B.IA.LEGAL

SCP 0116/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50379-2022-101-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al juez imparcial, a la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, a la presunción de inocencia, puesto que: i) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija -demandada-, mediante Auto Interlocutorio 351/2022, concedió la solicitud de ampliar el plazo de duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses, sin fundamentar la complejidad del caso, ni aplicar un debido test de proporcionalidad; y, ii) El Vocal codemandado, por Auto de Vista 211/2022, confirmó la decisión de la Jueza a quo, sin realizar una debida fundamentación y motivación en su decisión, siendo además incongruente y ultrapetita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la libertad; y, a la defensa, en torno a la falta de análisis de la proporcionalidad de la ampliación de la medida cautelar de carácter personal aplicada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 211/2022 de 24 de agosto, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada y congruente, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante. 3º DENEGAR la tutela, respecto a los derechos al juez imparcial y presunción de inocencia. 4º Llamar la atención a Gemma Marcela Baldiviezo Tavera y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera (convocada) y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que constituyeron el Tribunal de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  2. III.2. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0116/2025-S3 Sucre, 26 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50379-2022-101-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosmar García Escobar contra Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Rossio Lima Gutiérrez, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 51 a 69, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 601103012200426, iniciado a instancias del Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, posteriormente ampliado por homicidio culposo, el 19 de agosto de 2022, cuando se encontraba por fenecer el término de la detención preventiva, dicha entidad, solicitó la necesidad de mantener su privación de libertad, amparándose en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, solicitud que fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 351/2022 de 19 de agosto, que dispuso la ampliación de la detención preventiva por un lapso de dos meses, bajo el fundamento genérico de su necesidad ante la concurrencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales.

Ante dicha determinación, formuló recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 211/2022 de 24 de agosto, que confirmó el fallo impugnado, decisión asumida bajo el entendimiento confuso que no existiría agravio alguno, que lo motivado y fundamentado por el Juez a quo, en relación a la complejidad del caso como la pluralidad de imputados correspondía a la investigación, y además que la proporcionalidad se encontraba acreditada al tratarse de dos tipos penales; por consiguiente, era idónea la ampliación de la detención preventiva impuesta.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al juez imparcial, a la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115, 116 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 211/2022; y, b) Se disponga la responsabilidad de la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 81, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó que: 1) No se realizó una correcta motivación de la resoluciones recurridas, tampoco se aplicó el nuevo test de proporcionalidad, no se consideró el resultado de la necropsia realizada por un médico forense, cuyo informe indica que el fallecimiento de la víctima fue muerte natural; asimismo, los actores estarían plenamente identificados en su participación y probabilidad de autoría, se estaría a la espera de resultados de las pericias genéticas enviadas a un laboratorio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; 2) No se hizo una correcta interpretación del art. 231 bis numerales 1 al 9 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173; ya que, existen otras medidas menos gravosas que pueden garantizar la presencia del imputado; de esa manera correspondía aplicar los arts. 221 y 222 del citado Código, para poder conseguir la finalidad perseguida y aplicar la proporcionalidad en sentido estricto; y, 3) Hizo conocer las Circulares 03/2020 de 20 de marzo, 06/2020 y 08/2020 de 6 y 15 de abril, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que ordenan que se debe garantizar el derecho a la locomoción y la aplicación del test de proporcionalidad de forma estricta para cesaciones de detención preventiva, las cuales no fueron empleadas en la presente causa; por lo que, agotó todo lo que concierne a la vía ordinaria, correspondiendo declarar fundada la tutela solicitada y dejar sin efecto el Auto de Vista 211/2022 y el Auto Interlocutorio 315/2022, que dispone la ampliación de la detención preventiva por el lapso de dos meses.

I.2.2. Informe de los demandados

Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito remitido ante el Tribunal de garantías de esta acción de defensa, solicitó se deniegue la tutela impetrada, el cual habría sido leído en audiencia de garantías; sin embargo, de la revisión del expediente constitucional, se advierte que no se adjuntó el mencionado informe. Rossio Lima Gutiérrez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del citado departamento, de acuerdo al acta de audiencia de garantías, presentó informe escrito el 8 de agosto de 2022, solicitando se deniegue la tutela impetrada; asimismo, acompañó la siguiente documentación: Autos Interlocutorios 214/2022, de consideración de medidas cautelares; 265/2022, de cesación de la detención preventiva; y, 351/2022, de consideración de control del plazo de duración de la detención preventiva e imputación formal, que hubiesen sido leídos en el mencionado acto procesal; empero, de la revisión del expediente constitucional se observa que no cursa su remisión tampoco el informe escrito anteriormente referido.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

“Gabriel Alarcón”, representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, manifestó que, si el accionante estuviese siendo indebidamente procesado o perseguido, porque su vida se encontraría en peligro, debía considerarse el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); sin embargo, en el caso concreto no se encontró ninguna de las circunstancias para la procedencia de la acción de libertad, solicitando en consecuencia se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 81 a 86, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a la Resolución 351/2022: i.a) Se advierte la complejidad del caso, realizando un examen valorativo, donde la Jueza a quo -demandada-, no solo consideró los antecedentes dados a momento de las medidas cautelares, sino conforme los parámetros del art. 233 del CPP, existiendo la concurrencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales, la pluralidad de imputados y su accionar, la existencia de dos tipos penales, la muerte de una persona y el incumplimiento de deberes; considerando la falta de tramitación de los resultados de las pruebas científicas -prueba genética-, y que la persona que perdió la vida debió ser auxiliada para evitar su deceso; justifica la ampliación de la detención preventiva; y, i.b) En relación al juez natural, no se vio comprometida la imparcialidad en cuanto no tuvo presión social; toda vez, que la audiencia fue realizada de manera virtual; y, ii) En cuanto al Auto de Vista 211/2022: ii.1) Dicha Resolución fue debidamente declarada, existe la necesidad de imponerse la medida cautelar de la detención preventiva, porque la Jueza demandada, elaboró el test de proporcionalidad de acuerdo a la concurrencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales; y, ii.2) Se precautela el riesgo procesal de obstaculización toda vez que, el accionante es parte y miembro de la Policía Boliviana; asimismo, no se evidencia desproporcionalidad en la ampliación de dos meses de la detención preventiva, al estar justificada por el test de proporcionalidad; no existe falta de motivación y fundamentación en las resoluciones recurridas considerando el art. 233 con relación al art. 239 del CPP, siendo que la ley establece la posibilidad de ampliar la detención preventiva, de acuerdo con la complejidad por la pluralidad de imputados y su accionar dentro del proceso; en el caso, se trata de tres imputados con una participación y situación jurídica diferentes, ameritando incluso la posibilidad de llegar a un concurso de delitos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo, por Auto Interlocutorio 214/2022 de 21 de mayo, pronunciado por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija -demandada-, se dispuso la detención preventiva de Rosmar García Escóbar, por el plazo de tres meses a cumplirse en el Centro Penitenciario de Morros Blancos del citado departamento; además, a su vencimiento se programó audiencia de control de plazo de duración de la detención preventiva para el 19 de agosto del mismo año (fs. 25 a 32). II.2. Mediante memorial de 19 de agosto de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, solicitó a la Jueza demandada, se mantenga la detención preventiva del impetrante de tutela, aduciendo la complejidad de la causa por la pluralidad de imputados y su accionar dentro del citado caso (fs. 37 a 38 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 351/2022 de 19 de agosto, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, dispuso la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva por dos meses; fallo contra el cual, el accionante presentó recurso de apelación incidental (fs. 39 a 41).

II.4. Cursa acta de audiencia de 24 de agosto de 2022, de apelación incidental de medida cautelar, oportunidad donde el solicitante de tutela fundamentó el recurso de apelación de forma oral (fs. 44 a 47). II.5. Mediante Auto Vista 211/2022 de 24 de agosto, emitido por Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -codemandado-, se declaró sin lugar al recurso de apelación incidental, manteniendo en todas sus partes la resolución recurrida al considerar la suficiente motivación y fundamentación del Auto Interlocutorio objeto de apelación (fs. 47 a 50).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al juez imparcial, a la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, a la presunción de inocencia, puesto que: i) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija -demandada-, mediante Auto Interlocutorio 351/2022, concedió la solicitud de ampliar el plazo de duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses, sin fundamentar la complejidad del caso, ni aplicar un debido test de proporcionalidad; y, ii) El Vocal codemandado, por Auto de Vista 211/2022, confirmó la decisión de la Jueza a quo, sin realizar una debida fundamentación y motivación en su decisión, siendo además incongruente y ultrapetita. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril 3El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.

En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0575/2021-S1 de 22 de octubre, aplicado en una problemática jurídica similar.

III.2. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares

El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147:

Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7:

En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal, “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. El precedente constitucional que antecede, ha sido desarrollado en la SCP 0025/2018 de 28 de febrero.

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente a delimitar la problemática planteada por el accionante, que radica en la supuesta falta de fundamentación del Auto Interlocutorio 351/2022 de 19 de agosto y el Auto de Vista 211/2022 de 24 de igual mes, corresponde precisar inicialmente, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra Jorge Ahmed Julio Alé, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Rossio Lima Gutiérrez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del citado departamento -ahora demandados-, en razón a que a su turno, dichas autoridades emitieron las Resoluciones supra señaladas, que el impetrante de tutela considera lesivas a sus derechos; sin embargo, el presente análisis se desarrollará en función a la actuación desarrollada por el Vocal codemandado, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación y que en aplicación del principio de subsidiariedad, es la autoridad competente para que en su caso pueda subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza demandada; tomando en cuenta además, que el accionante expresamente solicitó en su petitorio el test de razonabilidad del Auto de Vista 211/2022. En efecto, el peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, al juez imparcial, a la debida fundamentación, motivación y congruencia de fallos judiciales; y, a la presunción de inocencia; por cuanto, el Auto de Vista 211/2022, que resolvió no ha lugar a su recurso de apelación, mantuvo incólume el fallo recurrido, confirmándolo, limitándose a reproducir lo resuelto en dicha resolución, adoleciendo en consecuencia de falta de fundamentación. De la revisión de antecedentes procesales y lo referido en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo, mediante Auto Interlocutorio 214/2022, se determinó la detención preventiva del accionante por un lapso de tres meses. Antes de concluir el plazo para su verificación, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención preventiva, que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 351/2022, extendiendo su detención por un lapso de dos meses. Contra el referido Auto Interlocutorio 351/2022, y en la misma audiencia donde fue emitido, el impetrante de tutela anunció recurso de apelación, que fue fundamentado de manera oral en audiencia de 24 de agosto de igual año, por ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -donde fue radicado el recurso- bajo los siguientes argumentos: a) Al momento de emitirse el Auto Interlocutorio 214/2022, que le impuso la detención preventiva, se determinó un plazo de tres meses, tiempo en el que debió realizarse la investigación, recolectando las pericias y tomando las declaraciones informativas pertinentes; además que ya se habría determinado el grado de responsabilidad y la probabilidad de autoría de los supuestos partícipes; b) Es imposible obstaculizar las pericias porque las mismas deben realizarse en la ciudad de Santa Cruz, no existiendo necesidad de la medida cautelar; c) No se fundamentó la necesidad de ampliar el plazo de detención preventiva, si bien la víctima era de la tercera edad, la misma falleció, además que la medida es excesiva transgrediéndose su presunción de inocencia conforme el art. 116.I de la CPE; y, d) Existe una errónea aplicación del nuevo test de proporcionalidad, necesario para aplicar las medidas cautelares, siendo que no se evaluó la posibilidad de aplicar otra medida sustitutiva a la detención preventiva. Ante la deducción del recurso de apelación incidental, el Vocal codemandado, emitió el Auto de Vista 211/2022, declarando sin lugar a la apelación, constituyendo sus fundamentos los siguientes: 1) El caso es complejo por motivo de la pluralidad de imputados y las connotaciones de la investigación, 2) Del análisis de los hechos, se han considerado dos tipos penales, por un lado, la muerte y por otro el incumplimiento del deber que incluso posibilitaría un concurso de delitos, como analizó la Jueza de la causa; 3) Resulta necesario recabar pruebas científicas, difíciles de obtener, siendo que apenas se tiene el resultado de una de ellas, aspectos que han sido valorados de manera correcta por la Jueza quo, justificando la necesidad de ampliación de la detención preventiva; y, 4) La Resolución recurrida establece concretamente la concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, tratando de precautelar la posible obstaculización de la verdad por parte de un miembro de la “policía” a las personas que están dentro de los actos investigativos, siendo analizado en todo momento el test de proporcionalidad. En ese contexto, pese al desorden con que el accionante postula su acción tutelar, esta Sala considera que lo denunciado cuenta con dos argumentos relevantes, a saber: i) Falta de congruencia y fundamentación de Auto de Vista 211/2022; y, ii) La incorrecta aplicación del test de proporcionalidad para ampliar la detención preventiva, correspondiendo atender los mismos para actuar en congruencia:

III.3.1. Sobre la falta de congruencia y fundamentación del Auto de Vista 211/2022:

De la lectura del recurso de apelación incidental promovido por el accionante contra el Auto Interlocutorio 351/2022, se advierte la presencia de cuatro agravios, de los cuales corresponde verificar si fueron o no oportunamente considerados y resueltos por el Auto de Vista 211/2022: a) Que durante el periodo de detención preventiva debió realizarse la investigación, además que la participación de los implicados ya fue definida En el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 351/2022, el impetrante de tutela dedujo como agravio que durante el periodo de la detención preventiva debía realizarse toda la investigación, así como las pericias y las declaraciones pertinentes; asimismo, consideró que el grado de responsabilidad y de probabilidad de autoría ya estaría definido. En ese marco, el Vocal codemandado, a través del Auto de Vista impugnado, contestó el agravio manifestando que el caso era complejo por la pluralidad de imputados y las connotaciones de la investigación, además que se requería recabar pruebas científicas. De la fundamentación expuesta por el Auto de Vista 211/2022, se advierte incongruencia y ausencia de debida fundamentación, siendo que el argumento utilizado por el Vocal codemandado, que el caso es complejo por la pluralidad de imputados, además de la necesidad de pruebas científicas, no resulta una respuesta idónea a lo impugnado por el peticionante de tutela en su recurso de apelación; ya que, debió examinarse y valorarse si la pluralidad de imputados y su ausencia de identificación fue determinada objetivamente en la investigación (fundamento por el que el Auto Interlocutorio 351/2022 considera la complejidad del caso) a efectos de concluir si el proceso mencionado comprendía dicha complejidad; obsérvese que la mera pluralidad de sindicados no comprende por sí solo, motivo suficiente para imponer la detención preventiva toda vez que su definición depende de circunstancias particulares, concretas y necesarias que el caso amerite; asimismo, debió informarse si la ausencia de prueba pericial y toma de declaraciones se debió al transcurso normal de la investigación o en su caso, si existió de alguna manera obstrucción por parte del accionante, que hubiera impedido obtener dichos elementos probatorios; es decir, la autoridad codemandada, no fundamentó de manera concreta la forma en que el imputado podría influir negativamente en el resultado. b) No existe peligro de obstaculización sobre la pericia, siendo que debe llevarse a cabo en la ciudad de Santa Cruz El solicitante de tutela dedujo como agravio, que no existe peligro de obstaculización por motivo que la pericia pendiente debía realizarse en la ciudad de Santa Cruz, cuestionamiento respecto del cual el Vocal codemandado se limitó a indicar que el Juez a quo, consideró la ampliación de la medida de última ratio por motivo de la necesidad de recabar la prueba pericial. De lo visto, esta Sala considera que lo vertido por la nombrada autoridad judicial, carece de una debida motivación; toda vez que, si consideraba latente el peligro de obstaculización sobre el análisis, producción y los eventuales resultados de la prueba pericial, se debió explicitar de manera sucinta y objetiva la posibilidad que el accionante podría influir mediante alguna forma de alteración a dicho elemento; sin embargo, lo expresado por el Vocal codemandado, resulta ser genérico y de mera conjetura, limitándose a justificar la ampliación de la detención por la sola necesidad de la prueba pericial. c) No se fundamentó la necesidad de la detención, si bien la víctima era de la tercera edad, ya habría fallecido Al respecto, en el recurso de apelación el impetrante de tutela considera que el fallecimiento de la víctima no conllevaría un riesgo de obstaculización, a lo que la Sala Penal, a través de la autoridad codemandada, no otorgó relevancia a dicho agravio, dejándolo sin respuesta, incurriendo en incongruencia omisiva.

De lo examinado, se asume que el Vocal codemandado debió considerar que inicialmente la detención preventiva fue impuesta por haberse acreditado el riesgo de obstaculización, de esa manera el argumento del fallecimiento de la víctima -propuesto por el accionante- para excluir el riesgo procesal, podría haber incidido en el mantenimiento de dicho riesgo procesal, que al no recibir tratamiento no resolvió el agravio. d) Errónea aplicación del test de proporcionalidad, no se evaluó la posibilidad de aplicar otra medida De la lectura del Auto de Vista cuestionado, se tiene que el Vocal codemandado, se limita a reproducir lo expresado por el Juez a quo en la Resolución recurrida, manifestando de manera genérica la permanencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales, indicando además que el test de proporcionalidad fue realizado en todo momento. En ese sentido, esta Sala considera que el Vocal codemandado ante la denuncia de ausencia de análisis de proporcionalidad, debió advertir si la Jueza a quo, al momento de ampliar la detención preventiva hizo una valoración de los requisitos del test de proporcionalidad, en cuanto a si se valoró la ampliación de la detención preventiva considerando: 1) Si es idónea o adecuada para el fin buscado; 2) Si existen otras medidas menos gravosas para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Si la medida no resulta exagerada para el cumplimiento de la finalidad perseguida. Sin embargo, de la revisión de la referida Resolución no se advierte análisis alguno, a más de emitir una mera conclusión de estar el test de proporcionalidad correctamente aplicado por la Jueza a quo; toda vez, que el Vocal codemandado está en el deber de efectuar una revisión del test de proporcionalidad realizados y efectuar el examen de la decisión que dispuso la ampliación de la detención preventiva, y en ese orden, verificar la concurrencia de todos los requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la ampliación de la detención preventiva; conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, tomando en cuenta la razonabilidad de la duración de la medida cautelar.

Las omisiones detectadas en las que incurrió la autoridad judicial demandada permiten advertir la afectación del derecho al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de la decisión asumida en el Auto de Vista 211/2022 de 24 de agosto, que confirmó la ampliación de la detención preventiva del accionante, en razón a su falta de congruencia y motivación, y omisión de verificación del test de proporcionalidad; inacción que también afectó a los derechos a la libertad y defensa; por lo que, respecto a este punto corresponde conceder la tutela solicitada. No así, respecto a los derechos al juez imparcial y presunción de inocencia por no advertirse lesión alguna.

III.3.2. Otras consideraciones

Finalmente, en relación a la falta de remisión de antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde exhortar a Gemma Marcela Baldiviezo Tavera y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera (convocada) y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, a objeto que en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplan con el deber de verificar la remisión de los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción, conforme dispone el art. 29.4 del CPCo. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2022 de 9 de septiembre, cursante de fs. 81 a 86, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la libertad; y, a la defensa, en torno a la falta de análisis de la proporcionalidad de la ampliación de la medida cautelar de carácter personal aplicada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 211/2022 de 24 de agosto, de acuerdo con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y b) El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita nueva resolución, debidamente fundamentada, motivada y congruente, siempre y cuando no haya sido modificada la situación jurídica del accionante. 3º DENEGAR la tutela, respecto a los derechos al juez imparcial y presunción de inocencia. 4º Llamar la atención a Gemma Marcela Baldiviezo Tavera y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera (convocada) y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que constituyeron el Tribunal de garantías por no haber remitido a este Tribunal, todos los actuados concernientes a la presente causa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 2El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

4 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), párrafo 147. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf

5 Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Bolivia (2007), Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 7. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0116_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 06b834f5c84b6d89910ca39f791aa330f6e2134a88655a493de7f9e85c050bfd

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