Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, de motivación y de “legalidad de la detención preventiva”; señalando que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, su persona fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, empero, el día en que se celebraba la audiencia de presentación de garantes, ante la solicitud infundada de la DNA de Tarvita la Jueza ahora demandada, emitió el Auto 10/2022, por el que, revocó las medidas sustitutivas impuestas a su favor y mantuvo la detención preventiva, apelada esa determinación el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 367/2022, confirmó esa determinación, la cual vulneró sus derechos dado que: a) El Tribunal de alzada omitió considerar y dar respuesta al agravio consistente en el incumplimiento del art. 233 núm. 2 del CPP, lo que habría generado vulneración del art. 398 del mismo cuerpo normativo; b) Se incumplió el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 89 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar, previa notificación por la Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que ponga a conocimiento de todos los Tribunales Departamentales de Justicia y demás Jueces de la jurisdicción ordinaria, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad que todos los administradores de justicia, asuman cuando correspondan, los entendimientos relevantes contenidos en el presente fallo constitucional, sobre todo en su Fundamento Jurídico III.4, respecto al análisis que merece el art. 235 del CPP, en casos de violencia contra la mujer. 3º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela en cumplimiento a la Resolución del Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50467-2022-101-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 6/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 89 a 97 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilbert Rivera Claros contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Loyda Villarroel Vacaflor, Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primera de Azurduy del citado departamento.
Por memorial presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 52 a 60 vta., el accionante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -por la presunta comisión del delito de estupro-, por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, debido a que no pudo desvirtuar la concurrencia del art. 234 inciso 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al ser considerado un peligro para la sociedad y para la víctima. Posteriormente, solicitó la cesación a la detención preventiva, basando su solicitud en el art. 239 núm. 1 del CPP; dicha petición fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 8/2022 de 29 de agosto, que rechazó su pedido.
Contra esa determinación formuló recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 336/2022 de 26 del citado mes y año, que dispuso dejar sin efecto la detención preventiva y revocó -a su criterio- el Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, lo que implicaba que se había desvirtuado el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, imponiéndosele medidas cautelares personales consistentes en la presentación de tres garantes personales, detención domiciliaria y la prohibición de acercarse a la víctima y sus familiares. Con el fin de efectivizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, solicitó audiencia de juramento de garantes, celebrada el 9 de septiembre de 2022. Sin embargo, una vez instalada la audiencia, de manera inexplicable la autoridad judicial observó la ausencia de un contrato de alquiler, para acreditar el domicilio donde debía cumplirse la detención domiciliaria, motivo por el cual negó y rechazó la efectivización de su libertad. Por otra parte, al inicio de esa audiencia la autoridad judicial, puso en conocimiento de las partes la existencia de un memorial presentado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Tarvita, enviado vía WhatsApp a la Secretaria del Juzgado; el contenido y la pretensión de dicho memorial se remitieron a su abogado mediante una fotografía y se solicitaba la revocatoria de las medidas sustitutivas, empero, no adjuntaba ningún elemento de convicción y solo proponía indebidamente a un testigo, sin embargo, pese a la informalidad del memorial, el Juez emitió providencia señalando audiencia para el día siguiente, con la finalidad de resolver el incidente de revocatoria con una celeridad que consolidó su situación de indefensión. El 10 de septiembre de 2022, concluida la audiencia, se revocaron las medidas sustitutivas y, de manera automática, se dispuso nuevamente su detención preventiva, basada en una resolución que -al momento de la revocatoria- ya no se encontraba vigente legalmente. Ello, en atención a la solicitud de revocación presentada por la DNA de Tarvita, que ofreció como acto de investigación la declaración de una testigo -madre de la presunta víctima-, que refirió que había recibido llamadas del señor Alejandro Avendaño -presuntamente tío del imputado-y de Juan Choque solicitándole hablar sobre el caso y manifestando que el imputado quería casarse con su hija -la víctima- y ofrecía $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) para arreglar el caso, sin precisión de la fecha en que habrían ocurrido tales hechos. Sin embargo, pese a que dicha declaración únicamente refiere actos atribuibles a terceras personas -mas no a su persona- la autoridad judicial consideró suficiente tal declaración para dar por incumplida la medida sustitutiva de prohibición de acercamiento a la víctima y su familia, disponiendo la revocatoria de las medidas e imponiendo nuevamente la detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022. Frente a esa determinación, interpuso recurso de apelación denunciando como agravios: a) De forma, el incumplimiento del art. 314 del CPP y errónea interpretación del art. 186 del mismo cuerpo legal; y, b) De fondo, la errónea aplicación del art. 247, errónea valoración de la prueba, incumplimiento del art. 233 y falta de fundamentación de la Resolución. La impugnación fue resuelta por el Auto de Vista 367/2022 de 19 de septiembre, emitido por el Vocal ahora demandado, quien si bien respondió parcialmente a los agravios denunciados, omitió pronunciarse sobre un agravio fundamental, relativo al incumplimiento del art. 233.2 del CPP, lo que habría generado la vulneración del art. 398 del mismo cuerpo normativo y se incumplió el art. 236 del CPP, porque el Vocal no verificó la legalidad del Auto interlocutorio apelado, ni analizó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la detención preventiva, particularmente si se reunían las condiciones de validez para mantener la privación de libertad, lo que implicaba una ausencia de consideración de tales puntos y por ende la falta de fundamentación de dicho resolución. Sostuvo además que, el Auto de Vista 367/2022, vulneró su derecho al debido proceso y a la motivación, por cuanto: 1) Carecería de fundamentación evidenciada al revisar el contenido de la resolución, pues no existe explicación alguna que permita conocer la necesidad de disponer la continuidad de su detención preventiva. Señala que tampoco existe precisión sobre los elementos de convicción que justificarían la revocatoria de las medidas sustitutivas ni sobre los motivos que validan la restricción de su libertad; aspectos esenciales para otorgar seguridad jurídica a las partes, al permitir conocer las razones del cambio de situación jurídica y la proporcionalidad de la medida asumida; y 2) De igual forma, sostiene que tampoco existe motivación, en tanto el Auto de Vista no explica cuáles fueron las razones que llevaron al Vocal a ratificar la resolución impugnada, ni cuáles fueron las pruebas o los fundamentos jurídicos en los que apoyó su decisión. Afirma que la conducta del Vocal es reprochable, pues las cuestiones planteadas simplemente no se encuentran respondidas en la resolución de alzada. En ambos casos -argumenta- existe ausencia absoluta de motivos de hecho y de derecho que permitan comprender por qué se consideró que se cumplieron los requisitos previstos en el art. 233 del CPP en la resolución de primera instancia apelada de su parte.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, de motivación y de “legalidad de la detención preventiva”, citando al efecto los arts. 23, 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga su libertad a efectos de cumplir con la detención domiciliaria dispuesta por el Auto de Vista 336/2022 de 19 de septiembre.
Celebrada la audiencia el 6 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 87 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por medio de su abogado ratifico íntegramente los términos de su acción de libertad.
José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del informe escrito presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 80 a 85 señaló que: i) El accionante transcribió parte de la decisión asumida y, a modo de fundamentación, expresó únicamente su inconformidad con el fallo, es decir, una posición subjetiva respecto a la admisión de prueba testifical, pretendiendo convertir esta acción de defensa en una instancia adicional dentro del proceso penal; ii) El peticionante de tutela reclamó la omisión de pronunciamiento respecto a un cuarto motivo de apelación, relativo al incumplimiento del art. 233.2 del CPP, sostiene que tal omisión vulnera el art. 398 del citado cuerpo normativo y, además, señala que no existiría un pronunciamiento sobre las razones por las cuales se consideró que el Auto impugnado cumplía las condiciones de validez de la privación de libertad, al respecto: ii.a) Corresponde señalar que en el Auto de Vista observado se examinaron de manera integral los motivos recursivos presentados por el accionante; ii.b) El accionante no explicó cuál sería la relevancia constitucional del supuesto defecto que denuncia respecto al art. 233.2 del CPP, dado que, dicho artículo se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan concluir que el imputado no se someterá al proceso o que obstaculizará la averiguación de la verdad; ii.c) En la Resolución se precisó que existían elementos de convicción que demostraban que el imputado habría intentado persuadir o interceder -a través de terceras personas- ante la madre de la víctima, ofreciéndole arreglos económicos o responsabilizarse del “problema”, lo que evidenciaría la intención de obtener su impunidad. En consecuencia, se estableció que el imputado estaba obstaculizando el normal desenvolvimiento del proceso, supuesto previsto en el art. 233.2 del CPP y que, conforme al art. 237 del mismo cuerpo normativo, hace viable la revocatoria de medidas. Cabe señalar que en el acta de audiencia la defensa también fundamentó en relación al art. 233.2 del CPP; ii.d) El reclamo recursivo del accionante se refería a la valoración de la prueba que sustentaba la existencia del peligro de fuga al que había aludido la Jueza de grado, aspecto regulado por el art. 234 del CPP, norma que establece las circunstancias para considerar la existencia del riesgo procesal de fuga; y, iii) En consecuencia, se demuestra que se respondió al cuestionamiento formulado respecto a la resolución de la Jueza de grado, en la medida de la argumentación expresada por la defensa durante la audiencia de apelación, cumpliéndose de manera estricta con el art. 398 del CPP bajo el principio de congruencia. Loyda Villarroel Vacaflor, Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primera de Azurduy del departamento de Chuquisaca, a través de informe oral presentado en audiencia, cursante a fs. 86 y vta., señaló que: a) Se dispuso la detención preventiva del imputado el 10 de junio de 2023, al verificarse la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 233 núms. 1 y 2 del CPP y, respecto a este último numeral, el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 7 del mismo cuerpo normativo, referido al “peligro para la sociedad y para la víctima”, considerando que el imputado era profesor de cuarenta y nueve años de edad y la víctima tenía dieciséis años. Sin embargo, mediante Auto de Vista 336/2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró admisible la apelación formulada por el ahora accionante y, en el fondo, parcialmente procedente. En consecuencia, dispuso la aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva, conforme se describió en el Auto, relativas a medidas menos gravosas; empero, no es evidente que se haya anulado la Resolución que dispuso la detención preventiva ni que se la haya dejado sin efecto en los términos alegados por el accionante; b) En la audiencia de presentación de garantes, se admitió a los que fueron ofrecidos por el accionante; sin embargo, el Ministerio Público y la victima observaron el domicilio, debido a que consignó un lugar que no correspondía a su domicilio actual, en virtud de ello, mediante Resolución de 9 de septiembre de 2022, se le indicó que debe presentar documentación que de credibilidad de la existencia del inmueble y que también se tenga la certeza de que el imputado se va a constituir en dicho lugar o zona fijando la necesidad de presentar un contrato de alquiler; c) En cuanto a la observación que formula el accionante sobre el memorial de solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas presentado por la DNA de Tarvita, es evidente que, en la audiencia de garantías, la Secretaria informó que se había presentado un memorial ese mismo día, por lo cual al leer que se trataba de una solicitud de revocatoria de medidas menos gravosas no se lo consideró en esa audiencia, programándose audiencia para el día siguiente, dado el objeto específico de dicha actuación procesal. Concluida esa audiencia el abogado de la defensa solicitó una copia legalizada del memorial, pero se aclaró que solo podía otorgarse copia simple y se dispuso que tanto los sujetos procesales como el Ministerio Público accedan a una copia del memorial de solicitud de revocatoria; d) El 10 de septiembre de 2022, se instaló la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, se dio lectura al memorial presentado por la DNA de Tarvita y se escuchó a la testigo -madre de la víctima- quien mencionó dos nombres: Alejandro Francisco y Juan Choque, quienes, según su declaración, le habrían indicado que eran amigos del ahora accionante y que le ofrecieron $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) para arreglar el caso y además de manifestar su intención de casarse con su hija -víctima-; y, e) Habiendo evidenciado que existió obstaculización a la averiguación de la verdad y considerando que aún no se concretó la aplicación de las medidas sustitutivas se dispuso revocar las medidas menos gravosas que le habían sido otorgadas. Esta Resolución fue apelada y posteriormente confirmada mediante Auto de Vista 367/2022 de 19 de septiembre.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 6/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 89 a 97 vta., concedió en parte la tutela impetrada, con relación a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primera de Azurduy del referido departamento, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 10/2022 de 10 de septiembre a los fines de que esta autoridad en cumplimento al art. 247 del CPP, emita nueva Resolución, en la que en caso de disponer la detención preventiva deba pronunciarse sobre su procedencia en relación al art. 233 núm. 2 del CPP; y, conceder contra el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ordenando dejar sin efecto el Auto de Vista 367/2022, no se puede disponer la libertad inmediata del acusado, puesto que, esta decisión es atribución privativa de la autoridad jurisdiccional en el ámbito ordinario y debe previamente pronunciarse al respecto; esa decisión la asumió con los siguientes fundamentos: 1) El accionante señala que se encontraba en estado de indefensión, dado que la Jueza realizó actos de investigación, sin embargo, se ha constatado que esta autoridad judicial, no incurrió en ninguna ilegalidad, puesto que la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas fue tramitada dentro de los plazos pertinentes, fijándose la audiencia para su consideración al día siguiente, conforme lo permite la normativa procesal. En dicha audiencia, el accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, cuestionar los argumentos de la parte contraria y contradecir no solo los fundamentos expuestos, sino también la prueba ofrecida, particularmente la declaración testifical producida en audiencia; 2) Se cumplieron los pasos procesales correspondientes, y la recepción de la declaración de un testigo en audiencia no puede ser considerada como un acto investigativo. Lo que la autoridad judicial realizó fue permitir la declaración de una testigo y someterla al contradictorio, garantizando plenamente los principios de inmediación y contradicción; 3) Es evidente que el Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2022, emitido por la Jueza cautelar, omitió considerar aspectos esenciales al momento de disponer directamente la revocatoria, imponiendo nuevamente la medida extrema de detención preventiva, pese a que la misma había sido dejada sin efecto mediante Auto de Vista previamente emitido. En ese contexto, la Jueza codemandada estaba obligada a pronunciarse respecto al cumplimiento de los requisitos del art. 233 nums. 1 y 2 del CPP, antes de disponer la detención preventiva, lo cual no aconteció en el caso analizado. En consecuencia, corresponde conceder tutela respecto a este motivo; 4) En cuanto a la supuesta ilegalidad al disponer automáticamente la detención preventiva, se advierte que dicha determinación carece de sustento legal, puesto que se basó en una Resolución que ya fue apelada y revocada mediante Auto de Vista 336/2022, de este modo, claramente se incurrió en una indebida fundamentación, al no realizar una nueva valoración, conforme lo determinado por el art. 233 núm. 2 del CPP, en relación con el art. 247 del mismo cuerpo normativo, por lo que, se constata que se encontraba precedido de un fundamento inválido, lo que evidentemente vulnera los derechos del impetrante de tutela; y, 5) Respecto a la ilegalidad que habría cometido la segunda autoridad demandada -el Vocal de la Sala Penal- al emitir el Auto de Vista 367/2022, del análisis de dicho Auto y del acta de audiencia se constata que efectivamente el Vocal omitió pronunciarse de manera expresa respecto a la observación planteada sobre el art. 233.2 del CPP. Dicha omisión deriva en el incumplimiento del art. 398 del mismo cuerpo normativo, lo cual constituye una vulneración al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, evidenciando un indebido procesamiento que ha tenido un efecto directo sobre la situación de libertad del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Interlocutorio 49/2022 de 10 de junio, mediante el cual el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy del departamento de Chuquisaca, ordenó la detención preventiva del imputado Wilber Rivera Claros -accionante- dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de estupro. Detención a cumplirse en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre por el plazo de cuatro meses, señalándose audiencia de control jurisdiccional para el 10 de octubre de 2022, el Juez consideró concurrentes los requisitos del art. 233 y el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 ambos del CPP, argumentando que el imputado tenía cuarenta y nueve años, era profesor de la víctima, adolescente de dieciséis años, con quien mantuvo una relación sentimental e incluso una relación íntima, estas circunstancias denotaron la vulnerabilidad de la víctima, dada la relación de autoridad y contacto cotidiano. Asimismo, valoró el riesgo para la sociedad, pues el imputado, en su condición de docente, podría afectar a otras estudiantes. (fs. 3 a 7 y vta.). II.2. Se tiene el Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva de 19 de agosto de 2022, en la que el accionante solicitó la cesación de la medida alegando haber desvirtuado los riesgos procesales. Sostuvo principalmente que ya no trabajaba como profesor en la Unidad Educativa de Tarvita y que la víctima tampoco estudiaba en ese establecimiento ni residía en el mismo municipio, ante lo cual la Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio 08/2022, de la misma fecha, rechazando la solicitud al concluir que no se habían desvirtuado los riesgos procesales existentes. (fs. 8 a 20 vta.). II.3. Por Auto de Vista 336/2022 de 26 de agosto, se declaró admisible la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 19 de agosto de 2022 y, en el fondo, resolvió parcialmente procedente la apelación, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, conforme se tiene detallado en la Resolución (fs. 44 a 51). II.4. Consta el Acta de Audiencia de Revocatoria de Medidas Menos Gravosas y el Auto Interlocutorio 10/2022 de 10 de septiembre, mediante el cual la Jueza, ahora demandada, revocó las medidas sustitutivas impuestas al imputado Wilber Rivera Claros -ordenada por el Auto de Vista 336/2022- y mantuvo la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre. La decisión se sustentó en la condición del Auto de Vista 336/2022, que de forma clara ordenó al imputado que: “…no se comunique con la víctima ni con los familiares…”; sin embargo, en la declaración testifical de la madre de la víctima, “Felicidad Pérez”, ésta refirió haber recibido llamadas y mensajes de familiares y amigos del imputado que le ofrecían $us5 000.-, y le indicaban que el “…señor Willy está mal que está arrepentido que quiere hacerse cargo de mi hija que él se va a responsabilizar…” (sic.), intentando inducirla a viajar a Sucre ofreciéndole cubrir gastos y asegurando que “el profesor Wilber se iba a responsabilizar” (fs. 23 a 32). II.5. El Auto de Vista 367/2022 de 19 de septiembre declaró admisible el recurso de apelación planteado por el imputado Wilber Rivera Claros contra el Auto Interlocutorio 10/2022, en el fondo, lo resolvió improcedente respecto de los cuatro agravios expuestos en alzada (fs. 40 a 43 vta.), señalando que: i) Respecto al primer agravio, señaló que: i.a) Sobre el incumplimiento del plazo, previsto en el art. 314 del CPP, cabe señalar que ese plazo considera un tiempo máximo, no mínimo, por lo que, no hubo incumplimiento. La programación inmediata de la audiencia no vulnera derechos, pues la norma obliga a evitar dilaciones indebidas; i.b) Sobre la legitimación de la DNA, de conformidad con los arts. 185 y 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), así como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la DNA sí tiene legitimación para intervenir cuando la víctima es niño, niña, adolescente, en virtud del interés superior de la niñez y adolescencia; i.c) Sobre la producción de la prueba, el art. 279 del CPP establece que el Juez no debe realizar actos que comprometan su imparcialidad; ahora bien, en este caso la Jueza no produjo prueba, sino únicamente instrumentalizó la prueba ofrecida por las partes, lo cual es permitido; de igual forma se advierte que el apelante no explicó cuál habría sido el ámbito específico de afectación a la imparcialidad, el Juez ha hecho una simple argumentación de forma en cuanto a la participación de un testigo dentro de una audiencia cautelar, lo cual es jurídicamente posible tanto para la imposición como para la revocatoria de medidas cautelares siempre que se preserve los principios de contradicción, publicidad, etc., considerando que en este caso que la defensa participó activamente en la audiencia y sobre todo cuando la testigo hacia su declaración, ya que, cuestionó a la testigo, formuló preguntas y permitió el contradictorio. Por ello, incluso si hubiese existido algún defecto formal en la oferta o producción de la prueba, se encontraría plenamente convalidado; i.d) Respecto al plazo alegado por el apelante -quien sostuvo que habrían transcurrido más de diez días desde la ocurrencia del hecho, invocando una supuesta “caducidad”-debe señalarse que tal argumento carece de sustento, pues aún en ese supuesto, existiría convalidación procesal, porque la madre de la víctima fue interrogada en audiencia por todas las partes procesales, lo que evidencia que el acto fue conocido, consentido y plenamente debatido; ii) Sobre la aplicación del art. 347 del CPP, el espíritu de esta norma es la protección reforzada de la niñez y adolescencia, particularmente en contextos de violencia sexual, como es este caso, en cuanto al argumento de que no se habría demostrado relación entre el imputado y quienes se acercaron a la madre de la víctima, no es necesario probar el vínculo familiar, pues existen supuestos en los que terceras personas pueden actuar en su nombre. El ofrecimiento de “…hacerse cargo de la víctima…” es suficientemente específico y verosímil en el contexto del proceso penal por delitos sexuales, de igual forma no se encontró en la declaración de la madre de la víctima alguna animadversión o motivos subjetivos para pretender perjudicar al imputado. La prueba fue debidamente controvertida y la defensa ejerció todas sus garantías, tampoco se ha refutado la declaración más allá de la forma, por lo cual existen lo medios probatorios en el marco que la ley permite, si bien es incidental en términos generales y respeta las normas del art. 314 del CPP tendrá que considerarse también el art. 113 del mismo cuerpo normativo, pero además al tratase de un delito de agresión sexual de una adolescente, éste tiene que ser abordado con las previsiones especiales de la Ley 348, el Código Niña, Niño y Adolescente, los arts. 15 y 60 de la CPE, de la Convención de Belém do Pará, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otras, lo que exige una doble protección y un enfoque interseccional en la valoración de la prueba; y, iii) Concluyó que la autoridad de grado interpretó correctamente los elementos de convicción y respetó las garantías del imputado, por lo que, ninguno de los agravios tenía suficiente entidad para dejar sin efecto la decisión asumida.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, de motivación y de “legalidad de la detención preventiva”; señalando que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, su persona fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, empero, el día en que se celebraba la audiencia de presentación de garantes, ante la solicitud infundada de la DNA de Tarvita la Jueza ahora demandada, emitió el Auto 10/2022, por el que, revocó las medidas sustitutivas impuestas a su favor y mantuvo la detención preventiva, apelada esa determinación el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 367/2022, confirmó esa determinación, la cual vulneró sus derechos dado que: a) El Tribunal de alzada omitió considerar y dar respuesta al agravio consistente en el incumplimiento del art. 233 núm. 2 del CPP, lo que habría generado vulneración del art. 398 del mismo cuerpo normativo; b) Se incumplió el art. 236 del CPP, porque el Vocal no verificó la legalidad del Auto interlocutorio apelado ni analizó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la detención preventiva, particularmente si se reunían las condiciones de validez para mantener la privación de libertad; c) Existe falta de fundamentación, toda vez que, no se explicó la necesidad de disponer la continuidad de la detención preventiva ni se precisó los elementos de convicción que justificarían la revocatoria de las medidas sustitutivas y la restricción de su libertad, afectando la seguridad jurídica y la proporcionalidad de la medida; y, d) Existe ausencia de motivación, pues la resolución de alzada no identifica las razones, pruebas ni fundamentos jurídicos que sustenten la ratificación de la decisión impugnada; en consecuencia, no se expusieron motivos de hecho ni de derecho que permitan comprender por qué se consideró cumplido el art. 233 del CPP. Por lo que solicita, que se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga su libertad a efectos de cumplir con la detención domiciliaria dispuesta por el Auto de Vista 336/2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, teniendo como antecedente la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 3 de octubre, se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto- en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Las resoluciones de los Tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas cautelares personales o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0575/2021-S1 de 22 de octubre, aplicado en una problemática jurídica similar.
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos6 tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, el Ministerio Público, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez11, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras). De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable13. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes, en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”.
Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999- indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.
De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que, en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia17.
La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para: i) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; ii) Asegurar el desarrollo del proceso -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; iii) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, iv) Asegurar la presencia del imputado -art. 234 del CPP-. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los núms 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: ‘La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdadʼ, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código. Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: ‘Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justiciaʼ; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 10 [ahora numeral 7 por disposición del art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019], respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante. Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP [ahora 234.7]-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico
respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante. Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 [hoy numeral 7] del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: ‘…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondienteʼ. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 [numeral 7] del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 [hoy numeral 7] del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos” (las negrillas son añadidas).
Respecto al derecho a una vida libre de violencia en el ámbito educativo, el Código Niña, Niño y Adolescente, en su art. 151, reconoce expresamente que la violencia en el ámbito educativo no se limita a la violencia entre pares, sino que incluye la violencia entre no pares, entendida como: “Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes y/o participantes”. Reconociendo así que el abuso puede provenir de personas que ostentan una posición de autoridad y poder frente al alumnado. Esta concepción normativa es concordante con los estándares desarrollados por la Corte IDH, la cual en el caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas)18, ha establecido que las relaciones entre docentes y estudiantes están estructuralmente marcadas por una asimetría de poder, derivada de la autoridad, la confianza y la posición jerárquica que el personal educativo ejerce sobre el alumnado, lo que excluye la posibilidad de un consentimiento libre y válido, aun en ausencia de una negativa expresa por parte de la víctima. En este marco, la Corte ha precisado que el concepto de violencia aplicable al análisis de la responsabilidad estatal no se restringe a la violencia física, sino que comprende toda acción o conducta que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, conforme a los arts. 1, 2 y 6 de la Convención de Belém do Pará, que identifica expresamente el acoso sexual en instituciones educativas como una forma de violencia contra la mujer, imponiendo al Estado el deber reforzado de prevención, protección y sanción, particularmente cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, señalando:
111. Al respecto, la Corte entiende necesario precisar que el concepto de “violencia” que se utiliza para el examen de la responsabilidad estatal en el presente caso, no se limita a la violencia física, sino que comprende “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”… En el mismo sentido el artículo 2 de ese instrumento internacional menciona expresamente el acoso sexual en instituciones educativas como una forma de violencia contra la mujer98. (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, en los párrafos 119 y 120 de dicho fallo, la Corte IDH estableció que los Estados tienen la obligación estricta de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, prohibir, investigar y sancionar toda forma de violencia y abuso sexual contra niñas y adolescentes, en particular cuando estos hechos ocurren en el ámbito escolar y son perpetrados por personas que ejercen autoridad, destacando que el derecho a la educación conlleva el deber reforzado de garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y de abuso sexual e indicó:
119. Dado lo anterior, los Estados deben “adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en + a abuso sexual por parte de […] hombres mayores”116 . En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la “obligación estricta” de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas… 120. De todo lo expuesto surge, entonces, que los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de adoptar medidas de protección respecto de niñas y niños, así como el derecho a la educación, conllevan la obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar.
También, por supuesto, de no ejercer esa violencia en dicho ámbito. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las personas adolescentes, y las niñas en particular, suelen tener más probabilidades de sufrir actos de violencia, coacción y discriminación118 . Los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención119. Deben existir, también, mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados120. (las negrillas nos corresponden).
Estos estándares son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el Estado Boliviano quien debe adoptar las acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas, niños y adolescentes, en ese marco, la misma Sentencia indicó que:
142. … Esos actos de violencia y discriminación se enmarcaron, además, en una situación estructural143, en la que pese a ser la violencia sexual en el ámbito educativo un problema existente y conocido, el Estado no había adoptado medidas efectivas para revertirlo (supra párr. 135). Por ello, en relación con los derechos humanos afectados por la violencia sexual que sufrió Paola (supra párrs. 109, 110, 111, y 117, e infra párrs. 157 y 165), el Estado incumplió sus obligaciones de respetarlos y garantizarlos sin discriminación. 143. ...Esa violencia, que no resultó aislada sino inserta en una situación estructural, resultó discriminatoria en forma interseccional, viéndose la adolescente afectada por su género y edad. Resultó, asimismo, tolerada por autoridades estatales. Además, el Estado no había adoptado medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente, lo que potenció su situación de vulnerabilidad. Ahora bien el Estado Plurinacional de Bolivia no solo ha regulado la violencia entre no pares en el Código Niña, Niño y Adolescentes sino que además ha emitido los Decretos Supremos 1302 de 1 de agosto de 2012 y el 1320 de 8 de agosto de 2012, que establecen medidas obligatorias de denuncia, suspensión preventiva sin goce de haberes y acciones de prevención institucional para erradicar la violencia, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito del Sistema Educativo Plurinacional, además a través del Ministerio de Educación ha desarrollado el Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial y la Estrategia de Lucha Contra la violencia en el ámbito educativo. Sobre la base del citado marco normativo y los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4, desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el fin de garantizar la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia sexual este Tribunal, considera que la violencia sexual en el ámbito educativo constituye una manifestación grave de discriminación interseccional por razón de género y edad, cuya tolerancia o inacción estatal compromete la responsabilidad internacional del Estado y activa el deber reforzado de garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia, así como mecanismos efectivos, accesibles y oportunos de denuncia, protección y sanción, en ese marco resulta necesario que además el órgano juridicial a través de sus jueces en los casos de violencia sexual cometida en el ámbito educativo contra niñas, niños y adolescentes, adopten un enfoque de debida diligencia reforzada, considerando la vulnerabilidad estructural de la víctima, el riesgo de influencia indirecta mediante terceros y la necesidad de prevenir la reiteración o profundización del daño. La motivación de las resoluciones que disponen o mantienen medidas restrictivas de libertad no será considerada insuficiente cuando se fundamente en dichos elementos, así como en la proporcionalidad y necesidad de la medida. Asimismo, el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y abuso sexual, con mecanismos efectivos, accesibles y oportunos de denuncia, protección, investigación y sanción, especialmente cuando los responsables ostenten autoridad sobre la víctima.
De la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, pronunciado por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy del departamento de Chuquisaca se ordenó la detención preventiva de Wilber Rivera Claros -ahora accionante- dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, detención a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre por el plazo de cuatro meses, en consideración a la concurrencia de los requisitos del art. 233 y el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 ambos del CPP, argumentando que el imputado tenía cuarenta años de edad, era profesor de la víctima, adolescente de dieciséis años, con quien mantuvo una relación sentimental e incluso una relación íntima, asimismo, valoró el riesgo para la sociedad, pues el imputado, en su condición de docente, podría afectar a otras estudiantes (Conclusión II.1). El 19 de agosto de 2022, el imputado -ahora accionante- solicitó la cesación de la detención preventiva, alegando que ya no ejercía funciones de docente en la Unidad Educativa de Tarvita y que la víctima tampoco estudiaba ni residía en ese municipio. Sin embargo, la Jueza de la causa concluyó que los riesgos procesales persistían, motivo por el cual rechazó la solicitud mediante el Auto Interlocutorio 08/2022 (Conclusión II.2). No conforme con esa decisión, el imputado recurrió en apelación. Fue así que, el 26 de agosto de 2022, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 336/2022, mediante el cual declaró admisible el recurso y, en el fondo, lo resolvió parcialmente procedente, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, conforme a las condiciones establecidas en dicha Resolución (Conclusión II.3). A pesar de lo determinado, en la audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares el 10 de septiembre de 2022, la Jueza de la causa, emitió el Auto Interlocutorio 10/2022, revocando las medidas sustitutivas dispuestas por Auto de Vista 336/2022 a favor de Wilber Rivera Claros y mantuvo su detención preventiva, decisión sustentada en la condición del Auto de Vista 336/2022, que de forma clara ordenó al imputado que: “…no se comunique con la víctima ni con los familiares…”; sin embargo, en la declaración testifical de la madre de la víctima, “Felicidad Pérez”, ésta refirió haber recibido llamadas y mensajes de un de familiares y amigos del imputado que le ofrecían $us5 000.- y le indicaban que el “…señor Willy está mal que está arrepentido que quiere hacerse cargo de mi hija que él se va a responsabilizar…” (sic.), intentando inducirla a viajar a Sucre ofreciéndole cubrir gastos y asegurando que “el profesor Wilber se iba a responsabilizar””. (Conclusión II.4). Contra dicha determinación formuló el recurso de apelación que fue resuelto por Auto de Vista 367/2022, la cual es cuestionada, a través de esta acción tutelar, por no haber respondido a todos los agravios y por no estar debidamente fundamentado ni motivado. En ese marco y habiéndose identificado el acto lesivo corresponde resolver la presente acción tutelar, empero, el ser la víctima de violencia sexual, una adolescente de dieciséis años que sufrió esa violencia dentro del sistema educativo, corresponde revisar el acto lesivo con un enfoque interseccional, conforme a los parámetros anotados en los Fundamentos Jurídicos III.3.1 y III.3.2 de este fallo constitucional, toda vez que, en este caso confluyen, de modo interseccional, distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, como la edad y la condición de mujer a lo que se suma la situación estructural, en la que se encuentra la víctima por ser víctima de violencia sexual en el ámbito educativo. En ese contexto, la problemática identificada será analizada de forma disgregada, distinguiendo los actos que habría ejecutado cada uno de los demandados.
El solicitante de tutela denuncia que fueron lesionados sus derechos, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estupro. Puesto que, la Jueza codemandada, en la audiencia de juramento de garantes de 9 de septiembre de 2022, observó la ausencia de contrato de alquiler y recibió de forma irregular un memorial presentado por la DNA de Tarvita en la que solicitaba la revocatoria de la medidas menos gravosa; programando audiencia para el 10 de septiembre de 2022, fecha en la cual por Auto Interlocutorio revocó las medidas sustitutivas y ordenó que continúe con su detención preventiva, basándose únicamente, en la declaración de una testigo -madre de la presunta víctima-, que fue introducido y valorado -a su criterio- de forma irregular. Frente a esa determinación interpuso recurso de apelación resuelto por Auto de Vista 367/2022. Ahora bien -de acuerdo a los antecedentes-, se evidencia que el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental, resuelto por Auto de Vista 367/2022 (resolución judicial que en el presente proceso también es objeto de cuestionamiento), la jurisdicción constitucional se ve impedida de abrir su competencia y efectuar el respectivo control constitucional sobre las supuestas irregularidades en las que habría incurrido la Jueza codemandada al emitir el Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2022. En vista de que, este último accionado judicial ya fue sometido a examen por otra autoridad jurisdiccional con plena competencia para ello; y, principalmente, a razón del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, el cual merece un amplio desarrollo por la jurisprudencia constitucional. En ese sentido, la revisión constitucional a llevarse a cabo en el presente caso se circunscribirá únicamente a lo resuelto a través del Auto de Vista 367/2022, Resolución judicial que se constituye en la decisión de cierre evacuada en vía incidental, que tiene la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las supuestas irregularidades incurridas por el Juez codemandado. Por ello, respecto a esta autoridad jurisdiccional, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
El accionante también expresó que, el Vocal demandado lesionó sus derechos a través del Auto de Vista 367/2022, denunciando como primer acto lesivo, el incumplimiento del art. 233 núm. 2 del CPP, lo que habría generado la vulneración del art. 398 del mismo cuerpo normativo; de igual forma, denunció que se incumplió el art. 236 del CPP debido a que el Vocal codemandado no verificó la legalidad del Auto interlocutorio apelado ni analizó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la detención preventiva, particularmente si se reunieron las condiciones de validez para mantener la privación de libertad. Al respecto, cabe señalar que conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, el Tribunal de segunda instancia a tiempo de resolver una solicitud de medidas cautelares tiene el deber de realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundamentar las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales, en ese marco, se analizará este acto lesivo, donde se evidencia que contrario a lo sostenido por el accionante el Tribunal de alzada sí abordó el análisis del art. 233.2 del CPP, concretamente del riesgo procesal relacionado con el peligro de obstaculización, y lo hizo, a partir de la valoración de los elementos incorporados y anotados en el Acta de Audiencia y el Auto Interlocutorio, en particular la declaración testifical de la madre de la víctima, quien relató los intentos de influencia de terceros sobre su conducta procesal, aspecto que se constituyó en suficiente argumento para considerar la existencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; toda vez que, las autoridades demandadas tomaron en cuenta por una parte, la minoridad de edad de la víctima, y también la situación de la testigo, que según antecedentes, fue contactada por terceros a nombre del imputado ofreciendo dinero y “hacerse cargo de la víctima” siendo que las personas que lo contactaron son personas que señalaron que hablaban en representación del imputado, y, por lo tanto, existe la intención de influenciar en la testigo. De igual forma, se consideró la garantía de protección judicial reforzada que merece la víctima de violencia sexual durante la investigación, el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización; a efectos de manejar adecuadamente las evidencias; considerando además que, el imputado trató de transar -a través de terceros- con la mamá de la víctima, aspectos que se constituyen en un elemento objetivo de valoración integral, para analizar el riesgo de obstaculización establecido en el art. 234.7 del CPP, conforme se analizó en el presupuesto ii.f) del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Como se puede advertir en este caso, a partir de ese análisis de riesgo procesal, se concluyó que persistía el riesgo previsto en el art. 233 núm. 2 del CPP, en relación con las previsiones del art. 234.7 del mismo cuerpo normativo, lo que torna en infundada la denuncia de vulneración del art. 398 del CPP, por falta de pronunciamiento a este agravio apelado; toda vez que, el Tribunal de alzada dio respuesta al núcleo del agravio planteado, conforme al principio de congruencia. Sobre el alegado incumplimiento del art. 236 del CPP, -segundo acto lesivo- tampoco es evidente la infracción alegada, puesto como se indicó en el párrafo precedente, el Auto de Vista cuestionado verificó la legalidad del Auto interlocutorio apelado y lo confrontó con la protección reforzada que merecen las niñas, niños y adolescentes y sobre todo las víctimas de violencia sexual en el sistema educativo, revisando la concurrencia de los presupuestos exigidos para la revocatoria de medidas sustitutivas y la consecuente continuidad de la detención preventiva. Por lo señalado, se evidencia que se ha dado respuesta al accionante, pues el Auto de Vista si contesta a las cuestiones alegadas por el acciones respondiendo incluso a su obligación constitucional de hacer una revisión integral de todo el Auto Interlocutorio impugnado, pues no se limitó a un control formal, sino que comprendió un análisis de los elementos fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión de primera instancia, como los estándares internacionales de derechos humanos y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su jurisprudencia, descartándose así la alegada ausencia de respuesta señalada. Respecto al segundo acto lesivo, referido a la falta de fundamentación, el accionante denuncia que el Auto de Vista carecería de fundamentación suficiente, toda vez que, -según sostiene- de la revisión de su contenido no se advierte explicación alguna que permita conocer la necesidad de disponer la continuidad de la detención preventiva, ni precisar los elementos de convicción que justificarían la revocatoria de las medidas sustitutivas y la restricción de su libertad, afectando la seguridad jurídica y la proporcionalidad de la medida, al respecto, cabe señalar que conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la fundamentación no exige enumerar literalmente cada norma invocada, o la anotación de extensas citas doctrinales o jurisprudenciales lo que exige la justicia constitucional es la identificación de las razones suficientes, a la luz de ese estándar jurisprudencial, se analizará este caso. En ese marco, cabe señalar que tanto los jueces de primera instancia como los de alzada en casos donde existe una relación jerárquica de poder entre un adulto y un/una menor -como la de profesor y alumna-debe realizarse un análisis del riesgo procesal con un patrón reforzado de protección, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador.
Estas relaciones de autoridad y vulnerabilidad incrementan la necesidad de medidas cautelares idóneas y motivadas para proteger los derechos de la víctima, especialmente cuando se trata de adolescentes, considerando además que este Tribunal, ya se refirió al riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el/la denunciante, conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional que reitero que: “En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 [numeral 7] del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante,”. Ahora bien, de la atenta lectura al Auto de Vista impugnado, se advierte que el mismo, si contenía una fundamentación adecuada pues a lo largo de la Sentencia señala la necesidad de mantener la detención preventiva del apelante, basándose en los elementos de convicción disponibles y en la necesidad de proteger a la víctima, en virtud de las garantías constitucionales de seguridad y protección reforzada previstas para los menores de edad. La sentencia toma en cuenta el principio de interés superior del niño y los estándares internacionales de protección a las víctimas de violencia sexual, identificando de forma textual a la Ley 348, el CNNA, los arts. 15 y 60 de la CPE, de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW ratificadas por Bolivia y de lo desarrollado en la Sentencia, se evidencia que también se consideró la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encontraba la víctima respecto al imputado. Sobre los elementos de convicción que justificarían la revocatoria de las medidas cautelares personales y la restricción de su libertad, cabe señalar que el hecho de que el Vocal de alzada no haya accedido a la solicitud de dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2022 y haya declarado improcedente la apelación se encuentra plenamente justificado por la necesidad de proteger a la víctima, evitar la obstaculización del proceso y garantizar la presencia del imputado en el juicio. Los riesgos procesales analizados, como el peligro de obstaculización y la reiteración del delito, son elementos suficientes para justificar la decisión del Tribunal. Pues debe considerarse que la uniforme línea de este Tribunal anotada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional que de forma clara indica que el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia aplicable en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben analizar de forma reforzada los supuestos establecidos en los arts. 234 y 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso penal; para lo cual, -deben considerar entre otras- las siguientes circunstancias: 1) La minoridad de edad de la víctima, porque la hace más vulnerable, influenciable o manipulable a cualquier tipo de declaración; más aún, frente a la amenaza o revictimización que pueda sufrir por parte del agresor; 2) La existencia de actividades investigativas pendientes de realizar por el Ministerio Público; que deben ser debidamente custodiadas, evitando celosamente cualquier tipo de obstaculización; y, 3) La asimetría de poder derivada de la posición de autoridad, confianza o poder, como ocurre en la relación docente-estudiante (introducido a partir del Fundamento Jurídico III.5). En este punto de análisis corresponde referirse al derecho de la adolescente a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional, pues, si bien, no fue considerado por el demandado es un estándar jurisprudencial que debió considerarse y que debe considerarse en todos los caso que ventilen este tipo de violencia, pues la relación de poder, autoridad y confianza que caracteriza el vínculo docente–estudiante, debe ser la piedra angular que obliga al Estado a activar un deber estatal de protección reforzada, que obligue a las autoridades jurisdiccionales a priorizar el interés superior de la niñez y el derecho a una vida libre de violencia sexual, más aún en contexto de asimetría de poder incluso en la adopción y control de medidas cautelares personales. En ese marco, si bien el demandado no hizo uso de este precedente, su razonamiento se enmarco en el mismo, por lo que, no se advierte que exista una vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, pues se consideró la relación estructural de poder que existía porque el imputado fue profesor de la víctima. Esta situación, lejos de ser irrelevante, crea una asimetría de poder que dificulta la libre y espontánea declaración de la víctima y la afectación además a su madre -testigo- y puede interferir en el curso normal de la investigación, este tipo de relaciones, como lo ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador, anotado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional implica un nivel de vulnerabilidad que exige respuestas judiciales más exigentes y motivadas. Con relación a denuncia de falta de motivación cabe señalar que el accionante, denuncia que la resolución de alzada no identifica las razones, pruebas ni fundamentos jurídicos que sustenten la ratificación de la decisión impugnada, por lo que -afirma- no se expusieron motivos de hecho ni de derecho que permitan comprender por qué se consideró cumplido el art. 233 del CPP.
Al respecto, cabe señalar que conforme a los fundamentos jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia Constitucional la motivación de las resoluciones que disponen o mantienen medidas restrictivas de libertad no puede analizarse desde parámetros formales o aislados, sino desde un enfoque de debida diligencia reforzada, en el que resulta legítimo valorar la situación de vulnerabilidad de la víctima, el riesgo de influencia indirecta mediante terceros y la necesidad de prevenir la reiteración o profundización del daño. En ese marco, de la revisión integral del Auto de Vista impugnado, se establece que la autoridad de alzada sí cumplió con el deber de motivación, al identificar los agravios formulados por el recurrente y brindar una respuesta expresa, razonada y suficiente a cada uno de ellos, exponiendo las razones de hecho y de derecho que sustentaron la ratificación de la resolución impugnada. En particular, el Tribunal de alzada explicó de manera clara por qué persistía el riesgo procesal previsto en el art. 233 núm. 2 del CPP, sustentando su decisión en la declaración testifical de la madre de la víctima, quien refirió que terceras personas se contactaron con ella manifestando que el imputado pretendía casarse con su hija adolescente y ofrecía la suma de $us5 000.-, extremo que fue valorado como un indicio serio de intento de influencia indebida y obstaculización del proceso, especialmente grave por la condición de vulnerabilidad de la víctima, la relación de poder docente-adolescente y la naturaleza del delito investigado. Dichos elementos permitieron al Tribunal de alzada concluir que la revocatoria de las medidas cautelares personales y la continuidad de la detención preventiva resultaban necesarias, idóneas y proporcionales, conforme a los estándares de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes y a la normativa procesal penal aplicable, además El Tribunal de alzada evaluó elementos de convicción, no meras suposiciones, porque no se basó en conjeturas, toda vez que, considera el contexto probatorio completo, no omite los hechos principales y vincula las conclusiones con el planteamiento del recurso, específicamente con: i) La declaración testifical fue recibida en audiencia y fue controvertida por la defensa: esto demuestra que la prueba ingresó válidamente al proceso; ii) El hecho de que el imputado haya podido interrogar a la testigo -madre de la víctima- demuestra que no hubo indefensión; y, iii) El Tribunal ponderó con razonabilidad si existían o no pruebas objetivas sobre el incumplimiento de medidas y concluyó que sí existían indicios suficientes que justifican la revocatoria y la subsistencia de la medida más gravosa. En ese marco, se constata que la Resolución de alzada contiene una motivación suficiente, comprensible y congruente basada en la declaración testifical de la madre de la víctima, que permite conocer las razones por las cuales se consideró cumplido el art. 233.2 del CPP, no configurándose una ausencia absoluta de motivación, sino un criterio jurisdiccional razonado, por lo que, el desacuerdo del accionante con la valoración probatoria realizada no constituye vulneración al debido proceso, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En base a lo señalado se concluye que a partir de la revisión integral de los datos adjuntos a la apelación el Vocal demandado ha respondido a todos los puntos apelados por el impetrante de tutela, de igual forma se evidencia que existió la debida fundamentación, dado que la autoridad judicial identificó y articuló los elementos jurídicos con los hechos como base para justificar la proporcionalidad y necesidad de la medida, de igual forma se evidencia una debida motivación de los hecho y del derecho, pues el Auto de Vista permite comprender de manera objetiva las razones por las cuales se consideró que persistían los presupuestos del art. 233 del CPP, así como la proporcionalidad de la medida adoptada, lo que descarta la lesión denunciada, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, establece que los jueces de garantías y este Tribunal pueden modular los efectos de sus decisiones en acciones de defensa, otorgándoles efectos inmediatos, diferidos, suspensivos, conciliatorios, reparadores o preventivos, según lo que mejor proteja los derechos constitucionales involucrados. El objetivo es que la justicia constitucional repare o prevenga la vulneración de derechos, sin convertirse en un obstáculo dentro del proceso judicial o administrativo de origen. Por ello, debe considerarse que la protección de los derechos fundamentales de quien interpone la acción tutelar no debe afectar ni poner en riesgo los derechos de otras partes o terceros interesados, tanto en el proceso de origen como en el constitucional. En consecuencia, cuando sea necesario, el Tribunal deberá dimensionar los efectos de su resolución en relación con los procesos judiciales o administrativos de los que derivan la acción de defensa. En atención al criterio señalado y al tiempo transcurrido en la resolución de esta acción de defensa, durante el cual se han producido actuaciones judiciales como consecuencia de la tutela concedida, corresponde -para evitar disfunciones procesales- dimensionar los efectos de la Resolución emitida por el Juez de garantías, conforme a lo establecido en la parte resolutiva del presente fallo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 89 a 97 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar, previa notificación por la Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que ponga a conocimiento de todos los Tribunales Departamentales de Justicia y demás Jueces de la jurisdicción ordinaria, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la finalidad que todos los administradores de justicia, asuman cuando correspondan, los entendimientos relevantes contenidos en el presente fallo constitucional, sobre todo en su Fundamento Jurídico III.4, respecto al análisis que merece el art. 235 del CPP, en casos de violencia contra la mujer. 3º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela en cumplimiento a la Resolución del Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2 El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
3 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 4El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”.
Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
5 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la
resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de la Unión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e- revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/15346
7 Ibídem
8 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
9 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.
10 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
12 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
13 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
14 3Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
15 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
16 5Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
17 QUISPE PUMA, Roberto, Detención Preventiva. Sucre-Bolivia, pág. 29.
18 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
19 Sobre el particular, se tiene a la SC 0160/2005-R de 23 de febrero (entre otras), que señala: " No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el resaltado es agregado).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0118_2025-S3.pdf · páginas 1 a 44.
Huella digital del PDF (SHA-256): 996c0a8beb20c84b80d9d11f13ea16dff61f55816bfa2699301b0745d60c6ebd
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