B.IA.LEGAL

SCP 0114/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Georgina Amusquivar Moller
Expediente
36859-2020-74-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de asesinato, como efecto de la apelación a la decisión que dispuso su privación de libertad, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 327/2020, concedió en parte la apelación incurriendo en las siguientes ilegalidades: i) sin fundamentación y motivación, obviando los principios indubio pro reo y favorabilidad, señaló que si bien correspondería la detención domiciliaria; empero, contradictoriamente ante la carencia de efectivos policiales en Aiquile, decidió mantener su privación de libertad, incurriendo en arbitrariedad y subjetividades, al sostener la carencia de funcionarios policiales in justificación alguna; ii) Tras concurrir solamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado con una fundamentación y motivación arbitraria, basándose en simples suposiciones y conjeturas, señaló que faltan recabar diligencias investigativas, pericias y colección de datos ; cuando dichos extremos tienen relación con el art. 235.1 del mismo código y no con el indicado art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2020 de 23 de octubre, cursante de fs. 36 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de Garantías; y, en consecuencia, se dispone:

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de su derecho al derecho a la libertad y debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, determinando la nulidad del Auto de Vista 327/2020 de 20 de octubre emitido por Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ordenando la emisión de uno nuevo en el plazo establecido por ley y acorde a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento
  2. III.2. Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso
  3. III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  4. III.4. Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0114/2023-S1 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 36859-2020-74-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 15/2020 de 23 de octubre, cursante de fs. 36 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Ávila Montaño contra Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de octubre de 2020, cursante de fs. 12 a 23, el accionante, a través de su abogado expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, a través de Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2020, se dispuso la detención preventiva en su contra, estableciendo la vigencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.7 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal CPP. Ante tal situación, se interpuso recurso de apelación incidental ante el cual, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- emitió el Auto de Vista 327/2020 de 20 de octubre en el cual concedió parcialmente el recursos interpuesto dando por desvirtuados los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; estableciendo la inexistencia de peligro de fuga y encontrándose vigente simplemente el art. 235.2 de la mencionada norma adjetiva como peligro de obstaculización. Ante tal situación y al ser concurrente solo un riesgo procesal, correspondía la modificación de su situación jurídica, empero de manera irracional y con un argumento alejado de la sana crítica, en sus elementos lógica, experiencia y psicología, obviando principios garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE) como la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo y el principio de favorabilidad, estableció que si bien correspondería otorgar la detención domiciliaria a su favor, sin embargo, por la carencia de efectivos policiales en la localidad de Aiquile, se hace inviable tal situación por lo que dispone mantener la detención preventiva. En consecuencia, se estableció que el Estado, a través del Comando de la Policía, puede otorgar los custodios correspondientes siendo esta una formalidad que no puede estar encima del derecho a la Libertad, criterio que permite demostrar la arbitrariedad y subjetividad del Vocal ahora demandado, ya que ante una apreciación propia, sin la debida fundamentación y motivación determinó prolongar la detención preventiva de su persona quien se encontraba injustamente detenida. Ahora bien, respecto al art. 235.2 del CPP, se estableció que el mismo se activó basado en simples suposiciones o conjeturas, como decir que: faltan recabar diligencias investigativas, pericias forenses, colección de evidencias, aspectos que van relacionados con el art. 235.1 del mismo código, por lo que no puede pretender la concurrencia de un riesgo procesal, con argumentos que no son sustento del citado artículo, toda vez que el art. 235.2 de dicha norma adjetiva, claramente refiere a la influencia negativa sobre testigos, peritos a objeto de que informe falsamente o se comporten de manera reticente, siendo la valoración realizada por el ahora demandado, arbitraria y alejada de la norma. De igual forma, el ahora demandado estableció que su persona influenciaría sobre el testigo ahora investigado Daniel Honor Flores, empero, no estableció de qué manera su persona podría influir en el mismo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos Fundamentación, motivation; y congruencia, citando al efecto los arts. 22, 73, 203; y, 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 327/2020 de 20 de octubre y ordenando la emisión de uno nuevo acorde a los principios, convenios y tratados internacionales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública para considerar la presente acción de libertad se realizó el 23 de octubre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 34 a 35; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: a) La autoridad demandada respecto a la concurrencia del art. 235.2 del CPP.; erróneamente determinó la permanencia de la detención preventiva por no existir funcionarios policiales en su localidad, sin considerar el principio pro homine; y, b) La “SC 1664/2014 de 29 de agosto”, sostuvo que ante la inexistencia de peligro de fuga no procede la detención domiciliaria y que ante la sola concurrencia del art. 235.2 del CPP., no procede su detención domiciliaria.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; mediante informe de 23 de octubre de 2020, cursante de fs. 31 a 33., sostuvo lo siguiente: 1) El Auto de Vista del 20 de octubre de 2020 no fue arbitrario, porque se pronunció en función a una apelación incidental, tomando en cuenta que su decisión se sujetó a lo previsto en el art. 398 del CPP que estableció que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, absolviendo de esa forma cada uno de los puntos cuestionados por el ahora accionante; 2) El referido Auto de Vista se encontraba suficientemente motivado, fundamentado y no afectó la condición del imputado, ni la presunción de inocencia, mismos que estuvieron plenamente garantizados, teniendo que los fundamentos del mismo son claros y están de acuerdo a la exigencia prevista por el art. 124 del CPP.; 3) La jurisdicción constitucional no puede suplir a la jurisdicción ordinaria en la interpretación de la legalidad ordinaria, y todos los elementos aportados y que forman parte del legajo procesal; 4) No estaba indebidamente privado de libertad tomando en cuenta que su detención emana de una orden de detención preventiva ordenada por autoridad competente; además, que no demostró de qué manera el Auto de Vista de 20 de octubre vulneró su derecho a la vida, integridad física, libertad personal o libertad de circulación, y mucho menos refiere de un procesamiento indebido; y, 5) El “punto III.4 del Auto de Vista de 20 de octubre” explicó claramente sobre la construcción del riesgo de obstaculización de manera que no fue evidente el argumento alegado por el accionante como único parámetro para determinar mantener concurrente la intensidad del referido riesgo que hizo previsible su medida extrema.

I.2.2. Informe del Ministerio Público

Eliana Colque Rubin de Celis, Fiscal de Materia, apersonándose en audiencia manifestó que: i) Debe considerarse lo establecido por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPco) que claramente estableció cuales son las causas por las cuales debe iniciarse una acción de libertad; ii) La cesación a la detención preventiva, tiene requisitos para su procedencia, entre ellos, la participación en el hecho acusado y la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, en ese entender, se estableció que se acreditó la autoría y participación del imputado en los hechos sindicados; y, iii) No se encontró vulneración de derechos en el Auto de Vista emitido por la autoridad demandada, puesto que es necesario que la detención preventiva se mantenga a efectos de que se cumpla con las finalidades de las medidas cautelares, estableciendo que la concurrencia de un riesgo procesal, no conlleva a que se conceda de manera automática la cesación a la detención preventiva.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 15/2020 de 23 de octubre, cursante de fs. 36 a 43 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista cuestionado, no basa solamente su determinación, en que falte personal policial en el Municipio de Aiquile, siendo este, el fundamento central planteado por el ahora accionante; la resolución cuestionada más bien basa su argumento, en la persistencia de los riesgos latentes, por el cual determinó mantener la detención preventiva, sustentando su análisis en la persistencia de los riesgos latentes, determinando mantener la detención preventiva sustentado sobre todo en los arts. 233.1 y 235.2 del CPP, cuyo análisis se encontró debidamente fundamentado; b) Respecto al art. 235.2 del CPP, se estableció que la fundamentación realizada, manifestó una relación coherente con los hechos y motivos que dan lugar a su concurrencia, no evidenciándose situaciones subjetivas o falta de fundamentación, por el contrario, de manera objetiva se realizó el sustento para mantener este numeral y coherentemente concluye en mantener la detención preventiva; c) La jurisprudencia constitucional, en ningún momento estableció que ante la existencia de un solo riesgo procesal, procedería automáticamente la cesación a la detención preventiva, debiendo analizarse todos los elementos probatorios aportados y no solo en uno de ellos para sostener su decisión de rechazo, razón por la que no corresponde realizar un nuevo análisis de la misma; y, d) Se evidenció en consecuencia que la autoridad demandada, explicó la razón de su decisión, actuando correctamente y de acuerdo a derecho, realizando una correcta ponderación de los antecedentes procesales ingresando a un examen de proporcionalidad sin vulnerar derechos o garantías relacionadas con la libertad.

I.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Por Decreto Constitucional de 11 de noviembre de 2021, cursante a fs. 49, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar Información complementaria; reanudándose el mismo a partir del dia siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 27 de marzo de 2023 (fs. 74); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través de Auto de Vista 327/2020 de 20 de octubre, la autoridad ahora demandada, declaró: procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2020, disponiendo en consecuencia la inconcurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP respecto a los peligros de fuga y obstaculización, determinando además la reducción de la detención preventiva a dos meses y aprobando en lo demás al citado auto interlocutorio, en base a los siguientes fundamentos: 1) En su punto III.1 donde analiza la probabilidad de autoría determinó en suma que: el Juez de primera instancia, refirió la suficiencia de los elementos de convicción aportados para la construcción del “fumus boni iuris” puesto que Daniel Honor Flores -coimputado- a momento de ser interceptado conduciendo la movilidad cuya propiedad se le atribuye a la víctima, señaló que otros imputados fueron los que generaron que se halle en poder del motorizado, además que de los antecedentes cursantes, se tiene que el mismo refirió que Jorge Ernesto Vidal Gonzales y Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante- fueron las personas que le entregaron el vehículo en el Municipio de Aiquile. Es así, que estos antecedentes y la resolución apelada, dan cuenta de la existencia de una motocicleta, que según Daniel Honor Flores, fue ofrecida en venta por Jorge Vidal Gonzales, sosteniendo incluso una conversación por WhatsApp. Al respecto, la defensa de Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante- señaló que la entrega fue solitaria y realizada por Jorge Ernesto Vidal Gonzales; tal situación no es suficiente para enervar el supuesto por el cual en definitiva se construyó el “fumus boni juris” puesto que este se sustenta en la detentación del vehículo en el que fue interceptado Daniel Honor Flores en el Municipio de Aiquile, incluyendo a ambos imputados, por lo que no resulta atinente sostener que Gustavo Avila Montaño no tendría vinculación con dicho motorizado, que no es la motocicleta, sino aquel dejado según la versión de Daniel Honor Flores, para su cuidado en el parqueó de propiedad del precitado, por lo que el principio de libertad probatoria, debe responder a la cuestionante de qué relación tiene el vehículo con el hecho constitutivo de asesinato. Por lo que si se da credibilidad a la versión de Daniel Honor Flores, como sostiene la autoridad Fiscal de Materia y el juez inferior, se estableció que se hallaban en poder un motorizado respecto del cual no tienen ningún derecho propietario o de posesión, entonces, en la fase investigativa del proceso, la ausencia de una relación de ambos imputados con el motorizado cuya propiedad se atribuye a la víctima directa del ilícito que se investiga, se constituye en razón suficiente para la construcción de la probabilidad de autoría, por lo que si no se razonara en ese sentido, la finalidad que prevé el art. 277 del CPP sería impropia, ya que si desde un inicio tendría que acreditar mediante elementos objetivos la subsunción del hecho al tipo, resultaría innecesaria la investigación, puesto que ya se contaría con elementos para fundar la acusación, por lo que no se identifica vulneración al debido proceso, pues la presunción de inocencia y la prohibición de lo absurdo, entre otros, hacen a este derecho y se vinculan al deber de fundamentación y motivación. Por lo que habiendo identificado la Juez a quo el lugar del hecho, el tiempo en el que ocurrió aproximadamente, la forma en la que se ejecutó y la vinculación de estos hechos con ambos coimputados, se tiene que se halla “aun con algunas falencias técnicas” debidamente fundamentada y motivada la probabilidad de autoría de ambos imputados, por cuanto la vinculación se la hizo en función a los mismos, en razón a que Daniel Honor Flores, identificó tanto a Jorge Ernesto Vidal Gonzales, como a Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante-como las personas que le entraron el motorizado en el Municipio de Aiquile, que posteriormente fue secuestrado, inclusive con la intervención de un funcionario que se señala como “municipal” y que motivó además el arresto no solo de Daniel Honor Flores, sino de la persona identificada como novia del preindicado; 2) Respecto al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, refirió en síntesis: que en aplicación de las “SCP 210/2019-S2” y “SCP 276/2018-S2” se puede extraer dos elementos a cumplirse para la construcción de este riesgo procesal, el primero, referido a la identificación del sujeto de la influencia negativa y el segundo, respecto a la medida en que se daría la misma. Teniendo que, en el caso, la Juez a quo, identificó como sujeto de la influencia negativa a Daniel Honor Flores, puesto que en razón a las actuaciones, resulta ser el órgano de prueba que vincula a los imputados con el hecho presuntamente delictivo que desencadenó el asesinato de Bernardo Resiini Pino. Al respecto, Gustavo Ávila Montaño, alegó que su persona y otras, no habrían sido señaladas por el Fiscal de Materia en su exposición y que por lo tanto su incorporación habría sido a iniciativa de la juez inferior en grado; sin embargo se tiene que esta persona es citada de modo recurrente por la Fiscal de Materia e inclusive por las partes en el precitado acto, además la representación del Ministerio Público al exponer respecto a la probabilidad de autoría y riesgos procesales, hizo mención expresa de Daniel Honor Flores y Zanaida Caero Villanueva como la persona a la que los imputados le habrían dejado la movilidad del fallecido, por lo que en base a dicho criterio, se afirma la concurrencia de la probabilidad de autoría y lo establecido por el art. 233.2 del CPP, por lo que no es evidente que la inferior en grado introdujera a Daniel Honor Flores por iniciativa propia. No ocurre lo mismo en relación a los otros testigos que también señala como sujetos de la influencia negativa, esto es, en relación a Noemí Elia García Yampara, Ana María Espinoza, Roger Padilla, Cesar Tito Rosquellas, Edwin Velasco, Fernando, Doria Feliz de Rodríguez, Abigail Espinoza, Rubén Antonio Phillips Orellana y Fidel Castro Meneses; pues revisado, el acto del cual emergió el Auto apelado no se halla en él una individualización clara y concreta de tales personas como si se hace respecto a Daniel Honor Flores, dando por cumplida la iniciativa arbitraria de la autoridad a quo. En relación al segundo presupuesto, respecto a en qué medida se daría el peligro, se señaló que el principio del libertad probatoria, se constituiría en rector en el proceso penal, sin embargo, no puede concebirse al sistema penal como un sistema de puras garantías para el imputado, considerando que la CPE, revaloriza la condición de víctima; entonces, si Daniel Honor Flores, se constituye en el nexo de vinculación directa entre los imputados y el hecho criminoso, en base a la experiencia que hace parte de la sana crítica se toma lógico sostener que en los primeros actos de la investigación dicha circunstancia se constituye en un elemento que de manera objetiva demuestra de que manera se produce el peligro de influencia negativa de Jorge Ernesto Vidal Gonzales y Gustavo Ávila Montaño en cuanto a Daniel Honor Flores y la averiguación de la verdad del asesinato de Bernardo Ressini Pino. Razonar en sentido contrario conllevaría a desconocer en absoluto las circunstancias del caso y la finalidad meramente instrumental que persiguen las medidas cautelares establecidas en el art. 221 del CPP, entonces, la medida cautelar se sustenta en un elemento objetivo que emerge del uso de la experiencia como elemento de la sana crítica contrastada con los antecedentes del caso. Tal criterio expuesto de modo precedente, no es introducido por el suscrito juzgador, sino que emerge de los hechos que han sido referidos como sustento tanto de la probabilidad de autoría como de los riesgos procesales por parte de la inferior en grado, que incluyen al riesgo procesal en análisis, pues ha referido la Juez a quo con cierta deficiencia técnica pero que no puede ir en desmedro de la función de la sociedad del Ministerio Público, aspectos que sustentan objetivamente la construcción del peligro procesal en análisis, que deben ser necesariamente examinados en función a la integralidad de los elementos aportados y que denota el auto apelado, No puede pretenderse -sin incurrir en error- que para beneficio de los imputados se analice de modo integral los antecedentes del caso, pero no así en el supuesto de entenderse que dicha valoración integral vaya en contra de los intereses de aquellos, obrar así no resultó correcto; 3) No es posible confirmar de modo puro y simple el decisorio adoptado por la Juez a quo, esto es, la detención preventiva por el lapso de cinco meses, pues en función a la enervación de los peligros procesales señalados en el art. 234.7 y 235.1 del CPP ciertamente varió la situación jurídica procesal de ambos coimputados,es evidente que el caso existen diligencias investigativas que practicar, así entre otras se tiene por las pruebas recolectadas merced al acta de inspección y colección de evidencias, revisión con luces forenses que cursa a fs. 137 y 138, requerimientos que cursan a fs. 182 y 183 de antecedentes, 184, 185, 186, 187, 188, etc.; entonces, existiendo la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de obstaculización y la necesidad de practicarse diligencias investigativas, se hallan concurrentes los tres requisitos previstos por el art. 233 del CPP para la aplicación de la detención preventiva, por lo que corresponde realizar un examen de proporcionalidad, no solo en función a la pertinencia de la detención preventiva, sino también respecto al tiempo que debe durar ésta; 4) “En cuanto a la proporcionalidad de la medida cautelar, se halla que la misma es idónea al concurrir los requisitos exigidos para su aplicación por el art. 233 del CPP: asimismo, es necesaria, por cuanto las otras medidas cautelares de orden personal establecidas en el art. 231 bis del CPP, no podrían cumplir con la finalidad pretendida con la aplicación de la detención preventiva, toda vez que la de efectivos policiales en la distante localidad de Aiquile, tanto en relación a Jorge Emesto Vidal Gonzales como Gustavo Ávila Montaño, no hacen posible considerar la aplicación de una detención domiciliaria con vigilancia policial, y siendo, asimismo, inviable la aplicación de las otras medidas alternas, pues todas ellas conllevan la restitución de la libertad ambulatoria de ambos imputados en el mismo lugar, en la misma localidad de Aiquile, donde se encuentra Daniel Honor Flores, pues de los antecedentes y la declaración misma tomada a dicha persona, se tiene, que su domicilio se encontraba también en la localidad de Aiquile al igual que los imputados, se advierte en definitiva que la aplicación de las demás medidas cautelares señaladas en el art. 231 bis del CPP no permitirá cumplir con la finalidad perseguida por el art. 221 del CPP” (sic); y, 5) “Ante la inconcurrencia de elementos de convicción que hagan posible verificar que la detención preventiva de ambos imputados, supondrá un daño inminente e irreversible a su vida, salud e integridad, además de otros derechos y garantías, de un modo mayor al que de ordinario produce la detención preventiva, en definitiva, se asume también que la detención preventiva es proporcional a los fines que persigue el art. 221 del CPP (sic [fs. 59 a 63 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de asesinato, como efecto de la apelación a la decisión que dispuso su privación de libertad, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 327/2020, concedió en parte la apelación incurriendo en las siguientes ilegalidades: i) sin fundamentación y motivación, obviando los principios indubio pro reo y favorabilidad, señaló que si bien correspondería la detención domiciliaria; empero, contradictoriamente ante la carencia de efectivos policiales en Aiquile, decidió mantener su privación de libertad, incurriendo en arbitrariedad y subjetividades, al sostener la carencia de funcionarios policiales in justificación alguna; ii) Tras concurrir solamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado con una fundamentación y motivación arbitraria, basándose en simples suposiciones y conjeturas, señaló que faltan recabar diligencias investigativas, pericias y colección de datos ; cuando dichos extremos tienen relación con el art. 235.1 del mismo código y no con el indicado art. 235.2 del CPP; y, iii) Sin sustentarse en algún elemento probatorio, manifestó que es lógico que su persona influenciaría en el testigo Daniel Honor Flores, soslayando establecer puntualmente de qué forma podría influenciar en el prenombrado testigo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso; c) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; d) Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento

Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencial de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución 3El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener:

1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y ,1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso

La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional y comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.

En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución y las leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo alguno de ellos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones. Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido 4En su F.J. III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública. Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo. En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos.

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son:

“1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.”

esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con el fin de que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”.

En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]” . b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”.

En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto”. En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.

En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la Sentencia Constitucional citada 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señaló que:

“(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. (…) (4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”.

De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: “…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...”

Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, que tiene que ver con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:

“(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.

De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”.

En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal Constitucional vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

5La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 6La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada 7La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.4. Prohibición de fundar las medidas cautelares en meras suposiciones o conjeturas

La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones de las autoridades judiciales al momento de establecer la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar por ende la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, también es exigible a los Tribunales de apelación, cuando resuelven mantener esa decisión y confirmar la resolución de primera instancia, lo cual implica que en ambas instancias su decisión debe sustentarse en las circunstancias previstas por ley; por lo que, no es suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas tal cual entendió la SCP 1635/2004-R de 11 de octubre, que fue reiterada asimismo por las Sentencias Constitucionales 1747/2004-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1154/2011-R, 1813/2011-R, entre otras. Asumiendo este entendimiento, la SCP 0795/2014 de 15 de abril, ha señalado que la resolución judicial que aplique medidas cautelares de 8En el F.J.III.2 el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.

9 El F.J.III.3.2 Sobre la prohibición de fundamentar la detención preventiva en meras suposiciones señaló que: “Entonces, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que la disponen en ese sentido, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras conjeturas o presunciones. En ese sentido, la simple suposición debe ser entendida como la creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas, sin estar completamente seguro de ello; es decir, aquella idea que surge directamente de la imaginación del sujeto sin estar debidamente comprobado. Por lo tanto, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, de ninguna manera debe estar sustentada en simples o meras posibilidades, sino que, debe ser una decisión producto de la seguridad y certeza que adquirió la autoridad judicial luego de haber efectuado la compulsa de los antecedentes del caso y la valoración integral de los elementos de juicio que fueron llevados a su consideración, para definir la situación jurídica del imputado. Pues bien, en el marco de las consideraciones referidas precedentemente, es menester establecer las condiciones de fundamentación relativa a los riesgos procesales de fuga, de obstaculización y reincidencia. En ese sentido, los presupuestos referidos al peligro de fuga, establecidos en el art. 234 del CPP, indefectiblemente deben ser demostrados con elementos de detención preventiva no puede estar respaldada en meras suposiciones; es decir, en la “creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas; sin estar completamente seguro de ello”; en consecuencia, las autoridades judiciales deben asumir una convicción absoluta sobre la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización en base a un análisis de los elementos de convicción puestos a su consideración, lo que significa efectuar una valoración armónica e integral de los mismos y no simplemente realizar una conjetura sobre las probabilidades (podría o no podría). Así también la SCP 0126/2014-S3 de 5 de noviembre, mencionando el razonamiento de la SC 1635/2004-R, señaló que cuando se trate de la aplicación de la detención preventiva tanto los jueces como los tribunales deben demostrar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal; es decir, determinar con certeza la existencia de dichos riesgos, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0715/2015-S1 de 10 de julio, 0372/2016-S2 de 25 de abril entre otras. Por su parte, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, asumiendo el entendimiento realizado en la SCP 0795/2014, también indicó que en consideración a que la resolución judicial que determine la aplicación de la medida de detención preventiva:

“…debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones”; por lo que, dicha resolución “…tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia”.

En este orden de ideas, las autoridades judiciales no pueden sustentar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización y determinar o mantener la medida de detención preventiva en meras suposiciones (podría o no podría), puesto que, en el marco del ejercicio efectivo del derecho al debido proceso deben emitir resoluciones fundamentadas y motivadas tratándose de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; por ello, es preciso tener en cuenta también que las mismas son impuestas cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho; de ahí que, su aplicación es de manera excepcional, y se presume la inocencia del imputado, mientras no cuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por ello también se explica que para establecer la concurrencia de los peligros procesales señalados las autoridades judiciales deben justificar su decisión de imponer o mantener la medida de ultima ratio.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de asesinato, como efecto de la apelación a la decisión que dispuso su privación de libertad, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 327/2020, concedió en parte la apelación incurriendo en las siguientes ilegalidades: i) sin fundamentación y motivación, obviando los principios indubio pro reo y favorabilidad, señaló que si bien correspondería la detención domiciliaria; empero, contradictoriamente ante la carencia de efectivos policiales en Aiquile, decidió mantener su privación de libertad, incurriendo en arbitrariedad y subjetividades, al sostener la carencia de funcionarios policiales in justificación alguna; ii) Tras concurrir solamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado con una fundamentación y motivación arbitraria, basándose en simples suposiciones y conjeturas, señaló que faltan recabar diligencias investigativas, pericias y colección de datos ; cuando dichos extremos tienen relación con el art. 235.1 del mismo código y no con el indicado art. 235.2 del CPP; y, iii) Sin sustentarse en algún elemento probatorio, manifestó que es lógico que su persona influenciaría en el testigo Daniel Honor Flores, soslayando establecer puntualmente de qué forma podría influenciar en el prenombrado testigo.

Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así, se tiene que. A través del Auto de Vista 327/2020 la autoridad ahora demandada, declaró: procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio de 3 de octubre de 2020, disponiendo en consecuencia la inconcurrencia de los arts. 234.7 y 235.1 del CPP respecto a los peligros de fuga y obstaculización, determinando además la reducción de la detención preventiva a dos meses y aprobando en lo demás al citado auto interlocutorio (Conclusiones II.1). Con esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme se tiene de la delimitación de la problemática, se establece que:

III.5.1. Respecto a la primera problemática planteada

El ahora accionante refirio que el Auto de Vista cuestionado, sin fundamentación y motivación, obviando los principios indubio pro reo y favorabilidad, señaló que si bien correspondería la detención domiciliaria; empero, contradictoriamente ante la carencia de efectivos policiales en Aiquile, decidió mantener su privación de libertad, incurriendo en arbitrariedad y subjetividades, al sostener la carencia de funcionarios policiales sin justificación alguna Conforme lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente sentencia Constitucional, se tiene que, La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; por su parte, la motivación, hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encontraba probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realizó la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. En el presente caso, se identificó que en el Auto de Vista 327/2020, existe una insuficiente fundamentación y motivación para sostener la existencia del art. 233.1 del CPP que refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; puesto que la resolución ahora cuestionada (Conclusiones II.1) sobre este aspecto manifestó que:

“En su punto III.1 donde analiza la probabilidad de autoría determinó en suma que: el Juez de primera instancia, refirió la suficiencia de los elementos de convicción aportados para la construcción del “fumus boni iuris” puesto que Daniel Honor Flores -coimputado- a momento de ser interceptado conduciendo la movilidad cuya propiedad se le atribuye a la víctima, señaló que otros imputados fueron los que generaron que se halle en poder del motorizado, además que de los antecedentes cursantes, se tiene que el mismo refirió que Jorge Vidal y Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante-fueron las personas que le entregaron el vehículo en el Municipio de Aiquile. Es así, que estos antecedentes y la resolución apelada, dan cuenta de la existencia de una motocicleta, que según Daniel Honor, fue ofrecida en venta por Jorge Vidal, sosteniendo incluso una conversación por WhatsApp. Al respecto, la defensa de Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante- señaló que la entrega fue solitaria y realizada por Jorge Ernesto Vidal Gonzales; tal situación no es suficiente para enervar el supuesto por el cual en definitiva se construyó el “fumus boni juris” puesto que este se sustenta en la detentación del vehículo en el que fue interceptado Daniel Honor en el Municipio de Aiquile, incluyendo a ambos imputados, por lo que no resulta atinente sostener que Gustavo Avila Montaño no tendría vinculación con dicho motorizado, que no es la motocicleta, sino aquel dejado según la versión de Daniel Honor, para su cuidado en el parqueó de propiedad del precitado, por lo que el principio de libertad probatoria, debe responder a la cuestionante de qué relación tiene el vehículo con el hecho constitutivo de asesinato. Por lo que si se da credibilidad a la versión de Daniel Honor, como sostiene la autoridad fiscal y el juez inferior, se establece que se hallaban en poder un motorizado respecto del cual no tienen ningún derecho propietario o de posesión, entonces, en la fase investigativa del proceso, la ausencia de una relación de ambos imputados con el motorizado cuya propiedad se atribuye a la víctima directa del ilícito que se investiga, se constituye en razón suficiente para la construcción de la probabilidad de autoría, por lo que si no se razonara en ese sentido, la finalidad que prevé el art. 277 del CPP sería impropia, ya que si desde un inicio tendría que acreditar mediante elementos objetivos la subsunción del hecho al tipo, resultaría innecesaria la investigación, puesto que ya se contaría con elementos para fundar la acusación, por lo que no se identifica vulneración al debido proceso, pues la presunción de inocencia y la prohibición de lo absurdo, entre otros, hacen a este derecho y se vinculan al deber de fundamentación y motivación. Por lo que habiendo identificado la juez a quo el lugar del hecho, el tiempo en el que ocurrió aproximadamente, la forma en la que se ejecutó y la vinculación de estos hechos con ambos coimputados, se tiene que se halla “aun con algunas falencias técnicas” debidamente fundamentada y motivada la probabilidad de autoría de ambos imputados, por cuanto la vinculación se la hizo en función a los mismos, en razón a que Daniel Honor, identificó tanto a Jorge Ernesto Vidal Gonzales, como a Gustavo Ávila Montaño -ahora accionante- como las personas que le entraron el motorizado en el Municipio de Aiquile, que posteriormente fue secuestrado, inclusive con la intervención de un funcionario que se señala como “municipal” y que motivó además el arresto no solo de Daniel Honor, sino de la persona identificada como novia del preindicado” (sic [fs. 59 63 vta.]).

En síntesis sobre este aspecto, se establece que el ahora demandado en su resolución señaló la existencia de una relación directa del ahora accionante con el hecho investigado, indicando que responde al objeto de la investigación, en tiempo, espacio, lugar y modo, basando esta situación en elementos objetivos aportados al proceso y que permiten al Ministerio Público estructurar su teoría del caso y de la acción, para posteriormente poder fundar una acusación, situación que concluye, se constituiría en base objetiva para determinar la existencia de probabilidad de autoría y participación. Consecuentemente la resolución ahora cuestionada desarrolló los riesgos procesales que corresponden al art. 234.7, 235.1 y 235.2 del CPP, y hasta este punto, solo el riesgo procesal descrito en el art. 235.2 del señalado código, se encontraría concurrente (cuyo análisis se enfocará en la última problemática a analizar). Es así, que el indicado Auto de Vista, realizando una síntesis de todo lo analizado, concluye que se encontraría vigente el art. 233.1 y 235.2 del CPP, agregando que existirían pruebas por ejecutarse conforme a los requerimientos que constan en el expediente de control, y que, existiendo la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de obstaculización y la necesidad de practicarse diligencias investigativas, concurrirían los tres requisitos descritos en el art. 233 del CPP, por lo que procede a realizar una análisis de proporcionalidad en el que señala:

“En cuanto a la proporcionalidad de la medida cautelar, se halla que la misma es idónea al concurrir los requisitos exigidos para su aplicación por el art. 233 del CPP: asimismo, es necesaria, por cuanto las otras medidas cautelares de orden personal establecidas en el art. 231 bis del CPP, no podrían cumplir con la finalidad pretendida con la aplicación de la detención preventiva, toda vez que la de efectivos policiales en la distante localidad de Aiquile, tanto en relación a Jorge Emesto Vidal Gonzales como Gustavo Ávila Montaño, no hacen posible considerar la aplicación de una detención domiciliaria con vigilancia policial, y siendo, asimismo, inviable la aplicación de las otras medidas alternas, pues todas ellas conllevan la restitución de la libertad ambulatoria de ambos imputados en el mismo lugar, en la misma localidad de Aiquile, donde se encuentra Daniel Honor Flores, pues de los antecedentes y la declaración misma tomada a dicha persona, se tiene, que su domicilio se encuentra también en la localidad de Aiquile al igual que los imputados, se advierte en definitiva que la aplicación de las demás medidas cautelares señaladas en el art. 231 bis del CPP no permitirá cumplir con la finalidad perseguida por el art. 221 del CPP”. De tal análisis, en primera instancia se señala al art. 231 bis del CPP, indicando que las medidas descritas en el mismo, no podrían ser las óptimas para cumplir con la finalidad pretendida toda vez que la falta de efectivos policiales en el municipio de Aiquile, imposibilitaría la detención domiciliaria con vigilancia policial. Siendo este un aspecto que carece de total fundamentación, puesto que es deber de la autoridad judicial, tomar sus decisiones basado en el principio de legalidad y para el presente caso, debió considerar si realmente la falta de efectivos policiales, se constituye en una causal de impedimento para la aplicación de una medida cautelar alterna a la detención preventiva, careciendo tal determinación también de un análisis lógico-jurídico que permita entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo recayendo por ende, en falta de motivación conforme lo descrito ut supra. De igual forma, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 la arbitrariedad se encuentra en una resolución que motiva sus decisiones en base a fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno y alejadas de la sumisión a la constitución y la ley, situación observada en el presente caso, puesto que determinó la detención preventiva y no así la aplicación de otra medida cautelar por la consideración de que no existirían efectivos policiales en el Municipio, siendo esta una situación que carece de sustento probatorio o jurídico alguno y apartado de la ley. El Auto de Vista ahora cuestionado, refirió también a modo de conclusión del “test de proporcionalidad” que justifica la detención preventiva con los siguientes argumentos:

“Ante la inconcurrencia de elementos de convicción que hagan posible verificar que la detención preventiva de ambos imputados, supondrá un daño inminente e irreversible a su vida, salud e integridad, además de otros derechos y garantías, de un modo mayor al que de ordinario produce la detención preventiva, en definitiva, se asume también que la detención preventiva es proporcional a los fines que persigue el art. 221 del CPP”. Análisis que recae en subjetividad puesto que “supone” que por no haberse traído elementos de convicción que hagan posible verificar la existencia de un daño inminente e irreversible a su vida, salud e integridad y otros, la detención preventiva sería proporcional. Siendo este un aspecto y valoración que no consideró el carácter excepcional de la detención preventiva, que determina que la misma es la excepción y no la regla y yendo en contra de lo descrito por el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, respecto a la prohibición de fundar una resolución en meras suposiciones.

En consecuencia, considerando que la resolución basa su decisión en subjetividad, decisiones arbitrarias y carece de una adecuada fundamentación y motivación; conforme se desarrolló, corresponde conceder la tutela respecto a este punto.

III.5.2. Respecto a la segunda problemática planteada

El ahora peticionante de tutela señala que: tras concurrir solamente el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado con una fundamentación y motivación arbitraria, basándose en simples suposiciones y conjeturas, señaló que faltan recabar diligencias investigativas, pericias y colección de datos; cuando dichos extremos tienen relación con el art. 235.1 del mismo código y no con el indicado art. 235.2 del CPP. Al respecto el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista 327/2020 (Conclusiones II.1) señaló que:

“No es posible confirmar de modo puro y simple el decisorio adoptado por la juez a quo, esto es, la detención preventiva por el lapso de cinco meses, pues en función a la enervación de los peligros procesales señalados en el art. 234.7 y 235.1 del CPP ciertamente varió la situación jurídica procesal de ambos coimputados, es evidente que el caso existen diligencias investigativas que practicar, así entre otras se tiene por las pruebas recolectadas merced al acta de inspección y colección de evidencias, revisión con luces forenses que cursa a fs. 137 y 138, requerimientos que cursan a fs. 182 y 183 de antecedentes, 184, 185, 186, 187, 188, etc.; entonces, existiendo la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de obstaculización y la necesidad de practicarse diligencias investigativas, se hallan concurrentes los tres requisitos previstos por el art. 233 del CPP para la aplicación de la detención preventiva, por lo que corresponde realizar un examen de proporcionalidad, no solo en función a la pertinencia de la detención preventiva, sino también respecto al tiempo que debe durar ésta”.

Es así, que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5.1, y del análisis de la Conclusión II.1, ambos del presente fallo constitucional, evidentemente el Auto de Vista, determinó la inconcurrencia de los riesgos procesales dispuestos en el art. 234.7 y 235.1 del CPP, estos artículos, refieren la existencia de peligro efectivo para la víctima y sociedad; y, que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba. Por su parte, el riesgo vigente referido al art. 235.2 del CPP refiere que “el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente” siendo este el único riesgo vigente.

Conforme a esta remembranza legal, se establece que el Vocal ahora demandado, en un primer momento refirió que solo concurre el art. 235.2 del CPP referente a la influencia que podría establecerse en participes, víctima, testigos y peritos; es decir, desechó el presupuesto procesal de obstaculización en el art. 235.1 del CPP, que refiere la posibilidad de que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba; sin embargo y conforme observa el ahora accionante, en un segundo momento refirió que: sería evidente “que en el caso existen diligencias investigativas que practicar, así entre otras se tiene por las pruebas recolectadas merced al acta de inspección y colección de evidencias, revisión con luces forenses que cursa a fs. 137 y 138, requerimientos que cursan a fs. 182 y 183 de antecedentes, 184, 185, 186, 187, 188, etc.; entonces, existiendo la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de obstaculización y la necesidad de practicarse diligencias investigativas, se hallan concurrentes los tres requisitos previstos por el art. 233 del CPP” (sic); es decir, basando su determinación de la detención preventiva en la falta de pruebas a desarrollarse, cuando dio por desvirtuado el art. 235.1 que de forma específica refiere a estas pruebas, yendo en contra de su propia resolución, en la que señaló que el imputado no constituye un riesgo para estos elementos a desarrollarse y sirviendo tal argumento de sustento para la interposición de la detención preventiva.

Esta situación, demostraría una evidente incongruencia interna, puesto que conforme lo desarrolló el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la resolución judicial, debe constituirse en una unidad coherente, en la que se cuide el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva, evitando de esta forma, que existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; situación que conforme se desarrolló se evidencia en el presente caso, puesto que en primera instancia indica la falta de concurrencia de un riesgo procesal y luego este mismo riesgo es usado en la parte determinativa como base para fundar la detención preventiva. Recayendo en consecuencia en una fundamentación arbitraria, puesto que como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2, la determinación será arbitraria cuando sustente su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas y considerando además la inexistencia de una labor lógica jurídica, en consideración a los hechos descritos y resueltos por el mismo.

Por todo lo señalado corresponde respecto a este punto, conceder la tutela solicitada considerando la existencia de incongruencia, arbitrariedad que recae en una inadecuada fundamentación y motivación del fallo cuestionado.

III.5.3. Respecto a la tercera problemática

El ahora accionante refirió que la Autoridad demandada sin sustentarse en algún elemento probatorio, manifestó que es lógico que su persona influenciaría en el testigo Daniel Honor Flores, soslayando establecer puntualmente de qué forma podría influenciar en el prenombrado testigo. Sobre este punto, de forma específica corresponde analizar el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, teniendo que al respecto, la autoridad accionada, refirió en su Auto de Vista (Conclusiones II.1) que:

“Respecto al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, refirió en síntesis: que en aplicación de las “SCP 210/2019-S2” y “SCP 276/2018-S2” se puede extraer dos elementos a cumplirse para la construcción de este riesgo procesal, el primero, referido a la identificación del sujeto de la influencia negativa y el segundo, respecto a la medida en que se daría la misma. Teniendo que, en el caso, la juez a quo, identificó como sujeto de la influencia negativa a Daniel Honor Flores, puesto que en razón a las actuaciones, resulta ser el órgano de prueba que vincula a los imputados con el hecho presuntamente delictivo que desencadenó el asesinato de Bernardo Resiini Pino. Al respecto, Gustavo Ávila Montaño, alegó que su persona y otras, no habrían sido señaladas por el Fiscal de Materia en su exposición y que por lo tanto su incorporación habría sido a iniciativa de la juez inferior en grado; sin embargo se tiene que esta persona es citada de modo recurrente por la Fiscal e inclusive por las partes en el precitado acto, además la representación del Ministerio Público al exponer respecto a la probabilidad de autoría y riesgos procesales, hizo mención expresa de Daniel Honor Flores y Zanaida Caero Villanueva como la persona a la que los imputados le habrían dejado la movilidad del fallecido, por lo que en base a dicho criterio, se afirma la concurrencia de la probabilidad de autoría y lo establecido por el art. 233.2 del CPP, por lo que no es evidente que la inferior en grado introdujera a Daniel Honor Flores por iniciativa propia. No ocurre lo mismo en relación a los otros testigos que también señala como sujetos de la influencia negativa, esto es, en relación a Noemí Elia García Yampara, Ana María Espinoza, Roger Padilla, Cesar Tito Rosquellas, Edwin Velasco, Fernando, Doria Feliz de Rodríguez, Abigail Espinoza, Rubén Antonio Phillips Orellana y Fidel Castro Meneses; pues revisado, el acto del cual emergió el Auto apelado no se halla en él una individualización clara y concreta de tales personas como si se hace respecto a Daniel Honor Flores, dando por cumplida la iniciativa arbitraria de la autoridad a quo. En relación al segundo presupuesto, respecto a en qué medida se daría el peligro, se señaló que el principio del libertad probatoria, se constituiría en rector en el proceso penal, sin embargo, no puede concebirse al sistema penal como un sistema de puras garantías para el imputado, considerando que la CPE, revaloriza la condición de víctima;

entonces, si Daniel Honor Flores, se constituye en el nexo de vinculación directa entre los imputados y el hecho criminoso, en base a la experiencia que hace parte de la sana crítica se toma lógico sostener que en los primeros actos de la investigación dicha circunstancia se constituye en un elemento que de manera objetiva demuestra de que manera se produce el peligro de influencia negativa de Jorge Ernesto Vidal Gonzales y Gustavo Ávila Montaño en cuanto a Daniel Honor Flores y la averiguación de la verdad del asesinato de Bernardo Ressini Pino. Razonar en sentido contrario conllevaría a desconocer en absoluto las circunstancias del caso y la finalidad meramente instrumental que persiguen las medidas cautelares establecidas en el art. 221 del CPP, entonces, la medida cautelar se sustenta en un elemento objetivo que emerge del uso de la experiencia como elemento de la sana crítica contrastada con los antecedentes del caso. Tal criterio expuesto de modo precedente, no es introducido por el suscrito juzgador, sino que emerge de los hechos que han sido referidos como sustento tanto de la probabilidad de autoría como de los riesgos procesales por parte de la inferior en grado, que incluyen al riesgo procesal en análisis, pues ha referido la Juez a quo con cierta deficiencia técnica pero que no puede ir en desmedro de la función de la sociedad del Ministerio Público, aspectos que sustentan objetivamente la construcción del peligro procesal en análisis, que deben ser necesariamente examinados en función a la integralidad de los elementos aportados y que denota el auto apelado, No puede pretenderse -sin incurrir en error- que para beneficio de los imputados se analice de modo integral los antecedentes del caso, pero no así en el supuesto de entenderse que dicha valoración integral vaya en contra de los intereses de aquellos, obrar así no resulta correcto”. Se tiene así, que con la finalidad de fundar este riesgo procesal, estableció dos pautas a considerarse, mismas que serían: 1) la identificación del sujeto de la influencia negativa; y, 2) la medida en que se daría la misma; aspectos extraídos de la jurisprudencia constitucional (SCP 0210/2019-S2 y SCP 0276/2018-S2) y que permite observar la labor intelectiva de interpretación normativa, en este caso, del art. 235.2 del CPP. Posteriormente, identificó a Daniel Honor Flores, como persona sobre la cual se podría establecer la influencia negativa, y a través de los elementos probatorios aportados al proceso, indica en suma, que entre ambos existiría un vínculo que los asocia y que puede demostrar la probabilidad de autoría siendo también una situación que guarda coherencia con la teoría fáctica planteada hasta ese momento por el Ministerio Público y que por ende estos elementos se constituirían en base objetiva para declarar la concurrencia del riesgo procesal analizado. Hasta este punto, es evidente que el primer presupuesto señalado por la autoridad demandada respecto a identificar a la persona sobre la cual se podría ejercer la amenaza o influencia es adecuado señalando al respecto a Daniel Honorio Flores; sin embargo, con relación a la medida en que se daría la misma el análisis realizado no cuenta con la objetividad que el mismo demandado alegó, puesto que en principio y como el mismo afirma, existiría un vínculo entre ambos imputados (conforme a los elementos aportados hasta el momento) sin embargo no explica de qué manera puede darse la influencia o amenaza sobre el mismo, puesto que debe considerarse el carácter eminentemente instrumental de las medidas cautelares y los elementos que en este caso determinen la posibilidad de influenciar sobre un testigo deben ser objetivas, no siendo suficiente el alegar que entre ambos existió un vínculo que los relacionaría con el hecho (aclarando que se trata de un hecho aun en investigación) y que por solo ese vínculo -aunque transcrito en los elementos probatorios-, se establezca que podrá influir sobre el mismo, reiterando la necesidad de objetividad que demuestre que el ahora imputado realmente influiría o amenazaría sobre Daniel Honorio Flores, situación que debió considerarse finalmente, con la calidad de imputado, que adquirió el mismo sobre el que se indica podría influirse. En síntesis, se estableció que si bien dentro de la investigación se desarrollaron elementos que vinculan al ahora accionante con Daniel Honorio Flores en un momento del hecho en investigación, esta situación no demuestra de manera objetiva, que el acto propio de amenazar o influir -exigido por el art. 235.2 del CPP- sobre el testigo, se encuentre probado, estableciendo que cuyo análisis, recae en subjetividad y meras suposiciones, situación prohibida, conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y que demuestra una insuficiente motivación de la resolución al efectuar un análisis lógico jurídico inadecuado, estableciendo como elementos de concurrencia a pruebas que no responden a los requerimientos del peligro de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, situación debidamente desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente sentencia constitucional que claramente estableció que los tribunales de alzada, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado. Por todo lo desarrollado y dando respuesta a la problemática planteada, se establece que la resolución si se sustentó en elementos probatorios; sin embargo, estos elementos no eran los adecuados ni objetivos para demostrar la influencia sobre el testigo Daniel Honorio Flores, no logrando establecer de forma puntual de qué manera se podría influir sobre este testigo, por lo que corresponde sobre este punto conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2020 de 23 de octubre, cursante de fs. 36 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de Garantías; y, en consecuencia, se dispone:

1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de su derecho al derecho a la libertad y debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, determinando la nulidad del Auto de Vista 327/2020 de 20 de octubre emitido por Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ordenando la emisión de uno nuevo en el plazo establecido por ley y acorde a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquívar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

juicio que generen seguridad y certidumbre en el Juez; asimismo, los postulados del peligro de obstaculización, contemplados en el art. 235 del Código antes citado, también se exige que sean acreditados con elementos de convicción que generen convicción en el juzgador; y, finalmente, el peligro de reincidencia que debe ser demostrado con el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundada en meras suposiciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser: que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida de cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es, que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez conjeture sobre la base de las probabilidades (podría o no podría). En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado”.

10 Art. 233 del CPP, modificado por al Ley 1173.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0114_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): 91a622e11a9e2bc1743a5cb771c1216baa38c9b76157daa597861bc66ff880af

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