Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de abril de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian como lesionados su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Vocal ahora demandado, dispuso entre otras medidas de carácter personal su detención domiciliaria a través del Auto de Vista 61 de 7 de febrero de 2022, sin fundamentar ni motivar sobre la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales, tampoco consideró que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2024-S4 Sucre, 23 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49804-2022-100-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 69 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Antonio Vaca Diez Velarde, Lilian Kely Moreno de Vaca Diez, Miguel Ángel Verde Ramo Olmos y Cristiani Argentina Tufiño Justiniano contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 38 a 35 vta.; y el de subsanación el 24 de junio del mismo año (fs. 40 a 42), los impetrantes de tutela expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, se autorizó la conversión de acciones el 16 de noviembre de 2020, habiéndose llevado acabo audiencia de medidas cautelares el 6 de enero de 2022, donde solo se trató aspectos en torno a los riesgos procesales no así a la probabilidad de autoría, por cuanto en apelación el Tribunal de alzada debió circunscribirse a los puntos cuestionados de la resolución. “El motivo de agravio y relevancia constitucional es que el accionando, no fundamentó para nada y menos menciono de que forma un esposo y esposa pueden constituir estafa agravada, no analizo la probabilidad de autoridad, pero lo más grave establecido que la carga de la prueba le corresponde a los acusados en una audiencia de medidas cautelares, es decir esta resolución es incongruente. Por lo que al haberse dispuesto medidas cautelares en nuestra contra sin fundamentar y motivar las mismas menos pronunciarse sobre la probabilidad de autoría art 233 numeral 1 del CPP y no considerar el art 234 parte final del CPP sobre los riesgos, procesales a ingresado en el ámbito de una resolución arbitraria que merece ser tutelada por este recurso constitucional” (sic), el Auto de Vista emitido resulta errado y restringe derechos ya que aplica medidas cautelares gravosas como el arresto domiciliario, arraigo y otras sin considerar que la carga de la prueba corresponde a los acusadores.
Los accionantes alegaron como lesionados su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad de la “Resolución, hoy demandada e control constitucional, ORDENANDO A LA AUTORIDAD RECURRIDA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCION fundamentada y congruente, en el marco de los aspectos cuestionado de la resolución de conformidad al art 398 del C.P.P. (competencia de los tribunales de alzada)” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 15 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 58 vta., presente la parte impetrante de tutela y terceros interesados, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
Los solicitantes de tutela a través de su abogado, ratificaron los fundamentos de la acción de amparo constitucional, y ampliándola señalaron que: a) El art. 13 de la CPE, determina que los derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental son inviolables y es deber primordial del Estado protegerlos, el art. 67 del mismo cuerpo legal “determina los derechos de las personas adultas mayores a una vejez digna y una protección reforzada del estado, hacemos mención este artículo ya que sus autoridades al momento de juzgar y resolver el caso en concreto deberían realizarlo en base a una perspectiva de género y aplicando una protección reforzada ya que dos de los accionantes son adultos mayores y merecen una protección reforzada” (sic); b) El art. 128 de la CPE determina que la acción de amparo constitucional procederá contra actos que restrinjan suprimen o amenacen restringir derechos, en el caso el derecho al debido proceso fue vulnerado por la autoridad ahora demandada al momento de emitir el Auto de Vista de 7 de febrero de 2022; c) La SCP 0314/2019-S3 de 18 de julio, determino de manera clara la presunción de veracidad, cuando las autoridades demandadas no asistan a la audiencia ni presenten el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la parte impetrante de la tutela solicitada, en cuyo caso debe tenerse por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda de acción tutelar y por ende se concede la tutela, aspecto que debe ser considerado; d) En cuanto a la relevancia constitucional, señalo que de acuerdo a los antecedentes el 6 de enero de 2022, se realizó una audiencia de medidas cautelares, donde se determinó que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora “y para que el juez disponga alguna de las medidas restrictivas deberá determinar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, decimos esto porque sus autoridades podrán evidenciar que a fojas 1 es la base del recurso de apelación la parte demandante no fundamenta para nada la probabilidad de autoría en base al artículo 233 en su numeral primero y es así que la juez de sentencia resuelve por rechazar la solicitud de medias cautelares presentadas por la parte querellante Saúl Datzer Rodríguez y la señora Carolina Cuellar Melgar, ante esa resolución se alzan en alzada la parte denunciante lo que amerita que el tribunal tercero de sentencia, la sala penal tercera en fecha 7 de febrero del año 2022 resuelva el recurso de apelación y el artículo 398 del procedimiento penal es claro en determinar la competencia de los tribunales de alzada los tribunales de alzada únicamente se puede circunscribir a los aspectos cuestionados de la resolución y si en la resolución referido no se debatió el 233 en su numeral 1 que era la probabilidad de autoría y por qué es estafa simple o porque es estafa agravada, porque puede considerarse agravado cuando es esposo y esposa, cuando la jurisprudencia a determinado que es una sola persona estos aspectos debieron ser debatidos ante el juez inferior y al no hacerlo el 398 es claro no se apertura la competencia del tribunal de alzada” (sic); e) El fallo recurrido resulta arbitrario pues al momento de valorar los riesgos procesales el Vocal demandado no dio a conocer la razones que apoyan su determinación, ya que en cuanto a la actividad lícita “determina de manera textual por la prueba presentada que han presentado es una prueba caducada ninguno de los cuatro tendrían una actividad lícita reconoce que hay un NIT que ellos tiene sus empresas reconoce el funcionamiento de estas empresas pero dice como esa licencia de funcionamiento no está actualizada no tienen una actividad lícita contrario al artículo 234 en sus modificaciones primero porque en una audiencia cautelar la carga de la prueba le corresponde a quien acusa pero segundo el artículo 234 determina de manera clara que tampoco la inexistencia de un contrato formal será entendido por sí mismo como la falta de negocio o trabajo es decir que es a la parte acusadora la que deberían mostrar que no existía una actividad lícita y el juez o el tribunal de alzada valorar de manera integral y no decir por qué el certificado no está actualizado no hay trabajo, eso es una resolución arbitraria pero además de ello al entrar a analizar el 234 en su numeral dos y con esto vamos concluyendo sus autoridades podrán evidenciar que dice con relación al artículo 234 numeral 2 los imputados en cualquier momento piensan salir del país, si es Estados Unidos tienen que tener una visa vigente pues nadie de los imputados me ha hecho ver que sus pasaportes se encontraban vencidos que sus visas estaban vencidos y que por lo tanto no podían salir del país es la lógica lo contrario sería este riesgo dice, la carga de la prueba como dice la jurisprudencia aquí podemos haber traído esos pasaportes vencidos imagine un tribunal de alzada un tribunal de garantías conforme al procedimiento ordinario le dice a los hoy accionantes que debían llevar sus pasaportes vencidos para demostrar ellos que no tienen facilidades para abandonar el país” (sic), cuando correspondía valorarse otros aspectos para determinar si existía en el caso la facilidad para salir del país o no; y, f) La autoridades judiciales que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar deben exponer los motivos de hecho y derecho en lo que basan su decisión, así como el valor otorgado a los medios de prueba, extremos que fueron inobservados por la autoridad demandada, quien emitió una resolución arbitraria, pues contra toda lógica jurídica dispuso su detención domiciliaria, misma que constituye la segunda medida más gravosa, impuesta de 7 de la mañana a 9 de la noche; es decir, que de día debe ser cumplido el arresto domiciliario y sólo pueden salir en la noche, lo que atenta contra su derecho al trabajo, a la dignidad y “protección reforzada que amerita ser protegida por un Tribunal de Garantías (…) como lo contempla la Sentencia Constitucional Nº 009/2019-S2 sobre la protección reforzada al adulto mayor” (sic); argumentos en base a los cuales solicitó se conceda la tutela impetrada, dejándose sin efecto el Auto de Vista confutado, ordenando “ a la autoridad accionada reanudar el mismo y fundamentar en razones de hecho y de derecho y basarse en el principio determinado en el artículo 398 que es su competencia del tribunal de alzada valorando todos los aspectos de manera integral y que este recurso se ha conseguido sin costas por ser excusable pidiéndole que tomen en cuenta v la petición reforzada del adulto mayor ya que dos accionantes son personas de la tercera edad” (sic).
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni se apersonó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 49.
Saúl Datzer Rodríguez mediante su abogado, señaló que 1) Realizada la conversión de acciones se formuló acusación particular demostrándose la probabilidad de autoría de los ahora impetrantes de tutela, como al momento de solicitar las medidas cautelares; no obstante, la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda –se asume del departamento de Santa Cruz-, estableció que no se hubieran demostrado los riesgos procesales en cuanto al art. 234.2 del CPP, pese que fue presentado el flujo migratorio que evidencia que todos los acusados hoy accionantes viajan constantemente a Estados Unidos de América y la República Federal de Brasil; 2) En cuanto la actividad lícita, se presentó documentos de una constructora a través de la cual se les vendió un departamento, el cual constituye un instrumento de estafa; 3) En instancia de alzada reclamaron todos esos agravios, habiéndose demostrado la probabilidad de autoría como también los recurrentes viajes realizados por los accionantes, y el flujo de dinero que manejaban en su cuenta que era bastante alto, con lo cual evidenciaron las facilidades que tienen de abandonar el país conforme el art. 234.1 y 2 del CPP, “porque ellos cuentan con la facilidad tanto económicas como también de visado para abandonar el así o permanecer oculto”; asimismo, los hoy solicitantes de tutela otorgaron a uno de sus abogados poder para no comparecer a la audiencia de medidas cautelares “que se suspendió tres veces y dos veces por no comparecerse los hoy accionantes entonces se ha visto toarte reflejado el peligro de fuga y los reticentes que son los hoy accionantes a la ley que no quería compadecer a esa audiencia de medidas cautelares” (sic); y, 4) El art. 232.4 del adjetivo penal establece la improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco años, resultando en el caso que las dos personas de las que se señala serían de la tercera edad, no se encuentran detenidos habiendo sido beneficiados con un arresto domiciliario y otras medidas cautelares personales, las cuales fueron establecidas de manera correcta por la Sala Penal Tercera ante la existencia de suficientes elementos de convicción que permitían en ese momento sostener de que los acusados eran con probabilidad autores y participes del hecho, “y se le hizo conocer también al Vocal de que existía una imputación formal en el que incluso ni siquiera le impuso una fianza pese a que cuando esto tenia procedimiento público y no así privado la fiscal Consuelo Severiche Sarabia le había impuesto una fianza de 100.000 bolivianos cada uno que lo determino la sala de que no era atribuible es más prácticamente la sala penal tercera puede decir de que actuó bastante idóneo y con mucha parcialidad con los hoy accionantes que ni siquiera le impuso una fianza pese a que hay una estafa por 190.000. Dólares y era de posible cumplimiento una fianza para ello, pero sin embargo no lo otorgo no lo cedió, pero habrá tenido sus razones la sala penal tercera entonces para concluir mi intervención únicamente lo que hizo la sala penal tercera señor Vocal Señora Presidenta ha sido garantizar la presencia de los acusados en este proceso” (sic). Carolina Cuellar Melgar por intermedio de su abogado, manifestó que “el abogado Gustavo Ávila Parada, ya expuso todo lo que concierne al caso” (sic).
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 69 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 59 a 61, concedió en parte la tutela impetrada, en cuanto al derecho al trabajo, dejando sin efecto el Auto de Vista 61, disponiendo la emisión de nuevo fallo considerando el aludido derecho “en el entendido que la parte dispositiva del auto dejado sin efecto, en el numeral uno establece la detención domiciliaria de 7:00 a.m. a 21:00 p.m. en su propio domicilio acreditado, esta determinación considerado por este tribunal genera una vulneración del derecho al trabajo” (sic); ello con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien es cierto el accionante en la presente acción tutelar no solicita la valoración de la prueba ni la interpretación de la legalidad ordinaria; no obstante, los elementos que invoca como fundamento relativos a una ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, necesariamente recaen en la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, lo cual en el marco de las auto restricciones se encuentra restringido, más aún cuando no se cumplió con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional; y, ii) Por otro lado, si bien en la resolución confutada se fundamenta las razones por las cuales se declaró admisible y procedente la apelación interpuesta por la parte civil, modificando la Resolución de 6 de enero del 2022, dictada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; no obstante, en su parte dispositiva se impuso detención domiciliaria de 7:00 a 21:00 en el domicilio acreditado, aspecto que llama la atención, pues como arguyen los accionantes vulnera su derecho al trabajo puesto que, no refiere si estas personas a las cuales se les impone la medida tienen o no derecho al trabajo, extremo que no puede ser pasado por alto, por lo que corresponde que el aludido derecho deba ser tutelado por toda autoridad al momento de administrar justicia; puesto que, su ejercicio permite la subsistencia de una persona como de su familia, razón por la cual al momento de asumir una decisión debe prevalecer parámetros que impliquen la no vulneración al mismo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Auto Interlocutorio 01/22 de 6 de enero de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de medidas cautelares formulada por Saúl Datzar Rodríguez y Carolina Cuéllar Melgar hoy terceros interesados (fs. 6 a 9). II.2. A través de Auto de Vista 61 de 7 de febrero de 2022, la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz compuesto por el Vocal demandado, declaró procedente la apelación interpuesta por la parte civil, en consecuencia modificó la Resolución de 6 de enero del mismo año, emitida por la Jueza a quo, disponiendo entre otras medidas la detención domiciliaria de 07:00 a 21:00 en su propio domicilio acreditado (fs. 13 a 15 vta.).
Los accionantes denuncian como lesionados su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Vocal ahora demandado, dispuso entre otras medidas de carácter personal su detención domiciliaria a través del Auto de Vista 61 de 7 de febrero de 2022, sin fundamentar ni motivar sobre la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales, tampoco consideró que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa Las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa, materializan la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre las que se encuentran: la acción de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, las cuales según su naturaleza tienen distintos ámbitos de tutela; en ese marco, con relación a la acción de amparo constitucional la SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio; estableció que: “Conforme (…) el art. 128, la acción de amparo constitucional ‘…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley´. De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé ‘Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’ (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
De igual manera, la precitada SCP 0087/2020-S4, en cuanto a la temática de exordio, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad’. Conforme al art 46 del CPCo: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: ‘…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”’ (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
Los impetrantes de tutela identifican como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción de defensa, el Auto de Vista 61 de 7 de febrero de 2022, pronunciado por el Vocal ahora demandado, quién dispuso su detención domiciliaria sin fundamentar ni motivar sobre la probabilidad de autoría, ni la concurrencia de los riesgos procesales, tampoco consideró que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. En ese contexto, de los antecedentes procesales cursantes en obrados, es posible advertir que dentro del proceso penal de acción privada seguido por Saúl Datzar Rodríguez y Carolina Cuéllar Melgar –terceros interesados– contra Jorge Antonio Vaca Diez Velarde, Lilian Kely Moreno de Vaca Diez, Miguel Ángel Verde Ramo Olmos y Cristiani Argentina Tufiño Justiniano -ahora impetrantes de tutela-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, a través de Auto Interlocutorio 01/22 de 6 de enero de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud de medidas cautelares formulada por los hoy terceros interesados (Conclusión II.1); determinación que al ser objeto de apelación, mereció la emisión del Auto de Vista 61 de 7 de febrero de 2022, pronunciando por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz compuesto por el Vocal demandado, quién declaró procedente el aludido recurso, en consecuencia modificó la Resolución de 6 de enero de 2022, emitida por la Jueza a quo, disponiendo entre otras medidas la detención domiciliaria de 7:00 a 21:00 en su propio domicilio acreditado (Conclusión II.2). Ahora bien, con carácter previo a ingresar a realizar cualquier consideración de fondo, resulta necesario tener presente que si bien de acuerdo al contexto de la demanda, el cuestionamiento traído a materia a través de esta acción de amparo constitucional versa en presuntos defectos de fundamentación y motivación, generados a raíz de la imposición de la detención domiciliaria que la autoridad ahora demandada dispuso en contra de los hoy impetrantes de tutela; no obstante, al hallarse dicha medida bajo el régimen de medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal, es evidente que se encuentra en directa vinculación con su situación jurídica y por ende con su derecho a la libertad; en ese entendido, cabe resaltar que si bien la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, al proteger todos los derechos fundamentales de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; no obstante, el diseño constitucional vigente en Bolivia, reconoce de manera expresa otras acciones tutelares regidas bajo propias configuraciones, entre ellas, la acción de libertad estatuida como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de locomoción, la cual posee una naturaleza carente de formalismos y rigurosidades que hace posible en caso de ser pertinente, la tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los aludidos derechos, conforme previene el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
Bajo esa línea de análisis, es evidente la concurrencia de la causal de improcedencia de esta acción de amparo constitucional, prevista en el art. 53.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al no encontrarse los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de lesión, dentro del ámbito de su protección; pues de acuerdo a lo explanado, los mismos se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad de los solicitantes de tutela, por lo que se concluye que el mecanismo constitucional idóneo a efectos de resolver la problemática planteada, es la acción de libertad, pues la restricción del aludido derecho –libertad-, obedece a una detención domiciliaria impuesta por autoridad competente, razones que hacen inviable el control tutelar de lo reclamado, lo que conlleva deba denegarse la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, corresponde aclarar que si bien la Sala Constitucional concedió la tutela impetrada con relación al derecho al trabajo; no obstante, del contenido de la demanda de acción tutelar y lo expresado en audiencia, se observa que, la parte accionante en cuanto al aludido derecho se limitó simplemente a reclamar que: “contra toda lógica jurídica una de las medidas impuesta es la detención domiciliaria que es la segunda medida más grave peor además es una detención domiciliaria impuesta de 7 de la mañana a 9 de la noche es decir, que del día tiene que estar cumpliendo un arresto domiciliario y solo pueden salir en la noche esto atenta el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad…” (sic), sin que de dicho argumento se advierta motivo suficiente a objeto de que esta jurisdicción constitucional pueda formar convicción sobre su posible vulneración, al no explicarse ni acreditarse cómo o de qué manera la autoridad demandada en su labor hermenéutica hubiera conculcado el mismo, impidiendo con ello pueda ingresarse al control tutelar de la actividad desplegada por la referida autoridad.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 59 a 61, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0110_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): d07c385543a3af4747f7d43bc8aeab5abf072bfa143121dec49d330a2c08e6a0
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