Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante alega vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y a la circulación; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio 297/2020 de 5 de noviembre, dispuso su detención preventiva, sin considerar objetivamente que tiene dos hijos menores de edad bajo su responsabilidad, y que los mismos estarían al cuidado de su padre (abuelo de los menores) quién se encuentra delicado de salud, y que sólo contaría con una hermana de quince años de edad; por su parte, la Fiscal ahora codemandada, no valoró objetivamente los hechos al solicitar su privación de libertad, ya que ella también sufrió daños físicos que están consignados en el cuaderno de investigaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos vertidos por la impetrante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; y, para tal efecto, se analizarán las siguientes temáticas: 1) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; 2) Oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 3) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2020 de 23 de noviembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo del caso.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2023-S1 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 37110-2021-75-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2020 de 23 de noviembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Bustamante Scherr en representación sin mandato de María Alejandra Céspedes Arauz contra Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal Décimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Francoise Cecilia Barron Marquez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2020, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 24 de octubre de 2020, en oportunidad de estar libando bebidas alcohólicas con su enamorado y hermana del nombrado, se produjo una discusión con esta última, de la cual resultó con lesiones serias, conforme consta en el Certificado Médico Legal de 3 de noviembre de igual año; empero, el 4 de similar mes y año luego de presentarse a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del Plan 3000, dispusieron su detención preventiva; en ese antecedente, señala tener dos hijos menores de tres y siete años de edad, que se encuentran bajo el cuidado de su padre -abuelo de los menores- recién convaleciente de una operación de “diverticulis”; por ello, solicita defenderse en libertad, ya que debe cuidar a sus hijos al no contar estos con un padre que no aparece ni aparecerá, con su madre que está en el país de España y una hermana menor de quince años.
La Fiscal de Materia no fue objetiva; puesto que, solamente consideró los daños sufridos por la denunciante y no las lesiones de ella, conforme se encuentran en el cuaderno de investigaciones, soslayando el estado de ebriedad de ambas en el cual no se tiene dominio de los actos; asimismo, en la audiencia cautelar, la carga de la prueba es del Ministerio Público para demostrar que no tiene casa, familia y trabajo; empero, en su caso se dieron por hecho que ella debía demostrar “todos los arraigos naturales, siendo que yo vivo en casa de mi padre con mis dos hijos pequeños y mi hermana de 15 años” (sic). En ese contexto, denuncia que la Fiscal codemandada no valoró objetivamente los hechos que se produjeron el día de la pelea; y, la Jueza demandada, no siguió lo que prevé la norma procesal penal, al disponer que la detención preventiva es una excepción y no la regla, máxime cuando demostró los arraigos naturales al vivir en casa de su padre y tener dos hijos menores de tres y siete años de edad, que no fue considerado, vulnerando de esa forma su derecho a la libertad, resguardado “desde las primigenias normas del Derecho Constitucional moderno como lo son: la Carta Magna de Derechos de Inglaterra de 1215, la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de Francia de 1789 y la Quinta enmienda de la Constitución de los EE.UU de norte América de 1791, así mismo, del derecho de libertad personal se encuentra resguardado por la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU el 10 de Diciembre de 1948 que siendo un instrumento internacional en materia de DDHH tiene plena exigibilidad en Bolivia por mandato del Art. 256 de la CPE además de constituir parte del bloque de constitucionalidad establecida por el Art. 410. II de la CPE” (sic).
La parte accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y a la circulación; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE)
Solicitó conceda la tutela, y en consecuencia se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2020 -siendo lo correcto 23-, según consta en el acta cursante de fs. 15, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, manifestó que: “Con carácter previo Sra. Presidenta, solicito se de por retirada la presente acción de libertad, toda vez que mi defendida acaba de ser cautelada y se le han otorgado medidas sustitutivas a la detención preventiva” (sic).
Del acta de audiencia, se extrae lo siguiente: “ACCIONADA: Habiendose cumplido el fin, solicito a sus autoridades den por retirada la presente acción de libertad” (sic). Dicha descripción no permite precisar a la autoridad demandada que participo en el actuado procesal, máxime que según el informe de Secretaría refiere que “ambas partes estan presentes. Es todo en cuanto informo” (sic); no obstante, se advierte las notificaciones a ambas autoridades demandadas con el señalamiento para la audiencia de garantías, cursante a fs. 7 y 8.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2020 de 23 de noviembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) En audiencia se manifestó que con una “familiar” la accionante habría incurrido en agresiones ocasionando lesiones, que sirvieron para que el Ministerio Público emita imputación en su contra; y la autoridad jurisdiccional demandada atendiendo dicha imputación ordenó la detención preventiva, “información que tenemos es que seguramente el abogado no conoce que el anterior abogado habría, interpuesto apelación en contra de la medida cautelar de la Sra. Juez” (sic); b) Por su parte, la fiscal codemandada solicitó el rechazo de la acción de defensa, ya que no se puede interponer una acción de libertad como un instituto sustitutivo a un proceso ordinario, y se debe dejar que concluya el proceso con la apelación aguardando los resultados; c) “…hemos escuchado por vía telefónica el informe que nos está haciendo secretaría, que la Sra. Juez había hecho conocer que también la notificación que se le ha hecho, no le permite llegar hasta aquí, para presentar su informe o personalmente hace su informe, sin embargo aclara que el expediente más, más el acta de la audiencia cautelar ha sido apelada, y esta ha sido remitida al Tribunal de apelaciones…” (sic); d) Se interpuso la acción de libertad, sin observar que el Auto Interlocutorio 297/2020 de 5 de noviembre, fue apelado por la ahora impetrante de tutela en audiencia cautelar, y posteriormente remitido al Tribunal de apelación; por lo cual, no se cumplieron los presupuestos para solicitar la tutela; y, e) No se evidencia que la vida de la impetrante de tutela corra peligro como consecuencia de la ilegal restricción del derecho a la libertad física; asimismo, no se demostró que esté ilegalmente o indebidamente perseguida.
Por decreto constitucional 20 de diciembre de 2021, cursante a fs. 45, se dispuso la suspensión del plazo procesal para la emisión de la presente Resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 27 de marzo de 2023 (fs. 66); por lo que, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 297/2020 de 5 de noviembre, la Jueza de Instrucción Penal Décimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva por el lapso de tres meses de la imputada María Alejandra Céspedes Arauz –ahora accionante- por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, tipificada en el art. 270.3 del Código Penal (CP); decisión adoptada conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, señalándose audiencia de cesación a la detención preventiva para el 5 de febrero de 2021 a horas 09:30. De dicho actuado, se extrae que despues de haberse emitido la indicada resolución, el abogado de la ahora accionante y la autoridad jurisdiccional manifestaron lo siguiente:
“ABOGADO DE LA IMPUTADA: …en la presente audiencia presentamos el recurso de apelación incidental, solicitamos también el desglose de las fotocopias debiendo quedar debidamente autenticadas y debiendo remitirse ante el superior jerárquico, gracias. JUEZ: Se tiene presente el Recurso de Apelación interpuesta por el abogado de la defensa técnica del imputado, ordenándose por secretaría, se realiza el correspondiente sorteo por sistema, el tribunal de alzada de turno y se remita conforme a procedimiento…” (sic[fs. 35 a fs. 38]).
La parte accionante alega vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y a la circulación; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio 297/2020 de 5 de noviembre, dispuso su detención preventiva, sin considerar objetivamente que tiene dos hijos menores de edad bajo su responsabilidad, y que los mismos estarían al cuidado de su padre (abuelo de los menores) quién se encuentra delicado de salud, y que sólo contaría con una hermana de quince años de edad; por su parte, la Fiscal ahora codemandada, no valoró objetivamente los hechos al solicitar su privación de libertad, ya que ella también sufrió daños físicos que están consignados en el cuaderno de investigaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los argumentos vertidos por la impetrante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; y, para tal efecto, se analizarán las siguientes temáticas: 1) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; 2) Oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 3) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; y, 4) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional, mediante la SC 0160/2005-R de 23 de febrero , estableció lineamientos sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señalando que en los supuestos en los que la norma prevea medios idóneos de defensa; es decir, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del habeas corpus -ahora acción de libertad-.
De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional, no obstante, estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida; en tal sentido precisó:
“El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:
“No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción” (el resaltado es nuestro). En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado constantemente fallos que en congruencia y en armonía entre sí, promueven la protección de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad, de modo que, dichas Sentencias Constitucionales son aplicables a todos los tipos de acciones tutelares, como es el caso de la acción de libertad -más aun por el principio de informalidad que goza-ya que es el medio de defensa idóneo para garantizar, proteger y/o tutelar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal y de locomoción; consecuentemente, no es posible exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para su activación cuando se tratare de personas integrantes de grupos vulnerables, quienes tienen atención prioritaria, tal como la SCP 0998/2014 de 5 de junio se pronunció sobre la abstracción del principio de subsidiariedad al tratarse de adultos mayores, mujeres embarazadas trabajadoras, niños -entre otros-, pese que no se hubieran agotado los medios de impugnación previstos por la norma por corresponder estos a grupos 2 En su F.J.III.3, secundando lo establecido en la SCP 0055/2013 de 11 de enero que señaló: `…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…´.
Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados” (el resaltado es nuestro).
de atención prioritaria; reflexión constitucional, que a su vez fue secundado por la SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril.
De igual forma la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre, señaló que:
“Sobre este tópico, la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, desarrolló el siguiente entendimiento: ´ La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa” (el resaltado nos pertenece). Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medio de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.
Consecuentemente, es posible concluir en que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado.
En cuanto a la oportunidad de retirar la acción tutelar, la SCP 1229/2010-R de 13 de septiembre estableció supuestos por los cuales ya no era oportuno presentar la acción de libertad: primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado; segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al peticionante de tutela o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda; tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Posteriormente, de manera mucho más puntual la SCP 0103/2012 de 23 de abril llegó a modular en cuanto a la oportunidad de retirar la Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria” (las negrillas nos pertenecen).
Entendimiento que fue complementado por la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, en sentido de que: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: 'Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos' 5F.J. III.2.2. La oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad conforme a la Constitución Política del Estado. Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones:
a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.
b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.
De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto acción de libertad, llegando a precisar que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la misma desde un punto de vista procesal y sustantivo es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública.
El criterio de la oportunidad de retiro de la acción de libertad, fue reiterado en la SCP 0356/2018-S2 de 24 de julio estableciendo que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de haberse señalado el día y hora de la audiencia pública, esto respondiendo más que todo a un orden procesal y sustantivo.
Finalmente siguiendo este último criterio jurisprudencial respecto a la oportunidad de retirar o desistir de la acción de libertad, la SCP 0323/2019-S1 de 6 de junio reiteró el criterio en sentido que de las acciones de defensa. De ahí que está compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que existe una etapa de admisión.
El razonamiento jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, contenido en el Fundamento Jurídico III.2.2 constituye la línea jurisprudencial que debe seguirse respecto a la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad.
En cuyo mérito, se cambia el razonamiento jurídico contenido en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, reiterada por la SC 1425/2011-R de 10 de octubre.
En el caso presente, el accionante, por memorial de 28 de enero de 2012, presentó retiro de la acción de libertad (fs. 31) ante el Juez de garantías alegando que no pudo obtener el total de las copias legalizadas para sustentar su acción de libertad, retirando su acción tutelar, no obstante, el 27 del citado mes y año, ya se había notificado al accionante y a la parte demandada, con el auto que fija la audiencia 003/2012 (fs. 27), es decir retiró su acción, el mismo día de la audiencia pública, o lo que es lo mismo después de su señalamiento, cuando conforme se precisó anteriormente (Fundamento Jurídico III.2.2) la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de fijado el día y hora de la audiencia pública, por lo que el Juez de garantías obró correctamente al haber celebrado la audiencia e ingresado al análisis del fondo del problema jurídico. 6F.J. III.3. Oportunidad para retirar la demanda.
La SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad y cambiando el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R de 13 de septiembre y 1425/2011-R de 10 de octubre, entre otras -que permitían el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado-, dejó establecido que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de haberse señalado el día y hora de la audiencia pública, de acuerdo a los siguientes argumentos:
Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones:
a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.
b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva; es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.
(…)
7F.J III.1. Sobre la oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad.
Sobre esta temática la SCP 0103/2012 de 23 de abril, señaló:
“III.2.2. La oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad conforme a la Constitución Política del Estado el retiro o desistimiento de la acción de defensa, sólo será posible hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia pública, aspecto que responde a razones jurídicas de orden procesal y de orden sustantivo. Conforme a lo señalado, pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar los derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado. De la jurisprudencia glosada precedentemente, se llega a colegir que toda persona que al considerar que su vida se encuentra en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones:
a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.
b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.
De otro lado, corresponde aclarar que dada la configuración del proceso constitucional de la acción de libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al principio de informalidad acentuado en el texto constitucional (art. 125 de la CPE), no está obligado a examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones de defensa. De ahí que está compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia (art. 126.I de la CPE). Por lo que, en un uso correcto de la denominación de los actos procesales en la acción de libertad, no es adecuado sostener que existe una etapa de admisión.
El razonamiento jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, contenido en el Fundamento Jurídico III.2.2 constituye la línea jurisprudencial que debe seguirse respecto a la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad.
En cuyo mérito, se cambia el razonamiento jurídico contenido en las SC 1229/2010-R de 13 de septiembre, reiterada por la SC 1425/2011-R de 10 de octubre.
En el caso presente, el accionante, por memorial de 28 de enero de 2012, presentó retiro de la acción de libertad (fs. 31) ante el Juez de garantías alegando que no pudo obtener el total de las copias legalizadas para sustentar su acción de libertad, retirando su acción tutelar, no obstante, el 27 del citado mes y año, ya se había notificado al accionante y a la parte demandada, con el auto que fija la audiencia 003/2012 (fs. 27), es decir retiró su acción, el mismo día de la audiencia pública, o lo que es lo mismo después de su señalamiento, cuando conforme se precisó anteriormente (Fundamento Jurídico III.2.2) la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de fijado el día y hora de la audiencia pública, por lo que el Juez de garantías obró correctamente al haber celebrado la audiencia e ingresado al análisis del fondo del problema jurídico” (las negrillas y subrayado corresponde al texto original).
privada de libertad personal, podrá presentar la acción de libertad a fin de que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o bien se restituya su derecho a la libertad; para el efecto, la autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia, precisamente por el carácter sumarísimo que se debe imprimir a estas acciones tutelares. En tal sentido, frente a un hipotético retiro, desistimiento o abandono de la acción de defensa, conforme se tiene anotado en la jurisprudencia desarrollada precedentemente, en tanto no se hubiere señalado día y hora de audiencia, es permisible que la autoridad jurisdiccional constitucional desestime la misma sin ingresar al fondo de la causa; empero, en el caso de que ya se hubiere señalado día y hora de audiencia, a pesar del desistimiento o abandono de la acción por parte del peticionante de tutela, esta deberá desarrollarse hasta su finalización a fin de verificar si efectivamente hubo o no una conculcación a los derechos y garantías constitucionales a un principio denunciados como vulnerados.
Respecto de la subsidiariedad excepcional aplicable en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero en su Fundamento Jurídico III.1.2, estableció los lineamientos sobre la mencionada subsidiariedad excepcional y precisó que en los supuestos en los que la norma prevea medios de 8 (…) En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.
defensa idóneos para reparar de manera oportuna el derecho a la libertad física lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad; además, de prohibir promover recursos simultáneos con el mismo fin, lo que posibilitaría que se provoque una disfunción procesal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la jurisdicción constitucional. Ese entendimiento fue modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriendo que:
“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son añadidas).
Por su parte, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitar que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la activación paralela de jurisdicciones, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; pues de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; similar razonamiento fue aplicado en la SC 0608/2010-R de 19 de julio, al señalar lo siguiente:
“...se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son añadidas).
Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, luego de mencionar a la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre que a su vez citó a la mencionada SC 0080/2010, refirió que:
“…de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son ilustrativas).
En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizó la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales, relacionados a que: i) Cuando las partes dentro un proceso penal, consideren ser afectados con una resolución, y ante la existencia de los mecanismos de impugnación, previo a acudir a la acción de libertad, necesariamente deben agotar dicha vía intraprocesal; por lo tanto, en el supuesto de activar directamente el camino constitucional, dicha pretensión no podrá ser atendida en atención a la subsidiariedad excepcional; y ii) Cuando los interesados activaron el mecanismo impugnaticio intraprocesal para reclamar vulneraciones a sus derechos, y a la vez de forma simultanea activaron la acción de libertad denunciando la conculcación de los mismos derechos, también resulta aplicable la subsidiariedad excepcional por activación paralela de jurisdicciones; lo cual, derivará en el rechazo de dicha acción sin ingresar al fondo.
La parte accionante alega vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y a la circulación; toda vez que, dentro el proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio 297/2020 de 5 de noviembre, dispuso su detención preventiva, sin considerar objetivamente que tiene dos hijos menores de edad bajo su responsabilidad, y que los mismos estarían al cuidado de su padre (abuelo de los menores) quién se encuentra delicado de salud, y que sólo contaría con una hermana de quince años de edad; por su parte, la Fiscal ahora codemandada, no valoró objetivamente los hechos al solicitar su privación de libertad, ya que ella también sufrió daños físicos que están consignados en el cuaderno de investigaciones. A efectos de verificar tales denuncias, incumbe precisar la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se tiene que, mediante Auto Interlocutorio 297/2020 la Jueza de Instrucción Penal Décimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz –ahora demandada- dispuso la medida cautelar de detención preventiva de la imputada María Alejandra Céspedes Arauz -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, tipificado en el art. 270.3 del CP, por el lapso de tres meses, conforme solicitó el Ministerio; asimismo, se extrae que, luego de la emisión de dicha resolución la defensa técnica de la imputada, en audiencia interpuso el recurso de apelación incidental, por ello, la autoridad jurisdiccional ordenó que por Secretaría se remita al Tribunal de alzada de turno conforme a procedimiento. De la compulsa a los datos traidos en revisión, se advierte que, en audiencia de medida cautelar, la ahora peticionante de tutela fue remitida al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por disposición de la Jueza ahora demandada, en mérito al Auto Interlocutorio 297/2020 de detención preventiva; motivo por el cual, la impetrante de tutela mediante su defensa técnica en el mismo actuado judicial interpuso el recurso de apelación incidental, que fue aceptada y dispuesta su remisión ante el Tribunal de alzada por dicha autoridad; no obstante, la solicitante de tutela, mediante la presente acción de libertad, denuncia que, la autoridad demandada asumió esa determinación sin considerar que ella cuenta con los arraigos naturales y que además es madre de dos menores de edad; y, la Fiscal de Materia –ahora codemandada–, no valoró objetivamente los hechos al solicitar su privación de libertad. Precisado los antecedentes y la problemática planteada, previo a ingresar a compulsar el asunto en cuestión, incumbe remitirnos a dos aspectos esenciales:
Primero, en cuanto a que la accionante denuncia un conjunto de irregularidades en contra de las autoridades demandadas, arguyendo entre otro esencialmente que, al disponer su detención preventiva no se consideró que es madre de dos niños de tres y siete años de edad, que no cuentan con un padre que cuide de ellos, ya que solamente se encuentran bajo la protección de su abuelo (padre de la accionante) que se encuentra delicado de salud (convaleciente de una operación), y por tal motivo precisa defenderse en libertad, a efectos de cuidar de sus hijos menores; contexto que permite remitirnos a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en la cual se compila reflexiones que posibilitan la presentación directa de la acción de libertad sin la exigencia previa de haber agotado los medios de impugnación cuando se trate de personas vulnerables, tales como menores de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en época de lactancia, aquellos que pertenezcan a un grupo minoritario ya sea por sus características étnicas o raciales, adultos de la tercera edad, o cualesquier persona en situación de debilidad evidente y manifiesta; para el caso presente, y conforme lo manifestado por la propia solicitante de tutela y no rebatido por las autoridades demandadas, se trata de una persona que se halla en un estado de desventaja manifiesta al ser madre de dos menores de tres y siete años de edad, quienes necesitan de la protección de su progenitora, situación que hacen entrever la vulnerabilidad de los indicados menores, que si bien los mismos no son parte de la causa principal; sin embargo, debido a la detención preventiva dispuesta en contra de su madre, ellos se ven afectados con una amenaza seria respecto a los cuidados y protección debida; motivos por los cuales, en mérito al carácter vinculante de las razones constitucionales y el interés superior de los niños, incumbe aplicar dicha jurisprudencia al asunto traido en revisión. Segundo, respecto a la oportunidad de retirar la acción de libertad; toda vez que, conforme se extrae del acta de audiencia de garantías celebrada el 23 de noviembre de 2020, cursante a fs. 15, la solicitante de tutela a través de su defensa técnica arguyo lo siguiente: “…solicito se de por retira la presente acción de libertad, toda vez que mi defendida acaba de ser cautelada y se le han otorgado medidas sustitutivas a la detención preventiva” (sic); en tal sentido, según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional es posible desistir o retirar la acción tutelar, en tanto no se hubiera señalado día y hora de audiencia; empero, en el presente caso, el memorial de acción de libertad, fue presentado el 22 de noviembre de 2020 conforme consta de fs. 3 a 4 vta., habiendo sido admitida la misma mediante Auto de Admisión de 23 de igual mes y año; y, el desistimiento recién fue realizado el día de la audiencia celebrada el mismo día, es decir el 23 de similar mes y año; deduciéndose con precisión que, el día y hora de audiencia de garantías fue fijada mucho antes del desistimiento expresado en la indicada audiencia; aspecto que pone en evidencia la imposibilidad de retirar o desistir de esta acción de libertad conforme lo expresado por la jurisprudencia señalada precedentemente; motivo por el cual, no procede el retiro de esta acción tutelar y corresponde compulsar los actuados remitidos en revisión. Efectuada dichas precisiones necesarias, conforme a los antecedentes que hacen a la problemática identificada, se tiene por un lado la denuncia contra la Fiscal de Materia, quien no habría sido objetiva en valorar los hechos al solicitar la detención preventiva de la ahora accionante, ya que no consideró que ella también sufrió lesiones serias como emergencia del altercado con la hermana de su enamorado, tal como estarían consignados en el cuaderno de investigaciones; y, por otro lado, se advierte la denuncia contra la Jueza de Instrucción Penal Décimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, que dispuso su privación de libertad, soslayando considerar objetivamente que tiene dos hijos menores de edad bajo su responsabilidad, y que los mismos estarían al cuidado de su abuelo quién se encuentra delicado de salud. En ese contexto, según la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se advierte que la ahora peticionante de tutela interpuso apelación incidental contra contra el Auto Interlocutorio 297/2020 que determinó su detención preventiva, extremo también corroborado por las propias autoridades demandadas según los argumentos consignados por el Tribunal de garantías en su resolución (fs. 16 a 17 vta.). En ese estado de cosas, si bien es cierto que, en aplicación del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional no es exigible el agotamiento previo de los medios de impugnación al tratarse de grupos vulnerables; empero, para el presente caso, lamentablemente resulta imposible su aplicación e ingresar al fondo de los hechos denunciados, ya que la ahora accionante después de haberse dispuesto su detención preventiva, mediante su abogado en el mismo actuado ejerció su derecho a la apelación incidental, siendo admitida por la autoridad jurisdiccional, quién dispuso su remisión ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1); consecuentemente, las supuestas irregularidades incurridas por las autoridades demandadas, referidas a que la Fiscal codemandada no valoró objetivamente los hechos al solicitar su privación de libertad; y, que la Jueza demandada al disponer su detención preventiva no consideró su condición de madre de dos menores de edad, serán analizadas y conocidas por el Tribunal de alzada; aspecto, que permite deducir a esta instancia constitucional que a la fecha de la presentación de ésta acción tutelar, la indicada apelación incidental se encontraba en trámite pendiente de resolución; en tal sentido, corresponde precisar que resulta inadmisible dicha situación, pues no está permitido activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, debido a la infortunada posibilidad de crear una disfunción procesal contraria al orden jurídico, que en lugar de asegurar el acceso a la justicia, ocasionaría un caos tras contar con dualidad de resoluciones (ordinaria y constitucional); máxime, si tomamos en cuenta la intensión del abogado de la accionante, en sentido de retirar la acción de libertad, aduciendo que habría sido favorecida con las “medidas sustitutivas a la detención preventiva” (extremo no demostrado, al no advertirse la resolución que determine tal aspecto). Consiguientemente, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, no es posible activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la constitucional, pues debe quedar claro que, quien interpone un medio de impugnación previsto por la normativa al interior de la jurisdicción ordinaria y a su vez activa un mecanismo de defensa constitucional tal como ocurre en este asunto; y, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no le está permitido a la instancia constitucional ingresar al análisis de la acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad por activación paralela de jurisdicciones; motivo por el cual, y para el caso presente, incumbe denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática planteada debido a la activación paralela de jurisdicciones. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con diferentes argumentos, actuó en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2020 de 23 de noviembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo del caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
3 En su FJ.III.2, citando la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre. 4F.J. III.2. En relación al momento de presentación de la acción de libertad y el retiro de la demanda. Ahora bien, con relación al momento de presentación la SC 0451/2010-R de 28 de junio, señaló lo siguiente: “… en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que 'se restituya su derecho a la libertad, ya no tendría sentido si está en libertad. En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
9 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0110_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): debcdb6a196584db515f2164dcfdd1215c83a9ada6b06d94cef600542d1069a8
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →