B.IA.LEGAL

SCP 0108/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
68701-2024-138-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso reforzado vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral por discapacidad con afectación al derecho a la vida, salud y seguridad social; puesto que, dentro del proceso administrativo interno seguido contra su persona, la Gerente Nacional ahora accionada emitió la RA de Apelación 02/2024 de 2 abril, la cual considera que vulnera: a) El derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, en los siguientes elementos: 1) A la congruencia y pertinencia; ya que, la nombrada no se pronunció con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación mencionado al defecto absoluto; porque el auto base del inicio del proceso incumple lo dispuesto por el art. 8.2.b) de la CADH; por lo que, no establece de manera clara, precisa, concreta y detallada “cuál es el hecho o hechos”; sin embargo, es denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente, indicando solamente que estaría procesada por la contravención de los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 865 a 870 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Pública de la Niñez y Adolescencia y Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de Uyuni del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 68701-2024-138-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 09/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 865 a 870 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Alina Tapia Rivas contra María Fernanda Zeballos Ibañez, Gerente Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) del Banco PRODEM Sociedad Anónima (S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 3 y 23 de octubre de 2024, cursantes de fs. 507 a 528 vta.; y, de 539 a 540 vta.; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de noviembre de 2005, cuando cumplía su trabajo en el cargo de Servicio al Cliente en la Sucursal PRODEM S.A. Uyuni del departamento de Potosí, trasladando una remesa a la empresa “San Cristóbal” del referido departamento, sufrió un gravísimo accidente de trabajo en la movilidad de la indicada entidad bancaria, con vuelque de campana donde falleció una de sus compañeras, sufriendo múltiples fracturas en sus extremidades inferiores, así como en la columna, siendo sometida a varias cirugías que provocaron una disminución en sus capacidades motrices y un franco deterioro de su movilidad física; a pesar de ello, se reincorporó a su fuente laboral, anteponiendo su institución. Posteriormente, se postuló al cargo de Supervisora Operativa de la Agencia de PRODEM de Uyuni de igual departamento, el cual ganó; empero, debido a su condición no pudo resistir más los dolores, teniendo que solicitar vacación por treinta días, en la que se sometió a revisiones médicas necesarias siendo operada nuevamente, requiriendo más tiempo en su recuperación, regresando al trabajo en condiciones muy deplorables; a pesar de ello, RR.HH. de la referida entidad bancaria y conociendo su estado de salud, solo se avocó a pedir sus bajas médicas; además, de recibir amenazas y sugerencias como dejar el cargo o que le bajarían a otro cargo de menor jerarquía, lo cual no aceptó debido a que estaba a cargo de su madre de ochenta y dos años de edad y una hija que estaba estudiando; asimismo, necesitaba tener ingresos económicos para cubrir los gastos médicos de su recuperación. Lo descrito, detonó en el primer acto arbitrario con la entrega de un memorando de llamada de atención, luego el segundo memorando de amonestación, con el objeto de forzar y justificar un despido de su fuente laboral, advirtiéndole que, en caso de acumular tres memorandos se procedería a su desvinculación automática como establecía el reglamento interno; por lo que, para no llegar a ese extremo debió renunciar de una vez, así continuó el acoso laboral, la violencia y amedrentamiento, hasta que el 9 de marzo de 2024, fue notificada con el tercer Memorando RHS/PTS 025/2024 de igual fecha, por supuesta reincidencia en las faltas, además de anunciarles con iniciar un proceso administrativo con la probabilidad de perder su fuente laboral, el quinquenio y demás beneficios; razón por la cual, impugnó el referido Memorando, solicitando se deje sin efecto y se adopten las medidas de protección para evitar la violencia sistemática de parte de la abogada de la sucursal Uyuni y demás funcionarios. Dicha impugnación fue resuelta el 18 del señalado mes de 2024, por el Encargado de Operaciones de la Sucursal Potosí del Banco PRODEM S.A., ratificando la llamada de atención y con referencia a las medidas de protección, señaló que se conformaría una Comisión Mixta instruida por la gerencia para que haga cumplir plenamente sus derechos laborales, sin pronunciarse a través de una resolución debidamente fundamentada y congruente sobre los motivos de la impugnación. En esa misma fecha, la citada Comisión Mixta pronunció el Auto de Apertura de Proceso Interno 001/2024 de igual fecha, forzando supuestas faltas graves y muy graves previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) del Banco PRODEM. S.A., omitiendo identificar de manera precisa cuáles fueron los hechos concretos sindicados para una defensa adecuada; razón por la cual, el 21 de marzo de 2024, denunció la inobservancia de las reglas tercera y cuarta de las “Reglas de Brasilia”, sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, pidiendo que en el proceso disciplinario se tome en cuenta los factores vulnerabilidad y fragilidad manifiesta, a raíz del accidente laboral que sufrió, quedando con múltiples fracturas y secuelas irreversibles que la dejaron discapacitada, además de sufrir malos tratos y presiones para que renuncie, recibiendo una serie de advertencias, hostigamientos y memorandos por parte de sus superiores y de la abogada de la institución quienes insistieron que la procesarían administrativa y penalmente por incumplimiento a sus obligaciones, siendo víctima de un patrón de violencia que la puso en una situación de indefensión. Es más, la Comisión Mixta de PRODEM S.A., le inició un nuevo proceso a través del Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, por las mismas faltas y hechos por las que fue sancionada en el Memorando RHS/PTS 025/2024; con base en el Informe DO-SP 008/2024 de 12 marzo, evacuado por el Encargado de Operaciones de la Sucursal de Potosí, constituyendo una grave vulneración al principio de no bis in idem, por si fuera poco el 22 de marzo de 2024, el Tribunal Disciplinario pronunció la Resolución Administrativa (RA) 01/2024, determinando la existencia de responsabilidad, imponiéndole la sanción de desvinculación laboral por reincidencia en las faltas, sin derecho a desahucio ni indemnización, recibiendo una doble sanción, razón por la cual el 28 de marzo de 2024, formuló recurso de apelación denunciando varios agravios; a pesar de los argumentos expuestos la Gerente Nacional hoy accionada, emitió la RA de Apelación 02/2024 de 2 de abril, confirmando la RA 01/2024, con criterios restrictivos al derecho de acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras discapacitadas y declarando su ejecutoria, ordenando se emita el memorando de desvinculación, sin pronunciarse de manera fundamentada, motivada y congruente sobre las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, sin cumplir con un análisis pertinente sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas que sufren de una discapacidad, sin aplicar el enfoque de género diferenciado, incurriendo claramente en una incongruencia omisiva, dejando sin respuesta a varios de los argumentos planteados en el mencionado recurso de apelación. a) La accionante considera que la RA de Apelación 02/2024, vulneró su derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad con relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, en los siguientes elementos: 1) A la congruencia y pertinencia; puesto que, la Gerente Nacional ahora accionada no se pronunció con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación referido al defecto absoluto; porque el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, base del proceso que incumple lo dispuesto por el art. 8.2.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); ya que, no establece de manera clara, precisa, concreta y detallada “cuál es el hecho o hechos”; por lo que, es denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente, indicando solamente que estaría procesada por la contravención de los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, lo cual no fue motivo del agravio; 2) A la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al segundo motivo del recurso de apelación, en la que la Gerente Nacional ahora accionada rehúye analizar el problema jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos como la responsabilidad objetiva; ya que, no existe un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del Tribunal inferior de realizar la valoración descriptiva y luego intelectiva de las pruebas de descargo que ofreció; no se tomó, en cuenta la calificación de la entidad central interna de procesos administrativos, operativos y de seguridad, tampoco el trabajo de archivo que realizó; 3) Vulneró la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación al abordar las cuestiones del tercer motivo del recurso de apelación, referido a que la RA 01/2024, es lesivo a la presunción de inocencia y debido proceso sustantivo; por lo que, el denunciante no acreditó con pruebas los hechos contenidos en el Informe DO-SP 008/2024, ni las faltas atribuidas en el referido Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno, recibiendo una doble sanción por los mismos hechos; aparte de que la supuesta contravención del art. 126 del RIT del Banco PRODEM S.A., no fue parte del citado Auto de inicio del proceso, siendo introducido de oficio por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A.; lo cual, no fue analizado ni respondido por la Gerente Nacional hoy accionada incurriendo en incongruencia omisiva externa; 4) Existe insuficiente fundamentación y motivación con respecto al cuarto motivo de agravio del recurso de apelación; por cuanto, no se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que tuvo, tampoco se pronunció sobre el incumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad laboral y reforzada de las personas con discapacidad o enfermas; lo propio sobre su denuncia de vulneración al debido proceso sustantivo y verdad material; y, finalmente no se tomó en cuenta su condición de mujer sola y discapacitada; 5) Se incurrió en insuficiente fundamentación y motivación cuando se abordó el quinto motivo del recurso de apelación; ya que, no se explica en qué parte de la resolución del Tribunal de primera instancia consta el juicio de subsunción del hecho a las faltas disciplinarias atribuidas, considerando que no se identificaron los hechos en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024, en el que solamente se citaron los artículos de las supuestas faltas disciplinarias; 6) Se observó falta de fundamentación y motivación en sujeción al bloque de constitucionalidad respecto al sexto motivo del recurso de apelación vinculado a la excepción del non bis in ídem y la omisión de realizar el control de convencionalidad del art. 126 parte final del Reglamento interno del PRODEM S.A.; 7) Se incurre en omisión de pronunciamiento respecto al control de convencionalidad de oficio solicitada en el sexto motivo del recurso de apelación con respecto a los arts. 126 y 127 del RIT del Banco PRODEM S.A., vinculado al non bis in ídem; ya que, serían abiertamente convencionales; y, 8) Con respecto al octavo motivo del recurso de apelación, la Gerente Nacional hoy accionada, con criterios restrictivos de los derechos de las mujeres concluyó que resultaba infundada la denuncia de violencia y acoso laboral presentada por su persona, careciendo de sustento probatorio, incumpliendo así las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme al art. 87.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, b) La RA de Apelación 02/2024, vulneró el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso reforzado vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral por discapacidad con afectación al derecho a la vida, salud y seguridad social; citando al efecto los arts. 46, 70, 71 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 7 inc. d) del Protocolo Adicional de la CADH.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto la RA de Apelación 02/2024 de 2 de abril, pronunciada por la Gerente Nacional ahora accionada y se ordene emitir una nueva resolución administrativa que resuelva con enfoque integral, perspectiva de género, interseccionalizado y diferenciado, además la fiscalización de oficio del proceso y el control de convencionalidad dada la existencia de graves irregularidades y vulneraciones a los derechos de la mujer trabajadora, discapacitada y enferma garantizando el debido proceso sustantivo como la inamovilidad laboral reforzada por discapacidad; ii) Restituir inmediatamente a su fuente laboral acorde a sus circunstancias especiales de discapacidad y enfermedades; así como, el pago de los salarios devengados dejados de percibir a partir de su ilegal desvinculación, el pago de todas las prestaciones de salud y seguridad social que le corresponde; iii) Ordenar la reparación integral del daño, por el arbitrario y sistemático quebrantamiento de sus derechos humanos, por parte de la Gerente Nacional ahora accionada suscribiente de la RA de Apelación 02/2024 y se condene a la reparación integral del daño por los actos averiguados en ejecución de la referida Resolución Administrativa; iv) Disponer la condenación de costas con la finalidad de que no se vuelvan a repetir actos de abuso contra derechos fundamentales y garantías constitucionales de las mujeres; v) Disponer la adopción de medidas de protección prohibiendo expresamente a la referida Gerente Nacional y demás funcionarios de la entidad bancaria, se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar o amedrentar directamente a su persona en su trabajo, poniendo en peligro su salud o cualquier otra forma de violencia contra su integridad; vi) Ordenar la investigación, procesamiento y sanción disciplinaria de los funcionarios que realizaron actos de amedrentamiento, acoso, amenazas y de presión, exigiendo que su persona renuncie al cargo sin tomar en cuenta su situación de discapacidad y fragilidad manifiesta; y, vii) Se exhorte a la mencionada Gerente Nacional, para que en casos de violencia de género, acoso laboral y violencia hacia la mujer adopte medidas eficaces con enfoque de género diferenciado e interseccionalidad, para sancionar a los responsables dentro de la institución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 859 a 864 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) La Gerente Nacional hoy accionada, al pronunciar la RA de Apelación 02/2024, lo hizo vulnerando el derecho al debido proceso reforzado de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral que se encuentra vinculado a los derechos a la vida, la salud y seguridad social; por lo que, en la acción de defensa se muestra que dicha decisión generó consecuencias perjudiciales; puesto que, se debe entender que nadie se encuentra por encima de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) No se pueden desconocer los derechos reforzados de los que gozan las mujeres discapacitadas y trabajadoras como en el presente caso, no se puede eludir que su persona, sufrió un grave accidente de trabajo en un vehículo del Banco PRODEM S.A., con vuelque de campana donde incluso falleció una persona y ese accidente le ocasionó múltiples fracturas en sus extremidades inferiores; por lo que, tiene una afectación incluso en su columna vertebral; razón por la cual, fue sometida a una serie de tratamientos y cirugías absolutamente delicadas que devinieron en una discapacidad; c) La discapacidad que tiene emerge de una actividad laboral, aspecto que nunca fue tomado en cuenta por la Gerente Nacional ahora accionada, que además debe no solo resolver nuevamente el recurso de apelación, si no debe realizar una fiscalización adecuada al proceso, sino también al acoso laboral que ha estado sufriendo; puesto que, le pidieron que renuncie a su cargo y de esto deviene el primer acto arbitrario que fue la emisión del primer memorando de llamada de atención con la finalidad de forzar que su persona se vaya de su trabajo; d) Al no aceptar la presión vino el segundo acto arbitrario fue del 9 de marzo de 2024, donde le entregan el tercer memorando de amonestación; por lo que, dichos acontecimientos y actos arbitrarios responden a un plan deliberadamente para presionar y exigir su renuncia generando de manera maliciosa se acumulen durante el año, para dar lugar a una falta gravísima, que es justamente la razón del porqué se la destituyó; e) Cuando le entregaron el tercer memorando impugnó, recibiendo como respuesta una simple ratificación de llamada de atención sin justificación, sin pronunciarse sobre algún argumento válido; posteriormente, el 18 de marzo del mismo año, vino el cuarto acto arbitrario; puesto que, como no renunció y siguiendo el patrón de acoso, amedrentamiento para inducir a la renuncia, no solo de sus superiores, sino de la Asesora Legal de la hoy tercera interesa, se conformó la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., emitiendo el Auto de Apertura e inicio de Proceso Interno 001/2024, que fue deliberadamente direccionado al fin señalado; f) Cuando las cosas se hacen mal y maliciosamente como en el presente caso, emitiendo el referido Auto de Apertura como en cualquier tipo de proceso que es una forma de ejercicio del ius puniendi, emitiéndose el Auto que marcó el inicio y fue la base del proceso; por lo tanto, se debe establecer claramente cuáles son los hechos concretos en su contenido y espacio temporal; es decir, se debe identificar y describir los hechos; y, a qué tipo de falta disciplinaria le corresponde, notificando a su persona para que pueda defenderse y ejercitar su derecho de manera adecuada; g) En el presente caso se puede observar un defecto insalvable, porque el citado Auto de Apertura carece de determinación de hechos que sean objeto de proceso disciplinario; puesto que, simplemente como lo reconocen solo mencionaron artículos del reglamento en los que hubiese incurrido; empero, no se llegó a identificar de manera clara y precisa los hechos; h) El 21 de marzo de 2024, la accionante denunció las referidas irregularidades y pidió la aplicación de las “Reglas de Brasilia”, porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta, a vista de los propios funcionarios y superiores de la mencionada entidad financiera, porque ellos se percataron que, desde el accidente su persona se encuentra discapacitada físicamente y no se requiere de un Carnet de Discapacidad, como se expuso con criterios absolutamente contraproducentes a los derechos que exigen; i) Se debe entender que la jurisprudencia constitucional, establece claramente que cualquier medio probatorio, incluso a la luz de la verdad material que salte a la vista y determine discapacidad debe ser considerada en esa situación; por lo que, se pidió que apliquen el enfoque de género por su condición de mujer diferenciado interseccional, incluso aplicado en cualquier circunstancia tomando en cuenta que es una madre trabajadora única que sostiene su familia; j) Cuando se emitió la RA 01/2024, donde determinaron su responsabilidad, le impusieron una sanción de destitución laboral por reincidencia en conducta laboral sin derechos, con una actitud totalmente arbitraria la desvincularon, sin derecho al desahucio ni indemnización; por lo que, no se pueden validar dichos actos abusivos que incurren en la decisión llena de irregularidades; k) Se planteó el recurso de apelación, denunciando ante la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., todas las irregularidades; sin embargo, no se pronunciaron sobre la actividad procesal defectuosa; ya que, no se describió de manera concreta cuál es el hecho o los hechos por los que se le estaba procesando entre otros argumentos y de alguna manera poder defenderse sobre los mismos; sin embargo, a pesar de ello se emitió una decisión sancionatoria que carece de una debida fundamentación y motivación respecto al principio “NEMBES IN IDE” que vulnera el principio de legalidad y la prohibición de doble juzgamiento; y, l) A pesar de los argumentos expuestos, se emitió la RA de Apelación 02/2024, pronunciada por la Gerente Nacional ahora accionada, quien con criterios absolutamente restrictivos confirmó la RA 01/2024, declarando su ejecutoria y ordeno se expida el memorando de desvinculación, con una evidente falta al debido proceso; ya que, no existe una debida fundamentación motivación o congruencia, con relación a todos los actos denunciados denotando una clara vulneración a los derechos humanos; puesto que, no se consideró su situación especial de mujer trabajadora con discapacidad.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Fernanda Zeballos Ibáñez, Gerente Nacional de RR.HH. del Banco PRODEM S.A., por informe presentado el 30 de octubre de 2024, cursante de fs. 808 a 818, manifestó que: 1) La accionante acude a la acción de amparo constitucional con los mismos argumentos expuestos dentro del proceso administrativo interno seguido en su contra, que fue concluido en todas sus instancias y que derivó en su desvinculación laboral por demostrarse que incurrió en infracción grave establecida por el art. 126 parte final, así como en las infracciones muy graves previstas por el art. 127.6 y 20 del RIT; por consiguiente, se determinó como sanción el retiro o desvinculación laboral; 2) Se observa la falta de identificación clara de los hechos concretos, como la vinculación o nexo causal con los derechos supuestamente vulnerados, con la debida relevancia constitucional; puesto que, la acción de defensa presentada se asemeja a los diferentes memoriales presentados ante la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., dentro de la instauración del proceso administrativo interno donde la accionante simplemente expresó su disconformidad con lo determinado en primera y segunda instancia; 3) En virtud al Informe DO-SP 008/2024, con la referencia: Plan e incumplimiento Mary Alina Tapia Rivas -accionante-, presentado por el Encargado de Operaciones del Banco PRODEM S.A. Sucursal Potosí, donde se desarrollaron los antecedentes, incumplimientos identificados e infracciones que hubiese cometido la nombrada, iniciándose el proceso administrativo interno dentro de los alcances del Capítulo IV del RIT, conformándose para tal efecto la referida Comisión Mixta; 4) Se emitió el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, donde se describe de manera concisa los antecedentes que ameritaron dicho proceso; es así, que el 19 de marzo de 2024, la accionante solicitó diferimiento de la declaración informativa para la tarde, llevándose a cabo la misma conforme se evidencia de las respuestas a las preguntas, habiendo en consecuencia asumido defensa irrestricta y teniendo conocimiento pleno de las presuntas infracciones y sobre las cuales estaba siendo procesada; 5) Posteriormente, la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., le comunicó a la accionante la suspensión de funciones con goce de haberes, otorgándole el plazo de dos días para presentar sus descargos; por lo que, asumiendo defensa el 21 de igual mes y año, presentó un memorial haciendo referencia al accidente de tránsito de 2005 y expresando su estado de vulnerabilidad y discapacidad; puesto que, una vez concluido el periodo de prueba se emitió la RA 01/2024, determinando la existencia de responsabilidad administrativa de la nombrada por cometer faltas graves y muy graves, en consecuencia se determinó su desvinculación laboral; 6) El 28 de marzo de 2024, la accionante planteó recurso de apelación contra la referida Resolución Administrativa, siendo concedido ante la Gerente Nacional ahora accionada, quien emitió la RA de Apelación 02/2024, resolviendo todos los puntos cuestionados por la nombrada con plena subsunción de los hechos acontecidos y explicando claramente por qué se decidió ratificar la referida Resolución Administrativa; 7) Se pretende hacer ver que existiría una vulneración del principio non bis in ídem, cuando la acción de amparo constitucional no tutela principios de manera directa, sino los derechos fundamentales y garantías constitucionales, aparte de que dichos aspectos ya fueron dilucidados y resueltos en la RA 01/2024, donde se señaló que las infracciones cometidas por la accionante fueron graves y muy graves, aplicándose el principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad de la potestad administrativa sancionadora; 8) La nombrada señaló que tiene cierto grado de discapacidad por efecto de un accidente anterior y que por eso gozaría de inamovilidad laboral absoluta, no pudiendo ser retirada jamás de la entidad bancaria, al respecto la mencionada Resolución Administrativa resolvió con suficiente fundamentación y motivación razonable, indicando que no acreditó documentalmente esa condición; es decir, con el respectivo carnet de discapacidad vigente y registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad-SIPRNPCD emitido por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEPIS) o el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), entidades que son las únicas que pueden acreditar una condición de esa naturaleza; 9) Se debe considerar que el art. 124 del RIT del Banco PRODEM S.A., establece de manera clara que el trabajador que no cumpla con las obligaciones y responsabilidades asignadas a su cargo o que vulnere normas estatutarias, reglamentarias o legales, se hará pasible a las medidas disciplinarias; por lo que, se debe entender que el Banco PRODEM S.A. en su condición de empleador le asiste el derecho de imponer reglas a la actividad laboral, así como el poder disciplinario a sus trabajadores; y, 10) De manera clara se pretende que la jurisdicción constitucional revise la legalidad del proceso administrativo interno, pretendiendo la nulidad de todas las actuaciones procesales, dejando sin efecto el memorando de desvinculación laboral, desconociendo el principio de subsidiariedad que rige a la presente acción de defensa; ya que, no puede definir derechos ni analizar hechos controvertidos, siendo de competencia de la jurisdicción ordinaria; es decir, la judicatura laboral o a través de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Adriana Coria Mamani, a través de su representante legal en audiencia, manifestó que: i) De la interpretación de la demanda planteada por la accionante, se establece que su persona, podría ser afectada con la decisión final que se pueda tomar en la presente acción de defensa; ii) No tenía conocimiento del proceso disciplinario suscitado en el Banco PRODEM S.A., con el antecedente de que trabaja desde la gestión 2015; empero, en la sucursal de la ciudad intermedia de Villazón del departamento de Potosí, a raíz de un cargo acéfalo, en el mes de marzo por memorando de 18 de igual mes de 2024, fue designada en el cargo de Supervisor de Operaciones de manera interina; iii) Asumió el cargo desde el 19 hasta el 30 del mismo mes y año, de forma temporal y posteriormente se le ratificó con otro memorando de 1 de abril de dicho año, debiendo ejercer el cargo de Supervisor de Operaciones interino desde esa fecha hasta el 6 de abril de ese año; iv) Mediante memorandos de 8 al 30 de abril del referido año, definitivamente fue consolidada en dicho puesto; ya que, se le designó de forma titular desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad; en ese sentido, escuchado lo alegado por la accionante así como el Informe de la Gerente Nacional hoy accionada, se entiende que ese informe cumple con todos los requisitos de un proceso administrativo; más aun, cuando se tiene un reglamento interno en la entidad financiera; v) El Reglamento Interno de Trabajo se encuentra en vigencia y fue aplicado de manera correcta conforme se expresó en el Informe que presentó la nombrada, puntualizando que existen diferentes vías que pudo utilizar la accionante para hacer valer sus derechos; puesto que, desde la entrega de los memorandos si la accionante consideraba que fueron irregulares o que trataban de destituirla del cargo, pudo recurrir a las instancias pertinentes para desvirtuarlos; vi) No presentó ningún recurso en su debido momento para que esos puedan quedar sin efecto, entonces ahí ya se tiene un descuido para poder hacer algo con relación a los extremos que señala, incluso podía recurrir a la Jefatura del Trabajo y otras vías que son pertinentes; ya que, la entidad financiera se somete a la Ley General del Trabajo; vii) Revisado el proceso disciplinario se observa que desde ningún punto de vista tiene algún vicio, o que se hubiese vulnerado los derechos más cuando en su art. 34.II la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado -Ley 233 de 13 de abril de 2012- establece la inamovilidad de las personas con discapacidad; empero, toda regla tiene una excepción, que sería el proceso disciplinario, en el cual se cumplió con toda la normativa interna y los Decretos Supremos que regulan; y, viii) Por todo lo expuesto se adhieren a lo manifestado por la Gerente Nacional hoy accionada y solicita se deniegue la tutela; puesto que, no se encuentra ningún tipo de vicio o vulnerabilidad a los derechos que se señalan como vulnerados; ya que, solo se cumplió conforme el procedimiento y normas internas.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Pública de la Niñez y Adolescencia y Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de Uyuni del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 865 a 870 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Dejar sin efecto la RA de Apelación 02/2024, ordenando a la Gerente Nacional ahora accionada emitir una nueva resolución administrativa tomando en cuenta los principios que rigen el debido proceso; b) La restitución inmediata de la accionante a su fuente laboral, al cargo de Supervisora de Operaciones de la Agencia Regional Uyuni del Banco PRODEM S.A.; c) Se proceda al pago de los salarios devengados desde el momento de su desvinculación, así como el pago de sus prestaciones de salud y seguridad social; y, d) No corresponde tramitar la calificación de daños y perjuicios por no ser la vía idónea la acción de amparo constitucional, tampoco corresponde disponer medidas de protección, debido a que no fue demostrado con ningún medio de prueba la violencia y acoso laboral; bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso a efectos de resolver la acción de defensa planteada, si bien solamente solicitó se deje sin efecto la RA de Apelación 02/2024, emitida por la Gerente Nacional hoy accionada, es necesario remitirse a los antecedentes de la presente acción y de la documentación presentada en audiencia de consideración; 2) De la revisión del Auto de Apertura de Proceso Disciplinario se tiene claramente establecido que las infracciones graves y muy graves establecidas en el Reglamento Interno, se constituyen en una calificación provisional, si durante el desarrollo del proceso interno se determina la comisión de otras infracciones realizadas por la trabajadora -accionante- serán ampliadas; empero, solamente se procedió a notificar con ese Auto de Apertura a la nombrada, para que la misma asuma defensa por la comisión de las presuntas infracciones graves y muy graves; 3) Se emitió la RA 01/2024, que en su encabezamiento se indica que se inició nuevamente por las infracciones enmarcadas por los arts. 126.4, 7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT; sin embargo, se incluyó la infracción consignada en el núm. 4 del referido artículo, así mismo se estableció que en la parte final del Considerando III de dicha Resolución Administrativa se indica que, la acumulación de las amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerada como causal de despido; 4) Lo extraño de la mencionada Resolución Administrativa es que en su parte resolutiva sanciona a la accionante por cometer la infracción grave establecida por el art. 126 parte final del RIT, así como la infracción grave prevista por el art. 127.6 y 20, imponiéndoles la sanción de retiro y la desvinculación laboral de la accionante, decisión que fue apelada y como efecto del recurso se emitió la RA de Apelación 02/2024, que dispuso la responsabilidad de la accionante y ratificó la desvinculación laboral; 5) Se considera necesario señalar qué a efectos de resolver la presente acción de amparo constitucional, es necesario indicar que toda resolución emitida ya sea judicial o administrativa como en el presente caso, debe estar regida bajo una estructura que permita tener coherencia, congruencia, entre todas sus partes; puesto que, en definitiva si no se cuenta con una estructura adecuada generará que el proceso argumentativo contenga errores; 6) Las resoluciones deben estar debidamente estructuradas, sobre todo respondan a la congruencia interna; ya que, toda resolución debe contener una precisión de los hechos, lo cual en el presente caso de manera clara se estableció que se emitió una resolución interna por una causal que jamás fue identificada en el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024; puesto que, la misma conforme al legajo presentado se evidencia los descargos haciendo referencia a las infracciones consignadas en el art. 126.7, 10, 13 y 15 del Reglamento Interno del RIT; empero, en el citado Auto de Apertura, del proceso interno de ninguna manera se hizo conocer con la finalidad de que asuma defensa; 7) La RA de Apelación 02/2024, vulneró el principio de congruencia; ya que, la denunciada no debió ser sancionada por un hecho distinto al que se le atribuyó; puesto que, si bien refieren que la accionante tenía conocimiento, porque en su declaración informativa se le hizo conocer en las preguntas efectuadas y relacionadas con dichos hechos, durante el transcurso del proceso interno se agregaron otros; 8) En la RA 01/2024, no hizo mención a los veintiocho descargos que presentó la Gerente Nacional hoy accionada, si bien los señalan; sin embargo, no los detallan de manera concreta y menos establecen con base en cuáles se estableció la culpabilidad de la nombrada; en ese mismo sentido, no se expresó de qué manera están vinculadas las infracciones previstas por el art. 126 del Reglamento Interno debido a que solo se hace mención a los citados descargos; empero, no se expresó de qué manera se subsumió esa infracción a los hechos que supuestamente cometió; 9) Se emitieron tres memorandos de llamada de atención en una sola gestión, dicho actuar es vulnerar derechos y garantías; puesto que, no describen la responsabilidad sobre las infracciones; ya que, en la RA 01/2024, no se hace mención alguna sobre esos aspectos y toda resolución necesariamente debe ser debidamente motivada y fundamentada; en razón a que, las mismas constituyen parte integrante del debido proceso tal como lo establece el art. 115 de la CPE; por lo que, están íntimamente vinculadas con la valoración de las pruebas y la interpretación de la legalidad ordinaria, actividades que pueden ser excepcionalmente realizadas por la jurisdicción constitucional cuando exista vulneración de derechos y garantías constitucionales y en el presente caso se considera que se vulneraron esos derechos alegados por la accionante; 10) Las RA 01/2024 y 02/2024, no hubiesen tomado en cuenta el enfoque de género interseccional, así como tampoco la discapacidad que presentaba la accionante; ya que, dicha situación de discapacidad había emergido precisamente del cumplimiento de sus funciones como trabajadora de la entidad bancaria, desconociendo el hecho con el argumento que no se hubiese presentado la documental idónea a efectos de acreditar su grado de discapacidad; ahora bien, se presentó un carnet de discapacidad que hubiese sido otorgado por la entidad correspondiente el 11 de septiembre de 2024 y ese sería el único documento idóneo para acreditar ese extremo; empero, de la revisión de toda la prueba presentada se estableció que existen varios Certificados Médicos donde de manera precisa se establece que la accionante, como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió lesiones por las cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a partir de las gestiones 2015 y 2016, incluso realizando varias intervenciones, siendo diagnosticada de secuela de fémur bilateral, discrepancia de miembros inferiores, osteoporosis grave lumbar, esteocolosis dorso lumbar, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, entre otras; empero, lo más resaltante de la documental es que la misma fue a consecuencia del accidente de tránsito que tuvo en el desempeño de sus funciones;

11) No se consideró que para desplazarse dentro de la entidad bancaria, tiene que hacer uso de un bastón, no siendo necesario acreditar con un carnet de discapacidad lo que salta a la vista; por lo que, se debe aplicar el art. 180 de la CPE, el principio de verdad material, bajo estos antecedentes se considera que la RA de Apelación 02/2024 efectivamente vulnera los derechos y garantías constitucionales de la accionante; 12) En el presente caso, es necesario dejar claramente establecida, la protección de las personas con discapacidad y la inamovilidad laboral de trabajadores o funcionarios públicos que tengan bajo su dependencia personas con esa condición; puesto que, la Constitución Política del Estado consagra un régimen especial de protección a las personas con discapacidad, entre ellos resalta el derecho a ser protegido por su familia y el Estado, prohibiendo cualquier tipo de discriminación o maltrato, establecimiento beneficios legales; y, 13) La Ley General del Trabajo para Personas con Discapacidad de 2 de marzo de 2012, establece una serie de beneficios, entre ellas en el ámbito laboral la garantía de inamovilidad laboral para las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres o tutores de hijos con discapacidad, en tanto cumplan con las normas y no hubiese causales que justifiquen debidamente su despido. La Gerente Nacional ahora accionada por memorial de 8 de noviembre de 2024, cursante de fs. 873 a 875, solicitó a la Jueza de garantías aclaración, complementación y enmienda respecto a los siguientes puntos: i) Si la nueva resolución a emitirse, debe considerar la nulidad hasta la emisión del Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024; ii) Con relación al pago de salarios devengados y prestaciones de seguridad social se enmiende que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar la misma sino la judicatura laboral; y, iii) No se pronunció respecto al principio de inmediatez; ya que, se informó que la RA de Apelación 02/2024, fue notificada a la accionante el 3 de abril de 2024, interpuso su acción de defensa fuera del plazo de seis meses. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, mediante Auto de 13 de noviembre de 2024, cursante a fs. 876, rechazó la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, con el argumento de que las partes fueron notificadas con la resolución constitucional en la audiencia de 30 de octubre de igual año; por lo que, la accionante conforme a lo previsto por el art. 36.8 del CPCo, tenía el plazo de veinticuatro horas para solicitar alguna aclaración; empero, al plantearla el 8 de noviembre del mismo año, lo hizo de manera extemporánea.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorando RHS/PTS 048/2023 de 25 de marzo, emitido por la Encargada Sucursal de Operaciones a.i. Sucursal Potosí, donde llamaron la atención a Mary Alina Tapia Rivas, Supervisor de Operaciones Agencia Uyuni -ahora accionante-, por la infracción grave establecida por el art. 126.15 del RIT del Banco PRODEM S.A. (fs. 760). Asimismo, mediante Memorando RHS/PTS 176/2023 de 14 de octubre, llamó la atención a la nombrada por la presunta comisión de la infracción grave prevista y sancionada por el art. 126.13 y 15 del referido Reglamento (fs. 759). II.2. Consta Memorando RHS/PTS 025/2024 de 9 de marzo, emitido por el Encargado Sucursal de Operaciones y el Encargado de Agencia Uyuni, ambos de la Sucursal Potosí, contra la accionante, por reincidencia en las faltas por incumplimiento a procedimientos de revisión de legajo diario de operaciones, incumplimiento a procedimientos de Cajas y Bóveda en la selección y clasificación de billetes, negligencia en el trabajo, incumplimiento a normativa de cajas y bóveda, provocar daño material, económico y moral a la entidad bancaria, previstas por el art. 126.4, 7, 10, 13 y 15 del RIT del Banco PRODEM S.A. (fs. 198 a 199). II.3. Por memorial de 18 de marzo de 2024, dirigido al Encargado de Operaciones del Banco PRODEM S.A. Sucursal Potosí, la accionante presentó impugnación contra el Memorando RHS/PTS 025/2024, solicitando se deje sin efecto, se tome en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta por su condición de mujer discapacitada y enferma a causa del accidente laboral que tuvo, así como se tome medidas de protección urgentes contra los funcionarios de dicha entidad bancaria, para que se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro su vida y su salud (fs. 732 a 739), mereciendo como respuesta la Nota de 19 de marzo de 2024, el Encargado de Operaciones, respecto a la impugnación del citado Memorando contestó que ratificaba la llamada de atención y en cuanto a las medidas de protección, refirió que con la conformación de la Comisión Mixta instruida por la Gerencia de la Sucursal se prevé hacer cumplir plenamente sus derechos laborales de acuerdo al art. 33 del RIT del Banco PRODEM S.A. (fs. 731). II.4. Consta Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024 de 18 de marzo, emitido por los Vocales de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., por la cual resolvieron la apertura e inicio del proceso interno contra la accionante, por la presunta comisión de las infracciones graves y muy graves establecidas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15, y 127.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A. (fs. 147 a 149 vta. y 704 a 706 vta.). II.5. Cursa la Comunicación Interna de 19 de marzo de 2024, emitida por la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Potosí, dirigida a la accionante, comunicándole la suspensión de sus funciones con goce de haberes y apertura del término de prueba de dos días para la presentación de descargos (fs. 725). II.6. Mediante memorial de 21 de marzo de 2024, dirigido a los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., la accionante respondió y presentó argumentos de la infundada denuncia en su contra y al mismo tiempo hizo llegar pruebas de descargo, pidiendo sean valoradas de acuerdo a la sana crítica, la verdad material y la protección reforzada que tienen las mujeres con discapacidad y enfermas (fs. 688 a 694). II.7. Por RA 01/2024 de 22 de marzo, emitida por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., en la cual determinaron la existencia de responsabilidad administrativa de la accionante, por incurrir en la comisión de faltas graves y muy graves previstas por los arts. 126 parte final y 127.6 y 20 respectivamente, de su RIT; por consiguiente, dispusieron el “retiro o desvinculación laboral”, sin derecho a desahucio ni indemnización por tiempo de servicios, debiendo ejecutarse la sanción a través de la Unidad de RR.HH. del Banco PRODEM S.A. con la emisión de memorando (fs. 627 a 632). II.8. A través de memorial de 28 de marzo de 2024, dirigido a los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Potosí, la accionante presentó recurso de apelación contra la Resolución 01/2024, por ser injusta e ilegal y que le ocasiona agravios, como vulneraciones a sus derechos fundamentales, pidiendo se revoque la decisión de desvincularla de su fuente laboral y se disponga el archivo de obrados, para garantizar su derecho a la vida, a la salud, trabajo, estabilidad reforzada y la seguridad social, por su condición de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta (fs. 15 a 23 vta.; y, 572 a 580 vta.). II.9. Cursa RA de Apelación 02/2024 de 2 de abril, emitida por María Fernanda Zeballos Ibáñez, Gerente Nacional de RR.HH. del Banco PRODEM S.A. -ahora accionada-, en la cual en segunda instancia resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución 01/2024 y al no existir recurso ulterior dispuso de manera expresa su ejecutoria (fs. 3 a 10 vta.; y, 558 a 565 vta.). II.10. Consta carnet de discapacidad con registro 05-19751226MTR, perteneciente a la accionante que determina como tipo de discapacidad física motora con un porcentaje de 32%, grado de discapacidad moderado, emitido el 11 de igual mes de 2024, con validez hasta el 11 de septiembre de 2030 (fs. 505).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso reforzado vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral por discapacidad con afectación al derecho a la vida, salud y seguridad social; puesto que, dentro del proceso administrativo interno seguido contra su persona, la Gerente Nacional ahora accionada emitió la RA de Apelación 02/2024 de 2 abril, la cual considera que vulnera: a) El derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, en los siguientes elementos: 1) A la congruencia y pertinencia; ya que, la nombrada no se pronunció con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación mencionado al defecto absoluto; porque el auto base del inicio del proceso incumple lo dispuesto por el art. 8.2.b) de la CADH; por lo que, no establece de manera clara, precisa, concreta y detallada “cuál es el hecho o hechos”; sin embargo, es denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente, indicando solamente que estaría procesada por la contravención de los arts. 7, 10, 13 y 15; 127.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A., lo cual no fue motivo del agravio; 2) A la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al segundo motivo del recurso de apelación, en el que la Gerente Nacional hoy accionada rehúye analizar el problema jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos como la responsabilidad objetiva; ya que, no existe un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del tribunal de primera instancia de realizar la valoración descriptiva y luego intelectiva de las pruebas de descargo que ofreció, no se tomó en cuenta la calificación de la entidad central interna de procesos administrativos, operativos y de seguridad, tampoco el trabajo de archivo que realizó; 3) Vulnera al elemento de congruencia externa vinculado a la fundamentación y motivación al abordar las cuestiones del tercer motivo del recurso de apelación, referido a que la RA 01/2024 de 22 de marzo, es lesivo a la presunción de inocencia y al debido proceso sustantivo; puesto que, el denunciante no acreditó con pruebas los hechos contenidos en el Informe DO-SP 008/2024 de 12 de marzo, ni las faltas atribuidas en el auto de inicio del proceso, recibiendo una doble sanción por los mismos hechos; aparte de que la supuesta contravención del art. 126 del Reglamento Interno no fue parte del auto de inicio del proceso, siendo introducido de oficio por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A.; los cuales, no fueron analizados ni respondidos por la Gerente Nacional ahora accionada incurriendo en incongruencia omisiva externa; 4) Existe insuficiente fundamentación y motivación con respecto al cuarto motivo de agravio del recurso de apelación; por cuanto, no se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que tuvo, tampoco se pronunció sobre el incumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad laboral y reforzada de las personas con discapacidad o enfermas; lo propio sobre su denuncia de vulneración al debido proceso sustantivo y verdad material; y, finalmente no se tomó en cuenta su condición de mujer sola y discapacitada; 5) Se incurre en insuficiente fundamentación y motivación cuando se aborda el quinto motivo del recurso de apelación; ya que, no se explica en qué parte de la resolución del Tribunal inferior consta el juicio de subsunción del hecho a las faltas disciplinarias atribuidas, considerando que no se identificaron los hechos en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024 de 18 de marzo, en la que solamente se citaron los artículos de las supuestas faltas disciplinarias; 6) Se observa falta de fundamentación y motivación en sujeción al bloque de constitucionalidad respecto al sexto motivo del recurso de apelación vinculado a la excepción de non bis in ídem y la omisión de realizar el control de convencionalidad del art. 126 parte final del Reglamento Interno del PRODEM S.A.; 7) Se incurrió en omisión de pronunciamiento respecto al control de convencionalidad de oficio solicitada en el sexto motivo del recurso de apelación con respecto a los arts. 126 y 127 del RIT del Banco PRODEM S.A., vinculado al non bis in ídem; puesto que, serían abiertamente convencionales; y, 8) Con respecto al octavo motivo del recurso de apelación, la Gerente Nacional hoy accionada, con criterios restrictivos de los derechos de las mujeres concluyó que resultaba infundada la denuncia de violencia y acoso laboral presentada por la accionante, careciendo de sustento probatorio, incumpliendo así las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme al art. 87.4 de la Ley 348; y, b) La RA de Apelación 02/2024, vulneró el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; ii) Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 1161/2025-S3 de 22 de septiembre, citando varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales, desarrolló el siguiente razonamiento: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada”. La citada SCP 1161/2025-S3, más adelante establece que: “En particular, la congruencia externa implica la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, en virtud de este principio, la decisión jurisdiccional o administrativa debe circunscribirse estrictamente a los términos de la pretensión, la oposición y las cuestiones sometidas a debate, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso. Así, se configura la prohibición de incurrir en decisiones ultra petita (cuando se concede más de lo pedido), extra petita (cuando se resuelve sobre cuestiones ajenas a lo planteado) e infra petita (cuando se omite pronunciamiento sobre puntos expresamente reclamados). La congruencia externa, en consecuencia, asegura que el juez o autoridad no altere los límites objetivos del litigio ni modifique unilateralmente el objeto del proceso, preservando el equilibrio procesal y la seguridad jurídica de las partes. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la vulneración de este principio se traduce en una afectación directa al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, pues se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En este entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional”.

III.2. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria

La SCP 0960/2025-S4 de 5 de agosto, señala que: «Los arts. 70 al 72 de la CPE, resaltan la importancia que para el Estado resulta una atención preferente de las personas con discapacidad, en ese marco, en el ámbito laboral, la Norma Suprema señala que, toda persona con discapacidad goza del derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna, con lo cual también se prohíbe y se sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación de las personas con discapacidad; por otro lado, el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la integración efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna, generando condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Cumpliendo con la mencionada voluntad del constituyente, el 2 de marzo de 2012, fue promulgada la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley 223), en cuyo art. 13, el legislador ha dispuesto que, “El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión sociolaboral en igualdad de oportunidades”. El art. 34 del mismo cuerpo normativo, dispone que: ʽI. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planos, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basados en la comunidad, orientados al desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inmovilidad

laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajoʼ.

Con lo cual resulta evidente que las personas con discapacidad, cuentan con inmovilidad laboral, como un derecho preferente dada su condición de atención prioritaria y reforzada, que ya fue establecido incluso el año 2004, mediante DS 27477 de 6 de mayo, mismo que en su art. 5 sostiene que, ʽLas personas con discapacidad que prestan servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Leyʼ. Ahora bien, en la reglamentación de la citada Ley 223 de 2 de mayo de 2012, el art. 22 del DS resalta que, ʽI. Para garantizar la inmovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia. II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidores y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificadoʼ. En ese orden de ideas, queda claro que tanto en el sector privado y más aún en el sector público, las personas con cuentan discapacidad con derecho a la inmovilidad laboral y solo existirá una desvinculación según los términos previstos por Ley y previa sustancian de un debido proceso. En esa misma línea de razonamiento jurídico la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, promulgada el 27 de septiembre de 2017 (Ley 977) en su art. 2.V, dispone que, ʽEstado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculaciónʼ. En esa orden la SC 0477/2011-R de 18 de abril sostuvo que, ʽDe las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y proceso previo. Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; Pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un (…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, en consecuencia, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazadoʼ. A modo de conclusión y señalando la actualidad de los referidos razonamientos, la SCP 0344/2022-S1 de 2 de junio, efectuando una relación de la jurispericia constitucional, ha establecido que, ʽ…con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjeron despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre, 0988/2006-R de 9 de octubre y 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras del mismo modo, garantizó la inmovilidad funcional y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP. 0614/2012 de 23 de julio, entre otras”ʼ » (las negrillas son nuestras). Dentro de este contexto, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, con respecto a grupos vulnerables, señala que: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ”acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso reforzado vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral por discapacidad con afectación al derecho a la vida, salud y seguridad social; puesto que, dentro del proceso administrativo interno seguido contra su persona, la Gerente Nacional ahora accionada emitió la RA de Apelación 02/2024 de 2 abril, la cual considera que vulnera: a) El derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, en los siguientes elementos: 1) A la congruencia y pertinencia; ya que, la nombrada no se pronunció con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación mencionado al defecto absoluto; porque el auto base del inicio del proceso incumple lo dispuesto por el art. 8.2.b) de la CADH; por lo que, no establece de manera clara, precisa, concreta y detallada “cuál es el hecho o hechos”; sin embargo, es denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente, indicando solamente que estaría procesada por la contravención de los arts. 7, 10, 13 y 15; 127.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A., lo cual no fue motivo del agravio; 2) A la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al segundo motivo del recurso de apelación, en el que la Gerente Nacional hoy accionada rehúye analizar el problema jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos como la responsabilidad objetiva; ya que, no existe un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del tribunal de primera instancia de realizar la valoración descriptiva y luego intelectiva de las pruebas de descargo que ofreció, no se tomó en cuenta la calificación de la entidad central interna de procesos administrativos, operativos y de seguridad, tampoco el trabajo de archivo que realizó; 3) Vulnera al elemento de congruencia externa vinculado a la fundamentación y motivación al abordar las cuestiones del tercer motivo del recurso de apelación, referido a que la RA 01/2024 de 22 de marzo, es lesivo a la presunción de inocencia y al debido proceso sustantivo; puesto que, el denunciante no acreditó con pruebas los hechos contenidos en el Informe DO-SP 008/2024 de 12 de marzo, ni las faltas atribuidas en el auto de inicio del proceso, recibiendo una doble sanción por los mismos hechos; aparte de que la supuesta contravención del art. 126 del Reglamento Interno no fue parte del auto de inicio del proceso, siendo introducido de oficio por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A.; los cuales, no fueron analizados ni respondidos por la Gerente Nacional ahora accionada incurriendo en incongruencia omisiva externa; 4) Existe insuficiente fundamentación y motivación con respecto al cuarto motivo de agravio del recurso de apelación; por cuanto, no se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que tuvo, tampoco se pronunció sobre el incumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad laboral y reforzada de las personas con discapacidad o enfermas; lo propio sobre su denuncia de vulneración al debido proceso sustantivo y verdad material; y, finalmente no se tomó en cuenta su condición de mujer sola y discapacitada; 5) Se incurre en insuficiente fundamentación y motivación cuando se aborda el quinto motivo del recurso de apelación; ya que, no se explica en qué parte de la resolución del Tribunal inferior consta el juicio de subsunción del hecho a las faltas disciplinarias atribuidas, considerando que no se identificaron los hechos en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024 de 18 de marzo, en la que solamente se citaron los artículos de las supuestas faltas disciplinarias; 6) Se observa falta de fundamentación y motivación en sujeción al bloque de constitucionalidad respecto al sexto motivo del recurso de apelación vinculado a la excepción de non bis in ídem y la omisión de realizar el control de convencionalidad del art. 126 parte final del Reglamento Interno del PRODEM S.A.; 7) Se incurrió en omisión de pronunciamiento respecto al control de convencionalidad de oficio solicitada en el sexto motivo del recurso de apelación con respecto a los arts. 126 y 127 del RIT del Banco PRODEM S.A., vinculado al non bis in ídem; puesto que, serían abiertamente convencionales; y, 8) Con respecto al octavo motivo del recurso de apelación, la Gerente Nacional hoy accionada, con criterios restrictivos de los derechos de las mujeres concluyó que resultaba infundada la denuncia de violencia y acoso laboral presentada por la accionante, careciendo de sustento probatorio, incumpliendo así las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme al art. 87.4 de la Ley 348; y, b) La RA de Apelación 02/2024, vulneró el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social. Ahora bien, de los antecedentes así como de lo expuesto por la accionante en su memorial de acción de amparo constitucional, se tiene que a raíz del grave accidente laboral que tuvo, con el vuelque de campana del vehículo del Banco PRODEM S.A., quedó con secuelas físicas y motoras que le generaron una evidente discapacidad, además de requerir constante atención médica, teniendo que ausentarse de sus funciones por periodos largos, lo que ocasionó descontento de las autoridades de la entidad financiera, quienes empezaron con una serie de presiones para que renuncie, reclamando que estaba descuidando sus funciones como Supervisora del Banco PRODEM S.A. de la Sucursal de Uyuni; por lo que, emitieron varios memorandos de llamada de atención en diferentes gestiones, así durante la gestión 2023, recibió los Memorandos RHS/PTS 048/2023 y RHS/PTS 176/2023 (Conclusión II.1.); asimismo en la gestión 2024, recibió el Memorando RHS/PTS 025/2024, de llamada de atención grave firmado por el Encargado de Agencia Uyuni y el Encargado de la Sucursal de Operaciones, ambos de la Sucursal Potosí contra la accionante, Supervisora de Operaciones de la Sucursal Uyuni del mismo departamento, por reincidencia en las faltas por incumplimiento a procedimientos de revisión de legajo diario de operaciones, incumplimiento a procedimientos de Cajas y Bóveda en la selección y clasificación de billetes, negligencia en el trabajo, incumplimiento a normativa de cajas y bóveda, provocar daño material, económico y moral a la entidad, previstos por el art. 126.4, 7, 10, 13 y 15 del RIT del Banco PRODEM S.A. (Conclusión II.2.).

Contra el último Memorando de llamada de atención presentó impugnación, solicitando se deje sin efecto y se tome en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta por su condición de mujer discapacitada y enferma a causa del accidente laboral que tuvo, así como se tomen las medidas de protección urgentes contra los funcionarios de la entidad financiera, para que se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro su vida y su salud (Conclusión II.3.). No obstante, de ello, la accionante fue notificada con el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, emitido por los Vocales de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., por la presunta comisión de las infracciones graves y muy graves establecidas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15, y 127.6 y 20 del RIT. (Conclusión II.4.). También le notificaron con la Comunicación Interna de 19 de marzo de 2024, emitida por la Comisión Mixta de la citada entidad financiera, comunicando la suspensión de sus funciones con goce de haberes hasta que se emita la resolución final, aperturando el término de prueba de dos días para la presentación de sus descargos (Conclusión II.5.). En función del cual, por memorial de 21 de igual mes y año, la accionante respondió; y, presentó argumentos contra la infundada denuncia contra la accionante y al mismo tiempo hizo llegar las pruebas de descargo, pidiendo sean valoradas de acuerdo a sana crítica, la verdad material y la protección reforzada que tienen las mujeres discapacitadas y enfermas (Conclusión II.6.). En ese contexto, la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., emitió la RA 01/2024, determinando la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, por incurrir en la comisión de faltas graves y muy graves contenidas en los arts. 126 “final” y 127.6 y 20 del RIT; por consiguiente, dispusieron el “retiro o desvinculación laboral”, sin derecho a desahucio ni indemnización por tiempo de servicios, debiendo ejecutarse la sanción a través de la Unidad de RR.HH. del indicado Banco con la emisión de Memorando (Conclusión II.7.). Contra esa decisión presentó recurso de apelación, por ser injusta e ilegal, pidiendo se revoque la decisión de desvincularla de su fuente laboral y se disponga el archivo de obrados, para garantizar su derecho a la vida, a la salud, trabajo, estabilidad reforzada y la seguridad social, dada su condición de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta (Conclusión II.8.). Ese recurso fue resuelto por la Gerencia Nacional ahora accionada, mediante la RA de Apelación 02/2024, determinando confirmar en todas sus partes la RA 01/2024 y al no existir recurso ulterior dispuso de manera expresa su ejecutoria (Conclusión II.9.). De la relación de antecedentes, se advierte que la accionante identificó como el acto lesivo a sus derechos y garantías constitucionales a la RA de Apelación 02/2024, emitida por la Gerente Nacional hoy accionada, considerando que la misma vulnera: i) El derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad con relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, cuestionando esencialmente en los ocho agravios de la problemática planteada la falta de congruencia externa en la RA de Apelación 02/2024, adicionalmente en algunos agravios reclamó la falta o deficiente fundamentación y motivación de la citada Resolución Administrativa; y, ii) Considera que la mencionada Resolución Administrativa, vulnera el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social. Con relación a la congruencia externa, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, precisó que por este principio se entiende no solamente como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, la cual se vulnera cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica-y la conclusión -por tanto-; mientras que la coherencia externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes; lo cual tratándose de resoluciones de segunda instancia, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación. En definitiva, la congruencia externa implica la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, en virtud del cual la decisión jurisdiccional o administrativa debe circunscribirse estrictamente a los términos de la pretensión, la oposición y las cuestiones sometidas a debate, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso, configurando así la prohibición de incurrir en decisiones ultra petita (cuando se concede más de lo pedido), extra petita (cuando se resuelve sobre cuestiones ajenas a lo planteado) e infra petita (cuando se omite pronunciamiento sobre puntos expresamente reclamados). De ese modo, la congruencia externa, asegura que el juez o autoridad no altere los límites objetivos del litigio ni modifique unilateralmente el objeto del proceso, preservando el equilibrio procesal y la seguridad jurídica de las partes. Respecto a la falta o deficiente fundamentación y motivación con relación, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que la vulneración del principio de congruencia en su dimensión externa también se traduce en una afectación directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; puesto que, se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión o con los agravios formulados en los recursos de apelación y casación. Además una debidamente fundamentada y motivada lo configuran los siguientes requisitos debe: a) Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; b) Contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; c) Describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; d) Describir de manera individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; e) Valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, f) Determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la jurisprudencia preciso que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados.

En ese sentido, para determinar la veracidad y consistencia de la incongruencia externa denunciada en esta acción de defensa respecto a la RA de Apelación 02/2024, corresponde recurrir al método de contrastación entre los agravios expuestos por la accionante en su recurso de apelación y lo resuelto por la Gerente Nacional hoy accionada en la referida Resolución Administrativa, en función de ese análisis establecer si realmente existe la incongruencia externa denunciada en esta acción tutelar, labor que se cumplirá a continuación. En efecto, la accionante a través del memorial de 28 de marzo de 2024, presentó recurso de apelación contra RA 01/2024, exponiendo los siguientes agravios: 1) No se pronunció sobre la actividad procesal defectuosa; ya que, el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024, no describió de manera concreta el hecho o hechos por los que sería procesada para una defensa adecuada, siendo un defecto absoluto inconvalidable previsto por el art. 119.II de la CPE y 8.2 de la CADH, limitándose a citar de manera genérica que sería procesada por las infracciones graves y muy graves establecidas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 126.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A., sin precisar los hechos concretos, dicha omisión le impidió asumir una defensa adecuada, sobre la cual no existe un pronunciamiento claro; 2) Asimismo, se atenta el debido proceso en su elemento de defensa y valoración razonable de las pruebas de descargo; puesto que, se omitió valorar descriptiva y luego intelectivamente las pruebas documentales ofrecidas, emitiendo una sanción sin identificar las pruebas que lo sustentan; por cuanto, presentó una serie de pruebas documentales vinculadas al accidente de trabajo, las secuelas que la dejó, su historial clínico, el Certificado Médico de 20 de marzo de 2024, las cuales acreditan no solo la disminución de su sistema inmunológico, sino el accidente de trabajo, sufriendo múltiples fracturas de sus extremidades inferiores, superiores y en la columna, las cuales debieron ser valoradas por la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. de manera descriptiva de cada una de las pruebas ofrecidas, luego realizar una valoración intelectiva con base en la sana crítica; 3) La RA de Apelación 02/2024, atenta su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso sustantivo; porque la accionante no cumplió con la carga de la prueba acreditando con elementos objetivos, los hechos de la denuncia contenida en el Informe DO-SP 008/2024, ni tampoco demostró las faltas endilgadas en el Auto de Inicio del Proceso; puesto que, en la RA 01/2024, no se hace referencia las pruebas que hubiese presentado el denunciante para acreditar las faltas disciplinarias endilgadas en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024, la cual haría merecedora de la destitución del cargo; además, en el Considerando II de la RA 01/2024, concluyó que incurrió en la contravención prevista por el art. 126 del RIT, cuando en el Auto de Apertura no se le atribuye dicha falta; 4) No se tomó en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió, las secuelas que le dejó, vulnerando el debido proceso sustantivo vinculado a la discriminación positiva y la verdad material conforme a los arts. 14 y 115.II de la CPE y las reglas 3 y 4 de las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas vulnerables, menos se juzgó con enfoque de género, siendo una mujer soltera sostén de su familia, discapacitada a causa del accidente laboral, tampoco se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional vinculante respecto a la protección de la inamovilidad laboral de las personas discapacitadas; 5) La RA 01/2024, carece de fundamentación y motivación, en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad respecto al juicio de subsunción de la falta disciplinaria acusada, existiendo incongruencia interna entre la premisa fáctica con la premisa normativa aplicada y la conclusión arribada, vulnerándose el debido proceso, la presunción de inocencia y a la defensa; asimismo, no existe motivación; ya que, no se explica cómo la conducta que no fue establecida en el Auto de Inicio del Proceso, encajaría en el art. 126 parte final del RIT, lo propio en los núms. 6 y 20 del art. 127 del mismo Reglamento, los cuales vicia de nulidad la señalada Resolución Administrativa; 6) Asimismo, carece de una debida fundamentación y motivación en sujeción a la constitución y el bloque de constitucionalidad sobre la excepción de non bis in ídem que denunció tanto en su faceta adjetiva como sustantiva, la cual no fue considerado ni analizada en la RA 01/2024; puesto que, los hechos por los cuales fue sancionado en el Memorando 25/2024, con la llamada de atención grave, fue nuevamente acusada en el proceso disciplinario a través del Informe DO-SP 008/2024; 7) En la citada Resolución Administrativa, no se consideró que las contravenciones disciplinarias contenidas por los arts. 126 parte final y 127 del RIT, fueron contrarias al bloque de constitucionalidad, exigiendo el control de convencionalidad de oficio, por desconocer el principio de legalidad sancionadora, la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos “non bis in ídem” conforme a los arts. 8 de la CADH y 14 del PIDCP y los estándares de sistema interamericano y universal de derechos humanos; por cuanto, el 126 parte final del RIT del Banco PRODEM S.A., señala: “La acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerado como causal de despido”, lo cual sería contrario al principio de legalidad sancionador, non bis in ídem y debido proceso; ya que, por un lado se aplica las amonestaciones y luego la destitución, dando lugar a una doble sanción por los mismos hechos; y, 8) La Resolución impugnada omitió pronunciarse sobre las medidas de protección urgentes que solicitó a consecuencia del acoso laboral que viene sufriendo de manera sistemática por funcionarios de la institución.

Con relación a los citados agravios del recurso de apelación, la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, resolvió de la siguiente forma: i) Respecto al primer agravio, indicó que el proceso interno se inició con base al Informe SO-SP 008/2024, presentado por el Encargado de Operaciones Sucursal Potosí, a la Gerencia de la Sucursal de Potosí, donde se describen los antecedentes, se identifican las infracciones cometidas, las medidas efectuadas para mejorar el desempeño laboral, concluyendo que la funcionaria no sería apta para las funciones encomendadas; en virtud del cual la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., emitió el Auto de Apertura e inicio de proceso interno 001/2024, con la descripción precisa de los antecedentes que ameritaron dicho proceso, identificando en la parte resolutiva las infracciones graves y muy graves cometidas por la accionante previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, lo cual fue puesto en conocimiento de la trabajadora, así como el Informe DO-SP 008/2024, sobre el cual prestó su declaración informativa, asumiendo defensa irrestricta, además de considerarse la SCP 0611/2022-S3 de 10 de junio, que resolvió un caso similar; por lo que, la RA 01/2024, contiene fundamentación, motivación y pertinencia suficiente; ii) Con relación al segundo agravio refirió que en la parte de Vistos de la Resolución impugnada, se identificaron los antecedentes, las actuaciones y medios probatorios presentados y revisados por la Comisión Mixta, además en la parte considerativa I, II, III, V, VII y VIII de la RA 01/2024, se realizó un análisis integral de la normativa interna transgredida y las pruebas que llevaron a determinar la sanción de destitución, concluyendo que la accionante no aportó ningún medio probatorio que desvirtué su responsabilidad o que desvirtué la comisión de las infracciones graves y muy graves en las que incurrió en el desempeño de sus labores; iii) Sobre el tercer agravio, indicó que el Auto de Apertura del Proceso Interno señaló claramente las infracciones cometidas por la accionante siendo sustentada en el Informe DO-SP 008/2024; por lo que, la decisión asumida fue emergente de la comisión de infracciones graves y muy graves previstas por los arts. 126 parte final y 127.6 y 20 del RIT, a causa de la acumulación de tres llamadas de atención mediante Memorandos RHS/PTS 048/2023, RHS/PTS 176/2023, “RHS/PTS 048/2023” y RHS/PTS 025/2024, por incurrir en incumplimiento de contrato de trabajo, adecuando su conducta al despido previsto por el art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario; iv) Con relación al cuarto agravio, la RA 01/2024, en el Considerando IX, se pronunció de manera clara y coherente al respecto, haciendo el análisis pertinente de las disposiciones legales y jurisprudenciales, concluyendo desestimar por no tener sustento legal para desvirtuar su responsabilidad laboral administrativa, si bien alegó su situación de vulnerabilidad y fragilidad; empero, no acreditó su situación de discapacidad con carnet de discapacidad, además si bien se garantiza la inamovilidad de las personas discapacitadas; puesto que, puede ser retirada por las causales establecidas por la ley conforme al art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008; v) En cuanto al quinto y sexto agravio, estableció que ese punto fue analizado, motivado y fundamentado en la 01/2024, existiendo la debida congruencia interna y externa, entre la premisa fáctica y la normativa aplicada al caso concreto; ya que, la accionante con su accionar y conducta hubiese tenido dentro del periodo de doce meses o un año, la acumulación de tres llamadas de atención subsumiendo dicho accionar en la infracción descrita por el art. 126 parte final del RIT, además de infracciones muy graves establecidas por el art. 127.6 y 20 de la citada Ley, bajo el principio de taxatividad; por lo que, no fue juzgada o procesada por la misma falta o infracción según se entiende en la SCP 1153/2022-S1 de 11 de octubre, en la que se indicó que las infracciones contenidas por los arts. 126 final y 127.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A., no son contrarias al bloque de constitucionalidad, además según la SCP 0611/2022-S3, no se puede cuestionar mediante una acción de defensa la constitucionalidad de una normativa; y, vi) Con relación al séptimo agravio, en el Considerando VI de la RA 01/2024, se pronunció sobre los presuntos actos constitutivos de acoso laboral, indicando que no fueron demostrados ni evidenciados, aparte de que las medidas disciplinarias impuestas por parte de la entidad financiera, no pueden ser calificadas como actos de acoso o de hostigamiento laboral, siendo una apreciación subjetiva de la accionante, insistiendo que incurrió en la falta grave del art. 126 parte final del RIT del Banco PRODEM S.A., y en una infracción muy grave prevista por el art. 127.6 y 20 del citado Reglamento, al incumplir el contrato de trabajo, el manual de funciones y las normas internas del RIT, adecuando su conducta a las causales previstas por el art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario.

Ahora bien contrastando los agravios expuestos por la accionante en el recurso de apelación, con lo resuelto por la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, con relación al primer agravio denunciado en esta acción de defensa referido a la falta de congruencia y pertinencia en la mencionada Resolución, consistente en que no se hubiese pronunciado con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación referido al defecto absoluto; por cuanto, el proceso interno se inició con base al Informe SO-SP 008/2024, presentado por el Encargado de Operaciones de la Sucursal Potosí, a la Gerencia de la misma Sucursal, en la que fueron supuestamente identificadas las infracciones cometidas por la funcionaria en su conducta laboral, concluyendo que no sería apta para las funciones encomendadas; en virtud, de la cual la Comisión Mixta del referido Banco emitió el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, identificando en la parte resolutiva las infracciones graves y muy graves cometidas por la funcionaria previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15; y, 127.6 y 20 del RIT, lo cual fue puesto en su conocimiento, además del Informe DO-SP 008/2024, sobre el cual prestó su declaración informativa asumiendo defensa irrestricta. De lo relacionado efectivamente se advierte que la Gerente Nacional hoy accionada, no identificó los hechos o las conductas que fueron calificadas como la presunta comisión de las faltas graves y muy graves en el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, señalando genéricamente que la accionante fue sancionada por las infracciones previstas por los arts. 126 parte final y 127.6 y 20 del RIT, cuando la nombrada reclamó se precise de manera clara, precisa, concreta y detallada “cuál es el hecho o hechos”; por lo que, fue denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente; existiendo en consecuencia en la RA 0172024, una incongruencia externa; ya que, no fue respondida conforme al agravio planteado en el recurso de apelación.

Con relación al segundo agravio contenido en el inc. b) referido a la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al segundo motivo del recurso de apelación, en la que se denuncia que la Gerente Nacional ahora accionada hubiese rehuido a analizar el problema jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos como la responsabilidad objetiva; sin que, exista un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del Tribunal de primera instancia de realizar la valoración descriptiva y luego intelectiva de las pruebas de descargo que ofreció; así como, no se tomó en cuenta la calificación de la entidad central interna de procesos administrativos, operativos y de seguridad, tampoco el trabajo de archivo que realizó, incurriendo así en incongruencia omisiva de no dar respuesta a las cuestiones planteadas en el segundo motivo del recurso de apelación. En efecto, dicho agravio fue parte del recurso de apelación contra la RA 01/2024, denunciando la omisión de valorar las pruebas de descargo; puesto que, la accionante presentó una serie de pruebas documentales vinculadas al accidente de trabajo que sufrió, las secuelas que le dejó, su historial clínico, el Certificado Médico de 20 de marzo de 2024, los cuales acreditaron no solamente la disminución de su sistema inmunológico sino sobre todo el accidente de trabajo, las múltiples fracturas de sus extremidades inferiores, superiores y en la columna, las cuales pidió sean valoradas con base en la sana crítica. Sobre el particular la Gerente Nacional hoy accionada, en la RA de Apelación 02/2024, refirió que en la parte de Vistos de la RA 01/2024, se identificaron los antecedentes, las actuaciones y medios probatorios presentados, los cuales fueron revisados por la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., además en la parte Considerativa I, II, III, V, VII y VIII de la referida Resolución Administrativa, se realizó un análisis integral de la normativa interna vulnerada y las pruebas que llevaron a determinar la sanción de destitución, concluyendo que la accionante no aportó ningún medio probatorio que desvirtúe su responsabilidad o que desvirtué la comisión de las infracciones graves y muy graves en las que incurrió en el desempeño de sus labores.

Del contraste realizado, efectivamente se advierte que la Gerente Nacional ahora accionada incurrió en incongruencia externa respecto al segundo motivo del recurso de apelación, rehuyendo analizar el problema fáctico y jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos al indicar que se hubiese realizado un análisis integral de la normativa interna vulnerada y de las pruebas que llevaron a determinar la sanción de destitución, sin emitir un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del Tribunal de primera instancia de realizar un análisis descriptivo de cada uno de los hechos y de las pruebas presentadas por la accionante y la Gerente Nacional hoy accionada, luego efectuar una labor intelectiva de asignar un valor probatorio a las pruebas de descargo que ofreció la accionante y el denunciante; explicando las razones por las que no correspondería valorar las pruebas relativas al accidente de trabajo y las secuelas que le dejó, mermando su movilidad física, incurriendo así en incongruencia omisiva externa de no dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el segundo motivo del recurso de apelación.

En cuanto al tercer agravio contenido en el inc. c) referido a que la RA de Apelación 02/2024, contiene incongruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al tercer motivo del recurso de apelación, siendo lesivo a la presunción de inocencia y debido proceso sustantivo; puesto que, el denunciante no acreditó con pruebas los hechos afirmados en el Informe DO-SP 008/2024, ni las faltas atribuidas en el Auto de Inicio del Proceso, recibiendo una doble sanción por los mismos hechos; ya que, por las infracciones previstas por el art. 126.7, 10, 13 y 15 del RIT, fue sancionada por Memorandos RHS/PTS 148/2023, RHS/PTS 176/2023 y RHS/PTS 025/2024, además que la supuesta contravención del art. 126 parte final del RIT del Banco PRODEM S.A., no fue parte del auto de inicio del proceso, siendo introducido de oficio por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., en la RA 01/2024; la cual, no fue respondida por la Gerente Nacional hoy accionada incurriendo en incongruencia externa. En efecto, el citado agravio fue parte del recurso de apelación, reclamando que el denunciante no acreditó con elementos probatorios y objetivos los hechos de la denuncia contenida en el Informe DO-SP 008/2024, ni tampoco las faltas endilgadas en el Auto de Inicio del Proceso, razón por la cual, la RA 01/2024, no realizaría referencia a las pruebas presentadas por el denunciante para acreditar las faltas disciplinarias endilgadas en el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024; además, en el Considerando II del RA 01/2024, se concluyó que hubiese incurrido en la contravención prevista por el art. 126 del RIT, cuando en el referido Auto de Apertura no se le atribuyó esa falta. Sobre el citado agravio, la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, indicó que el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, señaló claramente las infracciones cometidas por la accionante, sustentada en el Informe DO-SP 008/2024; por lo que, la decisión asumida fue emergente de la comisión de infracciones graves y muy graves previstas por los arts. 126 parte final señala que: “La acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerado como causal de despido” y 127.6 (Incumplimiento parcial o total del contrato individual de trabajo y/o del presente RIT) y 20 (Haber sido objeto de tres amonestaciones o dos suspensiones temporales en el curso de un año) del RIT, por cuanto la accionante acumuló tres llamadas de atención mediante Memorandos RHS/PTS 048/2023, RHS/PTS 176/2023, “RHS/PTS 048/2023” y RHS/PTS 025/2024, así como incurrió en incumplimiento del contrato de trabajo, adecuando su conducta al despido establecido por el art. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario.

En ese orden, se advierte que la Gerente Nacional hoy accionada si bien respondió que fue destituida por acumular tres llamadas de atención en doce meses de acuerdo al art. 126 parte final y 127.6 y 20 del RIT; sin embargo, no se pronunció sobre cuáles fueron las pruebas de cargo presentadas por el denunciante, las cuales demostraron la presunta comisión de las infracciones previstas por los núms. 7, 10, 13, y 15 del art. 126 del RIT del Banco PRODEM S.A., tampoco se pronunció sobre la aplicación oficiosa o no del art. 126 parte final del citado Reglamento en la RA 01/2024, aunque es necesario aclarar que en ese agravio no se reclamó una posible doble sanción por los mismos hechos; ya que, por las infracciones previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, fue sancionado anteriormente por Memorandos RHS/PTS 148/2023, RHS/PTS 176/2023 y RHS/PTS 025/2024 y que por los mismos hechos se volvería a sancionar con destitución del cargo mediante la RA 01/2024, confirmado por la RA de Apelación 02/2024; razón por la cual, la Gerente Nacional ahora accionada no hizo referencia al respecto.

En definitiva, la Gerente Nacional hoy accionada no se pronunció de manera total y completa sobre las cuestiones planteadas del tercer motivo de agravio del recurso de apelación en la RA de Apelación 02/2024, incurriendo en consecuencia en incongruencia externa en dicho fallo.

En cuanto al agravio contenido en el inc. d) en la que la accionante denuncia que existe insuficiente fundamentación y una motivación arbitraria con respecto al cuarto agravio del recurso de apelación en la RA de Apelación 02/2024; por cuanto, no se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que sufrió, tampoco sobre el cumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad o enfermas, tampoco se pronunció sobre su denuncia de vulneración al debido proceso sustantivo, de verdad material y finalmente no se tomó en cuenta su condición de mujer sola y discapacitada. El citado agravio efectivamente fue parte de la expresión de agravios del recurso de apelación, reclamando que no se tomó en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió, las secuelas que le dejó, vulnerando el debido proceso sustantivo vinculado a la discriminación positiva y la verdad material conforme a los arts. 14 y 115.II de la CPE y las reglas 3 y 4 de las “Reglas de Brasilia” sobre el acceso a la justicia de las personas vulnerables, menos se juzgó con enfoque de género, siendo una mujer soltera sostén de su familia, discapacitada a causa del accidente laboral, tampoco se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional vinculante respecto a la protección de la inamovilidad laboral de las personas discapacitadas.

Al respecto, la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, refirió que la RA 01/2024, en el Considerando IX, se pronunció de manera clara y coherente al respecto, haciendo el análisis pertinente de las disposiciones legales y jurisprudenciales, concluyendo desestimar por no tener sustento legal para desvirtuar su responsabilidad laboral administrativa, si bien alegó su situación de vulnerabilidad y fragilidad; empero, no acreditó su situación de discapacidad con carnet de discapacidad, además si bien se garantiza la inamovilidad de las personas discapacitadas; sin embargo, pueden ser retirados por las causales establecidas por la ley conforme al art. 2.II del DS 29608.

Del contraste realizado, es posible advertir que la Gerente Nacional hoy accionada respondió de forma parcial el cuarto agravio del recurso de apelación, indicando que la accionante no acreditó su situación de vulnerabilidad y fragilidad por persona discapacitada con carnet de discapacidad, si bien reconoció que se garantiza la inamovilidad laboral de las personas discapacitadas; empero, su protección no sería absoluta; ya que, pueden ser retirados mediante proceso disciplinario por las faltas cometidas conforme al art. 2.II del DS 29608; sin embargo, omitió pronunciarse sobre las razones del por qué no se analizó el caso de la accionante con perspectiva de género y sobre la aplicación de las “Reglas de Brasilia”, existiendo en ese sentido incongruencia externa en la RA de Apelación 02/2024.

Con relación al agravio contenido en el inc. e) de la problemática planteada, referido a que en la RA de Apelación 02/2024, existe insuficiente fundamentación y motivación cuando se aborda el quinto motivo del recurso de apelación, al no explicarse en qué parte de la resolución del Tribunal inferior constaría el juicio de subsunción de los hechos a las faltas disciplinarias atribuidas, considerando que no se identificaron los hechos en el Auto de Apertura e Inicio del proceso interno, en la que solamente se citaron los artículos de las supuestas faltas disciplinarias. Dicho agravio, fue parte del recurso de apelación que presentó la accionante contra la RA 01/2024, indicando que carece de fundamentación y motivación, en sujeción a la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad respecto al juicio de subsunción de la falta disciplinaria acusada, existiendo incongruencia interna entre la premisa fáctica con la premisa normativa aplicada y la conclusión arribada, vulnerándose el debido proceso, la presunción de inocencia y a la defensa; asimismo, acusó que no existe motivación; ya que, no se explica cómo la conducta que no fue establecida en el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno, encajaría en el art. 126 parte final del RIT, lo propio en los núms. 6 y 20 del art. 127 de dicho Reglamento, viciando de nulidad la RA de Apelación 02/2024.

Al respecto, la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, respondió que ese punto fue analizado, motivado y fundamentado en la Resolución cuestionada, existiendo la debida congruencia interna y externa, entre la premisa fáctica y la normativa aplicada al caso concreto; ya que, la accionante con su accionar y conducta hubiese tenido dentro del periodo de doce meses o un año, la acumulación de tres Memorando de llamada de atención subsumiendo dicho accionar en la infracción descrita por el art. 126 parte final del RIT, además en infracciones muy graves establecidas por el art. 127.6 y 20 del citado Reglamento, bajo el principio de taxatividad.

Efectuado el contraste, es posible advertir que la accionante si bien reclama en este agravio insuficiente fundamentación y motivación; empero, esencialmente cuestiona la falta de congruencia interna de la RA de Apelación 02/2024; por cuanto, la Gerente Nacional hoy accionada no se pronunció sobre cómo subsumió los hechos que no fueron identificados en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno con las faltas o infracciones previstas en los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, cuando el hecho recién fue identificado en la RA 01/2024, por la acumulación de tres Memorando de llamada de atención en doce meses, además de subsumirse en el art. 126 parte final del citado Reglamento, que no fue acusado en el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno. Al respecto, la nombrada, solamente se limitó a señalar que la accionante fue sancionada por acumular en un año tres memorandos de llamada de atención, por memorandos RHS/PTS 048/2023, RHS/PTS 176/2023, “RHS/PTS 048/2023” y RHS/PTS 025/2024 de 9 de marzo, además de incumplir el contrato de trabajo, adecuando su conducta a las infracciones graves y muy graves previstas por los arts. 126 parte final y 127.6 y 20 del RIT, sin pronunciarse claramente respecto al reclamo de fondo.

No obstante, revisado el contenido del Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024, así como el informe que le sirvió de base, en ninguna de ellas se hace referencia a la existencia de tres Memorandos de llamada de atención, siendo más bien la accionante por las infracciones previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, sin que hubiese sido parte de la acusación la infracción del art. 126 parte final del referido Reglamento, siendo evidente que esos extremos fueron oficiosamente complementados en la RA 01/2024, y confirmado en la RA de Apelación 02/2024, emitida por la Gerente Nacional hoy accionada, existiendo en ese sentido incongruencia interna en la citada Resolución, al no existir correspondencia entre las infracciones acusadas en el mencionado Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno, con la sanción aplicada por otra infracción, sin que exista además en los antecedentes la ampliación de la denuncia en caso de tratarse de una infracción posterior. A parte de la constatación anterior, la accionante reclamó insuficiente fundamentación y motivación de la Resolución cuestionada; sobre el particular el art. 126 del RIT del Banco PRODEM S.A., tipifica las infracciones graves, al que se agrega al final la acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerado como causal de despido; mientras que en el art. 127 del citado Reglamento se tipifica las infracciones muy graves, entre ellas la prevista por el núm. 20, el haber sido objeto de tres amonestaciones o dos suspensiones temporales en el curso de un año. En cuanto a sanciones, el art. 129.4, del mencionado Reglamento establece: “Suspensión temporal sin goce de haberes”. Será sancionado con suspensión temporal sin goce de haberes el TRABAJADOR que incurra en infracciones graves, siempre que el hecho no se encuentre previsto como causal de despido o pueda ser calificado como tal”. Mientras que en el art. 129.5, del señalado Reglamento establece la sanción por infracciones muy graves: “Retiro. Será sancionado con retiro, sin derecho a desahucio, indemnización por tiempo de servicios y otros beneficios, el TRABAJADOR que hubiere incurrido en cualquiera de las infracciones señaladas en el art. 127, siguientes del presente reglamento en las causales señaladas por disposiciones legales vigentes”.

De la normativa citada, se advierte que las infracciones graves previstas por el art. 126 del RIT, incluida su parte final referida a la acumulación de tres amonestaciones en doce meses, solamente pueden ser sancionadas con suspensión temporal sin goce de haberes; mientras que las infracciones muy graves contempladas por el art. 127 del mencionado Reglamento, que también incluye el haber sido objeto de tres amonestaciones en el curso de un año, son sancionados con retiro del trabajo, sin derecho a desahucio, indemnización por tiempo de servicios y otros beneficios. De lo descrito daría la impresión de que la misma falta o infracción traducida en la acumulación de tres amonestaciones en un año, pueda ser catalogada como infracción grave o muy grave; lo cual efectivamente podría dar lugar a una doble sanción por el mismo hecho, con suspensión temporal sin goce de haberes por un lado y también con destitución del cargo por otro; sin embargo, la diferencia estaría en que como infracción grave, estaría configurada solamente por el hecho de tener tres amonestaciones al año; mientras que para ser considerada como una infracción muy grave, aparte de tener tres amonestaciones en un año, también hubiese sido objeto de dos suspensiones en un año, lo cual convierte en una infracción muy grave.

En ese sentido, la Gerente Nacional ahora accionada no fundamentó la decisión asumida en la RA de Apelación 02/2024, de confirmar la RA 01/2024, con el retiro de la accionante, cuando la infracción grave prevista por el art. 126 parte final de la RIT, solamente podía ser sancionada con suspensión temporal sin goce de haberes; si bien la misma infracción de acuerdo al art. 127.20 del indicado Reglamento es considerada como falta muy grave; empero, no justificó su agravante para diferenciar del primero, el hecho de haber sido objeto de dos suspensiones temporales al año. Al margen de lo anterior, asumiendo que el retiro de la accionante fue a consecuencia de haber acumulado tres amonestaciones al año. Al respecto la Gerente Nacional ahora accionada como se establece en la RA 01/2024, citó los Memorandos RHS/PTS 048/2023, RHS/PTS 176/2023, “RHS/PTS 048/2023” y RHS/PTS 025/2024, repitiendo o duplicando por error o deliberadamente el Memorando “RHS/PTS 048/2023”, cuando en materia administrativa sancionadora no puede haber dos memorandos con la misma numeración, aparte de que en los antecedentes no cursa ese Memorando con otro contenido o sanción; a partir del cual se pueda concluir que la accionante no acumuló tres amonestaciones en la gestión 2023, como exige la premisa normativa del art. 127.20, sino solamente dos llamadas de atención; ya que, la supuesta tercera amonestación fue emitida en la gestión 2024, por Memorando RHS/PTS 025/2024; por lo que, la premisa fáctica no se adecúa a la premisa normativa aplicada, que exige haber sido objeto de tres amonestaciones al año, computándose el año de enero a diciembre. En ese sentido, resulta evidente que la Gerente Nacional hoy accionada incurrió en una motivación arbitraria en la resolución cuestionada.

Con relación a los agravios contenidos en los incs. f) y g) de la problemática planteada, en las que esencialmente la accionante cuestiona la omisión de realizar el control de convencionalidad del art. 126 parte final del RIT del Banco PRODEM S.A.; empero, adicionalmente también reclama la falta de fundamentación y motivación en sujeción al bloque de constitucionalidad respecto a la excepción del non bis in ídem. Dichos agravios evidentemente fueron parte del recurso de apelación, en la que la accionante denunció que en la RA 01/2024, no se consideró que las contravenciones disciplinarias contenidas por los arts. 126 parte final y 127 del RIT, son contrarios al bloque de constitucionalidad, exigiendo el control de convencionalidad de oficio, por desconocer el principio de legalidad sancionador, la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos non bis in ídem conforme a los arts. 8 de la CADH y 14 del PIDCP y los estándares de sistema interamericano y universal de derecho humanos.

Los citados agravios fueron respondidos por la Gerente Nacional ahora accionada, indicando que ese punto fue analizado, motivado y fundamentado en la RA 01/2024; ya que, la accionante con su accionar y conducta hubiese tenido dentro del periodo de doce meses o un año, la acumulación de tres Memorandos de llamada de atención subsumiéndose dicho accionar en la infracción descrita por el art. 126 parte final RIT del Banco PRODEM S.A., además en las infracciones muy graves establecidas por el art. 127.6 y 20 del citado Reglamento, bajo el principio de taxatividad que rige en materia disciplinaria; por lo que, la accionante no fue juzgada o procesada por la misma falta o infracción, conforme se entendió en la SCP 1153/2022-S1, al indicar que las infracciones contenidas por los arts. 126 parte final y 127.6 y 20 del RIT del Banco PRODEM S.A., no serían contrarios al bloque de constitucionalidad, además según la SCP 0611/2022-S3 de 10 de junio, estableció que no se puede cuestionar mediante una acción de defensa la constitucionalidad de una normativa. Del contraste realizado, es posible concluir que los mencionados agravios fueron respondidos por la Gerente Nacional hoy accionada en la RA de Apelación 02/2024, indicando las razones por las que no existiría una posible doble sanción por los mismos hechos, además de señalar que mediante una acción de defensa no se puede cuestionar la constitucionalidad de una norma; por consiguiente, no resulta evidente la omisión de pronunciamiento respecto al control de convencionalidad en el séptimo motivo del recurso de apelación denunciado por la accionante.

Sin embargo, la accionante también reclamó la falta de fundamentación y motivación con relación a los citados agravios. Al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, estableció que la vulneración del principio de congruencia en su dimensión externa también se traduce en una afectación directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; puesto que, se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión o con los agravios formulados en los recursos de apelación y casación.

En ese orden, conforme se constató en líneas precedentes, la Gerente Nacional ahora accionada incurrió en incongruencia externa en la RA de Apelación 02/2024, la misma que por lógica consecuencia también afectó en forma directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; ya que, se privó a la accionante de obtener una respuesta motivada y coherente con los agravios formulados en su recurso de apelación.

Asimismo, con motivo de análisis del agravio contenido en el inc. e) de la problemática planteada, se constató la deficiente fundamentación y motivación con respecto al proceso de subsunción de los hechos que no fueron identificados en al Auto de Inicio e Proceso Interno con la norma aplicada, así como en relación a una posible doble sanción por el mismo hecho afectando el principio de non bis in ídem. De igual forma, la decisión de confirmar el retiro de la accionante no cumple con los requisitos que configuran una fundamentación pertinente, menos cumple con la motivación; ya que, omitió la valoración de la prueba aportada por la nombrada; además que no se dieron las razones de omisión de pronunciamiento sobre los agravios planteados en el recurso de apelación, siendo evidente la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

Finalmente, en cuanto al agravio del inc. h) con respecto al octavo motivo del recurso de apelación, la accionante refirió que la Gerente Nacional ahora accionada, con criterios restrictivos a los derechos de las mujeres hubiese concluido que resultaba infundada la denuncia de violencia y acoso laboral presentada por la accionante, careciendo de sustento probatorio, incumpliendo así las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme al art. 87.4 de la Ley 348. Ese agravio, resulta evidente que fue parte del recurso de apelación como octavo reclamo; sin embargo, fue denunciado como incongruencia externa; ya que, la Gerente Nacional hoy accionada omitió pronunciarse sobre las medidas de protección urgentes que la accionante solicitó a consecuencia del acoso laboral que viene sufriendo de manera sistemática por funcionarios de la institución.

Con relación a ese agravio la Gerente Nacional ahora accionada en la RA de Apelación 02/2024, se pronunció indicando que en el Considerando VI de la RA 01/2024, se pronunció sobre los presuntos actos constitutivos de acoso laboral, indicando que no fueron demostrados ni evidenciados, aparte de que las medidas disciplinarias impuestas por parte del Banco PRODEM S.A. no pueden ser calificadas como actos de acoso o de hostigamiento laboral, siendo una apreciación subjetiva de la accionante.

Del contraste realizado, es posible advertir que la Gerente Nacional hoy accionada no adoptó las medidas de protección solicitadas con el argumento de que los actos que fueron calificados como de la presunta comisión de acoso laboral, no fueron demostrados por la accionante, además de que las medidas disciplinarias aplicadas no podrían ser consideradas como un hostigamiento laboral, siendo una apreciación subjetiva de la accionante. En ese sentido, si bien no se pronunció sobre las medidas de protección solicitadas; empero, explicó la razón por la que no lo hizo; por consiguiente, no resulta evidente la falta de congruencia externa denunciada por la accionante.

La RA de Apelación 02/2024, vulnera el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social

La accionante en el agravio del inc. d) reclamo su situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que sufrió, el cumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad e inamovilidad laboral de las personas con discapacidad. De igual forma en el agravio del inc. h) denuncio la violencia y acoso laboral de parte de la abogada y funcionario del Banco PRODEM S.A. de la Sucursal Uyuni, solicitando medidas de protección además de que se juzgue con enfoque de género.

Sobre los citados reclamos, la Gerente Nacional ahora accionada refirió que, si bien alegó vulnerabilidad y fragilidad; empero, no acreditó su situación de discapacidad con carnet de discapacidad, si bien reconoció que se garantiza la inamovilidad de las personas discapacitadas; sin embargo, aclaró que pueden ser retirados por las causales establecidas por la ley, a través de un proceso disciplinario, lo cual se estaría dando; asimismo con relación a los presuntos actos de violencia y acoso laboral, indicó que no fueron demostrados ni evidenciados, no pudiendo refutarse las medidas disciplinarias impuestas por parte del Banco PRODEM S.A., como actos de acoso o de hostigamiento laboral, siendo una apreciación subjetiva de la accionante.

Con respecto a las personas discapacitadas en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional se precisó que, el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Asimismo, con relación a grupos vulnerables, señaló que las normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tienen como finalidad proteger a los ostensiblemente más débiles; por lo que, el Estado mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad y la equidad, adoptando políticas que dan a determinados grupos sociales minorías indígenas, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o en distribución de ciertos recursos o servicios, así como en el acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.

En el caso que se analiza, efectivamente la Gerente Nacional hoy accionada para no atender los citados reclamos recurrió a criterios restrictivos y arbitrarios lesionando los derechos laborales de la accionante, así por ejemplo no consideró la situación de persona discapacitada con el argumento de que esa situación no fue demostrada con carnet de discapacidad, cuando cursan en los antecedentes del expediente pruebas fehacientes de que sufrió un accidente de tránsito en cumplimiento de sus funciones de trabajo (fs. 25 a 64), a consecuencia del cual quedó con múltiples fracturas en sus extremidades inferiores y en la columna, siendo objeto de varias intervenciones quirúrgicas, del cual no pudo recuperarse completamente, quedando mermado en su capacidad de movilidad, además discapacitada, lo cual es de conocimiento de la Gerente Nacional ahora accionada.

Con relación a la necesidad de demostrar la situación de discapacidad, la SCP 0463/2019-S2, estableció que en casos en que la situación de discapacidad sea notoria, evidente, puede ser demostrada con otros medios de prueba, flexibilizando así la presentación de la certificación de discapacidad; lo cual ocurre en el caso presente; por cuanto, cursa en los antecedentes abundante prueba documental que presentó la accionante sobre el accidente de tránsito que sufrió como resultado del cual quedó discapacitada; más aun, cuando cuenta conforme se evidencia de la Conclusión II.10. con carnet de discapacidad 05-19751226MTR, que determina como tipo de discapacidad física motora un porcentaje de 30%, grado de discapacidad moderado, emitido el 11 de septiembre de 2024, con validez hasta el 11 de septiembre de 2030; razón por la cual debió ser considerada su situación de discapacidad y su inamovilidad laboral, además de actuarse en el marco de la equidad y no de igualdad formal. De lo expuesto, es posible concluir que efectivamente la Gerente Nacional hoy accionada vulneró el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de la accionante como persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social; ya que, retirada de su fuente laboral, no podrá generar ingresos que le permitan solventar sus necesidades de subsistencia y de las personas a su cargo, afectando su derecho a la vida, la salud y seguro social; razones por las que, corresponde conceder la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Juez de garantías.

Con similar argumento de falta de pruebas evitó pronunciarse sobre los presuntos actos de acoso laboral, indicando que no fueron demostrados ni evidenciados, aparte de que las medidas disciplinarias impuestas por parte del Banco PRODEM S.A., no pueden ser calificadas como actos de acoso o de hostigamiento laboral, siendo una apreciación subjetiva de la accionante. Sobre el particular, resulta evidente que la nombrada conforme se tiene registrado en la Conclusión II.2. reclamó se tome en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta por su condición de mujer discapacitada y enferma a causa del accidente laboral que tuvo, así como se tomen medidas de protección urgentes contra los funcionarios de la entidad, para que se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro su salud y vida. La cual fue respondida mediante la Nota de 18 de marzo de 2024, emitida por Juan Carlos Aguirre Suaznabar, Encargado de Operaciones del Banco PRODEM S.A. de la Sucursal Potosí, indicando que ratificaba la llamada de atención y en cuanto a las medidas de protección, indicó que con la conformación de la Comisión Mixta instruida por la Gerencia de la Sucursal se prevé hacer cumplir plenamente sus derechos laborales de acuerdo al art. 33 del RIT, sin pronunciarse en el fondo.

Al respecto según la accionante correspondía que la Gerente Nacional ahora accionada actué y se juzgue por su condición de mujer discapacitada con enfoque de género. Al respecto la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: “…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, (…)

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple”. En ese marco, si bien en el caso concreto, la Gerente Nacional hoy accionada recurrió a criterios formalistas por encima de la verdad material, la debida diligencia sin aplicar el enfoque de género; empero, los actos de violencia y de acoso laboral denunciados por la accionante, no fueron acreditados con elementos probatorios para su consideración de fondo. En cuanto a la pretensión de calificación de daños y perjuicios, así como las costas y costos procesales, no es posible su atención; debido a que, la accionante no desarrolló argumentos fácticos y jurídicos que permitan realizar su compulsa, menos adjuntó elementos probatorios, ni estableció la cuantía pretendida al respecto; tampoco corresponde disponer las medidas de protección por violencia y acoso laboral; debido a que, dicho extremo no fue demostrado con elementos probatorios. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 865 a 870 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, Pública de la Niñez y Adolescencia y Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de Uyuni del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos y alcances dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0108_2026-S1.pdf · páginas 1 a 42.

Huella digital del PDF (SHA-256): 94d7ba128596e7735489a50cd55ae8faccad050f7ecf6f5cbd27bf3ccf8f71bb

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