B.IA.LEGAL

SCP 0112/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
74300-2025-149-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado al “ascenso”, a la igualdad, a la educación, al trabajo y a la favorabilidad; en razón a que la autoridad accionada dentro del proceso de ascensos actuando de forma diferente por su situación de mujer, mediante Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, le notificaron con el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, manteniendo firme y subsistente el Memorando DPTO I-PERS- 312/24 de 9 de septiembre, que negó su ascenso al grado de mayor, sin justificar legalmente la decisión de no valorar sus documentos que permiten cumplir con el art. 75 del Reglamento de Ascensos, olvidando los principios de informalismo y de dirección, que permita saber dónde acudir para la atención de sus reclamos; es más, a pesar que fue aceptada y habilitada en el ascenso de 2024, logrando obtener un promedio de 89.22, fue rechazada;

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 55/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 426 a 435, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso, al ascenso, a la igualdad, a la favorabilidad y al trabajo, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el OFICIO I-DPTO I PERS SASC 124/25 de 20 de febrero de 2025, remitida a la accionante vía OFICIO I - DEPTO I PERS. SASC 123/25 de 20 de febrero de 2025 y se emita nueva resolución, oficio o memorando valorando la documentación presentada; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.Excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tratándose de grupos vulnerables
  2. III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  3. III.3. El debido proceso sustantivo. Génesis y características esenciales
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 74300-2025-149-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 55/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 426 a 435, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhovana kelca Huanca contra Edward Rodrigo Aguilar Quiroga Comandante General a.i. del Ejército y Presidente del Tribunal del Personal del Ejército.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 16, 19 y 26 de mayo de 2025, cursantes de fs. 254 a 278; 281 a 300 vta.; y, 307 a 322 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Seria víctima del Tribunal de Evaluación de Ascenso de Personal del Ejército que revisó su documentación presentada para el ascenso de grado de Capitán a Mayor, considerando que sus certificaciones y memorandos no tendrían validez legal; por lo que, procedió a llenar la hoja de reclamo, solicitando la revisión de su documentación; sin embargo, el citado Tribunal, no realizó el proceso de verificación, validación y evaluación hasta que el Comando General del Ejercito emitió la Orden del Ejercito 031/23 de 30 de diciembre de 2023, determinado que su persona no ascienda al grado de mayor, con el argumento de no haber cumplido con el art. 75 del Reglamento RA-01-56 (2019); es decir, no ejerció el cargo de Comandante de compañía, escuadrón, batería y miembro de una plana mayor o compañía de inteligencia; cuando de acuerdo a la documentación presentada ejerció el cargo de comandante de compañía durante tres años y tres días y como miembro de plana mayor cumplió un año, tres meses y veintiún días, cumpliendo de ese modo a cabalidad con la citada norma que solamente exige tres años de comandante de compañía, escuadrón, batería, miembro de la plana mayor de pequeña unidad o compañía de inteligencia. Es así que, solicitó la explicación de las razones o motivos por las cuales no fueron considerados los documentos presentados, las cuales no fueron respondidas; empero, después de casi un año conoció el Oficio interno DPTO. I PERS. SASJUR 2197/24 de 30 de septiembre de 2024, que hacía referencia al Informe Legal 330/2023 de 30 de octubre, que a su vez citaba el Informe Técnico 227/23 de 18 de igual mes de 2023, emitido por la Sección Ascensos DPTO I PERS, determinado que no cumplía con el art. 75 del Reglamento RA 01-56, faltando tres años de comandante de compañía, escuadrón batería, miembro de plana mayor de pequeña unidad o compañía de inteligencia; ya que, de acuerdo a cargos calificados en el reporte de cargos y destinos no correspondería considerar la valoración del cargo de comandante de compañía mientras se encontraba destinada en la Radio “Héroes de la Tablada”; toda vez que, en los requisitos de ascenso al grado de mayor del área operativa, establece cumplir el cargo en las pequeñas unidades por el tiempo de tres años; considerándose solo el tiempo de dos años quince días desempeñados en el RC-6 Castrillo Bat. Ing.-VII “SAJAMA” Bat. Ing. I MENDEZ Y RI-20 Padilla, recomendando no dar curso a la solicitud de ascenso; cuando al respeto tendría la certificación de mando de tropa emitido por Emilio Brian Ordoñez Castellón de 26 de diciembre de 2018, indicando que cumplió funciones de comandante de compañía dispuesto por Memorándum 12/2018; asimismo, la referida autoridad militar emitió el certificado de mando de tropa indicando que cumplió funciones de comandante de compañía de 2 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de igual año, por el lapso de diez meses; de ese modo el nombramiento, la certificación y la felicitación recibida se dieron por necesidad de la institución militar, sin que exista justificativo para no valorarla. Aparte de ello, tampoco valoraron su certificación 05/23 de 16 de diciembre de 2023, que reconoce su desempeño en la función de P4 en la Misión UNYMC-REPUBLICA de COLOMBIA de 19 de abril de 2021 al 19 de abril de 2022, en calidad de P4 de Oficial de Logística, la cual de acuerdo al Manual de la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica en vigencia, tendría la misma validez de un miembro de la plana mayor de una pequeña unidad; por lo que, también cumplía con ese requisito. Manifestó que la institución castrense aplicó principios de favorabilidad, pro actione, y objetividad beneficiando a otras personas; empero, en su caso por ser una mujer actuaron de forma diferente; es así que, mediante Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, recibió la respuesta de parte del Comandante General del Ejército, manteniendo firme y subsistente el Memorándum DPTO I-PERS- 312/24 de 9 de septiembre de 2024, sin justificar legalmente la decisión de no valorar sus documentos, olvidando los principios de informalismo y de dirección, que permita saber dónde debe acudir para la atención de sus reclamos, más aun cuando la falta de ascenso podría significar el retiro obligatorio por imperio del art. 96 de la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas (LOFA), existiendo dentro de la institución militar una desigualdad de trato con las mujeres, sin que se juzgue desde la perspectiva de género, sintiéndose discriminada por su condición de mujer, además de que obligaron a cumplir dualidad de funciones; empero, ese esfuerzo no fue valorado sin ningún respaldo legal. Asimismo, en el memorial de subsanación precisó que el acto vulnerado denunciado es el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, notificado a su persona mediante Oficio DEPTO.- I SASC 123/2025 de igual mes, emitido por Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, Comandante General a.i. del Ejercito, la misma que negó su ascenso, manteniendo firme y subsistente el Memorándum 312/24.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al ascenso, a la igualdad, a la educación, al trabajo y a la favorabilidad; citando al efecto los arts. 14.I y VIII, 17, 46.I; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se ordene dejar sin efecto el OFICIO I-DPTO I PERS SASC 124/25 de 20 de febrero de 2025, remitida a su persona vía OFICIO I - DEPTO I PERS. SASC 123/25 de 20 de igual fecha y se emita nueva resolución o memorando valorando la documentación presentada por su persona a efectos de ascenso al grado de mayor; y, b) Se deje sin efecto cualquier otra determinación contraria a sus derechos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de junio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 416 a 425 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) Presentó los memorandos y certificados para el proceso de ascenso, conforme la Directiva del Ejército 1623 de 20 de julio de 2023, adjuntando los documentos exigidos en la convocatoria de ascenso según el art. 65 del Reglamento de Ascensos RA-01-56 (2019); 2) Sin embargo, la autoridad accionada observó los documentos (memorandos y certificados); ante este hecho procedió a reclamar a lo que el ahora accionado no supo dar respuesta; empero, después de tres meses el 30 de diciembre del mismo año, el Ejército emitió la Orden de Ascenso 031/23, donde se constató la reprobación en el proceso de ascenso de -Capitán a Mayor-, por no cumplir el art. 75 del citado Reglamento; produciéndose la vulneración de su derecho al “ascenso” establecido en el art. 103 de la LOFA -Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992- “Es el derecho que se confiere al personal militar que cumple con todos los requisitos contemplados en la Ley y los Reglamentos, de acuerdo a las necesidades orgánicas de las Fuerzas Armadas”; 3) Presentó memoriales en distintas fechas para evitar que precluya su derecho al reclamo; 4) Para la gestión 2024, se presentó a la convocatoria 823, donde fue aceptada y habilitada cumpliendo con los requisitos exigidos por el Ejército; es así que, en los cursos consiguió el promedio de 89.22 sobre 100 puntos; no obstante, el Ejército descartó su ascenso, si bien el Departamento Primero de Personal en un principio aprobó su postulación y posteriormente el mismo Departamento lo anuló y no hizo valer los documentos que había presentado impidiendo el ascenso al grado de Mayor; y, 5) El art. 96 de la LOFA, establece que: “…El personal militar de menor graduación de los señalados precedentemente, que por dos veces consecutivas no cumplan los requisitos de ascenso, pasará al Retiro Obligatorio de acuerdo a reglamentación, debiendo acogerse a los beneficios que señala la Ley de Seguridad Social Militar…” (sic); es decir, si en una segunda oportunidad no asciende la postulante se aplicará el retiro obligatorio; en consecuencia, sería exonerada del ejército perdiendo su fuente laboral, derecho al salario y seguro, considerando que al ser padre y madre de sus dos hijas que viven con ella, estarían afectadas, ya que se encuentran bajo su única responsabilidad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, Comandante General a.i. del Ejército, por informe presentado el 4 de junio de 2025, cursante de fs. 405 a 415, así como en audiencia mediante sus abogados solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: i) La accionante no cumple con los requisitos exigibles para el ingreso de análisis de fondo de la acción de amparo constitucional; puesto que, el art. 129 de la CPE, determina que: la acción podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, concordante con lo establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, a la accionante de tutela se convocó en primera opción al ascenso al grado inmediato superior el 2023, cumpliendo las normas y disposiciones inherentes para el ascenso, es así que el 10 de octubre de 2023, se presentó con su documentación administrativa, donde fue observada por las autoridades del Tribunal de Ascenso, porque no cumplía ciertos requisitos (mando de tropa y miembro de la plana mayor), en dicho acto la accionante de tutela presentó su hoja de reclamo, producto de esta acción se generó el Informe Técnico 227/23, el Informe Legal 330/23 de octubre de 2023, manifestandó que la accionante de tutela no cumplía con requisitos de mando de tropa o miembro de plana mayor; por lo cual, no correspondía su ascenso; ii) A través del Memorándum 312/24 de 9 de septiembre de 2024, el Comandante General del Ejército, cursó respuesta señalando que la accionante de tutela, no ascendió por no cumplir los requisitos necesarios e imprescindibles de ascenso; y, según el art. 80 de la LOFA señala que: “…La administración del personal tiene por objeto normar la incorporación, situación militar, derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas; considerando que la profesión Militar y el servicio en las Fuerzas Armadas exigen disciplina, respeto a la jerarquía y cumplimiento del deber con honor, hasta el sacrificio de la vida si fuere necesario…” (sic); por lo tanto, se dispuso no dar curso a las solicitudes conforme a Reglamentos; iii) La accionante estando más de quince años en el Ejército conocía que los memorandos son documentos oficiales a los cuales se debe dar cumplimiento irrestricto; y, iv) No se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática, porque en la gestión 2023 no ascendió y el 2024, voluntariamente se sometió a un proceso de ascenso en la que tampoco ascendió; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela, por no cumplir con el principio de inmediatez; ya que, pretende dejar sin efecto un proceso de ascenso de la gestión 2023 y 2024.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Cristina Pacheco, representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías manifestó que, en mérito a los antecedentes y tomando en cuenta la naturaleza de la acción de amparo constitucional según lo establecido por el art. 129 de la CPE, y el Código Procesal Constitucional se emita la resolución acorde a las disposiciones legales vigentes en resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 55/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 426 a 435, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante indicó ser víctima del Tribunal de Evaluación de Ascenso que negó el derecho al “ascenso”; puesto que, según la normativa militar se establece que tiene como objetivo obtener el grado más alto en la carrera militar; ya que, a lo largo de la carrera logró tener las mejores puntuaciones; sin embargo, la Orden de Ejército 31/23, no incluyó a su persona debido a que no habría cumplido con el art. 75 del Reglamento RA-01-56 (2019) -cargo de capitán a mayor-; b) El Tribunal de Evaluación no revisó, verificó ni validó los documentos presentados y ante su reclamo, no recibió respuesta alguna; es más, en el ascenso de la gestión siguiente, no obstante de que fue habilitada, obteniendo el puntaje mayor de 89.22; empero, fue anulada; c) El hoy accionado alegó que mediante Informe Técnico 227/2023 de 18 de octubre, sobre la observación de no cumplir los tres años como comandante de compañía o miembro de plana mayor de pequeña unidad haciendo referencia al art. 75 del citado Reglamento; asimismo, por Informe Técnico 126/25 de 3 de junio de 2025, se emitieron las respuestas que la accionante exigió al momento de interponer el recurso; y, d) En relación a los derechos vulnerados no se demostró la vulneración del derecho al trabajo; puesto que, la accionante de tutela se encuentra cumpliendo funciones en su fuente laboral como capitana del ejército y respecto a otros derechos alegados tampoco se estableció el nexo de causalidad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 24 de junio de 2025, cursante de fs. 461 a 462 vta., Marisol García León en su condición de representante legal de Jhovana Kelca Huanca -accionante- solicitó anticipo de sorteo argumentando encontrarse delicado de salud; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 300/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 466 a 471, dispuso el adelanto de sorteo del expediente 74300-2025-149-AAC. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Existe la Directiva del Ejercito 16/23 de 20 de julio de 2023, emitido por Juan José Zuñiga Macias, Comandante General del Ejército, teniendo por objeto convocar al personal del Escalafón de Armas de Servicios y Civiles para el ascenso al grado inmediato superior conforme a reglamentos y normativa en vigencia (fs. 1 a 3). Se adjunta el ANEXO “A” Convocatoria de Ascenso para OO. SUP. y OO. SUB. a la Directiva del Ejercito 16/23 con la misma fecha, firmado por el Comandante General del Ejército, con objeto de regular y establecer disposiciones para el proceso de ascenso al grado inmediato superior del Personal de Oficiales Superiores y Subalternos de Armas, que cumplan con los años de servicio y requisitos establecidos para cada grado (fs. 4 a 7). II.2. Consta la Orden del Ejercito 031/23 de 30 de diciembre de 2023, donde figura Jhovana Kelca Huanca -ahora accionante-; “…PERSONAL QUE NO ASCIENDE POR DIFERENTES MOTIVOS…” (sic) por no cumplir con los requisitos necesarios e imprescindibles de ascenso establecidos en el art. 75 “cargo de tres años de comandante de compañía escuadrón, batería miembro de plana mayor de pequeña unidad o compañía de inteligencia” del Reglamento de Ascensos RA-01-56 (2019 [fs. 56 a 93 vta.]). II.3. Cursa la nota de 3 de enero de 2024, presentado por la accionante, solicitando al Comandante General del Ejército, dé una respuesta sobre los motivos por los que no pudo ascender al grado inmediato superior (fs. 95). Existe la Nota de 18 de julio de 2024, presentado por la accionante de tutela al Comandante General del Ejército, pidiendo la reconsideración de su negativa de ascenso, adjuntando la documentación respaldatoria (fs. 98). II.4. Mediante Memorando PERS.SASC. 312/24 de 9 de septiembre de 2024, José Wilson Sánchez Velásquez, Comandante General del Ejército; en atención a la solicitud de la accionante de tutela referente a la reconsideración de ascenso al grado inmediato superior, confirmó que revisado el legajo personal no ascendió por no cumplir con los requisitos necesarios e imprescindibles; por lo tanto, de acuerdo al análisis de la sección Ascensos y Asesoría Jurídica del DPTO. I - PERS. Dispuso NO DAR CURSO a la solicitud, conforme establece el art. 75 del Reglamento de Ascensos RA-01-56 (2019 [fs. 150]). II.5. Cursa memorial de 23 de septiembre de 2024, presentado por la accionante, planteando recurso de revisión de proceso de ascenso dirigido a José Wilson Sánchez Velásquez, Comandante General del Ejército y Presidente del Tribunal de Personal del Ejército (fs. 101 a 108). II.6. Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2024, ante Edward Rodrigo Aguilar Quiroga Comandante General a.i. del Ejercito -hoy accionado- la accionante de Tutela denuncia la vulneración de sus derechos, discriminación, falsas acusaciones y acoso laboral dentro del proceso de ascensos de la gestión 2023, y anuncia amparo constitucional con dispensación del principio de subsidiariedad ante un inminente daño profesional (fs. 109 a 134 vta.). II.7. A través de oficios Dpto. I - PERS SASC 123/25 de 20 de febrero de 2025, Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, Comandante General a.i. del Ejército, le notificó a la accionante con el Oficio DEPTO I - PERS. SASC 124/25 de 20 del mismo mes y año, ratificando las determinaciones establecidas en el Memorando PERS.SASC. 312/24, en todos sus extremos (fs.150).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado al “ascenso”, a la igualdad, a la educación, al trabajo y a la favorabilidad; en razón a que la autoridad accionada dentro del proceso de ascensos actuando de forma diferente por su situación de mujer, mediante Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, le notificaron con el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, manteniendo firme y subsistente el Memorando DPTO I-PERS- 312/24 de 9 de septiembre, que negó su ascenso al grado de mayor, sin justificar legalmente la decisión de no valorar sus documentos que permiten cumplir con el art. 75 del Reglamento de Ascensos, olvidando los principios de informalismo y de dirección, que permita saber dónde acudir para la atención de sus reclamos; es más, a pesar que fue aceptada y habilitada en el ascenso de 2024, logrando obtener un promedio de 89.22, fue rechazada;

por lo que, la falta de ascenso podría significar el retiro obligatorio por imperio del art. 96 de la LOFA, existiendo dentro de la institución militar una desigualdad de trato con las mujeres, sin que se juzgue desde la perspectiva de género, sintiéndose discriminada por su condición de mujer, cuando respecto a otros actuaron de forma favorable; empero, en su caso a pesar que fue obligada a cumplir dualidad de funciones en la institución, no fue valorada sin ningún respaldo legal. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, con la finalidad de conceder o denegar la tutela solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes temas: a) Excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tratándose de grupos vulnerables; b) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; c) El debido proceso sustantivo. Génesis y características esenciales; y, d) Análisis del caso en concreto.

III.1.Excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tratándose de grupos vulnerables

La SCP 1631/2012 de 1 de octubre, con relación a tema establece que: “Constituyendo la subsidiaridad una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, como son las medidas de hecho, así como de las personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad.

Respecto a las personas adultas o mayores de la tercera edad, la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los principios establecen: en sus incisos: 1) “El derecho a tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados…”; 6) “…Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible;” y, 17) “Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales”.

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener “acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado especial”, así como “a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”. La protección especial a la que tienen derecho las personas de la “Tercera Edad, no sólo tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; situaciones en las que debe concretarse el derecho de “especial estima y consideración protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad. Es así que, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó como Principios a favor de las personas mayores o de la tercera edad, entre otros: “Vivir con dignidad” acceso a una vida íntegra, de calidad sin discriminación de ningún tipo y respeto a la integridad psíquica y física y “Seguridad y apoyo jurídico”, protección contra toda forma de discriminación, derecho a un trato digno, apropiado y que las instituciones velen por ello y actúen cuando fuese necesario.

Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales.

Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, señaló:

“Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ”acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas son nuestras).

III.2. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, con relación al tema establece que: “Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.

III.3. El debido proceso sustantivo. Génesis y características esenciales

La SCP 0746/2024-S1 de 31 de diciembre, establece que: «En lo concerniente al presente punto, la SCP 0683/2013 de 3 de junio, en su Fundamento Jurídico III.5 sostuvo que: A diferencia del derecho al debido proceso adjetivo, que resguarda la observancia de los presupuestos y formas procesales esenciales a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, para lograr así un proceso formalmente válido, el debido proceso en su dimensión sustantiva, está vinculado con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y en particular de las sentencias judiciales, principios rectores que aseguran la proscripción de decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho, aspecto ya desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo. (…) de lo mencionado, debe colegirse que en su faceta sustantiva, el debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio constitucional de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, en cuanto a las sentencias judiciales, asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y por ende de los valores justicia e igualdad, para consolidar así el vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual, en teoría constitucional, se identifica al debido proceso sustantivo como “una regla del equilibrio conveniente o de racionalidad de las relaciones sustanciales”. Por lo expuesto y en una reconstrucción histórica que evidencie la génesis de este derecho, es decir en aplicación del método constitucional de derecho denominado histórico-dogmático, debe señalarse que los antecedentes históricos de este derecho se remontan al derecho norteamericano, en ese orden, es pertinente precisar que el debido proceso en la Constitución de Estados Unidos de América, está reconocido en la quinta enmienda y en la enmienda decimocuarto, que introduce la garantía de igualdad, previsiones a partir de las cuales se entiende que los jueces en este contexto, deben preservar las garantías del proceso y aplicar la garantía de razonabilidad en cada una de las decisiones adoptadas, siendo ésta la fuente del debido proceso adjetivo y sustantivo. Además, es importante precisar que en el derecho anglosajón, a través de la frase due process of law que es una variación de la contenida en la Carta Magna inglesa de 1215 per legem terrae, by the law of thel and, se ha desarrollado un alcance no sólo procesal sino también sustantivo del debido proceso. Así, en esta remembranza, es importante señalar que en Estados Unidos de América, la Corte Federal, estableció el concepto del debido proceso en sus dos facetas: a) Due process procesal, en virtud de la cual, ningún órgano judicial puede privar a las personas de vida, libertad o propiedad, a excepción que tenga oportunidad de alegar y ser oída; y, b) Due process sustantivo, en virtud del cual, el Gobierno no puede limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Más allá del reconocimiento jurisprudencial en Estados Unidos de América del debido proceso sustantivo, es imperante indicar que este también ha sido reconocido en países vecinos como Perú y la República Argentina. (…) Lo expuesto precedentemente, evidencia la interpretación en derecho comparado progresiva del derecho al debido proceso, elemento que debe ser considerado para un reconocimiento en el Estado Plurinacional de Bolivia del derecho al debido proceso sustantivo, pero a la luz de las características del Estado Constitucional de Derecho enmarcado en el modelo de estado asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia, tal cual se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De acuerdo a lo señalado, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, la dimensión material del debido proceso en cuanto a sentencias judiciales, exige que éstas, sean justas y aseguren el valor igualdad, aspecto que las tornará razonables y respetuosas del bloque de constitucionalidad imperante, en ese contexto, la inobservancia de los valores plurales supremos por parte de sentencias judiciales, deberá ser tutelada a través de la acción de amparo constitucional disciplinada en el art. 128 de la CPE. De lo expresado precedentemente, se concluye que el derecho al debido proceso en su dimensión sustantiva se vincula con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de una autoridad especialmente decisiones judiciales, asegurando la prohibición de decisiones arbitrarias contrarias al Estado de Derecho. La dimensión sustantiva del debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio de prohibición de ejercicio arbitrario del poder garantiza la prevalencia de los principios de razonabilidad e igualdad para consolidar el “vivir bien”» (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado al “ascenso”, a la igualdad, a la educación, al trabajo y favorabilidad; en razón a que la autoridad accionada dentro del proceso de ascensos actuando de forma diferente por su situación de mujer, mediante Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, le notificó con el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, manteniendo firme y subsistente el Memorándum DPTO I-PERS-312/24, que negó su ascenso al grado de mayor, sin justificar legalmente la decisión de no valorar sus documentos que permiten cumplir con el art. 75 del Reglamento de Ascensos, olvidando los principios de informalismo y de dirección, que permita saber dónde acudir para la atención de sus reclamos; es más, a pesar que fue aceptada y habilitada en el ascenso de 2024, logrando obtener un promedio de 89.22, fue rechazada; por lo que, la falta de ascenso podría significar el retiro obligatorio por imperio del art. 96 de la LOFA, existiendo dentro de la institución militar una desigualdad de trato con las mujeres, sin que se juzgue desde la perspectiva de género, sintiéndose discriminada por su condición de mujer, cuando respecto a otros actuaron de forma favorable; empero, en su caso a pesar que fue obligada a cumplir dualidad de funciones en la institución, no fue valorada sin ningún respaldo legal.

Ahora bien, la accionante refirió que Juan José Zuñiga Macias, Comandante General del Ejército mediante la Directiva del Ejercito 16/23 de 20 de julio de 2023, emitió convocatoria para el ascenso al grado inmediato superior conforme a reglamentos y normativa en vigencia para el Personal de Oficiales Superiores y Subalternos de Armas, que cumplan con los años de servicio y requisitos establecidos para cada grado (Conclusión II.1.); en la que sería víctima del Tribunal de Evaluación de Ascenso de Personal del Ejército que no dio valor legal a sus certificaciones y memorandos presentados para el ascenso de capitán a mayor; por lo que, procedió a llenar la hoja de reclamo, solicitando la revisión de su documentación; sin embargo, el citado Tribunal, no realizó el proceso de verificación, validación y evaluación hasta que el Comando General del Ejercito emitió la Orden del Ejercito 031/23, determinando que su persona no ascienda al grado de mayor, con el argumento de no haber cumplido con el art. 75 del Reglamento RA-01-56 (2019); es decir, no ejerció el cargo de Comandante de compañía, escuadrón, batería y miembro de una plana mayor o compañía de inteligencia (Conclusión II.2.). En ese orden, la accionante de tutela, mediante nota de 3 de enero de 2024, solicitó al Comandante General del Ejército, de una respuesta sobre los motivos por los cuales no pudo ascender al grado inmediato superior; asimismo, a través de la Nota de 18 de julio de igual año, solicitó la reconsideración de su ascenso, adjuntando la documentación respaldatoria (Conclusión II.3.). En respuesta a las referidas notas, José Wilson Sánchez Velásquez, Comandante General del Ejército, emitió el Memorándum PERS.SASC. 312/24; confirmando que revisado el legajo personal no ascendió por no cumplir con los requisitos necesarios e imprescindibles; por lo tanto, de acuerdo al análisis de la sección Ascensos y Asesoría Jurídica del DPTO. I - PERS. dispuso NO DAR CURSO a la solicitud, conforme establece el art. 75 del Reglamento de Ascensos RA-01-56 (2019) (Conclusión II.4.). Contra la determinación referida, la accionante, planteó recurso de revisión del proceso de ascenso dirigido a José Wilson Sánchez Velásquez, Comandante General del Ejército y Presidente del Tribunal de Personal del Ejército (Conclusión II.5.). Asimismo, por memorial presentado el 18 de noviembre de 2024, denunció la violación de sus derechos, discriminación, falsas acusaciones y acoso laboral dentro del proceso de ascensos de la gestión 2023, anunciando amparo constitucional con dispensación del principio de subsidiariedad ante inminente daño profesional (Conclusión II.6). En virtud del cual, Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, Comandante General a.i. del Ejército, mediante el Oficio Dpto. I - PERS SASC 123/25, notificó a la accionante con el Oficio DEPTO I - PERS. SASC 124/25, ratificando lo establecido en el Memorándum PERS.SASC. 312/24, en todos sus extremos (Conclusión II.7.).

De los antecedentes descritos, así como lo sostenido por la accionante en su demanda de la acción de defensa, ratificado en su memorial de subsanación y en audiencia, se advierte que identificó como el acto lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales alegadas al Oficio DEPTO I - PERS. SASC 123/25, por el cual la autoridad ahora accionada comunicó la posición adoptada en el Oficio Dpto. I - PERS SASC 124/25 de mantener lo establecido en el Memorándum PERS.SASC. 312/24, en todos sus extremos, la cual si bien fue emitido por otras autoridades; empero, fue asumido por la autoridad hoy accionada como una respuesta al recurso de revisión -apelación- presentada por la accionante; es por ello que, en su petitorio de esta acción de defensa, solicitó dejar sin efecto el OFICIO I-DPTO I PERS SASC 124/25, remitida a su persona vía OFICIO I - DEPTO I PERS. SASC 123/25, a efecto de que se emita nueva resolución, oficio o memorándum valorando la documentación presentada por su persona a efectos de ascenso al grado de mayor, además de analizarse su caso con enfoque de género pos su situación de mujer. En ese sentido, considerando que el citado Oficio cuestionado fue pronunciado en respuesta al recurso de revisión presentado por la accionante se asume que agotó la vía administrativa de reclamo; ya que, de acuerdo a la normativa militar, la accionante interpuso contra la Orden del Ejercito 031/23, el recurso de reconsideración que fue resuelto mediante el Memorándum PERS.SASC. 312/24 que al confirmarse la decisión impugnada, fue objeto del recurso de revisión aunque lo correcto debió plantearse el recurso de apelación; sin embargo, bajo el principio de informalismo se tiene por planteado dicho recurso, cumpliéndose de ese modo con el principio de subsidiariedad. Asimismo, resulta pertinente tomar en cuenta el entendimiento contendido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en sentido de que opera la excepción al principio de subsidiariedad tratándose de grupos vulnerables, debido a que las normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que también tienen por finalidad proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” debe buscar la materialización de la igualdad y de la equidad, por la que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales, pueblos indígenas, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas que adolecen de enfermedades terminales o gravísimas, de darles un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado; por lo que, aplicando dichos criterios, asumiendo que no existen otras causales de improcedencia reglada debe ingresarse al análisis de fondo de la problemática interpuesta. Asimismo, corresponde examinar el caso en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, es obligación de este Tribunal, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; puesto que, en éstos asuntos corresponderá analizar no solamente el contexto del proceso penal sino también el contexto del proceso judicial o administrativo en que esté involucrada una mujer, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de sus derechos; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano; superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país; por lo que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar el principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. Sobre la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso sustantivo vinculado al “ascenso” y la igualdad La accionante denuncia que sin previo proceso no valoraron su certificación de mando de tropa de 26 de diciembre de 2018, emitido por Emilio Brian Ordoñez Castellón, indicando que cumplió funciones de comandante de compañía dispuesto por Memorándum 12/2018 de 2 de marzo (fs. fs. 10), desde el 2 de marzo a 26 de diciembre de igual año, por diez meses; el Memorando 189/18 de 17 de diciembre (fs. 9), de felicitación como comandante; las cuales reconocen como comandante de compañía; empero, la autoridad accionada sin criterio legal ni lógico desconoció los diez meses de cargo de comandante de compañía. Tampoco valoraron el Memorando 005/20 de 6 de febrero como Comandante de Compañía del Bat. Ing. I “CNL MENDEZ” (fs. 18), por once meses; el Certificado de mando de tropa de 31 de diciembre de 2020 (fs. 20), el Memorando 743/20 de 28 de diciembre (fs. 21), como Comandante de compañía del Bat. ING. I CNL Méndez, por un mes, emitiéndose la orden de destino el 25 de enero de 2021 y el certificado de reconocimiento de 6 de noviembre de 2020; empero en esa gestión fue cambiada de destino a la Radio La Tablada, empero ante la emergencia nacional por Covid-19, fue declarada en Comisión del servicio por necesidades del servicio al mismo Bat. Ing. I CNL Méndez como comandante de compañía para apoyar en los patrullajes por falta de personal en este Batallón, poniendo en riego su salud e integridad física incluso de su familia; ya que, el ejército le impuso una dualidad de funciones; sin embargo, a la hora de reconocer ese doble esfuerzo, la autoridad accionada sin fundamentar y motivar ratificó la decisión de no valorar dichos cargos, demostrando solamente arbitrariedad y abuso de poder, desconociendo doce meses de antigüedad en el cargo de condonante de compañía. Aparte de ello, tampoco valoraron su Certificación 05/23 de 16 de diciembre de 2023, que reconoce su desempeño en la función de P4 en la Misión UNYMC-REPUBLICA de COLOMBIA de 19 de abril de 2021 al 19 de abril de 2022, en calidad de P4 de Oficial de Logística, la cual de acuerdo al Manual de la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica en vigencia, tendría la misma validez de un miembro de la plana mayor de una pequeña unidad; por lo que, también cumplía con ese requisito; empero, fue desconocido los doce meses de estar como miembro de la plana mayor; además de denunciar que, dentro de la institución militar existe una desigualdad de trato con las mujeres; puesto que, con respecto a otros actuaron bajo el principio de favorabilidad, sin que se juzgue desde la perspectiva de género, sintiéndose discriminada por su condición de mujer; ya que, a pesar que fue obligada a cumplir dualidad de funciones; sin embargo, la misma no fue valorada sin ningún respaldo legal. En efecto, revisado el contenido del Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, y el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, es posible establecer que la autoridad accionada no desarrolló ninguna explicación sobre las razones o motivos por los que no fueron valorados los documentos extrañados por la accionante, ofreciendo solamente una tabla de requisitos en la que se consigna de cumple o no cumple y concluye ratificando las determinaciones asumidas mediante el Memorándum 312/24, que no dio curso al recurso de reconsideración con el argumento de que la accionante no cumplió con los requisitos necesarios e imprescindibles del art. 75 del Reglamento de Ascensos RA-01-56, que establece tener: “Tres años de comandante de compañía, escuadrón, batería, miembro de plana mayor de pequeña unidad o compañía de inteligencia”. En ese orden, más bien una parte de la explicación y justificación del porque no fueron valorados, se encuentra inserto en el Informe Legal 330/23 de 30 de octubre (fs. 152), que indica que de acuerdo a los cargos calificados en el reporte de cargos y destinos, no corresponde considerar la valoración del cargo de comandante de compañía mientras se encontraba destinada en la Radio “Héroes de la Tablada”; toda vez que, en los requisitos de ascenso al grado de mayor del área operativa establece cumplir el cargo en las pequeñas unidades por el tiempo de tres años, considerándose solo el tiempo de dos años y quince días, recomendando no dar curso a la solicitud presentada en la hoja de reclamo. Sin embargo, no existe ninguna explicación sobre los motivos del porque no fueron valorados el resto de los documentos presentados por la accionante, a partir del cual la accionante de tutela considera que la autoridad ahora accionada vulnero el derecho al debido proceso sustantivo vinculado al ascenso y la igualdad. Con relación al mencionado derecho en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que el derecho al debido proceso en su dimensión sustantiva está vinculado con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y en particular de las sentencias judiciales, principios rectores que aseguran la proscripción de decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho, en la que el debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio constitucional de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, en cuanto a las sentencias judiciales, asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y por consiguiente de los valores justicia e igualdad, para consolidar así el vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo una regla del equilibrio conveniente o de racionalidad de las relaciones sustanciales. En el caso concreto, se advierte que la autoridad accionada no actuó bajo la prevalencia del principio de razonabilidad y de los valores de justicia y de igualdad, por cuanto las certificaciones y memorandos que presentó la accionante para acreditar el cumplimiento del art. 75 del Reglamento de Ascenso, fueron emitidos por las propias autoridades militares superiores, sin que exista en los antecedentes alguna resolución o disposición que haya invalidado o anulado la validez de dichos documentos, no siendo razonable el argumento para no valorar el cargo de comandante de compañía cuando la accionante se encontraba destinada en la Radio “Héroes de la Tablada”, a título de una supuesta duplicidad de funciones que tampoco fue una decisión personal de la accionante sino una necesidad de la misma institución militar, ante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19; mientras que con respecto a otras certificaciones reclamadas no fueron explicadas ni justificadas legamente del porque no fueron valorados. Asimismo, resulta evidente que la institución militar al que representa la autoridad accionada no actuó ni aplicó los principios de pro actione, pro homine, de favorabilidad y de verdad material con respecto a la situación de la accionante cuando la institución militar lo hizo con relación a otros postulantes, valorando los documentos bajo los principios de equidad y de justicia; asi se advierte en la Resolución 328/2024 de 16 de septiembre, en la que se determina de forma excepcional la procedencia de la solicitud de ascenso al grado inmediato superior de Paola Valeria Guevara Revollo (fs. 164 a 167 vta.); lo propio se advierte en la Resolución 019/2024 de 7 de febrero, para el ascenso de Nelson Exequel Herrera Ortega (fs. 168 a 172 vta.); sin embargo, en el caso de la accionante la institución militar actuó de manera diferente sin tomar en cuenta los citados principios y valores, afectando el derecho a la igualdad, siendo por consiguiente una decisión injusta la exclusión de la impetrante de tutela del ascenso de grado de 2023. A parte de lo anterior, la autoridad accionada tampoco tomó en cuenta la situación de mujer de la accionante; puesto que, por esa condición pertenece a un grupo vulnerable, en la que el Estado debe buscar la materialización de la igualdad y la equidad, permitiendo un trato preferencial en el acceso a determinados derechos, generalmente de naturaleza laboral o en la distribución de ciertos recursos o servicios, así como en el acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Tampoco, por su situación de mujer se trató su caso bajo el enfoque de género, vinculado al principio de verdad material garantizado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente, lo cual implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar. Asimismo, en el caso concreto, revisado el contenido de los oficios cuestionados, resulta evidente que la autoridad militar demandada no consideró en lo más mínimo los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres bajo el enfoque de género; más aún cuando la accionante hubiese denunciado la vulneración de sus derechos, discriminación, falsas acusaciones y acoso laboral dentro del proceso de ascensos de la gestión 2023, conforme se advierte de la Conclusión II.6. si bien de acuerdo al art. 245 de la CPE, la organización de las Fuerzas Armas descansa en su jerarquía y disciplina, siendo esencialmente obediente, que no delibera y está subordinada a las leyes y reglamentos militares;

no obstante de ello, también por mandado del art. 244 de la Norma Suprema tiene por misión fundamental asegurar el imperio de la Ley Fundamental, y con mayor razón la primacía de la Constitución Política del Estado previsto en el art. 410.I y II, en los procesos internos surgidos con relación a sus integrantes, entre ellos en los procesos de evaluación para ascensos del personal militar, De lo analizado, es posible concluir que la autoridad demandada asumió una decisión que no plasma la justicia y la equidad en el Oficio Pers. DPTO-I-SASC 0124/25 de 20 de febrero de 2025, y el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 123/25 de la misma fecha, para ratificar el Memorándum 312/24, excluyendo a la accionante del ascenso al grado inmediato superior, menos la igualdad, la favorabilidad y la verdad material, vulnerando el derecho al debido proceso sustantivo, privando a la accionante de la posibilidad de ascenso, correspondiendo conceder la tutela solicitada con relación a este derecho. Respecto a la supuesta vulneración del derecho al trabajo La accionante, también refirió que para la gestión 2024, se presentó a la convocatoria 823, donde fue aceptada y habilitada cumpliendo con los requisitos exigidos por el Ejército; consiguiendo el promedio de 89.22 sobre 100 puntos; no obstante, el Ejército descartó su ascenso; por ello, expresó su temor de que conforme al art. 96 de la LOFA, que establece: “…El personal militar de menor graduación de los señalados precedentemente, que por dos veces consecutivas no cumplan los requisitos de ascenso, pasará al Retiro Obligatorio de acuerdo a reglamentación, debiendo acogerse a los beneficios que señala la Ley de Seguridad Social Militar”; lo cual implica que, si en una segunda oportunidad no asciende el postulante se aplicará el retiro obligatorio; en consecuencia, sería exonerada del ejército perdiendo su fuente laboral, derecho al salario y seguro, considerando que al ser padre y madre de sus dos hijas que viven con ella, estarían afectadas; ya que, se encuentran bajo su única responsabilidad. Si bien en los Oficios Pers. DPTO-I-SASC 0123/25 de 20 de febrero de 2025, y el Oficio Dpto. I PERS-SASC- 124/25 de 20 de febrero de 2025, no establece directamente ninguna restricción o afectación al derecho al trabajo; sin embargo, considerando que la accionante fue descalificada en los ascensos de las gestiones 2023 y 2024, existe el peligro o la amenaza inminente de que se pueda consumir dicha vulneración aplicando la normativa citada, lo cual en su momento podría afectar a sus dos hijas menores de edad, quienes dependen de ella tanto en lo emocional como en lo económico, conforme acreditó con el certificado de nacimiento de su hija (fs. 456); ya que, la Ley Fundamental en el art. 46 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración y salario justo, equitativo y satisfactorio, que asegure para sí y su familia una existencia digna; asimismo a un fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, imponiéndole al Estado la obligación de proteger el ejercicio del derecho al trabajo en todas sus formas. En definitiva, la institución militar no podría actuar al margen de la Constitución Política del Estado; por lo que existiendo en el caso concreto la amenaza de afectación del derecho al trabajo de la accionante corresponde conceder la tutela solicitada de manera preventiva. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 55/2025 de 4 de junio, cursante de fs. 426 a 435, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso, al ascenso, a la igualdad, a la favorabilidad y al trabajo, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el OFICIO I-DPTO I PERS SASC 124/25 de 20 de febrero de 2025, remitida a la accionante vía OFICIO I - DEPTO I PERS. SASC 123/25 de 20 de febrero de 2025 y se emita nueva resolución, oficio o memorando valorando la documentación presentada; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0112_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.

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