Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su componente a la defensa y la valoración razonable de la prueba, a la salud y dignidad humana; toda vez que, la Gerencia Regional La Paz de la AN dispuso la retención de su cuenta bancaria, sin considerar que no es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sino su difunto esposo, contra quien se inició un proceso administrativo sancionatorio después de su fallecimiento. Ante esta situación, planteó incidente de nulidad ante la Administración Aduanera, el cual fue respondido mediante los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023, a través de los cuales se denegó el levantamiento de la medida coactiva de retención de fondos, bajo el argumento de la firmeza del título de ejecución tributaria. Ante ello, la Gerente demandada señala que ante la falta de pago de la deuda tributaria se ejecutó medidas coactivas en aplicación de los arts. 110 del CTB, y 196.II del CFPF. La impetrante de tutela no interpuso los recursos administrativos para demandar la nulidad del acto defectuoso. Por su parte la ASFI refirió que únicamente se encarga de transmitir las instrucciones de retención a las entidades de intermediación financiera y que no retiene fondos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 192/2023 de 22 de septiembre, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso que incluye el derecho a la defensa y la valoración de la prueba, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo se deje sin efecto los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 de 19 de julio y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 de 16 de agosto, y todas las medidas de cobro coactivo dispuestas en contra de la impetrante de tutela, especialmente las retenciones de sus cuentas bancarias, hasta que, en su caso, se establezca en el marco del debido proceso la responsabilidad de la misma en el proceso de contrabando, garantizando plenamente su derecho a la defensa. 2º DENEGAR la tutela impetrada respecto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y con relación a los derechos a la propiedad privada, salud y dignidad humana, puesto que no han sido objeto de mayor fundamentación que permita evidenciar su eventual vulneración.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2026-S2 Sucre, 20 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58873-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 192/2023 de 22 de septiembre, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Delia Humerez Ramírez contra Giovanna Nancy Cortes Zambrana, Gerente Regional La Paz a.i. de la Aduana Nacional (AN); y, Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Por memoriales presentados el 29 de agosto y 13 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 52 a 63 y 66 a 69, la accionante manifiesta lo siguiente:
Su esposo falleció el 21 de febrero de 1996. Durante la vigencia de su matrimonio, adquirieron un camión marca Volvo, modelo 1982, color blanco, 17 toneladas, amparado en la póliza de importación 1155656, con placa de circulación TCB-043. Posteriormente, el 25 de julio de ese mismo año, dicho vehículo fue vendido a Juan Paco Cruz, quien desde entonces se encontraría en posesión del mismo. Sin embargo, varios años después del fallecimiento de su esposo, el 18 de septiembre de 2001, la Gerencia Regional La Paz de la AN, inició un proceso administrativo contra el nombrado, declarando probada la infracción en su contra. En ese marco, dispuso la notificación de su esposo el 19 de octubre del mismo año, cinco años después de fallecer. Posteriormente, el 11 de julio de 2003, la Administración Aduanera emitió el Pliego de Cargo 017/2003, con el propósito de cobrar coactivamente el monto de Bs79 681,60.- (setenta y nueve mil seiscientos ochenta y un 60/100 bolivianos), por concepto de adeudo tributario dispuesto en la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 de 16 de noviembre de 2001. No obstante, al intentar practicarse la notificación correspondiente, el servidor público encargado de dicha diligencia mediante representación, dejó constancia que: “‘CUYO DOMICILIO NO PUDO SER ENCONTRADO NI HABIDO’” (sic), el 10 de septiembre de 2003. En mérito a dicha representación, la Administración Aduanera dispuso la notificación mediante edictos, la cual se practicó recién el 29 de octubre y 4 de noviembre de 2014; es decir, después de más de diez años. El 15 de marzo de 2023, mediante Oficio AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023, la Gerencia Regional La Paz de la AN solicitó al Director Ejecutivo de la ASFI, la retención de fondos existentes en su cuenta bancaria, recursos que utiliza para solventar sus necesidades básicas. Al tomar conocimiento de dicha retención, presentó reclamo ante la ASFI, haciendo conocer que su esposo había fallecido antes del inicio del proceso sancionatorio; sin embargo, se le indicó que debía acudir a la AN, y posteriormente nuevamente a la ASFI, generándose una situación de incertidumbre y falta de solución a su reclamo. Ante esta situación, el 18 de mayo de 2023, presentó memorial planteando incidente de nulidad de la retención de fondos por falta de legitimación del sujeto pasivo; no obstante, la Administración Aduanera respondió mediante Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 de 19 de julio, rechazando su pretensión, por lo que, reiteró su solicitud mediante un nuevo memorial, requiriendo un pronunciamiento expreso mediante Auto motivado; sin embargo, a través de Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 de 16 de agosto, se le indicó que debía estar al proveído anterior. Tanto la ASFI como la AN, al negarse a levantar la orden de retención de fondos, le ocasionan una afectación directa, puesto que, desde marzo de 2023, se encuentra impedida de acceder a su cuenta bancaria. En ese sentido, su derecho a la propiedad privada se encuentra lesionado como consecuencia de las vías y medidas de hecho en las que habrían incurrido dichas entidades.
Denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada; al debido proceso en su componente a la defensa y a la valoración razonable de la prueba; a la salud y a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 21.2, 22, 56.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Nota AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023 de retención de fondos y los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023; y, b) Se levante la retención de fondos que se realizó a su cuenta bancaria.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 163, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando señaló que: 1) Las diligencias de notificación dentro del caso no cumplieron su fin, la mayoría fue en secretaría, perjudicial para ambas partes, porque transcurrieron veintisiete años; y, 2) El vehículo involucrado dejó de estar en su poder tres años antes de haberse iniciado el proceso administrativo sancionador en contra de su difunto esposo, no se valoró la prueba aportada de su parte, persistiendo la AN en mantener sus cuentas congeladas. Así también se vulneró la dignidad humana.
Giovanna Nancy Cortes Zambrana, Gerente Regional La Paz a.i. de la AN, por informe escrito, cursante de fs. 146 a 153 vta.; y, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) Ante la falta de pago de la deuda tributaria el art. 110 del Código Tributario Boliviano (CTB) refiere que la Administración Aduanera podrá ejecutar medidas coactivas, por lo que la Gerencia Regional La Paz de la AN procedió a la retención de fondos y el registro de no solvencia fiscal ante la Contraloría General del Estado contra el esposo de la impetrante de tutela, no permitieron la recuperación de la deuda tributaria, entonces se procedió conforme a lo establecido en el art. 196.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); ii) La acción de amparo constitucional fue formulada el 29 de agosto de 2023, no obstante, la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 fue notificada por edictos el 28 y 29 de diciembre de 2001, esto a efectos del cómputo de los seis meses; y, iii) La accionante no interpuso ni agotó los medios idóneos a efectos de reclamar el Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023, no agotó la vía de impugnación administrativa facultada por ley para demandar la nulidad del acto defectuoso. Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, por informe escrito cursante de fs. 83 a 90 vta.; y, en audiencia de garantías, a través de sus representantes, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) La ASFI se encarga de transmitir las instrucciones de retención a las entidades de intermediación financiera y bajo ninguna circunstancia retiene fondos, al ser un ente transmisor de órdenes administrativas y judiciales, no cuenta con la posibilidad de retener sumas de dinero emergente de procesos ajenos a su institución; b) La peticionante de tutela en ningún momento demostró que pretenda realizar una acción judicial o administrativa tendiente a resolver la determinación de un adeudo tributario, el cual derivó la aplicación de una de las medidas coactivas establecidas en el art.
110 del CTB; c) No explicó cuál es el procedimiento específico contenido en el Código Tributario que se habría incumplido por la ASFI; y, d) No se menciona ningún documento que haya sido emitido por la ASFI y tampoco acompaña prueba alguna que haga referencia a alguna acción realizada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 192/2023 de 22 de septiembre, cursante de fs. 164 a 168, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Nota AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023 y la notificación a la ASFI para que proceda a la suspensión de la retención de fondos de la accionante, únicamente como consecuencia del Pliego de Cargo 017/2003 de 11 de julio; bajo los siguientes fundamentos: 1) El esposo de la impetrante de tutela falleció el 21 de febrero de 1996, con anterioridad al proceso administrativo por contrabando suscitado en la gestión 2001; 2) Conforme el art. 2 del Código Civil (CC), el fin de la personalidad del ciudadano fue el 21 de febrero de 1996, con anterioridad al proceso administrativo; y, 3) No puede otorgarse validez a los actos de notificación generados en el mes de diciembre de 2001, a partir de enero 2002 hasta junio de ese año, vencía el plazo para activar alguna acción de control tutelar, no obstante estos actos fueron realizados a una persona fallecida. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado de la ASFI pidió que se emita oficio para que se detalle el monto de dinero retenido a la entidad financiera a la cual se ordenará la suspensión. Por otro lado, la solicitante de tutela pidió se aclare el tiempo que tiene la AN para realizar el levantamiento de los fondos. Al respecto, los Vocales de la Sala Constitucional manifestaron que, por la entidad financiera se informe sobre el monto retenido como consecuencia de la Nota AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023, y en su mérito la ASFI tome conocimiento de esta información a fin de dar cumplimiento de lo determinado, asimismo, no ha lugar a lo solicitado respecto al tiempo, debido a que la comunicación se hará por escrito.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Inicial de Proceso 149/00 de 29 de diciembre de 2000, el entonces Gerente Regional La Paz de la AN, dispuso la instauración de proceso penal administrativo por el delito de contrabando contra Esteban Casas Chambi -esposo- de Delia Humerez Ramírez -hoy accionante- (fs. 103).
II.2. Por Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 de 16 de noviembre 2001, el entonces Gerente Regional La Paz de la AN, declaró probado el delito de contrabando contra Esteban Casas Chambi, la cual fue notificada por edictos al nombrado el 27, 28 y 20 de diciembre de 2001 (fs. 20 a 23). II.3. Mediante Auto Administrativo de 29 de enero de 2002, el entonces Gerente Regional La Paz de la AN, declaró la ejecutoría de la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 (fs. 24). II.4. Cursa Pliego de Cargo 017/2003 de 11 de julio, emitido por el entonces Gerente Regional La Paz de la AN, contra Esteban Casas Chambi, por el total adeudado de Bs79 681,60.- (fs. 26). II.5. Por Nota AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023 de 15 de marzo, dirigida al Director Ejecutivo de la ASFI, la Gerencia Regional La Paz de la AN, solicitó la retención de fondos de la accionante, en base al Pliego de Cargo 017/2023 emitido contra su esposo fallecido (fs. 137). II.6. Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, dirigido a la Gerencia Regional La Paz de la AN, la impetrante de tutela: “SOLICITA NULIDAD DE RETENCIÓN POR FALTA DE LEGITIMIDAD DEL SUJETO PASIVO Y NO SER SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA ACONTECIDA CUANDO MI ESPOSO ESTABA FALLECIDO” (sic), alegando que no tuvo conocimiento del Pliego de Cargo 017/2003 de 11 de julio, lo cual la dejó en un estado total de indefensión ante la Administración Aduanera (fs. 39 a 43). II.7. Mediante Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 de 19 de julio, Giovanna Nancy Cortes Zambrana, Gerente Regional La Paz a.i. de la AN -hoy demandada-, rechazó el levantamiento de retención de fondos, toda vez que los actos emitidos por la Administración Aduanera fueron puestos en conocimiento del sujeto pasivo mediante la publicación de edictos, donde no se identificó la presentación de una impugnación, extremo que determinó la firmeza del título de ejecución (fs. 44). II.8. Consta certificado de defunción de 11 de agosto de 2023, correspondiente a Esteban Casas Chambi, el cual acredita que el nombrado falleció el 21 de febrero de 1996 (fs. 4). II.9. Mediante Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 de 16 de agosto, la Gerente demandada, respondió al memorial presentado el 3 de agosto de 2023, presentado por la impetrante de tutela, estableciendo que debía estar al Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 (fs. 47).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en su componente a la defensa y la valoración razonable de la prueba, a la salud y dignidad humana; toda vez que, la Gerencia Regional La Paz de la AN dispuso la retención de su cuenta bancaria, sin considerar que no es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sino su difunto esposo, contra quien se inició un proceso administrativo sancionatorio después de su fallecimiento. Ante esta situación, planteó incidente de nulidad ante la Administración Aduanera, el cual fue respondido mediante los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023, a través de los cuales se denegó el levantamiento de la medida coactiva de retención de fondos, bajo el argumento de la firmeza del título de ejecución tributaria. Ante ello, la Gerente demandada señala que ante la falta de pago de la deuda tributaria se ejecutó medidas coactivas en aplicación de los arts. 110 del CTB, y 196.II del CFPF. La impetrante de tutela no interpuso los recursos administrativos para demandar la nulidad del acto defectuoso. Por su parte la ASFI refirió que únicamente se encarga de transmitir las instrucciones de retención a las entidades de intermediación financiera y que no retiene fondos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1001/2016-S2 de 7 de octubre, sostuvo que: «La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando: "En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandados". En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho, la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyó que éstas constituyen una excepción y, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional posterior. Sobre la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela, la citada SCP 0998/2012, refirió que ésta debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos...» (las negrillas fueron añadidas).
De la revisión de los antecedentes, se advierte que la Gerencia Regional La Paz de la AN, en el marco del Código Tributario Abrogado -Ley 1340 de 28 de mayo de 1992-, emitió la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 de 16 de noviembre 2001, declarando probado el delito de contrabando en contra de Esteban Casas Chambi -quien en vida fue esposo de la ahora accionante-, por el transito no arribado del camión con placa de control TCB-043, ante la imposibilidad del comiso de la mercancía, se dispuso una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía, Resolución que fue notificada por edictos al nombrado el 27, 28 y 20 de diciembre del citado año (Conclusión II.2).
Para el cobro coactivo de la multa impuesta, se emitió el Pliego de Cargo 017/2003 de 11 de julio, contra Esteban Casas Chambi (Conclusión II.4), mismo que fue notificado por edicto por desconocerse el domicilio del ejecutado; en ejecución del cobro coactivo, la Administración Aduanera por Nota AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023 de 15 de marzo (Conclusión II.5), de manera directa, alegando la imposibilidad del cobro de la multa al deudor, pidió a la ASFI la retención de cuentas de Delia Humerez Ramírez -ahora accionante- en base al Pliego de Cargo 017/2003 emitido en contra de su esposo fallecido, argumentando que de acuerdo a la información del Servicio de Registro Cívico (SERECI) contenida en la Certificación DN-RC MMES 698/2022 de 11 de noviembre, se estableció el vínculo matrimonial de la impetrante de tutela con el deudor Esteban Casas Chambi, por lo cual correspondía aplicar el art. 196.II del CFPF, que dispone que las deudas del cónyuge contraídas durante la unión conyugal, se presumen para beneficio de la comunidad ganancial, y se cargan a ésta, salvo prueba en contrario. Sin embargo, la Administración Aduanera, no justificó que las cuentas bancarias personales de la accionante -de las cuales solicitó la retención-, forman parte de la comunidad de gananciales, mucho menos notificó con estas medidas y cargos a la nombrada; asimismo, la impetrante de tutela recién tomó conocimiento del proceso sancionatorio a partir de la retención de sus cuentas bancarias, debido a que las notificaciones dentro de dicho proceso fueron dirigidas a nombre de la persona identificada como contraventora. Asimismo, en el caso concreto se advierte el certificado de defunción original (Conclusión II.8), que acredita el fallecimiento de Esteban Casas Chambi acaecido el 21 de febrero de 1996; sin embargo, el Auto Administrativo que declara la ejecutoría de la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249, fue emitido recién el 29 de enero de 2002 (Conclusión II.3); al respecto, el art. 75 inc. 1) de la Ley 1340 -vigente durante el desarrollo del procesamiento del delito de contrabando seguido contra Esteban Casas Chambi-, sobre las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias, establece que en todos los casos en que correspondiere el comiso y la clausura, la muerte del infractor extinguirá las acciones y sanciones respectivas, y que: “Subsistirá la responsabilidad por multas que hubieren quedado firmes o pasadas en autoridad de cosa juzgada, a la fecha del fallecimiento”; es decir, en el caso concreto solamente podía realizarse el cobro de la multa en contra de los herederos de Esteban Casas Chambi si la misma quedaba ejecutoriada a la fecha del fallecimiento; no obstante, ello no ocurrió ya que la citada persona falleció el 21 de febrero de 1996, y la multa impuesta se ejecutorió el 29 de enero de 2002, casi seis años después del fallecimiento, peor aún, en el caso concreto, el Auto Inicial de Proceso 149/00 fue emitido el 29 de diciembre de 2000 (Conclusión II.1). Conforme a lo señalado, se evidencia que el proceso seguido contra Esteban Casas Chambi, contravenía de manera expresa la normativa tributaria señalada, siendo por tanto inválido desde el inicio, por consiguiente el cobro a la esposa supérstite tampoco puede considerarse válido, puesto que para proceder a la ejecución de la multa impuesta se requiere un título ejecutivo válido frente a la persona ejecutada; sin embargo, en virtud al principio constitucional de igualdad, este Tribunal no puede dejar de considerar que la impetrante de tutela, hizo conocer que vendió el vehículo que fue objeto del proceso de contrabando, lo cual, conforme al art. 81 inc. 2) de la Ley 1340, podría entenderse como haber vendido para su provecho mercadería respecto a la cual se cometió un delito o contravención, lo cual podría generarle responsabilidad; empero, para proceder con cualquier acción contra la accionante, corresponde que se siga en contra de la misma el respectivo proceso en el marco de la garantía del debido proceso y todos sus elementos, especialmente el derecho a la defensa. Los razonamientos expuestos, permiten establecer que la Gerencia Regional La Paz de la AN, incurrió en medidas de hecho en contra de la solicitante de tutela; puesto que, no siguió un proceso conforme a derecho que permita establecer de manera legal, alguna responsabilidad en contra de la misma generándole indefensión absoluta, y de manera directa gestionó que se ejecute la retención de sus cuentas bancarias, sin contar con un título de ejecución válido que justifique dicha retención, negándole todo acceso a un debido proceso, que incluye el derecho a la defensa y la valoración de la prueba, medidas de hecho que justifican la concreción de tutela sin exigir que se agoten los medios de impugnación previstos en la vía administrativa y ordinaria. Asimismo, a pesar de que la impetrante de tutela presentó memoriales indicando que su esposo había fallecido antes de la determinación de la multa en su contra, solicitando por tal motivo la nulidad de obrados (Conclusión II.6), la Administración Aduanera, se negó a enmendar el procedimiento y restituir los derechos constitucionales vulnerados, pronunciando en respuesta los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 (Conclusiones II.7 y II.9), limitándose a señalar que los actos emitidos fueron notificados por edicto y que el proceso se encuentra en etapa de ejecución, ignorando totalmente el motivo de nulidad, por lo cual, también corresponde dejar sin efecto dichos Proveídos. En relación a la ASFI, no se justificó la comisión de actos u omisiones ilegales o indebidos, puesto que únicamente se limitó a efectivizar solicitudes emitidas por la Administración Aduanera, no siendo su atribución averiguar si sobre los títulos de ejecución que le son remitidos, pesan vicios de nulidad o vulneración de derechos vinculada al fondo del proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 192/2023 de 22 de septiembre, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso que incluye el derecho a la defensa y la valoración de la prueba, conforme a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo se deje sin efecto los Proveídos AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 de 19 de julio y AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 de 16 de agosto, y todas las medidas de cobro coactivo dispuestas en contra de la impetrante de tutela, especialmente las retenciones de sus cuentas bancarias, hasta que, en su caso, se establezca en el marco del debido proceso la responsabilidad de la misma en el proceso de contrabando, garantizando plenamente su derecho a la defensa. 2º DENEGAR la tutela impetrada respecto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y con relación a los derechos a la propiedad privada, salud y dignidad humana, puesto que no han sido objeto de mayor fundamentación que permita evidenciar su eventual vulneración. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0108_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4503dd452a7ac42c9fc7e265f29fe3df0f16e6b2040026465e602ccd4388a682
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