Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 325/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución de 325/2022 de 30 de diciembre.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2026-S3 Sucre, 06 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52886-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 325/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Simón Cruz Gabriel contra Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez; y, Richard Sumi Poma, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, no se habría transcrito la Resolución Judicial de 20 de diciembre de 2022, mediante la cual se denegó su solicitud de cesación a la detención preventiva; asimismo, refiere la inexistencia de pronunciamiento respecto de la última petición de cesación formulada a través de su anterior abogado, situación que le impide conocer el día y la hora de la audiencia señalada; incurriendo el Juez y el Secretario demandados en una dilación indebida de nueve días; en mérito a ello, solicita la concesión de la tutela y pide se disponga que, en el día, se ponga a su disposición el cuaderno de control jurisdiccional y la Resolución de 20 de diciembre de 2022. Jorge Freddy Gutiérrez Ramos, Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 11. Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 14 y en audiencia de garantías, manifestó que el 20 de diciembre de 2022, en el Juzgado de origen, se dictó el Auto Interlocutorio que denegó la petición de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, quien interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución; sin embargo, la remisión ante la Sala Penal Primera se vio obstaculizada en dos oportunidades por observaciones administrativas que impidieron su recepción; asimismo, señaló que no remitió al Tribunal de Garantías el cuaderno de control jurisdiccional debido a la excesiva carga laboral, por lo que solicitó se deniegue la tutela. El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, mediante Resolución 325/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 19, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el primer día hábil, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo remita la apelación interpuesta por Simón Cruz Gabriel ante la Sala Penal de turno, fundamentando que la autoridad judicial debe supervisar a su personal de apoyo respecto al cumplimiento de sus funciones; todo ello, debido al incumplimiento del plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al advertirse una dilación injustificada de nueve días en la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al nuevo sorteo de la presente causa. Asimismo, según el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo y en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales conforme al modelo aprobado el 14 de enero de 2026.
La SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que:
[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
De los antecedentes del presente fallo constitucional traídos en revisión, se advierte que, mediante memorial de 29 de diciembre de 2022, presentado a horas 12:41:02, el peticionante de tutela interpuso una queja y solicitó al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz la transcripción de la Resolución de cesación a la detención preventiva de 20 de diciembre del mismo año; asimismo, anunció la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en caso de incumplimiento (fs. 2 a 3).
En este contexto, tras identificar la problemática planteada y contrastarla con la prueba aportada, este Tribunal concluye que el impetrante de tutela, al haber presentado el 29 de diciembre de 2022, a horas 12:41:02, el memorial de queja y la solicitud de transcripción de la Resolución de 20 del mismo mes y año, activó la acción tutelar ese mismo día a horas 14:07, sin que previamente existiera una respuesta a su petición en la vía ordinaria; por ello, no corresponde emitir pronunciamiento alguno por parte de la justicia constitucional, al haber concurrido la subsidiariedad excepcional por activación simultánea; esta situación configura una causal de improcedencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
Finalmente, corresponde señalar que, debido a las particularidades de la situación fáctica expuesta y ante la concesión de la tutela efectuada, resulta necesario el dimensionamiento de la determinación asumida en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo aplicar la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, para situaciones excepcionales en las que, si bien se revoca la tutela concedida, resulta necesario dimensionar los efectos de la concesión inicialmente otorgada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 325/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución de 325/2022 de 30 de diciembre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma
paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0107_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 33990d1c9b025f1f6ab12b0cc0a93e70163a7ba7e352dadac3c3ddb119477942
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