Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; además, de la propiedad privada; puesto que, los Vocales ahora accionados, a través del Auto de Vista A-70/2022 de 22 de abril, declararon la nulidad de obrados hasta la audiencia preliminar estando en la fase de ejecución de sentencia ejecutoriada; decisión que vulneraría los siguientes derechos: i) Al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; ya que, los demandados -Raúl Fernando Flores terrazas y Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy terceros interesados- simplemente señalaron que el litisconsorte no fue notificado en su domicilio real sin tomar en cuenta que el 19 de octubre de 2018 se realizó la audiencia de verificación del bien inmueble en la que Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado, se identificó como inquilino; por lo que, la “autoridad jurisdiccional” le brindó toda la información del acto y del proceso, aparte que no analizaron los principios que rodean a los incidentes y de forma específica a las nulidades procesales, conforme la SCP 0207/2018-S2, que son los principios de especificidad o de legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de no convalidación, así como tampoco consideraron los presupuestos contenidos en la SC 0242/2011-R, que establece que: “…1) El acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haber colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuici…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 296/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 220 a 223, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2025-S1 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 53357-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 296/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 220 a 223, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Francisco Meave Rada en representación legal de Oscar Fernando Basaure Castellanos contra Rosario Verónica Sánchez Sánchez y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante legal, por memoriales presentados el 19 y 28 de octubre de 2022, cursantes de fs. 165 a 177 vta.; y, 181 a 185 vta., manifestó lo siguiente:
Dentro de la demanda ordinaria civil de reivindicación seguido por su “mandante” contra Raúl Fernando Flores Terrazas y Alejandro “Isaac” Rinaldo -hoy terceros interesados-, el 8 de agosto de 2022, su “mandante” fue notificado con la “Resolución” -siendo lo correcto Auto de Vista- A-70/2022 de 22 de abril, emitida por los Vocales hoy accionados, resolviendo anular obrados hasta “fs. 305” de las fotocopias legalizadas y “fs. 331” de obrados originales, dicho Auto de Vista que no admite recurso ulterior o instancia posterior al tratarse de un proceso incidental que concluyó con la “resolución” al recurso de apelación planteado, lo cual implica el agotamiento de las vías ordinarias; además, tomando en cuenta que su “mandante” fue notificado el 8 de agosto de 2022, se cumple con el principio de inmediatez.
Refirió que hace cinco años, el 2 de octubre de 2017, su “mandante” interpuso demanda ordinaria civil de reivindicación contra Raúl Fernando Flores Terrazas, ahora tercero interesado, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20143989, la cual una vez admitida se procedió a la citación del nombrado y ante la incomparecencia de este fue declarado rebelde por Auto de 24 de septiembre de 2018; además, de disponerse como medida cautelar la prohibición de innovar de hecho mediante la “Resolución” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- 375/2018 de 1 de octubre, la cual fue inscrita en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.). Posteriormente, el 19 de octubre de 2018, se realizó la audiencia de verificación en el bien inmueble objeto de litigio, ubicado en la Av. The Strongest, zona Achumani de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, momento en que salió Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado, indicando ser inquilino de ese bien inmueble, a quien se brindó toda la información acerca del proceso. Por consiguiente, el 22 de igual mes y año se instaló la audiencia preliminar, en la que el Juez de la causa, requirió a la parte demandante -accionante- aclare sobre cuál será la situación del nombrado; ya que la misma no fue advertida en la demanda ordinaria civil de reivindicación; por lo que, el accionante solicito que Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado sea incluido en calidad de litisconsorte conforme al art. 48 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al que accedió el Juez de primera instancia, disponiendo: “‘…la SUSPENSION DEL TRAMITE DE LA CAUSA Y LA CITACION del Sr. Alejandro Isaac Rinaldo con los actuados procesales pertinentes…”’ (sic), con el que se practicó la citación el 15 de noviembre de 2018 a Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado; no obstante, no compareció al proceso, siendo declarado rebelde mediante Auto de 4 de abril de 2019. Es así que, el 27 de mayo de 2019, se instaló nuevamente la audiencia preliminar en presencia de la parte demandada -hoy terceros interesados-, emitiéndose la “Resolución” -siendo lo correcto Auto Interlocutorio- 222/2019 de 27 de mayo, que dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 142, quedando subsistente la admisión de la demanda, la integración de Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado, a la Litis y a la medida cautelar, teniendo que modificarse la demanda y señalar nuevo domicilio del demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas ahora tercero interesado-, el cual fue notificado el 26 de septiembre de 2019, lo propio a Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado, declarándose en rebeldía una vez más a ambos, mediante Auto de 4 de noviembre de igual año, notificado con dicho Auto a Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado en su taller mecánico que tenía instalado en el bien inmueble objeto de la Litis, la cual se encontraba abierta; empero, el mismo cerró las puertas al personal de apoyo jurisdiccional al momento de su citación; sin embargo, se demuestra con fotografías que no alcanzo a “meter” su letrero y sus herramientas, evidenciando que se encontraba en funcionamiento al momento de su notificación.
Ante la nulidad de obrados, el 13 de enero de 2020 se instaló nuevamente la inspección judicial al inmueble objeto de autos, en la que el Juez de la causa verificó la existencia de un taller mecánico denominado “‘Taller de Muñones J&J Cel. 60123723”’ de propiedad de Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado; posteriormente, el 29 de julio de ese año se desarrolló una audiencia complementaria prorrogada, en la que se emitió la Sentencia 129/2020 de 29 de julio, declarando probada la demanda; Sentencia que fue apelada, en virtud del cual se emitió el Auto de Vista S-087/2021 de 5 de febrero, confirmando la citada Sentencia, que fue recurrida de casación, resuelta mediante dictamen del Auto Supremo 572/2021 de 30 de junio, que declaró infundado el recurso; por lo que el proceso fue llevado en el marco del debido proceso, en el que el demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas ahora tercero interesado-, y el litisconsorte -Alejandro “Isaac” Rinaldo hoy tercero interesado- tuvieron conocimiento del proceso, ejerciendo en cada etapa procesal el derecho a la defensa. Habiendo sido “derrotado” el demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas ahora tercero interesado-, en todas las instancias procesales, el Juez de la causa, emitió el decreto de 1 de septiembre de 2021, determinando: “…siendo que la Sentencia (Resolución) Nro. 129/2020 (…) cuenta con calidad de cosa juzgada (…), en cumplimiento a lo dispuesto en el núm. 1 de la parte dispositiva de la sentencia de mérito notifíquese a la parte demandada para que en el plazo de 30 días restituyan o entreguen el inmueble lote de terreno ubicado en Jancomarca de Achumani de 775mt2, inscrito bajo la matricula Nro. 2010990053975 a favor de la parte demandante, sea bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento…” (sic), siendo notificado en sus domicilios reales. En ese estado del proceso cuando el demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas hoy tercero interesado-, ya no tenía ningún recurso que impida el cumplimiento de la Sentencia 129/2020 de 29 de julio, patrocino a su inquilino -Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado-, quien con una actitud deshonesta, desleal y antiética se apersonó al proceso suscitando incidente de nulidad el 28 de septiembre de 2021, alegando que no fue notificado con la demanda y otros actuados procesales, que la parte contraria tenía conocimiento de que no contaba con domicilio real en el bien inmueble de la Litis, siendo solamente su domicilio laboral; que su taller solo se apertura por las mañanas, que la notificación se practicó en un bien inmueble distinto al de su domicilio real, lo cual le provocó estado de indefensión; ya que, no se le permitió asumir defensa, contestar, presentar pruebas, recurrir la referida Sentencia, que los papeles del demandante corresponden a otro sector distinto al bien objeto de la Litis, que existe error en toda la tramitación de la causa. El incidente de nulidad fue resuelto mediante Resolución de 12 de octubre de 2021 de “Fs. 603 a 607” de obrados, rechazando el mismo, con argumentos claros y contundentes, indicando que la demanda inicial fue dirigida únicamente contra Raúl Fernando Flores Terrazas hoy tercero interesado y fue justamente producto de la audiencia de 19 de octubre de 2018 de verificación de medida cautelar de prohibición de innovar, en que se constató que Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado, se encontraba en dicho inmueble en calidad de inquilino teniendo un “taller de muñones”; por lo que, el incidentista -el nombrado- asumió conocimiento de la adopción de la medida cautelar así como de la existencia del proceso, no pudiendo alegar que no conocía, es más respecto al argumento principal de que la citación debió practicarse en su domicilio real, debe considerarse que la citación con la demanda, declaratoria de rebeldía y sentencia, fueron practicados en el bien inmueble objeto del proceso, por el hecho de que el incidentista alegó tener la calidad de inquilino del demandado, más aun cuando el “juzgador” también verificó que se encontraba al interior del bien inmueble, teniendo su taller de mecánica. El hecho de que ese funcione solamente por las mañanas, no puede ser el argumento para invalidar el proceso, lo cual implicaría asumir que es solamente inquilino del predio por las mañanas y ya no por las tardes, en definitiva asumió conocimiento del proceso desde el 19 de octubre de 2018, teniendo la posibilidad de asumir defensa apersonándose al proceso, lo cual no lo hizo; además, de que no acreditó cual sería el perjuicio o agravio que le causaría el acto cuestionado. Contra la Resolución de 12 de octubre de 2021 de rechazo del incidente planteado, el incidentista -Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado-interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, mereciendo el auto de “Fs. 623 a 625” -Auto Interlocutorio de 17 de noviembre de 2021-, que claramente precisó que la nulidad procesal no es procedente por el solo incumplimiento de las formalidades previstas en la ley, sino en la medida en que se transgredió o afecto el derecho a la defensa; puesto que, podía asumir las medidas correspondientes desde que tomó conocimiento de la adopción de la medida cautelar y del mismo proceso, conocía que la pretensión del proceso era la restitución del bien inmueble que ocupaba como inquilino, para hacer valer sus derechos que ahora extemporáneamente alega tener. Dicho recurso fue merecedor del Auto de Vista A-70/2022, emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conformado por los Vocales hoy accionados, quienes en completa transgresión de los alcances y principios establecidos en el Código Procesal Civil dispusieron la nulidad de obrados hasta “Fs. 331” de obrados originales, ocasionando daños y perjuicios a la parte demandante, en virtud a un incidente planteado por un sujeto procesal que no constituye parte determinante del proceso; ya que, en su condición de inquilino poco o nada puede aportar al desarrollo del proceso, menos podría aportar prueba elemental que pudiera afectar la Sentencia 129/2020. En ese sentido, denuncia que la decisión tomada en el Auto de Vista A-70/2022, vulnera los siguientes derechos: a) El derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; ya que, los demandados -ahora terceros interesados- simplemente se limitaron a señalar que el litisconsorte no fue notificado en su domicilio real, sin tomar en cuenta que el 19 de octubre de 2018 se realizó la audiencia de verificación del bien inmueble en la que Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado se identificó como inquilino; por lo que, la “autoridad jurisdiccional” le brindó toda la información del acto y del proceso; empero, los Vocales ahora accionados a partir de un mecánico proceder jurídico anularon obrados dejando sin efecto un “Auto Supremo”, dentro de un proceso concluido en la que existía cosa juzgada y se encontraba en ejecución de sentencia. En el citado Auto de Vista no realizaron un análisis de los principios que rodean los incidentes y de forma específica a las nulidades procesales, conforme la SCP 0207/2018-S2 de 23 de mayo, que son los principios de especificidad o legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de no convalidación, aparte de que el acto viciado debe generar un gravamen conforme la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, es decir que: 1) El acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haber colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y demostrable; 4) El vicio procesal debe haber sido argüido oportunamente y en etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado o consentido el acto impugnado de nulidad. Todo ello, fue pasado por alto por los Vocales ahora accionados, tampoco explicaron del porqué no aplicaron el art. 400 del CPC, que señala: “La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse en ningún caso, por ningún recurso ordinario o extraordinario ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución, que serán rechazados en forma inmediata”, cuando el proceso ya se encontraba en la fase de ejecución, aparte de que Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado, en su condición de inquilino tenía conocimiento del proceso y el incidente de nulidad fue suscitado en un acto de colusión con el demandado Raúl Fernando Flores Terrazas ahora tercero interesado, ambos fueron notificados en el bien inmueble objeto del litigio; por lo que, carece de motivación y fundamentación el referido Auto de Vista; b) Se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; por cuanto no guarda correspondencia con los agravios del recurso de apelación que el demandado expresó, utilizaron más bien como una de las razones para determinar la nulidad, que el Juez de primera instancia no suspendió la audiencia preliminar conforme al art. 365 del CPC, por inasistencia de los demandados cuando estos fueron declarados rebeldes, porque cuando se purga la rebeldía se debe asumir el proceso en el estado en que se encuentre, siendo por ello ilógico e irracional la apreciación de los Vocales hoy accionados; y, c) Se vulneró el derecho a la propiedad privada, por cuanto su “mandante” lleva más de cinco años sin poder tomar posesión del bien inmueble que le pertenece, litigó varios años para obtener una sentencia ejecutoriada que no puede ser anulada por una decisión arbitraria de los Vocales ahora accionados; ya que, el derecho a la propiedad se encuentra protegida como un derecho humano a nivel internacional y constitucionalmente como un derecho fundamental; por lo que, el Estado tiene obligación de tutelar, más aun cuando de forma irracional se anuló obrados hasta la audiencia preliminar sin revisar los datos del proceso, sin valorar que su “mandante” lleva años sin tener posesión del bien inmueble pese a tener título y oponibilidad frente a terceros, siendo privado de las facultades de uso, goce y disposición del bien.
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; además, de la propiedad privada; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119, 180.I, 256.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); 8, 10, 11 y 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: i) Se deje sin efecto la “Resolución” -Auto de Vista- A-70/2022 de 22 de abril, emitida por los Vocales ahora accionados; y, ii) Se ordene a los referidos Vocales a emitir nueva resolución debidamente motivada, fundamentada y coherente, respetando el derecho a la propiedad privada de su “mandante”.
Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 211 a 219, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) El inquilino -Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado- conforme con los arts. 694 y 696 del Código Civil (CC). tenía la obligación de hacer conocer la existencia del proceso a su arrendador, para que este salga en su defensa, lo cual no fue activado; b) Los Vocales hoy accionados solamente justificaron su decisión de anular obrados con la facultad que tienen de anular obrados de oficio, bajo el argumento de que el rebelde al no presentarse en la audiencia preliminar de 2 de diciembre de 2019, debió ser beneficiada con la salvedad establecida en el art. 365.II del CPC; es decir, otorgarle tres días para que justifique su inasistencia y al no permitirse justificar la misma impidieron ejercer su derecho a la defensa, rellenando con criterios sobre los actos que deben realizarse en la audiencia preliminar, las decisiones que se deben tomar, el rol del juez y otras cuestiones; c) La rebeldía no es más que una situación desfavorable para el demandado ante su incomparecencia marcado por la preclusión, lo cual ocurrió en el caso en análisis; ya que, por su propia voluntad no se apersonó al proceso, lo cual no puede constituir una causal de nulidad posterior, en ese sentido carece de fundamentación; d) El litisconsorte -Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado- solamente alegó que no fue notificado en su domicilio real; ya que, no vive en el bien inmueble objeto de la Litis donde se encuentra su taller mecánico; mismo que estaría abierto solo por las mañanas, donde se practicó las citaciones y notificaciones; empero, no alegó que derechos fueron vulnerados; además, que pruebas pudo haber aportado al proceso; ya que tenía, la oportunidad de apersonarse al proceso desde la aplicación de la medida cautelar; y, e) Los arts. 105 y 109 del CPC establecen que no existe nulidad por nulidad, debiendo ser de ultima ratio, siendo la regla la conservación de las actuaciones, plasmado en el Auto Supremo 1050 de 6 de septiembre de 2016.
Rosario Verónica Sánchez Sánchez y Eddy Arequipa Cubillas Vocales de la Sala Civil Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 203 a 204 vta., manifestaron que: 1) Dentro del proceso civil ordinario de reivindicación seguido por el accionante, tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, se emitió la Resolución de 12 de octubre de 2021, declarando: “‘…Sin ingresar a mayores consideraciones de orden legal, se RECHAZA el incidente de nulidad suscitado Alejandro Isaac Rinaldo a fs. 593 a 597, con costas y multa de Bs. 100.-…”’ (sic); 2) Contra la citada Resolución, Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado planteó recurso de apelación, la cual compulsado conforme los datos del proceso, el Tribunal de alzada, dispuso anular obrados con la finalidad de que se vuelva a tramitar la causa desde la audiencia preliminar, por haberse vulnerado el derecho a la defensa del recurrente con miras a precautelar el derecho al debido proceso con relación al derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad procesal de las partes; 3) El Auto de Vista A-70/2022 no es lesivo al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, por el contrario fue emitido con la debía motivación y fundamentación, que no implica una explicación ampulosa sino que contenga criterios razonables y coherentes con la finalidad de que el justiciable comprenda el referido Auto de Vista, menos es incongruente con lo postulado por las partes ni con los datos del proceso; 4) Tampoco se vulnera el derecho a la propiedad privada, porque ese Auto de Vista impugnado, es una resolución de segunda instancia que no viene a desconocer la propiedad privada que está en controversia; además, de que no se pronuncio sobre la pretensión de fondo del demandante, siendo la causal de nulidad la falta de observancia del art. 365 del CPC, en el entendido de que no se respetó las causales de suspensión de la audiencia preliminar ante la ausencia de alguna de las partes; asimismo, el hecho de la declaratoria de rebeldía de una de las partes no conlleva a suponer que no pueda apersonarse al proceso ni aceptarse la idea de que no interpondrá medios de defensa alguno, extremo que aconteció siendo parte procesal Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado; y, 5) Se debe tomar en cuenta el razonamiento de la SCP 0329/2019-S4 de 5 de junio, la cual no fue observada por el Juez de primera instancia, vulnerándose de ese modo el derecho a la defensa.
Alejandro “Isaac” Rinaldo y Raúl Fernando Flores Terrazas, en audiencia a través de sus abogados, manifestaron que: i) Como refiere el accionante en una audiencia de verificación del bien inmueble encontraron a su persona -Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado-; por lo que, el Juez de la causa decidió integrarlo al proceso civil ordinario de reivindicación en calidad de demandado, en ese momento la parte demandante -accionante- no objetó dicha decisión de que se trataba de un simple inquilino; ya que, los efectos de los “fallos” contra el demandado principal también les afectaría; más bien aceptando esa decisión, permitiendo que adquiera la calidad de parte del proceso; puesto que, de ser inquilino pasó a ser parte conforme al art. 27 del CPC, pudiendo ejercer todas las potestades reconocidas a las partes; ii) El nombrado -Alejandro “Isaac” Rinaldo- cuando fue encontrado en la audiencia de verificación no fue notificado como parte de dicho proceso, si bien luego se integró al mismo; empero, no fue de su conocimiento esa situación; y, iii) Se denuncia que existe falta de motivación en el Auto de Vista A-70/2022 impugnado cuando la misma se encuentra expresado e identificado, porque los Vocales ahora accionados consideraron que el proceso debe volver a su fase inicial; puesto que, el Juez de la causa cuando instaló la audiencia preliminar sabía que los demandados declarados rebeldes -ahora terceros interesados- se encontraban ausentes, conforme se tiene del informe de la Secretaria del juzgado; sin embargo, continuó con el desarrollo de la audiencia encontrándose el motivo más importante; con respecto a la falta de fundamentación, la autoridad debe subsumir el hecho a la hipótesis de la norma, en el presente caso son los Vocales hoy accionados identificaron la norma incumplida, que es el art. 365.II del CPC, que señala: “…si se suspendiere por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá postergarse por una sola vez …” (sic); por lo que, no solamente citaron el precepto que consideran infringido sino que los respaldan con jurisprudencia emitida por la máxima corte de justicia ordinaria, traducido en el Auto Supremo “963/2019”. Asimismo el abogado de los ahora terceros interesados, complementó: a) Que el Auto de Vista A-70/2022 impugnado sería incongruente; debido a que no guarda correspondencia con los agravios del recurso de apelación; ya que, en ningún momento se reclamó la aplicación del art. 365.II del CPC, sería una “falacia”, porque el incidente tendría un apartado donde se indica que el incumplimiento a esta normativa acarrea nulidad, ahí estaría su trascendencia, el incumplimiento de las prerrogativas que se les estaba afectando por no haberse suspendido ese acto, si bien fue rechazado por el Juez de la causa; empero, en el recurso de reposición nuevamente se desarrolló ese precepto procesal; además, de analizar los efectos de la rebeldía regulado por el art. 364 del citado Código, que señala que se generará una presunción simple; sin embargo, en ninguna parte se les indica que al declarado rebelde se podrá dar una continuidad al juicio, lo cual fue expuesto en el recurso de reposición planteado; por lo que, se reclamó desde el incidente de nulidad y recurso de reposición, sin que exista falta de congruencia; b) Existe de la parte accionante la convalidación del cuestionado Auto de Vista A-70/2022, porque notificado las partes con el citado Auto de Vista y devuelto el expediente al Juez de primera instancia, este convocó a la audiencia preliminar para el 5 de septiembre de 2020, en la que el accionante se limitó a pedir fotocopias legalizadas sin indicar para que, por que la disconformidad con ese Auto de Vista que debió ser reclamado en primer lugar, más bien con una serie de pretextos logró suspender la audiencia para el 16 de septiembre de 2022, en la que incluso ratificó su demanda, no planteó hechos nuevos, luego se entró a la fase de conciliación; por lo que, en la audiencia de 19 de octubre de ese año, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo se prosiguió con el juicio oral y en las siguientes etapas tampoco anunció la interposición de la acción de defensa, propuso pruebas, ratificó las pruebas presentadas, se realizó la inspección al bien inmueble, se ingresó a la audiencia complementaria a efectos de que se haga valer los últimos medios probatorios, para luego entrar a alegatos y dictarse la sentencia, como se pudo ver aceptó los efectos del Auto de Vista A-70/2022; y, c) Con relación a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada, con que se estaría privando del uso y goce del bien inmueble con el juicio que supuestamente duró cinco años; empero, no existe dicha afectación de ese derecho porque se encuentra respaldada con una decisión judicial.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 296/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 220 a 223, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: 1) La jurisdicción constitucional tiene autorestricciones en los que es absolutamente improbable ingresar a debatir un acto procesal vencido, lo cual en el fondo implica la aceptación del acto, se puede estar en contra de las decisiones de las autoridades judiciales, que la resolución en la vía incidental, es una resolución de cierre; por lo que, la única “reacción” posible sería la interposición de la acción de amparo constitucional; empero, se dejó transcurrir por más de dos meses desde la notificación con el Auto de Vista- A-70/2022; 2) El accionante tiene seis meses para plantear la acción de defensa a partir de la notificación con el último acto tachado de ilegal, en ese sentido la autoridad judicial no puede suponer que de aquí a dos meses se presentará la acción de amparo constitucional y si la decisión de la autoridad superior fue la de anular obrados, lo que tiene que hacer es reconducir el proceso, de rencausar el acto procesal, lo cual sucedió en el caso en análisis; además, el Juez de la causa no puede pedir complementación o enmienda, debe cumplir con el procedimiento; 3) No existe forma en que la Sala Constitucional pueda dejar sin efecto el acto lesivo denunciado, porque existen otros actos subsecuentes que superaron el acto controvertido, en la que la misma parte accionante se presentó a la audiencia preliminar proponiendo pruebas, las cuales no puede dejarse sin efecto; y, 4) La acción de amparo constitucional no es un recurso de nulidad de la jurisdicción ordinaria, en la que ante una transgresión se pueda anular los actos procesales hasta el vicio más antiguo, siendo este la acción de nulidad superadora, mientras que la acción de amparo constitucional sería solamente de corrección, enmienda, del rencauce del proceso; por lo que, existe la imposibilidad procesal y material de conceder la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2021, ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, Alejandro “Isaac” Rinaldo -ahora tercero interesado- interpuso incidente de nulidad del proceso ordinario de reivindicación hasta la audiencia preliminar por grave afectación de los derechos al debido proceso, defensa, igualdad de las partes, impugnación y al régimen de comunicación (fs. 123 a 127 vta.). Asimismo, mediante Resolución de 12 de octubre de 2021, el referido Juez, rechazó el incidente planteado (fs. 132 a 136). II.2. Cursa memorial presentado el 26 de octubre de 2021, ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, por el cual Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra la Resolución de 12 de igual mes y año (fs. 138 a 140 vta.). Mereciendo el Auto Interlocutorio de 17 de noviembre de ese año, emitido por el nombrado Juez, declarando no ha lugar al recurso de reposición y concediendo el recurso de apelación alternativa (fs. 143 a 145). Asimismo, mediante Auto de Vista A-70/2022 de 22 de abril, emitido por Rosario Verónica Sánchez Sánchez -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Tercera- y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados-, anularon obrados hasta “fs. 305” de las fotocopias legalizadas y “fs. 33” de obrados originales hasta la audiencia preliminar (fs. 153 a 156 vta.). II.3. Consta Acta de Audiencia Preliminar de 16 de septiembre de 2022, en la que se hace constar que estuvo presente la parte demandante -Carlos Francisco Meave Rada en representación legal de Oscar Fernando Basaure Castellanos -hoy accionante- y los demandados -Raúl Fernando Flores terrazas y Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora terceros interesados-, asistidos de sus abogados, donde se procedió a la ratificación de la demanda, la proposición y producción de las pruebas, llegando a la fase de conciliación (fs. 157 a 160 vta.).
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; además, de la propiedad privada; puesto que, los Vocales ahora accionados, a través del Auto de Vista A-70/2022 de 22 de abril, declararon la nulidad de obrados hasta la audiencia preliminar estando en la fase de ejecución de sentencia ejecutoriada; decisión que vulneraría los siguientes derechos: i) Al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; ya que, los demandados -Raúl Fernando Flores terrazas y Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy terceros interesados- simplemente señalaron que el litisconsorte no fue notificado en su domicilio real sin tomar en cuenta que el 19 de octubre de 2018 se realizó la audiencia de verificación del bien inmueble en la que Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado, se identificó como inquilino; por lo que, la “autoridad jurisdiccional” le brindó toda la información del acto y del proceso, aparte que no analizaron los principios que rodean a los incidentes y de forma específica a las nulidades procesales, conforme la SCP 0207/2018-S2, que son los principios de especificidad o de legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de no convalidación, así como tampoco consideraron los presupuestos contenidos en la SC 0242/2011-R, que establece que: “…1) El acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haber colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado o consentido el acto impugnado de nulidad” (sic). Todo ello fue pasado por alto por los Vocales hoy accionados, tampoco explicaron del porque no aplicaron el art. 400 del CPC; ya que, el proceso se encontraba en la fase de ejecución; ii) Se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; por cuanto no guarda correspondencia con los agravios del recurso de apelación que el demandado - Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado- expresó, utilizando más bien como una de las razones para determinar la nulidad, que el Juez de primera instancia no suspendió la audiencia preliminar conforme al art. 365 del CPC, por inasistencia de los demandados cuando estos fueron declarados rebeldes; y, iii) Se vulnera el derecho a la propiedad privada, por cuanto su “mandante” lleva cinco años sin poder tomar posesión del bien inmueble que le pertenece; además, de litigar varios años para obtener una sentencia ejecutoriada que no puede ser anulada por una decisión arbitraria; por lo que, el Estado tiene la obligación de tutelar en primer orden; ya que, se encuentra privado de las facultades de uso, goce y disposición del bien. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0136/2024-S3 de 2 de mayo, con relación al tema, señala que: «Conforme a lo establecido por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una acción de amparo constitucional no procederá “Contra actos consentidos libre y expresamente…”, a ese efecto la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…para dilucidar dicho problema, debemos conceptualizar el significado de ‘acto consentido’, en primer lugar diremos que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, el vocablo ‘acto’ es: ‘Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, realización frente a proyecto, proposición o tan solo intensión. Hecho a diferencia de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, solemnidad. Reunión. Periodo o momento de un proceso, en sentido general. El empleo de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos Códigos Civiles de Hispanoamérica y propenso a crear equívocos con otros significados del vocablo (L. Alcalá-Zamora)’. El mismo diccionario, establece que ‘consentimiento’, es: ‘acción y efecto de consentir’, y la palabra ‘consentir’ según el mismo diccionario, es: `Permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o proposición. No presentar recurso contra una resolución judicial dentro del término dado para ello. Obligarse. Otorgar´. En tal sentido, para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos. De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y éste no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” (…). Sobre el particular, la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, señaló que: “…la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha enunciado ciertas causales de improcedencia, entre las que se encuentra el consentimiento libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida supuestamente lesivo de derechos y garantías fundamentales. En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna. En la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, se concluyó que: ‘…Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo’; y luego, la referida Sentencia finalizó declarando que: ‘…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…’. Es decir que, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo” (…). De lo referido se concluye que los actos consentidos en materia de acción de amparo de constitucional, constituyen una causal de improcedencia reglada que de concurrir, impiden a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo emitirse en la etapa de admisibilidad un auto motivado declarando su improcedencia y en caso de que la acción tutelar hubiese sido admitida, corresponde denegar la tutela solicitada ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, si después de adquirido conocimiento sobre el acto o resolución que consideraba lesivo a sus derechos fundamentales, si la parte accionante no efectuó reclamo alguno, promoviendo contrariamente la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita, originado que el supuesto acto continúe causándole una vulneración a sus derechos».
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; además, de la propiedad privada; puesto que, los Vocales ahora accionados, a través del Auto de Vista A-70/2022 de 22 de abril, declararon la nulidad de obrados hasta la audiencia preliminar estando en la fase de ejecución de sentencia ejecutoriada; decisión que vulneraría los siguientes derechos: a) Al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; ya que, los demandados -Raúl Fernando Flores terrazas y Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy terceros interesados- simplemente señalaron que el litisconsorte no fue notificado en su domicilio real sin tomar en cuenta que el 19 de octubre de 2018 se realizó la audiencia de verificación del bien inmueble en la que Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado, se identificó como inquilino; por lo que, la “autoridad jurisdiccional” le brindó toda la información del acto y del proceso, aparte que no analizaron los principios que rodean a los incidentes y de forma específica a las nulidades procesales, conforme la SCP 0207/2018-S2, que son los principios de especificidad o de legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de no convalidación, así como tampoco consideraron los presupuestos contenidos en la SC 0242/2011-R, que establece que: “…1) El acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haber colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado o consentido el acto impugnado de nulidad” (sic). Todo ello fue pasado por alto por los Vocales hoy accionados, tampoco explicaron del porque no aplicaron el art. 400 del CPC; ya que, el proceso se encontraba en la fase de ejecución; b) Se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; por cuanto no guarda correspondencia con los agravios del recurso de apelación que el demandado - Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado- expresó, utilizando más bien como una de las razones para determinar la nulidad, que el Juez de primera instancia no suspendió la audiencia preliminar conforme al art. 365 del CPC, por inasistencia de los demandados cuando estos fueron declarados rebeldes; y, c) Se vulnera el derecho a la propiedad privada, por cuanto su “mandante” lleva cinco años sin poder tomar posesión del bien inmueble que le pertenece; además, de litigar varios años para obtener una sentencia ejecutoriada que no puede ser anulada por una decisión arbitraria; por lo que, el Estado tiene la obligación de tutelar en primer orden; ya que, se encuentra privado de las facultades de uso, goce y disposición del bien.
De los antecedentes se tiene que, por memorial presentado el 28 de septiembre de 2021 ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado interpuso incidente de nulidad del proceso ordinario de reivindicación que se encontraba en la fase de ejecución con sentencia ejecutoriada alegando grave afectación de los derechos al debido proceso, defensa, igualdad de las partes, impugnación y al régimen de comunicación; la cual fue resuelta por el referido Juez mediante Resolución de 12 de octubre de 2021, rechazando el incidente planteado (Conclusión II.1.). Contra esa determinación, Alejandro “Isaac” Rinaldo, hoy tercero interesado a través del memorial presentado el 26 de igual mes y año, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación; en virtud del cual el Juez de la causa, emitió el Auto Interlocutorio de 17 de noviembre de 2021, declarando no ha lugar al recurso de reposición y concediendo la apelación alternativa ante el superior en grado; en cuyo mérito los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista A-70/2022, anulando obrados hasta “fs. 305” de las fotocopias legalizadas y “fs. 331” de obrados originales hasta la audiencia preliminar (Conclusión II.2.). Auto de Vista conforme lo reconoce el propio accionante le fue notificado el 8 de agosto de 2022; además, de identificarlo como el acto lesivo denunciado en esta acción de amparo constitucional y pretende que sea dejado sin efecto a través de este medio de defensa. Sin embargo, el mismo accionante en su demanda de acción de amparo constitucional reconoció y admite que una vez anulado y reiniciado el proceso ordinario de reivindicación ante el Juez Público Civil y Comercial Vigésimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, en cumplimento del Auto de Vista A-70/2022, señaló audiencia preliminar para el 16 de septiembre de 2022, en la que el abogado del incidentista -Alejandro “Isaac” Rinaldo, ahora tercero interesado- hubiese señalado que su cliente ocupa el bien inmueble objeto de litigio, donde se practicaron todas las diligencias de notificación, ratificando que constituye su domicilio laboral; además, de que ya habría adquirido dicho predio mediante compraventa con una serie de adelantos, versión que fue ratificado por el incidentista, al indicar que sería evidente que canceló en favor del demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas hoy tercero interesado- $us15 000.-(quince mil dólares estadounidenses) teniendo un compromiso verbal sobre la venta de ese bien inmueble, lo cual justificaría su posesión, siendo dicha versión una evidencia clara de que no solamente era inquilino sino poseedor de dicho bien inmueble en contubernio con el principal demandado -Raúl Fernando Flores Terrazas ahora tercero interesado-; por lo que, todas las notificaciones realizadas en ese bien inmueble fueron legales teniendo conocimiento de la causa, siendo el incidente planteado doloso para entrabar el proceso, obteniendo un resultado nefasto que tira por el suelo sentencias constitucionales así como principios constitucionales de seguridad jurídica, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, más aun cuando la autoridad judicial debe tener en cuenta la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. Respecto a lo descrito, se adjuntó en calidad de prueba el Acta de Audiencia Preliminar de 16 de septiembre de 2022, en la que se hace constar que reiniciado el proceso ordinario de reivindicación en cumplimiento del Auto de Vista A-70/2022, se señaló audiencia preliminar para la fecha indicada donde estuvo presente la parte demandante -accionante- y los demandados -ahora terceros interesados- asistidos de sus abogados, donde el accionante ratificó su demanda, ofreció pruebas, llegando a la fase de conciliación (Conclusión II.3.). Sin que en dicha audiencia haya cuestionado en ningún momento el citado Auto de Vista, en cuyo cumplimiento se realizaba dicho acto procesal aceptando tácitamente sus efectos. La situación fáctica descrita se acomoda a los actos consentidos libremente precisado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo cual supone la acción voluntaria de la persona afectada de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, acciones que reflejan el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso ordinario de reivindicación sometiéndose a sus incidencias, lo cual impide a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo emitirse en la etapa de admisibilidad auto motivado declarando su improcedencia y en caso de que la acción tutelar hubiese sido admitida, corresponde denegar la tutela solicitada ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta; puesto que, después de haber adquirido conocimiento sobre el acto o resolución que consideraba lesivo a sus derechos fundamentales -Auto de Vista A-70/2022-, la parte accionante no efectuó reclamo alguno, promoviendo contrariamente la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita, originando que el supuesto acto continúe causándole una vulneración a sus derechos, lo cual se verifica en el caso concreto. En definitiva, se concluye que el accionante en lugar de plantear directamente la acción de amparo constitucional después de notificado con el acto lesivo denunciado -Auto de Vista A-70/2022-, permitió que surta sus efectos al realizase la audiencia preliminar en su cumplimiento, al que asistió y participó de los actos procesales cumplidos en ella, sometiéndose voluntariamente a los efectos de ese acto lesivo, lo cual configura un acto consentido de manera tácita, que impide a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo en consecuencia denegarse la tutela solicitada.
En secuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 296/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 220 a 223, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0107_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d5f9cd542c620293f0489134a815794c376c5a8643b4e24379abf0900450e53
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