, se promulgó posteriormente el DS 5156 de 14 de mayo de 2024, disponiendo en su artículo único lo siguiente: “Se abroga el Decreto Supremo N° 5143, de 10 de abril de 2024, quedando vigente el Decreto Supremo N° 27957 de 24 de diciembre de 2004” (sic.), en este sentido operó la reviviscencia normativa, fenómeno jurídico por el cual una norma que había sido abrogada o derogada recupera plenamente su vigencia y validez legal debido a la posterior abrogación de la norma que la sustituyó; por lo que, la vigencia del DS 27957 fue plenamente restituida, manteniéndose vigente hasta la fecha como el reglamento que rige la organización técnica de las inscripciones y sub inscripciones ante las oficinas de DD.RR.
Una vez precisada la normativa legal vigente para el caso en análisis, corresponde señalar que la acción de amparo constitucional no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para evadir los procedimientos ordinarios previstos en la administración de justicia; en ese sentido, al constatarse que la parte accionante no utilizó los mecanismos ordinarios para exigir la inscripción de su declaratoria de herederos, y al haber reconocido los accionantes en audiencia que no acudieron ante el Juez Público en lo Civil, para impugnar las observaciones de DD.RR., se hace viable la aplicación de la subregla del principio de subsidiariedad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.1 del presente fallo; en consecuencia, la existencia de medios de defensa legales que no fueron agotados en la vía ordinaria impide que este Tribunal pueda ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Si bien, los accionantes sugieren de manera implícita la presencia de vías o medidas de hecho, alegando la existencia de demandas por avasallamiento; al respecto, la jurisprudencia constitucional determinó de forma excepcional, que se puede prescindir del principio de subsidiariedad, únicamente cuando se demuestre fehacientemente la existencia de vías de hecho, entendidas como actos de fuerza, arbitrarios o con total prescindencia de los canales legales, que causen un daño inminente, irreparable e irreversible; para lo cual, los accionantes deben cumplir con demostrar de forma objetiva la ausencia de mecanismos legales vigentes o la ineficacia de estos para evitar un daño irreparable, aspecto que no fue cumplido.
En consecuencia, por los motivos expuestos y al no haberse demostrado una situación de urgencia extrema o un daño irremediable que justifique la ruptura de la subsidiariedad, ni haberse configurado los presupuestos exigidos para el análisis de vías de hecho, corresponde a este Tribunal confirmar la resolución emitida por el tribunal de garantías.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 92/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 443 a 449, pronunciada por La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0118_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 799ac9dbf2f06a8b7ef0556547c8047ba9a0c750c2de47f2e03e58112091e5f1
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