Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; ampliando en audiencia además la lesión a la seguridad jurídica, a la verdad material y sus derechos a una justicia pronta y oportuna, al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, y a la salud, argumentando que, el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado ratificó el rechazo de la denuncia que interpuso contra la entonces Jueza Sumariante hoy tercera interesada que dispuso su destitución dentro de un proceso administrativo: 1) Limitándose a transcribir las Resoluciones cuestionadas, sin considerar que la sanción es discrecional, que no consideró el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 12 de 31 de enero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2025-S2 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53424-2023-107-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 31 de enero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Milton Yupanqui Callahuara contra Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 6 y 19 ambos de enero de 2023, cursantes de fs. 75 a 84; y, 91 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
En agosto de 2011, se sustanció un proceso administrativo en su contra de manera irregular, dictándose la Resolución Sumarial Final AUT-SUM-YPFB-SCZ-018/2011 de 23 de septiembre y la Resolución Sumarial de Revocatoria AUT-SUM-YPFB-SCZ-022/2011 de 14 de octubre, en cuyo mérito se dispuso su destitución, razón por la que en la gestión 2019 interpuso denuncia contra Eldy Romero Bazán entonces Jueza Sumariante Santa Cruz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) -hoy tercera interesada-, causa dentro de la cual el 16 de marzo de 2020, se tomó la declaración informativa de Juan Carlos Espíndola Lozano ex guardia de Camiri del referido departamento de “YPFB”, quien en su relato refirió que la citada Jueza Sumariante denunciada suplantó su firma; en tal sentido, el “17 de febrero” propuso la realización de una pericia de los documentos desconocidos por ese, pero al encontrarse estos bajo custodia de YPFB se obtuvo negativas, obteniéndose finalmente la pericia del “Mayor Sanchez” del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), la cual fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz el “26 de octubre”; no obstante, el Fiscal de Materia asignado rechazó mediante Resolución de Rechazo de Denuncia de 4 de noviembre de 2021 citando el art. 304 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a las pruebas colectadas durante la etapa preliminar, razón por la que el 11 y 29 de igual mes y año interpuso su objeción, siendo notificado el 8 de julio de 2022 con la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 de 3 de febrero de 2022, que ratificó esa decisión. La decisión que confirma el rechazo: a) Se limitó a transcribir las “Resoluciones” de YPFB, dándolas por válidas, legales y legítimas, sin considerar que de manera discrecional e infundada le impusieron la sanción más severa sin parámetro que la establezca o si correspondía una sanción menos gravosa, teniendo en cuenta que jamás se realizó una auditoría sobre “…el destino de los fondos y el monto afectado…” (sic), lo cual habría “aconsejado” se determine una falta, en el marco del art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- (respecto a la responsabilidad administrativa por la función pública); b) Se omitió que, se encontraba en indefensión, al estar con detención preventiva por actos “…del compañero y colega…” (sic) de la Jueza Sumariante ahora tercera interesada de la cual es su actual abogado defensor, lo cual le impidió saber de qué se lo procesaba y presentar prueba de descargo en el proceso administrativo; y, c) Es falso que exista falta de tipicidad en el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes establecido en el art. 153 del Código Penal (CP), ya que la acción dolosa e instantánea de la denunciada se adecúa al mismo; y, tampoco es evidente que la investigación no aportó elementos suficientes, pues la declaración de Juan Carlos Espíndola Lozano y el Dictamen Pericial de Documentología dan cuenta de la falsificación de un documento por la hoy tercera interesada, interpretando así erróneamente la SC 0965/2006-R de 2 de octubre referida a la mínima intervención penal, cuando la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, más reciente, estableció los parámetros del acceso a la justicia de las víctimas.
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. “110.I” y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En audiencia, a través de su abogado patrocinante, denunció además la lesión a la seguridad jurídica, a la verdad material y su derecho a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto el art. 180 de la CPE, así como sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, y a la salud, estos últimos vulnerados a consecuencia del proceso sumario.
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: 1) “…Revocar y Dejar sin efecto…” (sic) la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22; y, 2) Se revoque el “rechazo fiscal” -se entiende la Resolución de Rechazo dictada por el Fiscal de Materia- y se prosiga el proceso penal hasta la celebración de juicio.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 106 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia manifestó que: i) A las dos o tres semanas de ser detenido preventivamente dentro del proceso penal seguido por el ahora abogado defensor de la denunciada, se le inició el sumario administrativo en el que la nombrada en su calidad de entonces Jueza Sumariante sacó edictos bajo el argumento de que no podían encontrar a su familia, impidiéndole así ejercer su derecho a la defensa; ii) La decisión dictada en dicho proceso -sumario- faltó a la verdad material, pues si bien no pudo presentar prueba, las declaraciones de los operadores como de la cajera facturadora, dieron cuenta de la utilización de los Bs3 042.- (tres mil cuarenta y dos bolivianos) en garrafas, pintado de gigantografías y pago por apoyo auxiliar a los operadores de la engarrafadora, respaldado por el Informe “ADC00263/2011” del entonces Administrador del Distrito Comercial Oriente, mencionado en el sumario final como en la resolución que ratificó el rechazo; iii) No se consideró el art. 33 de la LACG que establece que no hay responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se comprueba que la decisión fue tomada “…en procura mayor de beneficio y acuerdo de la empresa…” (sic); iv) En la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22, se hace mención al proceso sumario y específicamente a la atestación de cargo de Juan Carlos Espíndola Lozano, sometida a prueba pericial siendo declarada falsa, corroborado con su declaración en la que señaló que nunca participó de dicho proceso sumario, de ahí que no es posible concluir que no existen suficientes indicios para continuar con el proceso penal; y, v) La citada Resolución del Fiscal Departamental en las páginas “20” y “21”, hace mención a “Wilfredo Arnés Montaño”, persona ajena tanto del proceso penal como del proceso sumario; por lo que, no existió un estudio exhaustivo, minucioso e imparcial, más bien se deja en la impunidad estos delitos y, si bien existieron demoras estas no son atribuibles a su persona, sino al Ministerio Público, al IITCUP y a la parte contraria, lesionando además -según el abogado del accionante en uso de la palabra- la seguridad jurídica, la verdad material y su derecho a una justicia pronta y oportuna, citando el art. 180 de la CPE, así como sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, y a la salud, estos últimos vulnerados a consecuencia del proceso sumario.
Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito, cursante de fs. 109 a 117, señaló que: a) Con relación al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, en la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22, se expusieron los hechos, se realizó la fundamentación legal con la cita de normas, de manera congruente, sustentando así la parte dispositiva, además que la motivación y congruencia no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que se exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados; b) Respecto al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba y acceso a la justicia, el Fiscal de Materia actuó en base a los elementos que tenía en el cuaderno de investigación, ingresando a realizar un análisis descriptivo de la actividad probatoria desplegada durante la etapa preliminar; y, c) No existe la lesión o vulneración alegada, no habiendo demostrado el accionante de qué manera esta se hubiese producido a tiempo de dictarse la mencionada Resolución Fiscal Departamental, tampoco demostró la relevancia constitucional que tiene la alegada “…arbitraria o insuficiente fundamentación, motivación y congruencia…” (sic), pretendiendo únicamente desestabilizar y desacreditar la labor del Ministerio Público. Asimismo, en audiencia virtual de acción de amparo constitucional, Fabiola Villegas Zelaya, Fiscal de Materia, en representación de la autoridad accionada, manifestó que: 1) Además de estar la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22, debidamente fundamentada y motivada, respondiendo a todos los puntos cuestionados en la impugnación de la parte peticionante de tutela, en cuanto al acceso a la justicia, se debe recordar la existencia de etapas, entre ellas la preliminar, con sus respectivos plazos, razón por la cual el control jurisdiccional conminó que se concluya esta etapa, emitiendo el Fiscal de Materia su “resolución conclusiva”; asimismo, el impetrante de tutela tuvo plena participación dentro de la investigación desde el inicio sin restricción alguna; por otra parte, no es evidente que, el rechazo de denuncia habría extinguido la causa, cuando todos los abogados conocen que rechazada la causa, esta puede ser reaperturada en el plazo de un año, por lo que no se puede alegar que se le haya negado el acceso a la justicia; y, 2) En relación a la valoración de la prueba, en la Resolución Fiscal de Rechazo como en la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 se hizo una fundamentación descriptiva e intelectiva de esta, incluyendo la declaración de Juan Carlos Espíndola Lozano y el Dictamen Pericial de Documentología -de 26 de octubre de 2021-, otorgándose el valor correspondiente tomando en cuenta el ilícito investigado Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, dirigida contra la resolución sumarial inicial como revocatoria, el que no se adecuó y no se probó; y, si bien se hace mención al delito de falsedad, el Fiscal Departamental en su Resolución supra señalada remitió antecedentes para su investigación.
Eldy Romero Bazan, a través de su abogado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) El accionante se presentó en el proceso administrativo que le siguió YPFB, haciendo uso de los recursos establecidos en el “…Decreto Supremo 23318-A y el 26237…” (sic), por eso es que precisamente existe una Resolución Sumarial de Revocatoria AUT-SUM-YPFB-SCZ-022/2011, no pudiendo alegar que se le ha negado el derecho a la defensa o al acceso a la justicia; ii) Concluido un proceso administrativo en todas sus etapas, se debe acudir al proceso contencioso administrativo, al cual no acudió el impetrante de tutela interponiendo directamente su denuncia en la vía penal, ingresando en el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; y, iii) El prenombrado no señala a qué no le habrían dado respuesta el Fiscal de Materia y el Fiscal Departamental de Santa Cruz hoy accionado, tampoco existió una falta de valoración de prueba, pues el Dictamen Pericial de Documentología ha sido enviado a la vía correspondiente; en virtud a que la unidad especializada en delitos de corrupción no puede investigar una supuesta falsedad.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 12 de 31 de enero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: a) La fundamentación es todo lo que implica doctrina legal, jurisprudencia, citas legales, legislación comparada, doctrina y jurisprudencia de los tribunales internacionales, que sirva para sustentar una decisión; y, la motivación son las razones, los motivos, el porqué de una decisión, es la explicación a la razón de la decisión; y, b) Revisada la decisión cuestionada, no hay posibilidad de ingresar a considerar el fondo del asunto, en principio porque el accionante no tiene en su fundamentación elementos que hagan a la relevancia constitucional, identificando el presunto hecho que causa agravio, los derechos lesionados, el vínculo entre estos, cuál sería la consecuencia jurídica y a partir de ahí la relevancia constitucional; por otra parte, la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 reúne los requisitos mínimos de fundamentación y motivación, cumpliendo los estándares requeridos.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Sumarial Final AUT-SUM-YPFB-SCZ-018/2011 de 23 de septiembre;
y, Resolución Sumarial de Revocatoria AUT-SUM-YPFB-SCZ-022/2011 de 14 de octubre, dictadas por Eldy Romero Bazan, Jueza Sumariante Santa Cruz de YPFB -ahora tercera interesada-, dentro del proceso sumario administrativo interno seguido contra Milton Yupanqui Callahuara -hoy accionante- por indicios de responsabilidad por la función pública, resolviendo la primera resolución la destitución de su cargo y su función al amparo del art. 29 de la LACG, y la segunda la ratificación de esta determinación y por tanto la subsistencia de la sanción (fs. 3 a 8).
II.2. Consta memorial de denuncia de 15 de octubre de 2019, interpuesta por el impetrante de tutela contra la hoy tercera interesada por la presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del CP, presentado ante el Fiscal de Materia de Camiri del departamento de Santa Cruz (fs. 53 a 54). II.3. Cursa Dictamen Pericial de Documentología de 26 de octubre de 2021, realizado por el IITCUP dentro del caso FIS SCZ 1912963, figurando como denunciante el ahora peticionante de tutela y como denunciada la hoy tercera interesada, que en su conclusión refiere que los documentos 3.1.1 y 3.1.2 sometidos a pericia serian falsos (fs. 36 a 44). II.4. Por Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 de 3 de febrero de 2022, dictada por Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -hoy autoridad accionada-, se ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia de 4 de noviembre de 2021, emitida por Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia en favor de la tercera interesada por la presunta comisión del delito indicado, por concurrir las circunstancias previstas en el art. 304 inc. 3) del CPP; asimismo, ante la pericia que establece la posible existencia de falsedad de una firma atribuida al ciudadano Juan Carlos Espíndola Lozano, en aplicación de los arts. 32 y 34.1 y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, se dispuso que el asunto pase a conocimiento del Fiscal de Materia de Plataforma de Análisis, a objeto del inicio de las acciones pertinentes conforme a procedimiento (fs. 9 a 23).
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; ampliando en audiencia además la lesión a la seguridad jurídica, a la verdad material y sus derechos a una justicia pronta y oportuna, al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, y a la salud, argumentando que, el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado ratificó el rechazo de la denuncia que interpuso contra la entonces Jueza Sumariante hoy tercera interesada que dispuso su destitución dentro de un proceso administrativo: 1) Limitándose a transcribir las Resoluciones cuestionadas, sin considerar que la sanción es discrecional, que no consideró el art. 29 de la LACG y que se encontraba en indefensión al inicio del proceso sumario, por estar con detención preventiva; y, 2) No es evidente que, exista falta de tipicidad en el delito denunciado y tampoco que la investigación no aportó elementos suficientes, existiendo un posible documento fraudulento empleado por la nombrada para destituirlo. Al respecto, la autoridad fiscal accionada, refirió que: i) Se expuso los hechos, se realizó la fundamentación con la cita de normas, de manera congruente, sustentando así la parte dispositiva; asimismo, se efectuó un análisis descriptivo de la actividad probatoria desplegada en la etapa preliminar, respondiendo a todos los puntos cuestionados en la impugnación de la parte accionante; ii) En cuanto a la declaración de Juan Carlos Espíndola Lozano y el Dictamen Pericial de Documentología, se otorgó el valor respectivo tomando en cuenta el delito denunciado, y remitiendo antecedentes para la investigación del posible delito de falsedad; y, iii) El accionante no demostró de qué manera se produjeron las lesiones, tampoco la relevancia constitucional de estas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Este Tribunal en la SCP 0319/2020-S3 de 22 de julio, que reitera el entendimiento de la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Revisado el expediente de la causa venido en revisión ante este Tribunal se tiene que el accionante interpuso denuncia el 15 de octubre de 2019, contra Eldy Romero Bazan -hoy tercera interesada- por la presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, previsto y sancionado por el art. 153 del CP (Conclusión II.2), denuncia que tiene su antecedente en el proceso sumario administrativo interno seguido contra el primero nombrado, en el que la denunciada en su condición de Jueza Sumariante Santa Cruz de YPFB emitió la Resolución Sumarial Final AUT-SUM-YPFB-SCZ-018/2011 de 23 de septiembre y la Resolución Sumarial de Revocatoria AUT-SUM-YPFB-SCZ-022/2011 de 14 de octubre, destituyéndolo de su cargo y su función; y, luego ratificando esta determinación y por tanto la subsistencia de dicha sanción (Conclusión II.1). Sustanciado el proceso penal, se produjeron actuados investigativos como el Dictamen Pericial de Documentología de 26 de octubre de 2021, realizado por el IITCUP, que en su conclusión refirió que los documentos 3.1.1 y 3.1.2 -notificación y “declaración informativa” de Juan Carlos Espíndola Lozano, dentro del proceso administrativo- sometidos a pericia eran falsos (Conclusión II.3); al respecto, Javier Cordero Salcedo, Fiscal de Materia asignado al caso rechazó la denuncia, invocando el art. 304 inc. 3) del CPP; es decir, que la investigación no aportó suficientes elementos para fundar acusación, determinación que fue ratificada por Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora accionado- mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 de 3 de febrero de 2022, disponiendo respecto a la pericia, en aplicación de los arts. 32 y 34.1 y 10 de la LOMP, la remisión de antecedentes al Fiscal de Materia de Plataforma de Análisis, a objeto del inicio de las acciones pertinentes conforme a procedimiento (Conclusión II.4). A partir de dicho contexto y resolviendo la problemática que motivó la presente acción de defensa, por una cuestión de hermenéutica, se agruparán las presuntas lesiones en aquellas vinculadas a la actividad interpretativa -fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba- y las que tienen que ver con el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. En cuanto a la presunta lesión del debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y adecuada valoración de la prueba El impetrante de tutela, alega en su acción de defensa, que la autoridad fiscal accionada se limitó a transcribir las resoluciones administrativas sin considerar que la sanción impuesta es discrecional, que no se consideró el art. 29 de la LACG que hace referencia a la responsabilidad administrativa en la función pública y tampoco el art. 33 de la misma Ley, que establece que no hay responsabilidad administrativa, ejecutiva, ni civil cuando se comprueba que la decisión fue tomada en procura de un mayor beneficio de la empresa, circunstancia que estaría respaldada en su caso por las declaraciones de los operadores como de la cajera facturadora, dando cuenta de la utilización de los Bs3 042.- en garrafas, pintado de gigantografías y pago por apoyo auxiliar a los operadores de la engarrafadora, así como del Informe “ADC00263/2011” del entonces Administrador del Distrito Comercial Oriente; asimismo, refiere que se omitió que se encontraba en indefensión al inicio del proceso sumario, por estar con detención preventiva dentro de la causa penal que le inició el ahora abogado defensor de la denunciada -tercera interesada-, razón por la que la entonces Jueza Sumariante habría tomado la determinación de sacar edictos para su notificación, bajo el argumento de que no podían encontrar a su familia, impidiéndole así ejercer su derecho a la defensa; por último, y en lo principal, alega que no existe falta de tipicidad en el delito denunciado y tampoco que la investigación no aportó elementos suficientes, al existir un posible documento fraudulento empleado por la denunciada para destituirlo, a partir de lo cual considera que todo ese contexto, en inescindible vinculación con el sumario seguido en su contra y que derivó en su destitución, configuraría presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes. Conforme se advierte de lo alegado, lo que en realidad persigue el accionante es que esta jurisdicción ingrese a revisar los actos y determinaciones de las autoridades del Ministerio Público, que en el marco del art. 225.I de la CPE investiga delitos de orden público como en el presente caso en que se denunció la presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; y, en virtud a este ejercicio se revise y se dé un juicio de valor a su vez sobre las presuntas irregularidades que -en su criterio- se cometieron durante la tramitación del proceso sumario administrativo interno seguido en su contra por indicios de responsabilidad por la función pública, el cual concluyó con la emisión de la Resolución Sumarial Final AUT-SUM-YPFB-SCZ-018/2011 y la Resolución Sumarial de Revocatoria AUT-SUM-YPFB-SCZ-022/2011, destituyéndolo de su cargo y que precisamente motivó la denuncia penal por presunta comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; es decir, que el impetrante de tutela pretende una dualidad de revisión por parte de este Tribunal, del rechazo de su denuncia penal, en todo el despliegue investigativo realizado, en indivisible revisión y pronunciamiento además del despliegue administrativo suscitado en el proceso sumario que se le siguió. Al respecto, conviene remitirse a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que concluyentemente restringe toda posibilidad de que la jurisdicción constitucional asuma un rol supletorio de la actividad de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, incluyendo las autoridades del Ministerio Público, salvo que se demuestre que en el interín estas hayan vulnerado derechos y garantías previstos en la Norma Suprema; en cuyo caso, se exige al accionante una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa cuestionada, presupuesto que no ha sido cumplido por el impetrante de tutela, tergiversando más bien el rol de esta jurisdicción asimilándola a una más de todo el despliegue investigativo y lo resuelto no solo en sede del Ministerio Público inherente al rechazo de su denuncia penal, sino también el despliegue procesal y lo resuelto en el proceso sumario administrativo seguido en su contra, sin establecer el vínculo de causalidad entre el debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y adecuada valoración de la prueba -invocados como lesionados- y la actividad interpretativa desplegada por la autoridad fiscal accionada a tiempo de fundamentar, motivar y valorar la prueba en la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22, avocándose únicamente a citar la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sobre el principio de congruencia; la SC 1213/2010 de 6 de septiembre, con relación a los derechos de la víctima en el proceso penal; las SSCC 0418/2001-R, 1276/01-R y SC 0468/2010-R respecto al debido proceso; la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, reiterada en la SC 1054/2011-R de 1 de julio y la SC 0847/2011-R de 6 de junio, en cuanto a una motivación y fundamentación adecuada, y las SSCC 0965/2006-R y 0797/2007-R; y, SC 2227/2010-R de 19 de noviembre a tiempo de citar las SSCC 1365/2005-R de 31 de octubre y 0871/2010-R de 10 de agosto, motivo por el cual debe denegarse la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y adecuada valoración de la prueba. Sobre el particular, corresponde aclarar que, sin perjuicio de los fundamentos previamente glosados que explican la imposibilidad de ingresar al fondo de la problemática planteada, resulta evidente que con relación al Dictamen Pericial de Documentología que habría concluido en la falsedad de la notificación y “declaración informativa” de Juan Carlos Espíndola Lozano, en la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 se determinó en la parte dispositiva que el asunto pase a conocimiento del Fiscal de Materia de Plataforma de Análisis, a objeto del inicio de las acciones pertinentes conforme a procedimiento, lo cual es corroborado por el propio accionante cuando refiere en su demanda que transcurrido el tiempo desde que el Fiscal Departamental y su “subalterno” indicaron que se iniciarían las investigaciones por el delito de falsedad, pero a la fecha se desconoce este extremo, circunstancia que refuerza la imposibilidad de resolver lo denunciado por el impetrante de tutela. Con relación al debido proceso en sus elementos acceso a la justicia y tutela judicial efectiva En el caso concreto, en su demanda el impetrante de tutela señala que, el Fiscal Departamental de Santa Cruz -hoy accionado- invocó en su Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22 la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, insinuando que la investigación no aportó elementos suficientes, cuando la notificación y “declaración informativa” de Juan Carlos Espíndola Lozano, así como el Dictamen Pericial de Documentología, dan cuenta de una falsificación atribuida a Eldy Romero Bazan, ex Jueza Sumariante -hoy tercera interesada-, interpretando así de manera equívoca la jurisprudencia para concluir o extinguir el proceso penal, bajo pretexto de una mínima intervención del derecho penal, cuando la SCP 1478/2012 más reciente, establece que no puede haber impedimentos que restrinjan a la víctima el acceso a la justicia -dada la importancia de esta dentro del proceso-, debiendo las autoridades fiscales promover la acción penal pública de conformidad a los arts. 12 de la LOMP; y, 21 y 70 del CPP y no reducir al mínimo su intervención, máxime si se tiene presente que transcurrido el tiempo desde que el Fiscal Departamental y su “subalterno” indicaron que se iniciarían las investigaciones por el delito de falsedad, pero a la fecha se desconoce este extremo. Al respecto, este Tribunal no advierte lesión a los derechos al acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva del peticionante de tutela, en atención a que su denuncia se basa esencialmente en que, la autoridad fiscal accionada habría omitido la prueba sobre presuntos actos de falsedad de documentos atribuidos a la ahora tercera interesada y habría justificado su decisión de ratificar el rechazo de su denuncia en la mínima intervención del derecho penal, cuando en su criterio su derecho como víctima no debería verse restringido, exigiendo se promueva la acción penal pública sin reducir su intervención, circunstancias ya analizadas en el acápite anterior a tiempo de compulsar las denuncias de lesión al derecho a una debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba -actividad interpretativa-, además de no advertirse una restricción a estos derechos al inicio o durante la sustanciación de la objeción interpuesta contra la Resolución Fiscal Departamental RRMM 176/22, o por lo menos no lo ha fundamentado así el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada también sobre la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia como elementos del debido proceso. Finalmente, con relación al derecho a una justicia pronta y oportuna, los principios de seguridad jurídica y verdad material, así como los derechos al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta, y a la salud, vulnerados según el accionante a consecuencia del proceso sumario, y ampliados en audiencia de acción de amparo constitucional por su abogado citando el art. 180 de la CPE, no corresponde ingresar a su análisis en razón a que estos nuevos derechos, tampoco fueron invocados con una suficiente carga argumentativa y relación de causalidad a los argumentos de la demanda y pretensión constitucional que permitan un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 12 de 31 de enero de 2023, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0108_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 44bcc29f38018cb53f0626a3de8f20a1040743176311f615706fa08fb14d45b3
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