Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la “seguridad jurídica” y a una justicia plural pronta, oportuna y transparente; toda vez que, habiéndose dispuesto la detención domiciliaria sin salida laboral en su contra, el 17 de junio de 2022 impetró la modificación de esa medida cautelar con el objeto de conseguir autorización de salida laboral, no obstante: 1) Hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no se resolvió la indicada solicitud, en razón a que las audiencias programadas fueron suspendidas en reiteradas oportunidades; y, 2) A pedido de la víctima de forma arbitraria el Juez demandado declaró el abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lobera, y en el verificativo de 11 de agosto de igual año, la Secretaria demandada de forma irregular apartó de la audiencia virtual a Fernando Pérez Dorado, para en forma posterior bloquearlo y no dejarlo ingresar, colocándole en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a la dilación en la tramitación y resolución de la solicitud de modificación de medida cautelar de 17 de junio de 2022, disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz sea quien resuelva la situación jurídica del accionante, en atención a que el proceso penal se encuentra radicado en dicho Tribunal, siempre y cuando la misma no hubiese sido ya cambiada; 2° DENEGAR la tutela, con referencia a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y a la solicitud que se deje sin efecto el abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lovera; y, 3° Exhortar al personal del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que, en futuras actuaciones, efectúen la remisión correcta y completa de los antecedentes del proceso constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2025-S3 Sucre, 18 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50355-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Einar Cruz Cusi contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; y, Genoveva Mariel Limachi Copa, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 6 a 11, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación previsto en el art. 308 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 32/2022 de 31 de enero, el Juez demandado dispuso su detención domiciliaria, sin salida laboral, a ser verificado por un funcionario de ese despacho judicial. Ante esa situación, el 21 de marzo de 2022 solicitó la modificación de la señalada medida cautelar que fue rechazada a través de Auto Interlocutorio 130/2022 de 5 de abril; motivo por el que, el 17 de junio de igual año, interpuso un nuevo pedido de autorización de salida laboral; en tal sentido, se programó audiencia para el 1 de julio del referido año, actuado procesal que fue suspendido en mérito a que la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del mencionado Tribunal Departamental de Justicia, reprogramándose el verificativo para el 11 de “agosto” -lo correcto es julio- de similar año, a horas 14:00; no obstante, esa audiencia también fue suspendida “…ante la inasistencia injustificada del abogado del imputado…” (sic) y del representante del Ministerio Público, concediendo el plazo de cuarenta y ocho horas para que Martín Villca Lovera -su abogado defensor-justifique su inconcurrencia bajo advertencia de declararse abandono malicioso en previsión de los arts. 104 y 105 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por memorial de 12 de julio de 2022 impetró nuevamente la modificación de medidas cautelares y en el Otrosí 2, su abogado defensor justificó su inasistencia a la audiencia de 11 del referido mes y año, expresando que debido a problemas de conexión de internet “…se conectó a horas 14:02 minutos que consta en registro y grabación por parte de la secretaria de su (…) despacho (…) solicitando se tenga presente” (sic), mereciendo el decreto de 14 del citado mes y año que establecía que con carácter previo se de estricto cumplimiento a lo dispuesto en el acta de audiencia de 11 del referido mes y año y en cuanto al Otrosí 2 dispuso que “…POR SECRETARIA INFORME SOBRE LOS EXTREMOS REFERIDOS” (sic), motivo por el cual, su abogado se apersonó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz a objeto de conseguir el señalado informe, empero la servidora judicial se rehusó a realizar el mismo. Por ese motivo, el 25 de julio de 2022, presentó memorial anunciando copatrocinio y solicitando la modificación de la medida cautelar; por consiguiente, el Juez demandado fijó audiencia para el 2 de agosto del indicado año, siendo reprogramada para el 11 del mes y año mencionado, a horas 12:00, en razón a la inasistencia del representante del Ministerio Público, resolviendo en la parte final de dicha providencia que la inconcurrencia de su abogado defensor Martín Villca Lovera constituye abandono malicioso y determinó que “…el Abogado Fernando Pérez Dorado se haga presente a la próxima audiencia virtual señalada ya que de la revisión del último memorial seria el quien ha solicitado la audiencia, advirtiendo que no participara el Abog. Martín Villca Lovera” (sic). Una vez instalado el señalado verificativo en el que se encontraban sus dos abogados defensores, de forma irregular la Secretaria demandada expulsó a Fernando Pérez Dorado de la sala virtual, no pudiendo reingresar debido a que fue bloqueado del sistema, aspecto que fue reclamado por su otro abogado.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la “seguridad jurídica” y a una justicia plural pronta, oportuna y transparente, citando al efecto los arts. 46, 47, 115.II, 117.1, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, ordene al Juez demandado programe nueva audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas y se deje sin efecto el abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lovera, al haberse justificado en forma debida su inasistencia a la audiencia de 11 de julio de 2022.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido íntegro de la demanda tutelar y ampliándolo indicó que: a) Se solicitó modificación de medidas cautelares que mereció el decreto de 20 de junio de 2022, por el cual se fijó audiencia; empero, debido al “…informe de la secretaria de despacho del juzgado (…) ahora accionada Genoveva Limachi en la cual refiere (…) de manera textual habiendo se señalado a la autoridad fiscal en suplencia legal la misma las diligencias no fueron remitidos a la oficina gestora de procesos…” (sic) se reprogramó la misma para el 11 de julio de igual año; b) Habiéndose dispuesto en el acta de suspensión de audiencia de 11 de julio de 2022 que el indicado abogado defensor presente justificativo de su inasistencia, en el otrosí 2 del memorial de 12 del mencionado mes y año hizo conocer que el aludido se conectó dos minutos tarde y “…consta aun en registro y en grabación de la secretaria que el suscrito abogado si estaba presente dos minutos tarde…” (sic), por lo que pidió a dicha servidora judicial informe al respecto, empero “...a la presente fecha no ha sido informado por la secretaria de despacho del juzgado…” (sic), motivo por el cual interpuso recurso de reposición haciendo notar que presentó su justificativo, el cual fue declarado no ha lugar; c) En la audiencia de 11 de agosto del referido año, a solicitud de la víctima se declaró el abandono malicioso del nombrado abogado defensor, dejándole en indefensión; d) En el indicado verificativo estaba acompañado de sus dos abogados defensores, Martín Villca Lobera y Fernando Pérez Dorado; sin embargo, este último fue eliminado de la audiencia virtual por la Secretaria demandada, extremo que fue reclamado por su otro defensor técnico Martin Villca Lobera, quien pese a que no debía estar presente participó de la audiencia; e) Desde el 12 de abril de 2022 no se puede llevar a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares para la autorización de salida laboral, denotándose una actuación arbitraria contra sus abogados defensores, por cuanto se declaró el abandono malicioso de uno de ellos y al otro se lo eliminó de la sala virtual; y, f) La Secretaria demandada, evadió realizar el informe requerido.
Conforme al informe prestado en audiencia de garantías por el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, se tiene que Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, habría presentado informe escrito; empero, el mismo no fue adjuntado al expediente remitido en revisión, por lo que, el contenido de mismo fue extraído de la Resolución pronunciada por el Juez de garantías. En ese entendido, se colige que señaló: 1) Martín Villca Lobera, abogado defensor del imputado no asistió dos veces consecutivas a las audiencias programadas; en tal sentido, solicitó justifique su inconcurrencia a la audiencia de 11 de julio de 2022, bajo alternativa de aplicarse los arts. 104 y 105 del CPP; no obstante, el aludido “…no justifica ni se pronunció al respecto…” (sic); 2) Posterior a ello, el accionante impetró nueva solicitud de modificación de medidas cautelares firmando el memorial otro abogado defensor; no obstante, “…el día y hora de audiencia (…) nuevamente asist[e] Martin Villca Lobera sin cumplir [el] justificativo lo dispuesto por esta autoridad…” (sic); y, 3) En antecedentes cursa la Resolución conclusiva de acusación fiscal de 4 de agosto de igual año; por lo que, en aplicación del art. 325 del CPP se remitió el expediente al Tribunal de Sentencia Penal de turno; es decir, ya no se encuentra en su Juzgado. Genoveva Mariel Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia indicó que: i) Es evidente que el impetrante de tutela con la asistencia técnica de su abogado Martín Villca Lobera interpuso solicitud modificación de medidas cautelares, programándose audiencia para su consideración; sin embargo, dicho verificativo fue “…suspendido por dos veces consecutivas (…) estando en sala de audiencia el imputado y no así su abogado…” (sic), en tal sentido, la autoridad judicial en la última audiencia ordenó que el referido abogado defensor justifique su inasistencia, empero, pese a su legal notificación, “…el mismo no ha presentado justificativo alguno tampoco se ha apersonado por ventanilla de jugado…” (sic); ii) Notificado el abogado defensor con el decreto de 14 de julio de 2022, presentó recurso de reposición el 20 del indicado mes y año, fuera del plazo de veinticuatro horas previsto para su interposición, lo cual conllevó a su declaratoria de no ha lugar; iii) El accionante interpuso nueva solicitud de modificación de medida cautelar suscrita por Fernando Pérez Dorado, a la cual se dio curso, empero, una vez instalado el verificativo, se constató que dicho abogado defensor no estaba en la audiencia virtual, ingresando en su lugar Martín Villca Lobera, quien no justificó su inconcurrencia a las anteriores audiencias; y, iv) El proceso penal cuenta con Resolución conclusiva de acusación fiscal de 4 de agosto del mencionado año, es así que al haber solicitado la víctima y el representante del Ministerio Público la remisión del cuaderno de control jurisdiccional se envió el mismo al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto y por decreto de 15 del mismo mes y año se radicó la causa en dicho Tribunal.
El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 30/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se evidenció que la audiencia de 11 de julio de igual año, fue suspendida por inasistencia de las partes y en su punto segundo, el Juez demandado, concedió un plazo de cuarenta y ocho horas para que el abogado defensor del imputado justifique su inconcurrencia a dicho acto procesal, es así que mediante memorial de 12 del señalado mes y año, el imputado reiteró su pedido de modificación de medidas cautelares suscribiendo dicho escrito el abogado Martín Villca Lobera, petitorio que mereció el decreto de 14 del mes y año indicados programando nueva audiencia. Por el decreto de 22 del referido mes y año, se declaró no ha lugar al recurso de reposición que interpuso el accionante, por inobservar el plazo para su interposición; b) Cursa nueva solicitud de modificación de medida cautelar presentada por el impetrante de tutela, suscribiendo como abogado Fernando Pérez Dorado, la cual fue atendida por decreto de 28 de julio de 2022 fijando audiencia para el 2 de agosto del citado año, a horas 11:00, empero, la misma fue suspendida por inasistencia de la parte denunciante y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, reprogramándose para el 4 del señalado mes y año; sin embargo, dicho verificativo fue suspendido por la inconcurrencia del representante del Ministerio Público, así como también la de 9 del señalado mes y año; c) Habiéndose instalado la audiencia de 11 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada advirtió que Martín Villca Lobera pese a estar inhabilitado para ejercer la defensa del accionante se encontraba en el señalado verificativo, y no así Fernando Pérez Dorado, profesional que firmó la última solicitud de modificación de medida cautelar, motivo por el cual, suspendió la misma en razón a que el accionante no contaba con defensa técnica, disponiendo la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal de turno; d) Conforme establece la jurisprudencia constitucional cuando se denuncia procesamiento vía acción de libertad, se debe comprobar que el acto denunciado este directamente vinculado con la libertad; en ese entendido, en el caso en análisis se tiene que se desarrolló varias audiencias de modificación de medidas cautelares que por defectos procesales de notificación fueron suspendidas. En cuanto al absoluto estado de indefensión, el imputado expresó que se apartó del proceso penal a uno de sus abogados defensores a raíz de una declaratoria de abandono malicioso pese a que ingresó a la audiencia de 11 de julio de 2022 con retraso y en el último verificativo de 11 de agosto de igual año, se habría expulsado de forma irregular de la sala virtual a su otro abogado, quedando en indefensión; e) En relación a la determinación de abandono malicioso de uno de los abogados defensores del accionante, se colige dicho aspecto se trata de una relación de carácter laboral entre el imputado y su abogado, más aun cuando el procesado tiene dos defensores técnicos, siendo lógico que asista a las audiencias con ambos o con uno de ellos; sin embargo, debió considerar que al haberse sancionado a Martín Villca Lobera, el mismo se encuentra inhabilitado para participar en el verificativo programado de 11 de agosto de 2022, bajo ese entendido, no corresponde valorar dentro la presente acción de libertad si la declaratoria de abandono malicioso es correcto o no, debiéndose activar para ello la acción de amparo constitucional; y, f) Finalmente se evidenció que el proceso penal del cual deviene la presente acción de libertad ya no se encuentra en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; por lo que, no se podría ordenarse a la autoridad judicial demandada que lleve adelante una audiencia dentro de una causa que perdió competencia, en razón a que se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, correspondiendo al imputado realizar su pedido ante ese Tribunal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa captura de pantalla de una audiencia virtual, desarrollada con la participación de Martín Villca Lobera, “SECRETARIA ABOGADA”, “Ea Ogp Sala 2”, Fernando Pérez Dorado, Einar Cruz Cusi -ahora accionante-, “ESTUDIO JURIDICO BUSTILLOS” y Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, observándose de forma borrosa en la parte inferior que se consigna la data de 11 de agosto de 2022, horas 12:00 (fs. 3).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la “seguridad jurídica” y a una justicia plural pronta, oportuna y transparente; toda vez que, habiéndose dispuesto la detención domiciliaria sin salida laboral en su contra, el 17 de junio de 2022 impetró la modificación de esa medida cautelar con el objeto de conseguir autorización de salida laboral, no obstante: 1) Hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no se resolvió la indicada solicitud, en razón a que las audiencias programadas fueron suspendidas en reiteradas oportunidades; y, 2) A pedido de la víctima de forma arbitraria el Juez demandado declaró el abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lobera, y en el verificativo de 11 de agosto de igual año, la Secretaria demandada de forma irregular apartó de la audiencia virtual a Fernando Pérez Dorado, para en forma posterior bloquearlo y no dejarlo ingresar, colocándole en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: [Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: «…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)» La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad] (el resaltado nos pertenece).
Sobre el particular, la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, sistematizando entendimientos jurisprudenciales, estableció subreglas al señalar: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación.
Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.
Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual, señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.
En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva.
Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.
Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” (el resaltado es añadido).
Con relación a este acápite, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (el resaltado nos pertenece). Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, respecto a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: “Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, de la jurisprudencia desglosada se establece que, para activar una acción de libertad por procesamiento indebido, necesariamente se debe cumplir con los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, es decir que el acto lesivo sea la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, último requisito que no es exigible cuando se trata de medidas cautelares.
La problemática traída en revisión centra su análisis en dos aspectos principales; por una parte, la suspensión de las audiencias de modificación de medida cautelar de 1 y 11 de julio; y, 2, 4, 9 y 11 de agosto de 2022 programadas por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- lo cual conllevó a que hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no se pueda resolver la situación jurídica del accionante; y por otra, la declaratoria de abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lobera que fue dispuesta a pedido de la víctima, además que en el verificativo de 11 de agosto de igual año, la Secretaria demandada de forma irregular hubiere apartado de la audiencia virtual a su copatrocinador Fernando Pérez Dorado, para en forma posterior bloquearlo y no dejarlo ingresar, colocándole en absoluto estado de indefensión, actuaciones que lesionan sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la “seguridad jurídica” y a una justicia plural pronta, oportuna y transparente. i) Con relación a la suspensión de las audiencias de modificación de medidas cautelares de 1 y 11 de julio, y 2, 4, 9 y 11 de agosto de 2022 Conforme a lo manifestado por el accionante y los demandados, así como lo advertido por el Juez de garantías, que en mérito al principio de inmediación tuvo acceso directo al cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación, el Juez demandado a través de Auto Interlocutorio 32/2022 de 31 de enero, dispuso su detención domiciliaria, sin salida laboral, ante esa situación, el prenombrado el 17 de junio de igual año, solicitó la modificación de esa medida cautelar a objeto de lograr la autorización para salir a trabajar habiéndose fijado a ese efecto audiencias para el 1 y 11 de julio las cuales fueron suspendidas por falta de remisión de las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -la primera- y la inasistencia de Martín Villca Lobera abogado defensor del imputado -la segunda-, motivando a que se ordene al prenombrado que en el plazo de cuarenta y ocho horas justifique su inconcurrencia al último verificativo bajo advertencia de declararse abandono malicioso. Por ese motivo, a través de memorial de 25 de julio de 2022, el accionante anunció el copatrocinio de Fernando Pérez Dorado y solicitó modificación de la medida cautelar impuesta en su contra; programándose audiencia para el 2 de agosto del año, que fue suspendida por inasistencia de la parte denunciante y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -no se identificó de qué Municipio-, a tal efecto se difirió su sustanciación para el 4 del señalado mes y año y en forma posterior para el 9 del indicado mes y año, en mérito a la inconcurrencia del Ministerio Público en ambas audiencias. En la audiencia de 11 de agosto de 2022, el Juez de la causa advirtió que el imputado no se encontraba acompañado de su abogado defensor que suscribió la última solicitud de modificación de medidas cautelares. Lo que motivó que disponga la suspensión de ese actuado y en virtud a que se presentó Resolución conclusiva de acusación fiscal el 4 de agosto de 2022, en aplicación del art. 325 del CPP, determinó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal de turno, instrucción que conforme al informe de los demandados fue cumplida, encontrándose la causa radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. Ahora bien, a fin de resolver la problemática consistente en la dilación en la resolución de la solicitud de modificación de medida cautelar, es necesario considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referente a la obligación que tiene toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre implicado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del mencionado derecho. Entendimiento que resulta aplicable al presente caso, pues de las actuaciones desarrolladas por el Juez demandado, inicialmente se advierte que la solicitud de modificación de medida cautelar presentada el 17 de junio de igual año, mereció el señalamiento de audiencia para el 1 de julio del citado año, coligiendo que no fue programado dentro de las cuarenta y ocho horas, sino diez días hábiles después, contraviniendo lo previsto en el art. 239 del CPP. En tal sentido, se tiene que la autoridad judicial demandada incumplió con su deber de actuar con la debida celeridad que corresponde imprimir a los trámites referidos a la revisión de las medidas cautelares de carácter personal. Además de ello, el referido verificativo fue suspendido debido a que la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del mencionado Tribunal Departamental de Justicia, extremo que se establece como cierto en razón a que no fue rebatido por la parte demandada luego que el accionante en la audiencia de garantías hizo alusión a la existencia de un “…informe de la secretaria de despacho del juzgado (…) ahora accionada Genoveva Limachi en la cual refiere (…) de manera textual habiendo se señalado a la autoridad fiscal en suplencia legal la misma las diligencias no fueron remitidos a la oficina gestora de procesos…” (sic [énfasis agregado]), advirtiéndose por el contrario que la Secretaria demandada al intervenir en la mencionada audiencia aceptó que dicho verificativo fue “…suspendido por dos veces consecutivas…”(sic) aclarando que la última era atribuible a la inconcurrencia del abogado defensor del imputado, bajo ese entendido, la autoridad judicial reprogramó el señalado acto procesal para el 11 de julio de 2022. Dicha actuación a criterio de esta Sala también incurre en una demora injustificada; toda vez que, si bien el cumplimiento de los plazos respecto a las diligencias de notificación le constriñe al personal subalterno del juzgado; no obstante, es el Juez demandado como titular del despacho judicial quien tiene la obligación de supervisar que los plazos procesales de todas las causas que están bajo su conocimiento sean cumplidos dentro de los plazos establecidos a objeto de evitar lesiones a derechos y garantías de las partes procesales, máxime cuando la solicitud efectuada está vinculada con el derecho a la libertad del accionante, como acontece en el caso en revisión. En tal contexto, pese a que la autoridad demandada de oficio difirió la sustanciación de la audiencia de consideración de modificación de la medida cautelar para el 11 de julio de 2022, la señaló después de seis días hábiles, inobservando el plazo estipulado en el art. 239 del CPP, observándose además que dicho verificativo fue suspendido “…ante la inasistencia injustificada del abogado del imputado…” (sic) y del representante del Ministerio Público; por lo que, el Juez demandado concedió el plazo de cuarenta y ocho horas para que Martín Villca Lovera -defensa técnica del accionante- justifique su inconcurrencia bajo advertencia de declararse abandono malicioso en previsión de los arts. 104 y 105 del CPP. De lo anotado, este Tribunal concluye que la autoridad judicial demandada también inobservó el art 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que expresamente establece: “Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio”; habida cuenta que, ante la inconcurrencia de la defensa técnica del accionante a la audiencia de 11 de julio de 2022, correspondía designarle abogado defensor de oficio y diferir el verificativo para su sustanciación dentro de las cuarenta y ocho horas, habilitándose incluso horas inhábiles; concluyendo que, el Juez demandado al no obrar de esa manera incurrió en una dilación indebida y por ende en la lesión de sus derechos invocados, en razón a que, si bien ordenó que su abogado Martín Villca Lobera, justifique su inasistencia para en forma posterior resolver que existía abandono malicioso, dejó de lado la tramitación de la solicitud de modificación de medidas cautelares, evidenciando además que no procedió a señalar nueva audiencia de oficio, como era su obligación, sino esperó a que el impetrante de tutela el 25 de julio de 2022, presente memorial suscrito por otro profesional anunciando copatrocinio y reiterando su pedido de modificación de medida cautelar, la cual fue atendida por decreto de 28 de idéntico mes y año, fijándose audiencia para el 2 de agosto del citado año, a horas 11:00; es decir, sin contemplar un plazo prudencial ni razonable, ocasionando otra una dilación indebida. En ese mismo orden, el Juez de garantías en la Resolución que es objeto de revisión, en el marco del principio de inmediación verificó que el mencionado actuado procesal fue diferido por la inasistencia de la parte denunciante y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -no señaló de qué Municipio-, reprogramándose para el 4 del señalado mes y año. Sin embargo, dicho verificativo también fue suspendido para el 9 del referido mes y año, por la inconcurrencia del representante del Ministerio Público, recomendándose “…que debe notificar al Ministerio Público…” (sic), actuado procesal que fue suspendido por el mismo motivo, observando que si bien, en la audiencia de garantías de 11 de agosto de 2022, se encontraban todas las partes procesales; incluido el accionante asistido de sus dos abogados defensores, Martín Villca Lobera y Fernando Pérez Dorado, no obstante, se recordó que a solicitud de la víctima por decreto de 2 de agosto de 2022 se declaró el abandono malicioso de Martín Villca Lobera por no haber justificado su inasistencia a la audiencia de 11 de igual mes y año, encontrándose por ende, inhabilitado para participar en el verificativo que se desarrollaba, extremo que se tiene como evidente, en virtud a que no fue refutado por ninguno de los demandados en la audiencia de garantías. Bajo ese panorama, en dicho verificativo se constató que Fernando Pérez Dorado, copatrocinador del imputado no se encontraba en audiencia, motivo por el cual, la autoridad demandada dispuso la suspensión de la audiencia eludiendo nuevamente su obligación de actuar en el marco de lo previsto en el art. 113.II del CPP que dispone: “La jueza, el juez o tribunal bajo ningún caso podrá suspender las audiencias (…) bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes” (negrillas nuestras). Por lo que, en ejercicio de dicho poder ordenador debió realizar todos los actos necesarios y conducentes a fin de asegurar la participación de las partes procesales al acto convocado de forma virtual, evitando que se suspenda, correspondiéndole verificar si lo aseverado por el demandante de tutela referente a que el nombrado abogado no podía ingresar a la audiencia porque no se admitía su participación era evidente o no, con el fin dar continuidad a la audiencia, máxime cuando la solicitud del accionante para que se considere la modificación de la medida cautelar de 17 de junio de 2022, fue diferido y reprogramado en varias ocasiones, estando a la fecha irresuelta. No obstante, dicha autoridad judicial actuando contrario a lo estipulado en la norma penal e inobservando la obligación que tenía para designar abogado defensor de oficio a la accionante, al habérsele informado que no contaba con defensa técnica, se limitó a disponer la suspensión de dicho verificativo y ordenar la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal de turno. Por consiguiente, dichas determinaciones afectaron más la situación jurídica del impetrante de tutela, en atención a que pese a presentarse la Resolución conclusiva de acusación fiscal de 4 de agosto de 2022 y correspondía remitir el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno en cumplimiento a lo instituido en el art. 325 del CPP, la autoridad judicial demandada con carácter previo debió observar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional que establece las subreglas para sustanciar las solicitudes relacionadas con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, cuando se presenta la acusación fiscal, entendimiento en el que se estableció que es el Juez de Instrucción Penal quien tiene competencia para conocer y resolver una solicitud de cesación o modificación de medida cautelar en tanto no se radique el proceso en el juez o tribunal de sentencia penal. En ese orden de ideas, se tiene que en el caso de autos la solicitud de modificación de medida cautelar fue interpuesta el 17 de junio de 2022 ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz quien es la autoridad competente para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva o modificación de medidas cautelares que se susciten, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal. Por consiguiente, al haberse formulado la Resolución conclusiva de acusación fiscal de 4 de agosto de ese año, en forma posterior a la solicitud señalada precedentemente, correspondía que la autoridad demandada celebre la audiencia y emita una resolución de fondo sobre la pretensión antes de remitir el expediente al Tribunal de Sentencia Penal de Turno, más aun cuando fue la propia autoridad judicial demandada que incurrió en la demora injustificada de dos meses en resolver la modificación de medida cautelar. Por tanto, este Tribunal concluye que la determinación asumida por el Juez demandado para que se remitan los antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, sin resolver dicha solicitud de modificación de medida cautelar, bajo el argumento que el Ministerio Público y la víctima solicitaron cumpla con su envió dentro de plazo dispuesto en el art. 325 del CPP, solo se constituye en un justificativo para deslindarse del control jurisdiccional del proceso que aún le era inherente a la aludida autoridad judicial, en desmedro de los derechos del accionante, ya que merecía que su pedido se tramite conforme a procedimiento. Máxime cuando en observancia de la subregla 2) establecida en la SCP la 0222/2018-S2, al momento de la remisión pudo haberse quedado con una copia de las piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de modificación de medida cuatelar y una vez concluida la audiencia y pronunciada la resolución correspondiente remitir los actuados al juez o tribunal de sentencia penal Cuarto de El Alto, que conoce la causa principal, para que sean arrimados al expediente. De lo anotado, se colige que desde la fecha de interposición de la solicitud de modificación de medida cautelar formulado por el accionante el 17 de junio de 2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -17 de agosto de igual año- transcurrieron dos meses sin que dicho petitorio haya sido resuelto, advirtiéndose la pasiva diligencia con la que actuó el Juez ahora demandado además de la inobservancia de la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, lo cual conllevó a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad y acceso a una justicia plural, pronta y oportuna, por la demora en la definición de la situación jurídica del impetrante de tutela, máxime cuando en cumplimiento de la instrucción que impartió, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Tribunal de Sentencia penal Cuarto de El Alto, sin resolverse la situación jurídica del accionante, encontrándose radicada la causa -conforme informó la Secretaria demandada y advirtió el Juez de garantías-; razones por las cuales corresponde conceder la tutela. ii) Con relación a la declaratoria de abandono malicioso del abogado defensor Martín Villca Lobera y la denuncia referente a que se hubiere apartado de forma irregular al copatrocinador Fernando Pérez Dorado de la audiencia de 11 de agosto de 2022 Conforme a lo aseverado por el impetrante de tutela en el memorial de demanda de esta acción de defensa, así como lo fundamentado en la audiencia de garantías, se establece que a solicitud de la víctima por decreto de 2 de agosto de 2022, el Juez demandado declaró el abandono malicioso de Martín Villca Lobera por no haber justificado su inasistencia a la audiencia de 11 de igual mes y año, extremo que se tiene como evidente, en virtud a que no fue refutado por ninguno de los demandados en el señalado verificativo. Bajo ese entendido, a efecto de resolver el petitorio referente a que se deje sin efecto la declaratoria de abandono malicioso del abogado defensor Martín Villca Lobera, es preciso considerar el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece que para que vía acción de libertad se pueda tutelar el procesamiento indebido, debe cumplirse con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, consistentes en que el acto procesal reclamado se constituya en la causa directa de la restricción de la libertad y que exista absoluto estado de indefensión, salvo que se trate de medidas cautelares. En ese contexto, en el caso en revisión, el acto lesivo denunciado por el accionante se concretiza en la determinación asumida por el Juez demandado de declarar abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lobera por su inasistencia a la audiencia de 11 de julio de 2022, aduciendo que le hubiere ocasionado indefensión, no obstante, se tiene que dicho aspecto no se encuentra vinculado directamente a la restricción del derecho a la libertad del impetrante de tutela; toda vez que la referida determinación no opera como causa para la restricción o supresión de su derecho a la libertad, advirtiéndose que por disposición del Auto Interlocutorio 32/2022 de 31 de enero, el prenombrado se encuentra con detención domiciliaria, sin autorización de salidas laborales. Por otra parte, no se advierte que el impetrante de tutela, a raíz del acto denunciado se encuentre en estado de indefensión, en razón a que a pesar de la sanción impuesta al mencionado profesional por decreto de 2 de agosto de 2022, el impetrante de tutela continuó ejerciendo su derecho a la defensa con la asistencia técnica de otro abogado de su confianza, Fernando Pérez Dorado, tal es así que, presentó nueva solicitud de modificación de medida cautelar el 25 de julio de 2022 quien participó en los actuados posteriores, con base en esos antecedentes, se colige que no se cumplen con los presupuestos procesales para que la justicia constitucional revise el procesamiento indebido a través de la acción de libertad, correspondiendo denegar la misma. Finalmente, con relación a la denuncia referente a que Fernando Pérez Dorado -copatrocinador del peticionante de tutela- no se encontraba en la audiencia virtual, en razón a que hubiere sido expulsado de la misma de forma irregular y que no hubiese podido reconectarse debido a que la Secretaria demandada como organizadora del señalado verificativo no hubiere admitido su participación, resulta pertinente traer a colación el entendimiento desarrollado por la SCP 0635/2019-S2 de 1 de agosto, referente a que: “…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada” (las negrillas son nuestras). Con base en lo expuesto, si bien de acuerdo al reporte fotográfico presentado por el aludido se evidencia que el mencionado profesional se hubiere estado presente en la sala virtual el 11 de agosto de 2022 a horas 12:00 (Conclusión II.1); es decir, al inicio del verificativo programado; empero, el accionante no presentó elemento probatorio alguno que permita adquirir certeza referente a que fue la Secretaria demandada quien expulsó y/o apartó del señalado acto procesal a Fernando Pérez Dorado de la audiencia virtual y no lo dejó reconectarse, como alega el imputado; por consiguiente, al no haberse aportado prueba alguna que permita demostrar que la aludida servidora judicial haya sido responsable del apartamiento de su abogado defensor, no es posible endilgarle dicha acción por la simple alegación realizada por el imputado. Bajo ese entendido, conforme determinó la SCP 0635/2019-S2 este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno respecto al fondo de lo denunciado, al no haber adquirido convicción sobre la lesión al derecho a la defensa del accionante con relación al hecho descrito precedentemente, dado que la concesión de la tutela no puede basarse en simples enunciaciones o presunciones realizadas por las partes, correspondiendo denegar la tutela al respecto.
Resuelta la problemática planteada, cabe referirnos a la actuación del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, con relación a la remisión de los antecedentes ante esta instancia de revisión del proceso constitucional. En ese entendido, del informe brindado por el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías se colige que el Juez demandado, hubiere presentado informe escrito respecto a la acción de libertad que se encuentra en revisión, tal es así, que en el acta del señalado verificativo consta inclusive que se hubiere procedido a su lectura; sin embargo, no fue adjuntado al expediente y por ende se omitió su remisión. Bajo ese contexto, en previsión del principio de celeridad que rige la tramitación de los procesos constitucionales, así como el principio de inmediación por el cual el Juez de garantías tuvo un acceso directo a dicho actuado, el contenido de mismo tuvo que ser extraído de la Resolución pronunciada por el aludido Juez; no obstante, es preciso recordar que la SCP 0087/2021 de 19 de abril, al respecto determinó que: “…todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática” (énfasis añadido).
Por consiguiente, corresponde exhortar al personal del mencionado Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz a que en posteriores actuaciones verifiquen la correcta remisión de los antecedentes del caso, a fin de su resolución en instancia de revisión del proceso constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a la dilación en la tramitación y resolución de la solicitud de modificación de medida cautelar de 17 de junio de 2022, disponiendo que el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz sea quien resuelva la situación jurídica del accionante, en atención a que el proceso penal se encuentra radicado en dicho Tribunal, siempre y cuando la misma no hubiese sido ya cambiada; 2° DENEGAR la tutela, con referencia a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y a la solicitud que se deje sin efecto el abandono malicioso de su abogado defensor Martín Villca Lovera; y, 3° Exhortar al personal del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que, en futuras actuaciones, efectúen la remisión correcta y completa de los antecedentes del proceso constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado, Ángel Edson Dávalos Rojas, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0110_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): a12b055be67d6845071ad2a31f3f70ec5c3b3df870e3a4bf34c5fa836b556428
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