Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 20 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Enrique Saavedra Dorado, en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto, manipulación informática y otros; el 19 de agosto de 2022, funcionarios policiales no identificados ejecutaron la Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022 emitida por el Fiscal de Materia ahora demandado, cuando esta acudió a firmar el cuaderno de control en el Ministerio Público, debido a que su persona no se presentó a la declaración informativa programada para el 29 de abril del mismo año, pese a haber presentado el memorial de 3 de mayo de igual año, mediante el cual justificó su inasistencia por motivos de salud; asimismo, manifiesta que siempre asistió a los llamados a declarar, pero dichos actos fueron suspendidos debido a la ausencia del Fiscal de Materia ahora demandado; además, denuncia que la declaración informativa prestada el 19 de agosto del indicado año, se realizó sin la presencia de su abogado de confianza.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2025-S1 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 50302-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dieset Rosy Ramírez Choque contra Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 6 a 9, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Enrique Saavedra Dorado contra Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto y manipulación informática previstos y sancionados por los arts. 326 y 363 bis del Código Penal (CP), con CUD 701102012006288; el 19 de agosto de 2022, funcionarios policiales no identificados procedieron a aprehender a la ahora accionante, cuando acudía a firmar el cuaderno de control en el Ministerio Público; asimismo, indicó que la Resolución de Aprehensión de 27 de junio del mismo año, fue emitida por el Fiscal de Materia de la causa -ahora demandado-, debido a que su persona no se presentó a la declaración informativa programada para el 29 de abril de igual año; no obstante, el 3 de mayo del mismo año, la imputada -ahora accionante- justificó su incomparecencia alegando motivos de salud, indicando además que el Fiscal de Materia ahora demandado, señaló que sería nuevamente convocada. Por último, señaló que siempre asistió a los llamados a declarar, pero el acto era suspendido debido a la ausencia del Fiscal de Materia ahora demandado.
La peticionante de tutela alega como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto, los arts. 115, 116, 117, 119, 120 y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje “sin efecto todas las actuaciones realizadas por el funcionario fiscal incluyendo la declaración informativa que no se realizó en presencia de mi abogado de confianza por la aprehensión ilegal y sorpresiva” (sic).
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 26 de agosto de 2022, conforme consta en el Acta de audiencia cursante a fs. 50 a 51, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y, ampliando sus argumentos, señaló que: a) Reconoce como cierto lo manifestado por el Ministerio Público en cuanto a la notificación del imputado -ahora accionante- para prestar su declaración informativa sobre el delito de manipulación informática; sin embargo, señaló que no se consideró el memorial presentado el 4 de mayo de 2022, acompañado del certificado médico, mediante el cual justificaba su inasistencia a la indicada declaración; en respuesta a dicho memorial, se emitió el proveído que, considerando el certificado médico y la justificación de inasistencia, fijó un nuevo día y hora de audiencia; b) A pesar de emitir el indicado proveído, el Fiscal de Materia de la causa -ahora demandado-, de manera ilegal y arbitraria, emitió la Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022, basada en la Resolución Fiscal de Aprehensión conforme el art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, si la imputada -ahora accionante- justificó su inasistencia por un impedimento legítimo y dicha justificación fue reconocida por el Ministerio Público, resulta incomprensible la emisión de la orden de aprehensión, la cual afectó tanto su actividad laboral como el cuidado de sus hijos por parte de su madre; c) “actualmente mi cliente se encuentra en libertad” (sic [fs. 50 vta.]); sin embargo, la acción de libertad procede cuando la vulneración del derecho ha cesado en sus efectos, ya que su propósito no solo es reparar o cesar el hecho conculcador, sino también advertir a la comunidad en su conjunto, que conductas de esta naturaleza contravienen el orden constitucional y deben ser sancionadas para no quedar en la impunidad. Asimismo, presentó varios reclamos ante el Juez contralor de garantías, obteniendo como respuesta a esos reclamos el traslado o informe de Secretaría; d) El Ministerio Público sorprendió a la procesada -ahora accionante- con la orden de aprehensión, a pesar de que fue citado en cinco (5) oportunidades en las que ni el investigador asignado al caso ni el Fiscal de Materia ahora demandado se encontraban presentes; además, indicó que la aprehensión indebida ocasionó que la declaración informativa de la imputada -ahora accionante- se realizara sin la presencia de un abogado de su confianza, por lo que solicita se repare también esta situación para que pueda tener otro abogado de su elección, y se conceda la tutela impetrada.
Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito, presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 45 a 49, informó que: 1) El 20 de noviembre de 2020, Enrique Saavedra Dorado presentó denuncia contra Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto y manipulación informática. En el marco de este proceso, el investigador asignado al caso, Erick Paredes Llanque, mediante acta de la misma fecha remitió en calidad de aprehendida a la procesada -ahora accionante-; el 21 de igual mes y año, se recepcionó la declaración informativa de la procesada -ahora accionante-, y después la Fiscal de Materia de la causa emitió la imputación formal correspondiente; posteriormente, el 10 de enero de 2022, la parte denunciante, formalizó querella y solicitó la ampliación de denuncia por los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sabotaje y estafa agravada. Dicha ampliación fue admitida mediante proveído de 1 de febrero de igual año, puesta en conocimiento del Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; 2) El 12 de abril de 2022, se emitió la orden de citación para la imputada -ahora accionante- por los nuevos delitos atribuidos en su contra; siendo notificada el 28 de igual mes y año, para presentarse a su declaración informativa el 29 del mismo mes y año a horas 16:00 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); sin embargo, la imputada no se presentó el día y hora señalado, por lo que conforme el art. 224 del CPP, se elaboró el acta de incomparecencia; no obstante, cuatro (4) días después, el 3 de mayo de igual año, presentó un memorial justificando su incomparecencia, motivo por el cual sostiene que no se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; 3) No se advierte la existencia de persecución ilegal o indebida, ya que el proceso se encuentra bajo el control jurisdiccional, siendo el Juez de la causa la instancia adecuada para restituir sus derechos supuestamente vulnerados; en ese sentido, se señala que la acción de libertad no procede, dado que el principio de subsidiariedad establece que primero se debe recurrir a la vía ordinaria antes de acudir a la justicia constitucional; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, mediante la Resolución 14 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La ahora accionante manifestó que su vida no se encuentra en peligro, pero señaló que es indebidamente procesada, ya que denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, particularmente en su elemento de celeridad, ya que en reiteradas oportunidades se presentó ante el Fiscal de Materia -ahora demandado- sin que este tomara su declaración informativa; además, señala que tendría problemas de salud que puso en conocimiento de dicha autoridad y que no fue considerado, dado que se libró una orden de aprehensión en su contra; ii) En cuanto al supuesto del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que para la procedencia de la tutela, el solicitante debe estar indebidamente privado de su libertad personal; al respecto, se estableció que cuando se inicia una investigación penal, el Ministerio Público y la Policía, deben poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que ejerce el control del proceso investigativo, ya que conforme el art. 279 del CPP, dichas autoridades actuarán siempre bajo el control jurisdiccional, para garantizar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio y respetando los derechos y garantías constitucionales; asimismo, el art. 54 del CPP establece que el Juez cautelar deberá dictar las resoluciones necesarias para corregir el procedimiento y, en su caso, sancionar a los infractores de las garantías constitucionales; iii) La Sala Constitucional, concluyó que la vida de la ahora accionante no está en peligro, ya que su proceso penal se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez cautelar; además, como resultado de la decisión del Fiscal de Materia -ahora demandado-, quien emitió la providencia de 19 de agosto de 2022, la imputada -ahora accionante- se encuentra en libertad; en consecuencia, su situación jurídica no se encuadra a lo previsto por el art. 226 del CPP y, conforme a la presunción de inocencia, mantiene su libertad; iv) Asimismo, la Sala Constitucional recordó a la parte ahora accionante que, la acción de libertad tiene carácter subsidiario, ya que conforme a lo establecido en diversas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se configuró el principio de subsidiariedad excepcional; en ese entendido, conforme el art. 279 del CPP, la ahora accionante debe acudir ante el Juez de control jurisdiccional en el marco del proceso investigativo seguido en su contra; por lo tanto, la subsidiariedad excepcional implica que la Sala Constitucional no puede ingresar a verificar los extremos de la demanda, mientras exista una vía judicial ordinaria idónea y efectiva para la protección de los derechos alegados, ya que corresponde a la ahora accionante acudir ante el Juez llamado por ley para precautelar sus derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa memorial de Inicio de Investigación presentado el 21 de noviembre de 2020, por la Fiscal de Materia de la causa ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, CUD 701102012006288, a denuncia de Enrique Saavedra Dorado contra Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto y manipulación informática previstos y sancionados por los arts. 326 y 363 bis del CP (fs. 22). II.2. Consta imputación formal de 21 de noviembre de 2020, por el que se imputa formalmente a Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de manipulación informática previsto y sancionado por el art. 363 bis del CP; de igual forma, solicita se aplique la medida excepcional de detención preventiva (fs. 40 vta. 43 vta.) II.3. Se tiene memorial de 10 de enero de 2022, presentado por Enrique Saavedra Dorado, ante el Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por el que formaliza querella en contra de Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros; y, solicita la ampliación por los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sabotaje y estafa agravada previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203, 232 y 335 con relación al art. 346 del CP, que deben ser investigados (fs. 22 vta. a 36) II.4. Por memorial de Inicio de Investigación presentado el 1 de febrero de 2022, por el Fiscal de Materia de la causa ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, CUD 701102012006288, a denuncia de Enrique Saavedra Dorado contra Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sabotaje y estafa agravada previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203, 232 y 335 con relación al art. 346 del CP (fs. 37 y vta.). II.5. Cursa Citación para Declaración de Denunciado de 26 de abril de 2022, por el que se cita a Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- para que asistida de su abogado y portando su cédula de identidad se presente el 29 de abril de 2022, a horas 15:30 en dependencias de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; misma que el 28 de igual mes y año, fue puesta en conocimiento de la ahora accionante de forma personal, firmando en constancia (fs. 38 y vta.) II.6. Se tiene Acta de incomparecencia de 29 de abril de 2022; a través del cual, el Fiscal de Materia de la causa, dejó constancia que en relación al caso CUD 701102012006288, la denunciada, Dieset Rosy Ramirez Choque -ahora accionante- “NO se hizo presente en la fecha y hora indicada tampoco presentó algún justificativo de su inasistencia por lo que el Sr. Fiscal dispone que se realice la Acta de incomparecencia a horas 15:50 p.m.” (sic [fs. 39 vta.])
II.7. Conforme a la Resolución de Aprehensión de 27 de junio de 2022, emitido por Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia de la causa -ahora demandado-, se dispuso la aprehensión de Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante-, conforme el art. 224 del CPP, con la única finalidad de prestar su declaración informativa con relación a los nuevos delitos ampliados en su contra (fs. 4); asimismo, consta Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022, emitido por el Fiscal de Materia ahora demandado, por el que:
“ORDENA al Policía Sgto. My. Erick Paredes Llanque o cualquier funcionario o autoridad policial para que APREHENDA Y CONDUZCA al Señor: DIESET ROSY RAMIREZ CHOQUE Ante las oficinas de la FELCC-División Económicos Financiero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, (…) con el objeto de prestar su declaración informativa Policial y por ser necesaria su presencia dentro del caso CUD 701102012006288 que se investiga…” (sic [fs. 2]) II.8. Cursa Proveído de 19 de agosto de 2022, emitido por Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia de la causa -ahora demandado-, por el que señala lo siguiente:
“…habiéndose materializado el mandamiento de aprehensión de DIESET ROSY RAMIREZ CHOQUE en fecha 19 de agosto, y habiendo recepcionado su declaración informativa conforme el art. 224 del C.P.P., se tiene que a la fecha no se cuenta con los requisitos suficientes de lo establecido en el art. 226 del C.P.P. Que, el ‘Artículo 116.I. Se garantiza la presunción de inocencia, durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado’ por lo cual el suscrito fiscal resguardando las garantías y derechos constitucionales, dispone que la sindicada DIESET ROSY RAMIREZ CHOQUE asuma su defensa en libertad, el investigador asignado al caso proceda a su notificación conforme a procedimiento.” (sic [fs. 3])
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Enrique Saavedra Dorado, en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto, manipulación informática y otros; el 19 de agosto de 2022, funcionarios policiales no identificados ejecutaron la Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022 emitida por el Fiscal de Materia ahora demandado, cuando esta acudió a firmar el cuaderno de control en el Ministerio Público, debido a que su persona no se presentó a la declaración informativa programada para el 29 de abril del mismo año, pese a haber presentado el memorial de 3 de mayo de igual año, mediante el cual justificó su inasistencia por motivos de salud; asimismo, manifiesta que siempre asistió a los llamados a declarar, pero dichos actos fueron suspendidos debido a la ausencia del Fiscal de Materia ahora demandado; además, denuncia que la declaración informativa prestada el 19 de agosto del indicado año, se realizó sin la presencia de su abogado de confianza.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”.
de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las 4El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, 9El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 10El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”. 11El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad.
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Enrique Saavedra Dorado, en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto, manipulación informática y otros; el 19 de agosto de 2022, funcionarios policiales no identificados ejecutaron la Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022 emitida por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, cuando esta acudió a firmar el cuaderno de control en el Ministerio Público, debido a que su persona no se presentó a la declaración informativa programada para el 29 de abril del mismo año, pese a haber presentado el memorial de 3 de mayo de igual año mediante el cual justificó su inasistencia por motivos de salud; asimismo, manifiesta que siempre asistió a los llamados a declarar, pero dichos actos fueron suspendidos debido a la ausencia del Fiscal de Materia ahora demandado; además, denuncia que la declaración informativa prestada el 19 de agosto del indicado año, se realizó sin la presencia de su abogado de confianza. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -Fiscales y Policías-que constituyan actividad procesal defectuosa que afecten derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser denunciados previamente ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, como son los incidentes de actividad procesal defectuosa.
De la revisión de los antecedentes y conclusiones del legajo constitucional, se advierte que cursa memorial de Inicio de Investigación presentado el 21 de noviembre de 2020, por la Fiscal de Materia de la causa ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal identificado con el CUD 701102012006288, a denuncia de Enrique Saavedra Dorado contra Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de hurto y manipulación informática previstos y sancionados por los arts. 326 y 363 bis del CP; en la misma fecha, se verifica que la procesada -ahora accionante- fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos mencionados y el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva (Conclusiones II.1 y II.2); posteriormente, por memorial de 10 de enero de 2022, presentado por Enrique Saavedra Dorado, ante el Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se formalizó querella en contra de Dieset Rosy Ramírez Choque -ahora accionante- y otros; asimismo, solicitó la ampliación de la investigación por los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, sabotaje y estafa agravada previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203, 232 y 335 con relación al art. 346 del CP, presentando el correspondiente inicio de investigación el 1 de febrero del mismo año ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusiones II.3 y II.4) A partir de lo señalado, se evidencia que el proceso penal referido, se encuentra en etapa preparatoria, con código de proceso “CUD 701102012006288” y el mismo, radica ante el Juzgado previamente referido (Conclusión II.4); es decir, se verifica que la causa se encuentra bajo control jurisdiccional. El art. 54.1 del CPP, establece que el Juez de Instrucción Penal es el encargado de controlar la investigación; por lo tanto, cualquier denuncia sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales como emergencia del proceso de investigación debe efectuarse ante dicha autoridad; en consecuencia, la denuncia interpuesta contra el Fiscal de Materia -ahora demandado-, debió ser presentada previamente ante el Juez de Instrucción en lo Penal Cautelar Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a objeto de que se pronuncie acerca de las supuestas lesiones a sus derechos fundamentales, ya que la mencionada autoridad judicial es la que tiene atribuciones para ejercer el control jurisdiccional del proceso; lo que implica evaluar si la ejecución de la Orden de Aprehensión de 27 de junio de 2022 emitida por el Fiscal de Materia ahora demandado, así como las constantes suspensiones de audiencia de declaración informativa por ausencia de la mencionada autoridad Fiscal, y la declaración informativa prestada el 19 de agosto de 2022, sin la presencia de su abogado de confianza, implican o no un procesamiento indebido. Por ello, resulta que al no haber agotado la vía ordinaria a través de los mecanismos intraprocesales que tienen a su alcance, no es posible que la accionante acuda directamente a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, la presente acción de libertad resulta improcedente por subsidiariedad excepcional, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela sin examinar el fondo de la denuncia. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0118_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 47cfc8a3882da02a81d7ec7c867b24297e6f1fa52a3ca5205c4c0503d5c52f64
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