B.IA.LEGAL

SCP 0111/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
44297-2022-89-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida, salud, dignidad, proyecto de vida, e interés superior de los niños, niñas y adolescentes de la niña AA; por cuanto, cuando el caso de violencia sexual fue de conocimiento de las autoridades públicas -Ministerio Público, DNA y Defensoría del Pueblo-, ésta -acompañada por su madre- manifestó su voluntad de interrumpir su embarazo; por lo que, fue internada en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, donde se comenzó con el procedimiento a partir de la toma de una primera dosis de medicamento -mifepristona-; allí, la visitaron grupos religiosos, influenciándola, intentando asustarla y prometiendo apoyarla; de manera que, de forma sorpresiva, cambió su decisión por continuar con el embarazo, sin considerar los peligros de la suspensión del tratamiento y los riesgos para su vida, verificándose una falta de debida diligencia en las actuaciones de la DNA y del Hospital demandados; motivos por los cuales, solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se adopten las medidas necesarias para ser valorada por un especialista; ii) Se le informe, en forma objetiva, transparente y sin presión, respecto a la prosecución o no de la interrupción legal del embarazo; y, iii) Que la DNA demandada asuma las medidas de protección que sean necesarias. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la lesión de los derechos a la vida, salud, integridad y dignidad; así como, la lesión de los derechos a obtener información, a expresar un consentimiento informado, a la imagen, intimidad y confidencialidad, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer en el marco de la indemnización, como elemento del derecho a la reparación, la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , conforme lo dispuesto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual
  2. III.2. El aborto como conducta tipificada penalmente y el aborto impune
  3. III.3. Las instancias estatales y administrativas, en casos de violencia sexual, de manera previa, deben otorgar una adecuada información para el consentimiento respecto a una interrupción legal del embarazo, sin injerencias arbitrarias,
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2026-S3 Sucre, 6 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 44297-2022-89-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i del Estado Plurinacional de Bolivia contra Silvia Zuazo Aramayo, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní; Verónica Hurtado Gil, Directora de Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; y, Mario Herbas Borja, Director Médico del Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, todos del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de octubre de 2021, cursante de fs. 23 a 31, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La niña AA, provenía de un hogar disfuncional, su padre biológico, enfrentaba un proceso penal por el delito de violación contra su hija adolescente BB -hermana mayor de AA-; por otra parte, su madre solía viajar constantemente junto a su nueva pareja a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, evidenciando una ausencia significativa en el cuidado de la menor AA, dejándola a cargo de una persona ajena a su núcleo familiar, Miguel Santalla Rodríguez, -abuelastro de AA, investigado por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y detenido preventivamente- quien en reiteradas ocasiones abusó sexualmente de ella.

AA, de once años, no informó a su madre este hecho por temor a ser culpada, como ocurrió cuando su hermana mayor BB denunció la violación por parte de su padre; sin embargo, ante el retraso de su menstruación y al percibir movimientos en su vientre, decidió contarle lo sucedido a su prima; quien a su vez, se lo comunicó a su madre -tía de AA-, quien finalmente puso el caso en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-. Una vez que el caso estuvo en conocimiento de la referida DNA, esta instancia llevó a cabo la primera entrevista psicológica; durante la misma, la niña AA detalló las agresiones sexuales que recibió y expresó lo siguiente respecto a su embarazo: “Yo no quiero estar embarazada, quiero estudiar, me da miedo como se mueve (llora)…” (sic). En 22 de octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento del hecho, inmediatamente coordinó con la DNA del GAM de Yapacaní, evidenciando que la niña manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo; por lo que, se dispuso su internación en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, por la necesidad de realizar la interrupción legal del embarazo; habiéndose iniciado el procedimiento, con una dosis de mifepristona -esteroide clasificado como agente antiprogestacional y antiglucocorticoide-. De manera intempestiva, el 23 de octubre del mismo año, la Defensoría del Pueblo se contactó con su progenitora, quien les comunicó la decisión de continuar con el embarazo y afirmó que el día anterior, en horarios no autorizados, miembros de grupos religiosos visitaron el referido hospital y le realizaron promesas consistentes en brindar a la niña AA apoyo psicológico, espiritual, humano y económico en el Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María”; así como, garantizar la educación y crianza, incluso después del nacimiento del neonato; por esa razón, la madre de AA; en complicidad con el grupo religioso y la aquiescencia de los médicos de dicho Hospital, hicieron firmar a la víctima un supuesto consentimiento, en el que expresaba su deseo de continuar con el embarazo, sin que ésta tuviera conocimiento de lo que firmaba. Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo promovió una reunión a efectos que se le volviera a informar a la niña y a la madre sobre la interrupción legal del embarazo, los peligros que conlleva la suspensión del tratamiento y los riesgos para su vida. Posteriormente, el 25 de octubre de 2021, se gestionó una nueva valoración psicológica, realizada por el Servicio Integral Municipal (SLIM) del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, en la que la niña manifestó: “…sí, pero yo cambié de opinión porque me dijeron que lo pondrían en un frasco y yo ya me imaginé cómo lo iban a poner en pedazos, y eso me dio miedo, eso hablaron ahí abajo, dijeron que tenía que comprar frasco y sal para poner ahí al bebé y ya yo me imaginé cosas, ponerlo en un frasco me daba pena” (sic), concluyéndose lo siguiente: “ La víctima fue influenciada con opiniones direccionadas, el lenguaje y el discurso que usa no son propios de ella” (sic). El 26 del mismo mes y año, se realizó una reunión interinstitucional, oportunidad en la que la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz asumió responsabilidad sobre la niña AA, quien fue dada de alta a horas 16:00 y trasladada al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María”, medida adoptada sin tener definido si se practicaba la intervención legal del embarazo, con la finalidad que de manera forzada concluyera con el mismo, sin consideración de su vida ni de su salud. Los actos señalados evidencian una falta de debida diligencia por parte de los encargados del Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” y el incumplimiento de las funciones de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, que no actuó conforme al mandato del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, sino como un observador de lo que estaba aconteciendo; además de una madre que permitió que AA fuera influenciada por los miembros de la Iglesia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos a la vida, salud, dignidad, proyecto de vida, e interés superior de los niños, niñas y adolescentes de AA, citando al efecto los arts. 15.I y 61 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) Se adopten las medidas necesarias para que la niña AA sea valorada por un médico especialista; b) Se le informe de manera objetiva, transparente y sin presión, para que AA tome conciencia de su estado de salud y pueda manifestar su voluntad en forma libre, plena e informada, respecto a la prosecución o no de la interrupción legal del embarazo; y, c) La DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz asuma medidas de protección necesarias para la niña AA.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 263 a 299, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, conforme el acta de audiencia, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó: 1) La niña AA viene de una familia disfuncional; pues, su padre agredió sexualmente a su hermana mayor BB y se encuentra privado de libertad; 2) Su madre rehízo su vida con una nueva pareja, Juan Carlos Santalla, cuyo padre, Miguel Santalla Rodríguez, -abuelastro- sería el agresor sexual de AA -de 11 años de edad-; quien, en el momento de presentación de la presente acción tutelar, llevaba veintitrés semanas de gestación; 3) La tía de AA presentó la denuncia por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en contra de Miguel Santalla Rodríguez el 19 de octubre de 2021; en la misma fecha, la psicóloga de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, realizó la primera entrevista a la niña AA, oportunidad en la cual ésta manifestó su decisión de interrumpir su embarazo; 4) El 22 de igual mes y año, AA fue trasladada al Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, donde se inició el procedimiento de la interrupción legal del embarazo -ingesta de la primera dosis de medicamento-; sin embargo, en pleno procedimiento, supuestos grupos religiosos ingresaron al referido Hospital y prometieron brindar cuidado, apoyo psicológico e inclusive ofrecieron dádivas económicas y protección después del nacimiento; 5) El 23 del mismo mes y año, mediante videos obtenidos, se evidenció que AA recibió la visita de una persona de un grupo religioso; y más tarde, por la madrugada, su madre informó que ésta continuaría con el embarazo y ambas firmaron un consentimiento viciado en sentido de continuar con el embarazo; 6) El 25 del citado mes y año, el SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz , a insistencia de la Defensoría del Pueblo, realizó una valoración psicológica de la niña AA, concluyendo, que fue influenciada por opiniones interesadas, provocando su cambio de opinión; puesto que, buscando asustarla, le dijeron que pondrían en un frasco con sal al bebé, provocándole temor al imaginárselo en pedazos; 7) El 26 del referido mes y año, se llevó a cabo una reunión interinstitucional en la que estuvieron presentes personeros de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Gobernación de Santa Cruz, DNA y SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, Dirección de Maternidad del Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” y la Defensoría del Pueblo; en aquella oportunidad, acordaron el traslado de la niña AA al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María” -perteneciente a la Iglesia Católica-, medida que fue adoptada sin definir si se daría curso al embarazo o a su interrupción legal; 8) Se omitió el deber de protección por parte de la DNA del GAM de Yapacaní y del GAM de Santa Cruz, que estuvieron todo el tiempo ausentes; y, 9) El personal de maternidad, permitió el ingreso de personas externas al centro de salud, influenciando la información que se dio a AA, provocando un consentimiento viciado -según informes que se le realizaron, ésta señaló que no tenía conocimiento de lo que le hicieron firmar- y autorizó su salida, poniendo en riesgo su salud y su vida.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Silvia Zuazo Aramayo, representante de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, expresó lo siguiente: i) El 19 de octubre de 2021 se realizó la denuncia por violación, efectuada por la tía de la víctima, la niña AA fue internada en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” por estar embarazada y para que se le aplicara el procedimiento de interrupción legal del embarazo; ii) El 23 de igual mes y año, la madre presentó una carta firmada desistiendo de la interrupción legal del embarazo; razón por la cual, se hizo una junta con los médicos de la dirección de maternidad del referido Hospital y representantes de la iglesia católica, en la que la DNA no participó; iii) En forma posterior, el personal de la DNA intentó comunicarse con la madre de AA sin ningún éxito, confiando en la protección que el citado Hospital debió brindar a la víctima y a su familia; además, los miembros de la iglesia no ingresaron en horario de visitas, a pesar de tratarse de un hecho delicado del que el Hospital tenía pleno conocimiento; iv) El 25 del citado mes y año, el equipo multidisciplinario de la DNA se constituyó en el Hospital, donde se reunieron con el director Mario Herbas Borja -codemandado-, quien informó que se suspendió la interrupción legal del embarazo, debido a que la madre de AA desistió del procedimiento, no pudiéndose realizar ninguna intervención sin el consentimiento de la familia; v) El prenombrado Hospital no cumplió con la SCP 0206/2014 -de 5 de febrero-; puesto que, según la misma, no se precisa el consentimiento de la familia, basta con el consentimiento de la niña; por ello, debieron haber procedido con la interrupción legal del embarazo; sin embargo, el referido hospital no lo hizo así; vi) El informe psicológico de 25 del citado mes y año, realizado por la psicóloga del SLIM del GAM de Yapacaní del citado departamento, donde se determinó que AA cambió su decisión por el temor que le ocasionó la visita de los personeros de la iglesia católica; vii) A fin de prevenir un mayor daño psicológico, debido a que AA se encontraba emocionalmente inestable y temerosa por las visitas que recibía, el 26 del referido mes y año, después de una reunión interinstitucional, se determinó el traslado de AA del Hospital al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María”; y, viii) El 29 de igual mes y año se presentó una ampliación de denuncia en contra de la madre de AA por el delito de violación agravada en grado de encubrimiento, debido a su falta de apoyo en este proceso, por evidenciar mayor preocupación por la repercusión que lo sucedido podría tener en su pareja -hijo del agresor-, en lugar de preocuparse por su hija. Mario Herbas Borja, representante del Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, manifestó lo siguiente: a) Cuando AA fue internada, la profesional del equipo de contención multidisciplinario de dicha Institución les explicó a ella y a su madre todo el procedimiento de intervención legal del embarazo, verificando que se contara con todos los requisitos que prevé el procedimiento técnico para la aplicación de los servicios de salud, en el marco de la SCP 0206/2014 -de 5 de febrero-; b) La niña AA y su madre decidieron no continuar con dicho procedimiento; por lo que, se les explicó que al haberse iniciado con dicho tratamiento, tendría que quedarse en observaciones para ver su evolución; c) De acuerdo con el informe de 25 de octubre de 2021, emitido por la psicóloga del SLIM, se tiene que la víctima decidió continuar con la gestación; d) Ninguna persona puede ser sometida a intervención quirúrgica si no manifiesta su consentimiento o terceros legalmente interesados, salvo peligro inminente de vida; en el caso concreto, la paciente cambió de parecer, produciéndose un impedimento por el tema de la voluntad; e) Por datos de la historia clínica -instrumento médico legal de atención a la paciente- el Hospital cumplió con todos los protocolos; pues, fue monitoreada y asistida por parte de la institución en todo momento y se le realizaron todos los estudios necesarios, evitando cualquier riesgo; f) El Hospital tiene un modelo de atención a las víctimas de violencia sexual y se basa en el cumplimiento de las leyes y la jurisprudencia constitucional vigente; g) Se solicitó una auditoría médica y de acuerdo a ello se podrán establecer las responsabilidades; h) En el Hospital se tienen circulares, dirigidas a la guardia de vigilancia, donde se regula el ingreso de usuarios, pacientes, funcionarios, visitas o proveedores particulares que ingresan a oficinas de la administración; y, i) Hubo negligencia por parte de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz en el seguimiento de la paciente, aunque manifiesten el personal del Hospital les pidió que se fueran, les correspondía a ellos exigir quedarse y realizar el acompañamiento respectivo.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Elisa Sánchez Cardozo, madre de la niña AA, a través de su abogado, manifestó lo siguiente: 1) Desconocía la gestación en la que se encontraba su hija; 2) Después de la denuncia, se la trasladó al referido Hospital para que se iniciara el procedimiento de intervención legal de embarazo, sólo se les informó sobre una sola alternativa, jamás se le informó que habría posibilidad de no abortar; 3) La DNA de Yapacaní dio información parcializada, dirigida a una sola decisión; pues, se le indicó que había que comprar un frasco con agua y sangre para poner al niño luego de la intervención, para proceder a realizar las pruebas de ADN y determinar la paternidad del violador; 4) Recibieron una llamada en la que las amenazaron con que si procedían con el aborto, irían presas; 5) Es falso que la iglesia católica u otras instituciones incidieron en su voluntad, ya que ella -como madre- y AA tomaron la decisión de continuar con el embarazo juntas, para posteriormente proceder con la adopción; 6) Ni la iglesia ni grupos religiosos decidieron dónde ingresaría AA, esa fue decisión de la citada DNA; 7) Su hija fue trasladada al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María”, una institución que goza de prestigio nacional por el trabajo que realizan; 8) Se debe tener en cuenta que conforme a protocolo, sólo se procede a la interrupción legal del embarazo cuando hay consentimiento de la mujer, que en este caso no se dio; y, 9) Solicita se respete la voluntad manifiesta de AA, quien rechazó la interrupción del embarazo y se reconozca que no se le dio una información correcta, sino sesgada.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Verónica Miranda, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías informó que: i) Se siguió con todos los actos investigativos, emitiéndose medidas de protección en favor de la víctima; ii) En las medidas de protección, se estableció que las autoridades estatales realizarían la ponderación que sea conveniente; y, iii) Que un informe de la junta médica señalaría cuan viable es o no el embarazo de la niña AA.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: a) La DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, en coordinación con el Ministerio de Salud, organicen un equipo médico del más alto nivel compuesto por los profesionales y especialistas más destacados para realizar una valoración integral de la niña AA y emitan un criterio científico en el plazo de veinticuatro horas para que sea puesto en conocimiento de quienes deben dar el consentimiento informado; b) El Ministerio de Salud, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, garanticen que no exista ningún tipo de influencia externa en la niña y se le garantice el acompañamiento de técnicos, especialistas y psicólogos; c) El Viceministerio de Comunicación emita un comunicado para evitar el manejo y tratamiento irresponsable de la información del presente caso; y, d) El Fiscal General del Estado y el Fiscal Departamental de Santa Cruz informen sobre el avance del proceso de investigación abierto contra el agresor, con base a los siguientes fundamentos: 1) la madre y la niña aceptaron que se practicara la interrupción legal del embarazo -procedimiento al que se dio inicio-; 2) No se logra comprender el papel que realizaron los personeros de la iglesia católica, que participaron en una junta médica, aspecto que debe ser considerado por el Ministerio Público; 3) El 23 de octubre de 2021 se decidió continuar con el embarazo, presentando una carta firmada por la madre y la víctima; 4) El consentimiento libre implica la inexistencia de algún tipo de injerencia religiosa, política u otra, situación que no sucedió en el presente caso, correspondiendo al Ministerio Público desentrañar lo sucedido; 5) No puede determinar si hubo o no responsabilidad del Hospital; 6) A estas alturas del proceso de gestación, existió un riesgo a la vida de la niña y la única forma de dar un criterio científico sería a través de la ciencia médica; 7) La DNA amplió la denuncia en contra de la madre, por lo que debió ser diligente en su actuación, debió de haberse valido de todos los instrumentos legales para evitar el contacto de la víctima con terceros y protegerla; 8) Se vició el consentimiento libre e informado, existiendo una afectación del derecho a la salud y la vida de la AA; y, 9) No corresponde pronunciarse sobre la decisión de continuar o no con el embarazo.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TC-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene que el 19 de octubre de 2021, Silvia Sánchez Cardozo -tía de la niña AA de once años de edad- presentó denuncia por el delito de violación contra Miguel Santalla Rodríguez -abuelastro de AA- (fs. 382); por informe ecográfico obstétrico y certificado médico legal, se estableció que AA tenía una gestación de veinte semanas y seis días (fs. 383 y 385). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Santalla Rodríguez por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, a requerimiento del Fiscal de Materia, la trabajadora social de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz realizó el Informe Social Preliminar 71/2021 de 19 de octubre, en el que concluyó que AA se encontraba en gestación, y que correspondía realizar el respectivo acompañamiento (fs. 390 a 392). II.3. Mediante Informe Psicológico de 19 de octubre de 2021 elaborado por la psicóloga del SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, se tiene que la víctima relató las veces y las circunstancias en las que el imputado la agredió sexualmente, habiéndose producido el primer hecho en el mes de mayo del mismo año, manifestado: “…Yo no quiero estar embarazada, quiero estudiar, me da miedo cómo se mueve (llora, se explicó la sentencia constitucional 206/2014)” (sic [fs. 393 a 396]); ampliándose esa información en la misma fecha (fs. 397 a 398). II.4. Se tiene que el 22 de octubre de 2021, la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- llevó a la niña AA al Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, mediante nota dirigida a Mario Herbas Borja, Director Médico del referido Hospital -ahora codemandado-. La responsable de trabajo social, a través del codemandado, hizo conocer al servicio de emergencia que “solicitan la Interrupción Legal del Embarazo”, dejando constancia que AA ingresaba con el acompañamiento de la referida institución (fs. 378); en la misma fecha, la psicóloga responsable adolescencia clínica y forense del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Santa Cruz; por una parte, hizo firmar a la madre y a la víctima estampar su huella digital un formulario de: “Consentimiento Informado Psico-Social para la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (previa presentación copia del acta de denuncia de la FELCH/según normativa SCP 0206/2014)” (sic [fs. 379]); a su vez, le hizo una entrevista semidirigida a la víctima informando que: “Se orienta a la paciente, y a su madre. Con respecto a la orientación el procedimiento y riesgos en la realización del ILE (…) Las dos aceptan y refieren haber comprendido el procedimiento” (sic fs. 380 a 381). II.5. Se tiene que el 22 de octubre de 2021, a las 15:00 horas, en el Hospital de referencia, se estableció como datos de consulta: “ILE Interrupción Legal del Embrazo” de la víctima (fs. 346), con los datos y firma de la persona que autoriza -Elisa Sánchez Cardozo, madre de la menor- (fs. 347); estableciéndose como motivo de la internación “Solicitud de ILE” (fs. 348); en la hoja de médico, a horas 15:00, se expresó: “Se concluye en la decisión para iniciar medicación para interrupción legal del embarazo y se hace saber de las complicaciones como ser hemorragia transvaginal, choque…-ilegible-” (sic) concluye iniciar con la medicación para la interrupción del embarazo y se le dan a conocer las complicaciones como ser hemorragia (fs. 350 vta.); en la misma fecha, al finalizar la tarde, se consignó: “Paciente recibe Mifepristona v.o. a horas 18:00” (fs. 351). A través de los Informes ADCDH-UDDH 048/2021 y ADCDH-UDDH 049/2021, emitidos por la Unidad de la Defensa de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, “el tratamiento para la ILE había iniciado las 18:00, posteriormente a la manifestación del consentimiento de la niña (…) el medicamento es MIFEPRISTONA en una primera dosis durante las 1ras 24 horas de internación medicamento usado como asteroide anti progestacional…” (sic [fs. 109 a 112]). II.6. A través del Informe DP/SCZ/INF. 132/2021 emitido por la Unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, se estableció que el 22 de octubre de 2021 por la noche, la niña y su madre recibieron la visita de una Organización No Gubernamental (ONG), que le ofreció contención psicológica y religiosa hasta que diera a luz, para luego entregar al bebé en adopción (fs. 114 a 117). II.7. Mediante Hoja Médica de 23 de octubre de 2021, se tiene que la víctima y su madre autorizaron al personal médico a realizar el procedimiento y tratamiento para continuar con el embarazo (fs. 353). II.8. Cursa Entrevista Psicológica de 25 de octubre de 2021, realizada por la psicóloga del SLIM, vía asesora legal de la referida DNA, en la que AA expresó: “cambié de opinión, ya no quiero abortar”, expresando su intención de frenar la interrupción legal del embarazo y las razones que consideró al efecto (fs. 406 a 411); a su vez, en la misma fecha, la abogada de la referida DNA solicitó a la trabajadora social del citado Hospital, se proceda al egreso hospitalario de la víctima en compañía de dicha institución, una vez que la misma sea dada de alta (fs. 405). II.9. Por Hoja Médica de 26 de octubre de 2021, a horas 07:00 se informó:

“Paciente en buen estado general” (fs. 356). En el Informe DP/SCZ/INF. 132/2021, se expresó que en horas de la mañana del mismo día, el Ministerio de Salud convocó a una reunión en la dirección de maternidad, con la participación del SLIM y DNA, en la que se determinó que: “se le debe llevar a un Hogar para niñas (…) por falta de espacio se la tuvo que llevar al católico Madre María” (fs. 114 a 117); como consecuencia, AA ingresó al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María” a las 15:30 horas (fs. 111 a 112) -in fine-; a su vez, mediante Informe ADCDH-UDDH-N° 049/2021, se tiene la ficha de registro de ingreso (fs. 161 vta.). II.10.A través de memorial de 28 de octubre de 2021, la DNA demandada solicitó el acogimiento de la niña por riesgo social al Juez Público de Familia (fs. 159 y vta.); conforme el Auto de misma fecha, se dispuso la orden de ingreso de la víctima al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María” (fs. 160 y vta.); el mismo día, se registró su ingreso (fs. 162 vta.). II.11.Se tiene que el 28 de octubre de 2021, Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo -ahora accionante-, planteó acción de amparo constitucional contra la DNA y Hospital prenombrados (fs. 23 a 30); el 1 de noviembre del mismo año, la Organización Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, presentó a conocimiento de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, amicus curiae (fs. 247 a 259); la Sala Constitucional prenombrada emitió la Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, por la que se concedió en parte la tutela solicitada (fs. 300 a 308); conforme al amicus curiae presentado por la Comunidad de Derechos Humanos; se tiene que, el 7 de igual mes y año, se le practicó a AA la interrupción legal del embarazo (fs. 478). II.12.Se presentó a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, los siguientes amici curiae: O´Neill Institute (fs. 444 a 467); Comunidad de Derechos Humanos (fs.476 a 494); Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEM Bolivia, Fundación Construir, Colectivo Rebeldía y María Stopes International Bolivia (fs. 501 a 551 vta.); Ipas Bolivia (fs. 560 a 598 vta.; y, 634 a 645); Human Rights Watch (fs. 602 a 617).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida, salud, dignidad, proyecto de vida, e interés superior de los niños, niñas y adolescentes de la niña AA; por cuanto, cuando el caso de violencia sexual fue de conocimiento de las autoridades públicas -Ministerio Público, DNA y Defensoría del Pueblo-, ésta -acompañada por su madre- manifestó su voluntad de interrumpir su embarazo; por lo que, fue internada en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, donde se comenzó con el procedimiento a partir de la toma de una primera dosis de medicamento -mifepristona-; allí, la visitaron grupos religiosos, influenciándola, intentando asustarla y prometiendo apoyarla; de manera que, de forma sorpresiva, cambió su decisión por continuar con el embarazo, sin considerar los peligros de la suspensión del tratamiento y los riesgos para su vida, verificándose una falta de debida diligencia en las actuaciones de la DNA y del Hospital demandados; motivos por los cuales, solicita se conceda la tutela, disponiendo: i) Se adopten las medidas necesarias para ser valorada por un especialista; ii) Se le informe, en forma objetiva, transparente y sin presión, respecto a la prosecución o no de la interrupción legal del embarazo; y, iii) Que la DNA demandada asuma las medidas de protección que sean necesarias. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el estándar nacional e internacional de la debida diligencia reforzada en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual

En la SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3.3, se sistematizaron los componentes y elementos que configuran la debida diligencia reforzada y la protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre la base del interés superior y la obligación internacional asumida por el Estado boliviano de proteger con carácter prioritario los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en dicho razonamiento constitucional se estableció que: «[D]e la sistematización realizada sobre la debida diligencia reforzada y la protección especial con base en los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; este Tribunal asume todos los entendimientos desarrollados precedentemente por encontrarse reconocidos dentro del bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410.II de la CPE, a efectos de cumplir con los compromisos internacionales de lucha y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes; destacando los siguientes razonamientos sobre los componentes de la debida diligencia y protección reforzada a favor de las niñas, niños y adolescentes: La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) El dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: ii.1) El acceso a una administración de justicia gratuita, material, directa, pronta, oportuna, efectiva, sin dilaciones, flexible y con asistencia de personal especializado; donde no se exija el cumplimiento de requisitos formales o materiales que limiten el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual; y más bien, se apliquen criterios diferenciados que aseguren el ejercicio de sus derechos; ii.2) Todas las instituciones administrativas y judiciales en todos sus niveles, que se encuentren involucradas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están obligadas a otorgarles un tratamiento diferenciado, especializado y a garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para menores abusados, explotados o erotizados; para lo cual, sus operadores o funcionarios deben estar debidamente capacitados, especializados y actualizados con relación a las implicancias de la debida diligencia reforzada y la protección especial a ser aplicadas a favor de este sector poblacional, con el objeto de protegerlos contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso, violencia o negligencia que afecten su integridad personal; ii.3) Los jueces, Ministerio Público y Policía Nacional y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en materia penal, de niñez y adolescencia así como de violencia contra la mujer, que conozcan e investiguen delitos contra la libertad sexual, cometidos contra niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos mediante procedimientos accesibles, con las debidas garantías, oportunos, efectivos y especializados, sin dilaciones, desde la etapa investigativa hasta su conclusión, bajo responsabilidad, incluso de alcance internacional; tomando en cuenta, el deber de desformalización para flexibilizar los procedimientos, evitando toda ritualidad o formalidades en el acceso a la justicia; ii.4) El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto a su lesión frente a actos de violencia; en ese sentido, el Estado en todos sus niveles debe adoptar políticas para prevenir, investigar, sancionar, castigar, indemnizar, reparar y erradicar la violencia, y de rehabilitación y reinserción de la víctima; asimismo, debe asumir medidas jurídicas para que el agresor se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida, integridad física o propiedad de este sector poblacional, que incluyan medidas de protección apropiadas para crear un entorno de apoyo que las aliente a reclamar sus derechos y denunciar delitos de violencia cometidos en su contra, juicio oportuno y acceso efectivo a los procedimientos; en ese sentido, se entiende que el ejercicio de la violencia conlleva a la responsabilidad estatal, no solo por actos cometidos por particulares sino por agentes estatales; por ello, debe implementar mecanismos necesarios y medidas con la debida diligencia de forma reforzada; ii.5) Todos los casos relacionados con violencia o violación sexual contra niñas, niños y adolescentes, deben ser analizados desde un enfoque diferenciado e interseccional tomando en cuenta su condición de género y niñez -edad-, discapacidad, condición económica -según el caso-, asumiendo la situación de doble vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a ser una persona menor de 18 años, no solo frente a su perpetrador, sino, ante todo un proceso judicial; a efectos de aplicar la protección especial y reforzada; ii.6) Las jurisdicciones ordinaria y constitucional, tienen la obligación de adoptar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes, pues al tiempo de observarse la garantía del debido proceso, deben aplicarse componentes diferenciados, tomando en cuenta que su participación dentro del proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto; que implique un acceso a la justicia accesible y apropiado a cada uno de ellos, por su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, capacidades en evolución y sin discriminación de ninguna índole, prevaleciendo el interés superior de este sector poblacional; ii.7) Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser oídos y participar en las diferentes etapas del proceso, con las debidas garantías y ante una autoridad competente, siempre que ello, no signifique revictimización; ii.8) La violación sexual es una experiencia sumamente traumática, con un impacto severamente agravado en niñas, niños y adolescentes, sufriendo un trauma emocional diferenciado de los adultos, más cuando la violencia fue perpetrada por un miembro de la familia; ante lo cual, se debe velar por su bienestar biopsico-social; para lo cual, desde la denuncia e inicio de la investigación hasta la conclusión del proceso, inclusive hasta después del mismo, se les debe proporcionar ayuda multidisciplinaria y coordinada, de forma integrada entre todas las instituciones a cargo del caso, así como las defensorías de la niñez y adolescencia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las autoridades judiciales, los profesionales de la salud, los servicios sociales y legales -entre otros-, con la finalidad de evitar que su participación dentro del proceso le cause nuevos traumas adicionales, que la puedan revictimizar; ii.9) Las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso penal, deben ser tratados con sensibilidad, explicándoles la razón y la utilidad de las diligencias y de los peritajes a los cuales serán sometidos, en razón a su derecho a la información; ii.10) La debida diligencia reforzada con perspectiva de género y niñez, no solo abarca a la adopción de medidas de protección extremas antes y durante el desarrollo de la investigación y del proceso penal, sino a la adopción de medidas con posterioridad, con el objetivo de lograr su recuperación, rehabilitación y reintegración de la niña, niño y adolescente; siendo que las mismas deben ser extendidas a los familiares de las víctimas -en los casos que corresponda-; ii.11) Es exigible la aplicación de un criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden un caso de violencia o violación sexual a una niña, niño o adolescente; y, de atención prioritaria y absoluta en la tramitación de los casos. ii.12) El Ministerio Público tiene el deber de investigar de oficio los casos de violencia o violación sexual, como un deber jurídico propio y de ninguna manera como una simple formalidad; la investigación debe ser seria, eficiente, objetiva y orientada a la determinación de la verdad, a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo o sanción de los autores de los hechos de violencia; de lo contrario, compromete a una responsabilidad internacional del Estado boliviano; ii.13) Una vez conocidos los hechos, la defensoría de la niñez y adolescencia y toda aquella entidad involucrada en la investigación, debe brindar de forma gratuita asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de violencia o violación sexual, con perspectiva de género y niñez, cuyo acompañamiento debe ser durante todo el proceso, incluso hasta después del mismo, tomando en cuenta la edad, el nivel de madurez y comprensión, el género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, las aptitudes, las capacidades y factores o necesidades especiales en las que se encuentre la niña, niño o adolescente víctima de violencia o violación sexual; ii.14) El Estado boliviano adopta todos los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, para la materialización de la garantía del debido proceso tanto en la tramitación de proceso penal, así como para la realización de las entrevistas y exámenes físicos, establecidos en los incisos 12) y 13) del presente fundamento jurídico, analizados precedentemente dentro del Caso Angulo Losada Vs. Bolivia; y, ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional» (las negrillas nos corresponden).

III.2. El aborto como conducta tipificada penalmente y el aborto impune

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0206/2014 de 5 de febrero, en sus Fundamentos Jurídicos III.8.7 y III.8.8., hizo referencia a la despenalización parcial del aborto, para aquellos casos en los que continuar con el embarazo implique un riesgo para la vida y salud de las mujeres, cuando ésta sea resultado de una violación, incesto o rapto, determinando lo siguiente: «[N]uestra Ley Fundamental en su art. 15 establece que: “Toda persona tiene derecho a la vida…”, es en este marco que debe ser interpretado el art. 1.II del Código Civil (CC), cuando al desarrollar dicha temática sostiene que: “Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida”; es decir, un feto tiene reconocido un derecho a la vida o al menos en la potencialidad de ser perfeccionada con el nacimiento, pese a ello tiene una valoración menor que el reconocido a una persona nacida viva, es así que, por ejemplo, el art. 141.I de la CPE, establece que: “La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización” de forma que los concebidos no nacidos en el Estado Plurinacional de Bolivia todavía no son considerados como nacionales, lo que se denota en la realización del censo en la cual no son contabilizados.

(…) Respecto al ser humano, la protección a la vida es gradual y se va incrementado desde la conjugación primaria del óvulo y espermatozoide denominado huevo o cigoto hasta el nacimiento; es decir, que mientras más se aproxime a una célula su protección jurídica disminuye pero de ninguna manera desaparece y en la medida en la que se desarrolle y se vaya asemejando a un ser humano la protección jurídica paulatinamente se va incrementando; vale decir, que un feto goza de la protección que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes aunque en menor proporción que la que se otorga a la persona nacida. Así y respecto a la valoración social del embrión implantado que da lugar a la protección jurídica puede observarse lo siguiente: El aborto tiene una pena inferior al homicidio; lo que conlleva a  que, el art. 266 del CP, admite el aborto cuando “…hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre…”; es decir, se da prevalencia a la vida de la madre que ya generó relaciones intersubjetivas y de afectividad sobre la vida del nasciturus lo que ya devela una existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una despenalización parcial.

(…) [E]ste Tribunal entiende que nuestra Constitución Política del Estado no cobija un supuesto derecho al aborto ni este puede instaurarse como un método de salud reproductiva. En efecto un embrión implantado no puede considerarse como propiedad de la mujer y por tanto no es de libre disposición -no se vende, no tiene precio- debido a que:

Tiene la potencialidad de generar una persona y por tanto cuenta con protección constitucional autónoma a la protección de los derechos de la mujer lo que posibilita y obliga a su ponderación.  Un embarazo per se y siempre y cuando sea fruto de una decisión libre no implica una amenaza al derecho a la salud de la mujer y tampoco puede equipararse a una enfermedad ni a una amenaza a la integridad personal o trato cruel, inhumano o degradante. De lo expuesto este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que un aborto incondicional y en todas las etapas de desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible y que el generar una política de protección constitucional al derecho a la vida del embrión implantado es una causa suficiente para que el Órgano Legislativo pueda utilizar todo tipo de políticas públicas necesarias para su protección lo que alcanza de manera obligatoria al derecho penal en las fases más avanzadas del desarrollo del embrión aspecto que provoca la declaratoria de constitucionalidad del art. 263 del CP, en los términos expuestos precedentemente. (…) El art. 266 del CP, también cuestionado, determina que cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Punto seguido prevé que tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios, para finalmente señalar que en ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Para analizar este tema, es preciso remitirnos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Comité de Derechos Humanos; estableciendo, a los Estados que tienen la obligación positiva de garantizar a las mujeres víctimas de violación, incesto o prácticas análogas y en particular a las niñas y adolescentes, que enfrenten embarazos no deseados, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en virtud a los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, social y sexual, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, así como el principio de dignidad humana. El Estado parte debe garantizar que las mujeres víctimas de una violación que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo tengan acceso a servicios de aborto seguros y eliminar cualquier impedimento innecesario a los mismos. El Comité se remite al contenido de las recomendaciones dirigidas al Estado parte por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/BOL/CO/4, párrs. 42 y 43). El Comité contra la Tortura insta al Estado parte a evaluar los efectos de la legislación vigente, muy restrictiva en materia de aborto, sobre la salud de las mujeres. (…)

En cuanto a jurisprudencia comparada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Aydin c/ Turquía dispuso que en tanto se ha establecido que la violación constituye una forma de tortura en sí misma, la cual ocasiona dolor y sufrimiento severos, no existe duda acerca de la necesidad de proveer servicios de aborto como parte de las obligaciones de protección a las víctimas de violencia sexual y de similar forma en el caso MC c/ Bulgaria que las demoras injustificadas o las barreras procesales para acceder a la justicia o a los servicios médicos constituyen una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al respecto, en las últimas recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT/C/BOL/CO/2), de 14 de junio de 2013, se observó con preocupación que el Código Penal en su art. 266 (aborto impune) impone la obligación de obtener una autorización judicial a las mujeres víctimas de una violación que deciden interrumpir su embarazo. Dicho requisito, según las informaciones recibidas por este Comité sobre objeción de conciencia en la judicatura, supone en muchos casos un obstáculo insalvable para las mujeres en esta situación que se ven forzadas a recurrir a abortos clandestinos, con los consiguientes riesgos para su salud (arts. 2 y 16). (…) En virtud a lo expuesto, se considera que la frase “siempre que la acción penal hubiere sido iniciada” del primer párrafo del art. 266 del CP, así como la frase “autorización judicial en su caso” contenidas en el último párrafo de la citada norma, constituyen disposiciones incompatibles con los derechos a la integridad física, psicológica y sexual, a no ser torturada, ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, a la salud física y a la dignidad en sus componentes al libre desarrollo de la personalidad y autonomía de las mujeres, consagrados en los arts. 15, 18 y 22 de la CPE. Al respecto, se deja claramente establecido además, que a efectos de la vigencia y eficacia de esta previsión normativa desde y conforme a la Norma Suprema, la misma deberá ser interpretada en sentido de que no será exigible la presentación de una querella, ni la existencia de imputación y acusación formal y menos sentencia. Será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto -por ser la gestación producto de la comisión de un delito-, comunique esa situación a la autoridad competente pública y de ese modo el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto. De esta forma se evitará que frente a una eventual dilación en los procedimientos judiciales, se puedan poner en riesgo la protección de los derechos de la mujer embarazada a su libertad o dignidad y resulte tardía o innecesaria» (Las negrillas fueron añadidas).

III.3. Las instancias estatales y administrativas, en casos de violencia sexual, de manera previa, deben otorgar una adecuada información para el consentimiento respecto a una interrupción legal del embarazo, sin injerencias arbitrarias,

respetando la confidencialidad y reserva del caso

El derecho de acceso a la información, se encuentra consagrado en el art. 21.6 de la CPE, que establece que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho: “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. El desarrollo del alcance de este derecho, fue razonado en la SC 0788/2011-R de 30 de mayo, expresando que abarca:

[L]a prerrogativa de dar y recibir noticias sin restricciones previas, sin control total y sin limitación de fronteras, el derecho a la información implica un conjunto de derechos, entre los que se encuentran el derecho a conocer hechos, que supone el amplio acceso a la información, el derecho a los juicios, que supone la posibilidad de emitir una valoración sobre los mismos, el derecho a comunicar libremente, que significa la libre transmisión de los hechos, ideas y criterios a más de juicios de valor, el derecho a la discusión pública, o sea, la posibilidad de amplio debate de ideas. Este derecho, se constituye en un elemento esencial en la configuración del diseño de un Estado constitucional y democrático de Derecho, en cuanto se trata de un derecho fundamental que consolida el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, a partir de la obligación que tienen los funcionarios de informar toda cuestión de interés público, satisfaciéndose este derecho cuando: a) Se pone a disposición la información; b) Se justifican las razones de su negativa, cuando existe alguna causal que implique información de acceso restringido; y, c) Se acredita la inexistencia de la información. De la norma constitucional de referencia y jurisprudencia señalada; se tiene que, el derecho de acceso a la información, es un derecho fundamental que expresa aquella potestad o facultad que tiene una persona, no sólo de solicitar información, sino de recibir la misma, de autoridades públicas y entidades privadas, conociendo e informándose en forma oportuna, clara y completa sobre algún asunto que pueda incidir en sus derechos. Ahora bien, este derecho de acceso a la información, cuando se relaciona a un ámbito de salud, tiene un carácter instrumental, en cuanto el derecho de acceso a la información es un medio a través del cual se puede obtener un consentimiento informado, para la materialización del derecho a la autonomía y libertad en materia de salud reproductiva, teniendo en cuenta que un paciente sólo puede consentir en la realización de algún procedimiento médico, cuando con carácter previo ha recibido y ha comprendido la información suficiente que le permita asumir una determinada decisión en forma plenamente consciente de lo que va a suceder, como de las consecuencias y los efectos de la decisión que vaya asumir. Tratándose de la aplicación de procedimientos médicos y quirúrgicos en un paciente, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, quién refirió respecto al alcance del consentimiento médico, como una forma de tomar decisiones por un paciente, de manera informada, así estableció que antes de la realización de un procedimiento, para obtener un consentimiento médico, más allá de las formas que se puedan establecer, a través de la firma de algún formulario antes de una cirugía, es necesario un proceso mediante el cual el cirujano informe detalladamente al paciente sobre el procedimiento: Beneficios, ventajas, desventajas, riesgos, complicaciones y alternativas, analizando sus inquietudes y deseos, y brindando su consentimiento informado y deliberado para el tratamiento propuesto. En consecuencia, el conocimiento sobre el procedimiento médico, forma parte en la toma de decisión informada que pueda asumir un determinado paciente; en esa lógica, la Corte IDH, en el emblemático Caso I.V. Vs. Bolivia, Sentencia de 30 de noviembre de 2016, razonó que:

161. La Corte nota que el reconocimiento del consentimiento informado como expresión de la autonomía de las personas en el ámbito de la salud ha significado en la práctica de la medicina un cambio de paradigma en la relación médico-paciente, ya que el modelo de toma de decisiones informadas y libres pasó a centrarse en un proceso participativo con el paciente (…) El paciente es libre de optar por alternativas que los médicos podrían considerar como contrarias a su consejo, siendo, por ello, la expresión más clara del respeto por la autonomía en el ámbito de la medicina. (…) derecho del paciente de acceder o permitir libremente, sin ningún tipo de violencia, coerción o discriminación, que un acto médico se lleve a cabo en su beneficio, luego de haber recibido la información debida y oportuna de manera previa a su decisión. (…)

165. La Corte ha establecido que los Estados tienen la obligación internacional de asegurar la obtención del consentimiento informado antes de la realización de cualquier acto médico, ya que éste se fundamenta principalmente en la autonomía y la auto-determinación del individuo, como parte del respeto y garantía de la dignidad de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad. A su vez, esto implica que el individuo pueda actuar conforme a sus deseos, su capacidad para considerar opciones, adoptar decisiones y actuar sin la injerencia arbitraria de terceras personas, todo ello dentro de los límites establecidos en la Convención. (…)

166. La Corte considera que el concepto del consentimiento informado consiste en una decisión previa de aceptar o someterse a un acto médico en sentido amplio, obtenida de manera libre, es decir sin amenazas ni coerción, inducción o alicientes impropios, manifestada con posterioridad a la obtención de información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, siempre que esta información haya sido realmente comprendida, lo que permitirá el consentimiento pleno del individuo. El consentimiento informado es la decisión positiva de someterse a un acto médico, derivada de un proceso de decisión o elección previo, libre e informado, el cual constituye un mecanismo bidireccional de interacción en la relación médico-paciente, por medio del cual el paciente participa activamente en la toma de la decisión (…)

181. [L]a Corte considera que el consentimiento debe ser brindado de manera libre, voluntaria, autónoma, sin presiones de ningún tipo, sin utilizarlo como condición para el sometimiento a otros procedimientos o beneficios, sin coerciones, amenazas, o desinformación. Tampoco puede darse como resultado de actos del personal de salud que induzcan al individuo a encaminar su decisión en determinado sentido, ni puede derivarse de ningún tipo de incentivo inapropiado. (…)

189. Finalmente, la Corte enfatiza que el consentimiento debe ser pleno e informado. El consentimiento pleno sólo puede ser obtenido luego de haber recibido información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, y luego de haberla entendido cabalmente. La Corte considera, luego de haber llevado a cabo un análisis de diversas fuentes, que los prestadores de salud deberán informar al menos, sobre: i) la evaluación de diagnóstico; ii) el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto; iii) los posibles efectos desfavorables del tratamiento propuesto; iv) las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas, y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento alternativo propuesto; v) las consecuencias de los tratamientos, y vi) lo que se estima ocurrirá antes, durante y después del tratamiento. En consecuencia, el consentimiento pleno e informado de un paciente: 1) Requiere que se le informe sobre la naturaleza del método o el procedimiento que se utilice, los beneficios, las ventajas del mismo, los riesgos que implican su aplicación, las desventajas, las complicaciones que se podrían producir, las alternativas de tratamiento y lo que ocurrirá antes, durante y después, los efectos y las consecuencias favorables como desfavorables que se podrían producir; 2) A partir de esa información, el paciente podrá asumir un consentimiento libre, voluntario, sin ningún tipo de coerción, amenaza o presión, sin que se encuentre desinformado, sin que exista algún tipo de inducción o de alicientes impropios, sin injerencia arbitraria de terceras personas; y, 3) Esa información debe ser dada en forma apropiada, con sensibilidad y empatía, teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones específicas de la persona, analizando sus inquietudes y sus deseos, a fin que el paciente entienda la información brindada. En consecuencia, el consentimiento pleno se puede obtener sólo cuando el paciente recibió la información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, entendiendo a cabalidad el procedimiento, exigencia que se hace más necesaria en aquellos casos en los que se tratan decisiones sobre la vida, salud, integridad, dignidad u honra de una niña, niño, adolescente, mujer, adulto mayor y otros que integran grupos vulnerables, que se encuentren en una situación de violencia sexual, psicológica o de otra naturaleza. De manera especial, conforme la previsión del art. 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, se refiere a las previsiones del art. 12.1 y 24.2.b de la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando: La Convención sobre los Derechos del Niño, en la previsión de los arts. 12.1 y 24.2.b), reconoce el derecho de los mismos de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que afectan a sus intereses, así como el derecho de los mismos a disfrutar del más alto nivel de salud que sea posible; derechos cuyo alcance fue razonado en la Observación General 15 -2013- sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, en el que se expresó que:

21. El Comité reconoce que las capacidades cambiantes del niño repercuten en su independencia al adoptar decisiones sobre las cuestiones que afectan a su salud. Observa también que, a menudo, surgen discrepancias profundas en cuanto a esa autonomía en la adopción de decisiones, siendo habitual que los niños especialmente vulnerables a la discriminación tengan menor capacidad de ejercerla. En consecuencia, es fundamental disponer de políticas de respaldo y proporcionar a los niños, los padres y los trabajadores sanitarios orientación adecuada basada en derechos con respecto al consentimiento, el asentimiento y la confidencialidad.

La autonomía en la adopción de decisiones en cuestiones que afecten la salud de un niño, niña y adolescente, se refiere a la autonomía progresiva del mismo, como se encuentra reconocido en el art. 122.I del CNNA, que regula el derecho a opinar que tienen los mismos, estableció que: “La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta”. Ese derecho que tiene un niño, niña y adolescente de expresar libremente su opinión en asuntos de su interés, exige que autoridades del poder público, como instituciones, cumplan a cabalidad su deber de otorgar información fidedigna, sin distorsiones, completa, comprensible y accesible, de acuerdo a la edad que tengan y conforme a las condiciones y características propias de su desarrollo; además, deben generar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes formen su propio juicio y expresen su opinión en forma libre en todos los asuntos que les afecten. Tratándose de procedimientos vinculados a la salud de un niño, niña y adolescente, se debe tener en cuenta la opinión del mismo en función a su edad y madurez; para el efecto, médicos y personal del servicio de salud, sean de carácter público o privado, tienen la obligación de prestar la atención médica y sanitaria; además que, con carácter previo a un procedimiento quirúrgico, tienen el deber de informar al mismo, el alcance de dicho procedimiento, para que formen un juicio propio y expresen su opinión en forma libre. Vinculada a la obligación que tienen las autoridades del poder público, como los particulares, de otorgar al niño, niña y adolescente información adecuada para que los mismos puedan ejercer su derecho de expresar un consentimiento pleno e informado en temas de salud que les afecte, se encuentra el derecho que tienen los mismos a que esas instancias, guarden la confidencialidad necesaria de la información que tienen, tal como lo expresado en la Observación General 4 de 19 de mayo de 2003 sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se manifestó:

11. Al objeto de promover la salud y el desarrollo de las adolescentes, se alienta asimismo a los Estados Partes a respetar estrictamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad incluso en lo que hace al asesoramiento y las consultas sobre cuestiones de salud (art. 16). Los trabajadores de la salud tienen obligación de asegurar la confidencialidad de la información médica relativa a las adolescentes, teniendo en cuenta principios básicos de la Convención. (…)

39. En el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la salud y el desarrollo de los adolescentes, los Estados Partes tendrán (…)

b) Garantizar el acceso de los adolescentes a la información que sea esencial para su salud y desarrollo y la posibilidad de que participen en las decisiones que afectan a su salud (en especial mediante un consentimiento fundamentado y el derecho a la confidencialidad), la adquisición de experiencia, la obtención de información adecuada y apropiada para su edad y la elección de comportamientos de salud adecuados. Las niñas, niños y adolescentes, en temas de salud que les afecte de manera directa, deben tener la suficiente confianza de hacer conocer a la autoridad correspondiente judicial o no judicial -médica-, lo que sucedió, como lo vivieron y lo viven en su interior -su mente-, como en lo externo -su cuerpo físico-, surgiendo la obligación de respetarse su derecho a la confidencialidad, a que se guarde su intimidad, a que no se difundan aspectos delicados y sensibles, protegiendo de la manera más rigurosa sus vidas privada; para ello, asegurándoles un servicio con total confidencialidad, que genere un ambiente de serenidad, que dentro de lo que está sucediendo, les permita recibir información en forma clara y completa apropiada a su situación de salud y su edad, para que pueda adoptar de manera informada, todas las decisiones que afecten su salud, eligiendo el procedimiento que sea más adecuado a su situación personal. Tratándose de manera particular, de una interrupción legal del embarazo, el Ministerio de Salud, publicó el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014; el art. 2 de dicho procedimiento, relativo al alcance, manifiesta que: “El cumplimiento de este Reglamento es de carácter obligatorio con respeto y confidencialidad, para autoridades, personal médico, enfermeras, enfermeros, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos y personal administrativo, en los servicios del sistema de salud públicos, seguros a corto plazo, privados y organizaciones no gubernamentales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia”; es decir, que este deber de confidencialidad, cuando se trata de procedimientos quirúrgicos y médicos, es especialmente aplicable a quienes integran servicios de salud.

Esa obligación de confidencialidad se encuentra estrechamente relacionada con el derecho a la confidencialidad de un niño, niña y adolescente que debe ser respetado tanto por las autoridades del poder público, como por toda la sociedad en general, que deben asegurar el derecho a la privacidad e intimidad familiar, así como, el derecho a la protección de la imagen, como está regulado en las siguientes previsiones del previsiones del CNNA; en las que, se expresó lo siguiente: Según señala el art. 143.II: “La privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad, y los medios de comunicación”; a su vez, el art. 144.I dispone que: “La niña, niño y adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen” ; de igual manera el mismo artículo, en su parágrafo II. Sostiene que: “Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente, que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente”. Además, se tiene otras regulaciones normativas, como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en la que se estableció que en los hechos de violencia contra las mujeres, la confidencialidad es un principio procesal que sustenta la tramitación del procedimiento penal; de ahí que, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, deberán cumplir con el deber que tienen de asegurar esa confidencialidad; así, el art. 86.14 de la prenombrada norma, establece que: “Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho”. En consecuencia, en aquellos casos de procedimientos quirúrgicos que sean necesarios, como consecuencia de un hecho de violencia sexual, como es una interrupción legal del embarazo, corresponde a las autoridades del poder público, instituciones privadas, médicos y personal de salud: i) Dar la información necesaria para obtener un consentimiento adecuadamente informado, sin injerencia arbitraria de terceras personas; más aún, si se trata de niños, niñas y adolescentes, así como mujeres; ii) Otorgar un tratamiento médico de calidez y seguridad necesaria para que el paciente tenga la confianza de compartir información sobre su estado de salud; iii) Mantener en reserva y confidencialidad de la información que se compartió, como la que se obtuvo luego de los estudios médicos pertinentes, que no puede ser difundida de forma ilegítima; iv) Asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a su privacidad e intimidad familiar, su propia imagen e identidad; y, v) A que no se produzca ningún tipo de violencia obstétrica. En consecuencia, todas las autoridades del poder público, instituciones privadas y sociedad en general, deben asegurar que en casos de violencia no se produzca una revictimización, que se daría si no se asegura el derecho que tiene le víctima, particularmente un niño, niña y adolescente, a tener una información suficiente que les permita expresar un consentimiento pleno e informado, a la confidencialidad, a su privacidad, intimidad, imagen e identidad, a lo que se suma, el derecho a no sufrir de manera particular una violencia obstétrica. En casos de violencia sexual, la violencia obstétrica se da, cuando una mujer, que puede ser niña y adolescente, por la necesidad de ser sometida a un procedimiento quirúrgico, recibe un trato irrespetuoso, negligente, abusivo o no se le brinda tratamiento cuando así correspondía; al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el alcance de ese tipo de violencia obstétrica señalando que: “la violencia obstétrica abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de salud públicos o privados.” De ahí que, el Estado, al igual que las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud, tiene el deber y la obligación de otorgar la información necesaria a la niña, niño y adolescente, como a cualquier persona que hubiera sufrido violencia sexual, para que la misma pueda dar un consentimiento informado para la realización de cualquier procedimiento que pueda afectar sus derechos a la vida y salud; de aplicarse un procedimiento de intervención quirúrgica, la o el paciente, no deberá ser sometida a un trato irrespetuoso, negligente ni abusivo; es decir, deberá cuidarse que no se produzca un caso de violencia obstétrica.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que cuando la niña AA tenía más de cinco meses de embarazo, producto de repetidas violaciones cometidas por su abuelastro, se abrió un proceso penal en contra de su agresor y la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-tomó conocimiento del caso, elaborándose informes psicológicos, en los que AA manifestó su voluntad de no querer estar embarazada; razón por la cual, fue internada en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” - codemandado- para que le realizaran la interrupción legal de su embarazo, suscribiéndose un formulario de consentimiento informado; para el efecto, se le inició el tratamiento vía oral, oportunidad en la que ingirió la primera dosis de medicación para el procedimiento -mifepristona-; empero, durante la noche, en el citado Hospital, recibió visitas de grupos religiosos y ONG que no se encuentran claramente identificados. Al día siguiente, la niña AA -junto a su madre- expresaron su voluntad de desistir de la interrupción legal del embarazo, y luego de reuniones de las autoridades, se dispuso la orden de ingreso de la víctima al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María” -centro de acogida-. En consecuencia, corresponde determinar si en todo ese proceso, los demandados cometieron o no las ilegalidades por las que se los acusan en la presente acción tutelar.

a) Con relación al deber de la debida diligencia que debe cumplir la DNA en casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y/o adolescentes

La parte accionante, expresó que cuando tuvo conocimiento del hecho, la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, el 19 de octubre de 2021, le realizó una primera entrevista psicológica a la víctima, en la que ésta manifestó su voluntad de no continuar con su embarazo; el 22 del mismo mes y año, en coordinación con la DNA y la Defensoría del Pueblo, se dispuso la internación de la menor en el referido Hospital para la interrupción legal del embarazo; posteriormente, se gestionó una nueva valoración psicológica que se hizo el 25 del mismo mes y año, donde la víctima cambió de opinión; finalmente, la DNA demandada participó en una reunión interinstitucional que se realizó el 26 del citado mes y año, en la que se definió trasladarla a un centro de acogida; de lo anterior, se entiende que la DNA demandada no asumió las medidas de protección necesarias para el bienestar de la niña AA. De la revisión de obrados, se tiene que, el 19 de octubre de 2021, se presentó una denuncia por la supuesta comisión del delito de violación sexual de la niña AA contra Miguel Santalla Rodríguez -su abuelastro-; bajo estas circunstancias, el caso pasó a conocimiento de la DNA demandada, cuya trabajadora social, en la misma fecha, realizó el Informe Social Preliminar 71/2021, en el que concluyó que: 1) en la entrevista con la madre de AA, ésta refirió que el padre de sus hijas de encuentra privado de libertad por el delito de violación a su hija mayor -BB-, entre marzo a julio viajó a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz por trabajo y dejó a sus hijas en el domicilio que habitaba junto al agresor de AA; y, 2) La niña AA se encuentra con veinte semanas y seis días de gestación (Conclusión II.2.). De dicho Informe, se evidenciaba que la referida DNA se encontraba frente a un caso extremadamente sensible y delicado; pues, se trataba de una niña de once años de edad, embarazada, circunstancia que por sí sola ya implicaba un riesgo en su vida; por lo que, correspondía que la misma fuera dirigida hacia un centro de salud; y por otra parte, se tenía como antecedente a una familia absolutamente disfuncional, con un padre en la cárcel por violación a su hermana y con una madre que se fue de viaje con su pareja varios meses, dejándola al cuidado del padre de éste, un extraño en su entorno familiar directo, que la agredió sexualmente hasta dejarla embarazada. A pesar de lo mencionado en el prenombrado Informe, la DNA demandada no realizó un adecuado acompañamiento a la niña durante su estancia en el Hospital codemandado, ni actuó con la debida diligencia en cuanto a la necesidad inminente de tramitarle un acogimiento circunstancial considerando sus antecedentes familiares. Es importante resaltar, que corresponde a las autoridades del poder público, como a instituciones públicas y privadas, actuar con la debida diligencia en aquellos casos en los que se producen hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, aplicando criterios reforzados de celeridad, no sólo en las tramitaciones judiciales, sino también en las tramitaciones que sean de naturaleza administrativa, a fin de cumplir a cabalidad el interés superior de los mismos, respetando sus derechos a la vida, salud, integridad y dignidad, a fin que los mismos tengan una efectividad real, evitando la revictimización y la violencia institucional. Siendo obligación especial y particular de las defensorías, priorizar y agilizar procedimientos como el acogimiento circunstancial y la guarda -entre otros-, atendiendo, de forma especializada, la protección de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia a nivel municipal; todo, en el marco de lo razonado en Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En el caso de autos, se tiene que conforme el Informe Psicológico de 19 de octubre de 2021 -el día de la denuncia-, emitido por la psicóloga del SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, por medio del cual la víctima describió las formas y las veces que su agresor habría abusado sexualmente de ella desde mayo del mismo año (Conclusión II.3.). En esa oportunidad, expresó lo siguiente: “…Yo no quiero estar embarazada, quiero estudiar, me da miedo como se mueve (llora)…” (sic); luego, el 22 de octubre de igual año, se procedió a su internación en el referido Hospital para la interrupción legal de su embarazo, internación en la que se dejó constancia que el caso ingresaba con el acompañamiento de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.4); una vez que la víctima ingresó al Hospital, no se evidenció un acompañamiento continuo de esta institución; pues, en días de su ausencia, se evidenció que la niña fue visitada por grupos religiosos y otras personas no identificadas, que le hicieron cambiar su posición, según se evidencia en el informe realizado por la psicóloga del SLIM -vía asesoría legal de la DNA, quien el 25 del citado mes y año señaló que en la entrevista, AA manifestó lo siguiente: “cambie de opinión, ya no quiero abortar”; en esas circunstancias, es que en la misma fecha, la abogada de la referida DNA solicitó se proceda a su egreso hospitalario (Conclusión II.8);

asimismo, luego de una reunión interinstitucional desarrollada el 26 de igual mes y año, la niña fue trasladada al Centro de Formación para Madres Adolescentes “Madre María” -centro de acogida- (Conclusión II.9). De la relación anterior, se evidencia que la DNA demandada no cumplió a cabalidad con su obligación de priorizar y agilizar procedimientos; puesto que su primera actuación fue el 19 de octubre de 2021 y esperó unos días para proceder al acompañamiento en la internación hospitalaria que se efectivizó el 22 de ese mes y año; luego, los funcionarios de esta institución desaparecieron, volviéndose a preocupar y a elaborar el informe el 25 del referido mes y año, cuando la niña AA ya había cambiado de opinión; no fue sino hasta ese momento, que agilizaron su salida del Hospital y su traslado al Centro de Acogida mencionado; pero, hasta ese momento, no se había presentado una demanda de solicitud de acogimiento circunstancial, como ya correspondía en el caso concreto. Teniendo en consideración el género y edad de la víctima -una niña de once años-, debieron haber aplicado una protección reforzada, debido a que ésta no se encontraba en la misma condición que una persona adulta, en cuanto a su grado de madurez y nivel de comprensión de todo lo que le estaba sucediendo; razón por la cual, era fácil que se encontrara en una situación de inseguridad y falta de certeza de lo que en ese momento se debía hacer; en esas circunstancias, más allá de los cambios de posición de la misma, lo que correspondía era que se le brindara una orientación mínima y necesaria, a fin de poder otorgar un consentimiento adecuado e informado -aspecto al que se hará referencia en el punto siguiente del presente fallo constitucional-. En el momento inicial de la internación de AA, la DNA demandada estuvo presente, como así informó la responsable de trabajo social del Hospital codemandado; que indicó que la víctima y su madre pusieron huellas digitales y firmaron un formulario de consentimiento informado (Conclusión II.4.). Los representantes de la DNA no tuvieron en cuenta que no se trataba que su acompañamiento se limitara a constatar informes de rutina, o que la niña y la madre firmaran formularios preestablecidos; pues, tratándose de casos de niñez y adolescencia, primaba el deber que tienen como defensoría de la desformalización, para flexibilizar los procedimientos y cuidar que los formularios que elaboran otras instituciones sean una expresión de la realidad y no una rutina de simple procedimiento o formalidad; para ello, las instancias municipales como la DNA deben asegurarse y constatar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la información mínima y con un acompañamiento permanente; que en el caso de autos sería evitando que la misma sea abordada por otras personas; empero, dicha diligencia no ocurrió; provocándose por el contrario, visitas de terceros, cambios de criterios, y lo que es peor, sin que se otorgara una debida información al respecto. A todo esto, se agrava la conducta que asumió la DNA demandada, que conoció el hecho el 19 de octubre de 2021; puesto que, por informe de la trabajadora social, se supo primero, que el padre biológico estaba en la cárcel -por violación a su hermana-; y segundo, que la madre la abandonó durante meses, dejándola “al cuidado” de su suegro o padre de su pareja -su agresor sexual-. Luego del cambio de posición que tuvo la niña, la abogada de la DNA solicitó su egreso hospitalario, llevándola a la Casa de Acogida el 26 de octubre de 2021 y apenas dos días después, solicitó al Juez Público de Familia, su acogimiento por riesgo social (Conclusión II.10). Resulta inadmisible que la DNA demandada haya iniciado el procedimiento judicial de acogimiento circunstancial después de más de una semana de tener todos los antecedentes necesarios; la situación ameritaba que de manera urgente y con la celeridad correspondiente, se acudiera a la administración de justicia de forma directa, pronta, oportuna, sin dilaciones de ningún tipo, para que sea esta instancia judicial, a través de su equipo multidisciplinario, quienes trabajen en forma coordinada y necesaria para darle el apoyo que era preciso; a fin que a la brevedad posible, se restablecieran los derechos de AA, quien se encontraba en una situación de total desprotección -niña víctima de violación sexual y embarazada-; pero nada de eso sucedió, lo que evidencia una falta total de actuación con el deber de la debida diligencia que le correspondía a la DNA. Esa falta de diligencia, conllevó a que se le ejerciera una violencia institucional inadmisible, con el agravante que provino de una entidad que tiene a su cargo la defensa de los intereses de éste grupo vulnerable en específico. Por todas las razones señaladas, corresponde conceder la tutela solicitada, respecto a DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, por haber incumplido con el deber que tenía de actuar conforme a las directrices de los estándares internos e internacionales, relativos a una debida diligencia reforzada, que en el presente caso no se dieron a cabalidad.

b) Con referencia al alcance del consentimiento informado que se debe otorgar a una mujer, niña y/o adolecente en una interrupción legal del embarazo

En la acción tutelar planteada, se dejó en evidencia que presentada la denuncia por violación a la niña AA, encontrándose la misma embarazada, fue internada en el Hospital de La Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” -en el que trabajan la responsable de trabajo social, la psicóloga responsable adolescencia clínica y forense del SEDES de Santa Cruz y los médicos del hospital, a la cabeza de su director-, donde AA manifestó su conformidad de someterse a una interrupción legal del embarazo. Ante esto, corresponde determinar si dicha manifestación de conformidad con el procedimiento de interrupción legal del embazado de la víctima responde a un consentimiento informado. En cuanto a la necesidad que se diera un consentimiento debidamente informado para que procediera o no una interrupción legal del embarazo; de obrados, se evidencian actuaciones por parte del servicio de trabajo social del hospital, de la psicóloga responsable de la adolescencia clínica y forense del SEDES de Santa Cruz y del personal médico del hospital; en ese orden, se pasará a analizar dichas actuaciones a continuación: El 22 de octubre de 2021, la DNA demandada llevó a la niña al hospital para la terminar con el embarazo -acompañada por su madre-, conforme informó la responsable de trabajo social del Hospital (Conclusión II.4.), señalando que se procedió: “a realizar la orientación correspondiente en el caso de la ILE, desde el abordaje social y el procedimiento médico-psicosocial a seguir desde su internación en emergencia, hospitalización y momento de su alta médica, además del acompañamiento social a realizarse” (sic); en la misma fecha, la psicóloga responsable de adolescencia clínica forense del SEDES Santa Cruz, hizo estampar su huella digital a la niña y a su madre firmar un “Consentimiento Informado Psico-Social para la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (previa presentación copia del acta de denuncia de la FELCH/ según normativa SC 206/2014)” (sic); igualmente, la misma profesional, el día de la internación, realizó una entrevista semidirigida a AA informando que: “Se orienta a la paciente, y a su madre. Con respecto a la orientación el procedimiento y riesgos en la realización del ILE (…) Las dos aceptan y refieren haber comprendido el procedimiento” (sic [Conclusión II.4]).

Internada la niña en el Hospital para la interrupción del embarazo, en la historia clínica y hojas del hospital queda en evidencia que, a horas 15:00 de aquel primer día de internación -22 de octubre de 2021-, el personal médico realizó la valoración de la paciente, se expresó: “Se concluye en la decisión para iniciar medicación para interrupción legal del embarazo y se hace saber de las complicaciones como ser hemorragia transvaginal, choque…-ilegible-” (sic [Conclusión II.5]). Conforme se manifestó en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el ámbito de la salud, el derecho de acceso a la información tiene un carácter instrumental; por cuanto, se constituye en el medio a través del cual se puede obtener un “consentimiento informado”, que materializa el derecho a la autonomía y libertad en materia de salud reproductiva; considerando que, el paciente puede autorizar la realización de un procedimiento quirúrgico -como una interrupción legal del embarazo-, sólo cuando con carácter previo, de forma libre, comprendió la información que le otorgó el personal de salud. En el caso de autos, el consentimiento informado, solamente podría darse con el apoyo de un profesional especializado en materia de niñez y adolescencia, dando a conocer el método que se emplearía, los beneficios que el procedimiento le aportaría, los riesgos o efectos desfavorables que podría sufrir, los efectos secundarios del tratamiento, lo que ocurriría antes, durante y después del procedimiento, las alternativas en caso de no utilizar el método, los beneficios; es decir, otorgando toda la información necesaria, pero dada en forma apropiada, con sensibilidad y empatía, teniendo en cuenta las condiciones específicas del paciente -sea mujer, niña, niño, adolescente, adulto mayor o pertenezca a otro grupo vulnerable-, analizando sus inquietudes y deseos; única manera para que la persona que será sometida al procedimiento médico pueda obtener una información fidedigna, que le permita asumir un consentimiento, libre y voluntario. Ese consentimiento informado, en el caso que motiva la presente acción tutelar, no fue proporcionado, porque la información que otorgó el personal de salud, no fue dada en forma apropiada, no se expresaron las ventajas o desventajas de utilizar el procedimiento quirúrgico o de no hacerlo; la escueta información que se le dio a la víctima -acompañada por su madre no fue otorgada con empatía a la situación personal que la misma atravesaba; menos, con sensibilidad a los traumas que tuvo que haber sufrido por encontrarse en su situación, sin considerar su condición personal al ser una niña que fue violada en reiteradas ocasiones, quedando embarazada; todo lo que, se pasa a demostrar con relación a los actores e intervinientes como parte integrante del Hospital. Cuando AA fue internada en el Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez”, la responsable de trabajo social informó haber orientado a AA y a su madre desde un abordaje social y un procedimiento médico-psicosocial, respecto al proceso de interrupción legal del embarazo; sin embargo, no se llega a comprender de qué manera la responsable de trabajo social hubiese podido orientarlas, sin el apoyo de un equipo multidisciplinario, especialidad o conocimientos técnicos adecuados, respecto al estado de vulnerabilidad en el que se encontraría la niña por la experiencia traumática que sufrió y por todo lo que implicaría someterse a un procedimiento invasivo en su cuerpo, en su salud, en su vida y en la del ser en gestación que llevaba en su vientre. Por otra parte, se tiene que la psicóloga del SEDES de Santa Cruz, les hizo firmar a la madre y estampar su huella digital a la niña un “consentimiento informado [psicosocial] de la ILE, previa presentación del acta de denuncia, según normativa de la SCP 206/2014” (sic). Primero, un consentimiento informado jamás podría ser dado por haberse llenado un simple formulario, y menos en casos de niñez y adolescencia, en los que existe el deber de todas las autoridades del poder público, como de instituciones públicas y privadas, de la desformalización; lo que implica que, voluntades que constan en formularios, no son más que expresión de ritualismos que no aseguran que en la realidad se haya materializado la información; además que en el caso de autos, se precisaba información que proviniera de un equipo multidisciplinario de especialistas, por la gravedad de la situación, hecho que no se dio. A su vez, el señalado formulario hace mención a la normativa contenida en la SCP 0206/2014 de 5 de febrero, que tiene un alcance especial relacionado con el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional Sentencia Constitucional Plurinacional, que debió haber sido informado por la profesional, en cuanto al alcance del aborto; como se estableció precedentemente, no puede constituirse en un método de salud reproductiva; sin embargo, cuando el embarazo es producto de una violación surge el aborto impune; en cuyo caso; cuando se toma la decisión de realizarlo, se tiene derecho a un servicio médico seguro; sin embargo, nada de eso fue explicado en un formulario que cumple con la formalidad de señalar una Sentencia Constitucional y no asegura el conocimiento del alcance de la misma (Fundamento Jurídico III.2). También se constata que una vez internada la niña AA, el médico del centro, en la visita realizada a las 15:00 horas del 22 de octubre de 2021, también hizo una valoración de la paciente, instruyendo la toma vía oral de una dosis de medicamento -mifepristona-, informándole las complicaciones que podrían surgir por el procedimiento como “hemorragia transvaginal, choque…-ilegible-”(sic); no obstante, es cierto que el personal médico sí es un especialista que se encuentra en condiciones para informar los alcances del procedimiento, esa información debió haber sido dada considerando la situación personal de la paciente -una niña- que por su edad, probablemente no iba a dimensionar el verdadero alcance de lo que podría provocar una supuesta “hemorragia transvaginal”; además, éste no sólo tenía la obligación de informarle las complicaciones -en términos accesibles a la paciente-; sino también, asesorarla sobre las ventajas, desventajas, beneficios, perjuicios, riesgos de aplicarse o no el procedimiento, nada de lo que se evidencia en la historia clínica señalada. Por todo lo expresado, se evidencia que las autoridades públicas, a la cabeza del Director del Hospital -codemandado-, no cumplieron con el deber que tenían de brindar una información clara y apropiada, que le permitiera a la niña expresar un consentimiento informado; y con ello, vulnerando sus derechos a una vida libre de violencia, a la salud, a la integridad física y psicológica y a la dignidad; razón por la cual, corresponde en este punto, conceder la tutela impetrada.

c) Con relación a la necesidad de que no exista ningún tipo de injerencia para que la mujer, niña y/o adolescente pueda asumir, en total libertad, la decisión que se proceda o no a una interrupción legal del embarazo Tanto en el memorial de acción tutelar como en audiencia de garantías, la parte accionante explicó, en forma amplia, cómo la niña, después de haber manifestado su conformidad con realizarse el aborto e iniciado el procedimiento con la toma de mifepristona, por una falta de diligencia del hospital, recibió la visita de un grupos religiosos en horarios no autorizados, quienes le hicieron promesas para que no continúe con el procedimiento; y por dicho motivo, al día siguiente, cambió de parecer y comunicó su decisión de continuar con el embarazo; a raíz de lo cual, se le hizo firmar un supuesto consentimiento, sin que se le volviera a informar sobre los peligros que conlleva la suspensión del tratamiento y los riesgos para su vida; luego, se le dio de alta y fue trasladada al prenombrado Centro de Acogida, con la finalidad que en ese lugar, de manera forzada concluyera el embarazo. En obrados, se evidencia la historia clínica, en la que se dejó en claro que la consulta y su internación se debió a una interrupción legal del embarazo; por lo que, el 22 de octubre de 2021; a horas 15:00, el personal médico dispuso que se inicie la medicación y a las 18:00 horas, se procedió al suministro de la primera dosis de mifepristona -asteroide antiprogestacional- vía oral (Conclusión II.5). En horas de la noche del señalado día, el Hospital permitió el ingreso a la sala en la que se encontraban la niña y su madre, a personas privadas, probablemente pertenecientes a alguna iglesia ONG -no está claramente identificado-, quienes le ofrecieron apoyo con tal de no continuar con la interrupción del embarazo, situación expresada por la madre de la misma, en el informe DP/SCZ/INF. 132/2021 realizado por la Unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, en el que se señaló: “posterior a la toma del medicamento, ya en horas de la noche, la niña y la madre recibieron la visita de personas de una ONG o una iglesia (…) y a primera hora de la mañana manifestaron que la niña quería continuar con el embarazo” (sic); también se manifestó que: “…la madre quien indicó que las personas que las habían visitado en la noche anterior eran de una [ONG] extranjera que apadrina a niños (…) les habían ofrecido que la niña pase todo el proceso de gestación en un lugar (…) ofrecen contención psicológica y religiosa hasta que de a luz y entreguen en adopción a los bebés” (sic [Conclusión II.6). Al día siguiente, se tiene evidencia de la Hoja Médica de 23 de octubre de 2021, que a horas 11:33, AA y su madre firmaron un desistimiento de la interrupción legal del embarazo, de en la que la víctima y su madre autorizan al personal médico para continuar con el embarazo (Conclusión II.7). Ahora bien, los razonamientos que en su jurisprudencia estableció la Corte IDH, son precedentes obligatorios, máxime si se trata de casos en los que hay cosa juzgada constitucional respecto al Estado boliviano, como es el Caso I.V. Vs. Bolivia, en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, fallo interamericano que estableció la necesidad que un paciente tenga conocimiento sobre el procedimiento que se le aplicará al formar parte de la toma de una decisión debidamente informada que se tenga que asumir en un caso concreto; que la decisión debe ser asumida sin injerencias arbitrarias de terceras personas, sin ningún tipo de amenaza o que se la asuma por coerción, o que se induzca al paciente o se le otorguen alicientes impropios; tampoco debe haber desinformación; por lo que, en caso de darse esas circunstancias, no puede existir un consentimiento libre e informado; pues, no pueden haber actos de autoridades del poder público, personal de salud o terceras personas que influyan en una toma de decisión; porque de ser así, el consentimiento estaría viciado -todo en el marco de lo razonado en la señalada Sentencia de la Corte IDH- (Fundamento Jurídico III.3). Bajo el presente marco fáctico, la niña AA no fue adecuadamente informada para la aplicación del procedimiento de la interrupción legal del embarazo -como así se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.4.b) del presente fallo constitucional-; pero pese a ello, tomó la decisión que se continuara con el señalado procedimiento; razón por la cual, el 22 de octubre a horas 18:00, se le administró la primera dosis de mifepristona; posteriormente,-y prácticamente durante toda su internación- hubo una evidente ausencia de la DNA -como se expresó en el Fundamento Jurídico III.4.a)- y del personal médico del Hospital, que no controló las visitas de personas religiosas o de una ONG (Conclusión II.6). De igual manera, se constata mediante informe realizado por la psicóloga del SLIM, que terceras personas, desde el momento en el que ingresó al hospital en emergencia -22 de octubre de 2022- y al día siguiente, por la noche, la niña conjuntamente y su madre, fueron abordadas por diversas personas, recibiendo obsequios, promesas y otros (Conclusión II.8); se señaló: “la niña manifiesta que muchas personas han llegado cuando se encontraba en emergencia a hablar con ella y que le han brindado apoyo, le realizaron obsequios y le han expuesto cada persona su punto de vista y que ella ha decidido no continuar con la interrupción (…) Pregunta: ¿Quiénes han hablado contigo (…) las hermanas y después otras personas que no sé quiénes eran (…) cambie de opinión, ya no quiero abortar, las madres rezaron, primero por mi, después rezaron por las que estaban a mi lado, nos echaron agua bendita (…) regalaron la virgen, a mi me dieron para que les pida lo que quería, rezara (…) yo cambie de opinión porque me dijeron que lo pondrían en un frasco (…) y yo ya me imagine como lo iban a poner en pedazos, y eso me dio miedo (…) me imagine cosas, ponerlo en un frasco me daba pena, porque yo pensé que me iban a operar y me iban a sacar al bebé, pero había sido por pedazos creo yo (…) Pregunta: ¿los pastores, hermanos y las personas que vinieron a verte, como dijeron que te iban apoyar? R.- me dijeron que me iban apoyar en todo si decidía que lo iba a tener, que me van a llevar a un lugar donde hay muchas niñas que han pasado lo mismo”. En esas circunstancias, firmó la niña con la madre, una hoja médica en el que expresan el desistimiento de la ILE, autorizando al personal médico al procedimiento y tratamiento para continuar con el embarazo” (sic). De la relación precedente, se evidencia que desde el inicio, AA expresó su voluntad de interrumpir su embarazo, decisión que asumió sin ser adecuadamente informada con carácter previo; por lo que, hay una evidente ausencia de consentimiento informado, como lo establece el Fundamento Jurídico III.4.b); por otra parte, el cambio de su primera posición -la de interrumpir el embarazo- por otra totalmente contraria -la de desistir del procedimiento-; por lo que, dicha determinación no se debe a un consentimiento informado; sino muy al contrario, fue producto de un consentimiento viciado, en cuanto a la última decisión asumida -de no abortar- que se debió a presiones, coerción, desinformación, inducción de terceros -particulares, religiosos, miembros de ONG, no específicamente identificados-, que llevaron a la niña a asumir una posición, que jamás podría considerarse como expresión de un consentimiento libre e informado. La influencia y las presiones que ejercieron en la víctima no tuvieron en cuenta su edad, las situaciones traumáticas que sufrió ni todo lo que influyó en su constructo mental, hasta el extremo de imaginarse que el ser que gestaba iba a ser introducido en un frasco por pedacitos, pensamientos que en su percepción cognitiva, le ocasionaron sentimientos de miedo que provocaron un cambio en su determinación, que no fue producto ni resultado de una valoración razonada a partir de la consideración de las ventajas o desventajas de aplicarse un procedimiento médico, como es una interrupción legal del embarazo; sino, que fue resultado de la desinformación y la injerencia que ocasionaron terceros en la misma. Consecuentemente, resulta inadmisible que al inicio de la internación; es decir, cuando la niña AA ya se encontraba internada -se entiende en forma conjunta con la escueta participación que tuvo la DNA- ya se hubiera ejercido presión por terceras personas; y que posteriormente, después de unos días de haber ingresado al prenombrado Hospital -con ausencia de la DNA-, donde su personal médico no realizó control de sus visitas, sabiendo perfectamente que tenía un caso sensible en sus manos –por implicar una interrupción de embarazo a una niña violada-, dejando que personas no identificadas la visitaran, ofreciéndole alicientes o ventajas para inducir su voluntad sin que el mencionado personal interviniera para impedir ese tipo de agresiones psicológicas contra AA, quien naturalmente, fue distorsionando en qué consistía el procedimiento, hasta el extremo de imaginarse que cortarían en pedacitos al ser que llevaba en su vientre. Por esa ausencia de acompañamiento y nulo control para evitar que se interfiriera o se ejerciera influencia sobre la víctima; así como la falta de información que se le proporcionó para que se procediera o no a un aborto; y para que ésta, en su situación personal de vida, pudiera tomar su decisión de forma consciente; se evidencia que, las autoridades demandadas lesionaron, no sólo su derecho a expresar un consentimiento informado; sino también, se puso en riesgo su vida, salud, integridad y dignidad, correspondiendo conceder la tutela solicitada. d) Con referencia al derecho que tiene una mujer, niña y/o adolescente de resguardar sus derechos de confidencialidad e intimidad, en cuanto a un procedimiento médico o de interrupción legal del embarazo

Un niño, niña y/o adolescente goza del derecho que tienen los mismos de expresar libremente su opinión en asuntos que afecten sus intereses, el derecho a obtener información y el derecho a expresar un consentimiento informado que no se encuentre sujeto a injerencias o desinformación; más aún, en aquellos casos en los que por su estado de salud, la aplicación de un procedimiento sea una alternativa, como en el caso de la interrupción legal del embarazo, conforme se expresó en las consideraciones precedentes de este fallo constitucional. Ahora bien, dentro de la tramitación de procesos penales, en el caso que exista una denuncia por violencia sexual o de cualquier otra naturaleza contra un niño, niña y/o adolescente, los funcionarios públicos, autoridades jurisdiccionales y órganos receptores de denuncias, tales como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los Servicios Legales Integrales Municipales, trabajadores sociales, psicólogos, personal médico o administrativo y otros que realizan entrevistas a los mismos, a quienes se les compartió información de confianza sobre lo que vivieron en la experiencia traumática que pudieron haber atravesado, las consecuencias de dichos hechos, los resultados de su evaluación y otro tipo de datos sensibles; toda esa información que se les compartió debe ser mantenida en reserva y confidencialidad absoluta, a fin de asegurar el derecho que tienen a su privacidad, intimidad e imagen, resguardando su identidad, restringiendo el acceso a documentación, información y datos sobre lo sucedido a terceros, salvo autorización expresa de la autoridad competente; todo esto, en el marco de lo razonado en Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En el caso de autos, se evidencia que esa obligación que tenían autoridades públicas y administrativas no fue cumplida ni cuando la víctima iba ingresar al Hospital, ni cuando ya fue internada en el mismo; así, se tiene la siguiente información de lo expresado por medios masivos de comunicación social: a) “Autoridades judiciales y médicos del Hospital de la Mujer “Dr. Percy Boland Rodríguez” determinaron interrumpir el embarazo de una niña de 11 años de edad que fue víctima de violación en la localidad de Yapacaní, departamento de Santa Cruz. La representante de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, Silvia Zuazo, informó que la menor de edad presenta 21 semanas de embarazo y que está en el margen legal permitido que establece la interrupción del embarazo hasta la semana 22 en casos de violación” (sic). Las noticias señaladas evidencian que el presente caso fue mediático y publicado en medios de comunicación masivos, en los que autoridades de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz divulgaron información sensible, como el delito que se estaba investigando, la edad de la víctima, que producto de la violación quedó embarazada, la localidad donde sucedió el hecho, el hospital que estaba a cargo de la situación, el procedimiento que los “médicos (…) determinaron” y la intervención de terceras personas; por lo que, el hecho de no haberse dado el nombre de la niña por las autoridades demandadas llegó a ser irrelevante, ya que de todas formas se dieron todos los datos necesarios para su identificación; de modo que, este hecho traumático pasó a ser de dominio público. Bajo dichas circunstancias, no queda menos que preguntarse ¿dónde quedó la información que debieron darle las autoridades del poder público a la víctima para que pudiera asumir un consentimiento informado -sin injerencia- en el procedimiento que se le iba a aplicar?, nada de eso existió, sólo información distorsionada o desinformación, evidenciando la falta de consentimiento informado, además de lesionarse su derecho a la imagen, a la intimidad, a la confidencialidad, de todo lo que la misma habló dentro de la tramitación del proceso penal, como de los estudios médicos que le realizaron y todo lo que implica una revictimización inaceptable, como violencia institucional que se generó por las autoridades demandadas, desconociéndose el interés superior de la misma. Toda esta situación fue de pleno conocimiento de la AA, como se evidencia en el informe que realizó la psicóloga del SLIM, en la entrevista que se efectuó el 25 de octubre de 2021 (Conclusión II.8), en la que se evidencia que: “Pregunta.- ¿Cómo te enteraste de las noticias? R.- yo soy curiosa, agarre su celular de mi mamá y busque noticias Santa Cruz y ahí vi que todos ya sabían la noticia, la Lic. Silvia [DNA] estaba hablando un policía también est[á] hablando” (sic); de ésta relación se tiene que, la víctima, pese a su edad y condiciones naturales de madurez, asumió plena conciencia de la situación de desprotección pública en la que se encontraba, al enterarse en medios de comunicación social que su caso y sus circunstancias especiales eran de conocimiento público, revictimizándola una vez más. El escenario descrito evidencia que también se lesionaron el derecho a la intimidad, imagen y confidencialidad de la niña AA, otro aspecto más por el que se justifica conceder la tutela solicitada en contra de las autoridades demandadas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la lesión de los derechos a la vida, salud, integridad y dignidad; así como, la lesión de los derechos a obtener información, a expresar un consentimiento informado, a la imagen, intimidad y confidencialidad, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2º Disponer en el marco de la indemnización, como elemento del derecho a la reparación, la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , conforme lo dispuesto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Opinión del Comité. El uso de la histeroscopía para el diagnóstico y tratamiento de la patología intrauterina. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/03/the-use-of-hysteroscopy-for-the- diagnosis-and-treatment-of-intrauterine-pathology

2 Caso Caso I.V. Vs. Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016, p. 161, 165, 166, 181 y 189.

3 Art. 12.1 Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Art. 24.1Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud (…)

4 CIDH: “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, de 14 de noviembre de 2019, párr. 181.

5 Diario Opinión.(23 de octubre de 2021) En Santa Cruz interrumpirán embarazo de una niña que fue víctima de violación https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-interrumpiran-embarazo-nina-que-fue-victima- violacion/20211023090523840225.html

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0111_2026-S3.pdf · páginas 1 a 40.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9e77bcdbe20f949c32a00474b416831ae10de28e5338bb1e97e04557fc4e99c8

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