Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia e igualdad procesal, presentando diferentes motivos en contra del Auto de Vista S-333/2023; puesto que, en tanto considera que dicha resolución: 1) Se fundamenta en jurisprudencia anacrónica, inaplicable y previa a la promulgación de la Ley 603; por cuanto, se refiere la mencionada Ley; empero, también cita la SCP 1011/2013 de 27 de junio, que analizó la constitucionalidad del art. 258 del Código de Familia -ahora abrogado- (CFabrg); es decir que utiliza jurisprudencia interpretativa de una norma que ya no se encuentra en vigencia, y que no guarda coincidencia ni correspondencia con la norma actual; pero además, de igual manera cita la SC 1851/2003-R de 12 de diciembre, que no reconoce lo previsto por el art. 64 de la Norma Suprema; 2) Es inaplicable e incongruente en tanto el antiguo Código de Familia establecía en sus arts. 258 y 264 la subsistencia de deberes de los padres en casos de mayoría de edad de los hijos, cuando aún no habían adquirido una profesión u oficio, disposición eliminada del ordenamiento jurídico por efecto de la Ley 603, que ya no reconoce dicha figura; 3) El Tribunal de apelación tergiversa lo señalado en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 207/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 216 a 222 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Se llama severamente la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde Vocales Constitucionales, por la falta de control de los deberes del personal a su cargo para la realización de la audiencia en tiempo oportuno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 66644-2024-134-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 207/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 216 a 222 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alfredo Tapia Cambero contra Teodoro Paul Molina Salazar y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, por memoriales presentados el 25 de marzo y 19 de abril de 2024, cursantes de fs. 141 a 147; y, 152 a 157 vta., manifestó lo siguiente:
El 10 de junio de 2002, Marianela Gabriela Torrico Riskowsky -ahora tercera interesada- formuló en su contra una demanda de asistencia familiar para el sustento de su hija. Como efecto de la referida demanda y considerando que en ese entonces era estudiante universitario, conciliaron en un monto de Bs250.- (doscientos cincuenta bolivianos), más un tarro de leche al mes, lo que se cumplió de manera esporádica, de acuerdo con sus posibilidades. A lo largo de quince años, la asistencia fue incrementándose, llegando incluso a reembolsar Bs16 800.- (dieciséis mil ochocientos bolivianos) por los tarros de leche que no pudo entregar, realizando aportes en dinero sin recibos o algún documento suscrito por la demandante. Pese a la ventaja indebida, continuó cumpliendo con la obligación de asistencia familiar, que fue incrementada a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) en mayo de 2017, cuando su hija tenía quince años, pese a ello, la madre continuaba solicitando que se le proporcione los tarros de leche que se fijaron en 2002; ya que, a su parecer, aquella parte de la asistencia no fue dejada sin efecto. En este punto, cabe hacer notar que la demandante ya tenía otro hijo; por lo cual, tenía interés en que se provea la leche. Por memorial de 30 de junio de 2020, después de concluida la cuarentena rígida, se comunica a la Jueza de la causa que fue obligado a renunciar a su fuente laboral en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), además de informar que su hija ya había cumplido la mayoría de edad desde el 1 de noviembre de 2019; por lo que, la citada Jueza tenía conocimiento de ello. Lamentablemente, por negligencia del personal del juzgado, dicho memorial fue archivado y recién puesto a su conocimiento el 9 de abril de 2021, casi un año después. El 20 de mayo de 2021, la beneficiaria por primera vez se apersonó ante la Jueza de la causa para comunicar que se encontraba estudiando publicidad y marketing desde febrero de dicho año; es decir, recién comenzó sus estudios superiores un año y dos meses después de haber cumplido la mayoría de edad. En dicho memorial, únicamente informó estar estudiando una carrera universitaria, sin presentar un plan de estudios ni acreditar los gastos en los que supuestamente iba a incurrir, peor aún, sin siquiera solicitar de manera expresa que la asistencia familiar se extienda por formación técnica o profesional, tal como lo establece el art. 109 de la Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-. Pese a no existir ni siquiera una resolución judicial que disponga la extensión de la asistencia familiar para una persona adulta, la beneficiaria y su progenitora el 20 de mayo de 2021, presentaron una liquidación por catorce meses, equivalente a Bs28 000.- (veintiocho mil bolivianos), la cual a pesar de ser observada por su persona a través de varios recursos de reposición fue aprobada por la Jueza de la causa, obligándole al pago de más de un año de asistencia familiar durante el cual su hija ni siquiera estudió. Lo más alarmante es que, pese a haberse cumplido con lo dispuesto por la Jueza de la causa, bajo alternativa de librarse orden de apremio en su contra, desde julio de 2022 “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, la beneficiaria no efectivizó el cobro del dinero, dando a entender que no necesita el apoyo económico y que cuenta con suficientes recursos para estudiar. No conforme con lo pagado, en julio de 2022, nuevamente su hija presentó nueva liquidación por otros supuestos catorce meses, solicitando un pago similar, aspecto que nuevamente fue observado por su persona; puesto que, nunca se acreditó un plan de estudios ni el detalle de costos de la carrera, aspecto que nuevamente fue rechazado por la autoridad, indicando que necesariamente se debe solicitar la cesación de la asistencia, aprobando la liquidación y conminándole al pago. Ante la injusta decisión, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado mediante Auto de 28 de noviembre de 2022, sin exponerse ningún fundamento, indicando que los términos del Auto impugnado son “claros y expresos”, no siendo necesaria ninguna aclaración, concediendo el recurso de apelación en efecto devolutivo. Dicha apelación fue sorteada a la Sala Civil “y Comercial” Cuarta, en la que se emitió el Auto de Vista S-333/2023 de 19 de junio, mediante el cual se confirmó el Auto impugnado con una serie de vulneraciones al derecho al debido proceso en sus diferentes elementos; ya que, dicha resolución se fundamenta en jurisprudencia preconstitucional y previa a la promulgación de la Ley 603. A pesar que la apelación aun se encontraba en trámite, el 28 de noviembre de 2022, se emitió un Auto mediante el cual se dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra, mismo que fue entregado al abogado de la demandante el 2 de febrero de 2023. El 18 del mismo mes y año, cuando debía participar como bailarín en el Carnaval de Oruro, la madre de su hija se hizo presente con dos efectivos policiales, para conducirlo a un retén policial, en donde se le amenazó con remitirlo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sino pagaba la liquidación, a lo cual tuvo que recurrir a un préstamo y firmar un acto de conciliación, para finalmente lograr su libertad.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia e igualdad procesal, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela solicitada, y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista S-333/2023 de 19 de junio, y se emita una nueva resolución disponiendo la nulidad de obrados del proceso hasta el decreto de 24 de mayo de 2021, en el cual se corre traslado de la primera liquidación presentada por la beneficiaria como mayor de edad; b) Que el nuevo auto de vista ordene a la Jueza de primera instancia que antes de aceptar cualquier liquidación, solicite a la beneficiaria el cumplimiento de la SCP 1011/2013 de 27 de junio, en cuanto a la presentación de un plan de estudios y el detalle de costos de la carrera que planea estudiar; y, c) Se disponga la devolución de cualquier monto de dinero entregado a la beneficiaria una vez cumplida la mayoría de edad; ya que, nunca cumplió con sus cargas legales conforme norma y jurisprudencia vigente.
Celebrada la audiencia pública el “8” -22- de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 195 a 199, se produjeron los siguientes actuados.
El accionante, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Teodoro Paul Molina Salazar y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 22 de julio de 2024, cursante de fs. 191 a 193, manifestaron que: 1) A momento de resolver el recurso de alzada, motivo del Auto ahora impugnado, se estableció que el art. 109.I de la Ley 603 señala que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias, que surge de la necesidad manifiesta que tienen los beneficiarios; 2) En el proceso en cuestión, la beneficiaria presentó la liquidación de asistencia familiar, indicando que su padre le adeuda la suma de Bs28 000.- (veintiocho mil bolivianos), pretensión corrida en traslado y observada por el obligado, la cual fue resuelta aprobándose el pago, decisión que fue impugnada mediante reposición con alternativa de apelación. En ese contexto, absolviendo el agravio suscitado por el apelante, se consideró el art. 109.II de la citada Ley, que permite extender la asistencia familiar más allá de la mayoría de edad; 3) En el proceso en cuestión, la cédula de identidad de la beneficiaria denota que cuenta con veintiún años; por lo que, se encuentra comprendida en el margen para ser acreedora de la asistencia; 4) El hecho de que la beneficiaria adquiera la mayoría de edad, no la exime a seguir percibiendo la asistencia familiar fijada por la autoridad judicial, como lo refiere la Juez A quo y la SCP 1011/2013 de 27 de junio; 5) El art. 109.II de la Ley 603 establece en su última parte que en caso de que el hijo beneficiario, mayor de edad, no evidencie resultados positivos en su educación, el padre puede pedir cesación de este beneficio, y mientras no exista una resolución que determine aquella cesación, la autoridad judicial está en la obligación de hacer cancelar la asistencia familiar fijada hasta la edad máxima establecida en la citada norma, salvo que la hija, antes de los veinticinco años salga profesional o no evidencie resultados positivos en su educación; 6) En cuanto al agravio, la autoridad judicial prácticamente intimando al progenitor a solicitar la cesación de asistencia familiar cuando la beneficiaria ni siquiera solicitó expresamente la ampliación al haber cumplido la mayoría de edad, y es arbitrario que la Jueza hubiese aceptado la liquidación sin existir una demanda expresa de ampliación de asistencia familiar por parte de la beneficiaria; y, 7) De acuerdo con el art. 415.VI del CFPF, necesariamente debe existir una resolución que determine la cesación de la asistencia familiar.
Marianela Torrico Riskowsky y Camila Alejandra Tapia Torrico no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni presentaron memorial alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 167 a 172; 182 a 183; y, 185 a 187. Camila Alejandra Tapia Torrico, por memorial presentado el 30 de abril de 2025, cursante de fs. 238 a 243, se apersonó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, manifestó que: i) Denuncia que su padre -accionante- se valió de alguna argucia para que no se la citara como tercera interesada; por lo que, la ausencia de notificación no tiene justificación legítima; puesto que, tanto su domicilio real como procesal se encuentran debidamente señalados en el expediente del proceso de asistencia familiar radicado en el Juzgado Público de Familia Doceavo; en ese entendido, indica que la acción de amparo constitucional no es de su conocimiento, ni su resultado; ii) La ausencia de su defensa ha servido como justificativo erróneo para no tomar en cuenta que la acción no cumplía con el presupuesto de derecho a la inmediatez; por cuanto, se admitió la acción de amparo constitucional contra un auto de vista de más de un año de antigüedad, que fue notificado al accionante el 25 de febrero de 2023; iii) La Resolución Constitucional justifica la ausencia de inmediatez señalando que ni los accionados ni los terceros interesados lo observaron, y fueron superados a tiempo de emitirse el auto de admisión, cuando éste se encuentra señalado en las normas vigentes y resulta ilegal que el Tribunal de garantías hubiese asumido que este principio sólo opera a instancia de parte, conforme señala la norma y la jurisprudencia constitucional (SCP 1039/2010-R de 23 de agosto); iv) Además de la inmediatez alegada, la Resolución Constitucional 207/2024 de 13 de agosto, no guarda congruencia con los datos del expediente de asistencia familiar; por cuanto, entre las razones que justifican dejar sin efecto el auto de vista, indica que el mismo “no toma en cuenta las circunstancias y las situación laboral del accionante” (sic), a tiempo de demandarse sobre la cesación de la asistencia familiar, cuando ésta no fue demandada; v) El Auto anulado aprobaba una liquidación de asistencia familiar y no tiene relación alguna con una petición de cesación de la asistencia; es más, conforme los antecedentes del expediente, el demandado se negó a solicitar la cesación de la asistencia familiar; puesto que, según él señala en varios memoriales que ésta ópera de pleno derecho, a partir del momento en que la beneficiaria -su persona- adquiere la mayoría de edad; vi) El recurso de reposición con alternativa de apelación, señaló textualmente que: “no existe resolución de cese de asistencia familiar, COMO SI MI PERSONA ESTUVIERA OBLIGADA POR LA NORMA A SOLICITAR LA CESACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR una vez cumplida la mayoría de edad por la parte de la beneficiaria, no siendo suficiente para su autoridad lo establecido de manera taxativa por el art. 109 de la Ley 603 que dispone: ‘La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad…’”; entonces -el accionante- cuestiona por qué se encuentra obligado a solicitar la cesación de la asistencia familiar cuando la beneficiaria ni siquiera solicitó expresamente su ampliación al haber cumplido la mayoría de edad; por lo que, el beneficiario tendría que solicitar expresamente la ampliación, acreditando los estudios superiores. Argumentos que contradicen aquellos vertidos en la Resolución Constitucional que no direcciona la resolución o el resultado de la pretensión del accionante; vii) Dicho recurso fue rechazado por Auto interlocutorio de 28 de diciembre de 2022, que concedió el recurso de apelación, el cual fue nuevamente objeto de reposición y apelación mediante memorial de 19 de enero de 2023, en el que el demandado insiste en que no demandó la sección de asistencia familiar, y que nadie lo puede obligar a demandar la cesación de asistencia familiar; recurso de reposición que fue igualmente rechazado mediante auto de 1 de marzo de dicho año, el cual concedió la apelación y dio lugar al Auto de Vista de 19 de junio del citado; viii) El Auto de Vista que fue erróneamente anulado, surte efectos únicamente desde la fecha de la resolución judicial y transcribió la parte pertinente de la SC 1851/2003-R de 12 de diciembre, acerca de que la cesación de asistencia familiar no opera de oficio, subsumiendo los hechos a las normas y jurisprudencia indicadas; ix) Resulta incongruente que el Tribunal de garantías considere que no se valoraron todos los aspectos del proceso, como la situación laboral del accionante, aspecto que en ningún momento fue mencionado por el nombrado y no forma parte de la litis, encontrándose el Tribunal de alzada sujeto a los aspectos impugnados; x) De la Resolución Constitucional, se deduce que su padre pagó el monto señalado en la liquidación de asistencia familiar que logró anular; sin embargo, nada dice que no le volvió a pagar la misma desde entonces, y en el Juzgado Público de Familia, Doceavo se aprobó una nueva liquidación por el monto de Bs40 000.-(cuarenta mil bolivianos), que no fue observada por el accionante, habiendo la Juez ordenado se emita un nuevo mandamiento de apremio; xi) Como consecuencia del auto de vista, los demandados emitieron un nuevo auto de vista, y en la vía de complementación y enmienda, aclararon que la decisión afecta a todo lo obrado desde el 2022; y, xii) Por lo que, pide se revoque la Resolución Constitucional 207/2024, debiendo ratificarse el Auto de Vista S-333/2023 y lo obrado con posterioridad.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercera-, mediante Resolución 207/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 216 a 222 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista S-333/2023 de 19 de junio, debiendo las autoridades demandadas dictar otra resolución en el plazo pertinente y sin conceder la devolución de montos de dinero entregado; puesto que, no fue parte del debate, no correspondiendo el pronunciamiento; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante acredita que existen situaciones que no fueron consideradas dentro del proceso, como la situación que dio a conocer por memorial de 30 de junio de 2020, que desde marzo de ese año ya no ejercía funciones dentro de EMAVERDE, encontrándose en una situación en que le era imposible cancelar los Bs2 000.- (dos mil bolivianos) de asistencia familiar, hechos y prueba no considerada por la autoridad demandada, omitiendo la previsión del art. 116 del CFPF; b) El Auto de Vista S-333/2023 no razona, ni verifica ninguna prueba, ningún antecedente del proceso y no toma en cuenta las circunstancias y situación laboral del accionante, debiendo dar cumplimiento a la norma precitada, sino que se limita a establecer conceptualizaciones judiciales sobre la naturaleza del proceso y sobre la posibilidades procesales del obligado para interponer una modificación o una cesación a la asistencia familiar, extremos que no se encuentran en debate y no fueron objeto del proceso de fijación de la asistencia familiar; por lo que, resulta impertinente su fundamentación, así como la liquidación; c) En este caso tampoco se podría señalar que una fría y calculada aprobación de liquidación, sin considerar tales extremos, se encuentra dentro de los parámetros del derecho al debido proceso, por el contrario, se puede concluir que no valora, ni motiva su decisión; d) El Auto de Vista S-333/2023, tenía como objeto verificar que el Auto de 9 de septiembre de 2022, sea una decisión acorde a derecho; no obstante, encuentran una incongruencia interna en la resolución de alzada, en razón a que no existe coherencia entre lo que se pide, lo que se razona y lo que se resuelve; y basa su decisión en que no existe una cesación de la asistencia familiar, la cual no se presume de hecho, explicación que resulta insuficiente en relación a los antecedentes del proceso; puesto que, la autoridad accionada está en la obligación de fundamentar y motivar sobre la inviabilidad a la observación que realiza el accionante; e) De la revisión del expediente, se encuentra una serie de actos procesales y pruebas que no son parte de la fundamentación, y que ni siquiera fueron tomados en cuenta, ni que fueron resueltos dentro del trámite procesal; y, f) La solicitud de aumento, disminución o cese de asistencia familiar debe ser tramitada conforme a la previsión del art. 445 y ss. del CFPF; y en el proceso, se tiene que pese a existir de manera insistente una solicitud de asistencia familiar, éste nunca fue tramitado conforme a derecho y contiene observaciones fuera de todo procedimiento, cuestiones que no fueron observadas por el Tribunal de alzada y tuvo que ser parte de la fundamentación desarrollada; por el contrario, se cuenta con una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Auto Constitucional (AC) 0291/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 410 a 415, ante la solicitud efectuada por Camila Alejandra Tapia Torrico -tercera interesada-, de adelanto de sorteo (fs. 232 y vta.), por encontrarse dentro de un estado de necesidad y en cumplimiento al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio; en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante copia del Auto de Vista S-333/2023 de 19 de junio, emitido por Teodoro Paul Molina Salazar y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionandos-, que en su parte resolutiva señala: “…CONFIRMA el Auto de fecha 09 de septiembre de 2022 de fs. 45 de fotocopias legalizadas…”, (sic [fs. 137 a 139 vta.]); asimismo, cursa copia de la notificación con dicho Auto de Vista efectuada el 25 de septiembre de 2023 a Carlos Alfredo Tapia Cambero -ahora accionante- (fs. 140).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia e igualdad procesal, presentando diferentes motivos en contra del Auto de Vista S-333/2023; puesto que, en tanto considera que dicha resolución: 1) Se fundamenta en jurisprudencia anacrónica, inaplicable y previa a la promulgación de la Ley 603; por cuanto, se refiere la mencionada Ley; empero, también cita la SCP 1011/2013 de 27 de junio, que analizó la constitucionalidad del art. 258 del Código de Familia -ahora abrogado- (CFabrg); es decir que utiliza jurisprudencia interpretativa de una norma que ya no se encuentra en vigencia, y que no guarda coincidencia ni correspondencia con la norma actual; pero además, de igual manera cita la SC 1851/2003-R de 12 de diciembre, que no reconoce lo previsto por el art. 64 de la Norma Suprema; 2) Es inaplicable e incongruente en tanto el antiguo Código de Familia establecía en sus arts. 258 y 264 la subsistencia de deberes de los padres en casos de mayoría de edad de los hijos, cuando aún no habían adquirido una profesión u oficio, disposición eliminada del ordenamiento jurídico por efecto de la Ley 603, que ya no reconoce dicha figura; 3) El Tribunal de apelación tergiversa lo señalado en el art. 109.II del CFPF, que no establece una obligatoriedad para otorgar asistencia familiar a mayores de edad, sino una posibilidad vinculada a una condición especial de acreditación de resultados objetivos; y, 4) El Tribunal de apelación actúa en clara desigualdad procesal, otorgando facilidades a la beneficiaria para acceder a una asistencia familiar que nunca solicitó, al haber cumplido la mayoría de edad, requiriendo que sea él quien deba pedir la cesación de la asistencia familiar, cuando ello es un deber de los Jueces, en cumplimiento del mencionado art. 109 del CFPF. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso (Jurisprudencia reiterada); ii) Interpretación de la legalidad ordinaria; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, efectuó una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las auto restricciones, y señala que: “…la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional.
(…) Ahora bien, resulta preciso conjugar este entendimiento con el contenido del Fundamento Jurídico precedente, en el cual luego de analizar la reiterada jurisprudencia, arribamos al convencimiento de que el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales (como administrativas), constituido en elemento esencial del debido proceso, se traduce en la obligación del juzgador de pronunciar resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas que le permitan a partir del análisis de los elementos fácticos del proceso, efectuar la aplicación de la ley, exponiendo con claridad y precisión los motivos o razones que lo guiaron a asumir determinada decisión; explicación que no necesariamente debe ser ampulosa, pero que deberá dar respuesta a los argumentos expuestos por las partes procesales, de manera tal que quien lea lo decidido, alcance suficiente convicción de que el proceso, no pudo haber sido solucionado de otra forma en la que fue resuelto. En este sentido y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir a esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las autorestricciones; un razonamiento contrario implica exigirle a la jurisdicción constitucional una actuación materialmente imposible, porque desde ya, la inobservancia de los presupuestos que habilitan a esta jurisdicción para realizar la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, así como la verificación de la valoración de la prueba, se traducen en esenciales a efectos de la revisión del contenido argumentativo del fallo en cuestión; por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda emitir criterio alguno y que, sin embargo, aún así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia tutelar”.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia e igualdad procesal, presentando diferentes motivos en contra del Auto de Vista S-333/2023; puesto que, en tanto considera que dicha resolución: a) Se fundamenta en jurisprudencia anacrónica, inaplicable y previa a la promulgación de la Ley 603; por cuanto, se refiere la mencionada Ley; empero, también cita la SCP 1011/2013 de 27 de junio, que analizó la constitucionalidad del art. 258 del Código de Familia -ahora abrogado-(CFabrg); es decir que utiliza jurisprudencia interpretativa de una norma que ya no se encuentra en vigencia, y que no guarda coincidencia ni correspondencia con la norma actual; pero además, de igual manera cita la SC 1851/2003-R de 12 de diciembre, que no reconoce lo previsto por el art. 64 de la Norma Suprema; b) Es inaplicable e incongruente en tanto el antiguo Código de Familia establecía en sus arts. 258 y 264 la subsistencia de deberes de los padres en casos de mayoría de edad de los hijos, cuando aún no habían adquirido una profesión u oficio, disposición eliminada del ordenamiento jurídico por efecto de la Ley 603, que ya no reconoce dicha figura; c) El Tribunal de apelación tergiversa lo señalado en el art. 109.II del CFPF, que no establece una obligatoriedad para otorgar asistencia familiar a mayores de edad, sino una posibilidad vinculada a una condición especial de acreditación de resultados objetivos; y, d) El Tribunal de apelación actúa en clara desigualdad procesal, otorgando facilidades a la beneficiaria para acceder a una asistencia familiar que nunca solicitó, al haber cumplido la mayoría de edad, requiriendo que sea él quien deba pedir la cesación de la asistencia familiar, cuando ello es un deber de los Jueces, en cumplimiento del mencionado art. 109 del CFPF.
Previamente a resolver la problemática identificada, debemos hacer una breve referencia a algunos de los puntos que denuncia la hoy tercera interesada dentro del presente proceso; y de ello, se tiene que respecto del principio de inmediatez, indica que el Auto impugnado vía acción de libertad hubiere sido notificado el “25 de febrero de 2023”; sin embargo, por la revisión de antecedentes (Conclusión II.1), consta que la notificación con el Auto de Vista S-333/2023 de 19 de junio al ahora accionante fue efectuada el 25 de septiembre de 2023; por lo que se tiene que la demanda tutelar fue presentada al límite del plazo máximo previsto; y con ello, no es aplicable la caducidad deducida por la ahora tercera interesada. Por otro lado, acerca de que no se la hubiere notificado adecuadamente, motivo por el que desconocía de la realización de la acción de amparo constitucional, debemos remitirnos a los acápites I.2 y I.2.3 del presente fallo, en que se hizo una relación de antecedentes sobre la suspensión de las audiencias señaladas en el presente caso y las notificaciones efectuadas; y, de las fojas identificadas, se tiene que las terceras hoy interesadas fueron notificadas mediante cédula en la calle 6, Bloque 90, Zona Los Pinos; dirección del domicilio que coincide con aquel señalado por Camila Alejandra Tapia Torrico ahora tercera interesada en el memorial de 8 de septiembre de 2021, por el que “RESPONDE RECURSO DE REPOSICIÓN” (fs. 67). En consecuencia, no es evidente la denuncia de que malintencionadamente se las hubiere excluido de las diligencias para la realización de la audiencia en amparo constitucional; puesto que, se intentó notificarlas mediante cédula en el domicilio proporcionado, el cual se deduce es el mismo. Los demás fundamentos expuestos por la hoy tercera interesada, serán considerados en resolución. Ahora bien, retomando el análisis de la acción de amparo constitucional interpuesta, si bien el accionante denuncia vulneración de su derecho al debido proceso en los elementos de fundamentación, congruencia e igualdad de partes; el primer punto de la problemática considera un error de fundamentación que el Auto de Vista impugnado se base en jurisprudencia constitucional emitida en función de una norma actualmente abrogada; no obstante, por la revisión de la mencionada resolución de alzada (Conclusión II.1.), se tiene que no es evidente que la resolución se hubiese basado exclusivamente en la jurisprudencia que el accionante indica; puesto que, si bien efectivamente se mencionan citas de los fallos que menciona de 2005 y 2013, ello es a fin de ilustrar la posición establecida respecto de los agravios que el recurrente -accionante- planteó; ya que, la norma utilizada para el pronunciamiento es el art. 109.II del CFPF, mientras que la cita del razonamiento plasmado en la SCP 1011/2013 en el mismo punto, sirve para apoyarlo, no para sostenerlo por sí mismo. En consecuencia, la tutela solicitada debe ser denegada. Del mismo modo, en el segundo agravio que resuelve el Auto de Vista S-333/2023, se remite al art. 415 del CFPF; y adicionalmente se cita la SC 828/2005, que a su vez cita la SC 1851/2003-R, con la intención de recalcar que la cesación de la asistencia familiar no opera de hecho, como pretende el accionante; no obstante, se reitera la cita jurisprudencial es utilizada a fin de respaldar la aplicación de la norma en vigencia del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Adicionalmente, cabe señalar que de la cuidadosa revisión del Auto de Vista ahora impugnado, se tiene que en efecto utiliza normativa correspondiente al Código de las Familias y del Proceso Familiar, a fin de determinar el margen de su pronunciamiento (art. 385), el instituto que tratará (art. 109) y el trámite de la liquidación de pago por asistencia devengada (art. 415.I), ello sin mencionar que también cita la SCP 0851/2022-S4, respecto del deber de garantizar la asistencia familiar. Por todo lo anterior no se encuentra una indebida fundamentación en el Auto de Vista S-333/2023; por lo que, la tutela pretendida debe ser denegada al no ser evidente lo demandado. En cuanto al segundo punto de la problemática traída por el accionante, indica que el fallo es incongruente en tanto los arts. 258 y 264 del CFabrg. ya no forman parte del ordenamiento jurídico; no obstante, aquella normativa no es utilizada por los Vocales ahora accionados, sino que forman parte de las citas jurisprudenciales referidas previamente, lo que no implica su aplicación al caso concreto que resuelve el pronunciamiento en alzada, ni tampoco se ha demostrado ni fundamentado en la demanda que aquel razonamiento jurisprudencial sea contradictorio a lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Por consiguiente, no se encuentra una fundamentación incongruente en los términos que demanda el accionante. Por último y de manera conjunta, en los puntos tercero y cuarto de la problemática, el accionante pretende que la jurisdicción constitucional más allá de revisar la fundamentación efectuada por los Vocales hoy accionados, como se hizo en los motivos previos, se pronuncie respecto de la interpretación y aplicación del art. 109 del CFPF, sin cumplir los requisitos establecidos jurisprudencialmente (Fundamento Jurídico III.2.); no otra cosa significa que se requiera como parte del pronunciamiento de la jurisdicción constitucional definir el contenido y extensión de la asistencia familiar, con relación a la obligatoriedad de brindarla y a la edad máxima de la persona beneficiaria; interpretación de la norma que efectuaron las autoridades ahora accionadas y que es rebatida por el accionante; empero, sin expresar adecuadamente los motivos que permitan un pronunciamiento por parte de este ente; puesto que, debe entenderse que el Tribunal Constitucional Plurinacional y las Salas Constitucional, así como los Jueces y Tribunales de garantías, no actúan como una instancia adicional al régimen ordinario, sino sólo en función de la vulneración de derechos fundamentales y garantías y a través del cumplimiento de ciertos márgenes de actuación, y no por medio de una revisión de oficio como se pretende. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto de estos puntos, al no ser posible la revisión pretendida. Por último, no puede soslayarse la dilación en la realización de la audiencia señalada, la cual, al margen de la situación de fuerza mayor, fue suspendida en varias ocasiones, la mayoría de ellas, en mérito a la falta de notificaciones a las ahora terceras interesadas y falta de remisión del expediente necesario para revisar en el acto, lo cual derivó en que la audiencia inicialmente programada para efectuarse en mayo de 2024, haya sido cumplida recién hasta finales de julio del mismo año, incumpliendo con ello la previsión establecida en el art. 129.III de la Norma Fundamental. Este retraso recae en las autoridades a cargo del despacho y por ende responsables del control de personal que debe realizar las diligencias pertinentes, así como la preparación de los oficios y actos necesarios para llevar adelante la audiencia.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 207/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 216 a 222 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Se llama severamente la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde Vocales Constitucionales, por la falta de control de los deberes del personal a su cargo para la realización de la audiencia en tiempo oportuno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0107_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 557ab2b3a979e04a5dfe2349279967c7dd65e02784bfdfe0fb3c29a76398c8da
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