B.IA.LEGAL

SCP 0110/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
73084-2025-147-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, defensa técnica, “verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); a la igualdad como elemento del debido proceso; y, al debido proceso “al no haber aplicado el enfoque diferencial” (sic); puesto que, los Vocales hoy accionados a través del Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre: a) De manera contradictoria, reconocieron la vulneración del derecho a la defensa técnica atribuida a la actuación de la abogada de oficio; sin embargo, termina por convalidarla bajo el argumento de que existiría una notificación por cédula en su domicilio real. Del mismo modo, los mencionados Vocales sostuvieron que respecto al reclamo de priorización de la causa, el Juez de la causa se hubiese apegado estrictamente a lo dispuesto por el Acuerdo de Sala Plena “37/2018” del Tribunal Supremo de Justicia, para luego afirmar que, al no oponerse los incidentes en su debida oportunidad, el derecho hubiese precluído, concluyendo que tal situación no generó una “evidente indefensión”. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2025 de 17 de “febrero” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 829 a 834 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, igualdad y defensa técnica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; por consiguiente:

a) Disponer la emisión de un nuevo auto de vista, que subsane los defectos advertidos, en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso por “…NO HABER APLICADO EL ENFOQUE DIFERENCIAL” (sic) durante su juzgamiento, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales: Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada; valoración probatoria apartada de los marcos de razonabilidad y equidad; e, incorrecta interpretación
  2. III.2. Sobre el incidente de nulidad en materia laboral
  3. III.3. Sobre los alcances del derecho al debido proceso
  4. III.4. Los deberes del defensor de oficio y las consecuencias de su incumplimiento
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 73084-2025-147-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 31/2025 de 17 de “febrero” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 829 a 834 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Parada Medina contra Luis Fernando Ibáñez Becerra y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala del Trabajo y Seguridad Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2025, cursante de fs. 760 a 777 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de diciembre de 2022, María Jesús Fuentes Rodríguez -ahora tercera interesada- presentó una demanda por pago de beneficios sociales, indemnización, sueldo impago y otros, la cual fue admitida y corrida en traslado mediante Auto de 10 de enero de 2023. En ese sentido, el Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de Beni, se constituyó con el auto de admisión y la demanda en un lugar distinto a su domicilio preguntando por “HERLAN” Parada Medina -otra persona-, se le comunicó al mencionado Oficial de Diligencias que su persona no se encontraba en Trinidad del citado departamento, y que su estancia es muy poco frecuente; por lo que, no practicó la diligencia de notificación. A solicitud de parte, por Auto de 26 de enero de 2023, se dispuso su notificación por cédula, concretándose ese acto procesal el 31 de igual mes y año, posteriormente, por Auto Interlocutorio de 14 de marzo de dicho año, fue declarado rebelde y en consecuencia se designó a Ana Isabel Muñoz Cuellar como abogada de oficio para ejercer su defensa técnica. A pesar de que la nombrada nunca lo contactó, presentó un memorial el 2 de mayo del referido año, en el cual en solo seis líneas contestó afirmativamente la demanda y pidió se emita resolución de acuerdo a la sana crítica -del juez- y a las pruebas aportadas por la parte actora. La designación de la abogada de oficio fue realizada para cumplir una mera formalidad, convirtiéndose en una coadyuvante de la hoy tercera interesada que agravó su situación jurídica; puesto que, no utilizó ningún recurso ni mecanismo procesal durante todo el proceso laboral ni para impugnar la Sentencia 0176/2023 de 30 de octubre, emitida en su contra. Asimismo, actuó en total contradicción con lo dispuesto por el decreto de 8 de mayo de 2023, en el que se le instituyó “ʽel deber de ejercer todas las facultades o derechos legales en defensa de la parte demanda y realizar las gestiones necesarias para lograr una efectiva defensa…”ʼ (sic), también se puede observar que la mencionada abogada no opuso ningún alegato en su defensa cuando el Juez de la causa de manera parcializada dispuso la priorización de la causa sin ajustarse a las exigencias del Acuerdo de Sala Plena “37/2018” del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, mediante “…auto interlocutorio dictado por el juez de la causa de fecha 28 de marzo de 2024 se ordena el mandamiento de aprensión…” (sic); así, conocido del embargo y las medidas cautelares que se ejecutaban, el 23 de febrero de 2024, se apersonó ante el Juez de primera instancia y en la vía incidental denunció la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, inicialmente su recurso fue rechazado, ante lo cual presentó recurso de apelación, que fue concedida mediante Auto de 2 de julio de igual año. Posteriormente, el 10 de julio de 2024, presentó incidente de nulidad, mismo que fue rechazado; por lo que, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual fue declarado no ha lugar a través del Auto -459/2024- de 26 de agosto de ese año; sin embargo, al darse ha lugar el recurso de apelación con efecto devolutivo se ordenó la remisión de antecedentes a la sala correspondiente de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Así, se emitió el Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre, el cual de manera incongruente e infundada revocó en su totalidad el Auto 397/2024, acogiéndose a la nulidad “…hasta fs. 265, donde se deberá notificar con la conminatoria de manera personal o mediante cedula al demandado…” (sic), dicho Auto de Vista advirtió y evidenció la falta de asistencia técnica; no obstante, en sus conclusiones convalidaron esa vulneración a su derecho haciendo referencia a que existe una notificación por cédula. Señaló la incongruencia y contradicción del Auto de Vista 064/2024; ya que, dicho Auto de Vista sostuvo que en relación al reclamo de priorización de la causa, el Juez de la causa se apegó estrictamente en lo resuelto por el Acuerdo “37/2018” del Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, afirma que, al no oponerse los incidentes en su oportunidad, su derecho precluyó, concluyendo que dicho actuar no generó una “evidente indefensión”; afirmación contradictoria a la conclusión del primer agravio en el que se indicó que existió indefensión. Refiere que, el Auto de Vista 064/2024, solo se limitó a expresar que “ʽla notificación a la defensora de oficio que no ejerció una defensa efectiva, sin embargo, se notificó con la sentencia a la parte demandada en domicilio real”ʼ (sic) sustentando que no existe un agravio porque fue notificado en su domicilio real, a pesar de manifestar que se verificó su estado de indefensión. Asimismo, respecto a la nulidad de la notificación de la conminatoria, los Vocales hoy accionados al fundamentar ese agravio validaron todos los demás actos anteriores plagados de vicios de nulidad; es decir, se verificó su estado de indefensión, y señalaron que por actuaciones de mera formalidad como la notificación por cédula en su domicilio no se hubiese vulnerado su derecho a la defensa, lo cual es incongruente; ya que, fue la inactividad de la abogada que vulneró su defensa en juicio. Finalmente, indicó que su persona tiene ochenta años de edad, no vive en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, y no se enteró de la existencia del proceso laboral hasta que lo detuvieron en el Centro Penitenciario Mocoví (Varones) de la ciudad de Trinidad del referido departamento. Asimismo, no fue juzgado conforme a los lineamientos de los derechos de las personas adultas mayores, tal es así que se libró una orden de aprehensión en su contra, siendo puesto en libertad recién el 22 de noviembre de 2024.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, defensa técnica, “verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); a la igualdad como elemento del debido proceso; y, al debido proceso “al no haber aplicado el enfoque diferencial” (sic); citando al efecto los arts. 67.I, 68, 115.II, 117.I, 119.II, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 5 y 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre, en virtud a lo dispuesto por el art. 57.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, b) Emitir un nuevo auto de vista que realice un análisis con respecto a sus derechos al debido proceso y a la defensa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 818 a 821, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no se presentó a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, asimismo su abogado se presentó a dicha audiencia; empero, no se le concedió el uso de la palabra.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Luis Fernando Ibáñez Becerra y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Beni, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional pese a sus citaciones cursantes de fs. 795 y 796.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

María Jesús Fuentes Rodríguez a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: 1) Se utiliza la jurisdicción constitucional como una instancia casacional, donde no existe la suficiente carga argumentativa ni se identifica el nexo de causalidad; 2) Las notificaciones en materia laboral se realizan de acuerdo al Código Procesal Civil, de manera supletoria; y, 3) En el poder que le otorgó el accionante a su hijo, refiere Av. los Tajibos, entre la calle René Ibáñez Aponte y la Av. Rómulo Antelo de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, lugar donde fue notificado por cédula con la demanda, se allanó y se procedió a su aprehensión. Alex Fernando Núñez Vargas, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de Beni, no presentó informe ni asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 798.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Primero-, mediante Resolución 31/2025 de 17 de “febrero” -abril-, cursante de fs. 829 a 834 vta., denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática planteada, bajo los siguientes fundamentos: i) No se puede alegar nulidad o indefensión basadas en su propia negligencia. En el caso en particular, se solicitó la nulidad hasta la notificación con la Sentencia 0176/2023; ii) Se puede evidenciar que la cédula de identidad del accionante establece su domicilio real en el barrio mutualista calle Taropé, número 2440, del cual se presume de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; ya que, en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, no existe ningún barrio mutualista; empero, con la mencionada Sentencia fue notificada en la calle “Tajibo esquina René Ibáñez”, con firma de testigo de actuación y en conocimiento de su abogada de oficio; iii) De la documental revisada se puede evidenciar que se pretende “realizar” una nulidad basada en un cambio de datos de la cédula de identidad del accionante pretendiendo hacer incurrir en error a ese Tribunal Constitucional Plurinacional; puesto que, existe el acta de verificación notarial que señala que el nombrado tiene habitabilidad y habitualidad en el referido domicilio y que el mismo sería de su hija; iv) Existe una incongruencia total dentro de los argumentos de la acción de amparo constitucional en torno a que el domicilio del accionante, que niega como propio, fuera donde se hubiese notificado con la demanda y sentencia, y donde fue aprehendido por el proceso laboral, situación que causa extrañeza; ya que, se procedió con las formalidades de notificación “…fuera la avenida los Tajibos, zona Conavi, lugar donde fue notificada con la demanda, con la sentencia, lugar donde se procedió al allanamiento y apremio del hoy accionante que es una verdad material innegable” (sic); y, v) No existe la explicación de un nexo de causalidad que debe tener la acción de amparo constitucional para que se ingrese a analizar la labor de la jurisdicción ordinaria, evidenciándose una insuficiente carga argumentativa además de inexistencia de relevancia constitucional. 1.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por memorial presentado el 10 de julio de 2025, cursante a fs. 838 y vta., el accionante solicitó priorización de sorteo, por consiguiente a través de Auto Constitucional 336/2025-CA/S de 27 de noviembre, la Comisión de Admisión de este Tribunal determinó ha lugar la solicitud. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 0176/2023 de 30 de octubre, emitido por Alex Fernando Núñez Vargas, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Trinidad del departamento de Beni -hoy tercero interesado-en la cual declaró probada la demanda con costas, dentro del proceso laboral por pago de indemnización, sueldos devengados, desahucio, pago de primas y otros, seguido por María Jesús Fuentes Rodríguez -ahora tercera interesada- contra Hernán Parada Medina -hoy accionante- (fs. 117 a 120). II.2 Cursan memoriales presentados el 28 de febrero y 30 de abril de 2024, ante el ahora tercero interesado, por los cuales el accionante a través de su representante legal, denunció en el fondo, irregularidades y solicitó la nulidad hasta los vicios más antiguos; y en la forma, pidió que se paralice el embargo y secuestro determinado (fs. 484 a 488 vta. y fs. 490 a 496). Posteriormente, por Auto 297/2024 de 10 de junio, se declaró improcedente el incidente de nulidad y se dispuso la prosecución del proceso laboral (fs. 521 522), contra ese Auto, el 19 de junio de 2024, el nombrado a través de su representante legal, formuló recurso de apelación (fs. 533 a 538 vta.), mismo que fue concedido en efecto devolutivo por Auto de 2 de julio de igual año (fs. 648). II.3. Por memorial presentado el 10 de julio de 2024, ante el hoy tercero interesado, el accionante solicitó la nulidad de la contestación a la demanda, de la priorización de la causa, del ingreso a despacho, de la notificación de la “Sentencia”, de la notificación a la “defensora”, de la conminatoria de pago y del apremio (fs. 693 a 698), incidente que fue rechazado a través del Auto 397/2024 de 26 de julio (fs. 721 a 722), tal determinación fue recurrida en apelación por el accionante el 1 de agosto de 2024, a través del recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 728 a 731 vta.). II.4. Por Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre, emitido por Luis Fernando Ibáñez Becerra y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala del Trabajo y Seguridad Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionados- determinaron la revocatoria total del Auto 397/2024 y se acogió a la nulidad “hasta fs. 265” (fs. 749 a 752).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, defensa técnica, “verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); a la igualdad como elemento del debido proceso; y, al debido proceso “al no haber aplicado el enfoque diferencial” (sic); puesto que, los Vocales hoy accionados a través del Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre: a) De manera contradictoria, reconocieron la vulneración del derecho a la defensa técnica atribuida a la actuación de la abogada de oficio; sin embargo, termina por convalidarla bajo el argumento de que existiría una notificación por cédula en su domicilio real. Del mismo modo, los mencionados Vocales sostuvieron que respecto al reclamo de priorización de la causa, el Juez de la causa se hubiese apegado estrictamente a lo dispuesto por el Acuerdo de Sala Plena “37/2018” del Tribunal Supremo de Justicia, para luego afirmar que, al no oponerse los incidentes en su debida oportunidad, el derecho hubiese precluído, concluyendo que tal situación no generó una “evidente indefensión”. Afirmación que resulta abiertamente contradictoria cuando el propio mencionado Auto de Vista reconoce la existencia de indefensión; b) Respecto a la nulidad de la notificación con la conminatoria, los referidos Vocales al fundamentar ese agravio validaron todos los demás actos anteriores plagados de vicios de nulidad; es decir, a pesar de expresar que se verificó su estado de indefensión, señalaron que por actuaciones de mera formalidad como la notificación por cédula en su domicilio real no se vulneró su derecho a la defensa, lo cual es incongruente; ya que, fue la inactividad de la abogada defensora que vulneró su defensa en juicio; c) No fue tratado en igualdad de condiciones porque no tuvo una defensa técnica activa, responsable y efectiva; es decir que, la designación de la abogada de oficio vulneró este principio; y, d) No se aplicó un enfoque diferencial durante su proceso; por lo que, se omitió el conocimiento de que tiene ochenta años de edad y que desconocía el proceso laboral, se libró una orden de aprehensión contra su persona y fue detenido en el Centro Penitenciario Mocoví (Varones) de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, quedando libre recién el 22 de noviembre de 2024. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Respecto a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales: Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada; valoración probatoria apartada de los marcos de razonabilidad y equidad; e, incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales; 2) Sobre el incidente de nulidad en materia laboral; 3) Sobre los alcances del derecho al debido proceso; 4) Los deberes del defensor de oficio y las consecuencias de su incumplimiento; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. Respecto a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales: Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada; valoración probatoria apartada de los marcos de razonabilidad y equidad; e, incorrecta interpretación

de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales

La SCP 1254/2025-S3 de 14 de octubre citando a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, establece que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial.

Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”.

III.2. Sobre el incidente de nulidad en materia laboral

La SCP 1254/2025-S3 de 14 de octubre, citando a la SCP 0179/2018-S1 de 11 de mayo, señala que: [«“A objeto de tener una mejor comprensión de la problemática planteada por el accionante sobre la falta de conocimiento del proceso laboral seguido en su contra, del cual emergió la obligación del pago de beneficios sociales, incumplimiento por el que se hubiese emitido en su contra mandamiento de apremio, al respecto cabe referirnos al procedimiento para la imposición de incidente de nulidad previsto en el Código Procesal Civil, normativa aplicable al caso de autos conforme la previsión contenida en el art. 252 del Código Procesal de Trabajo (CPT), que establece que: ‘Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral’ actualmente regida por el Código Procesal Civil establecido por la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013.

A este efecto, el art. 105 y siguientes del Código Procesal Civil (CPC), establece el régimen de nulidades, por el que se regirá todo actuado o procedimiento que adolezca de vicios en su producción que invaliden su eficacia jurídica legal.

‘ARTÍCULO 105. (ESPECIFICIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA NULIDAD)

I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad.

II. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado,

salvo que se hubiere provocado indefensión.

ARTÍCULO 106. (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD)

I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.

II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”ʼ».

Por su parte, la SCP 0700/2020-S2 de 19 de noviembre, precisó que: «‘‘…la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso.

Maurino sostiene que la misión de las nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto’’.

En ese sentido, para que opere una declaratoria de nulidad, aun de oficio, deben presentarse los elementos consignados en la SC 0731/2010-R de 26 de julio; éstos son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, ‘la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, ‘Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)”

Destaca además sobre el particular, que la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, concluyó de un análisis de la justicia material como finalidad del sistema de administración de justicia boliviano, que la Ley del Órgano Judicial vigente, limita la posibilidad de declarar la nulidad a los casos estrictamente necesarios instituidos en la Ley; así, el art. 17.I de la referida Ley, prevé que: ‘La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley’; debiendo considerarse además el principio de preclusión, respecto al que el art. 16.I de la Ley anotada, regula que: ‘Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley’.

Así, la Sentencia Constitucional precitada, estableció que: “…en grado de apelación los tribunales ad quem en materia civil deben considerar al menos:

i) Se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales lo que ocasiona que las nulidades deban encontrarse expresamente previstas en la ley.

ii) Las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal.

iii) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que ‘Nadie puede alegar su propia negligencia’.

iv) No puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión.

v) La declaratoria de nulidad imputable a la deficiente tramitación del órgano de administración de justicia debe generar responsabilidad funcionaria”»].

III.3. Sobre los alcances del derecho al debido proceso

La SCP 1334/2015-S2 de 16 de diciembre, citando a la SCP 1072/2013 de 16 de julio establece que: «“El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’.

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad’.

De lo glosado es posible extraer que el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre ellos, la pertinencia, la congruencia, la motivación y la valoración de la prueba en las resoluciones; pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada precedentemente, sin embargo, en los instrumentos internacionales como en la doctrina 8 constitucional ha sido ampliamente desarrollada. Elementos que sin duda constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso”.

De lo expuesto, se concluye que en todo conflicto sea en el ámbito judicial o administrativo, la autoridad que asuma el conocimiento de un proceso en el marco de sus atribuciones, debe obrar en el plano del debido proceso cumpliendo a cabalidad con cada uno de los presupuestos legales en su tramitación; puesto que a más de ser un derecho susceptible de ser exigido por las partes en litigio, es una obligación de los administradores de justicia prevista por el ordenamiento jurídico interno del país, consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho y garantía, reconocido además como un derecho humano en los arts. 8 de la convención Americana sobre Derecho Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), por consiguiente, su observancia es imperativa e inmediata y sin dilaciones, por cuanto si se detectan posteriormente actuados procesales que se salieron de los fueros del debido proceso, estas actuaciones son susceptibles de anularse».

III.4. Los deberes del defensor de oficio y las consecuencias de su incumplimiento

La SCP 1094/2023-S3 de 13 de noviembre, señala que: “…Es la jurisprudencia constitucional la que se pronunció señalando que la designación de defensor de oficio no se agota en la formalidad legal de tal acto, ni en un mero acto de presencia en el proceso o la presentación de disconformidad de una resolución sin expresar agravios, sino en la realización material del mismo, en el ejercicio del derecho a la defensa, el ofrecimiento de pruebas, el cuestionamiento de las contrarias, la presentación de un recurso de apelación con la debida fundamentación de agravios, consiguientemente, su desconocimiento deriva en la nulidad del proceso. Consiguientemente, el defensor de oficio debe observar una conducta activa, debe aplicar sus conocimientos en beneficio del procesado, participando en todos los actos del proceso, presentando los recursos que crea pertinente a favor del procesado, desplegar en lo posible una defensa material y efectiva, lo contrario colocará al procesado en un estado de indefensión …” (las negrillas nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, defensa técnica, “verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” (sic); a la igualdad como elemento del debido proceso; y, al debido proceso “al no haber aplicado el enfoque diferencial” (sic); puesto que, los Vocales hoy accionados a través del Auto de Vista 064/2024 de 30 de septiembre: i) De manera contradictoria, reconocieron la vulneración del derecho a la defensa técnica atribuida a la actuación de la abogada de oficio; sin embargo, termina por convalidarla bajo el argumento de que existiría una notificación por cédula en su domicilio real. Del mismo modo, los mencionados Vocales sostuvieron que respecto al reclamo de priorización de la causa, el Juez de la causa se hubiese apegado estrictamente a lo dispuesto por el Acuerdo de Sala Plena “37/2018” del Tribunal Supremo de Justicia, para luego afirmar que, al no oponerse los incidentes en su debida oportunidad, el derecho hubiese precluído, concluyendo que tal situación no generó una “evidente indefensión”. Afirmación que resulta abiertamente contradictoria cuando el propio mencionado Auto de Vista reconoce la existencia de indefensión; ii) Respecto a la nulidad de la notificación con la conminatoria, los referidos Vocales al fundamentar ese agravio validaron todos los demás actos anteriores plagados de vicios de nulidad; es decir, a pesar de expresar que se verificó su estado de indefensión, señalaron que por actuaciones de mera formalidad como la notificación por cédula en su domicilio real no se vulneró su derecho a la defensa, lo cual es incongruente; ya que, fue la inactividad de la abogada defensora que vulneró su defensa en juicio; iii) No fue tratado en igualdad de condiciones porque no tuvo una defensa técnica activa, responsable y efectiva; es decir que, la designación de la abogada de oficio vulneró este principio; y, iv) No se aplicó un enfoque diferencial durante su proceso; por lo que, se omitió el conocimiento de que tiene ochenta años de edad y que desconocía el proceso laboral, se libró una orden de aprehensión contra su persona y fue detenido en el Centro Penitenciario Mocoví (Varones) de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, quedando libre recién el 22 de noviembre de 2024.

De los antecedentes que motivaron la presente acción tutelar desglosados en el apartado II. de Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que dentro del proceso laboral por pago de indemnización, sueldos devengados, desahucio, pago de primas y otros, seguido contra el accionante, en ejecución de sentencia el nombrado formuló incidente de nulidad, solicitando la nulidad de la contestación a la demanda, de la priorización de la causa, del ingreso a despacho, de la notificación de la “Sentencia”, de la notificación a la “defensora”, de la conminatoria de pago y del apremio, mismo que fue rechazado a través del Auto 397/2024, y recurrido en apelación a través del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, emitiéndose en consecuencia el Auto 459/2024, que dispuso no ha lugar la reposición y concedió la apelación en efecto devolutivo, bajo ese antecedente se pronunció Auto de Vista 064/2024 (Conclusión II.4.). Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista 064/2024, los Vocales ahora accionados en revisión del Auto 397/2024, determinaron la revocatoria de dicho Auto acogiéndose a la nulidad “hasta fs. 265”, es decir, hasta la notificación con la conminatoria; por lo que, esta no fue practicada mediante cédula a la abogada de oficio y al accionante, sino en estratos judiciales. No obstante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que la problemática central de esta acción tutelar radica en la afectación estructural del derecho a la defensa técnica efectiva, por el supuesto actuar de la mencionada abogada.

Así, a efectos de ingresar al análisis del Auto de Vista 064/2024, corresponde remitirse a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, del cual se extrae que si bien la fundamentación, valoración e interpretación de legalidad ordinaria le atinge a los tribunales de justicia ordinarios y no a la jurisdicción constitucional; no obstante, excepcionalmente le está permitido a esta última ingresar a efectuar una revisión de las decisiones que se toman ante dicha instancia, cuando de manera suficiente y clara el accionante demuestre la necesaria vinculación entre la presunta vulneración de derechos y/o garantías constitucionales con el despliegue interpretativo-argumentativo de los Vocales hoy accionados en los siguientes tres supuestos a saber a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo vulnera derechos y garantías constitucionales.

En el caso concreto, el Auto de Vista 064/2024, en respuesta a los agravios donde se denunció la falta de defensa técnica, mencionó que “NO se ha referido a la indefensión provocada por el abogado defensor de oficio, al respecto se evidencia de obrados, que el defensor de oficio evidentemente contesta la demanda de manera afirmativa, y no realiza actuación alguna, luego de manera irregular el juez ordena la notificación de la sentencia a la misma abogada. Sobre la especificidad y trascendencia de este acto si bien es relevante, se encuentra subsanado por la notificación al demandado en su domicilio real, según representación es del caso de autos, sin embargo la falta de asistencia técnica en la causa es evidente” (sic). En base a ello, se considera lo aseverado por el accionante respecto a que la actuación de la abogada de oficio fue con el objeto de cumplir una mera formalidad; ya que, no utilizó ningún recurso ni mecanismo procesal durante todo el proceso, esta actuación permite advertir un aspecto de capital importancia, la constitución de una Defensora de Oficio que no ejerció el derecho a la defensa, menos el derecho a la impugnación, mediante el recurso de apelación con la fundamentación de agravios, incumpliendo con el deber de ejercer los derechos del procesado -accionante- en el desarrollo del proceso laboral, dejándolo en un estado de completa indefensión.

En la misma línea se tiene que, los Vocales hoy accionados a pesar de advertir la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, no procedieron al restablecimiento de los derechos vulnerados; apartándose de esta manera de lo dispuesto por el art. 105. II) del CPC referente a la trascendencia de la nulidad -Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional-, por el contrario, convalidaron dicha vulneración, afectando derechos y garantías fundamentales, entre ellos a la defensa y al debido proceso, el cual cumple un papel particular; puesto que, por una parte, actúa de manera conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado y se lo ha reconocido conjunto al derecho a la defensa en el art. 117.I de la CPE.

Así, en coherencia con lo manifestado precedentemente, se debe considerar que sobre el derecho a la defensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su competencia contenciosa, determinó la responsabilidad internacional de los Estados por la vulneración de dichas garantías en aquellos casos en los que, a pesar de la designación formal de un defensor de oficio, la asistencia letrada no fue efectiva. De esta manera, en el caso Tibi vs. Ecuador, el Tribunal Interamericano estableció que la falta de comunicación entre el defensor y la persona procesada, así como la ausencia de una defensa activa, configura una vulneración al derecho a la defensa. De igual manera, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, la Corte IDH enfatizó que la defensa proporcionada por el Estado debe ser real, efectiva y diligente, lo que impone a éste el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la asistencia técnica no se reduzca a una actuación meramente formal.

Bajo ese entendido, se desprende que la defensa técnica pública o de oficio debe ejercerse desde las primeras actuaciones del proceso y durante toda su sustanciación, siendo incompatible con los estándares constitucionales y convencionales cualquier forma de pasividad, negligencia o actuación simbólica del defensor; puesto que, la efectividad de la defensa no se mide por el resultado del proceso, sino por el despliegue activo y responsable de las facultades y mecanismos legales en resguardo de los derechos de la persona asistida.

Por lo expuesto, se advierte que el Auto de Vista 064/2024, carece de motivación y congruencia al advertir la relevancia de la evidente falta de asistencia técnica alegada por el accionante y solo remitirse a la nulidad “hasta fs. 265” -inherente a la notificación con la conminatoria de manera personal o mediante cédula-, tal razonamiento no solo desconoce que la indefensión fue consecuencia directa de la inactividad de la abogada de oficio, sino que además convalida actos procesales viciados, validando nulidades previamente advertidas, lo que evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de defensa técnica y congruencia con afectación al principio de igualdad procesal, al no garantizar una defensa técnica activa, responsable y efectiva, situando al accionante en una condición de desventaja material frente a la parte contraria. Por lo que, respecto a este derecho corresponde conceder la tutela solicitada.

Finalmente, respecto a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso por “…NO HABER APLICADO EL ENFOQUE DIFERENCIAL” (sic) durante su juzgamiento, y por la emisión de un mandamiento de aprehensión a pesar de su avanzada edad y estado de salud, corresponde señalar en primer lugar que, el accionante indicó que fue puesto en libertad el 22 de noviembre de 2024; por cuanto sobre este acto reclamado cesaron los efectos y no puede ser objeto de reparación mediante esta acción tutelar.

Por todo lo expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional colige que el Auto de Vista 064/2024, no efectuó una adecuada valoración de los hechos, por cuanto carece de motivación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados, al evidenciar la indefensión del accionante sin reestablecer sus derechos actuaron vulnerando el debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, igualdad y defensa técnica, correspondiendo en consecuencia la emisión de un nuevo auto de vista reconsiderando los aspectos jurídicos y fácticos señalados que hacen al caso en cuestión; que permitan y restablezcan el ejercicio del derecho a la defensa del accionante.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2025 de 17 de “febrero” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 829 a 834 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, igualdad y defensa técnica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; por consiguiente:

a) Disponer la emisión de un nuevo auto de vista, que subsane los defectos advertidos, en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso por “…NO HABER APLICADO EL ENFOQUE DIFERENCIAL” (sic) durante su juzgamiento, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 194 a 196.

2 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 159.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0110_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0370c4ae0a9a28860ba0f27c74d7502306733bb61693c24704e4426695c70b6d

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