Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y la garantía de presunción de inocencia; puesto que, en conocimiento de la resolución de sobreseimiento emitido a su favor, el Juez hoy accionado, señaló audiencias para resolver su pedido de libertad fuera del plazo establecido por ley y a solicitud formulada de su parte cuando correspondía que lo haga de oficio; asimismo, en conocimiento del requerimiento conclusivo de sobreseimiento no dispuso su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 13/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad y al derecho a la libertad, con relación al señalamiento distante de las audiencias conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia para considerar la solicitud de libertad del accionante en mérito a la resolución de sobreseimiento emitido a su favor, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando no se hubiese resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a sus derechos a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y a la garantía de presunción de inocencia, al no haberse señalado audiencia de oficio y no disponerse la libertad inmediata del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2024-S3 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47891-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rheggis Ramiro Lema Delfín en representación sin mandato de Dean Carlos Loayza Rosario contra Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 12 a 15, manifestó lo siguiente:
La representante del Ministerio Público el “4” -5- de mayo de 2022, presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de su persona -con la cual las supuestas víctimas, se dieron por notificadas renunciando a cualquier medio de impugnación-; por consiguiente, su persona, mediante memorial presentado el 6 del indicado mes y año, solicitó el señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, en cuyo mérito el Juez hoy accionado, señaló audiencia para el 10 del mismo mes y año, a las 15:00 horas. En dicho acto procesal, el Juez ahora accionado, no dio lugar a su pedido; debido a que, no se hubiese notificado a su persona con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Posteriormente, el 16 de mayo de 2022, por segunda vez, solicitó día y hora de audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva adjuntando el memorial presentado ante el Ministerio Público; por el cual, se dio por notificado con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento y renunciando a cualquier recurso contra la misma. En respuesta a su pedido, el Juez hoy accionado, señaló audiencia para el 19 del mismo mes y año a las 9:00 horas; sin embargo, dicho actuado fue suspendido, en razón a que tanto su persona como la representante del Ministerio Público no se conectaron en plataforma virtual. De lo relacionado se advierte que el Juez ahora accionado, no cumplió con lo dispuesto por el art. 325.III del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; respecto al señalamiento de audiencia en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, en su caso con habilitación de días y horas inhábiles; ya que, señaló las audiencias fuera de plazo, esperando la solicitud de parte, cuando correspondía que el Juez hoy accionado señale de oficio una vez que se presentó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, considerando que se encuentra detenido preventivamente desde el 14 de febrero de 2022. Asimismo la basta jurisprudencia constitucional, contenida en la SCP 1156/2017-S2 de 15 de noviembre, señaló que, cuando existe requerimiento conclusivo de sobreseimiento, la autoridad jurisdiccional, sin requisito alguno, debe disponer la libertad del imputado; por lo que, el Juez ahora accionado, debe disponerse su libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y la garantía de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 116.I, y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se proteja su derecho a la libertad y se disponga la emisión del mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 32 a 34 vta., manifestó que: a) En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de trata de personas y proxenetismo previsto y sancionado por los arts. 281 bis y 321 del Código Penal (CP), el 5 del citado mes y año, la representante del Ministerio Público, presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor del accionante, quien mediante memorial de 6 de igual mes y año, solicitó día y hora de audiencia para disponer su libertad; en respuesta a dicho memorial el Juez hoy accionado, señaló audiencia para el 10 de mayo de 2022, a las 15:00 horas, que fue suspendida; ya que, el accionante no se conectó a plataforma virtual; por lo que, se convocó a otra audiencia para el 13 del mismo mes y año, en la cual se emitió Auto Interlocutorio 163/2022 de 13 de mayo rechazando la solicitud de la medida cautelar, en virtud a que las partes no fueron notificadas con el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, y se conminó a la Fiscal de Materia a cumplir con lo dispuesto por el art. 324 del CPP; siendo que la solicitud del accionante ya fue resuelta sin que el mismo hubiese interpuesto algún recurso para impugnar esa determinación; asimismo, el accionante no efectuó ningún reclamo sobre el plazo del señalamiento de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 13 del señalado mes y año; b) Posteriormente el 16 de mayo de 2022, el accionante presentó memorial solicitando día y hora de audiencia para disponer su libertad, la cual fue señalada para el 19 del mismo mes y año, a las 9:00 horas; es decir al tercer día de efectuada la solicitud; dicho acto procesal no pudo llevarse a cabo; debido a que, el accionante y la Fiscal de Materia no se conectaron a plataforma virtual; por lo que, se señaló nueva audiencia para el 24 del indicado mes y año, a las 9:30 horas; puesto que, se conminó y emplazó al accionante para que se conecte a la audiencia virtual y se ofició al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe de las razones por las que el accionante no se había conectado a dicha audiencia, conminándosele también al nombrado Director para que coadyuve con la conexión a la audiencia del accionante; c) El abogado del accionante que estuvo conectado en la audiencia virtual de 19 de mayo de 2022, no interpuso ningún recurso u observación contra el decreto del nuevo señalamiento de audiencia; siendo que, no agotó los medios intra procesales; por lo que, no se tiene cumplida la subsidiariedad; d) El accionante pretende sorprender a la autoridad judicial al citar únicamente el parágrafo III del art. 325 del CPP, cuando del contenido íntegro de la citada Norma, se halla referida a las audiencias que deben señalarse cuando se trata de salidas alternativas, en cuyo caso, cuando se trata de imputados detenidos, la audiencia debe ser señalada en el plazo de cuarenta y ocho horas; empero, cuando se trata de sobreseimiento el trámite se regula por el art. 324 del referido Código, sin que exista disposición legal que establezca un plazo para tratar dicho requerimiento conclusivo de sobreseimiento, existiendo al respecto un vacío legal; y, e) El entendimiento establecido en la SCP 1011/2012 de 5 de septiembre mencionado por el accionante no es aplicable en el presente caso; ya que, se halla relacionada con la impugnación del sobreseimiento, lo que no ocurre en este caso; del mismo modo las SSCC 1406/2005-R de 8 de noviembre y 1071/2011-R de 16 de agosto y refieren al Sobreseimiento ratificado por el Fiscal de Distrito; sin embargo, en este caso no existe ninguna resolución jerárquica que hubiese ratificado el requerimiento conclusivo de sobreseimiento; puesto que, dichos fallos no son vinculantes para el presente caso. Por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 38 a 42, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo al cuaderno procesal, se percibe el acta de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares de 19 de mayo de 2022, a las 9:00 horas, en el cual consta, que el abogado del accionante informó que su defendido, no se pudo conectar a la audiencia virtual de modificación de medidas cautelares y pidió que se conmine al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en cuyo mérito el Juez ahora accionado, difirió la audiencia para el 24 de mayo de 2022, a las 9:30 horas, en conocimiento de dicho decreto, el abogado del accionante no activó ningún recurso impugnatorio; y, 2) Si el accionante consideraba que tal decisión no se encontraba acorde con lo que establece el art. 325.III del CPP, debió plantear en su oportunidad el recurso de reposición; sin embargo, no lo hizo, lo que significa que en ese caso no se agotó con la subsidiariedad; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 5 de mayo de 2022, dirigido a Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-; por el cual, la representante del Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento (fs. 3 a 9 ). II.2. Consta memorial presentado el 6 de mayo de 2022 ante el Juez ahora accionado, mediante el cual, el accionante solicitó que habiéndose presentado requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor señale día y hora de audiencia para disponer su libertad (fs. 23); que mereció el decreto de 9 del indicado mes y año, por el que se señaló audiencia virtual de modificación de medida cautelar para el 10 del señalado mes y año, a las 15:00 horas (fs. 24). II.3. Cursa Acta de audiencia virtual de consideración de modificación de medida cautelar de 10 de mayo de 2022, en el cual, el Juez hoy accionado, difirió la audiencia para el 13 del indicado mes y año, a las 14:30 horas; debido a que, el accionante no se encontraba presente (fs. 25). En la indicada audiencia el nombrado Juez emitió el Auto Interlocutorio 163/2022 de 13 de mayo, con la que rechazó la solicitud de la medida cautelar (fs. 26 a 28 vta.). II.4. Por memorial presentado el 16 de mayo de 2022, el accionante, solicitó día y hora de audiencia para disponer su libertad (fs. 29 y vta.); en cuyo mérito, el Juez ahora accionado, señaló audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares para el 19 de mayo de 2022, a las 9:00 horas (fs. 30); dicho acto fue suspendido por el nombrado Juez para el 24 del mismo mes y año, a las 9:30 horas; debido a que, no se encontraban conectados en la audiencia virtual el accionante y la Fiscal de Materia; asimismo, dispuso que se oficie al Ministerio Público para hacer conocer la inasistencia de la Fiscal de Materia conminándosele para que esté presente en la siguiente audiencia; y otro oficio al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe sobre las circunstancias que hubiesen motivado la falta de conexión a la audiencia virtual del accionante, conminando también al Director del mencionado Centro Penitenciario para que coadyuve con la conexión del nombrado, bajo responsabilidad (fs. 31 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y la garantía de presunción de inocencia; puesto que, en conocimiento de la resolución de sobreseimiento emitido a su favor, el Juez hoy accionado, señaló audiencias para resolver su pedido de libertad fuera del plazo establecido por ley y a solicitud formulada de su parte cuando correspondía que lo haga de oficio; asimismo, en conocimiento del requerimiento conclusivo de sobreseimiento no dispuso su libertad inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).
En cuanto a los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, que señaló subreglas para considerar los actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
“a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
Dicho entendimiento fue complementado por la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la dilación en el trámite del recurso de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva.
La SCP 1141/2019-S2 de 27 de diciembre, señaló que: “Al respecto y con relación al procedimiento que debe ser observado por las autoridades judiciales y por el Ministerio Público; el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, establece las siguientes subreglas:
‘…1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril’.
Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2495/2012, 0493/2013, 1955/2013 y 0725/2014, entre otras.
Posteriormente, la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre, reiterando los entendimientos jurisprudenciales asumidos en la SCP 1625/2014 de 19 de agosto, señaló que:
‘Ahora bien, corresponde aclarar que la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, tuvo el siguiente entendimiento; cumplido el plazo que, tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de un imputado, corresponde la libertad inmediata del detenido preventivo; pero previo señalamiento de audiencia, ello en atención a la interpretación sistemática de la jurisprudencia y la normativa vigente.
En efecto, la posibilidad de imponer medidas cautelares existe hasta la ejecutoria de la sentencia, en este sentido corresponde recordar que la naturaleza de las medidas cautelares, es instrumental al proceso penal; razón por la cual, se aplican de manera restrictiva pero a la vez de acuerdo a la necesidad del proceso penal; de ahí que, la orden de libertad no impide la imposición de medidas sustitutivas. Por otra parte, el debido proceso exige en las audiencias cautelares la aplicación del principio de contradicción, para que la parte querellante y el propio Ministerio Público, puedan controvertir el transcurso del término referido en la SCP 1206/2012, o en su caso los elementos de convicción que existan a tiempo de imponerse las medidas sustitutivas, por ello corresponde recordar que la imposición, modificación, y levantamiento de medidas cautelares debe realizarse en audiencia”’.
Con relación a la primera subregla establecida en la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, cabe aclarar que el plazo en que debe emitirse la resolución jerárquica es de diez días por mandato del art. 12 de la ley 1173 que modificó el art. 324 del CPP.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y la garantía de presunción de inocencia; puesto que, en conocimiento de la resolución de sobreseimiento emitido a su favor, el Juez hoy accionado, señaló audiencias para resolver su pedido de libertad fuera del plazo establecido por ley y a solicitud formulada de su parte cuando correspondía que lo haga de oficio; asimismo, en conocimiento del requerimiento conclusivo de sobreseimiento no dispuso su libertad inmediata. Con relación al supuesto incumplimiento de la subsidiariedad a la que alude el Juez ahora accionado, por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria contra los señalamientos de audiencia, que además constituyen el fundamento de la denegatoria de tutela esgrimido por el Juez de garantías, cabe precisar que tal como lo establece la jurisprudencia constitucional, en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, entre otros, en los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho no se aplica la subsidiariedad excepcional; por consiguiente, el accionante tiene abierta la vía constitucional de manera directa; por lo que, corresponde ingresar al examen de fondo de la problemática planteada. Con relación a los señalamientos de audiencia distantes El accionante denuncia que el Juez hoy accionado hubiese señalado la audiencia para considerar su pedido de disponer su libertad como consecuencia de haberse emitido a su favor el requerimiento conclusivo de sobreseimiento en fechas distantes y no así dentro de las cuarenta y ocho horas que establece el art. 325.III del CPP.
El art. 325.III del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley 1173, hace referenciar a la audiencia que debe señalarse cuando se hubiese solicitado la aplicación de las salidas alternativas de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación; puesto que, en este caso, se trata de una solicitud para disponer la libertad del accionante al haber sido sobreseído, que en definitiva implica la cesación de la detención preventiva; por lo que, no corresponde la aplicación de la citada Norma. Sin embargo, en razón a que la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre, establece que, la libertad del imputado sobreseído debe ser considerada en audiencia; y, que en definitiva de lo que se trata es del cese de la detención preventiva por efecto del sobreseimiento, en aplicación de la norma general contenida por el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1173, esta a su vez por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, y la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, resulta evidente que la audiencia debe ser señalada en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Asimismo, por disposición del art. 113 del CPP, modificado por el art. 7 de la Ley 1173, cuando excepcionalmente se suspende la audiencia la Jueza, el Juez o Tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. Ahora bien, en el caso concreto, el Juez ahora accionado, no cumplió con dicho plazo procesal; puesto que, habiéndose presentado una primera solicitud de señalamiento de audiencia para disponer su libertad el 6 de mayo de 2022, la audiencia fue fijada para el 10 del indicado mes y año (Conclusión II.2.); siendo diferida para el 13 del mismo mes y año (Conclusión II.3.). Lo propio sucedió con la solicitud efectuada el 16 de mayo de 2022; ya que, la audiencia fue señalada para el 19 del mismo mes y año; es decir al tercer día y peor aun cuando su diferimiento se señaló para el 24 del citado mes y año, eso es al quinto día (Conclusión II.4.). En suma, ninguna de las audiencias señaladas fue fijada dentro de las cuarenta y ocho horas como establece el art. 239 del CPP. Por consiguiente, la fijación de la audiencia fuera del plazo legal máximo de cuarenta y ocho horas para considerar el cese de la detención preventiva y en su caso disponer la libertad del accionante por efecto del sobreseimiento implica un señalamiento alejado y por lo mismo dilatorio que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, que se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad del accionante; puesto que, dilata indebidamente la definición de su situación jurídica del nombrado; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a los derechos señalados; debido a que, se trata de un hecho que configura una de las hipótesis que se halla comprendida dentro del ámbito de protección de la acción de libertad de pronto despacho, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Sobre el señalamiento de oficio
Si bien es cierto que la autoridad judicial está facultada a señalar la audiencia de oficio para considerar el cese o modificación de las medidas cautelares de carácter personal, en mérito a que la aplicación de dichas medidas son revisables inclusive de oficio, por mandato del art. 250 del CPP, así como lo establecido por la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, de disponer de oficio o a petición de parte la libertad del sobreseído, previa audiencia, cuando el Fiscal Departamental no emitió la resolución jerárquica de ratificación o revocatoria del sobreseimiento dentro del plazo legal, no es posible reprochar que el Juez hoy accionado, no hubiese señalado audiencia de oficio cuando se le puso en conocimiento el requerimiento conclusivo de sobreseimiento; en razón a que, no se halla acreditado que dicho sobreseimiento fue remitido ante el Fiscal Departamental de La Paz para su revisión y menos que hubiera vencido el plazo para la emisión de la resolución jerárquica; es más en el momento de la primera solicitud tampoco se encontraba acreditada la notificación a todas las partes, cuyo diligenciamiento era de responsabilidad del Ministerio Público; por lo que, respecto a esa denuncia no se advierte que el Juez ahora accionado hubiese incurrido en dilación indebida. Con relación a no haberse dispuesto la libertad del accionante como efecto de la resolución de sobreseimiento Conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, en cuanto a los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento sobre la detención preventiva del accionante, la SCP 1206/2012, establece dos subreglas; la primera que señala que ese sobreseimiento debe ser remitido en revisión ante el Fiscal Departamental, quien debe ratificar o revocar esa determinación en el plazo de cinco días; sin embargo, dicho plazo fue modificado a diez días por el art. 12 de la Ley 1173 que modificó el art. 324 del CPP; y, la segunda, que transcurrido ese plazo sin que exista pronunciamiento del Fiscal Departamental, el Juez de oficio o a petición de parte dispondrá la libertad inmediata; determinación que debe ser asumida previa audiencia conforme señaló la SCP 1625/2014 de 19 de agosto. Entendimiento reiterado por la SCP 1095/2017-S3 de 18 de octubre.
En ese sentido, es en audiencia que el Juez ahora accionado debe tomar la determinación de disponer o no la libertad del accionante como efecto del sobreseimiento. Por consiguiente, al no haber dispuesto inmediatamente la libertad del nombrado sin previa audiencia, el Juez hoy accionado, no incurrió en dilación alguna ni en vulneración de derecho alguno; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Por consiguiente, con relación a los derechos a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y la garantía de presunción de inocencia, el accionante no señala de qué forma se hubiese producido su vulneración; puesto que, no es posible el pronunciamiento de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 13/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad y al derecho a la libertad, con relación al señalamiento distante de las audiencias conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia para considerar la solicitud de libertad del accionante en mérito a la resolución de sobreseimiento emitido a su favor, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando no se hubiese resuelto su situación jurídica. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a sus derechos a la defensa, “…a la igualdad de oportunidades para ejercer en el proceso…” (sic); y a la garantía de presunción de inocencia, al no haberse señalado audiencia de oficio y no disponerse la libertad inmediata del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “Si bien la naturaleza jurídica de esta acción de defensa, es no subsidiaria, es decir, que no es necesario el agotamiento previo de medios o recursos para acudir a su tutela, tratándose de materia penal y al contar el país con un sistema judicial y procesal penal que pone al alcance de los ciudadanos, medios idóneos y oportunos para que se respeten y restablezcan sus derechos en la misma vía, de manera excepcional, se han establecido subreglas de subsidiariedad; empero, las mismas no son aplicables si es que existe una evidente dilación, así la SC 008/2010, ha señalado: ‘…cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se entenderá que la vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados estos mecanismos procesales, su resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, por ser irrazonables los plazos de resolución; por existir excesiva carga procesal para una rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con los plazos para emisión de resoluciones establecidos por la ley’. Uno de esos casos es cuando en el trámite de una solicitud del peticionante privado de libertad, preventivamente o no, debe existir celeridad en su atención positiva o negativa, pues de no ser así, se activa la acción de defensa específica que es la acción de libertad”.
2 “Artículo 325. (PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO CONCLUSIVO). I. Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad. II. En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la jueza o el juez deberá resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de solicitadas; cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación, deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro de los diez (10) días siguientes. III. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo será de cuarenta y ocho (48) horas para la realización de la audiencia, bajo responsabilidad, debiendo habilitar horas y días inhábiles. IV. En los casos establecidos en los Parágrafos II y III del presente Artículo, la audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, bajo responsabilidad de los servidores judiciales encargados de la notificación. La resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0111_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 03c024a4332e40d503e1c0fc1d974c933916c2e0cd6fdebb9022557b5dd84c5e
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