B.IA.LEGAL

SCP 0116/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
72660-2025-146-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vivienda digna y al acceso a la justicia; puesto que, pese a la extinción definitiva del proceso penal seguido en su contra, la autoridad demandada omitió analizar y resolver en el fondo su solicitud de restitución del bien inmueble del cual fue desalojado en ejecución de una medida de protección especial, permitiendo la subsistencia de los efectos materiales de la misma. El Juez demandado no se conectó a la audiencia virtual de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2025 de 8 de abril, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de “2024” -siendo lo correcto 2025-, disponiendo que, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, o quien se encuentre actualmente en ejercicio, convoque a una nueva audiencia y, previo debate, se pronuncie de manera sustantiva sobre la solicitud de restitución presentada por el accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y régimen constitucional de las medidas de protección especiales en el proceso penal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2026-S2 Sucre, 24 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 72660-2025-146-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 41/2025 de 8 de abril, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Troche Salcedo contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de febrero y 14 de marzo de 2023, cursantes de fs. 20 a 24; y, 35 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por Laura Ruíz Luizaga en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 19 de julio de 2021, la autoridad fiscal requirió la adopción de medidas de protección, disponiendo su salida, desocupación y restricción del domicilio donde habitaba junto a la nombrada, quien era su esposa y presunta víctima. Dichas medidas fueron ejecutadas operativamente el 23 de igual mes y año, conforme al acta de autorización de ingreso a domicilio, en la cual se dejó constancia de que el inmueble contaba con habitaciones ocupadas por su persona. En la ejecución de la medida, fue retirado del lugar sin permitirle recoger su ropa, documentos, dinero u otros bienes personales, solo alcanzando a cerrar bajo llave los cuartos que ocupaba, quedando impedido de retornar a su residencia. Más adelante, el 31 de enero de 2022, su cónyuge falleció, y de forma posterior, la denuncia planteada fue rechazada mediante Resolución de Rechazo 91/2022 de 18 de agosto, la cual fue notificada el 19 de enero de 2023 y no fue objetada por ninguna de las partes, quedando firme y ejecutoriada, sin que se hubiera dispuesto su reapertura de oficio o a instancia de parte. Durante el tiempo posterior al rechazo del proceso, se mantuvo alejado del inmueble en cuestión con la finalidad de evitar nuevas denuncias por parte de familiares de su difunta esposa; no obstante, en julio de 2024 intentó ingresar a su domicilio, siendo agredido verbalmente, amenazado e intimidado por terceros, quienes le indicaron que tenía prohibido acercarse al lugar. Desde entonces, vive con temor y sin posibilidad de retornar a su hogar. El 8 de noviembre de 2024 solicitó el desarchivo del caso, el cual fue concedido, siendo el proceso asignado a Selena Michel Vargas Vargas, Fiscal de Materia, el 22 de ese mes y año, apersonándose de inmediato al mismo. El 28 de igual mes y año pidió formalmente la restitución de su hogar, recibiendo como respuesta el 29 del referido mes y año, que debía acudir a la autoridad jurisdiccional conforme al art. 389 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP) con las modificaciones incorporadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Posteriormente, el 2 de diciembre del mismo año reiteró su solicitud, la cual fue respondida el 4 del citado mes y año con un simple “ESTESE”. Durante noviembre y diciembre de 2024, alegó la existencia de un riesgo inminente sobre sus habitaciones, señalando que terceras personas ingresaron al inmueble pretendiendo disponer de las mismas, retirando muebles de su propiedad, específicamente sofás ubicados en los cuartos que ocupaba en el fondo del lugar. Ante la falta de respuesta efectiva, acudió ante René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien, tras reiteradas solicitudes, señaló audiencia para el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, dicho acto fue suspendido sin resolver el fondo del asunto ni dar curso al recurso de reposición interpuesto. En las semanas posteriores, sus habitaciones fueron allanadas, agravándose la lesión a su derecho a una vivienda digna; situación atribuible a la inacción de las autoridades estatales, señalando que, pese a ser la fiscal quien ordenó su desocupación, ninguna autoridad asumió la responsabilidad de disponer la restitución del inmueble, manteniéndose el Juez pasivo bajo el argumento de un supuesto vacío legal. Finalmente, señala que entiende que las medidas de protección pierden vigencia cuando el proceso es rechazado o sobreseído; empero, los efectos materiales de dichas medidas continúan produciendo daños graves y permanentes, los cuales ameritan reparación por el principio de responsabilidad del Estado, puesto que, sufrió un daño integral que comprendió la pérdida de su vivienda, afectación psicológica, desprotección de su esposa fallecida y la imposibilidad de ejercer una vida digna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a una vivienda digna y al acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 19 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 24 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV): “…el ACOMPAÑAMIENTO para hacer efectiva la restitución de hogar consistente en 3 habitaciones ubicadas en el fondo del inmueble, una en la planta baja y dos en el primer piso del fondo pasando el patio del inmueble ubicado en la Calle Jorge Carrasco, No 37, Zona 12 de octubre de la Ciudad de El Alto, en el marco del principio de RESPONSABILIDAD Num. 4 Art. 5 de la Ley 260, trato igualitario y equitativo previsto en el Art. 7 de la Ley 260 al ser consecuencia de una medida de protección en el marco de proceso rechazado y ejecutoriado y que mantiene vigente la lesión al derecho a la vivienda de una persona de la tercera edad” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 49, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: a) El Juez demandado señaló que no podía considerar la restitución de hogar porque aquello no se encontraba previsto en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y por considerar que dicha figura no alcanzaba a los varones, razón por la cual se agotó esa vía y se acudió a la jurisdicción constitucional; b) Mediante certificado de matrimonio de 20 de septiembre de 2024 se acredita la vigencia de su vínculo matrimonial con la fallecida -presunta víctima del proceso penal de origen-, y mediante certificado de descendencia, transcrito en el Testimonio de Aceptación de Herencia 328/2024 de 28 de junio, se demuestra que no existió descendencia de dicho vínculo; en ese contexto, la restitución solicitada no pone en riesgo los intereses de terceras personas; c) Presentó documentación que confirma su vivienda habitual en el inmueble ubicado en la calle Jorge Carrasco 37, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, consistentes en una factura de energía eléctrica de 2014, un certificado del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) que consignó el mismo domicilio desde el 2017 y un asiento de folio real que demostró su condición de heredero y la habitabilidad prolongada del inmueble; y, d) La autoridad demandada omitió considerar los principios de equidad de género previstos en el art. 4.9 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, y la prohibición de alegar vacío legal establecida en el art. 15.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), suspendiendo una audiencia sin resolver el fondo del asunto y negando la restitución pedida; en consecuencia, solicitó la emisión de una resolución fundadora que llenará el vacío legal y ordenará la restitución de hogar con acompañamiento de la FELCV.

I.2.2. Informe de la parte demandada

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, no se conectó a la audiencia virtual de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 41.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Selena Michel Vargas Vargas, Fiscal de Materia, en audiencia sostuvo que: 1) El proceso penal fue rechazado mediante Resolución de Rechazo 91/2022, notificada sin objeción de las partes, quedando archivada la causa; 2) El desarchivo fue solicitado tanto por el accionante como por un familiar de la presunta víctima ya fallecida, con finalidades distintas, y que, ante la solicitud de restitución de hogar, dispuso que el impetrante de tutela acudiera a la autoridad jurisdiccional conforme al art. 389 ter del CPP con las modificaciones incorporadas por la Ley 1173; y, 3) Se planteó una anterior acción de amparo constitucional contra su persona y con el mismo objeto, la cual denegó la tutela, disponiendo que sea la autoridad jurisdiccional que emita un pronunciamiento al respecto.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 41/2025 de 8 de abril, cursante de fs. 50 a 54 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) En su decisión, el Juez demandado resolvió no dar lugar a la restitución solicitada, bajo el argumento de que la Ley 348 no preveía la restitución de bien inmueble a favor de la parte imputada, sino únicamente a favor de la víctima denunciante, dando por concluida la audiencia; y, ii) El Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2025, ahora cuestionado, no fue objeto de impugnación efectiva, pues no se evidencia la interposición ni el agotamiento de recursos ordinarios como el de apelación incidental ante una autoridad de segunda instancia; en consecuencia, el circuito impugnatorio ordinario no fue agotado, por lo que, siendo que la acción de amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, lo alegado no puede ser analizado en el fondo, al encontrarse aún pendiente la eventual revisión por un juez o tribunal ordinario superior. En vía de explicación y aclaración, el accionante alegó que, en la audiencia de origen interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue rechazado por la autoridad demandada bajo el argumento de improcedencia, razón por la cual consideró agotada la vía ordinaria y habilitada la jurisdicción constitucional; en ese contexto, solicitó una aclaración al respecto. Ante ello, la Sala Constitucional aclaró que: a) Conforme a los arts. 53 y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no procede cuando la resolución cuestionada aún puede ser modificada, revocada o anulada mediante un recurso ordinario; bajo esa comprensión, al no existir en obrados ningún elemento probatorio que demostrara que el recurso de apelación incidental hubiera sido formalmente tramitado ni elevado ante una autoridad jurisdiccional de segunda instancia, subsistía la posibilidad de revisión ordinaria; y, b) Sus personas, como autoridades judiciales, no pueden cometer el delito de estelionato, que consiste en la disposición de bienes ajenos; además, la presente acción de amparo constitucional fue admitida únicamente en atención a la condición de vulnerabilidad del accionante como persona adulta mayor, a pesar del contenido desordenado y la pésima identificación del acto vulneratorio en su demanda. Asimismo, mediante Auto de 9 de abril de 2025, cursante de fs. 53 a 54 vta., la Sala Constitucional aclaró y complementó de oficio lo siguiente: 1) La tutela fue denegada sin ingresar al análisis de fondo del asunto, debido a la inobservancia del principio de subsidiariedad; 2) La Resolución cuestionada, al negar el levantamiento de medidas de protección, tenía naturaleza cautelar y, como tal, era susceptible de recurso de apelación incidental en la vía ordinaria penal; en consecuencia, la negativa del Juez demandado a conceder la apelación debió ser cuestionada previamente mediante una acción constitucional específica contra dicha negativa, antes de solicitar el pronunciamiento de fondo sobre la restitución de hogar; 3) En el caso analizado, el impetrante de tutela no utilizó de manera adecuada el medio de defensa idóneo para cuestionar la negativa a conceder la apelación, configurándose la improcedencia por incumplimiento del principio de subsidiariedad; y, 4) El petitorio de la demanda tutelar se circunscribió a la restitución del hogar; al respecto, la restitución o reivindicación de un inmueble, constituye una pretensión propia de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, salvo la concurrencia de excepciones al principio de subsidiariedad, las cuales no fueron alegadas ni demostradas en el caso, pues no se acreditaron medidas de hecho ni impedimentos materiales que justificaran la intervención directa de la justicia constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 325/2025-CA/S de 15 de julio, cursante de fs. 62 a 64, ante la solicitud efectuada por el accionante de adelanto de sorteo (fs. 59), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por requerimiento fiscal de medidas de protección de 19 de julio de 2021, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Laura Ruíz Luizaga contra Daniel Troche Salcedo -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dispuso la salida del prenombrado del domicilio o lugar de habitación de: “…la mujer en situación de violencia…” (sic [fs. 43]). II.2. Mediante acta de autorización de ingreso a domicilio de 23 de julio de 2021, Cristian Calle Romero, funcionario policial, dejó constancia que el inmueble ubicado en la calle Jorge Carrasco 37, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz -de propiedad de Laura Ruíz Luizaga- contaba con habitaciones en su interior que habrían sido habitadas por el impetrante de tutela (fs. 42). II.3. A través de Resolución de Rechazo 91/2022 de 18 de agosto, Milton Sergio Dávila Salinas, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia formulada por Laura Ruíz Luizaga contra el peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 27 a 32). II.4. Por memorial presentado el 5 de febrero de 2025, el accionante solicitó a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, que ordene a la representación fiscal la restitución de su hogar, consistente en tres habitaciones ubicadas en el fondo del inmueble situado en la calle Jorge Carrasco 37, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto del citado departamento. Dicha petición motivó la emisión de la providencia de 6 de febrero de 2025, mediante la cual, la autoridad demandada señaló “…AUDIENCIA DE RESTITUCIÓN DE HOGAR…” (sic) para el 18 del mismo mes y año (fs. 12 y vta.). II.5. Mediante acta de audiencia de 18 de febrero de “2024” -lo correcto es 2025-, y Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez demandado rechazó sin ingresar el fondo la solicitud precisada en la Conclusión II.4 del presente fallo constitucional (fs. 14 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vivienda digna y al acceso a la justicia; puesto que, pese a la extinción definitiva del proceso penal seguido en su contra, la autoridad demandada omitió analizar y resolver en el fondo su solicitud de restitución del bien inmueble del cual fue desalojado en ejecución de una medida de protección especial, permitiendo la subsistencia de los efectos materiales de la misma. El Juez demandado no se conectó a la audiencia virtual de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica y régimen constitucional de las medidas de protección especiales en el proceso penal

El Código de Procedimiento Penal regula las medidas cautelares personales como un instrumento para asegurar el resguardo de los bienes del proceso, traducidos en asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del mismo y la aplicación de la ley, tal como establece el art. 221 del CPP. Por su parte, la Ley 348, posteriormente complementada por la Ley 1173, incorporó un régimen específico de medidas de protección especiales, cuyo objeto responde a una finalidad preventiva, inmediata y tutelar. Estas medidas están orientadas a evitar la producción de mayores consecuencias dañosas, impedir la reiteración o escalamiento de nuevos hechos de violencia, disminuir la situación de vulnerabilidad de la víctima y garantizarle el auxilio y la protección indispensables para la preservación de su integridad. En ese entendido, su objetivo primordial consiste en interrumpir de manera urgente la situación de violencia y prevenir su continuación o agravamiento, conforme a lo previsto en los arts. 32 de la Ley 348 y 389.I del CPP, con las modificaciones de la Ley 1173.

Ahora bien, desde una interpretación sistemática y teleológica, las medidas de protección especiales no guardan estricta identidad con las medidas cautelares personales, pues el art. 389.II del CPP, con las modificaciones de la Ley 1173, establece que las primeras son independientes y distintas a las segundas en cuanto a su finalidad; sin embargo, tampoco son ajenas al régimen cautelar, pues constituyen una categoría especial de medidas cautelares, dotadas de autonomía funcional, ya que: i) Su finalidad es, esencialmente, protectiva y preventiva, no meramente asegurativa de los intereses procesales;

ii) Su centro de gravedad no es el riesgo procesal, sino el riesgo material e inmediato para la víctima; y, iii) Pueden adoptarse en una fase temprana del proceso, incluso antes de una imputación formal, dada la urgencia que las caracteriza.

No obstante sus diferencias funcionales, tanto las medidas cautelares personales como las medidas de protección especiales comparten elementos estructurales esenciales, como ser: a) Temporalidad y provisionalidad, pues su vigencia se encuentra condicionada a la subsistencia de los presupuestos fácticos y jurídicos que las justifican; b) Instrumentalidad, ya que no constituyen un fin en sí mismas, sino instrumentos al servicio de un objetivo: por un lado, asegurar la eficacia del proceso penal; y, por otro, interrumpir de manera inmediata la situación de violencia, así como prevenir su reiteración, continuidad o agravamiento; c) Proporcionalidad, ya que toda restricción de derechos fundamentales debe superar un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, exigencia que se desprende tanto del art. 221 del CPP como de los arts. 389 y 389 bis.II del referido Código, con las modificaciones de la Ley 1173; y, d) Aunque las medidas de protección puedan ser dispuestas inicialmente por el Ministerio Público, su consolidación y vigencia efectiva dependen del control judicial posterior, como materialización del principio de jurisdiccionalidad de toda medida restrictiva de derechos.

Ahora bien, conforme los arts. 73 y 389 bis del CPP, toda actuación fiscal debe ser fundamentada; por lo que, la mera invocación genérica de la existencia de un hecho de violencia no satisface el citado estándar normativo, pues el fiscal debe exteriorizar los hechos concretos que revelan el riesgo y la vinculación entre dicho riesgo y la medida solicitada.

Bajo esa comprensión, el art. 389 ter del CPP, modificado por la Ley 1173, establece que las medidas de protección especiales requieren homologación judicial, la cual puede adoptar dos modalidades: Por escrito y sin audiencia; y, previa audiencia, siguiendo el trámite de las medidas cautelares personales. Así, aquellas medidas de protección que impliquen una restricción intensa a la libertad de circulación, que afecten significativamente la vida familiar y laboral del imputado -entre ellas, el desalojo del domicilio- deben ser necesariamente sometidas a audiencia, garantizando el derecho de este último a ser oído, el principio de contradicción y la valoración concreta de las consecuencias jurídicas y forma de su imposición, de manera que se considere, por ejemplo, la entrega de enseres personales, entre otras cuestiones.

Asimismo, el art. 389 quater del CPP, modificado por la Ley 1173, reconoce expresamente que las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación; es así que, independientemente de la etapa del proceso, las medidas de protección especiales pueden ser modificadas o revocadas cuando sobrevengan nuevas circunstancias que demuestren la inexistencia originaria de los presupuestos o la cesación del riesgo que las motivó; previsión normativa que resulta coherente con su carácter provisional, que exige una evaluación de la necesidad de la medida en caso de existir hechos sobrevinientes que modifiquen la necesidad de su aplicación. En tales supuestos, el juez debe señalar audiencia y, previo debate contradictorio, adoptar una decisión debidamente fundamentada. Esto adquiere sustento en el razonamiento desarrollado en la SCP 0409/2025-S2 de 12 de mayo, donde se estableció que toda decisión judicial que revoque o anule una situación jurídica consolidada, genera el deber positivo de restablecer el estado jurídico previo a la emisión del acto invalidado, pues, de no hacerlo, el derecho a la impugnación perdería eficacia material, la tutela judicial efectiva se tornaría ilusoria y se produciría una convalidación fáctica de una restricción de derechos ya declarada injustificada.

III.2. Análisis del caso concreto

Ahora bien, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Laura Ruíz Luizaga contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, mediante requerimiento fiscal de 19 de julio de 2021, dispuso la salida del prenombrado del domicilio o lugar de habitación de: “…la mujer en situación de violencia…” (sic [Conclusión II.1]). Dicha determinación fue ejecutada el 23 de julio de 2021 por Cristian Calle Romero, funcionario policial, quien dejó constancia en acta que el inmueble ubicado en la calle Jorge Carrasco 37, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz -presuntamente de propiedad de la supuesta víctima- contaba con habitaciones en su interior que habrían sido habitadas por el impetrante de tutela (Conclusión II.2). Posteriormente, mediante Resolución de Rechazo 91/2022 de 18 de agosto, Milton Sergio Dávila Salinas, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia formulada por Laura Ruíz Luizaga contra el peticionante de tutela (Conclusión II.3). En ese contexto, por memorial presentado el 5 de febrero de 2025, el prenombrado solicitó al Juez demandado que ordene a la representación fiscal la restitución de su hogar, consistente en tres habitaciones ubicadas en el fondo del inmueble situado en la calle Jorge Carrasco 37, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. Dicha petición motivó la emisión de la providencia de 6 de febrero de 2025, mediante la cual la autoridad demandada señaló “…AUDIENCIA DE RESTITUCIÓN DE HOGAR…” (sic) para el 18 del mismo mes y año (Conclusión II.4). Instalada la audiencia en la fecha señalada y previo debate sobre la pertinencia del apersonamiento de presuntos familiares de la supuesta víctima -posteriormente fallecida- dentro del proceso penal referido, el Juez demandado sostuvo que: 1) La Resolución de Rechazo data de 2022 y no fue impugnada por ninguno de los sujetos procesales, motivo por el cual el proceso se encontraba archivado; 2) No resultaba posible disponer la “…restitución a la parte víctima…” (sic), debido a su deceso; 3) Cualquier controversia vinculada a derechos patrimoniales debía ser planteada en la vía civil y no en sede penal, precisando que las pruebas obrantes en el Ministerio Público podían ser utilizadas ante dicha jurisdicción para hacer valer eventuales derechos sobre el bien inmueble que hubiera correspondido a la ahora fallecida; y, 4) Carecía de competencia para emitir una resolución de fondo, puesto que, con la muerte de la presunta víctima, las medidas de protección cesaron, al no tener carácter heredable. Con base en tales consideraciones, dispuso la suspensión del acto procesal sin señalamiento de día ni hora para nueva audiencia, reiterando que las partes debían acudir ante la autoridad competente. Frente a la observación del abogado del accionante, quien reclamó no haber tenido la oportunidad de fundamentar su solicitud, el Juez demandado explicó que no ingresó al fondo del asunto, dado que las medidas de protección fueron dispuestas exclusivamente en favor de la presunta víctima y no del propio impetrante de tutela; en consecuencia, las disputas relacionadas con el bien inmueble debían ser dilucidadas en la vía civil, remarcando que, al no existir víctima, carecía de materia sobre la cual pronunciarse. Posteriormente, la defensa técnica del peticionante de tutela interpuso recurso de reposición, solicitando que se definiera con claridad la situación jurídica de las medidas de protección y reiterando la solicitud de restitución de tres habitaciones del inmueble en el que habitó con su esposa -presunta víctima ahora fallecida-, alegando que la desocupación se produjo por orden fiscal y que, durante aproximadamente cuatro años, se habría lesionado su derecho a la vivienda.

Ante ello, el Juez demandado determinó que la solicitud de restitución a favor del impetrante de tutela carecía de respaldo legal, en tanto el art. 35 de la Ley 348 únicamente prevé la restitución del inmueble en favor de la víctima denunciante; en consecuencia, declaró no ha lugar a la petición. Finalmente, el abogado del solicitante de tutela intentó interponer recurso de apelación incidental; sin embargo, la autoridad demandada le llamó la atención, señalando que dicho medio de impugnación no correspondía, al no haberse dictado una resolución apelable, precisando que la vía idónea para cuestionar su actuación era la acción de amparo constitucional, dando por concluido el acto procesal (Conclusión II.5). Ahora bien, de manera preliminar corresponde precisar que el fallo emitido por el Juez demandado, ahora cuestionado, constituyó una providencia, en tanto -tal como lo reconoció la propia autoridad judicial- no se ingresó al análisis de fondo de la solicitud planteada. Por otra parte, el art. 389 ter.II del CPP, dispone que el juez, al ratificar, modificar o revocar medidas de protección especiales, debe “…resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares…”. A ello se suma que, el art. 250 del mismo cuerpo normativo establece que: “El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable…”. De lo anterior se desprende que, el rechazo de una solicitud de revocatoria de una medida de protección especial debe efectuarse previa audiencia y mediante un auto interlocutorio debidamente fundamentado. En ese entendido, al no haber emitido la autoridad demandada un auto interlocutorio, la resolución cuestionada no era susceptible de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; por lo que, agotado el recurso de reposición -como medio de impugnación idóneo contra providencias-, se tiene que en el caso concreto se cumple el principio de subsidiariedad, en tanto el pronunciamiento que resolvió dicho recurso constituye el último acto dentro de la secuencia procesal. Realizadas esas precisiones, se advierte que el Juez demandado, al rehusarse a ingresar al análisis de fondo de la solicitud de restitución del inmueble -amparándose en un supuesto vacío legal- incurrió en una omisión que derivó en la lesión del derecho del accionante al acceso a la justicia, puesto que, en efecto, tal como señaló el impetrante de tutela, los jueces deben resolver todos los asuntos sometidos a su competencia, incluso en casos de oscuridad o insuficiencia de la ley, conforme establece el art. 15.III de la LOJ. Ello nos lleva a cuestionarnos si la autoridad demandada era o no competente para resolver la solicitud, dado que, según afirma en su primera resolución, no lo es.

Al respecto, tal como se desprende del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las medidas de protección especiales constituyen una categoría especial de medidas cautelares, dotadas de autonomía funcional, pero que comparten elementos estructurales esenciales con el régimen cautelar, entre ellos su temporalidad, provisionalidad e instrumentalidad. En ese entendido, su vigencia se encuentra estrictamente condicionada a la subsistencia de los presupuestos fácticos y jurídicos que las motivaron, conforme lo prevé expresamente el art. 389 quater del CPP.

Bajo esa comprensión, una vez que el proceso penal concluyó con una resolución firme de rechazo -y más aún ante el fallecimiento de la presunta víctima- resultaba ineludible que la autoridad demandada se pronuncie en el fondo sobre la situación jurídica de la medida de protección ejecutada, pues la sola afirmación en sentido de que las mismas cesaron con el deceso de la víctima, no resuelve expresamente sobre los efectos materiales ya producidos ni restablece, en su caso, el estado jurídico previo a la restricción. En este punto, resulta plenamente aplicable el entendimiento desarrollado en el supra citado Fundamento Jurídico, donde se estableció -con base en lo razonado en la SCP 0409/2025-S2- que toda decisión judicial que revoque o anule una situación jurídica consolidada genera el deber positivo de restablecer el estado jurídico previo a la emisión del acto invalidado o modificado; puesto que, de no hacerlo, la tutela judicial efectiva se tornaría ilusoria y se convalidaría fácticamente una restricción de derechos ya injustificada. En el caso, la falta de pronunciamiento en el fondo sobre la solicitud de restitución convierte tácitamente a la medida de protección especial, por definición temporal, en una restricción de carácter permanente, desnaturalizando su finalidad constitucional y vulnerando directamente el derecho al acceso a la justicia e indirectamente el derecho a la vivienda del peticionante de tutela, lo que justifica la concesión de la tutela solicitada. Por todo lo expuesto, corresponde disponer que el Juez demandado, en observancia de los criterios desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante una solicitud de aplicación, modificación o revocatoria de medidas de protección especiales que incidan de manera directa y relevante en el ejercicio de los derechos fundamentales del imputado a la libertad, al domicilio o a la vida familiar, convoque a una nueva audiencia y, previo debate contradictorio, se pronuncie de manera expresa, motivada y sustantiva sobre la solicitud de restitución del bien inmueble formulada por el accionante, en tanto se trata de una cuestión comprendida dentro de su competencia funcional y material. Como consecuencia de ello, no resulta procedente acoger el petitorio del accionante en cuanto pretende que este Tribunal disponga directamente la restitución del bien inmueble, pues ello importaría una indebida sustitución de las atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, en desmedro del principio de separación de funciones y del diseño constitucional de competencias jurisdiccionales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2025 de 8 de abril, cursante de fs. 50 a 54 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de “2024” -siendo lo correcto 2025-, disponiendo que, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de El Alto del departamento de La Paz, o quien se encuentre actualmente en ejercicio, convoque a una nueva audiencia y, previo debate, se pronuncie de manera sustantiva sobre la solicitud de restitución presentada por el accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0116_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): b1067d01f95761a492d035d2ed8b7babd9ac4d42ea329db21f6d49011dfdcea0

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