Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de abril de 2024
Concede la tutela
El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud, alimentación y seguridad social; ya que, no obstante haber hecho conocer a la autoridad demandada de forma oportuna y documentada que tiene a su cargo a su hijo con discapacidad intelectual, fue acosado laboralmente para que se acoja a la jubilación y presente su solicitud de retiro por dicho beneficio, misma que no fue aceptada por su persona, razón por la que, mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022, se le agradeció sus servicios, desconociendo el goce de su inamovilidad laboral y poniendo en grave riesgo el bienestar y desarrollo de su hijo, en franca vulneración de sus derechos al ser parte de un grupo vulnerable, sin olvidar que su persona también pertenece a ese grupo al ser adulto mayor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 138 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante Herlan Pedriel Coímbra, al último cargo que venía desempeñando en la Dirección General de Aeronáutica Civil, y con el mismo nivel salarial que percibía antes de su retiro, hasta que decida voluntariamente acogerse al beneficio de la jubilación, o se demuestre una causal de destitución previo debido proceso; debiendo la entidad empleadora proceder al pago de los sueldos devengados y demás derechos laborales que por ley le correspondan, a ser calculados desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva restitución laboral.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2024-S4 Sucre, 23 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49840-2022-100-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 081/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 138 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herlan Pedriel Coímbra contra Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Por memorial presentado el 29 de junio de 2022, cursante de fs. 1 y 55 a 60, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Su persona desempeñó funciones en la DGAC desde el 2011, teniendo antigüedad en la mencionada entidad pública en diversos cargos, y que mediante Memorándum DAF/2947/2013 HR. 30753 de 30 de diciembre de 2013, ratificado con los Memorándums RRHH-0419/2019 HR.15791 de 5 de junio de 2019 y DAF/RRHH - 190/2021 HR. 2143 de 28 de enero de 2021, asumió el cargo de Inspector III de Operaciones Categoría III-Encargado de vuelo con los ítems 106 y 85 de la planilla presupuestaria de la entidad, con cargo a la partida presupuestaria 11700. Como consta en el carnet de discapacidad de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez, el mismo nació con una deficiencia intelectual con porcentaje del 55%, encontrándose su persona a cargo del bienestar de su hijo desde su nacimiento hasta la fecha, extremo que fue de conocimiento del Director Ejecutivo a.i de la DGAC, incluso existiendo Informes DGAC-OPS-069/2016 JRÁC-ÁP/177/2016 de 3 de mayo; DAF-1339/2016 DGAC-1965/2016 de 8 de junio, OPS-DGAC/040/2019 CITE-AP/215/2019 de 24 de abril; OPS- DGAC/052/2019 CITE-AP/273/2019 de 17 de mayor; RRHH-1306-DGAC- 31943/2021 de 26 de agosto; y, DGAC-OPS-0121/2021 CITE AP-708/2021 de 18 de octubre; notas internas, externas y respuesta a notas, que advierten del conocimiento de la DGAC sobre la situación de su hijo y la importancia de conservar su trabajo para velar por el sustento y bienestar del mismo. No obstante, recibió constante acoso laboral de parte de la institución para que su persona se acoja a la jubilación y refrendas a través de las notas internas DAF-RRHH-1031/DGAC-19485/2021 de 9 de junio y DAF-UGTH-0040/DGAC-802/2021 de 10 de enero de 2022. Si bien cuenta con la edad para jubilarse, aún se siente en las condiciones físicas y mentales para poder seguir trabajando y velar por su familia; en ese entendido, luego de iniciar el proceso extraordinario de declaración de interdicción que radicó en el Juzgado Público de Familia Tercero del departamento de Beni, Causa 263/2021, con Nurej 8045428, emitiéndose la Sentencia 243/2021 de 17 de diciembre, que resolvió designarle tutor de su hijo; decisión que dio a conocer a la institución mediante nota interna DGAC-OPS-0121/2021 CITE AP-708/2021 de 18 de septiembre, advirtiendo en la misma el goce de inamovilidad laboral, que a la fecha –se entiende de presentación de esta acción tutelar–no cuenta con respuesta alguna. Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de inamovilidad laboral, mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 de 20 de junio, se le agradeció sus servicios, siendo notificado personalmente el 27 de junio de 2022 a las 12:35, resultando incoherente su remoción al tener la entidad demandada, conocimiento previo de que su persona es tutor de su hijo con discapacidad, restringiéndose su derecho al trabajo, seguridad social y la garantía de estabilidad económica, poniendo en grave riesgo el bienestar y desarrollo de su hijo, en franca lesión de sus derechos fundamentales al ser parte de un grupo vulnerable, sin olvidar que su persona pertenece también a ese grupo al ser adulto mayor.
El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud, alimentación y seguridad social, citando al efecto los arts. 45, 46, 48.III y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la reincorporación o reasignación de su fuente laboral con el ítem 085, como inspector III de operaciones, escala salarial Nivel 11 y sea más la imposición del pago de costas procesales, daños y perjuicios en favor de su persona como responsable o tutor, por atentar contra la seguridad social y estabilidad económica para el sustento de su familia, y como tal, contra la vida de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez, al ser parte de un grupo vulnerable de la sociedad.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 137 vta., presentes el accionante y el representante legal de la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela ratificó in extenso los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, mediante informe escrito presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 117 a 131, y en audiencia a través de sus representantes legales, señaló que: a) Mediante Informe UGTH-0579/H.R.-13755/2022 de 25 de abril, recibido el 26 de abril de 2022, Wilfredo Fernández Peñaranda, Jefe de la Unidad de Talento Humano, refirió que Herlán Pedriel Coímbra y otro, inspectores de la DGAC, a la fecha son beneficiados con la jubilación solidaria, tal como se acreditó por las notas enviadas por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs) FUTURO y PREVISIÓN de Bolivia. Asimismo, mediante Informe DJ-1009/2022 HR-13755/2022 de 6 de junio, Julio César Beyer Pacheco, Jefe de Unidad de Gestión Jurídica, concluyó que: “1. Los señores Herían Pedriel Coímbra (…) percibían renta de jubilación; 2. Al haber ingresado a trabajar a la DGAC en calidad de inspectores, suspendieron su renta de jubilación para no incurrir en doble percepción; 3. Las citadas personas tienen hijos con discapacidad, lo que los haría beneficiarios con inamovilidad laboral; 4. La inamovilidad laboral tiene la finalidad de proteger a los discapacitados en cuanto a un ingreso económico y la salud, 5. En el presente caso, las citadas personas a momento de dejar de trabajar en la DGAC, inmediatamente volverían a percibir sus rentas de jubilación, así como la cobertura de salud; por lo que, sus hijos no se encontrarían en desprotección” (sic); b) Por CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-MMCPH-0011-CAR/22 de 14 de junio de 2022, la Dirección General de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en respuesta a la nota DJ-852/2022 DGAC-002242/2022, de consulta sobre la situación de los servidores con inamovilidad al ser padres o tutores de hijos mayores o menores de edad con discapacidad grave; quienes fueron beneficiados con la jubilación, informó que esa Dirección se veía impedida de emitir criterio alguno respecto a casos concretos de desvinculaciones laborales de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de aquellos; siendo las unidades jurídicas, las instancias que deben asesorar adecuadamente respecto a la aplicación de la norma en situaciones específicas; c) De manera posterior se emitió el Memorándum DAF/UGTH-1093/2022, de agradecimiento de servicios a Herlán Pedriel Coímbra, quien fue notificado el 25 de julio de igual año, sin que el accionante hubiese interpuesto los recursos que la ley le franquea, en específico los de revocatoria y jerárquico para agotar la vía administrativa, habiendo precluido su derecho a impugnar; por lo que, esta acción de defensa no puede ser utilizada para salvar su propia negligencia como si este recurso extraordinario fuese un medio más de impugnación de actos administrativos; incumpliendo los principios de subsidiariedad y de inmediatez; d) Según nota FUT/1339/2022/GNBP/GP de 20 de abril de 2022, emitida por AFP Futuro de Bolivia, se señala que el accionante Herlán Pedriel Coímbra, percibe renta de jubilación desde junio de 2016, mismo que cumplió con los requisitos para una pensión de vejez; firmando una declaración de pensión de vejez el 17 de agosto del citado año, la cual está compuesta por las fracciones de compensación de cotizaciones mensual y de saldo acumulado; el periodo inicial de pago de junio de 2016, sin embargo la fracción por compensación de cotizaciones mensual se encuentra suspendida por concepto de doble percepción, situación comunicada por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); d) El art. 53 de la Ley de Pensiones (LP) –Ley 065 de 10 de diciembre de 2010–, dispone: “I. Los Asegurados o Derechohabientes que cuenten con Pensión o pago donde uno de sus componentes sea la Compensación de Cotizaciones Mensual y continúen realizando una actividad laboral financiada con recursos públicos, no podrán percibir el pago de la Compensación de Cotizaciones, a efecto de no incurrir en Doble Percepción, debiendo tramitarse la suspensión del pago de la Compensación de Cotizaciones Mensual. II. Los Asegurados con Pensión Solidaria de Vejez que continúen realizando una actividad laboral pública o privada no podrán percibir el pago de la Fracción Solidaria de Vejez”; e) El DS 29608, que modifica el art. 5 del DS 27477, hace una excepción para la inamovilidad de los padres o tutores de personas con discapacidad y es que existan causales establecidas por ley; en el presente caso, esta excepción se presenta debido a que el accionante es jubilado. Dicho extremo es ratificado por la Nota FUT/1339/2022/GNBP/GP de 18 de abril recepcionada el 20 del referido mes y año, ratificada por la impresión de la página del SENASIR que establece que Herlán Pedriel Coímbra tiene el beneficio de compensación de cotizaciones, con fecha de inicio de trámite de 2 de diciembre de 2002, y el mismo cuenta con resolución de renta; f) De la revisión de toda la jurisprudencia presentada por el accionante, se concluyó que la misma no es vinculante ni aplicable en el presente caso, ya que el hecho o conjunto fáctico es diferente; esto quiere decir que en ninguno de los casos tratados por los jueces de garantías, tenían como sujeto a una persona jubilada con acceso a una pensión solidaria de vejez; g) No se vulneró el derecho a la salud, porque actualmente el impetrante de tutela y su hijo gozan del derecho a la cobertura de salud en los entes gestores, todo esto conforme lo dispuesto en el art. 60 de la LP, tampoco se lesionó el derecho a la alimentación, ya que el accionante, al dejar de trabajar en la DGAC, puede volver a percibir la renta de jubilación, por lo cual, está en condiciones de cubrir las necesidades alimentarias propias y las de su hijo; h) Del mismo modo, el art. 3 de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad –Ley 977 de 26 de septiembre de 2017–, dispone el pago de un bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave por un monto de Bs250.-(doscientos cincuenta bolivianos) mensuales, los mismos que deben ser pagados por los Gobiernos Autónomos Municipales, monto de dinero del cual el hijo del solicitante de tutela es acreedor conforme consta en la impresión del Comunicado 0216/16.0202022 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento de Beni; por el cual, se informa el pago de dicho bono, adjuntando una lista en la que se encuentra como beneficiario Keivin Kriss Pedriel Álvarez; y, i) De lo expuesto, se solicitó se deniegue la tutela impetrada por no haber existido vulneración de los derechos invocados por el peticionario de tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 081/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 138 a 149, concedió la tutela solicitada; ordenando al Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas, proceda a la reincorporación del accionante al mismo cargo que ocupaba antes de su desvinculación laboral (Inspector III de Operaciones con el ITEM 085 de la Escala Salarial Nivel II), otorgándose a dicho efecto a la entidad demandada, el plazo máximo de tres días computables a partir del día siguiente hábil a su legal notificación con el fallo constitucional; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: 1) De lo denunciado como vulnerador de derechos fundamentales del impetrante de tutela, así como de su petitorio y lo alegado por la parte demandada, se infiere que la discusión central radica en el hecho de que si el derecho constitucional de jubilación es una potestad o no del empleador, en vista de que el trabajador ya alcanzó la edad para gestionar su jubilación o ya cuenta con una jubilación, cuyo pago de compensación de cotizaciones mensuales se encuentra suspendido por concepto de doble percepción; 2) De conformidad al art. 46 de la CPE, en relación con los arts. 9.4 y 13 de igual Norma Suprema, todas las bolivianas y los bolivianos, en primer término, tienen el derecho al trabajo digno, cuyo contenido se halla vinculado con la seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, prohibición de discriminación, remuneración o salario justo que le asegure para sí y su familia una existencia digna; en segundo término, tienen el derecho a una fuente laboral estable, entendida también como estabilidad laboral, en condiciones equitativas y satisfactorias; y, en tercer término, el Estado, a través de las autoridades competentes, asume el deber constitucional de proteger el ejercicio del derecho al trabajo de las interferencias ilegales e ilegítimas que provengan, principalmente, de sus empleadores. De la revisión de los antecedentes puestos a consideración de la Sala Constitucional, se evidenció que el impetrante de tutela, mediante contrato de 28 de diciembre de 2012, ingresó a trabajar a la DGAC como Inspector de Operaciones, categoría III, siendo el último cargo al que fue reasignado, el de Inspector III de Operaciones a través del Memorándum DAF/RRHH-190/2021 HR. 2143, y que mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 HR. 21134, se le agradeció por los servicios prestados a dicha entidad a partir del 24 de igual me y año; 3) Así también se evidenció que, ante la solicitud realizada el 3 de mayo de 2016, por Herlan Pedriel Coímbra al Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, de que se instruya el inicio de su trámite de inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez, la misma fue atendida favorablemente por Gualberto Roque Romero, Director Administrativo y Financiero de dicha entidad, quien mediante Nota DAF-1339/2016 DGAC-1965/2016, respondió al hoy accionante indicándole que a partir de esa fecha gozaba de inamovilidad laboral en el puesto de Inspector III de Operaciones, situación que demostró que la autoridad hoy demandada, tenía conocimiento pleno de la protección laboral reforzada con la que contaba el ahora impetrante de tutela, la cual fue sustentada y respaldada además en fecha posterior con la remisión del carnet de discapacidad y de la copia legalizada de la Sentencia 243/2021, dictada por el Juzgado Público de Familia Tercero del departamento de Beni, mediante la cual se declaró interdicto a Keivin Kriss Pedriel Álvarez, designándose como su tutor a su progenitor –solicitante de tutela–; 4) En ese contexto, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la lesión de derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables, como ocurre en el presente caso, pues la inamovilidad laboral que reclama el accionante, se debe a su condición de tutor de una persona con discapacidad que es su hijo; de modo que el fallo a emitirse, repercutirá directamente sobre éste; incumbiendo ingresar de manera directa a análisis del problema jurídico planteado, sin la exigencia del agotamiento previo de las vías legales de reclamo; 5) De los antecedentes que originan la acción tutelar, se advirtió que en la desvinculación laboral efectuada contra el impetrante de tutela Herlán Pedriel Coímbra, no se alegó ninguna causal de despido, teniéndose como único antecedente, las invitaciones realizadas por el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, en sentido de que al contar con la edad para gestionar su jubilación, de manera voluntaria inicie los trámites para acogerse a dicho beneficio y presente su solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones; no obstante ello, a través del informe escrito de la parte demandada, se infirió que aparte de dicho argumento, el motivo de la desvinculación laboral del impetrante de tutela se debía a que éste ya contaba con una jubilación desde el 2016, lo que constituyó en una excepción al derecho a gozar de inamovilidad laboral por discapacidad; toda vez que, la normativa prevista en el art. 8 de la LP, establece las condiciones de acceso a la prestación de vejez, debiendo interpretarse la palabra "accederá" como una obligación para la persona que cumple los requisitos para acceder a la pensión solidaria de vejez; 6) Al haberse emitido el Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 HR. 21134, se vulneró su derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral del accionante, la cual, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, protege a toda persona que tenga bajo su dependencia o cargo a una persona con discapacidad, la misma que al pertenecer a un grupo vulnerable, merece una protección reforzada. En el caso de autos, el hoy accionante ha sido declarado tutor, en estricta aplicación y observancia del art. 72 de la Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–, el cual, dentro de sus obligaciones está el de representarla en los actos de la vida civil y administrar su patrimonio, en virtud de las circunstancias de cada caso y el grado de discapacidad, así como cuidar de la persona afectada, asistiéndole en su alimentación, salud, vivienda, vestimenta, aseo y otras necesidades básicas que le sean proporcionadas por la persona de quien depende o a cuyo cargo se encuentre, siendo por ello indispensable para el encargado o tutor contar con inamovilidad laboral, en el entendido de que dicho derecho, le garantiza contar con los recursos económicos de manera regular para poder cubrir sus necesidades básicas, las de su familia y asimismo de la persona con discapacidad que se encuentra a su cargo; 7) Habiéndosele agradecido al impetrante de tutela por los servicios prestados en la institución, teniendo pleno conocimiento que éste es tutor de una persona con discapacidad grave, se le afectó de manera directa, pues si bien debido a que cuenta con una pensión de jubilación, cuya fracción por compensación de cotizaciones mensual está suspendida, a la cual puede acceder sin que se le afecte sus ingresos económicos, dicho razonamiento si bien es cierto, no se debe dejar de lado que la desvinculación intempestiva o injustificada, implica la vulneración del derecho al trabajo y, que si bien la pensión de jubilación garantiza contar con recursos económicos para la subsistencia, la desmejora económica existente entre la renta de vejez y el salario mensual resulta sustancial, llegando a afectar ya no solo al trabajador, sino a su grupo familiar y por ende a la persona con discapacidad, independientemente de que la jubilación garantice la continuidad del derecho a la seguridad social; 8) En el fondo, debe entenderse que el derecho a la jubilación no está contemplado como una causa justificada de despido y menos está considerada la edad como una causa que limite el derecho al trabajo, debiendo considerarse, que por mandato del art. 45.IV de la CPE, la jubilación es un derecho del trabajador y no "una supuesta potestad" del empleador; por lo que, si bien el Director Ejecutivo de la DGAC, al tomar la decisión de invitar al trabajador Herlán Pedriel Coímbra a que haga uso de su derecho constitucional a la jubilación, no está poniendo en riesgo, resistencia o duda ningún derecho del trabajador, no es menos cierto, que al ser el derecho a la jubilación un derecho exclusivo del trabajador, es éste quien tiene que tomar la iniciativa de acogerse o no a la jubilación; por lo que, al habérsele agradecido por sus servicios prestados sin mediar causal justificada alguna, la autoridad demandada desconoció lo previsto en los arts. 13, 14 y 46 de la Ley Fundamental, pues al privarle de su fuente laboral le impide que cumpla con su obligación establecida en el art. 11 de la Ley de la Persona con Discapacidad – Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995– (L1678), por la que debe prestar toda la atención y cuidado necesario, como también procurar todos los medios para la mejor rehabilitación de su hijo con discapacidad, pues, para cumplir dicha obligación, necesariamente debe tener un trabajo digno y seguro; 9) No correspondía dejar sin trabajo al solicitante de tutela, a no ser que existan causales legales y medie a dicho efecto un previo proceso administrativo interno, donde se demuestre que este hubiese cometido alguna falta grave, los que no se advierte en el presente caso; por lo que, ante la falta del referido proceso administrativo, se le vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso, puesto que es imprescindible que de manera clara y expresa se le haga saber las razones, motivos o causas por las que se asumió tal determinación, hechos que al margen de lesionar sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, decantaron en la contravención de otros derechos que se hallan vinculados a ellos, puesto que su hijo con discapacidad es un ser frágil y de absoluta dependencia, privándosele además al accionante de su derecho de seguir aportando a la AFPs, que le asegure una jubilación digna, por lo que corresponde que el ahora demandado, restituya al accionante a su puesto de trabajo del que fue privado indebidamente; debiendo mantener el vínculo laboral sin afectar su escala salarial, dado que la estabilidad del salario tiene la finalidad de garantizar el sustento del entorno familiar del trabajador y por ende de su dependiente con discapacidad; y, 10) Se debe considerar que la jubilación no es obligatoria y al no ser la edad un requisito fundamental para ello, se discrimina al accionante al privarle de su trabajo por simplemente haber cumplido la edad para jubilarse.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene contrato modificatorio al Contrato Administrativo de Servicios Especiales, de 25 de septiembre de 2013, por el que la DGAC modificó el contrato suscrito el 28 de diciembre de 2012, con Herlán Pedriel Coímbra, como Inspector de Operaciones Categoría III (Encargado de Vuelo), incrementando su haber mensual de $us1.000.-(mil dólares estadounidenses) a $us1.080.- (mil ochenta dólares estadounidenses), manteniendo firmes y subsistentes las demás cláusulas del contrato administrativo de servicios especiales (fs. 5).
septiembre, el Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, designó a Herlán Pedriel Coímbra para continuar trabajando en dicha Dirección y en el mismo cargo a partir del 1 de enero de 2014, con el ítem 106, nivel 8 de la escala salarial (fs. 6).
3 de mayo, el hoy accionante Herlán Pedriel Coímbra solicitó a Edgar Pereyra Quiroga, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, instruya el inicio de su trámite de inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez (fs. 10 a 11). De cuyo efecto, por nota DAF-1339/2016 DGAC-1965/2016 de 8 de junio, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, Gualberto Roque Romero, dio respuesta a dicha solicitud, en la que se le comunicó que a partir de esa fecha su persona goza de inamovilidad laboral en el puesto de inspector III de operaciones (fs. 12). II.4. Cursa el carnet de discapacidad de Keivin Kriss Pedriel Álvarez, hijo del ahora impetrante de tutela, extendido el 19 de julio de 2018, con vigencia al 19 de julio de 2022, por el que se acredita su discapacidad intelectual en un porcentaje del 55% (fs. 4). II.5. Se tiene el Informe OPS-DGAC/040/2019 CITE-AP/215/2019 de 24 de abril, a través del cual, el hoy impetrante de tutela puso a conocimiento del Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas, su petición de inamovilidad laboral DGAC-OPS-069/2016 JRAC - AP/177/2016 de 3 de mayo, así como la nota de respuesta DAF-1339/2016 DGAC- 1965/2016 de 8 de junio, impetrando a su vez, se le mantenga su inamovilidad laboral (fs. 13). II.6. A través de la Nota Interna OPS-DGAC/052/2019 CITE-AP/273/2019 de 17 de mayo, Herlán Pedriel Coímbra hizo llegar a Jorge Hernán Alarcón Gamarra, Jefe de Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de la DGAC, certificado de nacimiento de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez, fotocopia legalizada de su carnet de discapacidad y Certificado del Comité Departamental de las Personas con Discapacidad, otorgado por la Directora Ejecutiva CODEPEDIS-Beni; a fin de dar continuidad a su solicitud de inamovilidad laboral (fs. 18).
junio de 2019, el Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, comunicó al ahora solicitante de tutela el cambio de descripción de puesto de inspector III de operaciones categoría III (encargado de vuelo) a inspector III de operaciones, ítem 106, debiendo dar cumplimiento al Manual de Descripción de Puestos de dicha Dirección, no afectando su ítem y nivel salarial (fs. 8).
enero de 2021, por medio del cual, el Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, a partir del referido mes, reasignó a Herlan Pedriel Coímbra al cargo de inspector III de operaciones, dependiente de la Unidad de Operaciones de la Dirección de Seguridad Operacional, correspondiente al Nivel Salarial 11 (Inspector III/Profesional IV) con el ítem 85 de la planilla presupuestaria de la entidad, con cargo a la partida presupuestaria 11700 (fs. 7).
9 de junio, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, José Iván García Terceros, invitó al hoy accionante Herlan Pedriel Coímbra, a que de manera voluntaria inicie los trámites para acogerse a la jubilación debido a que cumple con el requisito de edad de conformidad a lo establecido en el inc. c) del art 8 de la Ley 65, pidiéndole presente su solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones pendientes (fs. 20).
II.10. Por medio de la Nota Interna RRHH-1306-DGAC-31943/2021 de 26 de agosto, Wilfredo Fernández Peñaranda, Jefe de la Unidad de Gestión del Talento Humano de la DGAC, solicitó a Herlan Pedriel Coímbra, efectúe el trámite ante el Servicio Departamental de Salud (SEDES), de inscripción de su hijo en el Sistema de Información de Registro Único de Personas con Discapacidad (SIRUPD), de conformidad con la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 –Ley General para Personas con Discapacidad–, Decretos Supremos (DDSS) 3989 de 25 de julio de 2019 y 1893 de 12 de febrero de 2014 –Reglamento a la Ley 233 de Personas con Discapacidad– y demás normativa, con la advertencia que de no hacerlo no sería sujeto a los beneficios que dicho registro otorga (fs. 19). II.11. Se tiene la Nota Interna DGAC-OPS-0121/2021 CITE AP-708/2021 de 18 de octubre, a través de la cual, el hoy peticionario de tutela remitió al Director Ejecutivo a.i. de la DGAC –ahora demandado–, copia legalizada de la Sentencia 243/2021 de 17 de septiembre, dictada por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, que resolvió declarar interdicto a Keivin Kriss Pedriel Álvarez y designar como su tutor a Herlán Pedriel Coímbra (fs. 9 y 22 a 30).
enero de 2022, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, José Iván Fernando García Terceros, recordó al hoy solicitante de tutela que cumple con el requisito de edad para gestionar su jubilación, invitándole nuevamente a que de manera voluntaria inicie los trámites para acogerse a ese beneficio e impetrando la presentación de solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones pendientes (fs. 21). II.13. Constan boletas de pago de haberes del hoy impetrante de tutela, Herlán Pedriel Coímbra, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 (fs. 31 a 32).
por medio del cual, el Jefe de Gestión Jurídica de la DGAC, informó al Director Administrativo Financiero de dicha institución, entre otras cosas, que de acuerdo al Informe UGTH-0579/H.R-13755/2022 de 25 de abril, elaborado por el Jefe de Unidad de Gestión del Talento Humano de la DGAC, Herlán Pedriel Coímbra y otro, tienen hijos con discapacidad y perciben renta de jubilación, mismos que al haber sido incorporados como inspectores a la DGAC, suspendieron su beneficio de jubilación para no incurrir en doble percepción. Asimismo, informó que al dejar de trabajar en la citada institución pueden volver a percibir la renta de jubilación y la cobertura de salud; por lo que, no estarían en desprotección para cubrir las necesidades de sus hijos que tienen discapacidad (fs. 102 a 106). II.15. Mediante nota FUT/1339/2022/GNBP/GP de 18 de abril de 2022, el Jefe de Pagos y Conciliaciones de la AFPs FUTURO DE BOLIVIA, certificó que Herlán Pedriel Coímbra, solicitó el 9 de junio de 2016, pensión por vejez compuesta por las fracciones de compensación de cotizaciones mensual y de saldo acumulado, aclarando que la fracción de compensación se encuentra suspendida por doble percepción, situación comunicada por el SENASIR (fs. 111). II.16. Por Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 HR. 21134 de 20 de junio de 2022, el Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas, comunicó a Herlán Pedriel Coímbra, su agradecimiento de servicios como inspector III de operaciones, considerando su último día laboral el 24 de junio de 2022, siendo recibido por el accionante el 27 de junio de igual año (fs. 33).
El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud, alimentación y seguridad social; ya que, no obstante haber hecho conocer a la autoridad demandada de forma oportuna y documentada que tiene a su cargo a su hijo con discapacidad intelectual, fue acosado laboralmente para que se acoja a la jubilación y presente su solicitud de retiro por dicho beneficio, misma que no fue aceptada por su persona, razón por la que, mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022, se le agradeció sus servicios, desconociendo el goce de su inamovilidad laboral y poniendo en grave riesgo el bienestar y desarrollo de su hijo, en franca vulneración de sus derechos al ser parte de un grupo vulnerable, sin olvidar que su persona también pertenece a ese grupo al ser adulto mayor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1483/2011-R de 10 de octubre, se ha pronunciado sobre la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con discapacidad, estableciendo lo siguiente: “Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’. (…) si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: ‘…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un «(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado. Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada” (las negrillas son nuestras).
En consonancia con lo precedentemente señalado, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, sostuvo que: “El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional en armonía con la Constitución Política del Estado, en la SC 0989/2011-R de 22 de junio de 2011, estableció que: ‘Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante «acciones afirmativas» busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”´ (las negrillas nos pertenecen). Bajo dicho entendimiento, en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos fundamentales de personas con discapacidad o de aquellas que se encuentran a cargo de las primeras, la acción amparo constitucional, se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues se comprende que la problemática planteada adquiere inmediata atención constitucional al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de debilidad manifiesta, además de la posibilidad de que se trate de un acto discriminatorio.
Al respecto, la SCP 0105/2019-S2 de 5 e abril, indicó que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE, prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un cost[o] económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
Con relación a la estabilidad laboral la SCP 0337/2012 de 18 de junio, señaló que: “El derecho de toda persona a la estabilidad laboral contenida en el art. 46.I.2 de la CPE, no sólo se constituye en una conquista de los trabajadores, sino que es una de las funciones esenciales del Estado, constituir una sociedad justa y armoniosa con justicia social; bajo dicho mandato constitucional se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.
Por su parte, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su art. 4 señala: ‘No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio’. A su vez, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1160/2010-R de 27 de agosto, refiriéndose a la estabilidad laboral señaló: ‘El concepto de estabilidad laboral deviene de la cualidad de estable que en la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española alude a lo que «se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer»; «encontramos que en el ámbito laboral, estabilidad consiste en el derecho de un trabajador a conservar su puesto de trabajo indefinidamente, siempre que no se incurra en faltas previamente determinadas o de no acaezcan especialísimas circunstancias». (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas). La estabilidad en la faena genera en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona la inseguridad e inestabilidad laboral con la posibilidad cierta –a mediano plazo– de ser despedida de su trabajo arbitrariamente y muchas veces solo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección del centro laboral e institucional. La estabilidad laboral genera mejores condiciones de trabajo y obtener del trabajador todas sus potencialidades que irán en beneficio del resultado del trabajo eficiente y eficaz, es necesario erradicar el fantasma del despido arbitrario sin previo proceso, de donde resulta que en toda sociedad que se precie de civilizada se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido previo proceso por faltas disciplinarias previamente tipificas por ley anterior a los hechos que sirvan de base para su investigación, procesamiento y sanción.(…) La estabilidad laboral, tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral, depende únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente, por causas que hagan imposible su continuación, de lo que se desprende que la estabilidad, constituye un derecho para el trabajador que, por supuesto, le exige el cumplimiento de las obligaciones inmersas a la naturaleza del trabajo…” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, refirió que cuando se afecta la estabilidad laboral: “…no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos”.
Sobre la seguridad social que involucra, entre otros, a la jubilación, la SCP 0942/2017-S1 de 28 de agosto, desarrolló los siguientes entendimientos: “El art. 45 de la CPE, establece que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando que esta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. La citada norma en su parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. En tal contexto se tiene que la seguridad social se constituye en un conjunto de derechos, en el que se encuentra el de la jubilación; de tal forma, tanto en su forma conjunta como individual, estos derechos gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco; y, así lo ha comprendido ya la jurisprudencia constitucional a través de SCP 0280/2012 de 4 de junio, (por citar alguna), desarrollando además que la jubilación protege: `…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales´. El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, también se encuentra reconocido por normas internacionales reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, entre las que destacan el Convenio 102 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) de 1952, que expresa que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez; los arts. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: ‘Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social…’; XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Del texto constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se desprende que el derecho a la seguridad social, en relación con el derecho a la jubilación, protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, entre otras contingencias; y, bajo tal contexto, el Estado Plurinacional Boliviano tiene el deber de garantizar y brindar efectivamente protección frente a las contingencias señaladas para asegurar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social. Por otra parte, el ya citado art. 45 de la CPE, indica (entre otros) que el acceso a la seguridad social (que comprende el derecho a la jubilación), debe orientarse por los principios de universalidad y eficiencia. Así según el principio de universalidad, el Estado Plurinacional Boliviano – como sujeto pasivo principal del derecho a la seguridad social‒ debe garantizar las prestaciones de la seguridad social a todas las personas, sin ninguna discriminación, y en todas las etapas de la vida. Por tanto, el principio de universalidad se encuentra ligado al mandato de ampliación progresiva de la cobertura de la seguridad social de forma que las entidades públicas a quienes se les ha delegado la atención de la seguridad social con énfasis en la atención de los grupos más vulnerables. Por su parte, el principio de eficiencia requiere la mejor utilización social y económica de los recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros disponibles, para que los beneficios a que da derecho la seguridad social, sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. Es prudente establecer que en su acepción más básica, la eficiencia se define como la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos y la maximización del bienestar de las personas” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, precisó la dimensión de alcance de protección reforzada ante la lesión de derechos de este grupo vulnerable, señalando que: “El art. 1 de la CPE, establece que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’, en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, estableció: ‘Que, según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…’. En este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece ‘Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana’, de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa. Asimismo y de lo anterior, se extrae que la protección que las autoridades deben brindar a las personas adultas mayores, debe traducirse en la formulación de políticas públicas (generales) pero también a momento de tomar decisiones particulares que afecten a dicho grupo social, ello en virtud al efecto normativo de los derechos de las personas adultas mayores reconocidos en el art. 67 de la CPE, y la prohibición de abandono establecido en el art. 68 de la Norma Suprema, que conforme al art. 108.1 de la Ley fundamental, alcanza a las autoridades jurisdiccionales’. Respecto a la discriminación de las personas de la tercera edad la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, sostuvo que: ‘…la Ley Fundamental reconoce derechos aplicables para determinados grupos sociales, sin que ello signifique el desconocimiento a la igualdad que propugna la Norma Suprema, sino que por el contrario, tales derechos tienen como meta el lograr materializar la anhelada igualdad de oportunidades y de calidad de vida, entre todos los bolivianos, y en el caso específico de los adultos mayores, a través de los artículos 67 y 68 de la CPE, que establecen que las personas de la tercera edad, tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación. Ésta protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la condición física y mental de las personas de la tercera edad, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de resguardo reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las condiciones aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de agresión. Es bajo éste razonamiento, que la jurisprudencia constitucional debe brindar protección fortalecida a los derechos de éste grupo poblacional, especialmente en lo relacionado con el derecho a la salud, seguridad social y alimentación que se encuentran íntimamente ligados a su supervivencia” (las negrillas nos corresponden). La Constitución Política del Estado, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad que se encuentran dentro del grupo denominado “vulnerable”, y por tanto de protección reforzada en sus arts. 67 al 69, reconociendo los derechos de los adultos mayores y garantizando su vigencia a través de políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana, a través de una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales. En tal sentido, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, estableció que: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables-por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas‛ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas son nuestras). De igual manera, la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, señaló que: “Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana. Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: ‘El art. 1 de la CPE, establece que: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…», en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que: «…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…». Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: «el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada» (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: «Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana».
(…)
En consecuencia, del contenido expresado en la justicia constitucional respecto de las personas adultas mayores con sus particularidades y por estar expuestas a diferentes riesgos, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, referente en concreto al principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, recordando que mientras más edad tenga una persona es más propensa al abandono por su familia; hecho que convoca al Estado a disminuir ese penoso escenario, proporcionando la protección requerida, traducidas en políticas públicas, desde luego que también la sociedad debe generar mayor espacio y oportunidad de participación, según sus características pero ante todo revitalizando los conocimientos que tan ampliamente tienen, asumiendo actitudes en torno a la concepción cíclica de la vida‛” (las negrillas nos pertenecen).
Con relación al tema la SCP 0781/2015-S1 de 18 de agosto, señaló que: “La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales (individuales y colectivos), siempre considerando que la norma suprema, no solamente rige las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los manifiestamente más débiles, mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables. (…)
Ahora bien, la Ley Fundamental reconoce derechos aplicables para determinados grupos sociales, sin que ello signifique el desconocimiento a la igualdad que propugna la Norma Suprema, sino que por el contrario, tales derechos tienen como meta el lograr materializar la anhelada igualdad de oportunidades y de calidad de vida, entre todos los bolivianos, y en el caso específico de los adultos mayores, a través de los artículos 67 y 68 de la CPE, que establecen que las personas de la tercera edad, tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación.
Ésta protección específica, se encuentra vinculada al cuidado especial que merece la condición física y mental de las personas de la tercera edad, circunstancias que constituyen a éste sector poblacional, en un grupo de resguardo reforzada, debido la vulnerabilidad a la que son susceptibles en consideración de las condiciones aludidas, que les significan la imposibilidad de dar una respuesta adecuada o proporcional a situaciones de agresión. Es bajo éste razonamiento, que la jurisprudencia constitucional debe brindar protección fortalecida a los derechos de éste grupo poblacional, especialmente en lo relacionado con el derecho a la salud, seguridad social y alimentación que se encuentran íntimamente ligados a su supervivencia.
Bajo éste enfoque, en mérito a la constitución axiomática, se tiene que la materialización del paradigma del ‘vivir bien’, implica un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de ‘vulnerabilidad material’. En ese contexto, debe tomarse en cuenta que en circunstancias donde se denuncian actos que son lesivos o limitan a derechos fundamentales que atañen a personas de la tercera edad; en virtud a las características de nuestro modelo de Estado Constitucional de Derecho, que además se identifica como plurinacional e intercultural, todo individuo y con mayor razón los servidores públicos, tienen el deber de asegurar la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del paradigma de favorabilidad para aquellos sectores poblacionales que son considerados de atención prioritaria (como los adultos mayores), armonizado con el modelo del ‘vivir bien’…” (las negrillas son indicativas).
El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud, alimentación y seguridad social; toda vez que, no obstante haber hecho conocer a la autoridad demandada de forma oportuna y documentada que tiene a su cargo a su hijo con discapacidad intelectual, fue acosado laboralmente para que se acoja a la jubilación y presente su solicitud de retiro por dicho beneficio, misma que no fue aceptada por su persona, razón por la que, mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022, se le agradeció sus servicios, desconociendo el goce de su inamovilidad laboral y poniendo en grave riesgo el bienestar y desarrollo de su hijo, en franca vulneración de sus derechos al ser parte de un grupo vulnerable, sin olvidar que su persona también pertenece a ese grupo al ser adulto mayor. Con carácter previo al análisis de fondo de dicha problemática, corresponde precisar que, conforme se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la subsidiariedad como uno de los principios procesales que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; sin embargo, no es menos evidente que existen situaciones especiales que permiten hacer abstracción del principio de subsidiariedad, tal el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta entre los que se encuentran las personas con discapacidad y adultas mayores, oportunidad en la cual, es posible aplicar la excepción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales, permisión que se hace extensiva a quienes tengan bajo su guarda a personas con discapacidad, como el caso que hoy nos ocupa analizar, que dada la situación Herlan Pedriel Coímbra, como padre de un hijo en situación de discapacidad, le asiste la excepcionalidad de la aplicación del principio de subsidiariedad, sin olvidar que el prenombrado al ser adulto mayor, también pertenece a un grupo vulnerable y consecuentemente, también goza de una protección reforzada por parte del Estado. Bajo ese marco constitucional, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico traído a colación en esta acción de defensa, centrando nuestro estudio en dos aspectos relevantes: i) La facultad o potestad que tiene el trabajador de acceder al beneficio de jubilación; y, ii) La protección de las personas con discapacidad en situación de dependencia y la garantía de inamovilidad laboral del trabajador.
De conformidad a los antecedentes que acompañan esta acción tutelar, se tiene que, mediante Nota Interna DAF-RRHH-1031/DGAC-19485/2021, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, José Iván García Terceros, invitó al hoy accionante a que voluntariamente inicie los trámites para acogerse a la jubilación, debido a que cumple con el requisito de edad de conformidad a lo establecido en el inc. c) del art 8 de la LP, impetrando presente su solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones pendientes; invitación que fue reiterada por Nota Interna DAF-UGTH-0040/DGAC-802/2021. Paralelamente, la referida entidad hoy demandada, decide solicitar criterio legal respecto de la inamovilidad laboral en favor del impetrante de tutela, emitiéndose en consecuencia el Informe DJ-1009/2022 HR-13755/2022, por medio del cual, el Jefe de Gestión Jurídica de la DGAC, informó al Director Administrativo Financiero de dicha institución, entre otras cosas, que de acuerdo al Informe UGTH-0579/H.R-13755/2022, elaborado por el Jefe de Unidad de Gestión del Talento Humano, Herlán Pedriel Coímbra –hoy accionante- es padre de un hijo con discapacidad y percibe renta de jubilación, misma que fue suspendida para no incurrir en doble percepción, en virtud a que el prenombrado fue incorporado como inspector en la DGAC. Asimismo, informa que al dejar de trabajar en la citada institución, el accionante puede volver a percibir la renta de jubilación y la cobertura de salud; por lo que, en criterio legal, no se estaría desprotegiendo las necesidades de su hijo con discapacidad. Con base en dicho informe, la institución hoy demandada, mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 HR. 21134, decidió agradecerle sus servicios, comunicando que su último día laboral era el 24 de junio de 2022, ordenando la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas por cesación de sus funciones. Ahora bien, resulta importante recordar a la institución demandada, que el derecho a la jubilación, se encuentra contemplado en el art. 45.IV de la CPE y se vincula al derecho a la seguridad social previsto en los parágrafos II y III del mismo artículo; último este que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, siendo el Estado el que garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. En armonía con el precepto constitucional referido precedentemente, la LP, en su art. 8 inc. c) estipula que el asegurado podrá acceder a la prestación de vejez: “A partir de los cincuenta y ocho años (…) siempre y cuando cuente con una Densidad de Aportes (…) y financie un monto de Pensión de Vejez…”, estableciendo además, en su art. 53, que: “I. Los Asegurados o Derechohabientes que cuenten con Pensión o pago donde uno de sus componentes sea la Compensación de Cotizaciones Mensual y continúen realizando una actividad laboral financiada con recursos públicos, no podrán percibir el pago de la Compensación de Cotizaciones, a efecto de no incurrir en Doble Percepción, debiendo tramitarse la suspensión del pago de la Compensación de Cotizaciones Mensual. II. Los Asegurados con Pensión Solidaria de Vejez que continúen realizando una actividad laboral pública o privada no podrán percibir el pago de la Fracción Solidaria de Vejez”. Ahora bien, de la lectura de la normativa arriba desglosada, se desprende que el sistema de reparto de manera alguna impone al trabajador acogerse a la jubilación ante el cumplimiento de la edad expresamente señalada, más al contrario, ésta únicamente regula las condiciones de acceso a la prestación de jubilación; y no así, el establecimiento de una edad límite imperativa para optar a dicho beneficio; toda vez que, no es la edad ni la densidad de aportes que el trabajador hubiera cotizado la que determina o define la jubilación, sino que tratándose este beneficio de un derecho individual (art. 45.IV CPE), este debe ser ejercido por su titular en el marco de su propia voluntad y sin que medie presión alguna; entendiéndose con ello, que dicha normativa contiene una disposición potestativa y por lo tanto no obligatoria para el beneficiario, quien sin lugar a duda, goza de la discrecionalidad de asumir la decisión de acogerse o no a la jubilación frente al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley que rige esta materia. En tal virtud, en el caso que se analiza y de acuerdo a los antecedentes procesales, la decisión de la autoridad demandada de invitar e instar al hoy accionante a que “voluntariamente” inicie los trámites para acogerse a la jubilación y presentar su solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones pendientes, bajo el argumento de que hubiera alcanzado la edad prevista por ley, siendo que al no haber logrado dicho cometido, se procedió con el agradecimiento de sus servicios, sin duda constituye una determinación desacertada, por cuanto de ninguna manera la edad puede constituirse en un justificativo para desvincular al trabajador de su fuente laboral o ser asumida como causal de despido; mucho menos basarse en esa condición (edad de jubilación) para tomar la decisión de dar fin a la relación laboral, puesto que ello implica un acto discriminatorio por parte del demandado en razón a la edad del trabajador; situación proscrita por mandato expreso del art. 14.II de la Ley Fundamental, ya que este, al ser una persona de la tercera edad y padre de una persona en situación de discapacidad, se halla comprendido por doble partida dentro de los grupos vulnerables, lo que obliga, incuestionablemente y de manera preferente, a proteger y resguardar su derecho al trabajo, velando por su inamovilidad y estabilidad laboral, a fin de resguardar sus propios derechos así como los de su hijo con discapacidad del cual es tutor legal. En tales circunstancias, la desvinculación asumida por la autoridad demandada, sin causal justificada ni previo proceso y bajo el exiguo criterio de que el accionante debe acogerse a la jubilación en razón de su edad, en definitiva desconoce el mandato de protección contenido en los arts. 14.II y 46 con relación a los arts. 67 y 68, todos de la CPE, que expresamente determinan que las personas adultas mayores, tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; a una renta vitalicia de vejez, a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación, así como al derecho al trabajo y a una fuente laboral estable sin discriminación en razón de edad; extremos que no fueron valorados ni analizados correctamente por la parte demandada, quien solo asumió una postura arbitraria y discriminatoria al justificar que el motivo de la desvinculación laboral del impetrante de tutela se debía a que éste, al margen de su edad, ya contaba con una jubilación desde el 2016 que se encontraba suspendida en razón a que continuaba prestando sus servicios; de ahí que su desvinculación, se constituyó en una ilegal e inconstitucional excepción al derecho a gozar de inamovilidad laboral, siendo que al margen de lo manifestado, fue la propia entidad demandada la que proporcionó en calidad de prueba, documental que acredita que si bien el impetrante de tutela se hubiera acogido con anterioridad a la jubilación, las percepciones por dicho concepto se encontraban suspendida a fin de no incurrir en una doble percepción de dineros del Estado; permitiéndolo a este, continuar realizando su actividad laboral remunerada con recursos públicos; situación que permite a esta jurisdicción arribar a la conclusión de que, por lo expuesto, resulta plenamente viable la protección del derecho al trabajo del impetrante de tutela y el consiguiente reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral, de los que goza el accionante, no solamente por su calidad de trabajador, sino además por tratarse de una adulto mayor a cuyo cargo se encuentra su hijo con discapacidad. En ese orden, impele remarcar y reiterar que el inc. c) del art. 8 de la LP, ciertamente establece condiciones que el trabajador debe cumplir para poder acceder a la prestación de vejez; sin embargo, dichas condiciones no pueden ser asimiladas a mandatos de obligatorio cumplimiento, dado que únicamente determinan las formas o modos a través de los cuales podrá viabilizarse el acceso al beneficio de la jubilación, por tanto, al no ser una obligación del beneficiario acogerse a dicha prestación, tampoco resulta admisible que la parte empleadora de forma arbitraria, ilegal e inconstitucional, pretenda justificar la desvinculación laboral por razones de edad, pretendiendo obligar al trabajador a resignarse a someterse a dicha prestación, debiendo, en todo caso el empleador, respetar y resguardar los derechos que le asisten al trabajador, hasta que éste decida voluntariamente acogerse a ese beneficio, o en su defecto concurran causales justificadas para su desvinculación, probadas previo debido proceso. A lo antes manifestado, es preciso anotar que siendo el ejercicio del derecho al trabajo individual y voluntario, así también, el retiro o renuncia a efectos de jubilación, se constituye en un derecho inherente únicamente al trabajador, que se desprende de la autonomía de su voluntad, consagrada esencialmente en el art. 14.IV de la CPE, que determina que nadie puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de los que éstas no prohíban. De ahí que forzar la desvinculación laboral sin que medie causa ni proceso justo y debido, vulnera flagrantemente el derecho fundamental al trabajo, pues cercena la facultad del trabajador de desempeñar el oficio o profesión a la que se dedica; esto, en razón a que, como se tiene señalado, el derecho al trabajo no se compone únicamente del derecho a una remuneración justa, sino también del derecho a ejercer la actividad laboral escogida, además, de lesionarse la dignidad de las personas al imponérseles una decisión patronal que los priva de las asignación de sus funciones, relegándolos, apartándolos y discriminándolos sin mayor justificación que la imposición de su arbitraria decisión. En este contexto, la determinación de la finalización de la relación laboral, bajo el justificativo de que el trabajador hubiera alcanzado la edad suficiente para acceder a la jubilación, desconocer el derecho a la libertad y autonomía de la personalidad, pues si bien es el empleador el que se encuentra investido de autoridad sobre el trabajador que se halla en situación de subordinación y dependencia, ello no tribuye al primero facultades extra legales, inconstitucionales y anti convencionales, para que pueda disponer la cesación de funciones por corresponder –en su errado criterio– que el trabajador deba acogerse a la jubilación, tal como fue pretendido en el caso analizado; pues, lo contrario, es decir la ruptura de la relación laboral por el solo criterio de haberse arribado a la edad de jubilación, no se condice con una medida de protección al adulto mayor, sino se asemeja más a un castigo por haber llegado a esa etapa de su vida. Por ello, la decisión de destituir a un trabajador bajo el justificativo de que le corresponde por su edad inicial los trámites para su jubilación, constituye una innegable forma de discriminación, debido a que, en primer término, dicho beneficio debe operar siempre a partir de la decisión y petición del trabajador y no así nacer como un acto discrecional del empleador; a ello se añade que la pretendida suspensión arbitraria del ejercicio de funciones laborales, sin que concurra causa legal ni proceso previo, deviene indiscutiblemente en arbitraria, pues, se reitera, es el trabajador el único facultado para solicitar su jubilación cumpliendo las condiciones que le impone la Ley especial, cuando voluntariamente opte por hacerlo. De dichos razonamientos, queda claro que si bien el trabajador, cuando cumple las condiciones exigidas por ley, podrá tramitar el acceso a su derecho a la jubilación y a las prestaciones que esta conlleva siendo que, en el caso del empleador, este no puede bajo ninguna justificación forzarlo a hacerlo, siendo que en los casos en los cuales el trabajador hubiera alcanzado la edad para poder acogerse a la jubilación, el empleador, sea este particular o público, no podrá decidir por él, siendo que en todo caso, su ámbito de acción, en estos casos, se limita únicamente a consultar al trabajador si voluntariamente desea hacer uso del derecho a la jubilación, lo que no impide al trabajador, de considerarlo pertinente, continuar trabajando e incrementando sus cotizaciones o, incluso, cumplir las que aún le falten para cumplir los requisitos y condiciones previstas por ley. En este sentido, en el caso analizado, la causal de desvinculación por haber alcanzado el accionante la edad de jubilación, no pudo haber sido impuesta discrecionalmente por la entidad empleadora sin siquiera haber consultado y consensuado previamente con el trabajador para que este, de forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza, adoptara la decisión que fuera más conveniente para sus intereses y necesidades; máxime, teniéndose en consideración que pese a su avanzada edad, es el tutor legal de su hijo discapacitado; extremos que nos permiten afirmar que, la institución ahora demandada, al haber omitido efectuar dicha consulta y procedido al despido del accionante, lo hizo sin causa justa, lo que conlleva necesariamente el resarcimiento del daño económico ocasionado al peticionario de tutela; esto en razón a que, como quedó demostrado a través de los argumentos de la demanda que no fueron controvertidos por los demandados, el accionante fue coaccionado en reiteradas oportunidades a efectos de que se acoja al régimen de jubilación, siendo que,, como castigo por no haberlo hecho, devino su desvicunlación,, en flagrante vulneración de su autonomía individual y el consecuente quebrantamiento de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la salud, alimentación y seguridad social, mismos que, al tratarse de una persona de la tercera edad, a cargo de una persona con discapacidad a su cargo, debieron ser doblemente resguardados y garantizados, lo que no ocurrió, debiéndose en tal sentido conceder la tutela impetrada.
De antecedentes se tiene que el hoy accionante, el 25 de septiembre de 2013, suscribe con la CGAD, un contrato modificatorio al Contrato Administrativo de Servicios Especiales de 28 de diciembre de 2012, en el que se le designó como inspector de operaciones categoría III (Encargado de Vuelo); en dicho contrato modificatorio, se le incrementó su haber mensual de $us1.000.- a $us1.080.-, manteniendo firmes y subsistentes las demás cláusulas del contrato administrativo primigenio. De manera posterior, mediante Memorándum DAF/2947/2013 HR 30753, Luis Coímbra Busch, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, designó a Herlán Pedriel Coímbra en el mismo cargo, a partir del 1 de enero de 2014, con el ítem 106, nivel 8 de la escala salarial; en el ínterin, el prenombrado presentó al Director Ejecutivo a.i. de la indicada entidad, el Informe DGAC-OPS-069/2016 JRAC-AP/177/2016, en el que solicitó se instruya el inicio de su trámite de inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo Keivin Kriss Pedriel Álvarez. De cuyo efecto, por nota DAF-1339/2016 DGAC-1965/2016, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, Gualberto Roque Romero, dando respuesta a dicha solicitud, comunicó al impetrante de tutela que a partir de esa fecha su persona gozaba de inamovilidad laboral en el puesto de inspector III de operaciones. Misiva ésta que fue puesta a conocimiento del actual Director Ejecutivo a.i. de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas –ahora demandado–, mediante Informe OPS-DGAC/040/2019 CITE-AP/215/2019, por medio del cual, el solicitante de tutela pidió también se le mantenga su inamovilidad laboral, al tener bajo su dependencia un hijo con discapacidad; presentando al efecto, certificado de nacimiento de su hijo, fotocopia legalizada de su carnet de discapacidad y Certificado otorgado por la Directora Ejecutiva CODEPEDIS-Beni; a fin de dar continuidad a su solicitud de inamovilidad laboral.
De forma ulterior, mediante Nota Interna DAF-RRHH-1031/DGAC-19485/2021, el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, José Iván García Terceros, invitó al hoy accionante a que voluntariamente inicie los trámites para acogerse a la jubilación, debido a que cumple con el requisito de edad, pidiéndole presente su solicitud de retiro por jubilación, previo uso de sus vacaciones pendientes; invitación que fue reiterada por Nota Interna DAF-UGTH-0040/DGAC-802/2021. Posteriormente, el ahora impetrante de tutela, en vigencia de sus funciones, por Nota Interna DGAC-OPS-0121/2021 CITE AP-708/2021 de 18 de octubre, remitió al Director Ejecutivo a.i. de la DGAC –ahora demandado–, copia legalizada de la Sentencia 243/2021 de 17 de septiembre, dictada por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, que resolvió declarar interdicto a Keivin Kriss Pedriel Álvarez y designar como su tutor a Herlan Pedriel Coímbra. No obstante todos los antecedentes puestos a conocimiento de la DGAC, para el resguardo de la inamovilidad laboral del accionante, la entidad demandada, considerando que éste no se acogió voluntariamente a la jubilación, decide mediante Memorándum DAF/UGTH-1093/2022 HR. 21134, agradecerle sus servicios, comunicándole que su último día laboral era el 24 de junio de 2022, ordenándole en este sentido, la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas por cesación de funciones. Ahora bien, cabe mencionar que en virtud a lo establecido en el art. 2 de la Ley 977, ésta obliga a las instituciones del sector público así como a las empresas del sector privado, a insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave o muy grave, normativa que en definitiva impone al Estado una protección reforzada hacia las personas con discapacidad; así como, a los padres, madres y/o tutores de hijos o hijas con discapacidad, considerando su situación de vulnerabilidad; de manera que ello obliga a las distintas instancias del Estado, a aplicar la normativa que resguarda los derechos fundamentales de este grupo de personas, haciendo viable con su observancia la inamovilidad laboral, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Con base en lo precedentemente desarrollado, se tiene por evidente que los derechos fundamentales que le asisten al ahora accionante y por sobre todo al hijo de éste, quien es una persona con discapacidad intelectual, fueron transgredidos por la entidad empleadora, quien dejando de lado la observancia estricta de la Ley 977 y su Reglamento, de manera arbitraria instó al impetrante de tutela acogerse al beneficio de la jubilación y al no haber logrado tal cometido, decidió prescindir de sus servicios, desconociendo y restando validez a la propia nota DAF-1339/2016 DGAC-1965/2016, emitida por el Director Administrativo y Financiero de la DGAC, Gualberto Roque Romero, por la que, da a conocer al accionante que a partir de esa fecha (8 de junio de 2026) gozaba de inamovilidad laboral en el puesto de inspector III de operaciones, al interior de la indicada institución, y a la Sentencia 243/2021, dictada por el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, que resolvió declarar interdicto a Keivin Kriss Pedriel Álvarez y designar como su tutor a Herlán Pedriel Coímbra, documentos que sin lugar a duda acreditan que éste es beneficiario de la inamovilidad y estabilidad laboral en la entidad estatal, mismos no fueron analizados y menos valorados por dicha institución, no obstante el deber al que se encuentra sometida por imperio de la Ley. En tal circunstancia, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene por evidente que la estabilidad e inamovilidad laboral se fundan en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana, por tanto, la persona con discapacidad, o en su defecto aquella que se encuentre a cargo de una o más personas con esa condición, gozan de una protección reforzada por parte del Estado, por tanto, exige que sus funciones sean permanentes, continuas, a largo plazo y sin discriminación alguna, permitiéndosele acceder para sí y su entorno familiar a la seguridad económica necesaria que asegure su subsistencia, garantizándose con ello las condiciones indispensables y adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos de este grupo humano. Esta protección privilegiada del derecho laboral de las personas con discapacidad o de quienes se hallan a cargo de una, no solo pretende generar un marco de igualdad frente a los demás respecto al acceso a los beneficios laborales dispuestos por ley, sino y por sobre todo, busca materializar y garantizar el acceso eficiente, efectivo y preferente a los servicios que les permitan acceder a los cuidados especiales que requieren; a fin de consagrar y consolidar la vigencia material de sus derechos fundamentales; por ello, en el caso concreto, al tratarse de una persona con discapacidad plena, aun siendo mayor de edad; por la gravedad de su discapacidad, es innegable la obligación del Estado de velar y proteger los derechos fundamentales de ésta por su sola condición de discapacidad, y su dependencia de por vida de una persona que le asista, debiendo en consecuencia protegerse el derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral de su progenitor –ahora accionante–. Es en ese espíritu, que el pretender justificar la desvinculación del accionante bajo el criterio de que éste cumple con el requisito de edad para gestionar su jubilación, evidentemente resulta un total despropósito; toda vez que, en el contexto normativo y jurisprudencial previamente referido, la ley de protección a las personas con discapacidad y resguardo laboral de aquellas que tienen a una bajo su dependencia, no establece que al cumplimiento de una determinada edad, el trabajador cargo de un discapacitado se vea obligado a tramitar su jubilación y por ende a renunciar a su fuente laboral; por el contrario, de manera concreta exige a toda instancia, sea estatal o privada, aplicar de forma preferente la normativa interna y convencional que resguarda los derechos fundamentales de este grupo de personas, haciendo viable con su observancia la inamovilidad laboral de estos. En tal sentido, y conforme a lo precedentemente señalado, en observancia de los principios de favorabilidad y justicia material, corresponde, en observancia al mandato constitucional de atención prioritaria y preferente que resguarda a los grupos vulnerables, garantizar la inamovilidad y estabilidad laboral del impetrante de tutela al ser este de la tercera edad y además encontrarse a cargo de su hijo con discapacidad, que depende en su totalidad del cuidado y manutención que le provee su padre, siendo evidente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto impetrante de tutela como su hijo, quien por su condición no puede valerse por sí mismo; por lo tanto, es deber del Estado, en todas sus instancias, protegerlo y proporcionarle las más mínimas condiciones que le permitan desarrollarse; aspectos que no fueron debidamente compulsados por la entidad demandada. Consiguientemente, en resguardo principalmente de los derechos del hijo del solicitante de tutela y de éste mismo por ser adulto mayor y quien no se halla obligado a acogerse a la jubilación, corresponde conceder la tutela impetrada, debiendo restituirse al Herlán Pedriel Coímbra a su fuente laboral en las funciones que venía cumpliendo hasta el 24 de junio de 2022, y con el mismo nivel salarial que percibía antes de su retiro, debiendo ser su reincorporación de manera permanente e indefinida, a no ser que decida voluntariamente acogerse a su jubilación, o incurriera en causal justificada de desvinculación que operaría únicamente a través de un previo proceso o cuando incurra en alguna causal legal de despido y previa sustanciación de un debido proceso; correspondiendo además a la parte empleadora, cancelar los sueldos devengados al peticionario de tutela desde el momento de su desvinculación hasta su efectiva restitución. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, efectuó una correcta evaluación del caso en análisis.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 081/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 138 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante Herlan Pedriel Coímbra, al último cargo que venía desempeñando en la Dirección General de Aeronáutica Civil, y con el mismo nivel salarial que percibía antes de su retiro, hasta que decida voluntariamente acogerse al beneficio de la jubilación, o se demuestre una causal de destitución previo debido proceso; debiendo la entidad empleadora proceder al pago de los sueldos devengados y demás derechos laborales que por ley le correspondan, a ser calculados desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva restitución laboral. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0111_2024-S4.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8e49abc657658e5744a28cf6719b36443f3ceab9a70121fd964eb1da98c1a14b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →