Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado no remitió en el plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto 142/2022 de 14 de abril que dispuso su detención preventiva; asimismo, la Secretaria hoy coaccionada concluyó con la transcripción del acta de la respectiva audiencia de consideración de medidas cautelares el 20 de abril de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se remita el expediente de forma física a la correspondiente Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/22 de 26 de abril de 2022, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; toda vez que, el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante ya fue remitido. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2024-S3 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47941-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/22 de 26 de abril de 2022, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Pedro Calles García en representación sin mandato de Aristides Menacho Moza contra Roberto Parada Mole, Juez; y, Esther Patricia Alanes Oropeza, ex Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 25 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 14 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde se dispuso su detención preventiva, determinación contra la que interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicho recurso no fue remitido en el plazo de veinticuatro horas. La Secretaria ahora coaccionada concluyó con la transcripción de la respectiva acta de la audiencia de consideración de medidas cautelares el 20 de abril de 2022; empero, irregularmente cursa en el “sistema” el sorteo de sala realizado el 14 de ese mes y año, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa se remita el expediente de manera física.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la remisión inmediata de su recurso de apelación incidental a la respectiva Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 52 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato y abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Debió remitirse su recurso de apelación incidental el día hábil posterior al feriado y al fin de semana; es decir, el lunes 18 de abril de 2022; y, b) En dicha fecha se apersonó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz para proveer las fotocopias para el legajo del referido recurso; sin embargo, no le permitieron sacar el respectivo expediente, recién el 20 de ese mes y año, se le permitió sacar las fotocopias del mismo, no obstante remitieron el recurso de apelación incidental el 21 de igual mes y año.
Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 26 de abril de 2022, cursante de fs. 49 a 50 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) En audiencia de consideración de medidas cautelares llevada a cabo el 14 de abril de 2022, una vez resuelto el incidente de nulidad de imputación formal se continuó con la consideración de medidas cautelares y se dispuso la detención preventiva del accionante, quien interpuso recurso de apelación incidental en el mismo actuado procesal, señalándose que la impugnación interpuesta sea remitida de manera inmediata el primer día hábil siguiente, por ser al día siguiente -viernes- feriado nacional; por lo que, de ninguna manera se incumplió con lo dispuesto en el art. 251 del CPP; 2) En la Nota suscrita por la Secretaria de dicho Juzgado se hizo constar que el accionante dejó fotocopias de las piezas pertinentes del expediente el 20 de abril de 2022; 3) Cursa Oficio -432/2022- de 14 del mismo mes y año, de remisión a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia con cargo de recepción de 21 de dicho mes y año; 4) La audiencia de consideración de medidas cautelares se desarrolló el 14 del mismo mes y año, hasta las 18:21 horas, en ese sentido el recurso en cuestión fue remitido el 21 de ese mes y año; es decir, que pasaron tres días hábiles desde el momento que se emitió la resolución y no transcurrió ni un día después de que la parte apelante -accionante- hubiera proporcionado las fotocopias correspondientes para la respectiva remisión; y, 5) El Juzgado del cual se encuentra a cargo, cuenta con carga procesal, la -actual- Secretaria ahora coaccionada asumió funciones el 4 de marzo de 2022 y está tomando recién el control de sus atribuciones, procediendo a remitir el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante de forma inmediata luego de que se le proveyeran las correspondientes fotocopias. Esther Patricia Alanes Oropeza, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no pudo ser citada, debido a que ya no cumple funciones en el citado Juzgado desde el 14 de febrero de 2022, conforme se estableció en el informe cursante a fs. 14.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/22 de 26 de abril de 2022, cursante de fs. 53 a 54 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se tiene que el recurso de apelación incidental que interpuso el accionante fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento el 21 de dicho mes y año, es decir, una fecha anterior a la interposición de esta acción tutelar -25 de ese mes y año-; lo que significa que la presente acción de libertad perdió su objeto procesal, en consecuencia, el accionante al encontrarse privado de su libertad si considera pertinente puede acudir a la indicada Sala Penal a objeto de hacer valer sus derechos; y, ii) Si bien existió una dilación por las recargadas labores; empero, se recomienda al Juez ahora accionado que en futuros recursos de apelación no se repita la situación que aconteció en el presente caso, más aún tratándose de medidas cautelares. En vía de enmienda y complementación, el accionante a través de su representante sin mandato y abogado, solicitó que se complemente la Resolución 06/22, en lo referente a la reparación que pidió en audiencia de consideración de esta acción de defensa. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías manifestó que la Resolución 06/22 fue clara; por lo que, no existiría nada que complementar o enmendar.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto 142/2022 de 14 de abril, Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado- dispuso la medida extrema de detención preventiva contra Aristides Menacho Moza -ahora accionante- en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; consiguientemente, el accionante en audiencia, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación de acuerdo con el art. 251 del CPP (fs. 36 vta. a 40 vta.). II.2. Cursa Nota suscrita por Elizabeth Choque Calle, actual Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la que hizo constar que el 20 de abril de 2022, en Secretaría se dejaron fotocopias del expediente (fs. 46). II.3. Por Oficio 432/2022 de 14 de abril, recepcionado el 21 de igual mes de 2022, el Juez ahora accionado remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto 142/2022 (fs. 47 y vta.); asimismo, cursa fotocopia del Libro de Remisión (fs. 48).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado no remitió en el plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto 142/2022 de 14 de abril que dispuso su detención preventiva; asimismo, la Secretaria hoy coaccionada concluyó con la transcripción del acta de la respectiva audiencia de consideración de medidas cautelares el 20 de abril de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se remita el expediente de forma física a la correspondiente Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, precisó que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (el resaltado es nuestro).
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado no remitió en el plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto 142/2022 de 14 de abril que dispuso su detención preventiva; asimismo, la Secretaria hoy coaccionada concluyó con la transcripción del acta de la respectiva audiencia de consideración de medidas cautelares el 20 de abril de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se remita el expediente de forma física a la correspondiente Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
En ese sentido, se pasará a resolver de forma separada el accionar de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional ahora accionadas.
Con relación al Juez ahora accionado
Conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca cualquier solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el recurso de apelación incidental planteado contra resoluciones que disponen, modifiquen o rechacen una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez interpuesto este recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas.
Se tiene que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 14 de abril de 2022, mediante Auto 142/2022 el Juez ahora accionado dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; decisión contra la cual el nombrado en el mismo actuado procesal interpuso recurso de apelación incidental conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP; en consecuencia, dicha autoridad judicial hoy accionada, dispuso que se tenía por presentado el referido recurso y que se proceda al inmediato sorteo a la Sala Penal correspondiente y en consideración que al día siguiente era feriado nacional, ordenó que la remisión sea el primer día hábil, señalando que con esa disposición no estaba incumpliendo lo establecido por el citado artículo, debido a que dispuso que la remisión sea inmediata por Secretaría, para lo que el recurrente -accionante- tenía que proporcionar las copias pertinentes, porque se hizo cita de todo el expediente; efectivizándose la mencionada remisión el 21 de abril de 2022, de acuerdo al sello de recepción de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al Oficio 432/2022 de remisión y Libro de Remisión correspondiente, debido a que el 20 de ese mes y año el accionante dejó copias del expediente -conforme se tienen de la Nota suscrita por la actual Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz-.
Es así que, la falta de remisión de antecedentes a la instancia superior, desde el 14 de abril de 2022 -fecha en la que se interpuso el recurso de apelación incidental- hasta el 21 de igual mes y año -cargo de recepción en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, sin considerar el 15, 16 y 17 de ese mes y año, por ser un día feriado y fin de semana, respectivamente, originaron cuatro días de demora injustificada, siendo que a pesar que el Juez ahora accionado dispuso la remisión inmediata del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, el primer día hábil, condicionó la mencionada remisión a la provisión de fotocopias del expediente, siendo esa la causa -al no existir prueba sobre la presunta retardación en la transcripción del acta de audiencia de consideración de medidas cautelares por parte de la Secretaria del Juzgado- para que la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante no pueda efectivizarse, extremo que no corresponde de acuerdo a la SCP 0286/2012 de 6 de junio, que dispuso que: “…al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares”; es decir, no puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP a partir de la otorgación de estos recaudos, tal como hizo entender el Juez ahora accionado al señalar en su informe que la Secretaria del Juzgado del que se encuentra a cargo, remitió el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante de forma inmediata de la provisión de las fotocopias correspondientes.
En ese entendido, el actuar negligente por parte del Juez ahora accionado vulneró el derecho a la libertad del accionante vinculado al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, constituyéndose en una acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa que tiene la finalidad de que esta conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro (Fundamento Jurídico III.3.), debido a que ya se remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto 142/2022, que dispuso su detención preventiva.
Respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionada-
Al respecto, es necesario considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva; sin embargo, adquieren dicha legitimación cuando inciden en tres supuestos, el incumplimiento específico de alguna de sus funciones o que hubiera inobservado o alterado una orden expresa del Juez de la causa, a los cuales no se acomodó el accionar de Elizabeth Choque Calle, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que se encuentra ejerciendo funciones al momento de interponerse esta acción de defensa; puesto que, una vez establecido como presentado el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y dispuesta su remisión, esperó que el nombrado proporcione las fotocopias pertinentes del expediente para efectos de su remisión a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y toda vez que, no existe prueba respecto a la presunta retardación en la transcripción del acta de audiencia de consideración de medidas cautelares por parte de la misma; por lo que, la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional no es aplicable en este caso; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/22 de 26 de abril de 2022, cursante de fs. 53 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; toda vez que, el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante ya fue remitido. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0110_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75bf86012518dbf6e52e76b08a8134aa5709a6c82679efd33bbd7c161057fd08
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