Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela, denuncia que se encuentra detenido -se entiende de forma preventiva- en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, emergente del proceso penal que se le siguió por la supuesta comisión del delito de violación, causa dentro la cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, en aplicación de lo dispuesto por el art. 363.2) del CPP, pronunció en su favor la “Sentencia Absolutoria 35/2021”, consecuentemente dispuso se libre el respectivo mandamiento de libertad en observancia de lo previsto por el art. 364 del citado Código; sin embargo, hasta el momento de la presentación de esta acción de libertad, no se emitió dicho mandamiento, provocando que continúe indebidamente privado de su libertad, dilación atribuible a la Jueza accionada, como a la Secretaria coaccionada quien arguyó que no podrá “hacer” el mandamiento de libertad, porque debe recabar datos del penal donde está recluido y transcribir el acta, exigiéndole inclusive el pago de dineros para ese cometido, cuando esos aspectos no están contemplados en la norma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 226/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Ingrid Geraldine Medina Blanco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por infracción del principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; con la aclaración que no corresponde la llamada de atención severa dispuesta por la Sala Constitucional, ni tampoco el pago de daños, perjuicios y costas, dada la concesión parcial de la tutela y el alcance y dimensión de concesión de la misma. 2° Denegar la tutela impetrada, respecto a Marisel Lucia Michel Orellana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0117/2023-S3 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44514-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 226/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Alex Magne Lara contra Ingrid Geraldine Medina Blanco, Jueza; y, Marisel Lucia Michel Orellana, Secretaria, ambas del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, al haber sido sindicado de la supuesta comisión del delito de violación, mismo que jamás cometió; es así que, luego de una ardua lucha legal logró que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, pronuncie en su favor la “Sentencia Absolutoria 35/2021”, en función a lo dispuesto por el art. 363.2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), consecuentemente en observancia al art. 364 del mismo Código adjetivo, la presidenta de dicho Tribunal dispuso se “haga” el respectivo mandamiento de libertad para “producir” su libertad. Bajo tal antecedente, alega que su abogado el día de ayer -se entiende el 9 de noviembre de 2021-, se apersonó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, llegando a entrevistarse con Marisel Lucia Michel Orellana, Secretaria de dicho Tribunal -ahora coaccionada-, quien de forma indebida y maltratándolo le refirió que no podrá “hacer” el mandamiento de libertad porque tiene que recabar datos del penal donde está recluido y transcribir el acta, además le exigió le pague la suma de Bs100.- (cien bolivianos), a lo que su abogado le contestó que no tienen plata, ante ello la nombrada funcionaria le refirió que por lo menos Bs50.- (cincuenta bolivianos), monto con el que tampoco cuentan; en ese entendido, refiere que ninguno de estos requisitos están contemplados en la norma, porque el art. 364 del CPP prevé que la libertad del imputado se ordenará aunque la sentencia no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de la audiencia; sin embargo, en su caso, pese a existir una orden, no se emitió el respectivo mandamiento de libertad en su favor, a consecuencia de ello continúa detenido de forma indebida.
El impetrante de tutela no identificó el derecho que considera lesionado, tampoco citó alguna disposición constitucional que estima infringida; sin embargo, de los argumentos expuestos en el memorial de interposición de ésta acción tutelar, se establece que su reclamación está vinculada a su derecho a la libertad relacionada al debido proceso.
Solicita se le conceda la tutela impetrada, consecuentemente se ordene se extienda en el día mandamiento de libertad en su favor.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14 vta., presentes el peticionante de tutela acompañado de su abogado y la Secretaria coaccionada; y ausente la Jueza accionada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción de libertad y ampliando en audiencia, refirió que: a) El 3 de noviembre de 2021, la Jueza accionada dispuso se libre mandamiento de libertad en el día, así como la cancelación de todas las medidas cautelares dispuestas en su contra, pero continúa detenido, enfatizando que la Secretaria coaccionada le exigió Bs100.-para transcribir el acta de audiencia y para que “haga” el mandamiento de libertad, luego “…van donde mi defendido a la cárcel y le dicen ‘no vamos a extenderte tu mandamiento de libertad hasta ver si la parte contraria va apelar o no apelar, sino apela entonces no vamos a extender tu mandamiento de libertad’” (sic), lo que resulta incorrecto porque la apelación que puede o no presentarse no tiene relevancia al tenor del art. 364 del CPP, por lo que está siendo procesado indebidamente; y, b) La presente acción de defensa, fue interpuesta contra la Juez accionada únicamente por no haber suscrito el mandamiento de libertad en su favor; asimismo, contra la Secretaria coaccionada, porque fue esta funcionaria de apoyo judicial quien incurrió en actos dilatorios con argumentos que no corresponden, por lo que solicita se remitan antecedentes al “Tribunal disciplinario” para que se consideren esos elementos y su forma de actuar. Con tales argumentos, solicitó se le conceda la tutela ordenando se actúe con celeridad y -se materialice- su libertad. Antes las preguntas realizadas por la Sala Constitucional, a través de su abogado refirió que: 1) El juicio oral donde se dispuso su absolución culminó el 3 de noviembre de 2021, donde solamente se dio lectura a la parte dispositiva de la sentencia, teniendo lugar la lectura íntegra el 5 de similar mes y año; asimismo, quien se entrevistó con la Secretaria coaccionada fue la abogada “Elena Durán”, a quien la prenombrada le exigió dinero en los montos ya referidos; enfatizando que, está siendo procesado indebidamente porque sin fundamento legal no se libra mandamiento de libertad en su favor; y, 2) No tiene conocimiento del mandamiento de libertad al que hace referencia la parte accionada en su informe, pues continúa detenido, ya que el día de ayer -se entiende el 10 de noviembre de 2021-, “acudieron” al penal donde solamente le hicieron firmar un documento cuyo tenor desconoce. A su vez, en ejercicio de su derecho a la defensa material, respondiendo las consultas realizadas por la Sala Constitucional, el impetrante de tutela refirió que: “…El que vino a dejarme esas hojas del Tribunal de Sentencia, me dijo ahoritita me lo vas a firmar porque no te vas ir a pasear ahí, ahorita nomas firmámelo me ha dicho y de ahí se lo he firmado rápido, me ha dejado las hojas y se ha ido y eso es la resolución de todo lo que se ha dictado en mi juicio, todo está ahí, la declaración todo eso” (sic), no le ha referido si ya está en trámite su mandamiento de libertad, solamente le indicó que es “…el Dr. del Tribunal de Sentencia y ahí me dijo ‘si apela no te vas ir y si no apela te vas a ir’ así nomás me dijo y me hizo firmar” (sic).
Ingrid Geraldine Medina Blanco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 7 a 9, manifestó que: i) En la audiencia de 5 de noviembre -de 2021-, se dio lectura a la “Sentencia 35-2021” en virtud a la que se dispuso la cesación de las medidas cautelares del peticionante de tutela y la emisión del mandamiento de libertad, mismo que fue firmado el 10 de similar mes y año, y remitido a la Oficina Gestora de Procesos; ii) Se deben realizar algunas observaciones que el Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y la propia Ley 1173 han causado y que afectan precisamente a la celeridad con la que los Jueces y Tribunales deben actuar, pero que en realidad no se cumple; en ese entendido, citando los arts. “56 Bis.3” y 238 del CPP, manifiesta que tales previsiones en todo momento hacen referencia a un “…sistema informático de gestión de causas…” (sic), sistema que es de uso obligatorio para los Jueces y Tribunales, así como para la Dirección de Régimen Penitenciario como establece la Disposición Final Cuarta, entendiéndose de ello que todo Juez que emite una Sentencia absolutoria debe emitir el mandamiento de libertad en el día y remitir esa información, a través del sistema informático de gestión de causas, al recinto penitenciario que corresponda; empero, la realidad muestra que a dos años de vigencia de la indicada Ley 1173, los jueces y tribunales continúan trabajando como antes; es decir, enviando documentación en físico, cuando ello ya se debiera hacer digitalmente; consecuentemente, se debe considerar que no pueden cumplir las expectativas de la Ley si no cuentan con los medios necesarios para su efectivización; iii) Respecto al cobro irregular que denuncia el accionante, ello conlleva implícitamente la presunta comisión de un posible delito en el que hubiere incurrido la Secretaria coaccionada, cuando la lectura de la sentencia de 5 de noviembre -de 2021- ha sido íntegra, es decir para la audiencia ya se tenía impresa la sentencia, es más se instó a las partes que así lo consideren pertinente a apersonarse al tribunal para ser notificados; y, iv) De lo detallado, se concluye que el mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela fue librado antes de la presentación de esta acción tutelar, asimismo no se adjunta el descargo con el sello de recepción porque su presentación corresponde a la Oficina Gestora de Procesos. Marisel Lucia Michel Orellana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 11, refirió que: a) El 5 de noviembre de 2021, se dio lectura íntegra a la “Resolución S-35/2021” disponiendo la emisión de mandamiento de libertad, el cual fue firmado el 10 de similar mes y año, y remitido a la Oficina Gestora de Procesos; y, b) Respecto a los supuestos cobros realizados por su persona, tal aseveración no es cierta, porque no tuvo conversación alguna con la abogada y menos solicitó algún monto económico, siendo que existen cámaras de seguridad en el edificio judicial, por lo que se reserva el derecho de iniciar el proceso penal correspondiente ante semejante acusación. Con tales argumentos solicitó se deniegue la tutela impetrada. Asimismo, ante las consultas realizadas por la Sala Constitucional, manifestó que: El mandamiento de libertad, fue emitido el día de ayer -se entiende 10 de noviembre de 2021-, debiendo remitirse a la Oficina Gestora de Procesos hasta horas “10”, pero no fue posible ya que tienen audiencias, por ello el día de hoy -entiéndase 11 del citado mes y año, se remitió a primera hora bajo registro en el libro correspondiente, enviando al efecto una fotografía de ello.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 226/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 15 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, por haber la Jueza y la Secretaria accionadas generado con su actuación, afectación a los principios de celeridad y prontitud vinculados con el derecho a la libertad del peticionante de tutela; consecuentemente, tomando en cuenta que el objeto procesal de la acción de libertad fue cumplido el 11 de noviembre de 2021 a horas 09:30 a.m., se determinó que por Secretaría se registre en el libro respectivo un apercibimiento y una severa llamada de atención a las prenombradas, a efectos de que de verificarse a futuro una similar actitud, puedan asumirse las determinaciones correspondientes. Decisión adoptada bajo los siguientes fundamentos: 1) De todo lo argumentado por el accionante, no se puede advertir la concurrencia del presupuesto referido a un procesamiento indebido; en efecto, la SCP “276/2018-S3” realizó un breve acercamiento respecto al carácter que debe tener el procesamiento indebido, que implica estar en presencia de una tramitación de naturaleza procesal penal, que como consecuencia del mismo, tenga el resultado de la restricción y/o supresión del derecho a la libertad, es decir debe estar vinculada a cierta irregularidad en el proceso penal propiamente dicho; en el caso concreto, si bien el impetrante de tutela plantea la tesis de un procesamiento indebido, pero no explicó en qué contenidos de fondo vinculados al proceso penal, la autoridad jurisdiccional hubiere incurrido en algún defecto o irregularidad procesal, que como consecuencia tenga directa afectación a su derecho a la libertad; pues, contrario a lo planteado por el peticionante de tutela, se evidencia la emisión de una sentencia absolutoria en el marco de lo previsto por el art. 364 del CPP, determinando el cese de las medidas cautelares y la emisión de un mandamiento de libertad, no pudiendo evidenciarse en ese contexto un procesamiento indebido; 2) No obstante de lo expuesto, por principio de informalismo que rige la acción de libertad, lo que en el fondo se advierte es una actuación de la Jueza y la Secretaria accionadas vinculado al hecho de no haber atendido con prontitud y celeridad la emisión y remisión del mandamiento de libertad dispuesto, ya que considerando que la lectura de la sentencia absolutoria data de 5 de noviembre de 2021, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad -10 de noviembre de 2021-, las prenombradas aun no hubieren materializado la emisión del mandamiento de libertad y mucho menos su remisión a la Oficina Gestora de Procesos para su comunicación a la Dirección de Régimen Penitenciario; en ese entendido, si bien la Jueza accionada en su informe refirió que dicho mandamiento fue firmado el 10 de noviembre de 2021 y que se hubiere emitido antes de la presentación de esta acción tutelar, tal argumento puede tener cierto grado de certeza, siempre y cuando su remisión a la Oficina Gestora de Procesos se hubiere materializado el mismo día de su suscripción; empero, tal remisión conforme la documentación enviada, recién fue concretada el 11 de noviembre de 2021 a horas 09:30, lo que denota la existencia de una dilación que no resulta razonable e implica el quebrantamiento de los principios de celeridad y prontitud vinculado al derecho a la libertad del accionante, que en la esfera del derecho constitucional merece tutela, pero no en los términos alegados por el impetrante de tutela, sino bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) Respecto a la supuesta pretensión de cobro de dineros atribuida a la Secretaria coaccionada, la Sala Constitucional no cuenta con un mecanismo para su verificación y adoptar alguna determinación, más aun si el propio abogado del peticionante de tutela manifestó que no fue ha su persona a quien se le hubiese expresado los supuestos cobros, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del libro de remisiones, correspondiente a la remisión del mandamiento de libertad emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Kevin Alex Magne Lara -ahora accionante-, con cargo de recepción en la Oficina Gestora de Procesos, de 11 de noviembre de 2021 horas 9:30 a.m. (fs. 10).
El impetrante de tutela, denuncia que se encuentra detenido -se entiende de forma preventiva- en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, emergente del proceso penal que se le siguió por la supuesta comisión del delito de violación, causa dentro la cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, en aplicación de lo dispuesto por el art. 363.2) del CPP, pronunció en su favor la “Sentencia Absolutoria 35/2021”, consecuentemente dispuso se libre el respectivo mandamiento de libertad en observancia de lo previsto por el art. 364 del citado Código; sin embargo, hasta el momento de la presentación de esta acción de libertad, no se emitió dicho mandamiento, provocando que continúe indebidamente privado de su libertad, dilación atribuible a la Jueza accionada, como a la Secretaria coaccionada quien arguyó que no podrá “hacer” el mandamiento de libertad, porque debe recabar datos del penal donde está recluido y transcribir el acta, exigiéndole inclusive el pago de dineros para ese cometido, cuando esos aspectos no están contemplados en la norma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, este Tribunal Constitucional a través de la SCP 1220/2019-S1 de 16 de diciembre, siguiendo el entendimiento asumido por la SCP 0132/2017-S3 de 6 de marzo, estableció que: «“El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”’» (las negrillas fueron agregadas).
Respecto a este tópico, la SCP 2190/2012 de 8 de noviembre, estableció que: «El art. 363 del CPP establece: “Se dictará sentencia absolutoria cuando: 1. No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio, 2. La prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado; 3. Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él; o, 4. Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal”. Asimismo el art. 364 de la normativa precedente señala: “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia. El juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al estado o al querellante particular”. De la norma precedente, se establece la cesación de las medidas cautelares personales, la obligatoriedad de disponer la libertad inmediata de absuelto desde la misma sala de audiencia, sin perjuicio de los recursos que se pudieran interponer contra el fallo por parte del fiscal y del querellante, situación que no se contemplaba dentro de nuestra economía procesal, donde para la efectividad de un fallo, se requería como condición indispensable la ejecutoria del mismo. La jurisprudencia constitucional al respecto manifestó: “…en cuanto a la cesación de las medidas cautelares, el art. 364 del CPP, titulado 'Efectos de la absolución', estipula ‘La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y en su caso declarará la temeridad o malicia de la acusación de la responsabilidad correspondiente. (…)'. De la interpretación de este precepto, se tiene que los efectos de una sentencia absolutoria con relación a las medidas cautelares personales son inmediatos, lo que significa que, dictada la sentencia, el Juez o Tribunal de la causa deberá ordenar la cesación de las mismas, lo que implica a su vez que no puede someter al procesado a la espera del trámite de una apelación o recursos ulteriores a la emisión de la sentencia, cuando se le ha declarado absuelto de culpa y pena por el delito por el que fue procesado, de modo que resulta lógico y conforme a derecho que habiendo sido declarado de tal forma se le habilite en el goce y disfrute de sus derechos y garantías, dejando sin efecto las limitaciones que se impusieron a los mismos como medidas para asegurar su presencia en el juicio como también para asegurar la averiguación de la verdad, que en primera instancia está contenida en la fundamentación de la sentencia” así lo entendió la SC 0832/2004-R de 1 de junio» (las negrillas nos corresponden).
Como se tiene advertido ut supra, el peticionante de tutela, denuncia que se encuentra detenido -se entiende de forma preventiva- en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, a emergencia del proceso penal que se le siguió por la supuesta comisión del delito de violación, causa dentro de la que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento, en aplicación de lo dispuesto por el art. 363.2) del CPP, pronunció la “Sentencia Absolutoria 35/2021” en su favor, consecuentemente dispuso se libre el respectivo mandamiento de libertad en observancia de lo previsto por el art. 364 del citado Código; sin embargo, hasta el momento de la presentación de esta acción de libertad, no se emitió dicho mandamiento, provocando que continúe indebidamente privado de su libertad, dilación atribuible a la Jueza accionada, como a la Secretaria coaccionada quien arguyó que no podrá “hacer” el mandamiento de libertad, porque debe recabar datos del penal donde está recluido y transcribir el acta, exigiéndole inclusive el pago de dineros para ese cometido, cuando esos aspectos no están contemplados en la norma. Delimitado como se encuentra el objeto procesal de esta acción de defensa, previo a su análisis, corresponde establecer los antecedentes procesales de los cuales deviene el mismo; en ese entendido, de lo manifestado por el accionante, así como por la Jueza accionada y la Secretaria coaccionada en sus informes escritos presentados, se tiene que se sustanció un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación, quien se encontraba detenido de forma preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, en el marco del régimen de medidas cautelares personales dentro de dicho proceso, causa que radicó ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del indicado departamento; en ese contexto, habiéndose sustanciado el correspondiente juicio oral, el 3 de noviembre de 2021 el mencionado Tribunal habría pronunciado la “Sentencia Absolutoria 35/2021” en aplicación de lo dispuesto por el art. 363.2) del CPP, consecuentemente ordenado la libertad del nombrado encausado en función a lo determinado por el art. 364 del mencionado Código, disponiendo se libre mandamiento de libertad en su favor, fallo leído íntegramente el 5 del citado mes y año. Bajo tal antecedente, el peticionante de tutela reclama que hasta el momento de presentación de esta acción tutelar -10 de noviembre de 2021-, no se expidió el respectivo mandamiento de libertad en su favor tal como fue dispuesto, provocando que permanezca detenido indebidamente; al respecto, en atención a los informes escritos presentados por la Jueza accionada como por la Secretaria coaccionada, se establece que no obstante de haberse dispuesto el 3 de noviembre de 2021 en la lectura de la parte dispositiva de la sentencia absolutoria y de forma expresa el 5 del citado mes y año, en la lectura íntegra del fallo judicial, la libertad del accionante en sujeción al art. 364 del CPP -emergente de la sentencia absolutoria, del cese de las medidas cautelares y la emisión del mandamiento de libertad que correspondía-el cual prevé que: “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia” (las negrillas nos corresponden), se tiene que es evidente la existencia de una dilación injustificada en el libramiento del correspondiente mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela, el mismo que fue suscrito recién el 10 de noviembre de 2021 y remitido a la Oficina Gestora de Procesos el 11 del indicado mes y año a horas 09:30 a.m., conforme se colige de la documentación descrita en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional; es decir, de forma posterior a la presentación de ésta acción de defensa e inclusive a la notificación con la misma a la parte accionada, que tuvo lugar en la última fecha mencionada a horas 09:24 a.m. como se colige de la diligencia saliente a fs. 5 del expediente constitucional. Lo advertido, denota una conducta negligente atribuible a la Jueza accionada, en su condición de Presidente en la causa seguida contra el peticionante de tutela, con repercusión en su derecho a la libertad, ya que la nombrada autoridad como directora del proceso, estaba impelida a garantizar que su determinación de dar la libertad al prenombrado sea cumplida con la inmediatez prevista y ordenada por el art. 364 del CPP, librando el respectivo mandamiento de libertad en el acto, lo contrario significa un incumplimiento de dicho mandato legal que en el caso tuvo como resultado que el accionante continúe privado de su libertad indebidamente; en ese orden de análisis, si bien la nombrada autoridad en su informe intentó justificar su accionar omisivo, efectuando observaciones a las modificaciones realizadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres al Código de Procedimiento Penal referente a la implementación del sistema informático para la gestión de causas; empero, no estableció como esa situación se constituyó en la causante de la demora en la que incurrió en el caso concreto, pues independientemente de la implementación o no del sistema informático en cuestión y su regular funcionamiento, estaba en la obligación de expedir en el día el respectivo mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela por mandato del art. 364 del Código adjetivo penal, para que el mismo a su vez sea notificado de forma inmediata por la Oficina Gestora de Procesos al recinto carcelario donde se encontraba recluido el ahora impetrante de tutela, y consiguientemente los funcionarios policiales encargados de su custodia, realicen las tareas administrativas de verificación y posterior ejecución -también inmediata- del mandamiento de libertad; por lo que, lo afirmado por la Jueza accionada de ninguna manera justifica la demora advertida. En ese marco, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los efectos de una sentencia absolutoria con relación a las medidas cautelares personales son inmediatos, lo que significa que, dictada la sentencia, el Juez o Tribunal de la causa deberá ordenar la cesación de las mismas, dejando sin efecto las limitaciones que se impusieron a la parte acusada como medidas para asegurar su presencia en el juicio como también para asegurar la averiguación de la verdad; lo que no ocurrió en el caso, ya que no obstante de haberse emitido sentencia absolutoria en favor del peticionante de tutela y ordenado su libertad en sujeción al art. 364 del CPP, el prenombrado permanecía privado de su libertad hasta la fecha de resolución de esta acción de libertad inclusive; consecuentemente, es de aplicación al presente caso el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que toda autoridad judicial en conocimiento y competencia para resolver una cuestión en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla de la forma más célere posible, es decir debe sujetarse a los plazos establecidos por Ley, cuya inobservancia habilita al agraviado a recurrir a la justicia constitucional a través de esta acción tutelar en su modalidad de pronto despacho, instituido como un mecanismo de defensa constitucional idóneo para reclamar dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación de la persona privada de libertad, a efecto de que este Tribunal ordene el inmediato cumplimiento del acto procesal extrañado y con ello el restablecimiento del derecho invocado como lesionado; por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela respecto a la Jueza accionada, por infracción del principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con la libertad del accionante.
En relación a la Secretaria coaccionada, el impetrante de tutela alega que dicha funcionaria sería la principal responsable de la dilación en el libramiento del mandamiento de libertad, porque cuando se entrevistó con su abogado (a), la misma le refirió que no podrá “hacer” dicho mandamiento porque tiene que recabar datos del penal donde está recluido y transcribir el acta, además le tiene que pagar la suma de Bs100.- o en su defecto por lo menos Bs50.- para que pueda labrar el acta; al respecto, se debe tomar en cuenta que dicha funcionaria de apoyo, por las tareas propias que desempeña, no ejerce labor jurisdiccional sino que depende de las órdenes y está bajo estricta supervisión de la Jueza accionada, en quien recaía la obligación de librar el respectivo mandamiento de libertad en favor del peticionante de tutela con la prontitud debida, ya que si bien la mencionada funcionaria eventualmente puede apoyar con la elaboración del mandamiento en cuestión; empero, ello no la hace responsable de su expedición, porque el libramiento de un mandamiento de libertad es una tarea propia de la autoridad judicial y no de su personal de apoyo; consecuentemente, la aludida Secretaria carece de legitimación pasiva para ser accionada vía acción de libertad por la naturaleza de sus funciones que cumple; al respecto, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que:
“…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”. Así, en observancia a dicho lineamiento jurisprudencial, en el presente caso, no se puede advertir que la dilación denunciada, sea a emergencia de la inobservancia de las funciones de la Secretaria coaccionada, ya que conforme se tiene referido procedentemente, el mandamiento de libertad es una actuación a ser expedida por la autoridad judicial; y tampoco se tiene que la referida omisión procesal hubiese sido consecuencia del incumplimiento de una orden expresa impartida por la autoridad accionada; por lo que, respecto a la nombrada funcionaria atañe denegarse la tutela solicitada, al no evidenciarse que su actuación se adecúe a uno de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el párrafo precedente. Al respecto, corresponde aclarar a su vez que no corresponde dilucidar a la justicia constitucional, la denuncia referente a la supuesta exigencia de parte de dicha servidora pública de pagos de dineros para el labrado del acta de audiencia, pues por una parte la referida servidora judicial coaccionada negó que hubiese tenido alguna conversación con la defensa del ahora peticionante de tutela, remitiéndose para ello a las cámaras de seguridad -se entiende del Juzgado-, a más que ante las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional en la audiencia de esta acción de defensa, la parte accionante señaló que sería a otra abogada -no partícipe de la audiencia- a quien se le habría referido esa situación de pago de dinero, en consecuencia no existe certeza de ello; a más que, en la eventualidad de ser evidente esa conducta, más que una repercusión en la dilación denunciada, tiene otra connotación de actuación indebida o en su caso hecho ilegal, pudiendo el impetrante de tutela acudir a las vías -administrativa o penal- llamadas por ley para su investigación y determinación de responsabilidad si así correspondiere. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró en parte de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 226/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Ingrid Geraldine Medina Blanco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por infracción del principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; con la aclaración que no corresponde la llamada de atención severa dispuesta por la Sala Constitucional, ni tampoco el pago de daños, perjuicios y costas, dada la concesión parcial de la tutela y el alcance y dimensión de concesión de la misma. 2° Denegar la tutela impetrada, respecto a Marisel Lucia Michel Orellana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0117_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6f79a88e807bf53b6cfe700ddd03ffa7eb964eb83e419ecac4fb871ea46063b0
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